En efecto, la primera razón fue que, aun cuando la doctrina científica apunta la existencia de criterios definidores de la empresa pública distintos del basado en la participación mayoritaria pública en la capital social, era, sin embargo, este criterio el incorporado por el Derecho vigente (entre otros por el art. 6.1.a de la Ley general presupuestaria -texto refundido por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre) como definidor de empresa pública, de suerte que, cuando, como en el caso de Endesa, el porcentaje de participación no sólo era minoritario, sino que en la fecha de presentación de la iniciativa inadmitida se situaba por debajo de 5 por 100, no resultaba arbitrario calificar dicha sociedad como privada; ahora bien, como queda dicho, ello no justifica excluir la comparecencia del Presidente de Endesa con relación a hechos sucedidos cuando la empresa era indiscutidamente pública, sin perjuicio de lo que hemos afirmado al respecto.La segunda razón fue que el Acuerdo de la Mesa no suponía extralimitación de las facultades de calificación de la misma, toda vez que se fundaba en un precepto reglamentario, el núm. 4 del art. 44 del Reglamento, conforme al cual las comisiones pueden recabar la comparecencia de \"otras personas\" (particulares) competentes en la materia, a efectos de informar y asesorar a la comisión, precepto que es interpretado conforme a una práctica parlamentaria reiterada en el entendimiento de que su finalidad es la de proporcionar información y asesoramiento en relación con procedimientos parlamentarios en curso.Ahora bien, esto no contradice la obligatoriedad de la comparecencia en virtud del art. 44.3 RCD, pues ha de recordarse que, en efecto, los parlamentarios recurrentes no hicieron constar en un primer momento el precepto del Reglamento en virtud del cual pretendían la comparecencia del Presidente de Endesa -al efectuarse dicha solicitud por medio de un formulario preestablecido por el propio Congreso de los Diputados- y que en el escrito de reconsideración que el Grupo Parlamentario recurrente presenta tras el primer Acuerdo de inadmisión se invoca el art. 44.3, \"entre otros\", del RCD, para fundamentar el derecho de recabar de las Administraciones públicas los datos, informes o documentos que obren en poder de éstas.Y la tercera razón consistió en que los derechos de información del grupo parlamentario recurrente y de los Diputados que lo integraban no podían considerarse lesionados, al no excluirse que respecto al asunto sobre el que versa la solicitud de comparecencia inadmitida pudiera comparecer el titular del Departamento competente; ahora bien, obviamente, semejante interpretación vaciaría de contenido al art. 44.3 RCD, que establece una potestad mucho más amplia, la de recabar \"la presencia de autoridades y funcionarios públicos competentes por razón de la materia objeto del debate, a fin de informar a la Comisión\", que encuentra su fundamento en el art. 109 CE y se integra en el ius in officium de los parlamentarios y que la Mesa no puede desconocer.Por todo lo cual ha de concluirse que los Acuerdos de la Mesa de 8 de septiembre y 6 de octubre de 1998, que inadmitieron la solicitud de comparecencia del Presidente de Endesa, recurridos en amparo, vulneraron el art. 44.3 RCD y, en consecuencia, el ius in officium de los parlamentarios recurrentes; lesionaron, en definitiva, el derecho al desempeño de las funciones y cargos públicos de conformidad con lo dispuesto por las leyes, garantizado por el art. 23.2 CE.
\n11.
\nLa anterior conclusión conduce necesariamente al otorgamiento del amparo, si bien es preciso, como en el caso del anterior recurso acumulado, precisar el alcance de nuestro fallo. Al dictarse éste nos encontramos, en efecto, con que las solicitudes de comparecencia tuvieron lugar en una legislatura ya finalizada, al haberse disuelto las Cortes Generales y convocado elecciones generales para el 12 de marzo de 2000. Por ello, al igual que hemos hecho y explicado en las STC 107/2001, de 23 de abril, FJ 10, y 203/2001, de 15 de octubre, FJ 6, respecto a supuestos similares, no cabe adoptar en el fallo de nuestra Sentencia una medida destinada al pleno restablecimiento del derecho vulnerado por la Mesa del Congreso de los Diputados, de suerte que la pretensión del grupo parlamentario demandante de amparo ha de quedar satisfecha mediante la declaración de la lesión de su derecho ex art. 23.2 CE y la nulidad de los Acuerdos que impidieron su ejercicio.
\nFallo En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA, Ha decidido Otorgar el amparo solicitado en los recursos de amparo acumulados núms. 4507/97 y 5452/98, promovidos, respectivamente, por don Juan Manuel Eguiagaray Ucelay y don José Borrell y Fontelles, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, y en consecuencia:
\n1º Declarar que se ha vulnerado el derecho de los parlamentarios integrantes del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados a ejercer sus cargos públicos en los términos que dimanan del art. 23.2 CE.
\n2º Restablecerles en su derecho y, a tal fin, anular los Acuerdos de la Mesa del Congreso de los Diputados de 3 de septiembre y 14 de octubre de 1997, por los que se inadmitió a trámite la solicitud de comparecencia ante la Comisión de Infraestructuras del Presidente de Telefónica de España, S.A., formulada por dicho grupo parlamentario, y los Acuerdos de la Mesa del Congreso de los Diputados de 8 de septiembre y 6 de octubre de 1998, por los que se inadmitió a trámite la solicitud de comparecencia ante la Comisión de Industria Energía y Turismo del Presidente de la Empresa Nacional de Electricidad, S.A. (Endesa), formulada por dicho grupo parlamentario.
\nPublíquese esta Sentencia en el \"Boletín Oficial del Estado\".
\nDada en Madrid, a catorce de octubre de dos mil dos.
\nIdentificación Órgano Sala Primera Magistrados Don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera, don Pablo García Manzano, doña María Emilia Casas Baamonde, don Javier Delgado Barrio y don Roberto García-Calvo y Montiel.
\nNúmero y fecha BOE [Núm, 271 ] 12/11/2002 Tipo y número de registro Recursos de amparo 4507-1997, 5422-1998 (acumulados) Fecha de resolución 14/10/2002 Síntesis y resumen Síntesis Descriptiva Promovidos por el grupo parlamentario socialista respecto de los acuerdos de la Mesa del Congreso de los Diputados que inadmitieron a trámite la solicitud de comparecencia de los Presidentes de Telefónica de España, S.A., y de la Empresa Nacional de Electricidad, S.A.
\nSíntesis Analítica Vulneración del derecho al ejercicio del cargo parlamentario: comparecencia en el Parlamento de directivos de empresas privatizadas, para informar en un procedimiento parlamentario en curso o respecto de actuaciones cuando la empresa era pública.
\nCarga de la pruebaCarga de la prueba, f. 8 Personación en proceso contencioso-administrativoPersonación en proceso contencioso-administrativo, ff. 1, 4, 5 Arriba Ayúdenos a mejorarUtilice este formulario para notificar al Tribunal Constitucional una posible errata encontrada en el texto de la resolución.
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