200 ok El Consejo de Seguridad Nacional, en su reunión de 14 de julio de 2025, ha aprobado un acuerdo por el que se aprueba la Estrategia de Seguridad Aeroespacial Nacional. Para general conocimiento, se dispone su publicación como anexo a la presente orden. Madrid, 29 de julio de 2025.–El Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños García. ANEXO Acuerdo por el que se aprueba la Estrategia de Seguridad Aeroespacial Nacional EXPOSICIÓN La Estrategia de Seguridad Aeroespacial Nacional ha sido aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional el 14 de julio de 2025. En el proceso de elaboración han participado: Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; Ministerio de Defensa; Ministerio de Hacienda; Ministerio del Interior; Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible; Ministerio de Trabajo y Economía Social; Ministerio de Industria y Turismo; Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Ministerio de Economía, Comercio y Empresa; Ministerio de Sanidad; Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades; Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública; Agencia Espacial Española; Centro Nacional de Inteligencia y el Departamento de Seguridad Nacional. RESUMEN EJECUTIVO España y Europa en su conjunto se ven afectadas con especial intensidad por la creciente inestabilidad geopolítica global. El orden internacional está experimentando cambios de una magnitud nunca vista desde 1945. Se está configurando a gran velocidad un nuevo orden global ante el que no podemos permanecer pasivos. Tenemos que participar activamente en la construcción de la nueva estructura internacional en ciernes. Para jugar un papel decisivo en la configuración del nuevo orden internacional que refleje nuestros valores e intereses en medio de una creciente competición entre potencias de distinto signo tenemos que reforzar nuestras capacidades, reduciendo las dependencias estratégicas para mitigar vulnerabilidades importantes que afectan a nuestra seguridad. La guerra de agresión rusa a Ucrania ha puesto en evidencia con toda su crudeza nuestras carencias y vulnerabilidades. Solo si potenciamos nuestras capacidades conjuntamente reduciremos las severas dependencias que nos impiden tomar decisiones autónomas, y que, a la postre, podrían comprometer nuestro futuro. Es el ámbito aeroespacial uno de los que deja traslucir con mayor claridad estas vulnerabilidades y dependencias. El Libro Blanco sobre la Defensa Europea, que la Comisión Europea ha presentado el 19 de marzo de 2025 a instancias del Consejo Europeo, articula una estrategia compacta y coherente que recoge medidas conjuntas, ambiciosas y necesarias, para paliar esas deficiencias en el horizonte temporal de los próximos cinco años. Se trata de un verdadero plan de choque que permitirá mitigar las carencias de décadas, si finalmente se materializan sus propuestas y planteamientos con el esfuerzo solidario de todos. La Estrategia de Seguridad Aeroespacial Nacional (ESAN) 2025 es la segunda estrategia nacional en este ámbito, sucediendo a la primera estrategia aprobada en 2019. Desde entonces, los rápidos y significativos cambios en los dominios aéreo y espacial han tenido un impacto directo en el ámbito aeroespacial, de vital importancia para la Seguridad Nacional. Esta dinámica de cambio ha impulsado la necesidad de revisar la ESAN de 2019, así como los preceptos relacionados con el ámbito aeroespacial incluidos en la Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) de 2021. El objetivo es ampliar las previsiones existentes e incorporar nuevos aspectos relacionados con la seguridad del espacio aéreo y ultraterrestre. La ESN 2021 propuso para la seguridad de los espacios comunes globales una línea de acción en el espacio aéreo y ultraterrestre, crear la Agencia Espacial Española. Esta línea de acción quedó formalmente completada con el Real Decreto 158/2023, de 7 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Estatal «Agencia Espacial Española» (AEE), con un componente dedicado a la Seguridad Nacional. Adicionalmente, la línea de acción 3 de la ESN 2021 insta a «Desarrollar el sector industrial de la defensa, la seguridad y el espacio, así como las tecnologías duales…,» cuya importancia se ha visto reforzada por un significativo giro hacia políticas industriales de mayor seguridad económica a nivel internacional. Por tanto, se hace necesario la definición de nuevas líneas de acción estratégicas en el ámbito de la seguridad aeroespacial. El Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa aprobado por el Consejo de Ministros en abril de 2025 es la respuesta de España al actual contexto internacional y se enmarca en el firme compromiso del Gobierno con la seguridad de la ciudadanía, el progreso tecnológico del país y el avance del proyecto europeo. La ESAN 2025 sigue considerando, como su predecesora de 2019, la conveniencia de entender la seguridad aeroespacial como un ámbito único por motivos de eficacia para afrontar amenazas y mitigar riesgos, comunes e interdependientes en el espacio aéreo y en el espacio ultraterrestre. Sin embargo, en un contexto de creciente competencia a todos los niveles, este enfoque integrado requiere reconocer simultáneamente que el Espacio representa un dominio diferenciado, donde se ha producido una intensificación de las amenazas a servicios esenciales para la Seguridad Nacional. Tanto la Unión Europea como la OTAN han conferido ese carácter de dominio operacional diferenciado al espacio ultraterrestre, realizando una aproximación global e integradora del espacio aéreo y ultraterrestre en aras de la eficaz coordinación y gestión de los recursos. La Estrategia se articula en cuatro capítulos. El primero, titulado «Análisis de Contexto en los dominios Aéreo y Espacial», muestra aspectos generales, describe brevemente su marco regulatorio, y motiva la conveniencia de una única estrategia de seguridad aeroespacial para proteger los principales intereses nacionales en los dos dominios. En el segundo capítulo, titulado «Amenazas para la Seguridad Nacional en los dominios aéreo y espacial», se abordan los conceptos de riesgo y amenaza en el ámbito aeroespacial. Se identifican las principales vulnerabilidades, las cuales surgen de la naturaleza de estos dominios, su alta interconectividad, la elevada tecnificación de toda la infraestructura que opera, su dependencia de las capacidades industriales y los constantes avances tecnológicos. Dadas las características propias del ámbito aeroespacial, muchas de las amenazas pueden producirse fuera de los espacios de soberanía y jurisdicción españoles, siendo necesario considerar siempre las responsabilidades nacionales y las obligaciones de los compromisos internacionales contraídos por España. El tercer capítulo «Objetivos» desarrolla los ejes estratégicos de la ESN 2021 en objetivos estratégicos y líneas de actuación para el ámbito aeroespacial. – El Objetivo Estratégico 1: proteger España «en» y «desde» el Aire y el Espacio; se corresponde con el eje «una España que PROTEGE la vida de las personas y sus derechos y libertades, así como el orden constitucional». – Objetivo Estratégico 2: mejorar las capacidades de seguridad y defensa aérea y espacial; con el eje «una España que PROMUEVE la prosperidad y bienestar de los ciudadanos». – Objetivo Estratégico 3: contribuir a un Aire y a un Espacio seguro y sostenible; con el eje «una España que PARTICIPA en la preservación de la paz y seguridad internacional y defiende sus intereses estratégicos». Cada uno de estos objetivos estratégicos se acompaña de líneas de actuación que pretenden proporcionar una guía de nivel político estratégico a los distintos departamentos ministeriales, que decidirán los programas a ejecutar dentro de su marco competencial. El cuarto capítulo denominado «La Seguridad Aeroespacial en el Sistema de Seguridad Nacional» revisa la arquitectura orgánica de la seguridad aeroespacial ya definida en la ESAN 2019. Bajo la dirección del Presidente del Gobierno, la estructura se compone de tres órganos permanentes (el Consejo de Seguridad Nacional, el Consejo Nacional de Seguridad Aeroespacial y el Comité de Situación) y la posibilidad de activar una Célula de Coordinación. Como novedad respecto a la Estrategia de 2019, se ha elaborado un anexo con un catálogo de medidas identificadas, orientadas a la consecución de los tres objetivos estratégicos. Igual que sucede con las líneas de actuación, las medidas identificadas contribuyen al cumplimiento de más de un objetivo estratégico, para facilitar el seguimiento se encuadran en sólo uno de ellos. INTRODUCCIÓN En 2019, el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) aprobó la primera Estrategia de Seguridad Aeroespacial Nacional (ESAN). Entre sus principales innovaciones, destacó la propuesta de crear el Consejo Nacional de Seguridad Aeroespacial (CNSA), siguiendo el modelo de otros consejos establecidos en otros ámbitos de la Seguridad Nacional. Como órgano de apoyo del CSN, el CNSA tiene la responsabilidad de evaluar el progreso y cumplimiento de la ESAN. El CNSA, en el desarrollo de sus funciones, identificó la necesidad de actualizar la ESAN, propuesta que fue aprobada por el CSN, atendiendo a los motivos que a continuación se desarrollan. En primer lugar, el contexto estratégico global está experimentando transformaciones geopolíticas significativas, caracterizadas por un aumento notable de tensiones y conflictos regionales. Los conflictos actuales ponen de manifiesto la gran dificultad para garantizar la seguridad del espacio aéreo y ultraterrestre, ante la aparición de nuevas amenazas contra las capacidades espaciales y la proliferación de vectores que, aunque mencionados en la ESAN 2019, han experimentado una gran expansión y evolución tecnológica. En el caso de los drones se ha producido un crecimiento exponencial, tanto en el aspecto cuantitativo como cualitativo, de su empleo en operaciones militares y terroristas, impulsado por el empleo letal de drones comerciales y militares de pequeño tamaño, como se ha demostrado en los conflictos recientes (Ucrania, Gaza, Oriente Próximo…). Por otro lado, se ha producido la aparición y multiplicación del empleo de munición merodeadora, cada vez más accesible y con efectos más letales. Así mismo, se ha producido un gran desarrollo de los misiles balísticos, de crucero, hipersónicos y el armamento de precisión de largo alcance lanzado desde el suelo o desde el aire. En otro ámbito, tampoco podemos olvidar los incidentes sufridos en aeropuertos por el avistamiento de drones comerciales en sus proximidades, con el consiguiente peligro de poder causar interferencias con los sistemas de navegación o incluso con los propios aviones, lo que ha obligado en ocasiones, al desvío del tráfico aéreo local por motivos de seguridad operacional. Un segundo elemento, que aconseja la revisión de la Estrategia, es la necesidad de proceder a una valoración constante de las amenazas que están evolucionando en esferas hasta ahora desconocidas. La aparición de nuevos actores aeroespaciales, alguno de ellos fuera del control de los Estados y las estructuras internacionales más tradicionales, no es nueva, pero sí su rápido aumento tanto en número como en sus capacidades tecnológicas y financieras. La evolución de las amenazas requiere un esfuerzo especial en lo que se refiere a la ciberseguridad y a la protección de entidades críticas dentro del ámbito aeroespacial. Es primordial preservar el mantenimiento de los productos, aplicaciones y servicios esenciales para la ciudadanía que proporcionan las capacidades espaciales como satélites de comunicaciones, de observación de la Tierra, meteorológicos y los sistemas de posicionamiento, navegación y sincronía de tiempos, entre otros. Como tercera razón, en el marco de los objetivos de la Brújula Estratégica, cuyo propósito es fortalecer a la Unión Europea como proveedor de seguridad, en marzo de 2023 la Comisión y el Alto Representante presentaron al Parlamento Europeo y al Consejo la Comunicación Conjunta «Estrategia Espacial de la Unión Europea para la Seguridad y la Defensa». Además, el Libro Blanco sobre la Defensa Europea identifica como áreas de capacidades prioritarias los sistemas de drones y contra drones, y la defensa aérea y antimisil. La ESAN 2025 ofrece la oportunidad de establecer prioridades nacionales e influir en el desarrollo de la estrategia UE para que se alinee con estas prioridades. El necesario paralelismo entre las políticas europea y nacional en materia de seguridad y defensa aeroespacial, es un factor generador de sinergias y aconseja la actualización sincronizada de ambas estrategias. La revisión de la Estrategia hace hincapié no solamente en su carácter nacional, sino en la necesidad de reforzar la cooperación con otros estados y organizaciones con los que España comparte principios y sistemas políticos, y también capacidades tecnológicas, económicas, financieras y comerciales. Por último, el momento presente es el más conveniente, teniendo en cuenta la evolución del ámbito competencial y normativo aeroespacial nacional, con la creación de la Agencia Espacial Española y la adaptación del Ministerio de Defensa con el cambio de denominación del Ejército del Aire a Ejército del Aire y del Espacio y la creación del Mando del Espacio, que recogen las nuevas competencias en el espacio ultraterrestre. El artículo 3 de la Ley 36/2015 de Seguridad Nacional define la Seguridad Nacional como «la acción del Estado dirigida a proteger la libertad, los derechos y bienestar de los ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales, así como a contribuir junto a nuestros socios y aliados a la seguridad internacional en el cumplimiento de los compromisos asumidos.» Esta definición de la Seguridad Nacional al trasladarla al ámbito aeroespacial requiere tener en consideración que en el ámbito aeroespacial existe, nacional e internacionalmente, un marco regulatorio que en muchas ocasiones utiliza el término genérico de «seguridad». La traducción al español de los términos anglosajones «safety» y «security» puede llevar a confusión, pues ambos se traducen comúnmente como «seguridad». Esta ambigüedad lingüística puede dar lugar a errores conceptuales si no se clarifica su uso. Para evitarlos es conveniente traducir el primer término («safety») como «seguridad operacional» y reservar el término «seguridad» para el concepto «security». Esta Estrategia de Seguridad Aeroespacial Nacional, basándose en los conceptos que utiliza OACI (Organización de Aviación Civil Internacional), utiliza las siguientes aproximaciones a los citados términos. – «Seguridad operacional» («safety»): estado en el que los riesgos asociados a las actividades de aviación relativas a la operación de aeronaves, o que apoyan directamente dicha operación, se reducen y controlan a un nivel aceptable. En esta definición de la seguridad operacional debe entenderse como riesgo de seguridad operacional a la probabilidad y la severidad previstas de las consecuencias o resultados de un peligro, entendiendo como tal, la condición u objeto que podría provocar un incidente o accidente de aviación o contribuir al mismo. Es decir, la seguridad operacional procura mitigar en forma proactiva los riesgos de seguridad operacional, antes de que resulten en accidentes e incidentes de aviación. – «Seguridad» («security»): estado en el que los riesgos y amenazas que pueden comprometer tanto la libertad de acción del Estado en el espacio aéreo de soberanía, o de responsabilidad, como aquellas que pueden afectar a la seguridad de los ciudadanos, empleando el dominio aéreo, se reducen y controlan a un nivel aceptable. Incluye: ● La vigilancia del espacio ultraterrestre, la vigilancia y control del espacio aéreo e intervención en caso necesario. ● La defensa contra acciones hostiles o potencialmente hostiles que empleen el dominio aéreo. ● La contribución a la seguridad y defensa aérea en el marco de las organizaciones internacionales a las que pertenece España, tanto en territorio nacional como en el exterior. ● La comunicación de información falsa que comprometa la seguridad operacional de una aeronave en vuelo, o en tierra, o la seguridad de los pasajeros, tripulación, personal de tierra y público en un aeropuerto o en el recinto de una instalación de aviación civil. Aunque estos conceptos son distintos, la comunidad aeronáutica reconoce que muchos riesgos, como los relacionados con la «seguridad operacional», la «seguridad» u otros como la «seguridad sanitaria» (sirve de ejemplo la pandemia de COVID-19), no pueden abordarse de manera aislada debido a su interconexión y su impacto transversal. Por ello, la colaboración entre diferentes áreas es esencial. Un ejemplo de la necesidad de gestionar conjuntamente la seguridad operacional y la seguridad lo constituyen las operaciones a alta altitud conocidas internacionalmente por el término anglosajón HAO (por sus siglas en inglés, High Altitud Operations). Estas operaciones se han definido interinamente como aquellas que se realizan por encima de las altitudes a las que actualmente se proporcionan servicios aeronáuticos (aproximadamente por encima de 55000 pies). Los pseudosatélites HAPS (por sus siglas en inglés, High-Altitude pseudo-satellites), los vehículos remotamente tripulados que operan a gran altitud HALE (por sus siglas en inglés, High Altitude Long Endurance), los globos y aeronaves o misiles supersónicos o hipersónicos pueden operar a estas altitudes, tripulados o no, autónomamente o con diversos grados automatización. Las operaciones a alta altitud suponen riesgos para la seguridad operacional (al resto del tráfico aéreo, a terceras personas o propiedades en el suelo), pero no son menores los riesgos para la seguridad y defensa. Por encima de esas altitudes es difícil ejercer la soberanía por las limitaciones tanto de los sistemas de vigilancia y control, como de operación de las aeronaves de defensa aérea. Los radares convencionales, basados en tierra o en aviones, tienen dificultades para la detección a esas altitudes y las altas velocidades pueden hacer difícil la interceptación de este tipo de vehículos aéreos. Si no se toman medidas, las operaciones a alta altitud suponen una amenaza. Las particularidades del dominio espacial con respecto al aéreo requieren de una adaptación de los términos definidos por OACI para hacerlos plenamente funcionales. En este sentido, y en coherencia con las definiciones que propone la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Ultraterrestre (UNOOSA), podríamos aplicar el concepto de «safety» a la seguridad operacional espacial, entendiendo esta como el resultado de las medidas destinadas a prevenir daños accidentales o involuntarios que impiden el funcionamiento nominal y mitigar los daños que podrían sufrir los activos espaciales, incluidos todos sus segmentos. Por otro lado, el término «security» haría referencia a la seguridad entendida como la protección frente a las amenazas a los sistemas espaciales en todos sus segmentos, con objeto de evitar daños deliberados. Esta línea ha sido seguida en el Estatuto de la Agencia Espacial Española que tiene cometidos de apoyar tanto la supervisión de la seguridad operacional, «safety», como la seguridad, »security», siempre en coordinación con los organismos nacionales competentes. Igualmente, las Fuerzas Armadas (FAS), a través del Mando del Espacio (MESPA), del Ejército del Aire y del Espacio, tienen competencias en los ámbitos de «security» (seguridad y defensa), en particular, sobre los sistemas espaciales de interés gubernamental. CAPÍTULO 1 Análisis de contexto en los dominios aéreo y espacial Aspectos generales del ámbito aeroespacial El desarrollo de la aviación comercial, la importancia de la actividad económica que se genera en el aire-espacio o utiliza sus medios, o los efectos sobre nuestra sociedad que pueden derivarse del control y empleo de este entorno por parte de actores no deseados, incluso en tiempo de paz, hacen de los dominios aéreo y espacial un ámbito fundamental de la acción del Estado. La Ley de Seguridad Nacional de 2015 reconoce la seguridad del espacio aéreo y del espacio ultraterrestre entre los ámbitos de especial interés de la Seguridad Nacional que requieren una atención específica. Estos espacios sin frontera física se caracterizan, entre otros parámetros, por su accesibilidad. La accesibilidad, en el caso del espacio ultraterrestre, está resultando cada vez más fácil en las órbitas bajas. El espacio ultraterrestre, al que nos referiremos como Espacio, es un entorno continuo global sin barreras geográficas ni soberanías nacionales, gobernado por sus propias leyes físicas y escasamente regulado por tratados internacionales. Alberga un número creciente de capacidades y servicios cruciales para la sociedad, así como para la seguridad y defensa, lo que ha incrementado la presencia y actividad de actores tanto estatales como no estatales. La complejidad del entorno espacial, de los intereses y relaciones entre los diversos actores se reflejan en la necesidad de una adecuada gestión y regulación. Aunque algunos aspectos críticos para el uso del Espacio, como la asignación de órbitas y frecuencias de operación, se acogen a ciertas reglas, es imperativo desarrollar un marco normativo que regule de manera eficaz el empleo del espacio ultraterrestre para un uso seguro y sostenible. El Espacio, particularmente las órbitas sobre la Tierra, es un entorno competitivo, disputado y congestionado, por lo que requiere capacidades específicas para garantizar la libertad de acceso seguro al mismo, y con ello contribuir a la necesaria autonomía en los procesos de decisión. Estas circunstancias han llevado a la OTAN, a la Unión Europea y a España a reconocer la importancia que tiene como dominio operacional específico para la seguridad y la defensa. La Seguridad Aeroespacial debe abordarse mediante políticas, medidas y acciones coordinadas destinadas a proteger y asegurar el uso adecuado y la libertad de acción, así como la integridad, funcionalidad y sostenibilidad de ambos dominios. España, de acuerdo con sus capacidades y posición económica, es uno de los principales socios europeos en los sectores aeronáutico y espacial. Ambos sectores son claves para el desarrollo económico y la seguridad de la nación y, consecuentemente, es fundamental garantizar el acceso y la libertad de acción en ambos dominios. Los activos aeroespaciales forman parte de las entidades críticas y de los servicios esenciales según establecen las directivas europeas relativas a la resiliencia de las entidades críticas (CER) y a medidas de ciberseguridad (NIS2). La protección de estos y las infraestructuras asociadas, así como la adecuada gestión y salvaguarda de la integridad de las capacidades, usuarios y servicios, es esencial para el funcionamiento y desarrollo de la sociedad. La no existencia de una frontera física entre los dominios aéreo y espacial dificulta el acuerdo internacional sobre su determinación, por lo que la regulación existente al respecto es escasa e imprecisa. Para facilitar la coordinación de las operaciones en ambos dominios, a los efectos de esta Estrategia se considera que la frontera teórica y académica entre ambos dominios se sitúa en torno a los 100km de altitud, en la denominada línea de Kármán. Las normas que rigen el uso del espacio aéreo y del espacio ultraterrestre se fundamentan en principios sustancialmente distintos. Mientras que el espacio aéreo nacional está sujeto a la soberanía estatal, el Espacio se considera patrimonio común de la humanidad, según los tratados internacionales. No obstante, el principio de no apropiación del espacio ultraterrestre, consagrado en los Tratados de Naciones Unidas, está sujeto a interpretación y podría ser cuestionado en el futuro por leyes nacionales que faciliten la exploración y utilización comercial de los recursos espaciales. La exploración y explotación del Espacio supone una fuente de conocimiento, impulsa el desarrollo de nuevas tecnologías, aporta aplicaciones que se han convertido en indispensables para la calidad de vida de los ciudadanos, es una fuente de creación de empleo de alta cualificación y tiene implicaciones relevantes en materia de seguridad y defensa. La demanda de servicios relacionados con el uso del Espacio continuará incrementándose y el Estado debe apoyar al sector para disponer de la mayor autonomía estratégica posible, reduciendo la dependencia tecnológica e industrial de otras potencias en el desarrollo de capacidades espaciales y el suministro de servicios fundamentales para el funcionamiento y la economía del país. En cuanto al dominio aéreo, su relevancia no se limita el transporte rápido y eficiente de personas y bienes, sino que también es fundamental para la integración global, contribuyendo al crecimiento económico y la conectividad entre naciones. Al igual que el dominio espacial, es un sector estratégico generador de empleo de alta cualificación, uno de los principales inversores en tecnología e innovación a nivel de facturación y eminentemente exportador. La creciente demanda de servicios aeronáuticos exige reducir el impacto ambiental y mejorar la eficiencia operativa, lo que requiere un respaldo estatal para fomentar el desarrollo de tecnologías propias y disminuir la dependencia externa en componentes críticos. Dinámicas de transformación en los dominios aéreo y espacial El contexto internacional atraviesa un periodo de grandes incertidumbres, aunque se vislumbran ciertas tendencias que marcarán el orden mundial a medio y largo plazo. Esta combinación de cambios y constantes configura un nuevo paradigma en los ámbitos político, económico y geopolítico. Factores de incertidumbre Dos factores dificultan la comprensión de nuestra época a través de los patrones tradicionales de competencia entre potencias: – Desafíos de naturaleza global –fundamentalmente el cambio climático, pero también otros como las pandemias, ciertos aspectos de la tecnología o la proliferación nuclear– que sólo pueden ser atajados mediante la cooperación internacional, más difícil en un contexto de rivalidades. Las rivalidades fomentan desconfianza lo cual incentiva a los Estados a no renunciar a ventajas relativas, aunque el precio de la no cooperación sea mayor. – Aceleración en la adopción de nuevas tecnologías cuyas consecuencias son imprevisibles. El ámbito aeroespacial es sólo uno de los teatros de esta transformación, pero está interconectado con los demás. El debilitamiento de nuestra base industrial y tecnológica propia puede acarrear elecciones difíciles entre obtener capacidades (creadas por otros actores extranjeros, públicos o privados) o conservar mayores cotas de autonomía y soberanía. La revolución digital –con todos sus corolarios: la colectivización del conocimiento a través de Internet, su replicación automática a través de la inteligencia artificial (IA), la difuminación de los ámbitos virtual y físico, la computación cuántica, la recolección masiva de datos y su poder predictivo sobre la conducta, la manipulación de información e imágenes, la automatización de la guerra– impacta en todos los ámbitos de las relaciones internaciones y es un factor de incertidumbre. La tecnología se ha convertido en una fuente de poder, rivalidad y competición, incluyendo el ámbito militar, ha transformado el tejido de la economía mundial, sus infraestructuras y los propios conceptos de creación de valor, propiciando una mayor globalización de sus servicios (liderada por los nuevos gigantes tecnológicos) y la necesidad de armonización regulatoria, que chocan con una creciente fragmentación geopolítica. Nuevas constantes Se observa un mayor uso de la fuerza al margen del Derecho Internacional, con un Indo-Pacífico en ascenso y una Europa enfrentando conflictos crecientes. A la par, el multilateralismo está debilitado y el «Sur Global» gana protagonismo económico y demográfico, aunque con un preocupante auge de la diplomacia transaccional y relativización del Derecho Internacional y los derechos humanos. En el ámbito económico, la globalización ha dado paso a una mayor preocupación por la resiliencia y la seguridad económica. Se prioriza la mitigación de riesgos sobre la apertura comercial, lo que genera barreras y disputas en el comercio global. Las empresas ya no pueden desligarse de la política internacional y, a su vez, juegan un papel crucial en la acción exterior de los Estados. La seguridad ya no es disociable de la política industrial. Asistimos a una suerte de cambio de mentalidad entre algunas de las principales potencias industriales del mundo, que tratan a la competitividad de sus empresas como un requisito estratégico además de un activo económico. Esta nueva mentalidad conlleva serios dilemas para un modelo de economía como el nuestro, el de España y el de Europa: un modelo que está basado en la apertura comercial, en el libre mercado y la libre competencia. Conforme a estas tendencias de fondo en clave geopolítica, destaca la creciente competencia en el Espacio de países como China, Rusia, India y Estados Unidos que están invirtiendo fuertemente en tecnologías espaciales avanzadas. Éstas son tendencias de fondo que, más allá de los puntos de inflexión como la guerra de Ucrania o de otros sucesos futuros que no podemos prever, están transformando el mundo de manera decisiva, entrelazando cada vez más geopolítica y economía. Dinámicas de transformación En dimensión económica, la industria aeronáutica es un pilar económico importante, generando empleo y contribuyendo al PIB. Se debe mantener la competitividad del sector mediante la inversión en innovación y la mejora en toda la cadena de valor. La modernización de aeropuertos y el desarrollo de sistemas avanzados de gestión del tráfico aéreo son esenciales para soportar el crecimiento del sector y mejorar la seguridad. Las inversiones en infraestructuras también fomentan el turismo y el comercio. Los gobiernos de los principales países desarrollados proporcionan incentivos financieros y apoyos a sus industrias nacionales para fomentar la innovación y proteger el empleo en el sector aeronáutico. El sector espacial es un motor de crecimiento y competitividad que requiere aumentar la inversión en tecnologías espaciales avanzadas y fomentar la colaboración público-privada. Además, la rápida evolución industrial y tecnológica en el dominio espacial ofrece nuevas oportunidades de mercado y puede impulsar la creación de empleos de elevada cualificación en sectores de alta tecnología, posicionando a España como un actor relevante en el sector. El dominio espacial es clave para la monitorización y mitigación del cambio climático, abriendo oportunidades para el desarrollo de una economía verde y sostenible. En dimensión tecnológica, la disputa es particularmente intensa, se está produciendo una carrera por la supremacía mundial, que incluye el control de exportaciones de tecnologías críticas y de doble uso. La importancia geopolítica que está adquiriendo el sector aeroespacial se ve reflejada en los incrementos exponenciales de nuevos programas estratégicos de defensa en este ámbito (velocidad hipersónica, IA, energía dirigida, aeronaves no tripuladas…). Desde Europa se hace hincapié en disponer de una autonomía y soberanía en tecnologías estratégicas a través de programas como el European Defence Fund (EDF). La innovación en el sector aeronáutico requiere de un marco temporal extenso y de una inversión financiera relevante en investigación y desarrollo que demuestre su aportación hacia la reducción de emisiones y funcionalidad, ya que cada componente debe cumplir con estrictas normas de seguridad operativa aérea europeas y nacionales. Es por ello esencial el apoyo institucional a las políticas de I+D en dicho sector, a través de programas específicos de I+D nacionales. En el ámbito de la prospectiva tecnológica y la aceleración para disponer de desarrollos tecnológicos más competitivos, resulta relevante el desarrollo de nuevas capacidades relacionadas con la seguridad y defensa para la protección de los sistemas espaciales de interés gubernamental, así como la libertad de acción en el Espacio. Existen numerosas sinergias entre tecnologías disruptivas desarrolladas, impulsadas y/o aplicadas a sistemas espaciales y otras áreas de desarrollo tecnológico nacional con aplicaciones muy diversas (robotización, IA, comunicaciones ópticas, computación cuántica, biotecnología, generación y almacenamiento de energía, fabricación aditiva, etc). En dimensión medioambiental, España se posiciona como un actor clave comprometido con la transición hacia un futuro más sostenible y respetuoso con el medio ambiente, aprovechando el potencial de las tecnologías y programas espaciales. En línea con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se muestra un firme compromiso con la utilización de las capacidades espaciales para abordar desafíos globales como el cambio climático, la gestión de recursos naturales y la protección del planeta. La tecnología espacial contribuye significativamente a los ODS mediante la observación de la Tierra, que optimiza la agricultura y la gestión de recursos naturales, la vigilancia de enfermedades y la respuesta a desastres, y la mejora de la conectividad y la educación a distancia. Además, facilita la integración de energías renovables y la mitigación del cambio climático, y apoya la planificación urbana y la toma de decisiones informadas a través de datos geoespaciales. España tiene el firme compromiso de contribuir a la consecución de los acuerdos internacionales para la protección del medio ambiente y de forma particular con aquellos firmados en el ámbito de la lucha contra el cambio climático, como el Acuerdo de París o los objetivos climáticos de la Unión Europea (Fit for 55, Pacto Verde Europeo). En el caso concreto del transporte aéreo, España ha sido un firme impulsor del Marco Global de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) que establece un hito inicial de una reducción de emisiones neta de un 5 % en 2030 a nivel mundial gracias únicamente a las energías más limpias. Asimismo, se están impulsando activamente políticas para alcanzar la neutralidad climática en el transporte aéreo a nivel europeo. España tiene la oportunidad de convertirse en líder en producción de SAF (Combustible Sostenible para aviación), al igual que ya lo es de otras energías renovables. Como el potencial de producción de SAF en España es muy superior a la demanda local, con la instalación de más plantas se podrían exportar grandes volúmenes de este combustible innovador al mercado internacional, con el consiguiente rédito medioambiental y, al mismo tiempo, económico. España un país del aire y del espacio La posición geográfica privilegiada de España, junto con su entorno natural y cultural, ha consolidado a España como uno de los principales destinos turísticos a nivel mundial. Durante el año 2024 visitaron España 93,8 millones de turistas, lo que supuso un aumento del 10,1 % respecto al año anterior, marcando un nuevo máximo histórico. En este contexto, la seguridad en el ámbito aeroespacial, en todas sus dimensiones, es esencial para garantizar que estos desplazamientos se realicen con la máxima seguridad. La continuidad del demostrado éxito de gestión de los modelos integrados y en red de ENAIRE y AENA es clave para el desarrollo del dominio aéreo. ENAIRE, es el principal proveedor de servicios de navegación aérea y de información aeronáutica en España, el cuarto en Europa por volumen de tráfico y uno de los más importantes a nivel mundial. AENA, gestiona 46 aeropuertos y 2 helipuertos en España y a través de su filial Aena Internacional opera 18 aeropuertos en Reino Unido y Brasil y participa en la gestión de otros 15 en distintos países de América. La industria aeroespacial española participa en los principales desarrollos aeronáuticos europeos, tanto civiles como militares. Empresas españolas destacan en la fabricación de aviones de transporte militar, turbinas, servicios de mantenimiento y de componentes para misiones espaciales, centros de control aéreo y sistemas de detección/seguimiento (radares), adquiriendo una sólida reputación y confianza. España es uno de los pocos países con capacidad para cubrir todo el ciclo de diseño y fabricación de aeronaves. El sector espacial español ha crecido de una manera muy importante en los últimos cinco años. Las capacidades proporcionadas por las empresas de medio y gran tamaño de primer nivel, han servido como elemento tractor para todo un ecosistema de pequeñas y medianas empresas que contribuyen con su especialización al desarrollo conjunto del sector. Los modelos de colaboración pública y privada, el aumento de vías de financiación y la creación de polos industriales especializados, entre otros factores, han sido determinantes para el desarrollo y consolidación de un tejido industrial espacial que ofrece y exporta soluciones innovadoras. En el contexto europeo, España es miembro de la Agencia Espacial Europea (ESA) desde su fundación en 1975 y participa en sus principales programas. Lo mismo sucede con el Programa Espacial de la UE que fomenta y apoya la innovación y la competitividad a través de inversiones en tecnologías disruptivas. Los componentes del Programa Espacial de la UE se deben considerar de interés para la Seguridad Nacional por su carácter estratégico, aunque no llegan a cubrir las necesidades de Defensa. Con la creación de la Agencia Espacial Española se ha buscado impulsar la investigación espacial y fortalecer la industria nacional del sector, para dotar a España de una base tecnológica e industrial sólida, que, alineada con los intereses de la Seguridad Nacional, aporte un mayor grado de independencia tecnológica y un mejor posicionamiento ante los retos y oportunidades en el ámbito de la cooperación internacional. La combinación de un sector aeroespacial consolidado, fundamental para nuestra economía, el desarrollo de programas nacionales estratégicos, la participación en programas europeos de alto interés tecnológico e industrial, la apuesta por la innovación, por la componente de Defensa del sector y el constante apoyo gubernamental, sitúan a España como un país con una clara vocación aeroespacial en plena fase de crecimiento y desarrollo. El sector aéreo en España. Aspectos generales del sector aéreo en España Aunque las epidemias y pandemias que pueden propagarse por medios aeroespaciales se identificaron como un desafío en la ESAN19, la aparición del COVID-19 generó un enorme impacto, que se extendió a nivel global con gran rapidez, y que supuso una drástica reducción del transporte aéreo, espacialmente intenso en el tráfico de pasajeros, con objeto de contener la propagación del virus. La recuperación de la actividad aérea se ha producido con una sorprendente rapidez, lo que hace, si cabe, más necesario continuar avanzando en la acción coordinada de todas las administraciones para garantizar tanto la seguridad sanitaria de los ciudadanos como un uso seguro del espacio aéreo, a la vez que permite el desarrollo de un sector que es estratégico. Durante el año 2024 el sector Aeronáutico ha experimentado un crecimiento interanual del 8 %, superando los 15.000 millones de euros en facturación. 2025-2030 va a ser un período clave: se prevé una fuerte recuperación de pedidos de aviones comerciales, y a nivel global se desarrollarán nuevos modelos en los que será fundamental el posicionamiento de nuestra industria, en particular en las nuevas tecnologías con el objetivo de reducir las emisiones. Como en todo cambio hay fuertes riesgos asociados, pero también oportunidades en un sector tradicionalmente conservador en lo tecnológico por los problemas asociados a la seguridad y costes de certificación de nuevos sistemas y equipos. Los siguientes se pueden considerar un resumen de los retos que debe afrontar nuestra industria aeronáutica en los próximos años: – La ciberseguridad y resiliencia, en un entorno en el que conviven tecnologías de vanguardia con otras diseñadas bajo prismas funcionales que no contemplaban la ciberseguridad como uno de sus requisitos por defecto. – Aumentar la participación en los programas más rentables de aviones comerciales y en aquellos de interés para la Defensa. – Mantener la capacidad para cubrir todo el ciclo de diseño y fabricación de aeronaves. – Mantener el liderazgo en el desarrollo y producción de centros de control aéreo, así como en sistemas de detección y seguimiento (radares). – Posicionarse adecuadamente en las nuevas tecnologías de descarbonización de la aviación, en particular el Hidrógeno y el combustible sostenible de aviación (SAF), el desarrollo de las baterías de alta densidad energética y la propulsión híbrida. – Posicionar a la industria española en drones y sistemas contra drones: uno de los principales polos de crecimiento de la industria aeronáutica a nivel global. – Diversificar: Aumentar la capacidad industrial española en sistemas y equipos más allá de las aero-estructuras. – Mantener el liderazgo en tecnologías prioritarias: materiales compuestos. – Integrar capacidades en toda la cadena de valor: Primes, Tier-1, pymes, centros tecnológicos, OPIS, universidades. El PTA (Programa Tecnológico Aeronáutico), con 190M€ en subvención (2021-2023), ha supuesto un revulsivo importante para la industria nacional en su posicionamiento futuro en tecnologías claves (avión cero emisiones, sistemas embarcados…), pero necesita de una continuación debido a la extensión en términos financieros y de tiempo de las inversiones de I+D del sector. Los países de nuestro entorno tienen programas específicos a largo plazo para impulsar grandes proyectos de I+D que posicionen sus empresas y organismos en los futuros desarrollos industriales. España necesita de un mecanismo de continuación del Programa Tecnológico Aeronáutico (PTA), para mantener el apoyo institucional a la industria nacional y no perder la posición estratégica ganada en estos años. En el área de aeronaves no tripuladas, la entrada en vigor del Real Decreto 1036/2017 y la publicación de los reglamentos europeos 2019/945 y 2019/947 significaron un crecimiento exponencial del número de operadores registrados con cifras de crecimiento superiores al 1.000 % entre 2020 y 2022. La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) terminó el 2024 con el registro de un total de 119.712 operadores de sistemas de aeronaves no tripuladas en España, un incremento del 27 % con respecto a 2023. Se considera que la dimensión del sector seguirá creciendo tras la entrada en vigor del nuevo Real Decreto 517/2024 que aclara el ámbito de aplicación de la normativa nacional y se alinea con la normativa europea. El desarrollo de esta normativa ha representado un fuerte impulso para el sector, mejorando nuestra competitividad, fomentando la creación de empleo de alta cualificación y disminuyendo el impacto ambiental. El dinamismo del sector aéreo y su constante evolución tecnológica requieren la colaboración público-privada, con un importante papel del sector público empresarial y la intervención de las Administraciones Públicas. La coordinación de las actuaciones del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, en el ámbito de sus competencias, prevista en el artículo 6 de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, es un factor esencial que es necesario señalar. En conclusión, el sector aéreo es un sector industrial estratégico, por su peso específico en el conjunto de la economía nacional, su contribución a la seguridad y defensa, el papel de tracción que ejerce sobre el ecosistema innovador y su capacidad de transformación. Por todo ello, requiere la atención específica prevista en el artículo 10 de la Ley 36/2015 de Seguridad Nacional. El sector espacial en España: aspectos generales del sector espacial en España España es miembro de diferentes organizaciones internacionales relacionadas de uno u otro modo con actividades en el dominio espacial. Participa en los principales proyectos europeos e internacionales del sector espacial y aloja en su territorio importantes infraestructuras espaciales tanto nacionales como internacionales. La industria espacial española dispone de amplias capacidades tecnológicas e industriales en todos los segmentos (vuelo, tierra, lanzadores), que van desde la fabricación de instrumentos y cargas de pago completas hasta la integración de éstas en sistemas complejos (plataformas, satélites, centros de explotación de capacidades, de operaciones, etc.). Esta capacidad permite participar en el desarrollo de misiones completas y abarcar toda la cadena de valor del sector, con presencia también en el mercado de aplicaciones y servicios. Gracias al esfuerzo creciente y continuado del sector espacial, anteriormente respaldado principalmente por la inversión procedente de las administraciones públicas y actualmente con una cada vez mayor participación del sector privado, disponemos de capacidades espaciales gubernamentales propias en vigilancia y seguimiento espacial, telecomunicaciones y observación de la tierra. España tiene acceso a las capacidades desarrolladas a través de los componentes del Programa Espacial de la Unión Europea (EUSPA) y los programas de la Agencia Espacial Europea (ESA). Se debe señalar la participación en Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos (European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites, EUMETSAT), liderada por AEMET (Agencia Estatal de Meteorología). Actualmente, se continúa potenciando la capacidad nacional de vigilancia y seguimiento espacial, con mejoras en el Centro Español para la Vigilancia y Seguimiento Espacial (S3TOC) como aportación nacional al sistema de vigilancia espacial de la Unión Europea (EU SST, EU Space Surveillance and Tracking), lo que permite el seguimiento de trayectorias de activos espaciales, sus maniobras y potenciales reentradas atmosféricas, el estudio de fragmentaciones, la prevención ante posibles colisiones y el apoyo a los lanzamientos hacia el Espacio. Esta capacidad posiciona a España entre las pocas naciones con capacidad tecnológica, industrial y organizativa para poder integrarse en los sistemas de vigilancia y seguimiento multinacionales, y contribuir a la elaboración de los imprescindibles catálogos de objetos espaciales en órbita, lo que refuerza el papel de España como un actor relevante en materia de seguridad espacial y Conciencia de la Situación Espacial (SSA, por sus siglas en inglés, Space Situational Awareness). El Centro de Operaciones y Vigilancia Espacial (COVE) del Mando Operativo Espacial dispone de capacidades adicionales para la caracterización de activos espaciales y monitorización de actividades irresponsables en órbita, contribuyendo igualmente al Conocimiento del Dominio Espacial (SDA, por sus siglas en inglés, Space Domain Awareness). El sector industrial espacial español constituye un sector estratégico en términos globales, por su peso específico en el conjunto de la producción industrial, por el papel de tracción que ejerce sobre el ecosistema innovador y otras industrias, por su capacidad de transformación de la economía y el mercado laboral, y por su aportación estratégica para preservar las condiciones de seguridad de la sociedad. La industria espacial española ha demostrado un desempeño notable, alcanzando una facturación de 1.200 millones de euros en el ejercicio 2023. Estas cifras destacan la relevancia económica del sector, que representa una contribución significativa del 1,2 % al PIB industrial nacional. Destaca por su alta productividad, por la intensidad exportadora, la inversión en I+D+i y por generar un impacto multiplicador en la economía española. Con el objetivo fundamental de que la industria aeronáutica y espacial española se mantenga como actor clave ante los retos y oportunidades asociados a las grandes transformaciones previstas en el sector en el corto y medio plazo, el Gobierno de España aprobó, en marzo de 2022, el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica Aeroespacial (PERTE). El proyecto, que goza de una elevada ejecución presupuestaria, prevé movilizar cerca de 4.533 millones de euros entre 2021 y 2025, con una contribución inicial del sector público de alrededor de 2.193 millones de euros y una inversión privada de cerca de 2.340 millones. El PERTE Aeroespacial y el Programa Tecnológico Espacial (PTE) de 2024, están interconectados como parte de una estrategia integral para impulsar el sector espacial en España. El PTE, enmarcado en el PERTE Aeroespacial, es una iniciativa del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades diseñada para impulsar el desarrollo y la competitividad del sector espacial nacional y tiene como objetivo financiar proyectos de I+D en el sector para aumentar la competitividad de su tejido productivo, centrando su atención en la capacidad productiva de constelaciones de satélites y en avanzar el grado de madurez de tecnologías con alto potencial disruptivo, alcanzando al ámbito académico y al empresarial. Adicionalmente dispone de un pilar transversal con actuaciones que afectan al sector espacial y al aeronáutico. En 2023, se aprueba el Estatuto de la Agencia Espacial Española (AEE) con un componente dedicado a la Seguridad Nacional, para dirigir el esfuerzo en materia espacial, coordinar de forma eficiente los distintos departamentos nacionales con responsabilidades en el sector espacial y unificar la colaboración y coordinación internacional en el ámbito de su competencia. La AEE adscrita al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y al Ministerio de Defensa contribuirá a ordenar las competencias y establecer una política nacional que regule las actividades del sector público espacial y sirva de guía al privado. Constituye el objeto propio de la AEE la utilización del Espacio en beneficio, conocimiento y seguridad de la sociedad española, el establecimiento, fomento y coordinación de todas aquellas actividades y políticas que permitan la investigación, el desarrollo tecnológico e industrial y la innovación en el ámbito espacial. La AEE tiene como una de sus prioridades alcanzar y mantener un elevado nivel de seguridad y protección en la operación y funcionamiento de los sistemas espaciales, en la implantación de los segmentos de usuario para la explotación de sus capacidades y en el desarrollo de las aplicaciones que se precisen para ello. Así, en el marco de la futura Estrategia Espacial Nacional, y con la adecuada coordinación con los demás organismos competentes, desde la AEE se deberán apoyar las acciones conducentes a garantizar los objetivos de seguridad y defensa que en relación con el Espacio se señalan en la ESN, la Estrategia Espacial de la Unión Europea para la Seguridad y la Defensa (EU SSSD, en sus siglas en inglés) y documentos similares que se redacten en el ámbito de la Alianza Atlántica (OTAN). Por otra parte, el cambio de denominación a Ejército del Aire y del Espacio (EA), aprobado por Real Decreto 524/2022, de 27 de junio de 2022, pone de manifiesto la importancia del espacio ultraterrestre dentro del marco de la seguridad y la defensa, destacando el papel esencial que deben asumir las FAS en la protección y el control del Espacio, así como el liderazgo del EA en este entorno. En el marco de las FAS, éstas se han adaptado con el fin de minimizar la creciente vulnerabilidad del dominio espacial y favorecer un entorno seguro para los intereses nacionales, siendo su responsabilidad garantizar el libre acceso al Espacio y su explotación, así como proteger las infraestructuras, medios y servicios aeroespaciales de cualquier desafío y amenaza. La mencionada adaptación supuso la creación de un Mando del Espacio en el Ejército del Aire y del Espacio que permitirá centralizar la preparación de sus unidades, así como la dirección, planeamiento, organización y coordinación de las funciones que posibiliten la vigilancia, control y operación en el Espacio. Marco regulatorio de la seguridad en el dominio aéreo La Ley 48/1960 de Navegación Aérea, junto con la Ley 21/2003 de Seguridad Aérea, continúan siendo la referencia básica para configurar el entorno jurídico del ordenamiento del espacio aéreo español. Ambas leyes, que desarrollan las competencias ministeriales, han sido actualizadas en numerosas ocasiones para adecuarlas a la continua evolución del sector aéreo y están abordando las últimas fases del procedimiento legislativo para una nueva modificación. Destacan como referencias básicas el Reglamento (UE) 2024/2803 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2024 relativo a la realización del Cielo Único Europeo y el Reglamento de Ejecución (UE) 2023/203 de la Comisión, de 27 de octubre de 2022, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 2018/1139 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a los requisitos relativos a la gestión de los riesgos relacionados con la seguridad de la información que puedan repercutir sobre la seguridad aérea (PART-IS). Proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana es la tarea fundamental de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FFCCSE). Así se establece tanto en la Constitución Española como en la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. No se puede entender la seguridad pública sin garantizar una adecuada protección del espacio aéreo. Las FFCCSE tienen entre sus cometidos la seguridad ciudadana en los aeropuertos, la custodia y protección de infraestructuras aeroportuarias, y la supervisión del cumplimiento de normativas de extranjería y resguardo fiscal del Estado. Por otra parte, la Ley Orgánica 5/2005 de la Defensa Nacional y la mencionada Ley 21/2003 desarrollan las competencias del Ministerio de Defensa y las misiones de las FAS en el ámbito aeroespacial, estableciendo que corresponde al Ministerio de Defensa: a. La vigilancia, control y defensa del espacio aéreo de soberanía española, así como el control de la circulación aérea general en tiempos de conflicto armado, como responsable principal de la defensa aérea de España. b. La ordenación y control de la circulación aérea operativa. c. El control de la circulación aérea general y el establecimiento de las medidas que afecten a la estructuración, gestión y condiciones de uso del espacio aéreo cuando así lo determine el Presidente del Gobierno o el Ministro de Defensa por concurrir, respectivamente, circunstancias extraordinarias o situaciones de emergencia que así lo aconsejen. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible es responsable de la ordenación y control de la circulación aérea general en tiempo de paz, y en situaciones de crisis distintas de aquellas en las que interviene el Ministerio de Defensa. La defensa aérea está integrada, desde tiempos de paz, dentro del Sistema de Defensa Aérea y Antimisil Integrada de la OTAN (IAMD, por sus siglas en inglés, Integrated Air and Missile Defence), y España ofrece capacidades de defensa aérea fuera de nuestro territorio nacional, como parte de nuestra aportación solidaria a las operaciones de la Alianza. Así, el Ejército del Aire y del Espacio realiza la monitorización continua del espacio aéreo de responsabilidad nacional, empleando para ello los recursos humanos y materiales del Sistema de Vigilancia y Control Aeroespacial (SVICA), los aviones de reacción rápida (QRA, por sus siglas en inglés, Quick Reaction Alert), los medios que el Ejército de Tierra y la Armada pongan a su disposición, y los sistemas de mando, control y comunicaciones que permiten el cumplimiento de la misión. Este esfuerzo, realizado 24 horas al día, todos los días del año, emplea diariamente más de 5000 personas y gran parte de las infraestructuras del EA. La defensa aérea protege el territorio nacional contra amenazas como el uso de aeronaves civiles para actos terroristas (renegade). En lo que respecta al espacio aéreo de soberanía, su delimitación horizontal está definida, pero no la vertical, pues no existe un acuerdo internacional. La Convención de Chicago de 1944 no contiene una definición sobre el espacio aéreo, aunque basada en la definición OACI de aeronave, «toda máquina que puede sustentarse en la atmósfera por reacciones del aire que no sean las reacciones del mismo contra la superficie de la Tierra«, se podría considerar que el Espacio empieza a la máxima altitud a la que el vuelo aerodinámico es posible. Tampoco ninguno de los cinco principales Tratados sobre el espacio ultraterrestre regula su delimitación. La Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) ha propuesto una hoja de ruta para las operaciones por encima del nivel de vuelo FL550 (17 km de altitud) y no establece un límite superior, dando un rango entre los 80 y 120 km de altitud. EASA identifica las acciones preparatorias requeridas en un futuro marco regulatorio para las operaciones en la franja que se ha denominado espacio aéreo superior (HAO). Se han identificado 27 categorías de futuros vehículos y operaciones HAO, algunas de las cuales caen bajo la aplicabilidad del Convenio de Chicago y de los Reglamentos de la UE sobre aviación civil, mientras que otras se califican como operaciones espaciales y caen bajo la competencia de los Estados miembros, mientras que otras presentan características híbridas y hay que estudiarlos caso por caso. En el ámbito de operaciones HAO coexistirán diferentes tipos de aeronaves y vehículos, algunos de ellos de características hipersónicas o suborbitales (vehículos espaciales actualmente bajo la responsabilidad de entidades nacionales). Esto implica que los tiempos de permanencia dentro del espacio aéreo pueden ser muy cortos, por lo que una armonización o coordinación con posibles regulaciones de terceras partes sería deseable. Se puede concluir que, si bien los tratados y actos básicos de la UE permiten algunas de estas operaciones y dar una competencia compartida a la UE para regular algunas de ellas, particularmente aquellas clasificadas como operaciones de aviación civil realizadas en el ámbito de la UE, la mayoría de las normas de aplicación actuales tendrían que ser adaptadas o harían falta nuevas normas, como por ejemplo en materias de aeronavegabilidad, operaciones, navegación y gestión del tráfico aéreo, medio ambiente, aeródromos, licencias de personal, etc. Por otra parte, dado que algunas de estas operaciones serán no tripuladas, las sinergias con las regulaciones de drones también tendrán que ser evaluadas más a fondo. Habrá que tener en consideración los riesgos de seguridad operacional y seguridad de estas operaciones en el tránsito por el espacio aéreo actual, por debajo de FL550, y cuando atraviesan el espacio aéreo superior. El sector civil de las aeronaves no tripuladas, viene regulado por la normativa europea (Reglamento Delegado (UE) 2019/945 y del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947) y se complementa a nivel nacional con el Real Decreto 517/2024 (en vigor desde el 25 de junio de 2024), que completa a la normativa europea en los ámbitos de aplicación de la misma y actualiza la normativa nacional en el ámbito de aplicación excluido de la norma europea (actividades militares, aduanas, policía, búsqueda y salvamento, lucha contra incendios, control fronterizo, vigilancia costera o similares). Además, el Real Decreto 517/2024 desarrolla el marco normativo U-Space (conjunto de servicios y procedimientos específicos que han sido …