La auténtica alegación que aquí se vierte se dirige a la supuesta desigualdad de derechos respecto de los ciudadanos que residen en otras localidades y, fundamentalmente, en relación con los demás españoles con vecindad administrativa en otras Comunidades Autónomas.Pero, según tuvimos ocasión de afirmar en la STC 37/1987, fundamento jurídico 10, el principio de igualdad en su dimensión interterritorial no impone que todas las Comunidades Autónomas tengan que ejercer sus competencias «de una manera o con un contenido y unos resultados idénticos o semejantes\". Por consiguiente, si como consecuencia del ejercicio de esas competencias surgen desigualdades en la posición jurídica de los ciudadanos residentes en las distintas Comunidades Autónomas, no por ello automáticamente resultarán infringidos los arts. 14, 139.1 o 149.1.1 de la Constitución, ya que dichos preceptos no exigen un tratamiento jurídico uniforme de los derechos y deberes de los ciudadanos en todas las materias y en todo el territorio del Estado.De otro lado, el art. 157.2 de la Constitución prohíbe a las Comunidades Autónomas adoptar medidas tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio.
\nEvidentemente, tal circunstancia no concurre en relación con el impuesto autonómico al que nos venimos refiriendo, cuyo alcance se circunscribe al territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y que, además, no grava bienes sino una actividad como es el aprovechamiento cinegético privativo. En último término, y en este mismo orden de consideraciones, interesa recordar la doctrina de este Tribunal contenida en la STC 37/1981, en cuyo fundamento jurídico 1º se declaró que el límite territorial de las normas y actos de las Comunidades Autónomas no puede significar, en modo alguno, que les esté vedado a sus órganos, en el ejercicio de sus propias competencias, adoptar decisiones que puedan producir consecuencias de hecho en otros lugares del territorio nacional.En definitiva, la igualdad de derechos y obligaciones en su aspecto interterritorial no puede ser entendida -como pretenden los Senadores recurrentes- en términos tales que resulte incompatible con el principio de descentralización política del Estado (art. 2 C.E.), pues ello impediría el ejercicio por las C.C.A.A. de las competencias que tienen atribuidas, ejercicio que, entre otras cosas, supone la libertad para configurar, dentro del marco constitucional y estatutario, una política propia en relación con dichas materias.
\nPor este motivo, la alegación de los actores acerca de que las cargas fiscales que han de soportar las empresas cinegéticas instaladas en Extremadura son superiores a las que se establecen sobre las de iguales características en otras partes del territorio nacional, no puede prosperar, ya que tal carga fiscal es, precisamente, resultado de la autonomía financiera que la Constitución concede a las Comunidades Autónomas «para el desarrollo y ejecución de sus competencias» (art. 156.1).Esta misma autonomía financiera y legislativa de la Comunidad Autónoma de Extremadura para desarrollar su competencia sobre la caza explica, igualmente, por qué tampoco quiebra el principio de igualdad el hecho de que el art. 18.9 de la Ley impugnada otorgue distintos porcentajes para la concesión de los permisos de caza en los Cotos Regionales, dando preferencia a los residentes locales y de la Comunidad Autónoma de Extremadura respecto a los solicitantes de otras Comunidades Autónomas.
\nSi, como afirman los Senadores recurrentes, los habitantes de la Comunidad Autónoma de Extremadura soportan una mayor carga fiscal para la práctica y explotación de las distintas actividades cinegéticas, no puede negarse al legislador autonómico la posibilidad de establecer un sistema de preferencias basado en la vecindad administrativa de los solicitantes, en punto a la concesión de las respectivas autorizaciones para practicar la caza en unos cotos, cuyo cuidado, conservación y mejora se financia, entre otros, con unos ingresos procedentes de un tributo que repercute exclusivamente sobre aquéllos que se dedican al aprovechamiento cinegético privado en el territorio de aquella Comunidad Autónoma.
\nPor otra parte, el citado art. 18.9 no impide el acceso a dichos cotos de los cazadores ajenos a la Comunidad Autónoma, sino que simplemente establece un sistema de reservas porcentuales o cuotas, a partir del criterio de la residencia y con el que se pretende garantizar el ejercicio de la caza a quienes se ven más directamente afectados por la constitución de tales acotados.
\n12.
\nPor último, aducen los recurrentes que el art. 47.3 de la Ley que ahora enjuiciamos vulnera los arts. 31.3 y 132.2 C.E., al violar el principio de reserva de ley en materia tributaria en cuanto que se permite al órgano ejecutivo de la Comunidad Autónoma actualizar periódicamente las cantidades de las tasas aplicables para la obtención de licencias de caza. Hay que añadir, sin embargo, que la Disposición adicional segunda de la ya mencionada Ley 3/1992, de la Comunidad Autónoma de Extremadura, modificó el precepto que ahora nos ocupa, exigiendo que las tarifas o gravámenes por las licencias vengan en todo caso determinadas por la Ley de Tasas de la Comunidad Autónoma de Extremadura. La supresión por el propio legislador del precepto legal impugnado, ha ocasionado una pérdida sobrevenida del objeto constitutivo de esta particular pretensión, que excluye un eventual pronunciamiento de este Tribunal sobre la misma, pues el enjuiciamiento de la constitucionalidad de las leyes a través del recurso de inconstitucionalidad no tiene un sentido histórico, sino que cumple una función de depuración normativa, por lo que carece de sentido pronunciarse sobre normas que el mismo legislador ha expulsado del ordenamiento (SSTC 160/1987 102/1995, entre otras muchas).
\nFallo En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA Ha decidido 1. Declarar que los arts. 6, 7.3, 19.2, 20.3 y 4, y 21.3 son constitucionales si se interpretan con el contenido y alcance que se especifican en el último párrafo del fundamento jurídico 4º.
\nPublíquese esta Sentencia en el \"Boletín Oficial del Estado\".
\nDada en Madrid, a veintidós de enero de mil novecientos noventa y ocho.
\nVotos particulares 1. Voto particular que formula el Magistrado don José Gabaldón López en el recurso de inconstitucionalidad núm. 746/91 Con el debido respeto para las decisiones del Pleno que como Ponente he plasmado en la Sentencia, debo sin embargo expresar mi personal criterio, discrepante en parte, aunque en lo esencial, del de la mayoría que en aquélla se recoge.
\nEstas competencias permiten sin duda a la Comunidad Atónoma no sólo regular la actividad venatoria imponiéndole límites, sino también adoptar medidas convenientes para la conservación de la fauna silvestre y los ecosistemas en que habita (STC 102/1995).
\nEllo supone, evidentemente, un intenso título de intervención en la materia que le permite establecer una regulación administrativa del derecho a cazar e incluso ciertas limitaciones de los derechos dominicales en vista de su función social. Sin embargo, la regulación legal establecida, que en su aspecto de mera actividad de policía de la caza se orienta directamente hacia su práctica imponiendo junto a las autorizaciones previas una serie de limitaciones, tiene también una incidencia directa en relación, no ya con la titularidad del derecho de caza y su ejercicio libre, sino con lo que el preámbulo de la propia ley llama la \"gestión del recurso de caza\", el sometimiento de \"toda actividad cinegética a la necesaria y previa elaboración de planes de ordenacion y aprovechamiento de las especies de caza\" y la necesaria incidencia con los derechos dominicales sobre las fincas donde las piezas están o pueden cazarse y el denominado por la propia ley \"aprovechamiento cinegético privado\" (art. 6).
\nEs decir, la Administración Regional asume todos los derechos establecidos en la Ley en relación con los terrenos cinegéticos (art. 6), administra los que residualmente sean de aprovechamiento cinegético común (art. 10.2), crea o declara espacios, zonas o reservas donde la caza está limitada, prohibida, reservada a autorizaciones especiales mediante planes, reglamenta específicamente su ejercicio (arts. 12 a 17) y otorga sólo mediante concesión el aprovechamiento cinegético privado (art. 6); declara, gestiona y administra los cotos regionales de caza (art. 18), otorga asimismo mediante concesión la constitución de Cotos Deportivos (art. 19) y también cotos privados de caza (art. 20). Es patente que no hay ningún aprovechamiento cinegético que no haya quedado atribuído a la Administración. Y que sólo mediante concesión podrá ejercitarse privadamente.
\nY aún para ello, en todo caso, sometiendo el ejercicio de la caza y también su aprovechamiento privado a un previo Plan General (arts. 4 y 7) y los Planes Especiales que, sometiéndose a unos estrictos requisitos legales, deben formular y someter a la Administración autónoma competente los propietarios o titulares de terrenos para obtener la concesión (art. 7). Parece evidente que la Ley formula un sistema trabado que no se limita a la aplicación de las generales potestades de intervención y sometimiento a previa licencia, sino que lleva a cabo una publificación de toda la riqueza cinegética en el territorio de la Comunidad Autonoma y también del derecho de todo propietario o titular al aprovechamiento cinegético posible en sus terrenos. No otra cosa resulta de las limitaciones y facultades mencionadas, de la expresa y clara asunción de todos los derechos establecidos en la Ley y del previo otorgamiento de concesión para quienes quieran llevar a cabo el aprovechamiento cinegético privado.
\nEs evidente que la Ley ha instaurado un régimen concesional en sentido técnico-jurídico tradicional, es decir, un régimen caracterizado por la publificación y asunción por parte de la Administración de la titularidad de un bien o un servicio, quedando su ejercicio subordinado a que el nuevo titular público lo conceda según las condiciones establecidas al efecto.
\nEl derecho a cazar queda en la Ley impugnada atribuído en exclusiva a la Administración, porque sólo podrán ejercitarlo quienes obtengan de ella la correspondiente concesión, de suerte que, aun después de concedido el derecho, su titularidad sigue estando en la Administración, a quien la Ley se lo ha atribuído sin reserva. De hecho, no existe ya, con la Ley impugnada, derecho alguno a cazar previo a la concesión en quienes ostentan la titularidad de terrenos con aprovechamiento cinegético.
\nHa tenido lugar, sin duda, una publicatio de los recursos cinegéticos, operada una demanialización de todo un recurso natural, el recurso cinegético, que afecta a toda una categoría de los bienes en que consiste el objeto de ese aprovechamiento, o sea la fauna silvestre. Para esta operación, sin duda posible constitucionalmente, la Comunidad Autónoma carece de competencia por tratarse, como afirmamos en la STC 227/1988, de una categoría completa de bienes formada por la naturaleza para lo cual el art. 132 C.E. exige ley del Estado. Y ello, \"tanto porque se debe entender incluída en el concepto material de legislacion civil (art. 149.1.8º C.E.) como porque atañe a las condiciones básicas o posiciones jurídicas fundamentales de todos los españoles en el ejercicio de los derechos constitucionales, respecto de los que el Estado debe garantizar la igualdad sustancial\" (Sentencia citada) En el segundo aspecto, a los propietarios de terrenos se les sustrae el aprovechamiento cinegético privado que en muchas fincas es la mayor o acaso la única riqueza aprovechable (y aprovechada), es decir, uno de los derechos que derivan de la propiedad del predio el cual les queda sustraído mediante un acto legislativo general y al margen de las garantías que ofrece el art. 33.3 de la Constitución. Lo cual se hace patente al observar que seguidamente se les ofrece la posibilidad de obtener el mismo aprovehcamiento mediante concesión administrativa (arts. 6, 19, 20).
\nY aún más, porque la publificación del derecho al aprovechamiento cinegético privado dirigido a la explotación industrial de la caza (art. 20 de la Ley) constituyéndose en empresa el titular de los terrenos, le priva directamente de la libertad de empresa en ese particular sector de la economía. Mas correspondiendo la regulacion de las condiciones básicas del ejercicio de ese derecho al Estado (arts. 38, 128 y 131 C.E.) por lo cual es incompatible en su garantía constitucional \"la genérica y absoluta exclusión legal de tal libertad empresarial en todo un determinado ámbito de la actividad económica, al no venir dada tal exclusión por lo dispuesto en el segundo inciso del art. 128.2 C.E. o en atención a la previa caracterización como ilícito del tráfico o actividad en cuestión\" [STC 84/1993, fundamento jurídico 1º b)].
\nAsí, \"todo arrendamiento, cesión o contratación de terrenos o de puestos o permisos de caza\" se somete a prescripciones singulares, algunas de las cuales tienen efecto anulatorio sobre la concesión (art. 29), lo cual se explica sólo en un régimen de esta naturaleza; pero otras introducen requisitos preceptivos de forma (escrita) o tiempo de duración (art. 26 y 27) que condicionan la voluntad de los otorgantes respecto de unos pactos arrendaticios privados afectando a la libertad de contratación e invadiendo en consecuencia la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación civil (art. 149.1.8º C.E.) Es cierto que la libertad de contratación puede ser limitada por el legislador en atención a la naturaleza de la empresa o de la actividad sectorial a la que aquélla se dedique (legislación mercantil), por razones de carácter laboral (normas antidiscriminatorias en materia de empleo, prohibiciones de contratar por razón de edad...) e, incluso, como consecuencia de la implantación de un régimen concesional de ejercicio vinculado a la previa publificación de un determinado sector de la economía. Pero esas limitaciones de origen legislativo a la libertad de contratación quedan constitucionalmente reservadas a la competencia exclusiva del Estado (art. 149.1.1ª en relación con el art. 38 C.E., así como los apartados 6 y 7 del propio art. 149.1 de la Constitución). Así, en la STC 88/1986, fundamento jurídico 5º, ya declaró este Tribunal, con apoyo expreso en pronunciamientos anteriores (SSTC 37/1981 y 71/1982) que «sólo a través de sus órganos centrales puede el Estado determinar cual es el ámbito propio de la actividad libre del empresario mercantil, y sólo la legislación emanada de esos órganos centrales puede regular la forma en que nacen y se extinguen los derechos y obligaciones a que el ejercicio de esa actividad puede dar lugar y el contenido necesario de éstas y aquéllas», añadiéndose que «la regulación de las condiciones generales de la contratación o de las modalidades contractuales corresponde al legislador estatal».
\nEl régimen fiscal de los terrenos cinegéticos instaura un impuesto sobre aprovechamientos cinegéticos que, por su general estructura y en particular por algunas de sus normas de aplicacion (arts. 39, 40 y 42) presenta gran analogía con un canon concesional.
\nEn la denominada \"vigilancia de la caza\" la Ley establece para los concesionarios de explotaciones cinegéticas la carga de establecer, obligatoriamente, a su costa, específicamente mediante contratos laborales y sin dar lugar a otros modos de prestación [art. 20.5 a)], un número de guardas determinado legalmente, con acreditacion administrativa tras superar pruebas de aptitud, sometidos a los efectos resolutorios y de sustitución de la retirada de la acreditación, con la obligación de vigilancia de la caza fuera incluso de la explotación cinegética a la que estuvieren adscritos y hasta el extremo de que sus obligaciones llegan a hacer observar la propia ley (no se excluye al concesionario) y a prestar servicios como auxiliares de los Agentes del Medio Ambiente (arts. 82 y 83).
\nPreceptos que, aparte el exceso competencial en cuanto atribuyen ciertas funciones de seguridad aunque sean excepcionales) a unos empleados laborales (art. 149.1.29 C.E.) instrumentan una obligación de contratación forzosa del personal mediante contratos laborales en lugar de dejar libertad para asumir esa carga mediante otro tipo de prestaciones ú otras formas contractuales (art. 149.1.6º, 7º y 8º). La obligación de contratación laboral forzosa, al impedir a los titulares de las explotaciones cinegéticas otras fórmulas posibles de contratación en detrimento de su libertad en este ámbito, invade la competencia exclusiva del Estado que sobre la legislación mercantil le reconoce el art. 149.1.6ª de la Constitución o sobre la civil del núm. 8º del mismo artículo.
\nAparte todo ello, se repite,estas prescripciones reflejan claramante la exigencia de cierto tipo de personal que suele imponerse a los concesionarios más que al titular de una empresa de explotacion, aunque sea cinegética.
\nPor último, la Disposición transitoria quinta, que dispone la caducidad de los contratos de arrendamiento que se encuentren vigentes a la entrada en vigor de la Ley, viene de hecho a establecer una causa de resolución de todos los contratos vigentes en aquel momento, lo cual tiene un efecto resolutorio general respecto de una variedad indeterminada de situaciones contractuales civiles entre particulares incluso sin previsión alguna en cuanto a las nuevas situaciones. Esa modificación contractual, con efectos respecto de derechos y obligaciones inter privatos constituye una intervención que sólo por Ley del Estado podría producirse. Y ello, al margen del efecto expropiatorio generalizado que la Ley puede tener respecto de los derechos originados en los contratos que resulten extinguidos. La norma, en consecuencia, y tanto por razones de competencia como materiales, resulta contraria a la Constitución (arts. 149.1.8º y 33.3 C.E.).
\nMadrid, a veintisiete de enero de mil novecientos noventa y ocho.
\nIdentificación Órgano Pleno Magistrados Don Álvaro Rodríguez Bereijo, don José Gabaldón López, don Fernando García-Mon y González-Regueral, don José Vicente Gimeno Sendra, don Rafael de Mendizábal Allende, don Julio D. González Campos, don Pedro Cruz Villalón, don Carles Viver Pi-Sunyer, don Enrique Ruiz Vadillo, don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera, don Tomás Salvador Vives Antón y don Pablo García Manzano.
\nNúmero y fecha BOE [Núm, 47 ] 24/02/1998 Corrección1 Tipo y número de registro Recurso de inconstitucionalidad 746-1991 Fecha de resolución 22/01/1998 Síntesis y resumen Síntesis Descriptiva Promovido por Senadores del Grupo Parlamentario Popular, contra determinados preceptos de la Ley 3/1990, de 21 de diciembre, de Caza de Extremadura.
\nSíntesis Analítica Voto particular.
\nPor su parte, el cazador adquiere la propiedad de las piezas de caza mediante ocupación (art. 53.1). El derecho a cazar se somete, pues, al régimen administrativo de la autorización y obtención de la oportuna licencia, mientras que en ningún lugar de la Ley se reserva a la Administración autonómica la propiedad de las especies de caza o de las piezas cazadas. No se aprecia, por lo tanto, a lo largo de todo el articulado de la Ley, ni un cambio en la titularidad del derecho de caza, ni en la forma de adquirir la propiedad de lo cazado. Menos aún, una demanialización de la fauna silvestre o una expropiación de los derechos dominicales de los propietarios de los terrenos cinegéticos [F.J. 3].
\nEs claro, pues, que el derecho a cazar ( sometido por el art. 3.1 de la Ley al régimen administrativo de la autorización) y el derecho a la propiedad de las piezas cazadas (que se adquieren por ocupación, según los arts. 610 del Código Civil y 53.1 de la Ley) no son derechos equiparables a la actividad consistente en dedicar terrenos al aprovechamiento cinegético privado y, en consecuencia, en modo alguno quedan sometidos al régimen administrativo de la concesión que dispone el art. 6 de la Ley. Tampoco se produce mediante esta norma afectación alguna de los terrenos al demanio público de la Comunidad Autónoma, ni se incorporan al mismo las especies objeto de caza, con vulneración de los arts. 33 y 132.1 de la Constitución [F.J. 3].
\nMas, con este razonamiento se confunden dos planos jurídicos distintos: por una parte, el de la validez y eficacia inter privatos de las relaciones jurídicas derivadas de aquellos contratos; por otra, el de los requisitos de obligado cumplimiento para la obtención de los pertinentes permisos y autorizaciones en relación con el ejercicio de la caza y su aprovechamiento. En efecto, no es dudosa una interpretación del mencionado art. 26 de la Ley de Caza de Extremadura limitada a la esfera de las relaciones entre Administración y administrados, de suerte que la exigencia de formalización escrita de los contratos y su visado por la Agencia tiene únicamente efectos en las relaciones con la Administracion autonómica, desplegando su eficacia jurídica única y exclusivamente en lo que atañe a la obtención de los correspondientes permisos y autorizaciones para la constitución de acotados o para la práctica de la caza.
\nEsta interpretación del citado art. 26 de la Ley, acorde con la competencia exclusiva que en materia de caza ostenta la Comunidad Autónoma de Extremadura, en modo alguno contraviene lo dispuesto en el art. 149.1.8.ª de la Constitución, ni supone una invasión de la competencia del Estado en materia de legislación civil [F.J. 6].
\nEs manifiesto, pues, que carecen de toda función relacionada con el mantenimiento de la seguridad pública y que, además, al no ostentar la condición de agentes de la autoridad, sólo podrán actuar en el cumplimiento de sus funciones de vigilancia como meros denunciantes o colaboradores, impidiendo, en su caso, la práctica de la caza dentro del Coto para el que trabajen a aquellas personas que no reúnan los requisitos establecidos por la Ley. Por lo tanto, y pese a que la denominación de estos empleados especializados en tareas de vigilancia pudiera suscitar algún equívoco, es lo cierto, a la vista de su régimen legal, que carecen de toda atribución en materia de seguridad pública, por lo que no puede apreciarse invasión alguna de la competencia reconocida al Estado por el art. 149.1.29.ª C.E. [F.J. 9].
\nEn general, f. 2 Ley Orgánica 1/1983, de 25 de febrero. Estatuto de Autonomía de Extremadura En general, f. 2 Artículo 7.1.8, f. 2, VP Artículo 8.9, f. 2 Artículo 9.2, f. 2 Ley Orgánica 4/1983, de 25 de febrero. Estatuto de Autonomía de Castilla y León En general, f. 2 Ley 39/1988, de 28 de diciembre. Haciendas locales En general, f. 11 Disposición adicional quinta, apartado 6, f. 11 Comunidad Autónoma de Extremadura. Ley 2/1989, de 30 de mayo de 1989, de tasas y precios públicos En general, f. 12 Ley de la Asamblea de Extremadura 8/1990, de 21 de diciembre. Caza En general, ff. 1, 2, 11, VP Título II, f. 7 Exposición de motivos, VP Artículo 1, VP Artículo 3.1, ff. 3, 4 Artículo 4, ff. 4, 6, VP Artículo 6, ff. 2 a 4, VP Artículo 7, f. 4, VP Artículo 7.1, f. 8 Artículo 7.3, f. 4 Artículo 9, f. 4 Artículo 9.1, f. 4 Artículo 10, ff. 3, 4 Artículo 10.2, f. 4, VP Artículo 12, f. 4 Artículos 12 a 17, VP Artículos 12 a 25, f. 8 Artículo 13, f. 4 Artículo 14, ff. 1, 4, 8 Artículo 15, f. 4 Artículo 16, f. 4 Artículo 17, ff. 1, 4, 8 Artículo 18, ff. 3, 4, VP Artículo 18.7, f. 4 Artículo 18.9, f. 11 Artículo 19, f. 4, VP Artículo 19.2, f. 4 Artículo 19.7, f. 11 Artículo 20, f. 4, VP Artículo 20.3, f. 4 Artículo 20.4, f. 4 Artículo 20.5 a), f. 9, VP Artículo 20.9, f. 11 Artículo 21.3, f. 4 Artículo 25, f. 4 Artículo 26, ff. 1, 6, VP Artículo 27, ff. 1, 6, VP Artículo 29, ff. 1, 6, VP Artículo 29 a), f. 6 Artículo 29 b), f. 6 Artículo 29 c), f. 6 Artículo 31.1, f. 11 Artículos 31 a 38, f. 11 Artículo 37.2, f. 11 Artículo 39, VP Artículo 39.2 (redactado por la Ley 3/1992, de 9 de julio), f. 11 Artículo 40, VP Artículo 42, VP Artículo 47.3, f. 12 Artículo 51.1, f. 3 Artículo 53.1, f. 3 Artículo 77, f. 9 Artículo 82, f. 9, VP Artículo 83, f. 9, VP Artículo 83.1, f. 9 Artículo 83.4, f. 9 Artículo 88.1, f. 10 Artículo 89, ff. 1, 10 Artículo 89.4, f. 10 Artículo 89.5, f. 10 Artículo 89.6, f. 10 Artículo 89.7, f. 10 Artículo 89.10, f. 10 Artículo 89.11, f. 10 Artículo 89.14, f. 10 Artículo 89.17, f. 10 Artículo 89.18, f. 10 Artículo 89.24, f. 10 Artículo 89.25, f. 10 Disposición transitoria primera, f. 11 Disposición transitoria tercera, f. 7 Disposición transitoria quinta, ff. 1, 6, 7, VP Ley 6/1991, de 11 de marzo. Modifica parcialmente el impuesto sobre actividades económicas y se dispone el comienzo de su aplicación el 1 de enero de 1992 En general, f. 11 Ley 18/1991, de 6 de junio, del impuesto sobre la renta de las personas físicas Disposición adicional decimonovena, apartado 6, f. 11 Comunidad Autónoma de Extremadura. Ley 3/1992, de 9 de julio, de modificación de la Ley 2/1989, de 30 de mayo, de tasas y precios públicos
\nArtículo 4, f. 11 Disposición adicional segunda, f. 12 Ley Orgánica 8/1994, de 24 de marzo. Reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura En general, f. 2, VP Conceptos constitucionales Conceptos materiales Identificadores Visualización Bloque de constitucionalidadBloque de constitucionalidad, f. 2 Canon de constitucionalidad de la leyCanon de constitucionalidad de la ley, f. 2 Competencias en materia de cazaCompetencias en materia de caza, ff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Competencias en materia de legislación civilCompetencias en materia de legislación civil, ff. 6, 7, VP Competencias en materia de regulación de condiciones básicas de igualdadCompetencias en materia de regulación de condiciones básicas de igualdad, ff. 5, 11 Concesiones administrativasConcesiones administrativas, f. 2, VP Ius superveniensIus superveniens, f. 2 Orden constitucional de competenciasOrden constitucional de competencias, ff. 6, 7, VP Potestad legislativa de las Comunidades AutónomasPotestad legislativa de las Comunidades Autónomas, ff. 5, 11 Régimen fiscalRégimen fiscal, f. 11 Reglamentación especial no sancionadoraReglamentación especial no sancionadora, f. 8 Sanciones administrativas con cobertura legalSanciones administrativas con cobertura legal, f. 10 Seguridad públicaSeguridad pública, ff. 9, 10 TributosTributos, f. 11, VP Voto particular, formulado unoVoto particular, formulado uno Aprovechamientos cinegéticosAprovechamientos cinegéticos, f. 2, VP CazaCaza, Régimen jurídico, ff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, VP CazaCaza, ff. 2, 11, VP Contratos de cazaContratos de caza, f. 6 Demanialización del derecho de cazaDemanialización del derecho de caza, f. 2 Derecho de cazaDerecho de caza, f. 4 Derecho de propiedadDerecho de propiedad, f. 2 Derechos dominicalesDerechos dominicales, f. 3 Guardas de cazaGuardas de caza, ff. 9, 10 Legislación civilLegislación civil, ff. 6, 7, VP Remisión a la potestad reglamentariaRemisión a la potestad reglamentaria, f. 8 Reserva de leyReserva de ley, f. 11 Sanciones en materia de cazaSanciones en materia de caza, f. 10 ExtremaduraExtremadura, ff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Arriba Ayúdenos a mejorarUtilice este formulario para notificar al Tribunal Constitucional una posible errata encontrada en el texto de la resolución.
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