En esta línea, en la sentencia se asume que, efectivamente, la finalidad y objetivo de la Ley 17/2020 -igual que la del 2008- es la prevención y la asistencia a las mujeres que han sufrido violencia de género. A mi entender, el Tribunal debería haber comenzado el estudio de este asunto, también de la mano de las pretensiones de los recurrentes, declarando si la Ley catalana suponía, o no, un cambio en el concepto de víctima de las violencias machistas y, consecuentemente, determinando si este tipo de violencias han cambiado o no su definición y alcance.
\nLa sentencia nada dice sobre el hecho normativo de que la Ley cambie el ámbito subjetivo de la prevención, asistencia, protección y demás políticas de género en Cataluña, modificando el ámbito subjetivo de este tipo de protección, puesto que literalmente se afirma que “[a] tales efectos, la ley establece una serie de medidas generales que han de orientar la actuación de las administraciones públicas catalanas; medidas de prevención, detección y sensibilización, así como de asistencia, protección y recuperación integral de la víctima” (cursiva añadida). Se admite así, no sé si conscientemente, un cambio en el alcance del concepto de víctimas de las violencias machistas que son, en la Ley catalana, las mujeres, las mujeres transexuales y las mujeres transgénero.
\nEste es el objeto que, a mi modo de ver, la mayoría de los magistrados y magistradas del Pleno han pasado por alto: una ley autonómica redefine el sujeto al que van dirigidas las políticas de prevención de la violencia machista y de la protección y tutela frente a la misma, aumentándolo y asumiendo una conceptualización de mujer como sujeto político y de personas trans (tanto sexual como género) muy controvertida, respecto de la que este tribunal todavía no se ha pronunciado. La Ley catalana opta por una conceptualización, que viene precedida de mucha confusión terminológica e, incluso, de algunos conceptos no propiamente jurídicos, como mujeres u hombres cis, que han sido contestados desde amplios sectores doctrinales. La crítica que cabe hacer a la sentencia en este sentido se basa, esencialmente, en la idea de que para generar nuevos derechos para colectivos discriminados no es necesario asumir la redefinición o re-etiquetaje del sujeto político mujer.
\nEn todo caso, no se trata ahora de prejuzgar la constitucionalidad de la equiparación de mujeres, mujeres transexuales y mujeres transgénero como víctimas de las violencias machistas, porque ese deberá ser el objeto de la sentencia que resuelva sendos recursos de inconstitucionalidad interpuestos por Vox y el Partido Popular contra la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, sino de la necesidad de analizar si en una ley autonómica cabe darles cobertura.
\nEste tribunal de garantías de los derechos y libertades fundamentales no debería haber pasado por alto que la ley impugnada incorpora una ampliación del concepto de víctima que supone alterar, como se ha dicho, el concepto mismo de mujer como sujeto político. No cabe afirmar, sin más, que la Ley catalana se limita a actividades de carácter promocional o asistencial en materia de políticas de género y que, por tanto, no afecta a la función jurisdiccional ni a la tipicidad penal regulada en el Código penal, de aplicación en toda España. Así, para evitar entrar a valorar quién es la víctima de las violencias machistas se afirma que las medidas de la Ley 17/2020 “no van acompañadas de efectos punitivos, ya sea en el orden sancionador administrativo, ya sea en el orden penal, y […] operan en ámbitos tales como los de educación, salud, medios de comunicación, vivienda, ocupación o prestaciones económicas”.
\nEl extracto de la sentencia que se acaba de trascribir, además, pone de manifiesto cierto desconocimiento del alcance que tienen, de un lado, las violencias machistas y, de otro, la violencia de género. Según se afirma en la sentencia de la que discrepo, la violencia de género queda definida por la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género (LOVG) y los tipos penales correspondientes del Código penal. En este sentido, se afirma que lo que deba entenderse por violencia de género, su alcance y sujetos implicados, queda blindado por su tutela penal que, como se ha dicho, es única para todo el Estado, soslayándose que en la ley también quedan comprendidos conceptos y categorías jurídicas de sujetos con nuevos derechos.
\nAsimismo, se dice que no se produce una ampliación del sujeto pasivo de la violencia de género desde la perspectiva de la LOVG. No obstante, obvia el Pleno que el concepto de violencias machistas no se corresponde taxativamente con el de violencia de género. Por lo que, aunque cabe considerar que no se produce un cambio sobre dicho concepto, sí que se produce en Catalunya, respecto de las políticas de género que ejerza la Generalitat, una alteración del resto de violencias machistas que, por propia definición, son todas aquellas ejercidas por hombres motivadas por su supuesta posición de dominación respecto de las mujeres. El resultado es que, en un mismo Estado, conviven diferentes conceptos de víctimas de las violencias machistas cuando la protección frente a este tipo de violencias debe tener un mismo sujeto de tutela, igual que tiene un mismo sujeto activo y una misma motivación.
\nDado que este tribunal deberá pronunciarse sobre el fondo de las materias señaladas en los recursos de inconstitucionalidad pendientes contra la Ley 4/2023, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, que reconfigura el sujeto político mujer, y, también, contra la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, impugnada por Vox, que redefine el concepto de consentimiento, hubiera sido más adecuado abordar en la presente sentencia las cuestiones sustantivas sobre las que se construyen las políticas de género, para después determinar su distribución entre Generalitat y Estado, y no al revés. También hubiera sido mejor esperar a resolver aquellos recursos de inconstitucionalidad para, posteriormente, entrar a considerar el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 17/2020, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista, una vez que el marco terminológico y conceptual hubiera sido determinado.
\nEn definitiva, a diferencia de la mayoría del Pleno, considero que hubiera sido más respetuoso con los derechos y libertades de todas las personas afectadas por la Ley 17/2020 y también con un reparto competencial en políticas de género más riguroso, que se hubiera llevado a cabo un estudio previo de una cuestión central como es la determinación de cuál es el sujeto político de este tipo de políticas públicas y el sentido y alcance de la violencia machista.
\nEn este sentido, emito mi voto particular.
\nMadrid, a doce de marzo de dos mil veinticuatro.
\nLa sentencia considera en su fundamento jurídico 2, tras examinar el contenido de la ley autonómica impugnada y los alegatos de las partes en el recurso, que “la materia en la que se encuadra esta regulación es la de políticas de género; materia sobre la que la Generalitat de Cataluña tiene competencia exclusiva ex art. 153 EAC”, siendo además una materia que “se define por su carácter transversal e intersectorial”. De esta guisa se incurre, a mi entender, en una confusión entre materia y competencia, que enturbia el correcto examen de la controversia competencial suscitada.
\nComo es sabido, la doctrina constitucional, a efectos de la solución de las controversias competenciales entre el Estado y las comunidades autónomas, ha partido del presupuesto de la diferenciación entre “materia” (aquel ámbito o campo de la realidad sobre el que se produce la intervención de los poderes públicos en el ejercicio de sus competencias) y competencia, así como de la premisa de que las materias son las enumeradas en la Constitución (arts. 148 y 149) y en los estatutos de autonomía, en el bien entendido de que, mientras que las competencias estatales sobre esas materias son las establecidas en la Constitución, las comunidades autónomas tendrán las competencias que les atribuyan sus estatutos de autonomía, siempre en el marco de la Constitución, lo que supone que los estatutos no puedan atribuir otras competencias a las comunidades autónomas que no sean las que la Constitución permite que sean objeto de atribución estatutaria, como se recuerda en la STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 57.
\nEs obvio que la Constitución no recoge expresamente las llamadas “políticas de género” en el listado de materias que son competencia exclusiva del Estado (art. 149.1 CE), ni tampoco entre las materias sobre las que las comunidades autónomas pueden asumir competencias (art. 148.1 CE). El art. 153 del Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC) atribuye ciertamente a la Generalidad de Cataluña “la competencia exclusiva en materia de políticas de género”, mas, como nuestra doctrina también ha precisado, el Tribunal Constitucional no se encuentra vinculado por los encuadramientos competenciales que realizan las propias normas sometidas a su enjuiciamiento (entre otras muchas, SSTC 144/1985, de 25 de octubre, FJ 1; 152/2003, de 17 de julio, FJ 7, y 14/2004, de 13 de febrero, FJ 6). Pues, en efecto, “[u]n límite cualitativo de primer orden al contenido posible de un Estatuto de Autonomía es el que excluye como cometido de ese tipo de norma la definición de categorías constitucionales”, siendo el Tribunal Constitucional, en su condición de supremo intérprete de la Constitución, “el único competente para la definición auténtica -e indiscutible- de las categorías y principios constitucionales” (STC 31/2010, FJ 57).
\nEn definitiva, la protección de la mujer frente a la violencia de género, así como las “políticas de género” en sentido amplio, conforman unas políticas públicas de carácter transversal e intersectorial, que pueden venir amparadas por diversos títulos competenciales, tanto del Estado como de las comunidades autónomas, asumidos en el marco de las materias que relacionan los arts. 148.1 y 149.1 de la Constitución. De suerte que, en relación con las llamadas “políticas de género” nos encontramos ante un ámbito de entrecruzamiento o concurrencia competencial de títulos habilitantes diferentes, estatales y autonómicos, asignados en el marco de materias que relacionan los referidos preceptos constitucionales, debiendo recordarse que la atribución estatutaria de una determinada competencia con carácter exclusivo a la comunidad autónoma no puede afectar a las competencias reservadas por la Constitución al Estado (art. 149.1 CE). Estas se proyectarán cuando materialmente corresponda, sin necesidad de que el estatuto de autonomía incorpore cláusulas de salvaguardia de las competencias estatales, como este tribunal ha recordado también en la citada STC 31/2010, y reiterado en doctrina posterior (STC 81/2020, de 15 de julio, FJ 4, por todas).
\nAl margen de la confusión ya advertida entre materia y competencia, estimo, como ya se ha adelantado, que la tacha de inconstitucionalidad que los recurrentes dirigían contra los arts. 1, 2 y 3 de la Ley del Parlamento de Cataluña 17/2020, debería haber sido salvada mediante una interpretación de conformidad con la Constitución, que habría de ser llevada al fallo. Como es sabido, la interpretación de conformidad es una creación de la justicia constitucional que tiene por finalidad, de una parte, reservar la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de una norma legal a las vulneraciones frontales y directas de Constitución y, de otra, excluir, para aquellos preceptos legales que puedan dar lugar a equívocos o contrapuestas aplicaciones, aquella interpretación que contravendría la Constitución, dando cuenta de forma expresa, en el fallo de la sentencia, que el precepto en cuestión solo puede entenderse conforme a la Constitución interpretado en el sentido señalado por el Tribunal Constitucional en el fundamento jurídico correspondiente de la propia sentencia, a efectos de evitar incertidumbres. Es, por tanto, inequívoco que la interpretación conforme es una traslación al control de constitucionalidad de las leyes del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), eje vertebrador primario del Estado de Derecho (art. 1.1 CE), sin el cual el resto de los principios constitucionales quedaría vacío de contenido.
\nEste es el propósito del presente voto particular, preservar la seguridad jurídica en nuestro control de la constitucionalidad, pues, aunque la sentencia deja claro que las previsiones contenidas en los impugnados arts. 1, 2 y 3 de la Ley del Parlamento de Cataluña 17/2020 no invaden la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación penal (art. 149.1.6 CE), pues deben entenderse a los efectos de la aplicación del conjunto de medidas de carácter asistencial reguladas por el legislador autonómico en ejercicio de sus competencias, pero sin interferir en modo alguno en las potestades reservadas a los jueces y tribunales del orden penal, lo cierto es que tales aseveraciones debieron articularse en forma de interpretación de conformidad, para despejar cualquier equívoco, declarando, en consecuencia, en el fundamento jurídico correspondiente, que esos preceptos legales impugnados se entienden conformes con la Constitución siempre que se interprete que las definiciones contenidas en los mismos lo son a los efectos de la aplicación de las medidas de carácter asistencial establecidas por el legislador autonómico en el ámbito de las políticas de género y en el ejercicio de sus competencias, sin interferir en modo alguno en las potestades reservadas a la jurisdicción penal ni afectar, por tanto, a la competencia estatal exclusiva en materia de legislación penal. Interpretación de conformidad que, como ya se dijo, habría debido llevarse al fallo de la sentencia.
\nMadrid, a trece de marzo de dos mil veinticuatro.
\nIdentificación Órgano Pleno Magistrados Don Cándido Conde-Pumpido Tourón, doña Inmaculada Montalbán Huertas, doña María Luisa Balaguer Callejón, don Ramón Sáez Valcárcel, don Enrique Arnaldo Alcubilla, doña Concepción Espejel Jorquera, doña María Luisa Segoviano Astaburuaga, don César Tolosa Tribiño, don Juan Carlos Campo Moreno y doña Laura Díez Bueso.
\nNúmero y fecha BOE [Núm, 99 ] 23/04/2024 Tipo y número de registro Recurso de inconstitucionalidad 1719-2021 Fecha de resolución 12/03/2024 Síntesis y resumen Síntesis Descriptiva Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso respecto de diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 17/2020, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley 5/2008, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista.
\nSíntesis Analítica Competencias sobre condiciones básicas de igualdad, legislación penal, ordenación de registros públicos y reserva de ley en relación con la extensión de la normativa de protección de la violencia de género a las mujeres transgénero: nulidad del precepto legal autonómico que impone obligaciones orgánicas y funcionales respecto de la prevención, detección y actuación ante la violencia machista a los partidos políticos que operen en Cataluña. Votos particulares.
\nResumen Se enjuicia la constitucionalidad de algunos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 17/2020, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley 5/2008, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista.
\nSe estima parcialmente el recurso de inconstitucionalidad. Por un lado, se declara la inconstitucionalidad y nulidad del precepto que impone una serie de obligaciones orgánicas y funcionales a los partidos políticos que actúen en Cataluña (creación de un plan de igualdad interno y de un protocolo para la prevención de la violencia machista y reforma de los estatutos internos, entre otras). Se vulneró la reserva de ley orgánica al incidir, las modificaciones, en el derecho de asociación de los partidos políticos en su vertiente de libertad de autoorganización y funcionamiento interno sin injerencia de los poderes públicos. Por otro lado, se desestiman las quejas relativas a la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación penal, de ordenación de los registros públicos, y a la reserva de ley orgánica respecto de los preceptos que regulan la extensión a niñas y adolescentes transgénero como sujetos pasivos de la ley, la definición de “consentimiento sexual” y las distintas formas de violencia machista.
\nLa sentencia cuenta con dos votos particulares, uno de ellos concurrente.
\nEn general, f. 3 Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña En general, f. 2 Artículo 19, f. 2, VP I Artículo 41.3, f. 2, VP I Artículo 43, f. 2, VP I Artículo 118, f. 2 Artículo 153, ff. 2 a 4, 6, VP I, VP II Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas En general, f. 2 Comunidad Autónoma de Cataluña. Ley 5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista En general, ff. 1 a 3, VP I, VP II Título I, f. 2 Título II, ff. 2, 5 Título III, f. 2 Título IV, f. 2 Preámbulo, f. 2 Preámbulo, apartado I, f. 2 Preámbulo, apartado II, f. 2 Preámbulo, apartado III, f. 2 Artículo 1, f. 2 Artículo 2.2 (redactado por la Ley 17/2020, de 22 de diciembre), ff. 3, 4 Artículo 3 j) (redactado por la Ley 17/2020, de 22 de diciembre), f. 3 Artículo 4, f. 2 Artículo 4 (redactado por la Ley 17/2020, de 22 de diciembre), f. 2 Artículo 4.2 (redactado por la Ley 17/2020, de 22 de diciembre), ff. 2, 3 Artículo 4.2 a) (redactado por la Ley 17/2020, de 22 de diciembre), f. 2 Artículo 4.2 c) (redactado por la Ley 17/2020, de 22 de diciembre), f. 2 Artículo 4.2 d) (redactado por la Ley 17/2020, de 22 de diciembre), f. 2 Artículos 12 a 19, f. 3 Artículos 20 a 26, f. 3 Artículos 27 a 29, f. 3 Artículo 29 bis (redactado por la Ley 17/2020, de 22 de diciembre), f. 5 Artículo 32, f. 3 Artículos 34 a 37, f. 3 Artículos 38 a 40, f. 3 Artículos 41 a 44, f. 3 Artículos 46 a 52, f. 3 Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011. Ratificado por Instrumento de 18 de marzo de 2014 En general, f. 2 Artículo 36.2, f. 3 Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil Artículo 4.4, f. 4 Artículo 44.2 (redactado por la Ley 4/2023, de 28 de febrero), ff. 2, 4 Artículo 49.5 (redactado por la Ley 4/2023, de 28 de febrero), ff. 2, 4 Artículo 83.1 d), f. 4 Comunidad Autónoma de Cataluña. Ley 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva de mujeres y hombres En general , f. 2 Comunidad Autónoma de Cataluña. Ley 17/2020, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley 5/2008, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista En general, ff. 2 a 5, VP I Artículo 1, ff. 1, 3, 4, VP II Artículo 2, ff. 1, 3, VP II Artículo 3, ff. 1 a 3, VP II Artículo 16, ff. 1, 5, VP II Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual En general, ff. 2, 3, VP I Artículo 3.1, f. 2 Disposición final cuarta, f. 2
\nDisposición final cuarta, apartado 7, f. 3 Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI En general, ff. 2, 4, VP I Artículo 1.2, f. 2 Artículos 43 a 51, ff. 2, 4 Artículo 46.1, f. 4 Artículo 46.2, f. 4 Artículo 49.1, f. 4 Disposición derogatoria única, f. 2 Disposición final undécima, f. 2 Conceptos constitucionales Conceptos materiales Identificadores Visualización Autoorganización de partidos políticosAutoorganización de partidos políticos, f. 5 Competencias en materia de legislación penalCompetencias en materia de legislación penal, ff. 3 y 6, VP I, VP II Competencias en materia de ordenación de los registros e instrumentos públicosCompetencias en materia de ordenación de los registros e instrumentos públicos, f. 4, VP I, VP II Competencias en materia de regulación de condiciones básicas de igualdadCompetencias en materia de regulación de condiciones básicas de igualdad, ff. 2 a 5 Contenido del derecho de asociaciónContenido del derecho de asociación, f. 5 Límites al derecho de asociaciónLímites al derecho de asociación, f. 5 Partidos políticosPartidos políticos Tipos penalesTipos penales, f. 3 Votos particulares, formulados dos Votos particulares, formulados dos Consentimiento sexualConsentimiento sexual, ff. 2 y 3 Identidad de personasIdentidad de personas, ff. 3 y 4 MujerMujer, ff. 3 y 4 Personas transPersonas trans, ff. 3 y 4 Reserva de ley orgánicaReserva de ley orgánica, ff. 2, 3, 5, 6, VP I, VP II Sujeto pasivo de la violencia doméstica o de géneroSujeto pasivo de la violencia doméstica o de género, f. 3, VP I Violencia de géneroViolencia de género, ff. 1 a 6, VP I Violencia sobre la mujerViolencia sobre la mujer, ff. 1 a 6, VP I CataluñaCataluña, ff. 2 y 5 Arriba Ayúdenos a mejorarUtilice este formulario para notificar al Tribunal Constitucional una posible errata encontrada en el texto de la resolución.
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