Aun en la hipótesis, que no comparto, de que la práctica abortiva pudiera anclarse en el art. 15 CE, en todo caso, habría de disentir de la declaración de existencia de vulneración del derecho a la integridad física de la demandante apreciada por la Sala en este recurso de amparo.
\nEn casos como este, en los que en definitiva lo que se produce es la omisión de prestación abortiva en un centro sanitario de la comunidad autónoma de residencia de la gestante, debido al supuesto acogimiento generalizado a la objeción de conciencia de los facultativos de la Región de Murcia a practicar abortos, no se produce injerencia alguna en la indemnidad física o moral de la mujer, sin perjuicio de que se vieran afectados otros de sus derechos, incluso fundamentales, a los que luego me referiré, al producirse el desplazamiento de la gestante a un centro sanitario situado en otra comunidad autónoma a unos 400 kilómetros de su domicilio, máxime cuando la práctica abortiva estaba justificada al tratarse de un feto con agenesia del 90 por 100 y malformaciones encefálicas bilaterales, con un pronóstico neurológico “malo” y una probabilidad muy elevada de que el cuadro se asocie con discapacidad intelectual, afectación motora y crisis epilépticas que llevarían a una situación de dependencia grave y ausencia de autonomía [antecedente 2 g)].
\nEn definitiva, la infracción del deber legal de prestación abortiva ha de ser de una naturaleza y entidad suficiente en la esfera corporal o moral de la gestante como para incurrir en la vulneración del art. 15 CE, lo que considero que no se ha producido, a la vista de las circunstancias del caso, en el que no hay ningún ataque dirigido a lesionar el cuerpo o integridad moral de la mujer, ni tampoco una intervención no consentida, ni un obstáculo al libre desarrollo de su personalidad.
\nLa recurrente solicitó una interrupción del embarazo por una patología del feto que fue aprobada por el comité ético de la Región de Murcia, que se llevó a cabo en un lapso temporal breve, sin que se hayan acreditado los pretendidos tratos humillantes, vejatorios y prejuiciosos alegados, ni que se produjera falta de información u ocultación a la paciente, ni omisión de las pruebas diagnósticas procedentes en el momento oportuno, con la finalidad de obstaculizar la interrupción del embarazo, como la propia sentencia declara.
\nLa sentencia a la que formulo el presente voto particular, pese a haber sido alegada por la recurrente, no entra en absoluto a examinar la vulneración del mencionado derecho.
\nParadójicamente, la sentencia cita la STEDH de 30 de octubre de 2012, asunto P. y S, c. Polonia, dictada en un supuesto en el que la recurrente tuvo que interrumpir su embarazo en un hospital que se encontraba en una localidad distante 500 km de la de su domicilio. La referida sentencia apreció la vulneración del artículo 8 CEDH porque las autoridades no cumplieron su obligación positiva de asegurar a los demandantes el respeto efectivo de su vida privada, al no encontrar justificado que tuviera que practicarse la interrupción del embarazo en un hospital tan lejano de su domicilio; considerando que los Estados están obligados a organizar sus servicios de salud de manera que pueda garantizarse que el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios no impida que los pacientes puedan acceder a las prestaciones a las que tienen derecho en virtud de la legislación vigente.
\nSin embargo, la sentencia de la que discrepo parcialmente no declara vulnerado el derecho a la intimidad personal y familiar del art. 18 CE, sino que considera que la derivación a un centro sanitario privado en una localidad lejana a la de su residencia habitual para practicar la interrupción del embarazo, sin haber justificado el Servicio Murciano de Salud ningún motivo excepcional que impidiera que la prestación se efectuara en tiempo en dicha comunidad, vulneró el derecho de la recurrente a la interrupción voluntaria del embarazo que forma parte de su derecho fundamental a la integridad física y moral (artículo 15 CE en conexión con el artículo 10.1 CE), conclusión de la que, como he expuesto, disiento.
\nPor mi parte, considero que, atendidas las circunstancias del caso, no puede estimarse vulnerado el derecho del art. 15 CE, pero la derivación para obtener la prestación a una comunidad autónoma alejada del propio domicilio y del entorno familiar del que podía recibir apoyo la recurrente en las circunstancias en que se encontraba, sí pudo constituir una intromisión injustificada en su derecho a la intimidad personal y familiar del art. 18 CE, en la línea en la que se pronunció la STEDH de 30 de octubre de 2012, asunto P. y S, c. Polonia.
\nEs cierto que este tribunal ha declarado reiteradamente (por todas, STC 66/2022, de 2 de junio, FJ 4) que “nuestra Constitución no reconoce un ‘derecho a la vida familiar’ en los mismos términos en que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha interpretado el art. 8.1 CEDH […]”, y que la doctrina constitucional no ha admitido que el “deslinde del ámbito material de protección del derecho a la intimidad personal y familiar reconocido en el art. 18.1 CE, […] ‘deba verificarse mediante la mimética recepción del contenido del derecho a la vida privada y familiar reconocido en el art. 8.1 CEDH, según lo interpreta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos’” y que “‘el derecho a la vida privada y familiar reconocido en el art. 8.1 CEDH y el derecho a la intimidad personal y familiar reconocido en el art. 18.1 CE no son coextensos’ (ATC del Pleno 40/2017, de 28 de febrero, FJ 3)”.
\nNo cabe olvidar, sin embargo, que la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos “es criterio de interpretación de las normas constitucionales relativas a las libertades y derechos fundamentales (art. 10.2 CE)” (STC 11/2016, de 1 de febrero, FJ 3), de tal manera que la jurisprudencia de ese tribunal ex art. 10.2 CE es un relevante elemento hermenéutico en la determinación del sentido y alcance de los derechos fundamentales que la Constitución proclama.
\nEn este sentido la citada STC 66/2022 señaló que el derecho a la intimidad personal “se configura como un derecho fundamental estrictamente vinculado a la propia personalidad y que deriva, sin ningún género de dudas, de la dignidad de la persona que el art. 10.1 CE reconoce” y, por ello, es patente la conexión entre ese derecho y la esfera reservada para sí por el individuo, en los más básicos aspectos de su autodeterminación como persona.
\nAdemás, el art. 18.1 CE confiere a la persona el poder jurídico de imponer a terceros, sean estos poderes públicos o simples particulares, el deber de abstenerse de toda intromisión en la esfera íntima y la prohibición de hacer uso de lo así conocido, y de ello se deduce que el derecho fundamental a la intimidad personal otorga cuando menos una facultad negativa o de exclusión, que impone a terceros el deber de abstención de intromisiones salvo que estén fundadas en una previsión legal que tenga justificación constitucional y que sea proporcionada, o que exista un consentimiento eficaz que lo autorice, pues corresponde a cada persona acotar el ámbito de intimidad personal y familiar que reserva al conocimiento ajeno.
\nSeñaló igualmente la mencionada STC 66/2022 que este derecho fundamental se extiende, no solo a aspectos de la propia vida, sino también a determinados aspectos de la vida de otras personas con las que se guarde una especial y estrecha vinculación, como es la familiar; aspectos que, por la relación o vínculo existente con ellas, inciden en la propia esfera de la personalidad del individuo que los derechos del art. 18 CE protegen.
\nApuntó finalmente aquella sentencia que el deseo de ser padres y la materialización de dicho deseo, que culmina con el parto, se integra en el derecho a la intimidad personal y familiar, como proyección directa y derivada de la dignidad humana, en especial de la dignidad de la mujer que da a luz un nuevo ser, alcanzando, igualmente, a todas las decisiones que tienen que ver con la gestación y con ese alumbramiento.
\nEn este sentido, una vez aprobada en el presente caso por el comité ético la interrupción del embarazo por presentar el feto agenesia del 90 por 100 y malformaciones encefálicas bilaterales, con pronóstico neurológico “malo” y una probabilidad muy elevada de que el cuadro se asocie con discapacidad intelectual, afectación motora y crisis epilépticas que llevarían a una situación de dependencia grave y ausencia de autonomía [antecedente 2 g) de la sentencia], y que la intervención por lo avanzado de la gestación debía efectuarse mediante parto inducido, en consideración a las demás circunstancias de la recurrente, la imposición del desplazamiento a otra ciudad alejada de su domicilio para obtener la prestación comportó la vulneración del derecho a la intimidad personal y familiar de la recurrente.
\nEn base a las mencionadas consideraciones formulo mi voto particular a la sentencia dictada por la Sala Primera del Tribunal Constitucional con fecha 3 de julio de 2023 en el recurso de amparo 2669-2019.
\nMadrid, a cinco de julio de dos mil veintitrés.
\nIdentificación Órgano Sala Primera Magistrados Don Cándido Conde-Pumpido Tourón, don Ricardo Enríquez Sancho, doña Concepción Espejel Jorquera, doña María Luisa Segoviano Astaburuaga y don Juan Carlos Campo Moreno.
\nNúmero y fecha BOE [Núm, 184 ] 03/08/2023 Tipo y número de registro Recurso de amparo 2669-2019 Fecha de resolución 03/07/2023 Síntesis y resumen Síntesis Descriptiva Promovido por doña A.C.M., respecto de las resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia que desestimaron su reclamación de responsabilidad patrimonial.
\nSíntesis Analítica Vulneración del derecho a la integridad física y moral: lesión causada por la derivación a una clínica privada, ubicada fuera del territorio autonómico, para la práctica de la interrupción del embarazo. Votos particulares.
\nResumen La recurrente en amparo acudió al servicio de salud de la Región de Murcia para vigilar el desarrollo de su embarazo, pero tras conocer el riesgo de posibles anomalías graves en el feto y considerar que no obtenía la información y tratamiento adecuados, asistió a una clínica privada. Confirmado el grave diagnóstico del feto, la demandante solicitó la interrupción del embarazo ante la sanidad pública y su petición fue aprobada por el comité clínico. Sin embargo, para la práctica del procedimiento la gestante fue derivada a una clínica privada situada en la Comunidad de Madrid.
\nSe otorga el amparo. De acuerdo con la doctrina establecida en la STC 44/2023, la interrupción voluntaria del embarazo forma parte del contenido del derecho fundamental a la integridad física y moral, en conexión con la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad. Este derecho se vulnera cuando se infringen las previsiones legales que garantizan a la mujer las condiciones adecuadas para decidir libremente la continuación o no del embarazo, y las que tienen por objeto asegurar que esta prestación se desarrolle con respeto a sus derechos. En este caso, el personal médico no negó información relevante sobre el desarrollo del embarazo o la posibilidad de interrumpirlo; la asistencia de la gestante a la sanidad privada no implica una negación de la atención médica adecuada —especialmente, considerando que las anomalías graves se detectan con precisión en etapas avanzadas del embarazo—, y; transcurrió un tiempo proporcionado entre la solicitud y la práctica del procedimiento clínico.
\nNo obstante, se vulneraron las disposiciones legales que obligan a la administración pública a prestar los servicios en la comunidad de residencia de la mujer, pues la administración derivó a la gestante a una clínica privada sin justificación. La administración no demostró que el personal médico de la Región de Murcia no pudiera practicar el aborto por haberse acogido a la objeción de conciencia; además, esta potestad excepcional de los facultativos no puede condicionar el acceso de las mujeres a la prestación sanitaria.
\nLa sentencia cuenta con dos votos particulares.
\nEn general, f. 2 Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo En general, ff. 6, 7, VP II Sentencia de 22 de junio de 2018, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia que desestimó el recurso contencioso administrativo interpuesto contra la desestimación por silencio de la reclamación. Providencia de 17 de enero de 2019, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que inadmite el recurso de casación. Providencia de 14 de marzo de 2019, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia que inadmite el incidente de nulidad de actuaciones, en materia de responsabilidad patrimonial por interrupción del embarazo (anula) Decisión de inadmisión de la Comisión Europea de Derechos Humanos 11684/85, de 5 de octubre de 1988 (Jean-Jacques AMY c. Bélgica) En general, VP II Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 8 de julio de 2004 (VO c. Francia) En general, VP II Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 16 de diciembre de 2010 (A, B y C c. Irlanda) En general, VP II Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 30 de octubre de 2012 (P. y S. c. Polonia) En general, VP II § 105 a 108, f. 7 Conceptos constitucionales Conceptos materiales Visualización Contenido del derecho a la integridad física y moralContenido del derecho a la integridad física y moral, f. 5 a 7, VP I, VP II Contenido del derecho a la vidaContenido del derecho a la vida, f. 5 a 7, VP I, VP II Derecho a la integridad física y moralDerecho a la integridad física y moral, Vulnerado, ff. 5 y 6, VP I, VP II Derecho a la vidaDerecho a la vida, ff. 5 a 7, VP I, VP II Derecho al libre desarrollo de la personalidadDerecho al libre desarrollo de la personalidad, ff. 5 a 7, VP I, VP II Derecho de acceso a la informaciónDerecho de acceso a la información, f. 6 y 7 Derechos de la mujerDerechos de la mujer, ff. 5 a 7, VP I, VP II Discriminación por razón de residenciaDiscriminación por razón de residencia, ff. 6, 7, VP II NasciturusNasciturus, ff. 5 y 6, VP I, VP II Objeción de concienciaObjeción de conciencia, Concepto, f. 7, VP II Objeción de conciencia a la interrupción voluntaria del embarazoObjeción de conciencia a la interrupción voluntaria del embarazo, f. 7, VP II Recurso de amparo mixtoRecurso de amparo mixto, f. 4 Votos particulares, formulados dos Votos particulares, formulados dos , VP I, VP II
\nAbortoAborto, ff. 5 y 6, VP I, VP II Derecho a la asistencia sanitariaDerecho a la asistencia sanitaria, f. 5 a 7, VP II Dignidad de la personaDignidad de la persona, ff. 5, 6, VP I, VP II Doctrina del Tribunal Europeo de Derechos HumanosDoctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, f. 7, VP II EmbarazoEmbarazo, ff. 5 a 7, VP I, VP II Interrupción voluntaria del embarazoInterrupción voluntaria del embarazo, ff. 5 a 7, VP I, VP II Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicasResponsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, ff. 5 a 7 Ser humanoSer humano, ff. 5 a 7, VP I, VP II Servicios públicos de saludServicios públicos de salud, ff. 5 a 7 Viabilidad del fetoViabilidad del feto, ff. 6, 7, VP I, VP II Arriba Ayúdenos a mejorarUtilice este formulario para notificar al Tribunal Constitucional una posible errata encontrada en el texto de la resolución.
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