6.Si la información ya ha sido publicada, la resolución podrá limitarse a indicar al solicitante cómo puede acceder a ella.
\n
7.Las resoluciones dictadas en materia de acceso a la información pública ponen fin a la vía administrativa y son recurribles directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio de la posibilidad de interposición de la reclamación potestativa prevista en el Capítulo III del presente Título.
\n
8.La resolución debe notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado. Indicará los recursos y reclamaciones que procedan contra la misma, el órgano administrativo o judicial ante el que deban interponerse y el plazo para su interposición.
\n
Artículo 44Acceso a la información
\n
1.El acceso a la información se realizará preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio. Cuando la información se facilite por vía electrónica, los documentos se proveerán en su formato electrónico original.
\n
2.La información se proporcionará en la modalidad solicitada, a menos que no sea técnicamente posible, resulte excesivamente gravosa para el sujeto obligado o exista una alternativa más económica.
\n
Artículo 45Obtención de copias
\n
El reconocimiento del derecho de acceso conllevará el de obtener copias de los documentos solicitados, salvo en los supuestos en los que no sea posible realizar la copia en un formato determinado debido a la carencia de equipos apropiados o cuando, por su cantidad o complejidad, conlleve un coste desproporcionado para la Administración. La resolución que deniegue la copia debe ser motivada.
\n
Artículo 46Costes de acceso a la información
\n
El acceso a la información será gratuito. No obstante, la obtención de copias estará sujeta al pago de las tasas establecidas, de acuerdo con lo previsto en su normativa reguladora de las tasas.
\n
CAPÍTULO III
\n
Régimen de impugnación
\n
Artículo 47Objeto de la reclamación
\n
1.Contra la resolución desestimatoria, total o parcial de la solicitud de acceso a la información dictada por los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley, podrá interponerse reclamación ante el Consejo de Transparencia y Participación, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa.
\n
De acuerdo con lo establecido en la legislación básica estatal, dicha reclamación tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
\n
2.No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, quedan excluidos los sujetos comprendidos en la disposición adicional cuarta de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
\n
Artículo 48Forma, plazo y presentación de la reclamación potestativa
\n
1.La reclamación se interpondrá por escrito en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo.
\n
2.El escrito de interposición, dirigido al Consejo de Transparencia y Participación, deberá contener:
\n
a)El nombre y apellido del solicitante, sin necesidad de acreditación electrónica.
\n
b)La indicación de la resolución expresa contra la que se reclama.
\n
c)Los motivos por los que se reclama.
\n
d)La dirección de contacto a la cual puedan dirigirse las comunicaciones a propósito de la reclamación.
\n
3.El solicitante deberá tener la opción de hacer pública su identidad y dirección en el Registro de solicitudes de acceso y reclamaciones, en los extremos determinados en el artículo 31.
\n
4.La reclamación podrá presentarse presencial o telemáticamente en el registro del Consejo de Transparencia y Participación y en cualquiera de los registros públicos previstos para la presentación de escritos dirigidos a las Administraciones públicas de la Comunidad de Madrid. También por correo postal o electrónico a través de una dirección habilitada especialmente para tal fin.
\n
Artículo 49Tramitación, plazo y publicación de la reclamación
\n
La tramitación de la reclamación, su resolución y publicación se ajustarán a lo establecido en la legislación básica del Estado.
\n
Artículo 50Contenido y efectos de la resolución
\n
1.La resolución que se adopte por el Consejo de Transparencia y Participación será en todo caso motivada y podrá estimar o desestimar, en su totalidad o en parte, la reclamación presentada.
\n
2.Cuando estime la reclamación, la resolución establecerá la información o documentación a la que puede acceder la persona interesada, la modalidad de acceso y, en su caso, el plazo y las condiciones del mismo.
\n
TÍTULO IV
\n
La participación y la colaboración ciudadana en la dirección de los asuntos públicos
\n
CAPÍTULO I
\n
Participación y colaboración ciudadana
\n
Sección 1. a Disposiciones generales
\n
Artículo 51Impulso y fomento de la participación y colaboración ciudadana
\n
1.Los sujetos comprendidos en el artículo 2.1 procurarán impulsar la participación y colaboración ciudadana a través de instrumentos o mecanismos adecuados que garanticen la interrelación mutua, ya sea a título individual y en su propio nombre, o a través de las entidades ciudadanas en las que se integre la ciudadanía.
\n
2.Promoverán igualmente la participación y colaboración de cuantas entidades y organismos consideren adecuados atendiendo a las distintas actuaciones promovidas en el ejercicio de sus competencias.
\n
3.Para ello, en el ámbito de sus competencias:
\n
a)Promoverán y desarrollarán los mecanismos para facilitar y garantizar la participación en proyectos normativos, planes y programas objeto de su competencia.
\n
b)Impulsarán instrumentos de participación ciudadana mediante canales de comunicación que permitan interactuar y facilitar el diálogo entre ellos y los ciudadanos.
\n
c)Fomentarán la cultura de la participación, tanto en la ciudadanía como entre los empleados públicos.
\n
4.Los resultados de los procesos de participación y colaboración ciudadana son de naturaleza consultiva y no vinculante.
\n
Artículo 52Derecho a participar
\n
1.La ciudadanía tendrá derecho a la participación y colaboración ciudadana ya sea directamente o través de entidades ciudadanas.
\n
A los efectos de esta Ley, se entiende por ciudadanía aquellas personas que ostenten la condición de ciudadanos o residentes en la Comunidad de Madrid.
\n
2.Tienen la consideración de entidades ciudadanas:
\n
a)Las entidades privadas sin ánimo de lucro:
\n
1.o Que estén válidamente constituidas, de acuerdo con la normativa que les sea de aplicación.
\n
2.o Cuya actuación se desarrolle en el ámbito del territorio de la Comunidad de Madrid.
\n
3.o Que tengan entre sus fines u objetivos, de acuerdo con sus estatutos o norma de creación, la participación ciudadana, o bien la materia objeto del proceso participativo de que se trate.
\n
b)Las entidades representativas de intereses colectivos cuyo ámbito de actuación se desarrolle en el territorio de la Comunidad de Madrid.
\n
c)Las agrupaciones de personas físicas o jurídicas que se conformen como plataformas, movimientos, foros o redes ciudadanas sin personalidad jurídica, incluso las constituidas circunstancialmente, cuya actuación se desarrolle en el ámbito del territorio de la Comunidad de Madrid, debiendo designarse una comisión y un representante de la misma. Las personas agrupadas, las que formen parte de la comisión y el representante deberán acreditar su personalidad y el cumplimiento de los requisitos del apartado 1, así como la determinación de intereses, identificación, fines y objetivos concretos respecto al proceso participativo de que se trate, su carácter circunstancial o temporal, en su caso, y el resto de los requisitos que se establezcan reglamentariamente.
\n
d)Las organizaciones sindicales, empresariales, colegios profesionales y demás entidades representativas de intereses colectivos.
\n
Artículo 53Garantías para la participación y colaboración ciudadana
\n
1.Para promover una participación real y efectiva, los sujetos comprendidos en el artículo 2.1, al establecer o tramitar los procedimientos que resulten de aplicación, velarán por hacer efectivos los derechos reconocidos en el artículo 33, y, además, garantizarán:
\n
a)La información de forma inteligible, mediante avisos públicos u otros medios apropiados, como los canales de comunicación institucional y los medios electrónicos.
\n
Esta información incluirá el derecho a la participación en los concretos procesos decisorios y el derecho a conocer el órgano competente al que se pueden presentar comentarios o formular alegaciones.
\n
b)El derecho a expresar observaciones y opiniones en un período abierto de exposición pública, que nunca será inferior a un mes, y que serán tenidas en cuenta con carácter previo a la decisión definitiva.
\n
c)En todos los procesos regulados en este Título, cuando el órgano competente del gobierno autonómico o local se apartara o asumiera el resultado de un proceso participativo, deberá motivar expresamente cuáles son las razones o intereses públicos que le conducen a seguir o no los resultados del citado proceso en el plazo máximo de treinta días, contados desde la finalización del proceso del que se trate. La motivación deberá publicarse, al menos, en la sede electrónica, portal o página web del órgano que ostenta la iniciativa para la convocatoria del proceso y en los boletines oficiales si se considera oportuno.
\n
d)La comunicación, a quienes participen, de las observaciones y opiniones y de la publicación del informe del apartado anterior.
\n
2.Lo previsto en este artículo no sustituye en ningún caso ni perjudica a cualquier otra disposición que amplíe los derechos de participación y colaboración ciudadanas reconocidos en esta Ley.
\n
Artículo 53Garantías para la participación y colaboración ciudadana
\n
1.Para promover una participación real y efectiva, los sujetos comprendidos en el artículo 2.1, al establecer o tramitar los procedimientos que resulten de aplicación, velarán por hacer efectivos los derechos reconocidos en el artículo 33, y, además, garantizarán:
\n
a)La información de forma inteligible, mediante avisos públicos u otros medios apropiados, como los canales de comunicación institucional y los medios electrónicos.
\n
Esta información incluirá el derecho a la participación en los concretos procesos decisorios y el derecho a conocer el órgano competente al que se pueden presentar comentarios o formular alegaciones.
\n
b)El derecho a expresar observaciones y opiniones en un período abierto de exposición pública, que nunca será inferior a un mes, y que serán tenidas en cuenta con carácter previo a la decisión definitiva.
\n
c)En todos los procesos regulados en este Título, cuando el órgano competente del gobierno autonómico o local se apartara o asumiera el resultado de un proceso participativo, deberá motivar expresamente cuáles son las razones o intereses públicos que le conducen a seguir o no los resultados del citado proceso en el plazo máximo de treinta días, contados desde la finalización del proceso del que se trate. La motivación deberá publicarse, al menos, en la sede electrónica, portal o página web del órgano que ostenta la iniciativa para la convocatoria del proceso y en los boletines oficiales si se considera oportuno.
\n
d)La comunicación, a quienes participen, de las observaciones y opiniones y de la publicación del informe del apartado anterior.
\n
e)Cuando se refieran a asuntos que afecten a los derechos e intereses de la infancia y la adolescencia, al establecer o tramitar los procedimientos e instrumentos de participación que resulten de aplicación, los sujetos comprendidos en el artículo 2.1, garantizarán además la realización de las adaptaciones necesarias, tanto en la información ofrecida, como en los canales de comunicación, para facilitar la efectiva participación de los niños.
\n
2.Lo previsto en este artículo no sustituye en ningún caso ni perjudica a cualquier otra disposición que amplíe los derechos de participación y colaboración ciudadanas reconocidos en esta Ley.
\n
Se añade una letra e) al apartado 1 por la disposición final 3 de la Ley 4/2023, de 22 de marzo. Ref. BOE-A-2023-14347#df-3
\n
Artículo 54Asuntos excluidos de la participación y colaboración ciudadana
\n
La participación y colaboración ciudadana regulada en este Título no se podrá plantear sobre asuntos que sean contrarios al ordenamiento jurídico, que no sean competencia de la Comunidad de Madrid o de las entidades locales madrileñas, cuestionen la dignidad de la persona, los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos por el ordenamiento jurídico vigente, se refieran a la organización institucional de la Comunidad o de las entidades locales, o a los recursos de la Hacienda pública de la Comunidad o de las Haciendas locales, y en general a los asuntos públicos cuya gestión, directa o indirecta, mediante el ejercicio del poder político por parte de la ciudadanía constituye el ejercicio del derecho fundamental reconocido en el artículo 23 de la Constitución.
\n
Sección 2. a Instrumentos de participación y colaboración ciudadana
\n
Artículo 55Concepto
\n
1.Los instrumentos de participación y colaboración ciudadana son todos aquellos mecanismos utilizados por la Administración autonómica o local competente, para hacer efectiva la participación y la colaboración ciudadana, sin discriminación, en los asuntos públicos. Y, en concreto todos aquellos que necesitan para su propia eficacia de una mayor implicación ciudadana en el propio proceso participativo.
\n
2.Para hacer efectivos estos instrumentos de participación y colaboración ciudadana, la Administración competente:
\n
a)Fomentará activamente la implicación de aquellos sectores sociales en los que se haya constatado una mayor dificultad en su participación y colaboración en los asuntos públicos.
\n
b)Inscribirá en los ficheros de participación y colaboración ciudadana a toda la ciudadanía que voluntariamente quiera implicarse y se haya comprometido a participar y colaborar.
\n
c)Dará prioridad al uso de las nuevas tecnologías y lo canalizará fundamentalmente a través del portal de transparencia o página web propia, sin perjuicio de promover otros cauces que, en determinados ámbitos, favorezcan la mutua interrelación.
\n
Artículo 56Instrumentos específicos de participación ciudadana
\n
1.Al objeto de hacer efectiva la participación ciudadana en aquellos asuntos sometidos a su consideración, y sin perjuicio de otros elementos de participación que puedan preverse en otras normas, se podrán emplear los siguientes mecanismos de participación:
\n
a)Consultas públicas, con el fin de recabar la opinión ciudadana a partir de una propuesta de la Administración competente, los ciudadanos interesados en participar, pueden plantear sus opiniones antes de que se adopte una decisión sobre el objeto de la consulta.
\n
b)Foros de consulta: espacios de debate creados a iniciativa de la Administración competente que tienen por objeto contrastar los efectos de una determinada medida o actuación pública o la percepción que los ciudadanos tienen sobre ella.
\n
c)Paneles ciudadanos: espacios de información que se crean por la Administración competente con carácter temporal para consulta de cuestiones de interés público.
\n
d)Grupos colaborativos de trabajo sectoriales: espacios de encuentro entre la Administración competente y sectores específicos afectados por asuntos de interés público especializado.
\n
2.Los órganos competentes que decidan someter a participación ciudadana cualquier asunto de interés público, que no esté excluido por el artículo 54, señalarán el instrumento de participación que mejor se ajuste a la naturaleza de la consulta y el plazo al que se extiende la participación.
\n
Artículo 57Ficheros de participación y colaboración ciudadana
\n
1.Se crean ficheros exclusivamente de participación y colaboración ciudadana al objeto de poder articular de una forma más eficiente la utilización de determinados instrumentos más específicos de participación y colaboración ciudadana.
\n
2.En los ficheros quedarán inscritos las entidades ciudadanas o quienes a título personal estén interesados en recibir información sobre materias específicas de la competencia de los sujetos enumerados en el artículo 2.1, al objeto de tomar parte activa en los instrumentos específicos de participación y colaboración ciudadana previstos en esta Ley o que puedan preverse en otras normas.
\n
3.Las personas y entidades inscritas en el Registro de Transparencia podrán también inscribirse voluntariamente en los ficheros de participación ciudadana.
\n
4.A estos ficheros les será de aplicación el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril, general de protección de datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
\n
5.La gestión de los ficheros dependerá del órgano competente en materia de participación ciudadana.
\n
Sección 3. a Derechos específicos de participación y colaboración
\n
Artículo 58Derechos de participación y colaboración en la definición de las políticas públicas
\n
1.La ciudadanía tiene derecho a participar y a colaborar en la elaboración de las políticas públicas.
\n
2.A estos efectos, los sujetos comprendidos en el artículo 2.1, de conformidad con lo previsto en el artículo 53, establecerán los medios necesarios para que la ciudadanía pueda colaborar en el diseño y elaboración de planes y programas de carácter general y de programas anuales y plurianuales, en los que se definirán los objetivos concretos a conseguir, las actividades y medios necesarios para ejecutarlos, el tiempo estimado para su consecución y las personas o los órganos responsables de su ejecución.
\n
3.Quedan excluidos en todo caso del ámbito de aplicación de este artículo:
\n
a)Aquellos planes o programas en que se acuerde su tramitación o aprobación por razones de urgencia.
\n
b)Los que tengan exclusivamente un carácter organizativo, procedimental o análogo.
\n
c)Los planes y programas de carácter general que tengan como único objetivo la seguridad pública, la protección civil en casos de emergencia o el salvamento de la vida humana.
\n
d)Los planes y programas de carácter general que se rijan por una normativa específica de elaboración y aprobación en la que ya existan actos o trámites de audiencia o información pública.
\n
Artículo 59Derecho de participación y colaboración en la evaluación de las políticas públicas y de la calidad de los servicios de la Administración pública
\n
1.La ciudadanía tiene derecho a ser consultada periódica y regularmente sobre su grado de satisfacción con los servicios públicos y con las actividades gestionadas por la Administración pública competente.
\n
2.Este derecho se ejercerá en los términos recogidos en esta Ley y en la normativa reguladora de la evaluación de las políticas públicas y de la calidad de los servicios de la Administración pública competente.
\n
Artículo 60Derecho de participación en la elaboración de disposiciones de carácter general
\n
1.La ciudadanía tendrá derecho, con carácter previo a la elaboración de un anteproyecto de Ley o de proyectos de reglamentos, a participar y colaborar en su elaboración a través de la correspondiente consulta pública que se convoque al efecto en el espacio web habilitado para ello y en los términos de la legislación básica.
\n
2.La participación ciudadana prevista en el apartado anterior lo será sin perjuicio de los trámites de audiencia pública que procedan legalmente.
\n
3.Podrá prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e información públicas previstos en este artículo en el caso de normas presupuestarias u organizativas de la Administración autonómica o de entes u organizaciones vinculadas o dependientes de ésta, o cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen.
\n
4.Cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica, no imponga obligaciones relevantes para el destinatario o regule aspectos parciales de una materia, podrá omitirse la consulta previa regulada en este artículo.
\n
Artículo 61Derecho a proponer iniciativas reglamentarias
\n
1.La ciudadanía tendrá derecho a presentar a los sujetos comprendidos el artículo 2.1, en las materias de la competencia de éstos, propuestas de tramitación de iniciativas de carácter reglamentario sobre materias que afecten a sus derechos e intereses legítimos, con las limitaciones del artículo 54.
\n
2.Las propuestas deberán contener necesariamente, para ser valoradas y analizadas, el texto propuesto, acompañado de una memoria justificativa con explicación detallada de las razones que aconsejan la tramitación y aprobación de la iniciativa, y deberán estar respaldadas por las firmas de 10.000 personas para las materias objeto de competencia de la Comunidad de Madrid y por el número de firmas que se determine por sus respectivos reglamentos para las materias objeto de competencia de las entidades locales.
\n
3.El órgano que tenga atribuidas las funciones sobre la materia objeto de la iniciativa, una vez acreditado el cumplimiento de los requisitos de presentación exigidos, emitirá en el plazo de tres meses un informe que, previa valoración de los intereses afectados y de la oportunidad que para el interés público representa la regulación propuesta, propondrá al órgano competente el inicio o no de su tramitación como proyecto de disposición reglamentaria, tramitación que, en caso de acordarse, se ajustará a lo previsto en la legislación vigente.
\n
4.Contra la resolución emitida por el órgano competente cabrá la interposición de los recursos establecidos en la legislación vigente.
\n
Artículo 62Derecho a formular propuestas o actuaciones de interés público
\n
1.La ciudadanía tiene derecho a formular propuestas o actuaciones de interés público, mejoras o sugerencias en relación con el funcionamiento de los servicios recogidos en el catálogo general de los servicios que presta la Administración pública.
\n
2.La Administración pública habilitará fórmulas para hacer efectivo este derecho a través del propio catálogo y promoverá el reconocimiento público de aquellas iniciativas que hayan posibilitado una mejora de los servicios prestados.
\n
Artículo 63Derecho a recabar la colaboración de la Administración pública en actividades ciudadanas
\n
1.La ciudadanía podrá solicitar la colaboración de la Administración pública autonómica o local para la realización de actividades sin ánimo de lucro que fomenten la participación ciudadana en el ámbito de la Comunidad de Madrid.
\n
2.La solicitud habrá de dirigirse al departamento competente por razón de la materia y tendrá que incluir necesariamente, entre otros requisitos, una memoria explicativa de la actuación que se pretende realizar y la forma de realizarla.
\n
3.El órgano competente del departamento, a la vista de la solicitud presentada, analizará la conveniencia y viabilidad de la actuación propuesta y resolverá motivadamente, estableciendo, en su caso, la colaboración que prestará para su desarrollo.
\n
4.La solicitud de colaboración no exime a los promotores de recabar las correspondientes autorizaciones para el ejercicio de la actividad cuando ello fuera procedente según la legislación vigente.
\n
5.Las aportaciones de la Administración pública para el establecimiento o desarrollo de la actuación propuesta podrán consistir, entre otras, en el patrocinio de la misma, la cesión temporal u ocasional de bienes públicos, el apoyo técnico para su realización, el apoyo a la difusión y conocimiento de la actuación a través de los distintos canales de comunicación institucional, premios, reconocimientos o menciones, u otras medidas similares.
\n
Artículo 64Informe de participación y colaboración
\n
1.El ejercicio de estos derechos por la ciudadanía obligará a la Administración pública competente a la apertura del correspondiente proceso participativo.
\n
2.El resultado de estos procesos participativos se plasmará, sin perjuicio de lo que pudiera especificarse para cada uno de ellos tanto en esta Ley como en el posterior desarrollo reglamentario, en un informe de participación y colaboración, en el que se recogerán el resultado del proceso participativo, los medios empleados y la evaluación de cómo esa participación ha condicionado o ha influido en la actuación administrativa.
\n
CAPÍTULO II
\n
Registro de transparencia y código ético
\n
Artículo 65Registro de Transparencia
\n
1.El Registro de Transparencia, con adscripción orgánica a la Dirección General competente en materia de calidad de los servicios y atención al ciudadano, tiene como finalidad la inscripción de quienes lleven a cabo cualquier actividad distinta de la contemplada en el artículo 67, con objeto de influir directa o indirectamente en la elaboración de normas jurídicas y disposiciones generales y en la elaboración y aplicación de las políticas públicas de los sujetos comprendidos en el artículo 2.1.
\n
Conforme a lo establecido en el párrafo anterior, se entenderá por influir directamente, intervenir por contacto directo o por cualquier otro medio de comunicación, con cualquiera de los sujetos de la Administración pública autonómica y local a que se refiere el artículo 2.1. Y, se entenderá por influir indirectamente, intervenir mediante la utilización de intermediarios incluidos los medios de comunicación, la opinión pública, conferencias o actos sociales que estén dirigidos a cualquiera de los sujetos de la Administración pública autonómica y local a que se refiere el artículo 2.1.
\n
2.En particular, estas actividades comprenden:
\n
a)Los contactos con cargos, directivos, profesionales, personal estatutario, asesores u otros sujetos de las Administraciones públicas autonómica y local, con la finalidad antes mencionada.
\n
b)La preparación y difusión de comunicados, material informativo o documentos de debate y toma de posición.
\n
c)La organización de actos, reuniones, actividades promocionales, conferencias o actos sociales si se envían invitaciones a cargos, directivos, profesionales, personal estatutario u otros sujetos de las Administraciones públicas autonómica y local.
\n
d)Las contribuciones voluntarias y la participación en consultas oficiales o audiencias sobre disposiciones normativas, políticas públicas u otras consultas abiertas.
\n
e)La prestación de asesoramiento profesional, mediante la representación y la mediación, y el suministro de material promocional, incluidos la argumentación y redacción, cuando estén destinadas a influir en las Administraciones públicas, sus cargos, directivos, profesionales, personal estatutario, asesores u otros sujetos de las Administraciones públicas autonómica y local.
\n
f)La prestación de asesoría táctica o estratégica, incluidas cuestiones cuyo alcance y calendario de comunicación estén dirigidos a influir en las Administraciones públicas, cargos, directivos, profesionales, personal estatutario, asesores u otros sujetos de las Administraciones públicas autonómica y local.
\n
3.El Registro es de carácter obligatorio, público y gratuito y su funcionamiento debe respetar los principios de proporcionalidad, igualdad y no discriminación.
\n
Artículo 66Personas y entidades obligadas a inscribirse en el Registro
\n
1.En el Registro de Transparencia se inscribirán todas las personas y entidades, sea cual sea su denominación, naturaleza y estatuto jurídico, que participen, por cuenta propia o ajena, en actividades, tanto en curso como en preparación, cubiertas por el Registro.
\n
2.Deberán también inscribirse en el Registro tanto los intermediarios como sus clientes, cuando lleven a cabo una actividad cubierta por el Registro en virtud de un contrato.
\n
3.Sólo los que se inscriban en el Registro podrán ejercer los derechos previstos en el artículo 69.2.
\n
Artículo 67Actividades excluidas del Registro
\n
1.Quedan excluidas del Registro de Transparencia las actividades relativas a la prestación de asesoramiento jurídico o profesional vinculadas directamente a:
\n
a)Defender los intereses de las partes afectadas en procedimientos administrativos en tramitación.
\n
b)Informar a un cliente sobre un asunto particular.
\n
c)Realizar actividades de arbitraje, conciliación o mediación en el marco de una ley ya existente.
\n
2.Quedarán también excluidas del Registro de Transparencia las actividades de los interlocutores sociales cuando dichos interlocutores desempeñan el papel que les asigna la Constitución y sus normas de desarrollo.
\n
3.Asimismo quedarán excluidas del Registro las actividades que respondan al derecho de petición regulado en la Constitución.
\n
Artículo 67Actividades excluidas del Registro
\n
1.Quedan excluidas del Registro de Transparencia las actividades relativas a la prestación de asesoramiento jurídico o profesional vinculadas directamente a:
\n
a)Defender los intereses de las partes afectadas en procedimientos administrativos en tramitación.
\n
b)Informar a un cliente sobre un asunto particular.
\n
c)Realizar actividades de arbitraje, conciliación o mediación en el marco de una ley ya existente.
\n
2.Quedarán también excluidas del Registro de Transparencia las actividades de los interlocutores sociales en aquellos casos en que dichos interlocutores desempeñen exclusivamente la función de representación sindical o social que les asigna la Constitución y sus normas de desarrollo.
\n
3.Asimismo quedarán excluidas del Registro las actividades que respondan al derecho de petición regulado en la Constitución.
\n
Se modifica el apartado 2 por el art. 29.3 de la Ley 11/2022, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2023-7343
\n
Artículo 68Contenido del Registro de Transparencia
\n
1.El Registro de Transparencia deberá incluir una relación ordenada por categorías de las personas o entidades inscritas conforme a lo previsto en el Anexo I y toda la información requerida a los declarantes conforme al Anexo II.
\n
2.La información requerida para la inscripción establecida en el Anexo II, deberá renovarse cada dos años, actualizando los datos y en concreto los financieros al objeto de hacerlos coincidir con el ejercicio financiero o año natural más reciente. Estos datos financieros deberán cubrir un ejercicio de funcionamiento completo.
\n
En caso de no renovación se entenderá caducada la inscripción.
\n
3.El Registro de Transparencia publicará en el Portal de Transparencia de la Comunidad las actividades cubiertas por el Registro conforme a lo previsto en el artículo 10.4 d).
\n
Artículo 69Obligaciones y derechos de las personas y entidades inscritas
\n
1.La inscripción en el Registro de Transparencia conlleva las siguientes obligaciones:
\n
a)Cumplir con las exigencias de transparencia previstas en los Anexos I y II.
\n
b)Aceptar que la información proporcionada se haga pública, excepto aquella que condicione su entrega a que se mantenga confidencial.
\n
c)Garantizar que la información proporcionada es completa, correcta y fidedigna y que se mantendrá actualizada de forma periódica, de conformidad con lo previsto en la Ley.
\n
d)Aceptar de forma expresa el Código ético, como requisito previo a su inscripción en el Registro.
\n
e)Facilitar el nombre de las personas legalmente responsables de las personas o entidades inscritas en el Registro.
\n
f)Aceptar la aplicación del régimen de control y fiscalización y las medidas correspondientes, en caso de incumplimiento del Código ético o de lo establecido por la Ley.
\n
2.La inscripción en el Registro de Transparencia conlleva los siguientes derechos:
\n
a)Actuar en defensa de intereses propios, de terceras personas o entidades o incluso de intereses generales ante los cargos, directivos, profesionales, personal estatutario, asesores u otros sujetos de las Administraciones públicas autonómica y local quienes tendrán la obligación de recibirlos y publicarlo en sus agendas conforme al artículo 10.
\n
b)Formar parte de la lista de distribución que se puedan crear para recibir avisos automáticos sobre actos públicos y consultas públicas en materia de interés de las personas o entidades inscritas.
\n
c)Obtener un documento de identificación, haciendo constar la inscripción en el Registro de Transparencia.
\n
d)Ejercer los derechos de participación establecidos en el Capítulo I de este Título.
\n
Artículo 70Código ético
\n
Las personas y entidades que se inscriban en el Registro de Transparencia deberán cumplir con el Código ético siguiente:
\n
a)No difundir la información de carácter confidencial que pudieran conocer con motivo de las tareas que se ejercen.
\n
b)Comportarse con integridad y honestidad en el desarrollo de su actividad y en sus relaciones con autoridades, cargos públicos, miembros electos y personal al servicio de las Administraciones públicas y no llevar a cabo ninguna actuación que pueda ser calificada como deshonesta o ilícita.
\n
c)No influir ni intentar influir de manera deshonesta en la toma de decisiones, ni obtener información a través de un comportamiento inapropiado y, en consecuencia, no ofrecer ningún obsequio ni favor o servicio que pueda comprometer la ejecución íntegra de las funciones públicas.
\n
d)No vender a terceros copias o documentos obtenidos de las Administraciones públicas.
\n
e)Aceptar el compromiso y cumplir las medidas adoptadas en caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas por la Ley o por el Código ético.
\n
f)No tener personal a su servicio incurso en incompatibilidades.
\n
g)Respetar las instituciones y personas con quienes se relacionan en el ejercicio de su actividad.
\n
h)Informar a las personas o entidades a quienes representen de la existencia de este Código ético y de las obligaciones que incluye.
\n
i)No representar intereses contradictorios o adversos sin el consentimiento informado de las personas o entidades afectadas.
\n
j)No hacer uso abusivo del alta en el Registro para hacerse publicidad, ni dar a entender que éste les otorga una situación de privilegio ante los poderes públicos.
\n
k)Colaborar con el órgano responsable del Registro para llevar a cabo todas las actuaciones de control y fiscalización.
\n
Artículo 71Incumplimiento de las obligaciones
\n
1.El régimen de infracciones y sanciones por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en este Capítulo será el establecido en el Título VI.
\n
2.Cualquier persona está legitimada para presentar una reclamación o denuncia fundamentada en hechos materiales, cuando tuviera conocimiento, aun indiciario, de que las personas o entidades comprendidas en este Capítulo incumplen las obligaciones establecidas o el Código ético. A tal efecto se habilitará un buzón electrónico.
\n
3.El Consejo de Transparencia y Participación investigará estas reclamaciones o denuncias, que podrán dar lugar a la incoación e instrucción de un expediente sancionador conforme al Título VI.
\n
Artículo 71Incumplimiento de las obligaciones
\n
(Suprimido) Se suprime por el art. 8.3 de la Ley 16/2023, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2024-10766
\n
TÍTULO V
\n
Consejo de Transparencia y Participación
\n
TÍTULO V
\n
Consejo de Transparencia y Protección de Datos Se modifica por el art. 8.4 de la Ley 16/2023, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2024-10766
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Artículo 72Creación del Consejo de Transparencia y Participación
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1.El Consejo de Transparencia y Participación es el órgano adscrito orgánicamente a la Asamblea de Madrid para el fomento, análisis, control y protección de la transparencia pública y la participación en el ámbito de la Comunidad de Madrid.
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2.El Consejo de Transparencia y Participación, en ejercicio de las funciones que le atribuye esta Ley y el resto del ordenamiento jurídico, actúa con autonomía y plena independencia orgánica y funcional.
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Artículo 72Creación del Consejo de Transparencia y Protección de Datos
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1.Se crea el Consejo de Transparencia y Protección de Datos, como un órgano administrativo colegiado adscrito orgánicamente a la Consejería de Presidencia.
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2.El Consejo de Transparencia y Protección de Datos tendrá competencias en materia de transparencia para el fomento, análisis, control y protección de la transparencia pública y la participación en el ámbito de la Comunidad de Madrid, así como en materia de protección de datos de carácter personal para la deliberación, consulta, participación y coordinación de las consejerías de la Comunidad de Madrid y sus entes institucionales vinculados y dependientes.
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3.El Consejo de Transparencia y Protección de Datos, en ejercicio de las funciones que le atribuye esta ley y el resto del ordenamiento jurídico, actuará con autonomía y plena independencia funcional.
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Se modifica por el art. 8.4 de la Ley 16/2023, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2024-10766
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Artículo 73Organización y funcionamiento
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1.La organización y funcionamiento del Consejo de Transparencia y Participación, se regirá por la presente Ley y por su propio reglamento de organización y funcionamiento, que incorporará un código ético, aprobado por la Mesa de la Asamblea, a propuesta del mismo. Dicho reglamento deberá publicarse en el «Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid» y en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid».
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2.Para el ejercicio de las funciones en materia de transparencia y participación, contará con una unidad de apoyo jurídico, técnico, y administrativo de la Asamblea de Madrid, así como de los medios personales y materiales que sean necesarios.
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Artículo 73Composición
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El Consejo de Transparencia y Protección de Datos tendrá la siguiente composición:
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a)La Comisión de Transparencia y Participación.
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b)La Comisión de Protección de Datos.
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c)El Presidente del Consejo de Transparencia y Protección de Datos que lo será también de sus Comisiones.
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La condición de miembro de las Comisiones no exigirá dedicación exclusiva ni dará derecho a remuneración con excepción del Presidente.
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Se modifica por el art. 8.4 de la Ley 16/2023, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2024-10766
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Artículo 74Elección y nombramiento de los Consejeros
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1.El Consejo de Transparencia y Participación estará integrado por tres consejeros nombrados por el presidente de la Asamblea, a propuesta del Pleno de la Cámara por mayoría de tres quintas partes, conforme al procedimiento que se establezca por la misma.
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2.Los consejeros serán elegidos por un período de seis años no renovable, entre personas de reconocido prestigio con diez años de experiencia profesional acreditada en actividades relacionadas con el sector público, la transparencia y el acceso a la información pública.
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3.En los supuestos de vacantes, la Asamblea de Madrid procederá a la provisión de las mismas de acuerdo con lo establecido anteriormente y por el tiempo que reste de mandato.
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4.La presidencia del Consejo será ejercida por un período de dos años de forma rotatoria. Los consejeros asumirán la presidencia en el orden establecido por la Asamblea de Madrid en el momento de la votación.
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5.En los supuestos de vacante, ausencia, enfermedad u otro motivo legítimo del presidente, sus funciones pasarán a ser ejercidas temporalmente por el que deba sucederle en el turno de rotación conforme a lo establecido en el apartado anterior.
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6.El nombramiento del presidente y los consejeros será publicado en el Boletín Oficial de la Asamblea y en el «Boletín Oficial de la Comunidad».
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Artículo 74Comisión de Transparencia y Participación
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1.La Comisión de Transparencia y Participación ejercerá todas las competencias que le asigna esta ley, así como aquellas que les sean atribuidas en su normativa de desarrollo.
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2.Dicha Comisión estará compuesta por:
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a)El Presidente del Consejo de Transparencia y Protección de Datos.
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b)Un representante de cada grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid.
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c)Un representante de la Cámara de Cuentas.
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d)Un representante de la Federación de Municipios de Madrid.
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e)Un representante del Consejo Universitario de la Comunidad de Madrid.
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f)Un representante de las unidades de transparencia de cada una de las Consejerías de la Comunidad de Madrid.
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g)Un representante de la Secretaría General Técnica de la Consejería con competencias en materia de transparencia.
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h)Un representante de la Dirección General con competencias en materia de transparencia.
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i)Un representante de la Consejería con competencias en materia de archivos, gestión de documentos y patrimonio documental.
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j)Dos personas expertas en materia de transparencia, designadas por la Consejería de Presidencia, que provendrán de entidades sin ánimo de lucro dedicadas al fomento de la transparencia en el ámbito de la Comunidad de Madrid.
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k)En su caso, otros miembros que se determinen por decreto del Consejo de Gobierno.
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Se modifica por el art. 8.4 de la Ley 16/2023, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2024-10766
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Artículo 75Incompatibilidades de los Consejeros
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1.El cargo de presidente y consejero será incompatible con todo cargo o empleo en la Administración pública en situación de servicio activo salvo la actividad docente, con el desempeño de cualquier cargo público o político, con todo mandato representativo, con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato, asociación o fundación y con el empleo al servicio de los mismos, con el ejercicio activo de las carreras judicial y fiscal y con cualquier actividad profesional, mercantil o laboral.
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2.Tras su nombramiento, los consejeros que sean funcionarios de carrera entrarán en la situación de servicios especiales previstos en el artículo 87 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
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Artículo 75Comisión de Protección de Datos
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1.La Comisión de Protección de Datos ejercerá todas las competencias que le asigna esta ley, así como aquellas que les sean atribuidas en su normativa de desarrollo.
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2.Dicha Comisión estará compuesta por:
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a)El Presidente del Consejo de Transparencia y Protección de Datos.
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b)Los Delegados de Protección de Datos de cada Consejería o, en su caso, el representante del órgano que tenga atribuidas tales funciones en las Consejerías y los delegados de protección de datos de sus entes institucionales vinculados o dependientes.
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c)Un representante del Ente Público Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid.
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d)Un representante de la Secretaría General Técnica de la Consejería con competencias en materia de gobierno abierto.
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e)Un representante de la Dirección General con competencias en materia de gobierno abierto.
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f)Un representante de la Consejería con competencias en materia de administración electrónica.
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g)En su caso, otros miembros que se determinen por decreto de Consejo de Gobierno.
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Se modifica por el art. 8.4 de la Ley 16/2023, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2024-10766
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Artículo 76Cese de los Consejeros
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1.Los miembros del Consejo de Transparencia y Participación cesarán en su cargo por alguna de las causas siguientes:
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a)Por expiración del mandato. En este supuesto, los consejeros continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta que hayan tomado posesión quienes hubieren de sucederles.
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b)Por renuncia expresa dirigida a la presidencia de la Asamblea.
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c)Por muerte o incapacidad permanente para el ejercicio de su función.
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d)Por haber sido condenado mediante sentencia firme por delito.
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e)Por incompatibilidad sobrevenida.
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f)Por incumplimiento grave de las obligaciones propias de su cargo, incluidas las derivadas del código ético.
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2.Las vacantes en el cargo serán declaradas por la presidencia de la Asamblea en los casos de, condena, muerte o incapacidad, renuncia y expiración del mandato. En los demás casos se decidirá por mayoría de las tres quintas partes de los miembros de la Asamblea.
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3.Las vacantes producidas por causas distintas a la de la expiración del mandato serán cubiertas de acuerdo con lo establecido en el artículo 74 por el tiempo que reste de mandato.
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Artículo 76Presidente del Consejo de Transparencia y Protección de Datos
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1.El Presidente del Consejo de Transparencia y Protección de Datos será nombrado por un período de cuatro años, renovable por otro periodo de la misma duración, mediante Decreto del Consejo de Gobierno a propuesta del titular de la Consejería de Presidencia, entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional, previa comparecencia de la persona propuesta ante la Comisión correspondiente de la Asamblea de Madrid. La Asamblea, a través de la Comisión competente y por acuerdo adoptado por mayoría absoluta o, de no alcanzarse dicha mayoría en una primera votación, por mayoría simple en una segunda ronda de votaciones, deberá refrendar el nombramiento del candidato propuesto en el plazo de un mes natural desde la recepción de la correspondiente comunicación.
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2.El Presidente del Consejo de Transparencia y Protección de Datos cesará en su cargo por la expiración de su mandato, a petición propia o por separación acordada por el Consejo de Gobierno, previa instrucción del correspondiente procedimiento por el titular de la Consejería de Presidencia, por incumplimiento grave de sus obligaciones, incapacidad permanente para el ejercicio de su función, incompatibilidad sobrevenida o condena por delito doloso.
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3.El Presidente del Consejo de Transparencia y Protección de Datos tendrá dedicación exclusiva y percibirá las retribuciones fijadas en la ley de presupuestos para el rango que por decreto del Consejo de Gobierno se le asigne.
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Se modifica por el art. 8.4 de la Ley 16/2023, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2024-10766
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Artículo 77Funciones del Consejo de Transparencia y Participación
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El Consejo de Transparencia y Participación, ejercerá las siguientes funciones:
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a)La resolución de las reclamaciones que se interpongan contra los actos expresos o presuntos resolutorios de las solicitudes de acceso a la información de los sujetos relacionados en el ámbito de aplicación de esta Ley.
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b)El control del cumplimiento de la obligación de publicar la información que se relaciona en el Título II por los sujetos relacionados en el ámbito de aplicación de esta Ley.
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c)La formulación de instrucciones y recomendaciones de cumplimiento e interpretación uniformes de las obligaciones, establecidas en esta Ley, relativas a la transparencia y participación.
\n
d)El asesoramiento en materia de transparencia y participación.
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e)La evaluación del grado de aplicación y cumplimiento de esta Ley.
\n
f)La emisión de dictámenes cuando sea requerido por los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley sobre cuestiones referidas a la aplicación de la misma.
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g)La resolución de las reclamaciones en materia de publicidad activa.
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h)La resolución e investigación de las reclamaciones o denuncias establecidas en el Título IV, cuando no den lugar a un expediente sancionador.
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i)La incoación e instrucción de los expedientes sancionadores conforme a lo previsto en el Título VI.
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j)Las demás que se le atribuyan en esta Ley y en el ordenamiento jurídico.
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Artículo 77Funciones
\n
1.El Consejo de Transparencia y Protección de Datos tendrá encomendadas las siguientes funciones en materia de transparencia:
\n
a)La resolución de las reclamaciones que se interpongan contra los actos expresos o presuntos resolutorios de las solicitudes de acceso a la información de los sujetos relacionados en el ámbito de aplicación de esta Ley.
\n
b)El control del cumplimiento de la obligación de publicar la información que se relaciona en el Título II por los sujetos relacionados en el ámbito de aplicación de esta Ley.
\n
c)La formulación de instrucciones y recomendaciones de cumplimiento e interpretación uniformes de las obligaciones, establecidas en esta Ley, relativas a la transparencia y participación.
\n
d)El asesoramiento en materia de transparencia y participación.
\n
e)La evaluación del grado de aplicación y cumplimiento de esta Ley. Para ello, elaborará anualmente una memoria en la que se incluirá información sobre el cumplimiento de las obligaciones previstas y que será presentada ante la Asamblea de Madrid.
\n
f)La emisión de dictámenes cuando sea requerido por los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley sobre cuestiones referidas a la aplicación de la misma.
\n
g)La resolución de las reclamaciones en materia de publicidad activa.
\n
h)Las demás que se le atribuyan en esta Ley y en el ordenamiento jurídico.
\n
2.El Consejo de Transparencia y Protección de Datos tendrá encomendadas las siguientes funciones en materia de protección de datos de carácter personal.
\n
a)Formular recomendaciones para la adaptación de la normativa de la Comunidad de Madrid en el ámbito de la protección de datos.
\n
b)Recomendar a los responsables de tratamiento de datos y a las secretarías generales técnicas la adopción de las resoluciones o instrucciones necesarias para la ejecución de la normativa en protección de datos.
\n
c)Solicitar el asesoramiento e información a los órganos y entidades que estime necesarios, incluida la Agencia Española de Protección de Datos, para el desarrollo de los fines que le son propios.
\n
d)Fomentar la interlocución entre las consejerías y sus entes institucionales vinculados y dependientes en materia de protección de datos.
\n
e)Coordinar la supervisión que corresponde a los Delegados de Protección de Datos en el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos de carácter personal.
\n
f)Proponer el diseño de la formación del personal a los responsables de tratamiento y a los órganos competentes en materia de formación.
\n
3.El Presidente del Consejo de Transparencia y Protección de Datos ejercerá en todo caso las funciones señaladas en las letras a) y g) del apartado 1 y en la letra c) del apartado 2 del presente artículo.
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Se modifica por el art. 8.4 de la Ley 16/2023, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2024-10766
\n
Artículo 77Funciones
\n
1.El Consejo de Transparencia y Protección de Datos tendrá encomendadas las siguientes funciones en materia de transparencia:
\n
a)La resolución de las reclamaciones que se interpongan contra los actos expresos o presuntos resolutorios de las solicitudes de acceso a la información de los sujetos relacionados en el ámbito de aplicación de esta Ley.
\n
b)El control del cumplimiento de la obligación de publicar la información que se relaciona en el Título II por los sujetos relacionados en el ámbito de aplicación de esta Ley.
\n
c)La formulación de instrucciones y recomendaciones de cumplimiento e interpretación uniformes de las obligaciones, establecidas en esta Ley, relativas a la transparencia y participación.
\n
d)El asesoramiento en materia de transparencia y participación.
\n
e)La evaluación del grado de aplicación y cumplimiento de esta Ley. Para ello, elaborará anualmente una memoria en la que se incluirá información sobre el cumplimiento de las obligaciones previstas y que será presentada ante la Asamblea de Madrid.
\n
f)La emisión de dictámenes cuando sea requerido por los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley sobre cuestiones referidas a la aplicación de la misma.
\n
g)La resolución de las reclamaciones en materia de publicidad activa.
\n
h)Las demás que se le atribuyan en esta Ley y en el ordenamiento jurídico.
\n
2.El Consejo de Transparencia y Protección de Datos tendrá encomendadas las siguientes funciones en materia de protección de datos de carácter personal.
\n
a)Formular recomendaciones para la adaptación de la normativa de la Comunidad de Madrid en el ámbito de la protección de datos.
\n
b)Recomendar a los responsables de tratamiento de datos y a las secretarías generales técnicas la adopción de las resoluciones o instrucciones necesarias para la ejecución de la normativa en protección de datos.
\n
c)Solicitar el asesoramiento e información a los órganos y entidades que estime necesarios, incluida la Agencia Española de Protección de Datos, para el desarrollo de los fines que le son propios.
\n
d)Fomentar la interlocución entre las consejerías y sus entes institucionales vinculados y dependientes en materia de protección de datos.
\n
e)Coordinar la supervisión que corresponde a los Delegados de Protección de Datos en el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos de carácter personal.
\n
f)Proponer el diseño de la formación del personal a los responsables de tratamiento y a los órganos competentes en materia de formación.
\n
3.El Presidente del Consejo de Transparencia y Protección de Datos ejercerá en todo caso las funciones señaladas en las letras a) y g) del apartado 1 y en la letra c) del apartado 2 del presente artículo.
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4.Se asigna al Consejo de Transparencia y Protección de Datos el ejercicio, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, de las funciones que la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, atribuye en su artículo 43 a la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I.
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En cuanto al ejercicio de la potestad sancionadora prevista en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, la actuación del Consejo de Transparencia y Protección de Datos como Autoridad Independiente se limitará exclusivamente a las infracciones cometidas en el ámbito del sector público autonómico y local del territorio de la Comunidad de Madrid. Corresponderá al presidente del Consejo de Transparencia y Protección de Datos acordar la incoación y dictar resolución en los procedimientos en materia sancionadora.
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Se añade el apartado 4 por el art. 9 de la Ley 8/2024, de 26 de diciembre. Ref. BOE-A-2025-5523 Se modifica por el art. 8.4 de la Ley 16/2023, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2024-10766
\n
Artículo 78Colaboración con el Consejo de Transparencia y Participación
\n
Los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley deberán facilitar al Consejo de Transparencia y Participación, la información que les solicite en los plazos señalados en esta Ley y prestarle la colaboración necesaria para el desarrollo de sus funciones. Específicamente, deberán mantener actualizada y disponible información detallada sobre el grado de aplicación de la Ley en sus respectivos ámbitos competenciales.
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Artículo 78Organización, funcionamiento y colaboración con el Consejo de Transparencia y Protección de Datos
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1.El Consejo de Gobierno aprobará mediante decreto las normas de organización y funcionamiento del Consejo de Transparencia y Protección de Datos, así como todos los aspectos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
\n
2.Para el ejercicio de sus funciones, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos contará al menos con una unidad de apoyo jurídico, técnico y administrativo, así como con los medios personales y materiales que sean necesarios.
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3.Los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley deberán facilitar al Consejo de Transparencia y Protección de Datos la información que les solicite en los plazos señalados en esta ley y prestarle la colaboración necesaria para el desarrollo de sus funciones. Específicamente, deberán mantener actualizada y disponible información detallada sobre el grado de aplicación de la ley en sus respectivos ámbitos competenciales.
\n
Se modifica por el art. 8.4 de la Ley 16/2023, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2024-10766
\n
Artículo 79Informes del Consejo de Transparencia y Participación
\n
1.El Consejo de Transparencia y Participación elaborará anualmente un Informe sobre el grado de aplicación y cumplimiento de esta Ley, en el que deberá recoger:
\n
a)Las denegaciones de solicitudes de acceso a la información acordadas por los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley y los motivos en que se han fundado.
\n
b)Las reclamaciones presentadas contra las denegaciones de solicitudes de acceso a la información, expresando su número, los motivos de la reclamación y los acuerdos adoptados en las mismas por el Consejo.
\n
c)Los incumplimientos del deber de publicidad de la información relacionada en el Título II y los requerimientos formulados para su subsanación.
\n
d)Los procedimientos disciplinarios y sancionadores incoados e instruidos por la comisión de las infracciones prevista en esta Ley.
\n
e)Las recomendaciones emitidas relativas al cumplimiento e interpretación de la Ley del derecho de acceso a la información pública, de publicidad de la información y de participación.
\n
f)La actividad de asesoramiento realizada en materia de transparencia y participación.
\n
g)La evaluación del grado de aplicación y cumplimiento de esta Ley.
\n
h)Los demás datos, hechos o consideraciones que estime pertinentes el Consejo, y específicamente, la designación de los órganos y autoridades que no han dado cumplimiento a las obligaciones establecidas en esta Ley.
\n
2.El informe anual se presentará ante el Pleno de la Asamblea de Madrid dentro del primer trimestre del ejercicio siguiente al que se refiera, tal y como establezca la Mesa de la Asamblea de Madrid y se hará público en el Portal de Transparencia.
\n
Artículo 79Relaciones con la Asamblea de Madrid
\n
1.El Consejo de Transparencia y Protección de Datos elevará anualmente a la Comisión correspondiente de la Asamblea de Madrid una memoria sobre el desarrollo de sus actividades y sobre el grado de cumplimiento de las disposiciones establecidas en esta Ley. El Presidente del Consejo de Transparencia y Protección de Datos comparecerá ante la Comisión correspondiente para dar cuenta de tal memoria, así como cuantas veces sea requerido para ello.
\n
2.La memoria anual se presentará ante la Comisión correspondiente de la Asamblea de Madrid dentro del primer trimestre del ejercicio siguiente al que se refiera, y se hará pública en el Portal de Transparencia.
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Se modifica por el art. 8.4 de la Ley 16/2023, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2024-10766
\n
TÍTULO VI
\n
Infracciones y sanciones en materia de transparencia y participación
\n
Artículo 80Régimen jurídico
\n
1.El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley se sancionará conforme a lo previsto en este Título, sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieran concurrir.
\n
2.La potestad sancionadora respecto de las infracciones tipificadas en esta Ley se ejercerá de conformidad con lo dispuesto en ella y en la legislación básica reguladora del procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas y del régimen jurídico del Sector público. La potestad disciplinaria se regirá por el procedimiento previsto para el personal estatutario o laboral que resulte de aplicación en cada caso.
\n
Artículo 80Régimen jurídico
\n
Será de aplicación el régimen de infracciones y sanciones regulado en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
\n
Se modifica por el art. 8.5 de la Ley 16/2023, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2024-10766
\n
Artículo 81Infracciones en materia de transparencia
\n
Se consideran infracciones en materia de transparencia:
\n
1.Infracciones muy graves:
\n
a)El incumplimiento de la obligación de publicar la información relacionada en el Título II o de la obligación de suministrar la información a que hace referencia el Título III, cuando se haya desatendido más de tres veces, en un período de dos años, el requerimiento expreso del Consejo de Transparencia y Participación.
\n
b)El incumplimiento más de tres veces, en un período de dos años, de la obligación de resolver en plazo las solicitudes de acceso a la información pública.
\n
c)La reincidencia en la comisión de faltas graves. Se entenderá por reincidencia la comisión, en el término de un año, de más de una infracción grave cuando así haya sido declarado por resolución firme.
\n
2.Infracciones graves:
\n
a)El incumplimiento reiterado, cuando no constituya reincidencia, de la obligación de publicar la información relacionada en el Título II o de la obligación de suministrar la información a que hace referencia el Título III, cuando se haya desatendido el requerimiento expreso del Consejo de Transparencia y Participación.
\n
b)El incumplimiento injustificado y reiterado de la obligación de resolver en plazo las solicitudes de acceso a la información pública.
\n
c)Publicar o suministrar la información incumpliendo las exigencias derivadas de los principios establecidos en el artículo 6.
\n
d)El incumplimiento de la obligación prevista en el artículo 4.1.
\n
e)La reincidencia en la comisión de faltas leves. Se entenderá por reincidencia la comisión, en el término de un año, de más de una infracción leve cuando así haya sido declarado por resolución firme.
\n
3.Infracciones leves:
\n
a)El incumplimiento de la obligación de publicar la información relacionada en el Título II o de la obligación de suministrar la información a que hace referencia el Título III, cuando no sea una infracción grave o muy grave.
\n
b)La ausencia de motivación en la denegación de la información solicitada.
\n
c)La entrega injustificada de información incompleta, parcial o distinta a la solicitada o reclamada.
\n
d)El retraso injustificado en el suministro de la información.
\n
Artículo 81Infracciones en materia de transparencia
\n
(Suprimido) Se suprime por el art. 8.5 de la Ley 16/2023, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2024-10766
\n
Artículo 82Infracciones en materia de participación en los asuntos públicos
\n
Se consideran infracciones en materia de participación en los asuntos públicos:
\n
1.Infracciones muy graves:
\n
a)El incumplimiento por más de tres veces en dos años de la obligación de motivar a que hace referencia el artículo 53 c).
\n
b)El ejercicio, por tercera vez en un año, por las personas o entidades mencionadas en el artículo 66, de alguna de las actividades del artículo 65 con la intención de influir directa o indirecta en la elaboración de normas jurídicas y disposiciones generales y en la elaboración y aplicación de las políticas públicas, cuando no hayan cumplido su deber de inscribirse en el Registro de Transparencia.
\n
c)Autorizar a las personas o entidades mencionadas en el artículo 66, por tercera vez en un año, el ejercicio de las conductas previstas en el apartado anterior, cuando no hayan cumplido su deber de inscribirse en el Registro de Transparencia.
\n
2.Infracciones graves:
\n
a)El incumplimiento por más de dos veces en dos años de la obligación de motivar a que hace referencia el artículo 53 c).
\n
b)El ejercicio por segunda vez en un año, por las personas o entidades mencionadas en el artículo 66, de alguna de las actividades del artículo 65 con la intención de influir directa o indirecta en la elaboración de normas jurídicas y disposiciones generales y en la elaboración y aplicación de las políticas públicas, cuando no hayan cumplido su deber de inscribirse en el Registro de Transparencia.
\n
c)Autorizar a las personas o entidades mencionadas en el artículo 66, por segunda vez en un año, el ejercicio de las conductas previstas en el apartado anterior, cuando no hayan cumplido su deber de inscribirse en el Registro de Transparencia.
\n
d)El incumplimiento manifiesto de las obligaciones establecidas en el artículo 69.
\n
e)Autorizar el incumplimiento manifiesto de las obligaciones establecidas en el artículo 69.
\n
f)La reincidencia en la comisión de faltas leves. Se entenderá por reincidencia la comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme.
\n
3.Infracciones leves:
\n
a)El incumplimiento de la obligación de motivar a que hace referencia el artículo 53 c), cuando no sea infracción grave o muy grave.
\n
b)El ejercicio, por una sola vez en un año, por las personas o entidades mencionadas en el artículo 66, de alguna de las actividades del artículo 65 con la intención de influir directa o indirecta en la elaboración de normas jurídicas y disposiciones generales y en la elaboración y aplicación de las políticas públicas, cuando no hayan cumplido su deber de inscribirse en el Registro de Transparencia.
\n
c)Autorizar a las personas o entidades mencionadas en el artículo 66, por una sola vez en un año, el ejercicio de las conductas previstas en el apartado anterior, cuando no hayan cumplido su deber de inscribirse en el Registro de Transparencia.
\n
Artículo 82Infracciones en materia de participación en los asuntos públicos
\n
(Suprimido) Se suprime por el art. 8.5 de la Ley 16/2023, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2024-10766
\n
Artículo 83Responsables
\n
1.Son responsables de las infracciones, aun a título de simple inobservancia, las personas físicas, jurídicas o entidades, cualquiera que sea su naturaleza, que realicen las acciones u omisiones tipificadas en la Ley.
\n
2.En particular son responsables:
\n
a)De las infracciones en materia de transparencia:
\n
1.o La persona que tenga la condición de alto cargo o asimilado en la Comunidad y los municipios, de conformidad con lo establecido en la Ley 4/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
\n
2.o El personal al servicio de las Administración pública autonómica o local y de las entidades y organismos recogidos en el artículo 2.1 cuando les sea imputable una acción u omisión tipificada como infracción de acuerdo con las funciones y competencias que tengan atribuidas.
\n
3.o El resto de los altos cargos y del personal al servicio de las instituciones u organismos a los que se refiere el artículo 2 cuando les sea imputable una acción o una omisión tipificada como infracción, de acuerdo con las funciones y competencias que tengan atribuidas.
\n
4.o Los sujetos obligados, a los que hace referencia el artículo 3.
\n
5.o Las personas obligadas a suministrar información, a las que se refiere el artículo 4.
\n
b)De las infracciones en materia de participación en los asuntos públicos:
\n
1.o La persona que tenga la condición de alto cargo o asimilado en la Comunidad y los municipios de conformidad con lo establecido en la Ley 4/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
\n
2.o El personal al servicio de las Administración pública autonómica y local y de las entidades y organismos recogidos en el artículo 2.1 cuando les sea imputable una acción u omisión tipificada como infracción de acuerdo con las funciones y competencias que tengan atribuidas.
\n
3.o El resto de los altos cargos y del personal al servicio de las instituciones u organismos a los que se refiere el artículo 2 cuando les sea imputable una acción o una omisión tipificada como infracción, de acuerdo con las funciones y competencias que tengan atribuidas.
\n
4.o Los sujetos a los que hace referencia el artículo 3.3, por el incumplimiento de sus deberes de registro o de las obligaciones previstas en el Capítulo II del Título IV.
\n
Artículo 83Responsables
\n
(Suprimido) Se suprime por el art. 8.5 de la Ley 16/2023, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2024-10766
\n
Artículo 84Sanciones aplicables a altos cargos o asimilados y demás sujetos obligados
\n
1.Las sanciones que pueden aplicarse cuando las infracciones sean imputables a personas que tengan la consideración de alto cargo o asimilado:
\n
a)Por la comisión de infracciones muy graves, la destitución del cargo.
\n
b)Por la comisión de infracciones graves:
\n
1.o La suspensión de funciones y retribuciones durante un período de entre tres a seis meses para el ejercicio de alto cargo o asimilado.
\n
2.o La declaración de incumplimiento de la Ley y la publicación en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid».
\n
c)Por la comisión de infracciones leves:
\n
1.o La amonestación.
\n
2.o La publicación de la infracción en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid».
\n
2.Las sanciones que pueden aplicarse cuando las infracciones sean imputables a los sujetos o personas obligados a los que hacen referencia los artículos 3 y 4:
\n
a)Por la comisión de infracciones muy graves:
\n
1.o Multa comprendida entre 30.001 y 300.000 euros.
\n
2.o Retirada del documento de identificación y suspensión, durante un período de un año y un día a cinco años de la inscripción en el Registro de Transparencia.
\n
3.o Inhabilitación para beneficiarse de ayudas públicas o para contratar con las Administraciones públicas durante un período de un año.
\n
b)Por la comisión de infracciones graves:
\n
1.o Multa comprendida entre 5.001 y 30.000 euros.
\n
2.o Retirada del documento de identificación y suspensión durante un período máximo de un año de la inscripción en el Registro de Transparencia.
\n
c)Por la comisión de infracciones leves, la amonestación.
\n
3.Los criterios aplicables para determinar el tipo y alcance de la sanción de los apartados anteriores, serán los establecidos en la legislación de régimen jurídico del Sector público, así como los derivados de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia acceso a la información pública y buen gobierno.
\n
Artículo 84Sanciones aplicables a altos cargos o asimilados y demás sujetos obligados
\n
1.Las sanciones que pueden aplicarse cuando las infracciones sean imputables a personas que tengan la consideración de alto cargo o asimilado:
\n
a)Por la comisión de infracciones muy graves, la destitución del cargo.
\n
b)Por la comisión de infracciones graves:
\n
1.o La suspensión de funciones y retribuciones durante un período de entre tres a seis meses para el ejercicio de alto cargo o asimilado.
\n
2.o La declaración de incumplimiento de la Ley y la publicación en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid».
\n
c)Por la comisión de infracciones leves:
\n
1.o La amonestación.
\n
2.o La publicación de la infracción en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid».
\n
2.Las sanciones que pueden aplicarse cuando las infracciones sean imputables a los sujetos o personas obligados a los que hacen referencia los artículos 3 y 4:
\n
a)Por la comisión de infracciones muy graves:
\n
1.o Multa comprendida entre 30.001 y 300.000 euros.
\n
2.o Retirada del documento de identificación y suspensión, durante un período de un año y un día a cinco años de la inscripción en el Registro de Transparencia.
\n
3.o Inhabilitación para beneficiarse de ayudas públicas.
\n
b)Por la comisión de infracciones graves:
\n
1.o Multa comprendida entre 5.001 y 30.000 euros.
\n
2.o Retirada del documento de identificación y suspensión durante un período máximo de un año de la inscripción en el Registro de Transparencia.
\n
c)Por la comisión de infracciones leves, la amonestación.
\n
3.Los criterios aplicables para determinar el tipo y alcance de la sanción de los apartados anteriores, serán los establecidos en la legislación de régimen jurídico del Sector público, así como los derivados de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia acceso a la información pública y buen gobierno.
\n
Se modifica el apartado 2.a).3º por el art. 29.4 de la Ley 11/2022, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2023-7343
\n
Artículo 84Sanciones aplicables a altos cargos o asimilados y demás sujetos obligados
\n
(Suprimido) Se suprime por el art. 8.5 de la Ley 16/2023, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2024-10766 Se modifica el apartado 2.a).3º por el art. 29.4 de la Ley 11/2022, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2023-7343
\n
Artículo 85Sanciones aplicables al personal sometido a régimen disciplinario
\n
1.Cuando las infracciones sean imputables al personal al servicio de las entidades y organismos relacionados en el artículo 2 se les sancionará conforme a lo previsto en la respectiva normativa disciplinaria aplicable al personal, de acuerdo con el régimen estatutario o laboral a que este sujeto el mismo.
\n
2.Si el supuesto de infracción puede quedar incluido en alguna de las infracciones disciplinarias establecidas por la legislación estatutaria o laboral se aplica esta última legislación.
\n
Artículo 85Sanciones aplicables al personal sometido a régimen disciplinario
\n
(Suprimido) Se suprime por el art. 8.5 de la Ley 16/2023, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2024-10766
\n
Artículo 86Procedimiento
\n
1.Cuando por acuerdo del órgano competente, por propia iniciativa, a petición razonada de otros órganos o por denuncia, se tuviera conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de una infracción tipificada en este Título, el Consejo de Transparencia y Participación iniciará e instruirá el procedimiento sancionador. A tal efecto, corresponderá al Presidente del Consejo la incoación del procedimiento y al pleno del Consejo su instrucción, resolviendo en última instancia el órgano competente.
\n
2.Para la imposición de las sanciones establecidas en el presente Título:
\n
a)Cuando el presunto responsable sea una persona que tenga la consideración de alto cargo o asimilado de la Administración pública autonómica o local, el procedimiento sancionador se ajustará a lo establecido en la normativa que regule las incompatibilidades de los altos cargos de la Comunidad de Madrid o de las entidades locales y supletoriamente en lo dispuesto en el Título II de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. En lo no previsto en la normativa anterior, se aplicarán las normas procedimentales vigentes para la exigencia de la responsabilidad disciplinaria del personal estatutario al servicio de la Administración pública de la Comunidad de Madrid o de los ayuntamientos.
\n
b)Cuando el presunto responsable sea un alto cargo o asimilado o personal al servicio de una institución u organismo diferente de los previstos en el apartado anterior, el procedimiento sancionador se ajustará a la normativa específica que le sea de aplicación.
\n
c)Cuando el presunto responsable tenga la consideración de sujeto o persona obligada conforme a los artículos 3 y 4, el procedimiento sancionador se ajustará a lo establecido en la legislación básica del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas y del régimen jurídico del Sector público.
\n
d)En el caso de infracciones imputables al personal al servicio de las entidades y organismos relacionados en el artículo 2, el procedimiento disciplinario, se ajustará a la normativa reguladora del personal estatutario o laboral que resulte de aplicación en cada caso.
\n
Artículo 86Procedimiento
\n
(Suprimido) Se suprime por el art. 8.5 de la Ley 16/2023, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2024-10766
\n
Artículo 87Órgano competente
\n
Son órganos competentes para la resolución de los procedimientos sancionadores o disciplinarios:
\n
a)El Consejo de Gobierno cuando el responsable tenga la consideración de alto cargo, salvo que corresponda a la presidencia de la Comunidad.
\n
b)El alcalde o presidente de los entes locales o el pleno, en el caso de altos cargos al servicio de la Administración local.
\n
c)El rector, en el caso de universidades públicas.
\n
d)El titular del órgano competente en materia de Administración pública, en el caso de otras autoridades.
\n
e)El establecido en la normativa aplicable en cada caso, cuando se trate de personal al servicio de las entidades y organismos incluidos en el artículo 2.
\n
f)El titular del órgano que otorga la subvención o ayuda pública, o el competente en la materia a la que se refiera el concierto, cuando el responsable sea uno de los sujetos relacionados en el artículo 3.1 y 2.
\n
Cuando las subvenciones o ayudas públicas procedan de distintos órganos, será competente el titular del órgano que haya otorgado la de mayor cuantía.
\n
g)El titular del órgano que tenga atribuidas las competencias del artículo 65, cuando el responsable sea uno de los sujetos comprendidos en el artículo 66.
\n
h)El titular del órgano que tenga atribuidas las competencias del servicio o de la materia al que deba suministrar la información, cuando el responsable sea una persona obligada a la que se refiere el artículo 4.
\n
Artículo 87Órgano competente
\n
(Suprimido) Se suprime por el art. 8.5 de la Ley 16/2023, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2024-10766
\n
Artículo 88Publicidad de las sanciones
\n
Las sanciones que se impongan por la comisión de infracciones muy graves, graves y leves previstas en esta Ley se harán públicas en el Portal de Transparencia, sin perjuicio de los supuestos en que deban ser objeto de publicación en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» y de que puedan hacerse constar en los informes del Consejo de Transparencia y Participación.
\n
Artículo 88Publicidad de las sanciones
\n
(Suprimido) Se suprime por el art. 8.5 de la Ley 16/2023, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2024-10766 Disposición adicional primera. Regulaciones especiales del derecho de acceso.
\n
1.La normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo será la aplicable al acceso por parte de quienes tengan la condición de interesados en un procedimiento administrativo en curso a los documentos que se integren en el mismo.
\n
2.Se regirán por su normativa específica, y por esta Ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información.
\n
3.Específicamente, esta Ley será de aplicación, en lo no previsto en sus respectivas normas reguladoras, al acceso a la información ambiental y a la destinada a la reutilización.
\n
Disposición adicional segunda. Adopción de medidas para la ejecución de la Ley.
\n
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid y la Consejería competente en materia de información pública adoptarán, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, las medidas que sean precisas para asegurar la difusión de la información pública prevista en esta Ley y su puesta a disposición de la ciudadanía de la manera más amplia y sistemática posible, así como para que la misma se ajuste progresivamente a los principios de accesibilidad, interoperabilidad y reutilización.
\n
Disposición adicional tercera. De los registros de solicitudes de acceso y reclamaciones.
\n
1.En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley, el Consejo de Gobierno de la Comunidad adaptará su Registro de solicitudes de acceso y reclamaciones de la Comunidad, que deberá ser público y accesible a través del Portal de Transparencia.
\n
2.El resto de los sujetos obligados por esta Ley, dispondrán de seis meses para adaptar sus propios registros o adherirse al Registro de la Comunidad.
\n
3.El Consejo de Gobierno determinará reglamentariamente los criterios comunes para facilitar la interconexión y la integración de los diferentes registros de forma que se de publicidad al contenido de estos registros desde un único punto en el Portal de Transparencia.
\n
Disposición adicional cuarta. Del Registro de Transparencia.
\n
1.En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley, el Consejo de Gobierno de la Comunidad creará el Registro de Transparencia, que actuará como registro de la Administración de la Comunidad, y establecerá los criterios e instrumentos necesarios para facilitar la adhesión, integración e interconexión de los registros de los entes locales y de los demás sujetos a que hace referencia el artículo 2, de acuerdo con el reconocimiento mutuo de las inscripciones y actuaciones recíprocas, dando cumplimiento al principio de inscripción única.
\n
2.Los entes locales y los demás sujetos de derecho público que actúan con independencia funcional o con autonomía especial reconocida por Ley podrán adherirse al Registro de Transparencia de la Comunidad.
\n
3.La Dirección general competente del Registro de Transparencia de la Comunidad de Madrid prestará el apoyo que requiera la Asamblea de Madrid para garantizar el intercambio de información, el reconocimiento recíproco de actuaciones, el principio de inscripción única y la interoperabilidad.
\n
Disposición adicional quinta. Organización y funcionamiento de los ficheros de participación y colaboración ciudadana.
\n
En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley, se regularán y pondrán en marcha los ficheros de participación y colaboración ciudadana.
\n
Disposición adicional sexta. Transparencia de la Asamblea de Madrid.
\n
1.La actividad de la Asamblea de Madrid sujeta al derecho administrativo se regirá por la legislación vigente en materia de transparencia. A estos efectos, y en uso de la autonomía que le es propia, corresponderá a los órganos competentes de la Cámara establecer en su Reglamento las medidas específicas necesarias para ajustar, de acuerdo con sus peculiaridades, su actividad a la legislación mencionada.
\n
2.La actividad de la Asamblea de Madrid no sujeta a derecho administrativo se ajustará a las exigencias derivadas del principio de transparencia en los términos y con el alcance que prevea el Reglamento de la Cámara y las disposiciones que lo desarrollen.
\n
Disposición adicional séptima. Transparencia de la Cámara de Cuentas.
\n
1.En la actividad sujeta al derecho administrativo de la Cámara de Cuentas se ajustará a lo establecido en la legislación vigente en materia de transparencia.
\n
2.Son órganos competentes en materia de información pública y para la resolución de las solicitudes de acceso a la información de la Cámara de Cuentas, los que se establezcan en las respectivas normas reguladoras de su organización.
\n
Disposición adicional octava. Normas aplicables a las entidades locales y a las universidades públicas.
\n
1.Lo dispuesto en esta Ley será de aplicación a las entidades que integran la Administración local, a las asociaciones, fundaciones, corporaciones y demás entes constituidos por las entidades locales en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, a las universidades públicas de la Comunidad de Madrid y a sus entidades u organismos vinculados o dependientes en todo aquello que no afecte a la autonomía local y universitaria reconocida constitucionalmente.
\n
2.Corresponde al Consejo de Transparencia y Participación la resolución de las reclamaciones que se interpongan contra los actos expresos o presuntos resolutorios de las solicitudes de acceso a la información de los ayuntamientos de la Comunidad, de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid, y de las entidades vinculadas o dependientes de los mismos.
\n
Disposición adicional novena. Apoyo y colaboración a las entidades locales para el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia.
\n
1.El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, a través del órgano competente en materia de Administración local y en el plazo de seis meses desde la publicación de esta Ley facilitará, en colaboración con la Federación de Municipios de Madrid, a las entidades locales que lo soliciten, la herramienta web para cumplir con las obligaciones que esta Ley les impone en relación con la transparencia de la actividad pública y la participación.
\n
2.Asimismo se prestará la asistencia necesaria a los sujetos reconocidos en el apartado 1. f) del artículo 2 de esta Ley para el cumplimiento de las obligaciones que la misma establece, especialmente a las entidades locales menores y a los municipios de menor población, en particular en materia de publicidad activa.
\n
A estos efectos, el Consejo de Gobierno promoverá una convocatoria anual para que los municipios de menos de 5.000 habitantes concreten las necesidades materiales y económicas que garanticen el cumplimiento de esta Ley.
\n
Disposición adicional décima. Plan de Formación del personal del sector público.
\n
1.La Comunidad de Madrid incluirá en su Plan de Formación contenidos en materia de transparencia administrativa y ejecutará acciones de formación específicas tendentes a sensibilizar al personal al servicio del sector público de la Comunidad Autónoma en el respeto de los derechos y obligaciones establecidos en la presente Ley.
\n
2.A través de la Federación de Municipios de Madrid, el Plan de Formación en materia de transparencia podrá aplicarse al personal al servicio de las Administraciones locales de la Comunidad de Madrid, impulsando los instrumentos de colaboración que sean oportunos.
\n
Disposición adicional undécima. Formación, divulgación y difusión institucional.
\n
La Consejería competente en materia de información pública llevará a efecto actividades de formación, divulgación y difusión institucional con el objeto de facilitar el conocimiento por la ciudadanía de la información que resulta accesible y de los cauces disponibles para poder acceder a ella, así como del ejercicio del derecho de acceso a la información pública y de la participación.
\n
Disposición adicional duodécima. Corporaciones de Derecho público y federaciones y clubs deportivos.
\n
Para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley, las corporaciones de Derecho público y las federaciones y clubs deportivos podrán celebrar convenios de colaboración con la Administración pública de la Comunidad de Madrid.
\n
Disposición adicional decimotercera. Referencias al Consejo de Transparencia y Participación.
\n
Todas las referencias que se hacen en la presente Ley al Consejo de Transparencia y Participación, se entenderán hechas al Consejo de Transparencia y Protección de Datos.
\n
Se añade por el art. 8.6 de la Ley 16/2023, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2024-10766 Disposición transitoria primera. Solicitudes de acceso en trámite.
\n
1.Las solicitudes de acceso a la información y las reclamaciones contra las resoluciones de denegación de acceso a la información presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley continuarán su tramitación con arreglo a la normativa aplicable en el momento de la presentación.
\n
2.Hasta que no entre en funcionamiento el Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid, las solicitudes de acceso y las reclamaciones contra las resoluciones de denegación de acceso a la información contra actos de la Comunidad de Madrid, entidades locales y demás sujetos obligados por esta Ley se seguirán rigiendo por lo previsto en el apartado 1 de la disposición transitoria segunda de la Ley 5/2016, de 22 de julio, por la que se modifica la Regulación del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.
\n
3.Una vez que entre en funcionamiento el Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid todas las funciones en materia de transparencia previstas en la disposición transitoria segunda de la de la Ley 5/2016, de 22 de julio, por la que se modifica la Regulación del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid pasarán a ser ejercidas por el Consejo de Transparencia y Participación.
\n
Disposición transitoria segunda. Obligaciones de las personas y entidades relacionadas en los artículos 3 y 4 de la Ley.
\n
Las obligaciones establecidas en los artículos 3 y 4 serán exigibles desde la entrada en vigor de la Ley, con independencia de que el contrato, subvención o cualesquiera otras formas de relación tengan su origen en fecha anterior, siempre que continúen vigentes.
\n
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
\n
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la presente Ley.
\n
Disposición final primera. Modificación de la Ley de incompatibilidades de los miembros del Gobierno y altos cargos de la Comunidad de Madrid.
\n
Se añade un apartado 4 al artículo 10 de la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid con el contenido siguiente: «4. El contenido de las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales de los miembros del Gobierno y de los altos cargos previstos en el artículo 2 se publicarán en el “Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid”, en los términos previstos reglamentariamente. En relación con los bienes patrimoniales, se publicará una declaración comprensiva de la situación patrimonial de estos altos cargos, omitiéndose aquellos datos referentes a su localización y salvaguardando la privacidad y seguridad de sus titulares.»
\n
Disposición final primera. Modificación de la Ley de incompatibilidades de los miembros del Gobierno y altos cargos de la Comunidad de Madrid. (Suprimida).
\n
Se suprime por el art. 29.5 de la Ley 11/2022, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2023-7343 Disposición final segunda. Habilitación para el desarrollo.
\n
1.Se faculta al Consejo de Gobierno en el ámbito de sus competencias para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de esta Ley, así como para acordar las medidas que garanticen la efectiva ejecución e implantación de la misma.
\n
2.Asimismo, en el plazo de tres meses desde la publicación de la Ley, el Consejo de Gobierno deberá aprobar el contenido, organización y funcionamiento del Registro de Transparencia.
\n
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
\n
La presente Ley se publicará en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» y entrará en vigor el 1 de enero de 2020.
\n
Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley, que la cumplan, y a los Tribunales y Autoridades que corresponda, la guarden y hagan guardar.
\n
Madrid, 10 de abril de 2019.–El Presidente, Ángel Garrido García.
\n
ANEXO I Categoría de las personas y entidades inscritas en el Registro de Transparencia 1. Personas físicas.
\n
2.Entidades sin ánimo de lucro.
\n
Subcategoría:
\n
a)Entidades privadas sin ánimo de lucro.
\n
b)Entidades representativas de intereses colectivos.
\n
c)Agrupaciones de personas que se conformen como plataformas, movimientos, foros o redes ciudadanas sin personalidad jurídica, incluso las constituidas circunstancialmente.
\n
d)Organizaciones empresariales, colegios profesionales y demás entidades representativas de intereses colectivos.
\n
e)Entidades organizadoras de actos sin ánimo lucrativo.
\n
f)Organizaciones no gubernamentales.
\n
g)Grupos de reflexión e instituciones académicas y de investigación.
\n
h)Organizaciones que representan a comunidades religiosas.
\n
i)Organizaciones que representan a autoridades municipales.
\n
j)Organizaciones que representan a autoridades regionales.
\n
k)Organismos públicos o mixtos.
\n
3.Entidades con ánimo de lucro.
\n
Subcategoría:
\n
a)Empresas y agrupaciones comerciales, empresariales, y profesionales.
\n
b)Consultorías profesionales.
\n
c)Asociaciones comerciales, empresariales y profesionales.
\n
d)Coaliciones y estructuras temporales con fines de lucro.
\n
e)Entidades organizadoras de actos con ánimo de lucro.
\n
f)Cualquier otra entidad con ánimo de lucro.
\n
ANEXO II Información requerida a los declarantes por el artículo 68 Información general:
\n
1.Nombre, apellido, NIF o razón social de la persona o entidad obligada a inscribirse, dirección, número de teléfono, dirección de correo electrónico y sitio web si lo tuvieran.
\n
2.Nombre y apellido de la persona legamente responsable dentro de la entidad de la actividad que obliga a la inscripción. Si procede, nombre y apellido de la persona de contacto principal para las actividades contempladas en el Registro.
\n
3.Nombre y apellido de las personas autorizadas para, en nombre y representación de las personas o entidades obligadas a inscribirse, acceder y reunirse en las dependencias públicas o tener contacto con cargos directivos, profesionales, personal estatutario, asesores u otros sujetos de las Administraciones públicas.
\n
4.Miembros de la entidad, si entre los miembros hay otras entidades o personas jurídicas.
\n
Información específica:
\n
1.Actividades cubiertas por el Registro.
\n
2.Categoría a la que pertenecen las personas y entidades obligadas a inscribirse y Registro oficial en el que estén inscritas, en su caso.
\n
3.Ámbito de interés o intereses sectoriales.
\n
4.Pertenencia a algún grupo de trabajo, mesa sectorial o consejo de naturaleza consultiva relacionada con alguna Administración pública.
\n
5.Información financiera relacionada con las actividades cubiertas por el Registro:
\n
a)Estimación de los costes anuales vinculados a las actividades cubiertas por el Registro.
\n
b)El importe y la fuente de los fondos públicos recibidos, si procede.
\n
6.Los inscritos en la categoría de entidades con ánimo de lucro deberán además indicar:
\n
a)Volumen de negocios aproximado imputable a las actividades cubiertas por el Registro.
\n
b)Relación de los clientes en cuyo nombre se realizan las actividades cubiertas por el Registro.
\n
7.Los inscritos en la categoría de entidades sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, deberán además indicar:
\n
a)Presupuesto total de la organización.
\n
b)Desglose de las principales cuantías y fuentes de financiación.
\n
8.Declaración responsable conforme al artículo 70.