Ley 5/2017, de 19 de octubre, de fomento de la implantación de iniciativas empresariales en Galicia

200 ok EXPOSICIÓN DE MOTIVOS I La Comunidad Autónoma de Galicia tiene atribuida en el artículo 30 de su Estatuto de autonomía la competencia exclusiva sobre el fomento y la planificación de la actividad económica en Galicia. En ejercicio de esta competencia, constituye una importante preocupación del legislador y de la Administración autonómica el fomento de la implantación en el territorio de la Comunidad Autónoma de iniciativas empresariales, sin las cuales no es posible el desarrollo económico ni el crecimiento de la ocupación y el empleo de calidad. En esta línea, el Parlamento de Galicia aprobó la Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia, con la finalidad de fomentar el emprendimiento y apoyar a las personas emprendedoras como agentes dinamizadores de la economía.

Ahora es necesario dar un paso más y ocuparse de que las iniciativas empresariales del sector industrial, de servicios relacionados con el anterior y del comercial al por mayor dispongan, en primer lugar, del suelo que precisan para su implantación en condiciones ventajosas; en segundo lugar, de un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, tal como exigen los principios de la buena regulación; y, en tercer lugar, de incentivos que fomenten su radicación en Galicia.

Fundamentada en estas bases, la presente ley cumple los requisitos de la buena regulación que establece la legislación del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:

La presente ley consta de cuarenta y un artículos, estructurados en cuatro títulos:

La ley se completa con dos disposiciones adicionales, cinco transitorias, dos derogatorias y dieciséis finales. Estas últimas, además de contener las previsiones de carácter técnico sobre el desarrollo reglamentario y la entrada en vigor de la ley, conectan con el contenido del título II, al acometer la modificación de la normativa sectorial de Galicia de aplicación a la implantación y desarrollo de las iniciativas empresariales en sectores tan relevantes como el aprovechamiento de la energía eólica, la actividad minera o los aprovechamientos madereros, a fin de lograr la simplificación de la misma.

II El título I de la ley desarrolla los principios contemplados en los apartados c) y d) del artículo 3, relativos a la racionalización de la oferta de suelo empresarial y a la facilidad para el acceso al mismo de las iniciativas empresariales que lo demanden, así como a la calidad de las infraestructuras, equipamientos, dotaciones y servicios de las áreas empresariales y a la responsabilidad pública y privada, según corresponda, en el mantenimiento y conservación de las mismas.

El capítulo I introduce una serie de disposiciones orientadas a facilitar un desarrollo más ágil del suelo empresarial. Entre las novedades que se incorporan destaca, como medida de simplificación y agilización procedimental que va a incidir positivamente en la implantación de iniciativas empresariales, la reducción de los plazos de tramitación de los proyectos sectoriales incluidos en el Plan sectorial de áreas empresariales de Galicia y en sus modificaciones, en aquellos supuestos en que concurran razones de urgencia apreciadas por el Consello de la Xunta de Galicia.

Además, y con ánimo de ajustar la ejecución de suelo empresarial a la demanda real existente, se permite el desarrollo parcial de áreas empresariales incluidas en el Plan sectorial de áreas empresariales de Galicia y la ejecución y utilización por fases de los proyectos sectoriales de iniciativa pública, cuando no se contemple la división del ámbito en polígonos y el sistema de actuación sea el de expropiación. Ello hará posible adecuar las inversiones públicas a las necesidades reales existentes en cada momento, sin tener que consumir recursos en desarrollos que están planificados para cubrir necesidades a largo plazo, pero que pueden resultar desproporcionados para la demanda existente en el momento actual. Se regula también la aprobación de los proyectos de urbanización que se ejecuten en desarrollo de los proyectos sectoriales.

Especial mención merece la creación del Censo de suelo empresarial de Galicia, en el cual habrán de inscribirse todas las áreas empresariales promovidas que tengan parcelas disponibles para su comercialización, así como las áreas previstas para su inmediato desarrollo. De este modo se facilita el conocimiento del suelo realmente disponible y el grado de ocupación de las áreas empresariales existentes, configurándose así el Censo como un instrumento de evaluación, planificación y actualización de las necesidades de suelo empresarial de Galicia.

Por último, se establece la posibilidad de firmar convenios entre las entidades integrantes del sector público autonómico con competencias en esta materia y los ayuntamientos, para que estos puedan desarrollar áreas empresariales en el supuesto de que no dispongan de los medios necesarios, aprovechándose el conocimiento técnico y la experiencia de dichas entidades en la promoción y gestión del suelo empresarial.

El capítulo II incluye medidas orientadas a facilitar el acceso al suelo empresarial, como son la aprobación de programas de incentivos, incluyendo la posibilidad de bonificaciones en los precios, adjudicación en derecho de superficie con opción de compra o derechos de adquisición preferente a favor de las personas titulares de las parcelas colindantes que permitan la consolidación de una implantación empresarial ya existente; las adjudicaciones directas para los denominados proyectos empresariales singulares; la flexibilización de los requisitos para la declaración de proyectos industriales estratégicos; y el pago aplazado del precio del suelo sin repercusión de intereses durante los primeros cuatro años, a contar desde la fecha de formalización de la venta, con un periodo de carencia de un año. Esta última posibilidad, junto con la previsión de proyectos de actuación conjunta entre los organismos dependientes de las consejerías de Infraestructuras y Vivienda y de Economía, Empleo e Industria, permitirán que iniciativas empresariales puedan acceder al suelo de titularidad autonómica sin tener que hacer frente al pago íntegro del precio de las parcelas, lo que reduce el esfuerzo económico para su implantación.

En el capítulo III, dando respuesta a las demandas del sector, se disciplina la gestión de las áreas empresariales, con tres previsiones: se clarifican, conforme a lo establecido por la legislación urbanística, las diversas posibilidades de atribución de la responsabilidad sobre el mantenimiento y conservación de la urbanización en estas áreas; se otorga cobertura jurídica a las funciones que vienen desempeñando las entidades asociativas de gestión en la prestación de servicios en aquellas; y se establece un marco legal para la cooperación entre las administraciones públicas y estas entidades en la mejora de las infraestructuras, equipamientos, dotaciones y servicios de las áreas empresariales.

Para finalizar, el capítulo IV establece el régimen sancionador en caso de incumplimiento por parte de las personas promotoras de la obligación de inscripción en el Censo de suelo empresarial de Galicia de las áreas empresariales que tengan parcelas disponibles para su comercialización, así como de las áreas empresariales para su inmediato desarrollo.

III En cuanto a la tramitación ambiental, el artículo 14 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, establece que las comunidades autónomas dispondrán lo necesario para incluir las actuaciones en materia de evaluación de impacto ambiental, cuando así sea exigible, en el procedimiento de otorgamiento y modificación de la autorización ambiental integrada.

El Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por Real decreto 815/2013, de 18 de octubre, estableció un procedimiento de coordinación para la tramitación ambiental de aquellas instalaciones que precisan una autorización sustantiva de la Administración general del Estado y al mismo tiempo necesitan disponer de autorización ambiental integrada para su funcionamiento. Sin embargo, este procedimiento resulta difícilmente de aplicación a aquellos proyectos tramitados íntegramente en las comunidades autónomas, debido al reparto de competencias establecido entre los distintos órganos administrativos.

Con el título II de la presente ley se pretende solucionar este vacío, con el objetivo de clarificar y simplificar en la medida de lo posible la tramitación de ambas figuras de prevención ambiental, tan vinculadas entre sí. Para todas aquellas cuestiones no reguladas expresamente, serán de aplicación las disposiciones establecidas en la normativa en materia de evaluación ambiental y de prevención y control integrados de la contaminación.

En la misma línea de simplificación y fomento de la implantación de la actividad industrial, es preciso coordinar el otorgamiento de la autorización ambiental integrada con los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y otros medios de intervención administrativa de competencia autonómica.

El procedimiento coordinado que se establece se aplicará a las instalaciones que requieran los medios de intervención administrativa de la Administración autonómica enunciados en el artículo 3.3 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por Real decreto legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, y además requieran una evaluación de impacto ambiental de conformidad con lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

En concreto, este procedimiento será de aplicación a la autorización de industrias o instalaciones industriales que estén legal o reglamentariamente sometidas a autorización administrativa previa, de conformidad con la Ley 21/1992, de 16 de julio, de industria. Tendrán esta consideración las autorizaciones establecidas en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, y en el capítulo IV de la Ley orgánica 4/2015, de 30 de marzo, sobre protección de la seguridad ciudadana, en lo referente a las instalaciones químicas para la fabricación de explosivos.

Además, es preciso abordar la regulación de determinadas cuestiones relativas a las funciones de la Administración hidráulica de Galicia en la tramitación y seguimiento de las autorizaciones ambientales integradas, como son el plazo de emisión de los informes y las competencias en materia de vigilancia, inspección y sanción en materia de vertidos, puesto que la normativa básica estatal únicamente las tiene reguladas para los organismos de cuenca del Estado.

Por su parte, la disposición adicional segunda de la ley contempla, dentro del sistema promovido por la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia para la gestión institucional de los residuos domésticos, encomendado a la Sociedad Gallega de Medio Ambiente, S.A., la puesta en marcha de una planta de producción de compost a partir de la fracción orgánica de los residuos urbanos, con la finalidad de incrementar los porcentajes de recuperación de materiales, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 10/2008, de 3 de noviembre, de residuos de Galicia.

Por último, para lograr el objetivo de agilización administrativa en lo que respecta a la colaboración técnica y financiera de la Administración hidráulica de Galicia, y en la misma línea de las medidas anteriores, procurando la máxima racionalización y coordinación en favor del fomento y la planificación de la actividad económica, se reduce el plazo de información pública previsto en el artículo 29.3 de la Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de Galicia, y en el artículo 9.1 del Decreto 59/2013, de 14 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de Galicia, en materia de ejecución y explotación de infraestructuras hidráulicas, que pasa de treinta días hábiles a veinte días hábiles.

Con la misma vocación, se deroga el Decreto 162/2010, de 16 de septiembre, por el que se regulan las entidades colaboradoras de la Administración hidráulica de Galicia en materia de control de vertidos y calidad de las aguas, ya que suponía una duplicidad con respecto a la normativa estatal, en vulneración de la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, al imponer al administrado la repetición de los mismos trámites, cuando la acreditación estatal es válida en la Comunidad Autónoma.

IV El título III de la ley introduce en la Comunidad Autónoma de Galicia un régimen propio de incentivos a la inversión. El objetivo del mismo es favorecer la realización en Galicia de proyectos de inversión, de cuantía significativa, que supongan la creación de nuevos proyectos empresariales, así como la ampliación o modernización de las actividades económicas ya desarrolladas en nuestra comunidad.

En la medida en que la capacidad normativa de la Comunidad Autónoma es muy limitada para articular dichos incentivos mediante exenciones, bonificaciones o deducciones en el marco regulador de las principales figuras tributarias, el régimen se llevará a efecto mediante la concesión a las personas promotoras de las nuevas inversiones de una subvención cuya fase de pago se materializará a medida que se afronte el abono por el sujeto beneficiario de figuras impositivas autonómicas.

Dicho régimen se complementará con el establecimiento, a través de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma, de mecanismos de mejora de la financiación de los ayuntamientos gallegos que incorporen en sus figuras tributarias medidas para facilitar la implantación de iniciativas empresariales.

V En lo que se refiere a las modificaciones de la normativa sectorial que se incluyen en las disposiciones finales de la ley, es preciso destacar, en primer lugar, las que afectan al aprovechamiento de la energía eólica, a fin de alcanzar el objetivo de la agilización administrativa y, en la misma línea de las medidas anteriores, para lograr la máxima racionalización y coordinación en favor del fomento y la planificación de la actividad económica.

La Comunidad Autónoma de Galicia tiene regulado el aprovechamiento de la energía eólica en la Ley 8/2009, de 22 de diciembre, por la que se regula el aprovechamiento eólico en Galicia y se crean el canon eólico y el Fondo de Compensación Ambiental. En la misma, entre otros aspectos, se contemplaba el trámite de selección de anteproyectos, enmarcado en un contexto normativo previo a la aprobación de la legislación actual del sector eléctrico, con la que el proceso de liberalización del sector de generación eléctrica culmina. Ello hace necesaria la actualización de la legislación específica del sector eólico en el ámbito autonómico.

Dicha liberalización se enmarca dentro de una planificación territorial definida, recogida en el vigente Plan sectorial eólico de Galicia. Con esta modificación normativa se pretende el desarrollo del sector de una manera continuada en el tiempo y que garantice la sostenibilidad ambiental, protegiéndose el medio natural con un escrupuloso respeto a la Red Natura 2000.

Además, el procedimiento de autorización establecido en la Ley 8/2009, de 22 de diciembre, no contemplaba determinados aspectos normativos que han sido introducidos con posterioridad por la legislación estatal, por lo cual resulta precisa su adaptación al nuevo régimen jurídico.

Entre las novedades respecto a la regulación actual, y a fin de simplificar los procedimientos para la obtención de la autorización de instalaciones de energía eléctrica, se aborda ahora la tramitación conjunta y coordinada del procedimiento de la autorización administrativa previa, de la autorización de construcción y del proyecto sectorial, estableciéndose la necesidad de presentar, junto con la solicitud de la autorización, el proyecto sectorial, lo cual permitirá una reducción considerable de los plazos, al simultanearse fases procedimentales como la información pública o la solicitud del informe único a los diferentes organismos sectoriales, que habrán de pronunciarse a todos los efectos en un mismo momento.

Otra de las medidas que se incorporan para simplificar la tramitación actual, siempre en el campo de la transparencia y sin merma de la seguridad jurídica, es la previsión de modificaciones no sustanciales de parques eólicos. Así, ante la complejidad derivada de los diferentes procedimientos que confluyen en esta materia y la ausencia de una regulación específica sobre el particular en la normativa vigente en materia de ordenación del territorio, se contemplan expresamente los supuestos y requisitos que deben concurrir para que proceda el reconocimiento de una modificación del proyecto como no sustancial, así como el procedimiento específico y simplificado que ha de seguirse en estos casos, sin que ello suponga reducción de las garantías ni vulneración de los principios que deben presidir el procedimiento, ni mucho menos de la seguridad jurídica.

Para desarrollar los procedimientos de forma electrónica, se crea el Registro Eólico de Galicia, que servirá de plataforma para integrar los parques eólicos en funcionamiento y aquellos que estén pendientes de ejecutar, a fin de dar transparencia y seguridad a la liberalización ordenada del sector.

La modificación normativa que se introduce pretende también favorecer la ejecución de proyectos viables por empresas promotoras que realmente los ejecuten, eliminando las barreras administrativas en la transmisión de titularidades y derechos eólicos. Se respetan, en todo caso, los compromisos adquiridos por las empresas promotoras con la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia en el concurso eólico del año 2010.

En la línea marcada por el régimen retributivo actual, con exigentes plazos de ejecución destinados a fomentar la producción a partir de fuentes de energías renovables, vinculados al cumplimiento de los objetivos vinculantes establecidos en la Directiva 2009/28/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, y con el objetivo de que se desarrollen en la Comunidad Autónoma de Galicia estos proyectos, se crea la declaración de proyectos de especial interés, que tendrá como efectos, principalmente, la reducción de plazos y el despacho prioritario en las tramitaciones administrativas. Se busca así facilitar el cumplimiento de los plazos de ejecución de estos proyectos y contribuir a alcanzar los objetivos de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables marcados por la Unión Europea.

Finalmente, otra de las medidas tendentes a la agilización de trámites es la declaración de la incidencia supramunicipal que se incluye ex lege en la disposición adicional tercera que se añade a la Ley 8/2009, de 22 de diciembre, en relación con las infraestructuras de evacuación de las instalaciones de generación eólica desarrolladas en el marco del Plan sectorial eólico de Galicia.

VI Otra normativa sectorial que es objeto de profunda revisión es la relativa a la actividad minera, regulada en la Ley 3/2008, de 23 de mayo, de ordenación de la minería de Galicia.

La minería es el conjunto de actividades destinadas a valorizar un recurso natural de dominio público. Su implantación requiere la ocupación temporal del suelo, generando instalaciones e infraestructuras, en ocasiones, de carácter permanente. Para el desarrollo de esta actividad, además de las correspondientes autorizaciones, concesiones o permisos de la autoridad minera, es necesaria la autorización de las demás administraciones que puedan verse afectadas en su ámbito competencial. Todo ello ocasiona dilatados periodos de tramitación tanto para la implantación como para el cese de las actividades mineras, lo cual dificulta y, a veces, incluso impide el normal desarrollo del sector y su integración ambiental, social y territorial.

El objeto de estas modificaciones es la agilización de las tramitaciones tanto para la implantación de las actividades mineras como para su cese y desafección del suelo ocupado. Al mismo tiempo, se adapta la Ley 3/2008, de 23 de mayo, de ordenación de la minería de Galicia, a la legislación posterior en materia ambiental y minera y se garantiza la compatibilización de la actividad con la protección del dominio público y el desarrollo de otras actividades.

Se establece un procedimiento integrado que incorpora las distintas autorizaciones sectoriales necesarias para la implantación de las actividades extractivas. Para ello, se incluye en la solicitud de los derechos mineros la documentación requerida por dichas autorizaciones, estableciéndose las consultas a los ayuntamientos y organismos competentes en relación con los intereses públicos que puedan verse afectados, y se incorporan las correspondientes autorizaciones sectoriales a la resolución de otorgamiento del derecho minero.

A los efectos de garantizar la adecuada participación pública en el otorgamiento de derechos mineros, se abre un único periodo de información posterior a los informes de los organismos competentes. De este modo, además, se evita la inquietud injustificada de las personas interesadas producida por la publicación de proyectos que no tengan acreditada la compatibilización del proyecto minero con otras utilidades públicas y usos del suelo a través de los informes sectoriales.

En esta misma línea de integración de las tramitaciones necesarias para el desarrollo de las actividades mineras, una de las principales novedades es la regulación en detalle del procedimiento de expropiación forzosa en la tramitación del derecho minero que así lo requiera, siempre que se solicite por la persona interesada, reforzándose las garantías de las terceras personas que puedan verse afectadas. Así, los derechos mineros que conlleva la declaración de utilidad pública, en virtud de la legislación básica, podrán incorporar a su tramitación la declaración de la necesidad de ocupación de los bienes o derechos que sean indispensables para el inicio del proyecto, garantizándose la información a las terceras personas interesadas, para el ejercicio de sus derechos, a través del procedimiento de información pública anteriormente señalado.

Al objeto de compatibilizar ambientalmente las actividades extractivas, se posibilita la solicitud del documento de alcance del estudio de impacto ambiental a través del órgano minero. Se contempla igualmente la reiteración de la solicitud de los informes sectoriales, para contar con un mecanismo que haga posible garantizar su emisión y la continuidad del procedimiento, lo cual evitará dilaciones que aumenten los periodos de tramitación de los derechos mineros y permitirá la adaptación a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

El nuevo procedimiento integra los principios de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno de Galicia, y de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, con la determinación por parte de la persona solicitante de los datos que gocen de secreto profesional y de propiedad intelectual e industrial, así como los que estén sujetos a la protección de los datos de carácter personal y confidencialidad, de forma que se garantice un acceso más ágil a la información pública sin menoscabo de las limitaciones establecidas legalmente.

A fin de garantizar la rehabilitación de los espacios afectados por la actividad minera, se modifica la constitución de garantías financieras o equivalentes, asegurándose la existencia de fondos fácilmente ejecutables en cualquier momento por parte de la Administración. Se consigue también así la adaptación a la Directiva 2006/21/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre gestión de los residuos de industrias extractivas y por la que se modifica la Directiva 2004/35/CE, y al Real decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras, por el que se incorporó dicha directiva al ordenamiento jurídico español.

Finalmente, se simplifica la convocatoria de concursos mineros, al efecto de agilizar la liberación de los terrenos afectados por derechos mineros caducados y la desafección de los mismos del dominio minero, garantizándose así las mejores condiciones en el impacto que pueda generarse. Con esta finalidad, se establece que con la caducidad del derecho se convoca el concurso, con un mes de plazo para la presentación de propuestas, y que puede declararse desierto, lo cual conlleva la liberación definitiva de los terrenos afectados desde el punto de vista minero.

VII Igualmente destacables son las modificaciones del régimen administrativo de los aprovechamientos madereros.

La vigente Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes, plasmó a través de distintos artículos la intención del legislador de agilizar los trámites burocráticos que la normativa vigente, no solo la autonómica sino también la estatal, imponía a las personas propietarias o empresas forestales cuando querían realizar aprovechamientos forestales madereros o leñosos. Esta situación provocaba una importante lentitud y el encarecimiento de la tramitación de las solicitudes de autorización de cortas.

Ahora es preciso homogeneizar estas previsiones con las normas posteriores a la Ley 7/2012, de 28 de junio, para conseguir que, sin menoscabo de los intereses públicos que se pretenden proteger, se logre una simplificación administrativa que haga menos complicada la actividad del sector forestal, de gran importancia en esta comunidad a autónoma.

Cabe destacar, además, la adaptación de la Ley autonómica de montes a los preceptos básicos de la ley estatal. Con la misma, sin perjuicio del régimen de autorizaciones necesario para determinados supuestos, se consolida también la declaración responsable como régimen de intervención administrativa principal, sin que ello suponga una disminución de la preservación de los valores culturales, naturales y paisajísticos de Galicia, consiguiéndose, en definitiva, la optimización de recursos humanos y la simplificación y normalización de los procedimientos de autorización de aprovechamientos forestales.

VIII Para finalizar, y siempre con el espíritu de simplificar la legislación de aplicación a la implantación y desarrollo de las iniciativas empresariales, la presente ley introduce modificaciones puntuales en el régimen de las instalaciones de distribución al por menor de productos petrolíferos, las cooperativas y el alquiler de viviendas turísticas. Se configura así un cuadro muy completo de revisión de la normativa autonómica reguladora de la actividad económica privada, que avanza de forma decidida hacia el objetivo de la buena regulación.

Por todo lo expuesto, el Parlamento de Galicia aprobó y yo, de conformidad con el artículo 13.2 del Estatuto de Autonomía de Galicia y con el artículo 24 de la Ley 1/1983, de 22 de febrero, de normas reguladoras de la Xunta y de su Presidencia, promulgo en nombre del Rey, la Ley de fomento de la implantación de iniciativas empresariales en Galicia.

TÍTULO PRELIMINAR Disposiciones generales

CAPÍTULO I

Objeto, ámbito de aplicación y principios

Artículo 1Objeto

Constituye el objeto de la presente ley el fomento de la implantación de iniciativas empresariales en Galicia mediante la previsión de medidas que faciliten el desarrollo, acceso y gestión del suelo empresarial, la mejora de la normativa de aplicación a dicha implantación y la previsión de los oportunos incentivos, así como la coordinación de las actuaciones en este campo de las diferentes consejerías de la Administración general de la Comunidad Autónoma y de los ayuntamientos, en el marco de la competencia exclusiva de la misma para el fomento y planificación de la actividad económica en Galicia.

Artículo 2Ámbito de aplicación

Las previsiones de la presente ley se aplican a las iniciativas empresariales de los sectores industrial, de servicios relacionados con el sector industrial y comercial que precisen para su implantación el uso del suelo mediante establecimientos o instalaciones de carácter permanente.

Artículo 3Principios

El fomento de la implantación de iniciativas empresariales en Galicia se rige por los siguientes principios:

Artículo 3 bisDefiniciones

Se añade por la disposición final 3.1 de la Ley 9/2021, de 25 de febrero. Ref. BOE-A-2021-5210#df-3

Artículo 3 bisDefiniciones

(Derogado) Se deroga por la disposición derogatoria única.1 de la Ley 3/2022, de 18 de octubre. Ref. BOE-A-2022-18601#dd Se añade por la disposición final 3.1 de la Ley 9/2021, de 25 de febrero. Ref. BOE-A-2021-5210#df-3

CAPÍTULO II

Competencias administrativas

Artículo 4La consejería competente en materia de economía

En la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia corresponde a la consejería competente en materia de economía el ejercicio de las competencias para el fomento de la implantación de iniciativas empresariales, en coordinación con las demás consejerías con atribuciones relacionadas con dicha implantación.

Artículo 5La consejería competente en materia de vivienda y suelo

Corresponde a la consejería competente en materia de vivienda y suelo, a través del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo, en el marco de lo establecido en la Ley 3/1988, de 27 de abril, de creación del referido instituto, o norma que la sustituya:

Artículo 6La consejería competente en materia de evaluación y reforma administrativa

Corresponde a la consejería competente en materia de evaluación y reforma administrativa proponer los criterios y las medidas que permitan la simplificación y reducción de las cargas administrativas, así como la supresión de trámites y documentación innecesaria, en los procedimientos que se regulen por la normativa de la Comunidad Autónoma de Galicia de aplicación a la implantación de iniciativas empresariales, en coordinación con la consejería competente en materia de economía.

Artículo 7Los ayuntamientos

En ejercicio de sus competencias relacionadas con la implantación de iniciativas empresariales, los ayuntamientos, en coordinación con la Administración general de la Comunidad Autónoma:

TÍTULO I

Régimen Jurídico del suelo empresarial

TÍTULO I

Régimen Jurídico del suelo empresarial Se deroga por la disposición derogatoria única.1 de la Ley 3/2022, de 18 de octubre. Ref. BOE-A-2022-18601#dd

CAPÍTULO I

Desarrollo de suelo empresarial

CAPÍTULO I

Desarrollo de suelo empresarial Se deroga por la disposición derogatoria única.1 de la Ley 3/2022, de 18 de octubre. Ref. BOE-A-2022-18601#dd

Artículo 8Tramitación urgente de proyectos sectoriales incluidos en el Plan sectorial de áreas empresariales de Galicia

Si concurriesen razones de urgencia, que corresponderá apreciar al Consello de la Xunta de Galicia, este podrá acordar que en la tramitación de los proyectos sectoriales incluidos en el Plan sectorial de áreas empresariales de Galicia y en sus modificaciones se reduzcan a la mitad los plazos de información pública y audiencia previstos en la legislación vigente en materia de ordenación del territorio.

Artículo 8Tramitación urgente de proyectos sectoriales incluidos en el Plan sectorial de áreas empresariales de Galicia

(Derogado) Se deroga por la disposición derogatoria única.1 de la Ley 3/2022, de 18 de octubre. Ref. BOE-A-2022-18601#dd

Artículo 9Desarrollo parcial de las áreas empresariales incluidas en el Plan sectorial de áreas empresariales de Galicia

Cuando la demanda real de suelo de un área empresarial delimitada en el Plan sectorial de áreas empresariales de Galicia no justifique la necesidad inmediata de desarrollo de toda el área, podrán aprobarse proyectos sectoriales que comprendan únicamente una parte de aquella que permita atender a la demanda existente, siempre que quede garantizada la viabilidad del desarrollo futuro del resto del ámbito, y previa audiencia del ayuntamiento o ayuntamientos afectados.

Artículo 9Desarrollo parcial de las áreas empresariales incluidas en el Plan sectorial de áreas empresariales de Galicia

(Derogado) Se deroga por la disposición derogatoria única.1 de la Ley 3/2022, de 18 de octubre. Ref. BOE-A-2022-18601#dd

Artículo 10Ejecución de los proyectos sectoriales de áreas empresariales

La aprobación del proyecto de parcelación corresponderá al Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo cando el promotor sea la Administración general de la Comunidad Autónoma o una entidad perteneciente al sector público autonómico, con independencia de que actúe como promotor único o conjuntamente con otros promotores públicos.

Artículo 10Ejecución de los proyectos sectoriales de áreas empresariales

(Derogado) Se deroga por la disposición derogatoria única.1 de la Ley 3/2022, de 18 de octubre. Ref. BOE-A-2022-18601#dd

Artículo 11Aprobación de los proyectos de urbanización en desarrollo de proyectos sectoriales de áreas empresariales y recepción de las obras

En este caso, cuando el proyecto sectorial afecte a más de un ayuntamiento, el proyecto de urbanización habrá de ser aprobado por cada uno de los ayuntamientos afectados, al objeto de disponer de una aprobación conjunta del mismo.

A estos efectos, los ayuntamientos podrán instrumentar los mecanismos de colaboración previstos en la legislación vigente, a fin de coordinar los criterios a que habrá de ajustarse el proyecto de urbanización, unificar la tramitación de los expedientes de aprobación del mismo y determinar el procedimiento para recibir las obras de urbanización, así como establecer las bases del procedimiento a seguir en la gestión de las infraestructuras y servicios urbanísticos del área empresarial y el grado de participación de cada ayuntamiento en los gastos e ingresos generados por dicha gestión y los que pudieran generarse en función de la concesión de títulos administrativos habilitantes de obra y actividad en el área.

Artículo 11Aprobación de los proyectos de urbanización en desarrollo de proyectos sectoriales de áreas empresariales y recepción de las obras

(Derogado) Se deroga por la disposición derogatoria única.1 de la Ley 3/2022, de 18 de octubre. Ref. BOE-A-2022-18601#dd

Artículo 12Creación del Censo de suelo empresarial de Galicia

A estos efectos, se entiende por persona promotora cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, el desarrollo y las obras de urbanización para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título.

Artículo 12Creación del Censo de suelo empresarial de Galicia

(Derogado) Se deroga por la disposición derogatoria única.1 de la Ley 3/2022, de 18 de octubre. Ref. BOE-A-2022-18601#dd

Artículo 13Apoyo a los ayuntamientos para el desarrollo de suelo empresarial

Artículo 13Apoyo a los ayuntamientos para el desarrollo de suelo empresarial

(Derogado) Se deroga por la disposición derogatoria única.1 de la Ley 3/2022, de 18 de octubre. Ref. BOE-A-2022-18601#dd

CAPÍTULO II

Acceso al suelo empresarial

CAPÍTULO II

Acceso al suelo empresarial Se deroga por la disposición derogatoria única.1 de la Ley 3/2022, de 18 de octubre. Ref. BOE-A-2022-18601#dd

Artículo 14Fomento del acceso al suelo empresarial en la Comunidad Autónoma de Galicia

Artículo 14Fomento del acceso al suelo empresarial en la Comunidad Autónoma de Galicia

(Derogado) Se deroga por la disposición derogatoria única.1 de la Ley 3/2022, de 18 de octubre. Ref. BOE-A-2022-18601#dd

Artículo 15Declaración de proyectos empresariales singulares

Los proyectos empresariales singulares podrán comprender ámbitos de suelo empresarial urbanizado, pendiente de urbanizar o ambos tipos.

Tanto en este caso, previa autorización del Consello de la Xunta, como en el resto de los supuestos de importes inferiores a los señalados anteriormente, la declaración y adjudicación corresponde al órgano competente de la sociedad.

No obstante, si la declaración del proyecto singular implicase la modificación de la ordenación urbanística o del proyecto de urbanización del polígono, el depósito en concepto de garantía habrá de ser de, al menos, o 25 % del precio estimado de la parcela o del canon máximo correspondiente a cinco anualidades en caso de adjudicación en derecho de superficie.

El importe del depósito será devuelto en el momento de elevación a escritura pública.

Artículo 15Declaración de proyectos empresariales singulares

(Derogado) Se deroga por la disposición derogatoria única.1 de la Ley 3/2022, de 18 de octubre. Ref. BOE-A-2022-18601#dd

Artículo 16Proyectos industriales estratégicos

A los efectos de lo previsto en el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de política industrial, aprobado por Decreto legislativo 1/2015, de 12 de febrero, o norma que lo sustituya, podrán ser considerados proyectos industriales estratégicos aquellas propuestas de inversión para la implantación o ampliación de una o varias instalaciones industriales que tengan como resultado previsible una expansión significativa del tejido industrial gallego o la consolidación del mismo, siempre que supongan un volumen de inversión mínima de veinte millones de euros, supongan un nivel de mantenimiento y creación de empleo superior a cien puestos de trabajo directos o impliquen una especial necesidad de suelo por la actividad a desarrollarse que no pudiera ser atendida con la oferta existente.

Artículo 16Proyectos industriales estratégicos

(Derogado) Se deroga por la disposición derogatoria única.1 de la Ley 3/2022, de 18 de octubre. Ref. BOE-A-2022-18601#dd

Artículo 17Flexibilización de los medios de pago del suelo público

Se autoriza al Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo y a la sociedad Gestión del Suelo de Galicia, S.A., en los supuestos de enajenación de parcelas empresariales con la forma de pago aplazado a favor de personas empresarias, para que puedan efectuar dicha enajenación sin repercusión de intereses durante los primeros cuatro años, a contar desde la fecha de formalización de la venta, con un periodo de carencia de un año.

Artículo 17Flexibilización de los medios de pago del suelo público

(Derogado) Se deroga por la disposición derogatoria única.1 de la Ley 3/2022, de 18 de octubre. Ref. BOE-A-2022-18601#dd

Artículo 18Programas de actuación conjunta

Para los proyectos empresariales singulares y para los proyectos industriales estratégicos, y al amparo de acuerdos específicos de actuación conjunta entre el Instituto Gallego de Promoción Económica y el Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo o la sociedad Gestión del Suelo de Galicia, S.A., podrán articularse las medidas oportunas para que, al amparo del plan de viabilidad del proyecto empresarial aprobado por el Instituto Gallego de Promoción Económica, y siempre que quedase garantizado el retorno del precio del suelo, pueda ampliarse el periodo de carencia señalado en el artículo anterior hasta un máximo de tres años y aplazar el pago sin intereses hasta cinco años.

Artículo 18Programas de actuación conjunta

(Derogado) Se deroga por la disposición derogatoria única.1 de la Ley 3/2022, de 18 de octubre. Ref. BOE-A-2022-18601#dd

CAPÍTULO III

Gestión de las áreas empresariales

CAPÍTULO III

Gestión de las áreas empresariales Se deroga por la disposición derogatoria única.1 de la Ley 3/2022, de 18 de octubre. Ref. BOE-A-2022-18601#dd

Artículo 19Mantenimiento y conservación de las áreas empresariales

En caso de que la Administración municipal no resolviese expresamente sobre la recepción de las obras de urbanización en el plazo de tres meses desde que se inste a tal recepción acompañada de certificación expedida por la dirección técnica de las obras, estas se entenderán recibidas.

Con anterioridad a dicha recepción, la responsabilidad de mantenimiento y conservación recae en la entidad promotora de la actuación urbanizadora.

La solicitud habrá de dirigirse al Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo, antes de la finalización del trámite de información pública del proyecto sectorial, acompañándose la misma de la certificación justificativa de la carencia de medios para asumir los gastos de la urbanización, que deberá venir firmada por el alcalde y por el funcionario que ostente las funciones de tesorería de la Administración municipal.

El Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo resolverá sobre dicha solicitud, ordenando, en caso de estimarla justificada, que se contemple en el proyecto sectorial la obligación de la constitución de una entidad urbanística de conservación, a la cual corresponderán las obligaciones de mantenimiento y conservación de la urbanización del parque durante el periodo que se establezca, en función de las previsiones del ayuntamiento, no pudiendo ser superior a cuatro años.

Artículo 19Mantenimiento y conservación de las áreas empresariales

(Derogado) Se deroga por la disposición derogatoria única.1 de la Ley 3/2022, de 18 de octubre. Ref. BOE-A-2022-18601#dd

Artículo 20Prestación de servicios en las áreas empresariales

Artículo 20Prestación de servicios en las áreas empresariales

(Derogado) Se deroga por la disposición derogatoria única.1 de la Ley 3/2022, de 18 de octubre. Ref. BOE-A-2022-18601#dd

Artículo 21Convenios para la mejora de las infraestructuras, equipamientos, dotaciones y servicios de las áreas empresariales

Artículo 21Convenios para la mejora de las infraestructuras, equipamientos, dotaciones y servicios de las áreas empresariales

(Derogado) Se deroga por la disposición derogatoria única.1 de la Ley 3/2022, de 18 de octubre. Ref. BOE-A-2022-18601#dd

CAPÍTULO IV

Régimen Sancionador

CAPÍTULO IV

Régimen Sancionador Se deroga por la disposición derogatoria única.1 de la Ley 3/2022, de 18 de octubre. Ref. BOE-A-2022-18601#dd

Artículo 22Infracciones

Tendrá la consideración de infracción administrativa leve la falta de inscripción en el Censo de suelo empresarial de Galicia de las áreas empresariales que tengan parcelas disponibles para su comercialización, así como de las áreas empresariales para su inmediato desarrollo.

Artículo 22Infracciones

(Derogado) Se deroga por la disposición derogatoria única.1 de la Ley 3/2022, de 18 de octubre. Ref. BOE-A-2022-18601#dd

Artículo 23Responsabilidad

Artículo 23Responsabilidad

(Derogado) Se deroga por la disposición derogatoria única.1 de la Ley 3/2022, de 18 de octubre. Ref. BOE-A-2022-18601#dd

Artículo 24Sanciones

La infracción prevista en el artículo 22 será sancionada con multa de 1.000 a 10.000 euros.

Artículo 24Sanciones

(Derogado) Se deroga por la disposición derogatoria única.1 de la Ley 3/2022, de 18 de octubre. Ref. BOE-A-2022-18601#dd

Artículo 25Órdenes de ejecución

Artículo 25Órdenes de ejecución

(Derogado) Se deroga por la disposición derogatoria única.1 de la Ley 3/2022, de 18 de octubre. Ref. BOE-A-2022-18601#dd

Artículo 26Competencia sancionadora

Los órganos competentes para la imposición de las sanciones por la infracción prevista en el artículo 22 serán las personas titulares de las jefaturas territoriales o el órgano equivalente en sus funciones de la consejería competente en materia de vivienda y suelo.

Artículo 26Competencia sancionadora

(Derogado) Se deroga por la disposición derogatoria única.1 de la Ley 3/2022, de 18 de octubre. Ref. BOE-A-2022-18601#dd

TÍTULO II

Mejora normativa para el fomento de la implantación de iniciativas empresariales

CAPÍTULO I

Tramitación ambiental conjunta de proyectos de actividades sometidas a autorización ambiental integrada y a evaluación de impacto ambiental

Artículo 27Proyectos sometidos a tramitación ambiental conjunta

Si el proyecto de actividad estuviera sometido a los procedimientos de autorización ambiental integrada y evaluación de impacto ambiental simplificada, la persona promotora podrá solicitar la tramitación de la evaluación de impacto ambiental ordinaria, al objeto de acogerse al procedimiento de tramitación conjunta, o bien tramitar ambos procedimientos de manera sucesiva.

Artículo 28Presentación de solicitudes e inicio de la tramitación

El órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada, una vez recibida la documentación mencionada en el párrafo anterior, la remitirá al organismo de cuenca en el plazo de cinco días, para que, en el plazo de diez días desde la entrada de la documentación en su registro, informe sobre si la misma debe completarse, continuándose, en caso contrario, las actuaciones.

Artículo 29Trámite de información pública y consulta a las administraciones públicas

Se recabará con carácter preceptivo el informe del ayuntamiento en cuyo término municipal se emplace la instalación y, además, cuando procedan, los siguientes informes:

Artículo 30Resolución

En caso de no recibirse la documentación requerida a la persona promotora en el plazo de tres meses, se declarará la caducidad del procedimiento en los términos establecidos por la legislación del procedimiento administrativo común, procediéndose al archivo de las actuaciones.

Si en el expediente de impacto ambiental no consta alguno de los informes preceptivos y el órgano encargado de su tramitación no dispusiese de elementos de juicio suficientes para realizar la evaluación de impacto ambiental, requerirá directamente al órgano competente que corresponda la evacuación del informe que precise en un plazo máximo de diez días. El requerimiento efectuado se comunicará al órgano encargado del otorgamiento de la autorización ambiental integrada y a la persona promotora y suspende el plazo para la formulación de la declaración de impacto ambiental.

Este informe tendrá carácter preceptivo y vinculante. En caso de que su emisión corresponda al órgano autonómico competente en materia de aguas, habrá de evacuarse en el plazo máximo de dos meses desde la recepción del expediente que contenga la documentación preceptiva sobre vertidos.

Si se formulasen alegaciones, se dará traslado de las mismas junto con la propuesta de resolución a los órganos informantes, para que en el plazo máximo de quince días manifiesten lo que estimen conveniente.

La declaración de impacto ambiental tendrá la naturaleza de informe preceptivo y determinante, determinando si procede o no, a los efectos ambientales, la realización del proyecto y, en su caso, las medidas correctoras y las medidas compensatorias.

Si la declaración de impacto ambiental fuese desfavorable a la ejecución del proyecto o el informe vinculante del organismo de cuenca estima que es inadmisible el vertido y, consecuentemente, se impidiese el otorgamiento de la autorización ambiental integrada, el órgano competente para otorgarla dictará resolución motivada denegatoria.

CAPÍTULO II

Coordinación del otorgamiento de la autorización ambiental integrada con los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y otros medios de intervención administrativa de competencia

Artículo 31Ámbito de aplicación del procedimiento de coordinación

Artículo 32Presentación de solicitudes e inicio de la tramitación

El órgano sustantivo remitirá, según corresponda, la documentación mencionada en los apartados b) o c) al órgano ambiental para que proceda a la tramitación establecida en la sección 2.ª del capítulo I del título II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, o norma que la sustituya, o bien proceda a determinar el alcance del estudio de impacto ambiental, de acuerdo con el artículo 34 de dicha ley, o norma que la sustituya.

Artículo 33Trámite conjunto de información pública y consulta a las administraciones públicas

En tanto no se reciba dicho expediente, el órgano sustantivo suspenderá el cómputo del plazo para el otorgamiento de la autorización sustantiva.

El órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada suspenderá el cómputo del plazo para el otorgamiento de dicha autorización en tanto no reciba la declaración de impacto ambiental.

Artículo 34Formulación de la declaración de impacto ambiental

El órgano ambiental formulará la declaración de impacto ambiental, remitiéndola, en el plazo máximo de diez días, al órgano sustantivo y al competente para otorgar la autorización ambiental integrada, para que continúen, respectivamente, con la tramitación del procedimiento de autorización sustantiva y de autorización ambiental integrada.

La declaración de impacto ambiental tendrá la naturaleza de informe preceptivo y determinante, determinando si procede o no, a los efectos ambientales, la realización del proyecto y, en su caso, las condiciones en que puede desarrollarse, las medidas correctoras y las medidas compensatorias.

CAPÍTULO III

Regulación de las competencias del organismo autonómico de cuenca en la tramitación y seguimiento de la autorización ambiental integrada

Artículo 35Informe del órgano autonómico competente en materia de cuencas

No obstante lo anterior, el informe recibido fuera del plazo señalado y antes del otorgamiento de la autorización ambiental integrada habrá de tenerse en consideración por el órgano competente de la Administración general de la Comunidad Autónoma.

Artículo 36Competencias relativas a la vigilancia e inspección y potestad sancionadora en materia de vertidos a cuencas gestionadas por la Comunidad Autónoma de Galicia

En el ámbito de las cuencas gestionadas por la Comunidad Autónoma de Galicia, las competencias relativas a vigilancia e inspección, así como la potestad sancionadora en materia de vertidos de las instalaciones que cuenten con autorización ambiental integrada, corresponden al órgano autonómico competente en materia de aguas, el cual remitirá periódicamente al órgano competente para el otorgamiento de la autorización ambiental integrada la información derivada de las inspecciones y sanciones que sean impuestas a estas instalaciones.

CAPÍTULO IV

Simplificación de los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica tramitados por la administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia

Artículo 37Procedimiento de tramitación conjunta de las autorizaciones de instalaciones de energía eléctrica de competencia de la Comunidad Autónoma de Galicia

Los órganos competentes para resolver serán los indicados en el Decreto 9/2017, de 12 de enero, por el que se establecen los órganos competentes para la resolución de los procedimientos de autorización de instalaciones eléctricas que sean competencia de la Comunidad Autónoma de Galicia, o norma que lo sustituya.

En caso de que se solicitase la declaración de utilidad pública, se realizará de forma simultánea el trámite de información pública mediante la publicación en uno de los diarios de mayor circulación de cada una de las provincias afectadas.

En caso de evaluación ambiental simplificada, se realizarán los trámites indicados en la sección 2.ª del capítulo II de dicha ley, o norma que la sustituya.

Artículo 37Procedimiento de tramitación conjunta de las autorizaciones de instalaciones de energía eléctrica de competencia de la Comunidad Autónoma de Galicia

(Derogado).

Se deroga por la disposición derogatoria única.1 de la Ley 9/2021, de 25 de febrero. Ref. BOE-A-2021-5210#dd

Artículo 38Exención del trámite de información pública

Artículo 38Exención del trámite de información pública

(Derogado).

Se deroga por la disposición derogatoria única.1 de la Ley 9/2021, de 25 de febrero. Ref. BOE-A-2021-5210#dd

Artículo 39Autorizaciones provisionales

TÍTULO III

Régimen de incentivos para el fomento de la implantación de iniciativas empresariales

Artículo 40Régimen de incentivos a la inversión

A través de una norma reglamentaria se establecerán los requisitos de las personas beneficiarias y los sectores económicos y las líneas estratégicas donde se aplicarán los criterios para la determinación de la cuantía de la subvención, el mecanismo de pago aplazado y los órganos competentes para la ordenación y resolución de la misma. Cualquier línea de incentivos irá asociada a planes de desarrollo de los sectores que se determinen e incentivará proyectos que se encuadren en las líneas definidas en los planes.

Artículo 41Medidas de promoción para facilitar la implantación de iniciativas empresariales

La Xunta de Galicia, a través de sus presupuestos, establecerá mecanismos de mejora de la financiación de los ayuntamientos gallegos que incorporen en sus figuras tributarias medidas para facilitar la implantación de iniciativas empresariales.

Artículo 41Medidas de promoción para facilitar la implantación de iniciativas empresariales

La Xunta de Galicia, a través de sus presupuestos, establecerá mecanismos de mejora de la financiación de los ayuntamientos gallegos que incorporen en sus figuras tributarias medidas para facilitar la implantación de iniciativas empresariales.

TÍTULO IV

Iniciativas empresariales prioritarias Se añade por el art. 37 de la Ley 3/2018, de 26 de diciembre. Ref. BOE-A-2019-3997#a3-8

Artículo 42 Requisitos para la declaración de las iniciativas empresariales prioritarias

Se añade por el art. 37 de la Ley 3/2018, de 26 de diciembre. Ref. BOE-A-2019-3997#a3-8

Artículo 42 Requisitos para la declaración de las iniciativas empresariales prioritarias

Se modifica por la disposición final 3.2 de la Ley 9/2021, de 25 de febrero. Ref. BOE-A-2021-5210#df-3 Se añade por el art. 37 de la Ley 3/2018, de 26 de diciembre. Ref. BOE-A-2019-3997#a3-8

Artículo 42 Requisitos para la declaración de las iniciativas empresariales prioritarias

Asimismo, podrán considerarse iniciativas empresariales prioritarias los proyectos regulados en la Ley 8/2009, de 22 de diciembre, que cuenten con permiso de acceso y conexión firme y vigente e infraestructuras de evacuación en tramitación o ya autorizadas cuyos promotores suscriban un acuerdo directo de compraventa de energía a largo plazo y a precio competitivo con una empresa con centro de trabajo con actividad industrial en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia, vinculado a dichos proyectos y al centro de trabajo determinado de que se trate, y garantizando al menos el 50 % de su producción de energía.

Se añade un párrafo al apartado 2 por la disposición final 4 de la Ley 3/2022, de 18 de octubre. Ref. BOE-A-2022-18601#df-4 Se modifica por la disposición final 3.2 de la Ley 9/2021, de 25 de febrero. Ref. BOE-A-2021-5210#df-3 Se añade por el art. 37 de la Ley 3/2018, de 26 de diciembre. Ref. BOE-A-2019-3997#a3-8

Artículo 42Requisitos para la declaración de las iniciativas empresariales prioritarias

Se modifica por el art. 47 de la Ley 7/2022, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2023-6382 Se añade un párrafo al apartado 2 por la disposición final 4 de la Ley 3/2022, de 18 de octubre. Ref. BOE-A-2022-18601#df-4 Se modifica por la disposición final 3.2 de la Ley 9/2021, de 25 de febrero. Ref. BOE-A-2021-5210#df-3 Se añade por el art. 37 de la Ley 3/2018, de 26 de diciembre. Ref. BOE-A-2019-3997#a3-8

Artículo 42Requisitos para la declaración de las iniciativas empresariales prioritarias

(Suprimido) Se suprime por el art. 42.1 de la Ley 10/2023, de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-2024-2777 Se modifica por el art. 47 de la Ley 7/2022, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2023-6382 Se añade un párrafo al apartado 2 por la disposición final 4 de la Ley 3/2022, de 18 de octubre. Ref. BOE-A-2022-18601#df-4 Se modifica por la disposición final 3.2 de la Ley 9/2021, de 25 de febrero. Ref. BOE-A-2021-5210#df-3 Se añade por el art. 37 de la Ley 3/2018, de 26 de diciembre. Ref. BOE-A-2019-3997#a3-8

Artículo 43 Procedimiento de declaración de las iniciativas empresariales prioritarias

Se añade por el art. 37 de la Ley 3/2018, de 26 de diciembre. Ref. BOE-A-2019-3997#a3-8

Artículo 43Procedimiento de declaración de las iniciativas empresariales prioritarias

En todo caso, remitirá el expediente al Instituto Gallego de Promoción Económica, que emitirá un informe vinculante en el que se valore el cumplimiento de los requisitos de esta ley.

Se modifica por el art. 47 de la Ley 7/2022, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2023-6382 Se añade por el art. 37 de la Ley 3/2018, de 26 de diciembre. Ref. BOE-A-2019-3997#a3-8

Artículo 43Procedimiento de declaración de las iniciativas empresariales prioritarias

(Suprimido) Se suprime por el art. 42.1 de la Ley 10/2023, de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-2024-2777 Se modifica por el art. 47 de la Ley 7/2022, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2023-6382 Se añade por el art. 37 de la Ley 3/2018, de 26 de diciembre. Ref. BOE-A-2019-3997#a3-8

Artículo 44 Efectos vinculados a la declaración de iniciativa empresarial prioritaria

Se añade por el art. 37 de la Ley 3/2018, de 26 de diciembre. Ref. BOE-A-2019-3997#a3-8

Artículo 44 Efectos vinculados a la declaración de iniciativa empresarial prioritaria

(Suprimido) Se suprime por el art. 42.1 de la Ley 10/2023, de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-2024-2777 Se añade por el art. 37 de la Ley 3/2018, de 26 de diciembre. Ref. BOE-A-2019-3997#a3-8 Disposición adicional primera. Normas complementarias del Decreto 45/2015, de 26 de marzo, por el que se regula el procedimiento integrado para la implantación de instalaciones de distribución al por menor de productos petrolíferos, su puesta en funcionamiento y se determinan los órganos competentes para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia de hidrocarburos.

Este plazo y el sentido del silencio no serán de aplicación para el otorgamiento de la licencia municipal de obra.

Disposición adicional primera. Normas complementarias del Decreto 45/2015, de 26 de marzo, por el que se regula el procedimiento integrado para la implantación de instalaciones de distribución al por menor de productos petrolíferos, su puesta en funcionamiento y se determinan los órganos competentes para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia de hidrocarburos.

Este plazo y el sentido del silencio no serán de aplicación para el otorgamiento de la licencia municipal de obra.

Se deroga el apartado 1 por la disposición derogatoria única.1 de la Ley 4/2021, de 28 de enero. Ref. BOE-A-2021-4633 Disposición adicional segunda. Programa específico de promoción del reciclaje mediante la puesta en marcha y la gestión de una planta de compostaje promovido por la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia a través de la Sociedad Gallega del Medio Ambiente, S.A.

Disposición adicional segunda. Programa específico de promoción del reciclaje mediante la puesta en marcha y la gestión de una planta de compostaje promovido por la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia a través de la Sociedad Gallega del Medio Ambiente, S.A.

En garantía de la sostenibilidad financiera del sistema y para permitir realizar las previsiones oportunas en cuanto al volumen de residuos procedentes de la fracción orgánica de los residuos urbanos (Forsu) a tratar en la nueva planta de compostaje, los convenios tendrán un plazo mínimo de vigencia de cinco años, el cual podrá ser prorrogado de común acuerdo por las partes.