Por otro lado, el precepto no se sitúa en esa vertiente de garantía de la calidad, ni siquiera en el de la regulación de las consecuencias derivadas de su incumplimiento sino en un plano mucho más concreto, la compensación a determinados usuarios finales una vez constatada la infracción de los derechos que tienen específicamente reconocidos en la regulación del sistema eléctrico. Por eso, la Sentencia hubiera debido relacionar los sujetos a los que este mecanismo de protección va dirigido, usuarios finales que sean personas físicas, con los derechos que a esos usuarios les reconoce la LSE, específicamente en el art. 44. De hecho, la Sentencia se ve obligada a reconocer que la mayor parte de esos derechos tienen relación con las competencias autonómicas.
\nLo que no explica, es cuáles son esa “menor parte” de los derechos cuya vulneración podría alcanzar tal entidad que, en su ejercicio por consumidores finales que sean personas físicas, afectaría a la unidad del régimen económico del sector o al principio de garantía del suministro, que es lo que en su razonamiento, justificaría la asunción de competencias ejecutivas por el Estado. Por lo que el argumento de la posibilidad de afectación queda ayuno de sustento concreto y resulta meramente voluntarista. La inevitable consecuencia es la ambigüedad e indeterminación tanto del sistema de resolución de controversias en sí, como de la propia doctrina de la Sentencia que no llega a ofrecer un criterio claro de delimitación de competencias en este concreto aspecto.
\nMenos fundamento justificativo presenta a mi juicio la segunda de las razones aducidas, la posibilidad de que las Comunidades Autónomas establezcan su propio mecanismo. Por una parte, porque al carecer el Estado de competencias ejecutivas en este ámbito falta, de hecho, el presupuesto para que esa cláusula “sin perjuicio” tenga algún sentido y pueda ser operativa. Por otra parte, porque esta solución comporta la indeseada consecuencia de duplicar intervenciones administrativas similares, sin que la Sentencia proporcione criterios claros para evitar actuaciones intercambiables, lo que contradice nuestra doctrina, que ha afirmado “la necesidad de evitar duplicidades burocráticas o el mantenimiento de Administraciones paralelas” (por todas, STC 1/2011, de 14 de febrero, FJ 9, y las allí citadas) de acuerdo con los principios propios del Estado autonómico, entre ellos, los de descentralización y eficacia administrativa (art. 103.1 CE).
\nNo obstante, a diferencia de otros supuestos ya examinados por el Tribunal, en los que se veían afectadas la garantía del suministro o el régimen económico del sector, esa vertiente no concurre aquí. Por tanto, al ser una competencia ejecutiva, el Estado no se halla competencialmente habilitado por el art. 149.1.25 CE para reservársela para sí. La conclusión no podía ser otra que la de reconocer que la atribución de la función a un órgano estatal vulnera las competencias autonómicas. Los mismos argumentos son trasladables para la determinación del procedimiento aplicable, pues, en este caso, también la norma básica ha de establecer los criterios generales básicos, pero, respetando éstos, su concreción particular en el procedimiento correspondiente ha de ser asumida por el competente ratione materiae que, en este caso, resultaba ser la Generalitat de Cataluña.
\nDiscrepo, por tanto, del enjuiciamiento de la Sentencia, que creo que no encuentra fundamento en las premisas de las que dice partir y supone, una vez más, la reducción del ámbito de atribuciones de las Comunidades Autónomas en una materia en la que, conforme a las reglas constitucionales y estatutarias de distribución de competencias, el reconocimiento de las competencias ejecutivas de la Generalitat de Cataluña no planteaba problema alguno.
\nY en este sentido emito mi Voto particular.
\nMadrid, a dieciocho de febrero de dos mil dieciséis.
\nLa sentencia declara que el Estado, en virtud de las competencias básicas que le atribuye el art. 149.1 25 CE, y con el fin de proteger los derechos específicos de determinados consumidores en su condición de usuarios finales de energía eléctrica, puede atribuir a un órgano estatal -al Ministerio de Industria, Energía y Turismo- las facultades para resolver las controversias que puedan suscitarse entre estos consumidores y las empresas suministradoras de energía eléctrica.
\nEstoy de acuerdo con la opinión en que se funda esta conclusión cuando afirma que el Estado, en virtud del art. 149.1 25 CE, puede establecer una vía administrativa a través de la cual unos determinados consumidores (las personas físicas que sean usuarios finales de energía eléctrica) puedan recurrir en defensa de los derechos que tienen reconocidos específicamente en cuanto usuarios finales, pues este tipo de procedimientos, al tener como finalidad garantizar los derechos de unos determinados consumidores, contribuyen a asegurar la efectividad del propio sistema. Como se declara en la sentencia, el Tribunal llegó a esta conclusión en la STC 72/2014, de 8 de mayo, FJ 10, según la cual el Estado, en virtud de las competencias que en materia de telecomunicaciones le atribuye el art. 149.1.21 CE, puede establecer una vía administrativa de resolución de los conflictos que pudieran surgir entre los usuarios finales de servicios de telecomunicaciones y las operadores. Ahora bien, una cosa es que el Estado pueda establecer esta vía de resolución de conflictos y otra muy distinta que el órgano que resuelva estos conflictos haya de ser un órgano estatal, que es en lo que discrepo de la opinión en que se funda la Sentencia.
\nA diferencia del caso resuelto por la STC 72/2014, de 8 de mayo, FJ 10, en el que, al tratarse de telecomunicaciones, la competencia del Estado es exclusiva (art. 149.1.21 CE), en el supuesto que ahora se examina la competencia estatal en materia de energía se limita a las bases (art. 149.1.25 CE). Esta diferencia es perentoria, porque, de acuerdo con la doctrina del Tribunal, las competencias ejecutivas solo pueden considerarse básicas si “están estrechamente vinculadas al mantenimiento y efectividad de las normas de carácter básico’ (STC 102/2013, de 23 de abril, FJ 6)”. Por ello, salvo que concurra esta circunstancia excepcional, las facultades ejecutivas en materia de energía corresponden a las comunidades autónomas que hayan asumido competencias sobre esta materia.
\nLa opinión de la que discrepo sostiene que la atribución al Ministerio de Industria, Energía y Turismo de la competencia ejecutiva de resolución de controversias se encuentra dentro de los supuestos excepcionales en los que una competencia ejecutiva puede tener carácter básico al entender, según se recoge en la Sentencia, “que no puede excluirse de plano la aplicación de este mecanismo a controversias que incidan en el correcto funcionamiento del sistema eléctrico en su conjunto dado el principio de red única que lo informa, trascendiendo al ámbito autonómico y afectando con ello al régimen económico del sector”. No obstante, considera que, como el precepto establece que la atribución a un órgano estatal de esta función se hace “sin perjuicio de las competencias del resto de las Administraciones Públicas”, ha de entenderse que solo le corresponde resolver las controversias que susciten en relación con la aplicación de la normativa básica. Por ello la Sentencia declara que este precepto no es “excluyente de las competencias autonómicas en la materia en aquellos supuestos que no estén vinculados a los aspectos básicos que corresponde al Estado garantizar”, y por esta razón afirma que las comunidades autónomas, dentro de su ámbito de competencias, puedan regular asimismo procedimientos de resolución de conflictos.
\nNinguna de estas circunstancias concurre en el presente caso. Las facultades ejecutivas que ejerce el órgano encargado de resolver estos conflictos no tienen otro alcance que el de enjuiciar si las empresas suministradoras de energía eléctrica han respetado o no los derechos que las normas que regulan este sector reconocen a un tipo determinado de consumidores. En consecuencia, el desempeño de esta actividad de resolución de conflictos por un órgano autonómico no puede poner en riesgo la efectividad de la normativa básica estatal, pues la finalidad de este órgano no es aplicar directamente la referida normativa, sino verificar si su aplicación ha infringido o no los derechos de los usuarios. Su intervención, por tanto, no tiene otro objeto que el de tutelar los derechos de los consumidores y, a estos efectos, resulta irrelevante que el derecho lo reconozca la norma estatal o la autonómica.
\nDeducir, como hace la Sentencia, el carácter básico de estas facultades ejecutivas del hecho de que ante estos órganos puedan plantearse controversias surgidas en aplicación de la normativa básica supone confundir la finalidad para la que se establece este organismo de resolución de conflictos (tutelar los derechos de determinados usuarios) con la finalidad que ha de cumplir la normativa básica en materia de energía (garantizar el suministro de energía eléctrica y la suficiencia económica del sistema), que conlleva el reconocimiento de derechos a los usuarios.
\nNo puede contradecirse esta opinión afirmando que, en la medida que estos órganos están garantizando los derechos de los usuarios, su función contribuye a garantizar el correcto funcionamiento del sistema. En efecto, aunque la solución de estas controversias beneficia al sistema en su conjunto, este beneficio se produciría de igual modo si esta función la ejercieran órganos autonómicos. Así lo admite implícitamente la propia sentencia cuando considera que el precepto debe ser interpretado en el sentido de que el mismo no excluye que las comunidades autónomas puedan establecer órganos de este tipo para que tutelen los derechos que les reconoce su normativa específica. La tutela de los derechos de los consumidores redunda en el buen funcionamiento del sistema, tanto si el órgano que los tutela es estatal como si es autonómico y a estos efectos resulta irrelevante que la norma que reconoce el derecho la haya dictado el Estado en ejercicio de sus competencias básicas o la comunidad autónoma en desarrollo de esta normativa.
\nEsas exigencias podrían no cumplirse en este caso, pues el deslinde competencial que debe efectuar el consumidor para determinar ante qué órgano debe interponer su reclamación no es una cuestión fácil, menos para un lego en Derecho, y tampoco está garantizado que pueda hacerse rápidamente, pues no cabe descartar que estos procedimientos terminen con una declaración de incompetencia que deje sin resolver el conflicto o que, resolviéndolo, dé lugar a posibles recursos por falta de competencia de órgano. La norma así interpretada amenaza, en efecto, con propiciar de manera inevitable la introducción de un motivo de impugnación de especial relevancia apto para retrasar la decisión definitiva sobre el fondo.
\nSe trata de un motivo más por el que lamento haber sido vencido en el Pleno.
\nMadrid, a dieciocho de febrero de dos mil dieciséis.
\nIdentificación Órgano Pleno Magistrados Don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, doña Adela Asua Batarrita, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Ricardo Enríquez Sancho y don Antonio Narváez Rodríguez.
\nNúmero y fecha BOE [Núm, 71 ] 23/03/2016 Tipo y número de registro Recurso de inconstitucionalidad 1908-2014 Fecha de resolución 18/02/2016 Síntesis y resumen Síntesis Descriptiva Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico.
\nSíntesis Analítica Competencias sobre ordenación general de la economía y sobre el sector eléctrico: interpretación conforme de los preceptos legales estatales relativos a la autorización de instalaciones peninsulares de producción de energía eléctrica y resolución de controversias sobre suministro de energía eléctrica. Votos particulares.
\nResumen Se enjuicia la constitucionalidad de diversos preceptos de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico. Las disposiciones impugnadas regulan: a) la competencia estatal para autorizar instalaciones de producción de energía eléctrica; b) el procedimiento de resolución de controversias entre los usuarios finales y las empresas suministradoras de energía eléctrica; c) la inscripción obligatoria en el Registro administrativo de autoconsumo; d) los derechos y obligaciones de las empresas distribuidoras y comercializadoras de energía eléctrica; y f) la calidad del suministro eléctrico y la calificación de ciertos suministros como esenciales.
\nPor un lado, se realiza una interpretación conforme a la Constitución de dos de los preceptos impugnados. La Sentencia declara que es constitucional la disposición que reconoce la competencia estatal para autorizar ciertas instalaciones eléctricas en función a la potencia instalada y a la tensión nominal de la línea, en la medida en que la distribución competencial derivada de la aplicación de estos criterios técnicos coincida materialmente con la que surge de los criterios constitucionales del aprovechamiento y del transporte intra o extracomunitario. Asimismo, se resuelve que no es inconstitucional el precepto que regula el procedimiento de resolución de controversias sobre suministro de energía eléctrica, toda vez que el mecanismo es aplicable sólo a las controversias que, por incidir en el correcto funcionamiento del sistema eléctrico en su conjunto, trascienden el ámbito autonómico e impactan en el régimen económico del sector. Por otro lado, se desestima el recurso en todo lo demás. La Sentencia descarta que los demás preceptos impugnados vulneren el orden constitucional de distribución de competencias, pues las cuestiones reguladas encajan en el concepto material de bases del sector eléctrico.
\nLa Sentencia cuenta con dos votos particulares parcialmente discrepantes, uno de ellos suscrito por tres magistrados.
\nLey 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico Artículo 1, ff. 9, 12 Artículo 1.1, f. 9 Artículo 1.2, f. 9 Artículo 2.2, ff. 9, 12 Artículo 3.11, f. 12 Artículo 3.13 a), ff. 1, 3, 5 Artículo 3.16, f. 6 Artículo 4.1, f. 8 Artículo 6, f. 6 Artículo 6.1 f), f. 11 Artículo 7.1, f. 9 Artículo 8, f. 11 Artículo 8.2, f. 9 Artículo 8.3, f. 11 Artículo 9, ff. 1, 2, 6 Artículo 9.3, párrafo 4 (redactado por el Real Decreto-ley 9/2015, de 10 de julio), f. 2 Artículo 9.4, f. 6 Artículo 9.5, f. 6 Artículo 10.1, f. 12 Artículo 15, ff. 1, 7 Artículo 15 (redactado por la Ley 8/2015, de 21 de mayo), ff. 2, 7 Artículo 16, f. 11 Artículo 17, f. 11, VPI Artículo 33, f. 9 Artículo 33.4, f. 8 Artículo 33.5, ff. 1, 8 Artículo 38.1, f. 9 Artículo 38.4, f. 9 Artículo 38.8, ff. 1, 9 Artículos 38 a 42, f. 9 Artículo 40, ff. 1, 9, 11 Artículo 40.1 b), f. 9 Artículo 40.1 c), f. 9 Artículo 40.1 e), f. 9 Artículo 40.1 h), ff. 8, 9 Artículo 40.1. a), f. 9 Artículo 40.2 inciso in fine, f. 9 Artículo 40.3 b), f. 9 Artículo 41, f. 11 Artículo 43.2, f. 11 Artículo 43.5, ff. 1, 10, VPI Artículo 44, f. 10 Artículo 45, f. 11 Artículo 46, ff. 1, 2, 11 Artículo 46.1 d), f. 11 Artículo 46.1 q) (redactado por la Ley 3/2014, de 27 de marzo), f. 2 Artículo 46.2 a), f. 11 Artículo 51, ff. 1, 9, 12 Artículo 51.1, f. 12 Artículo 52.4, ff. 1, 13 Artículo 64.43, f. 6 Artículo 67, f. 6 Artículo 73, f. 6 Disposición transitoria décima, f. 11 Disposición final segunda, ff. 1, 3 Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica Artículo 16, f. 9 Artículo 16.4, f. 9 Artículo 16.5, f. 9 Artículo 16.6, f. 9 Artículo 16.7, f. 9 Ley 3/2014, de 27 de marzo. Modifica el texto refundido de la Ley General para la defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre En general, f. 2 Disposición final undécima apartado 2, f. 2 Real Decreto-ley 15/2014, de 19 de diciembre. Modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias En general, f. 2 Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de metrología En general, f. 2 Ley 8/2015, de 21 de mayo. Modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y por la que se regulan determinadas medidas tributarias y no tributarias en relación con la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos Disposición final tercera, f. 2 Real Decreto-ley 9/2015, de 10 de julio. Medidas urgentes para reducir la carga tributaria soportada por los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras medidas de carácter económico
\nEn general, f. 2 Artículo 6, f. 2 Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre. Se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo En general, f. 6 Conceptos constitucionales Conceptos materiales Visualización Competencias compartidasCompetencias compartidas, ff. 3 a 13 Competencias en materia de energía eléctricaCompetencias en materia de energía eléctrica, ff. 3 a 13 Competencias en materia de régimen energéticoCompetencias en materia de régimen energético, ff. 3 a 13 Concurrencia de títulos competencialesConcurrencia de títulos competenciales, ff. 3 a 13 Criterio territorial de distribución de competenciasCriterio territorial de distribución de competencias, f. 5 Dirección de la actividad económica generalDirección de la actividad económica general, ff. 3, 8, 9, 11 a 13 Orden constitucional de competenciasOrden constitucional de competencias, ff. 1 a 13 Votos particulares, formulados dos Votos particulares, formulados dos Carácter básico de las normas jurídicasCarácter básico de las normas jurídicas, ff. 1 a 13 Carácter prevalente de la interpretación conformeCarácter prevalente de la interpretación conforme, ff. 5, 10 Energía eléctricaEnergía eléctrica, ff. 1 a 13 Instalaciones eléctricasInstalaciones eléctricas, ff. 5, 6, 8, 9, 11 a 13 Interpretación conforme con la ConstituciónInterpretación conforme con la Constitución, ff. 5, 10 Protección de la calidad del suministro de energía eléctricaProtección de la calidad del suministro de energía eléctrica, ff. 9, 11 a 13 Régimen energéticoRégimen energético, ff. 1 a 13 Suministro de energía eléctricaSuministro de energía eléctrica, ff. 9, 11 a 13 Transporte de energía eléctricaTransporte de energía eléctrica, ff. 5, 8, 9, 11 Arriba Ayúdenos a mejorarUtilice este formulario para notificar al Tribunal Constitucional una posible errata encontrada en el texto de la resolución.
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