200 ok Norma derogada por la disposición derogatoria única de la Ley 4/2015, de 17 de junio. Ref. BOE-A-2015-9230. El Estatuto de Autonomía para Galicia, en su artículo 30.1 y 3, al atribuir a nuestra Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de fomento y aplicación de la actividad económica y en las de agricultura y ganadería, le da la posibilidad de resolver algunos de los problemas que afectan a la rentabilidad económica y social de la actividad agraria, de tanta relevancia en la vida rural gallega. Entre estos problemas, el fraccionamiento de la propiedad en múltiples fincas y la pequeña dimensión de las explotaciones minifundarias constituyen defectos muy graves a los que pretende poner remedio la presente Ley. La necesidad de acometer la transformación de las estructuras agrarias gallegas, planteadas con mayor urgencia por la adhesión española a la CEE, exige instrumentos adecuados a nuestra realidad y coherentes con la función social de la propiedad, proclamada en el artículo 33 de la Constitución Española. La aplicación de una Ley de Concentración Parcelaria, acorde con la solidaridad que los tiempos y la sociedad actuales demandan y que actúe agrupando fincas dispersas, constituyendo unidades de explotación, social y económicamente rentables, y realizando las obras y mejoras territoriales complementarias, puede llevar adelante dicha transformación. Una ley de estas características ha de tener muy en cuenta el hecho diferencial del país donde va a actuar y en este caso debe teñirse con las experiencias culturales y jurídicas básicas que tienen una tradición consuetudinaria. Así, la compañía familiar gallega, que queda legitimada para que pueda ser titular de todos los derechos y obligaciones que la iniciación y prosecución de la concentración llevan consigo. También, en la misma línea, quedan legitimados el petrucio y el heredero titular de la mejora de labrar y poseer, al mismo tiempo que se vinculan los principios de indivisión del patrimonio familiar, sin mermar los derechos de los demás legitimarios. Y el lugar acasarado, como base de la explotación agraria y de la casa, comprendiendo dentro de ella no sólo el aspectos de la vivienda labriega sino también la explotación agropecuaria compuesta de edificaciones, tierras, aperos de labranza y los modernos medios mecánicos de explotación. La presencia activa de las Juntas Locales a lo largo de todo el proceso concentrador, desde la iniciación hasta el Acta de Reorganización de la Propiedad, acentúa la participación de los administrados y aporta garantías de dinamismo y seguridad. Por reconocerse en el Estatuto de Autonomía, en sus artículos 2 y 27, las parroquias y comarcas como elementos configuradores de nuestra organización territorial y por estimarse marcos adecuados para las actuaciones previstas en esta Ley, se les da, prioritariamente, a la parroquia pero también a la comarca, la categoría precisa en la realización de los trabajos de concentración parcelaria. Como innovaciones importantes se establecen disposiciones para proteger el patrimonio histórico-artístico de Galicia, así como la riqueza en especies forestales nobles y autóctonas, impidiendo que los trabajos de la concentración puedan destruirlos o deteriorarlos; se crea un Fondo de Tierras de la zona a concentrar con la finalidad de que se posibilite el incremento de superficie de aquellas explotaciones que no alcancen el umbral de la rentabilidad. Se contemplan procedimientos especiales para aplicarlos a las tierras afectadas por la construcción de grandes obras públicas, por la explotación de cotos mineros o en aquellos casos en que la concentración parcelaria se realice por los propios interesados sin intervención directa de los servicios correspondientes de la Administración. Por todo lo cual, el Parlamento de Galicia aprobó y yo, de conformidad con el artículo 24 de la Ley 1/1983, de 22 de febrero, reguladora de la Xunta y de su Presidente, promulgó en nombre del Rey, la Ley de Concentración Parcelaria para Galicia. TÍTULO I Disposiciones generales Se modifica por el art. 4.1 de la Ley 12/2001, de 10 de septiembre. Ref. BOE-A-2001-21174. TÍTULO PRELIMINAR Artículo 1. Es objeto de esta Ley la concentración parcelaria y la ordenación de las fincas rústicas para promover la constitución y mantenimiento de explotación de dimensiones suficientes y características adecuadas. La concentración parcelaria afectará a todas las fincas rústicas, cualquiera que sea su específico destino agrario y la titularidad de su dominio, posesión o disfrute. Artículo 1. Es objeto de la presente Ley disponer la concentración y ordenación de las fincas rústicas, en orden a promover la constitución y el mantenimiento de las explotaciones con unas dimensiones suficientes y características adecuadas, intentando ampliar su superficie territorial, mantener e incrementar la capacidad productiva del campo, ordenando adecuadamente las explotaciones agrarias, respetando el medio ambiente, intentando reordenar racionalmente los cultivos bajo la perspectiva de la utilidad económica y social, y teniendo en cuenta el objetivo de fijar la población en el medio rural, en base a hacer rentable la actividad productiva. La concentración parcelaria afectará a todas las fincas rústicas, cualquiera que sea su específico destino agrario y la titularidad de su dominio, posesión o disfrute. El Consejo de la Junta, previo informe preceptivo y consiguiente propuesta de la Consejería competente en materia agraria, y teniendo en cuenta los criterios de prioridad de actuaciones previstos en el artículo 4 de la presente Ley, acordará, mediante Decreto, el proceso de concentración parcelaria para la zona de que se trate. Se modifica por el art. 1 de la Ley 12/2001, de 10 de septiembre. Ref. BOE-A-2001-21174. Artículo 2. 1. Una vez publicado el decreto de su aprobación, la concentración parcelaria será obligatoria para todos los propietarios y titulares de derechos reales o de disfrute de las fincas rústicas comprendidas dentro del área de la concentración. 2. El adquirente, a título oneroso o lucrativo, de fincas afectadas quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones del transmitente o causante que se deriven del procedimiento de concentración parcelaria. Artículo 2. 1. Una vez publicado el decreto de su aprobación, la concentración parcelaria será obligatoria para todos los propietarios y titulares de derechos reales o de disfrute de las fincas rústicas comprendidas dentro del área de la concentración. 2. El adquirente, a título oneroso o lucrativo, de fincas afectadas quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones del transmitente o causante que se deriven del procedimiento de concentración parcelaria. 3. Las Administraciones Públicas habrán de comunicar los planes de actuaciones previstas sobre dichas zonas, a fin de que queden debidamente reflejados en el proceso de concentración. Se añade el apartado 3 por el art. 1 de la Ley 12/2001, de 10 de septiembre. Ref. BOE-A-2001-21174. Artículo 3. 1. El acuerdo de concentración parcelaria delimitará la función social de la propiedad que obliga a su titular a: 1. Tener la tierra cultivada conforme a su capacidad agrológica y al aprovechamiento adecuado a sus recursos. 2. Mantener indivisibles las parcelas de extensión inferior al doble de la indicada como mínima en el acuerdo, con las excepciones reseñadas en el artículo 52. A este efecto, la Dirección General de Planificación y Desarrollo Agraria, al aprobar el acuerdo, dictará, oída la Junta Local, resolución motivada, señalando la unidad mínima de cultivo para la zona, que será la suficiente para que las labores mecanizadas, utilizando los medios normales de producción, puedan ejecutarse con un rendimiento satisfactorio. Artículo 3. 1. El Decreto de concentración parcelaria determina no sólo la utilidad pública, sino también la función social de la propiedad con la necesidad de que las tierras cultivables no queden abandonadas, por lo que el titular de un derecho de propiedad rústica de carácter agrario está obligado a:

1. a)Mantener o conservar la tierra cultivada conforme a su capacidad agrológica y aprovechamiento adecuado de sus recursos, en consonancia con los planes de aprovechamiento de cultivos o forestal recogidos en el acuerdo de concentración.
2. b)Mantener indivisibles las parcelas de extensión inferior al doble de la indicada como mínima en el acuerdo, con las excepciones reseñadas en el artículo 52. A este efecto, la Dirección General correspondiente de la Consejería competente en materia de agricultura, al aprobar el acuerdo, dictará, oída la Junta Local de zona, resolución motivada, en la que señalará la unidad mínima de cultivo para la zona, que será la suficiente para que las labores fundamentales de su cultivo, utilizando los medios normales y técnicos de producción, puedan llevarse a cabo con un rendimiento satisfactorio, teniendo en cuenta las características socioeconómicas de la agricultura en la comarca o zona, y que, en ningún caso, será inferior a las unidades mínimas de cultivo establecidas por la Comunidad Autónoma en virtud de lo establecido en el artículo 23 de la Ley estatal, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias. 2. El incumplimiento de estas obligaciones o del plan de ordenación de aprovechamiento de cultivos o forestal, en su caso, así como el cambio de uso de la tierra clasificada como labradío o prado hasta tanto los Ayuntamientos regulen los usos de las tierras concentradas, darán lugar a la imposición de las sanciones que se determinan en la presente Ley. 3. Los titulares de fincas concentradas serán responsables de los daños causados en las fincas de los propietarios colindantes que no sean consecuencia del uso normal del inmueble, conforme a las costumbres locales, o por mantener la finca inculta. El propietario del inmueble afectado por los daños dolosos o culposos tendrá derecho a recibir la indemnización correspondiente por los daños causados, siendo exigible la responsabilidad ante la jurisdicción civil ordinaria. Se modifica por el art. 1 de la Ley 12/2001, de 10 de septiembre. Ref. BOE-A-2001-21174. TÍTULO I Disposiciones generales Artículo 4. 1. En las zonas donde el fraccionamiento de la propiedad rústica y el minifundio agrario constituyan un problema social de carácter estructural, por no permitir la existencia de explotaciones rentables, se llevará a cabo, previo Decreto acordado por la Xunta de Galicia, a propuesta de la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación, la concentración parcelaria por razón de utilidad pública e interés social, conforme a lo establecido en esta Ley. 2. Los gastos que ocasionan las operaciones de concentración parcelaria serán satisfechos por la Comunidad Autónoma a través de la citada Consellería. Artículo 4. 1. En las zonas donde el fraccionamiento de la propiedad rústica y el minifundio agrario constituyan un problema social de carácter estructural y se establezca la prioridad de actuación para garantizar explotaciones rentables y con una clara finalidad social, de estímulo para mantener o incrementar su capacidad productiva, mediante un plan de desarrollo, y producir una reordenación de cultivos y en general del territorio que permita mantener una actividad socioeconómica, se llevará a cabo, previo Decreto acordado por la Junta de Galicia, a propuesta de la Consejería competente en materia de agricultura, la concentración parcelaria por razón de utilidad pública e interés social, con arreglo a lo establecido en la presente Ley. 2. Para la declaración de estas zonas tendrán prioridad aquéllas en que se dé alguna de las circunstancias siguientes: Las zonas que, por su clara vocación agrícola, ganadera o forestal, medida por criterios tales como el número de trabajadores por cuenta propia en el Régimen Especial Agrario o en el Régimen Especial de Autónomos con explotaciones agrarias, así como por el número de explotaciones prioritarias, su situación geográfica o su potencial humano (crecimiento vegetativo), faciliten la estabilización de una población agrícola y su desarrollo socio-económico. El compromiso de titulares de explotaciones, propietarios o cultivadores a quienes pertenezca el 50 por 100 de la superficie a concentrar de constituir cooperativas, siempre que justifiquen de modo racional y fundamentado que la concentración facilitará su consecución. La existencia de proyectos de obras públicas u otras de interés general, siempre que a través de este procedimiento pueda facilitarse su realización y la distribución más equitativa de sus efectos negativos entre los afectados. Cualquier otra razón que, suficientemente motivada y documentada en el escrito de petición, demuestre su carácter preferencial. Se modifica por el art. 1 de la Ley 12/2001, de 10 de septiembre. Ref. BOE-A-2001-21174. Artículo 5. 1. La concentración parcelaria tendrá como finalidades primordiales las expuestas en los artículos 1 y 4; a este efecto y realizando las compensaciones entre clases de tierras que resulten necesarias y por los medios que se establecen en la presente Ley, se procurará:
3. a)Adjudicar a cada propietario, en coto redondo, en lugar acasarado o en el menor número posible de fincas de reemplazo, una superficie de apreciable similitud, en extensión y clases, con la que aportó, y con valor correspondiente al asignado en las Bases de Concentración a las parcelas de procedencia, con las deducciones que se deriven de la aplicación del artículo 34.
4. b)Adjudicar contiguas las fincas integradas en una misma explotación, aunque pertenezcan a distintos propietarios.
5. c)Emplazar las nuevas fincas de manera que pueda ser atendida del mejor modo su explotación desde la casa de labor o desde la finca más importante.
6. d)Establecer una red viaria a la que tengan acceso directo las fincas de reemplazo.
7. e)Producir la inmatriculación registral de la propiedad concentrada.
8. f)Que las explotaciones agrarias constituidas tengan una dimensión igual o superior a la económicamente viable prevista para la zona. Artículo 5. 1. La concentración parcelaria tendrá como finalidad la constitución de explotaciones de estructura y dimensiones adecuadas y la reorganización de la propiedad rústica de la tierra dividida y dispersa. A estos efectos, realizando las compensaciones que resulten necesarias, y por los medios que se establecen en la presente Ley, se procurará:
9. a)Situar las nuevas fincas de modo que puedan ser atendidas de la mejor manera desde el lugar donde radique la casa de labor, la vivienda del interesado o su finca más importante.
10. b)Que la mayor parte de las explotaciones agrarias constituidas en la zona comprendan una dimensión igual o superior a la unidad mínima de explotación.
11. c)Determinar a título indicativo el cultivo, la rotación de cultivos y la utilidad o vocación prioritaria de cada explotación resultante.
12. d)Dar a las nuevas fincas acceso directo a las vías de comunicación, para lo cual se establecerá la red viaria necesaria.
13. e)Cumplir las reglas o condiciones fundadas en características objetivas de la zona o en criterios realizados por los solicitantes, formulados como condicionantes de la propia solicitud de concentración. 2. A tal fin y para llevar adelante las finalidades de la concentración, se deberá:
14. a)Adjudicar a cada propietario, en la medida de lo posible, en coto redondo o en el menor número de fincas de reemplazo, una superficie con las menores diferencias en extensión y clase con las que aportó, deducidas las reducciones previstas en el artículo 34 de la presente Ley.
15. b)Adjudicar contiguas, en la medida de lo posible, todas las fincas integradas en una misma explotación, sean llevadas en propiedad, arriendo, aparcería u otras formas de tenencia.
16. c)Producir la inmatriculación registral de las fincas de reemplazo.
17. d)Establecer medidas de protección y preservación del paisaje y el medio ambiente.
18. e)Realizar las obras complementarias necesarias para el aprovechamiento racional de las explotaciones resultantes. Se modifica por el art. 1 de la Ley 12/2001, de 10 de septiembre. Ref. BOE-A-2001-21174. Artículo 5 bis. A los efectos de la presente Ley, se entiende por explotación agraria o lugar acasarado el que comprende la casa de labor, edificaciones, dependencias y terrenos, aunque no sean colindantes, así como toda clase de ganado, maquinaria, aperos de labranza e instalaciones que constituyan una unidad orgánica de explotación agropecuaria y forestal. Asimismo, se entiende por dimensión económicamente viable de una zona la superficie cultivada por un lugar acasarado, compañía familiar o explotación agraria por debajo de la cual, teniendo en cuenta los cultivos y la producción de la misma, no puede obtenerse la rentabilidad necesaria que permita un nivel de vida digno a una familia media. Los titulares de explotaciones agrarias a tiempo parcial que obtengan, al menos, un 25 por 100 de sus ingresos procedentes de actividades agrarias tendrán la misma consideración a efectos de la presente Ley que los otros propietarios. Los lotes de reemplazo que se adjudiquen con carácter definitivo a las explotaciones integrados por las tierras en propiedad y las llevadas en diversas formas de tenencia constituirán las nuevas explotaciones agrarias de la zona. Se modifica por el art. 1 de la Ley 12/2001, de 10 de septiembre. Ref. BOE-A-2001-21174. Artículo 6. 1. La Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación establecerá con el Banco de Crédito Agrícola u otras entidades crediticias los oportunos Convenios de Colaboración para la concesión de préstamos a los participantes en la concentración parcelaria para aumentar la extensión de las parcelas o de las explotaciones cuya superficie no alcance la unidad mínima o la dimensión viable, para liberar cargas y gravámenes de las fincas incluidas en la concentración, para el pago de deudas justificadas, contraídas como consecuencia de la concentración, y, en general, para cualquier otra finalidad que se relacione directamente con la concentración parcelaria. 2. Se fomentará, también mediante ayuda económica y técnica, la agrupación de pequeñas explotaciones o de parcelas colindantes a efectos de su explotación colectiva en régimen cooperativo. Artículo 6. 1. Los gastos que ocasionen las operaciones de concentración parcelaria, incluidos los de inmatriculación de las fincas resultantes, así como las obras que lleven aparejadas y los ocasionados por el impulso, seguimiento y evaluación posterior, serán satisfechos por la Comunidad Autónoma a través de la Consejería competente en materia de agricultura. 2. La Consejería competente en materia agraria podrá celebrar, bien directamente o a través de las entidades crediticias, los oportunos Convenios de colaboración para la concesión de préstamos a los participantes en la concentración parcelaria, para aumentar la extensión de las parcelas o explotaciones cuya superficie no alcance la unidad mínima o la dimensión viable, para liberar las cargas y gravámenes de las fincas incluidas en la concentración, para el pago de deudas justificadas, contraídas como consecuencia de la concentración, y, en general, para cualquier otra finalidad que se relacione directamente con la concentración parcelaria. 3. Se fomentará, mediante ayuda económica y técnica, la agrupación de pequeñas explotaciones o de parcelas colindantes, a efectos de su explotación colectiva en régimen cooperativo. 4. La Consejería competente en materia de agricultura podrá incluir entre sus líneas de ayuda subvenciones para aquellos propietarios que, una vez decretada la concentración de una zona y en tanto la transmisión pueda tener acceso al procedimiento, adquieran de otros propietarios tierras sujetas a este proceso, a fin de aumentar el tamaño de sus explotaciones, y siempre que dicha adquisición produzca una disminución en el número de propietarios de la zona. Los mismos derechos corresponderán a los trabajadores agrarios por cuenta ajena que con la adquisición de tierras reduzcan el número de propietarios. Se modifica por el art. 1 de la Ley 12/2001, de 10 de septiembre. Ref. BOE-A-2001-21174. Artículo 7. Cuando al solicitar la concentración de una zona algunos de los titulares de explotaciones, propietarios o cultivadores, anuncien su propósito de constituir cooperativas y justifiquen de manera racional y fundada que la concentración pueda facilitar alcanzarlas, la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación tendrá en cuenta tal circunstancia primando a dicha zona al establecer el orden de prioridad de las concentraciones a realizar. Artículo 7. 1. Cuando, como consecuencia de un proceso de agrupación de explotaciones o aumento de dimensiones de las mismas, los agricultores de una zona concentrada puedan mejorar sustancialmente la estructura de aquélla, la Consejería competente en materia de agricultura podrá revisar la concentración. 2. Al existir circunstancias sociales o económicas o de otro tipo que se presenten con acusados caracteres de gravedad, en cualquier fase de la concentración, la Consejería competente en materia de agricultura podrá revisar la concentración e incluso retrotraer a la situación primitiva las parcelas, con las compensaciones económicas que procedan, que se determinarán reglamentariamente. 3. En estos casos serán válidos los trabajos ya realizados en cuanto resulten utilizables para el nuevo procedimiento de concentración parcelaria. Se modifica por el art. 1 de la Ley 12/2001, de 10 de septiembre. Ref. BOE-A-2001-21174. Artículo 8. 1. Cuando, como consecuencia de un proceso de agrupación de explotaciones o aumento de dimensiones de las mismas, los agricultores de una zona concentrada puedan mejorar sustancialmente la estructura de aquéllas, la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación podrá revisar la concentración siempre que se obtengan las mayorías referidas en el artículo 16 de esta Ley. 2. En estos casos serán válidos los trabajos ya realizados en cuanto resulten utilizables para el nuevo procedimiento de concentración parcelaria. Artículo 8. La delimitación y calificación de los usos del suelo y la utilidad de las parcelas serán definidas al final del proceso de concentración de modo global, teniendo en cuenta los acuerdos de las Asambleas de propietarios, los de la Junta Local, los propios planes de ordenación de cultivos y el estudio de viabilidad que se hubiese establecido por una Comisión interdepartamental de las instituciones afectadas, debiendo estar, además, en concordancia con lo dispuesto en la Ley 1/1997, de 24 de marzo, del Suelo de Galicia. Se modifica por el art. 1 de la Ley 12/2001, de 10 de septiembre. Ref. BOE-A-2001-21174. TÍTULO II Normas orgánicas CAPÍTULO I Órganos Artículo 9. La ejecución del procedimiento de concentración se llevará a cabo por los siguientes órganos:
19. a)Por la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la Dirección General de Planificación y Desarrollo Agrario, que actuará en cada provincia por medio de la Jefatura Provincial de Estructuras Agrarias.
20. b)Por la Junta Local de Zona, con la colaboración del grupo auxiliar de trabajo. Artículo 9. La ejecución del procedimiento de concentración se llevará a cabo por los siguientes órganos:
21. a)Por la Consejería competente en materia de agricultura, a través de la Dirección General que corresponda, que actuará en cada provincia por medio del adecuado servicio provincial.
22. b)Por la Junta Local de zona con la colaboración del grupo auxiliar de trabajo. Se modifica por el art. 1 de la Ley 12/2001, de 10 de septiembre. Ref. BOE-A-2001-21174. Artículo 10. Las Juntas Locales son órganos colegiados con las competencias señaladas en el artículo 12. Estarán formadas por: 1. El Juez de Distrito en el que jurisdiccionalmente se encuadre la zona o el Decano si hubiere varios, que la presidirá con voto de calidad; el Jefe provincial de Estructuras Agrarias de la Dirección General de Planificación y Desarrollo Agrario, que será Vicepresidente; y como Vocales, un Registrador de la Propiedad y un Notario de la zona o, de no haber determinación de zonas, el de distrito al que por turno corresponda; dos Técnicos Agronómicos actuantes en la zona; el Jefe de la Agencia Comarcal del Servicio de Extension Agraria donde esté enclava la zona; el Alcalde o Alcaldes de los Ayuntamientos; el Presidente o Presidentes de las Cámaras Agrarias Locales; el Vocal o Vocales de dichas Cámaras por las parroquias correspondientes; y cuatro representantes de los agricultores, en caso de afectar la concentración a un solo término municipal, o dos por municipio, de abarcar más de un término. Actuará como Secretario, con voz y voto, un funcionario de la Consellería que tenga la condición de Letrado. El Jefe provincial, los Técnicos Agronómicos y el Jefe provincial de la Agencia de Extension Agraria actuarán con voz pero sin voto. 2. Las Juntas Locales actuarán en Pleno y en Comisión Permanente. Compondrán la Comisión Permanente el Presidente o Vicepresidente, el Secretario, los Técnicos Agronómicos, y tres de los representantes de los agricultores que éstos hubiesen elegido o, en su defecto, los de menor edad. 3. En caso de vacante de alguno de los cargos públicos ocupará provisionalmente su puesto en la Junta Local la persona que deba asumir legalmente sus funciones, y, en su día, la persona designada o elegida nuevamente para ocupar el cargo. 4. Si la zona de concentración abarcase más de un término municipal se constituirá la Junta en el afectado en mayor extensión. 5. La Junta tendrá su domicilio en local específico habilitado en la zona, o, en su defecto, en el local del Ayuntamiento correspondiente, a los efectos de celebracion de reuniones, publicación de documentos e informaciones orales. Los escritos y alegaciones se podrán presentar, aparte de lo previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo y con todas sus garantías, en cualquiera de las oficinas dependientes de la Consellería dotadas de Registro, en el Ayuntamiento o en la Cámara Agraria Local correspondiente. Cuando en la Ley se mencione a la Junta Local, sin otra indicación, se entenderá referida al Pleno. Artículo 10. 1. Las Juntas Locales de Concentración son órganos colegiados con las competencias recogidas en el artículo 12 y con la siguiente composición:
23. a)Presidente, con voto de calidad: El Juez competente designado por el Consejo General del Poder Judicial, a instancia de la junta de Galicia.
24. b)Vicepresidentes: El Jefe provincial del Servicio de Estructuras Agrarias y el Alcalde del Ayuntamiento en que más superficie hubiese a concentrar en esa zona.
25. c)Secretario, con voz y voto: Un funcionario perteneciente al Cuerpo Superior de la Junta con la condición de Licenciado en Derecho.
26. d)Vocales: Cuatro representantes de los agricultores de la zona, elegidos libremente en Asamblea convocada al efecto por el Ayuntamiento, de entre todos los afectados, el técnico del Servicio de Estructuras Agrarias encargado de la zona y, en su caso, un técnico agronómico de la empresa que tenga contratados los servicios de asistencia técnica, un Registrador de la propiedad y un Notario y un técnico del Servicio de Extensión Agraria. Actuarán con voz y sin voto el Alcalde, el técnico del Servicio de Estructuras Agrarias y el técnico agronómico de la empresa. Se modifica por el art. 1 de la Ley 12/2001, de 10 de septiembre. Ref. BOE-A-2001-21174. Artículo 10. 1. Las Juntas Locales de Concentración son órganos colegiados con las competencias recogidas en el artículo 12 y con la siguiente composición:
27. a)Presidente, con voto de calidad: un representante de la consellería competente en materia de agricultura designado por el titular de la misma.
28. b)Vicepresidentes: El Jefe provincial del Servicio de Estructuras Agrarias y el Alcalde del Ayuntamiento en que más superficie hubiese a concentrar en esa zona.
29. c)Secretario, con voz y voto: Un funcionario perteneciente al Cuerpo Superior de la Junta con la condición de Licenciado en Derecho.
30. d)Vocales: Cuatro representantes de los agricultores de la zona, elegidos libremente en Asamblea convocada al efecto por el Ayuntamiento, de entre todos los afectados, el técnico del Servicio de Estructuras Agrarias encargado de la zona y, en su caso, un técnico agronómico de la empresa que tenga contratados los servicios de asistencia técnica, un Registrador de la propiedad y un Notario y un técnico del Servicio de Extensión Agraria. Actuarán con voz y sin voto el Alcalde, el técnico del Servicio de Estructuras Agrarias y el técnico agronómico de la empresa. Se modifica la letra
31. a)del apartado 1 por el art. 20.1 de la Ley 9/2003, de 23 de diciembre. Ref. BOE-A-2004-1674. Se modifica por el art. 1 de la Ley 12/2001, de 10 de septiembre. Ref. BOE-A-2001-21174. Artículo 10 bis. Los cuatro representantes de los agricultores que tengan que formar parte de la Junta Local de zona serán elegidos mayoritariamente, con la asistencia, al menos, de la mitad más uno de los propietarios residentes en la zona, en Asamblea convocada previa realización de los trabajos de investigación de la propiedad y presidida por el Alcalde del Ayuntamiento o por el Presidente de la entidad local menor correspondiente, quedando como suplentes los cuatro siguientes en número de votos. La convocatoria se realizará, al menos, con quince días de antelación a la fecha de celebración, señalando el lugar, día y hora en que se celebrará la Asamblea, y será publicada en un diario de los de mayor tirada de la provincia y en los lugares de costumbre de la parroquia y del Ayuntamiento. Si no se alcanzase la mayoría en la primera Asamblea, se harán nuevas convocatorias, quedando válidamente constituida la Junta Local cuando estuvieran presentes el 40 por 100 de los propietarios residentes. Se añade por el art. 1 de la Ley 12/2001, de 10 de septiembre. Ref. BOE-A-2001-21174. Artículo 11. Los agricultores que han de formar parte de la Junta Local de Concentración Parcelaria serán elegidos mayoritariamente, con la asistencia al menos de la mitad más uno de los propietarios y demás titulares interesados residentes en la zona, en asamblea o asambleas convocadas y presididas por el Presidente de la Cámara Agraria Local correspondiente, tras convocatoria enviada a todos los referidos propietarios con quince días de antelación a la celebración de la misma. Si no se consiguiese la mayoría referida se continuará convocando la asamblea de la expresada forma hasta alcanzar aquélla. Artículo 11. 1. Las Juntas Locales actuarán en Pleno y en Comisión Permanente. Conformará la Comisión Permanente el Presidente y uno de los Vicepresidentes, el Secretario, los técnicos de la Administración y de la empresa y, al menos, tres de los cuatro representantes de los agricultores. 2. En caso de vacante de alguno de los cargos públicos, salvo el Juez, que requiere nombramiento expreso, ocupará provisionalmente el puesto en la Junta Local la persona que haya de asumir legalmente sus funciones y, en su día, la persona designada o elegida nuevamente para el cargo. 3. Si la zona de concentración estuviese comprendida por más de un término municipal, se constituirá la Junta Local en el Ayuntamiento afectado en la mayor extensión. 4. La Junta Local tendrá su domicilio específico en el Ayuntamiento, si bien, a los efectos de celebración de reuniones de trabajo, publicaciones de anuncios e informaciones, podrá utilizarse un local habilitado en la zona para mejor servicio a los afectados. Asimismo, se determinará, al menos, un local por Ayuntamiento para atención al público todos los días hábiles en que estén vigentes fases de exposición pública o de trámites de alegaciones. Los escritos de alegaciones podrán presentarse en los lugares previstos en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Cuando en la Ley se mencione la Junta Local, sin otra indicación, se entenderá referida al Pleno. 5. Reglamentariamente se determinará todo lo relativo a la organización, régimen de incompatibilidades, asistencias, ausencias, dietas y gastos de los miembros de la Junta Local, para lo cual se asignará la correspondiente dotación presupuestaria. Se modifica por el art. 1 de la Ley 12/2001, de 10 de septiembre. Ref. BOE-A-2001-21174. Artículo 11. 1. Las Juntas Locales actuarán en Pleno y en Comisión Permanente. Conformará la Comisión Permanente el Presidente y uno de los Vicepresidentes, el Secretario, los técnicos de la Administración y de la empresa y, al menos, tres de los cuatro representantes de los agricultores. 2. En caso de vacante de alguno de los cargos públicos, ocupará provisionalmente el puesto en la junta local la persona que haya de asumir legalmente sus funciones y en su día la persona designada o elegida normalmente para el cargo. 3. Si la zona de concentración estuviese comprendida por más de un término municipal, se constituirá la Junta Local en el Ayuntamiento afectado en la mayor extensión. 4. La Junta Local tendrá su domicilio específico en el Ayuntamiento, si bien, a los efectos de celebración de reuniones de trabajo, publicaciones de anuncios e informaciones, podrá utilizarse un local habilitado en la zona para mejor servicio a los afectados. Asimismo, se determinará, al menos, un local por Ayuntamiento para atención al público todos los días hábiles en que estén vigentes fases de exposición pública o de trámites de alegaciones. Los escritos de alegaciones podrán presentarse en los lugares previstos en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Cuando en la Ley se mencione la Junta Local, sin otra indicación, se entenderá referida al Pleno. 5. Reglamentariamente se determinará todo lo relativo a la organización, régimen de incompatibilidades, asistencias, ausencias, dietas y gastos de los miembros de la Junta Local, para lo cual se asignará la correspondiente dotación presupuestaria. Se modifica el apartado 2 por el art. 20.2 de la Ley 9/2003, de 23 de diciembre. Ref. BOE-A-2004-1674. Se modifica por el art. 1 de la Ley 12/2001, de 10 de septiembre. Ref. BOE-A-2001-21174. CAPÍTULO II Competencias de las Juntas Locales y Grupos Auxiliares de Trabajo Artículo 12. Corresponde a la Junta Local: 1. En pleno:
32. a)Aprobar las bases provisionales y definitivas.
33. b)Informar los recursos de alzada contra las bases definitivas.
34. c)Informar el Acuerdo de Concentración y los recursos contra el mismo.
35. d)Informar, de propia iniciativa, sobre las cuestiones de la concentración parcelaria a la Jefatura Provincial de Estructuras Agrarias, a la Dirección General de Planificación y Desarrollo Agraria o a la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación, y ser oída en las consultas que las mismas le formulen. 2. En Comisión Permanente:
36. a)Colaborar en la preparación de las bases provisionales.
37. b)Estudiar las alegaciones a la encuesta de las bases.
38. c)Preparar las bases definitivas.
39. d)Asesorar en los proyectos de concentración, realizando consulta sobre los plazos de obras y mejoras territoriales.
40. e)Estudiar las alegaciones a las encuestas del proyecto.
41. f)Emitir consultas en la preparación del Acuerdo. Artículo 12. 1. Corresponde a la Junta Local de zona: 1.1 En pleno:
42. a)Aprobar las bases provisionales y definitivas.
43. b)Procurar la observación de los plazos.
44. c)Emitir informe sobre el plan de obras y mejoras territoriales, así como sobre los recursos de alzada interpuestos contra las bases definitivas, sobre el acuerdo de concentración parcelaria y sobre los planes de cultivos.
45. d)Emitir informe, por propia iniciativa, sobre las cuestiones de concentración parcelaria a cualquiera de las Unidades u órganos competentes en materia de agricultura, y ser oída en las consultas que se planteen a las mismas.
46. e)Aquéllas otras que se establezcan en la presente Ley. 1.2 En Comisión Permanente:
47. a)Colaborar en la preparación de las bases provisionales.
48. b)Estudiar las alegaciones a la encuesta de bases.
49. c)Preparar las bases definitivas.
50. d)Asesorar en la redacción del proyecto y estudiar las alegaciones a la encuesta del mismo.
51. e)Preparar los informes sobre el acuerdo, sobre el plan de obras y mejoras y sobre los planes de cultivos. 2. La Junta Local de zona, en todo caso y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, colaborará con el órgano competente en materia de concentración parcelaria en todo aquello para lo que sea requerida, cooperando en los trabajos de investigación de la propiedad, servidumbres o serventías, determinación de cauces y masas de riego, con expresión de los derechos concesionales, aprovechamientos preexistentes, servidumbres y usos consuetudinarios en materia de aguas, solicitudes de reserva o exclusión de parcelas, determinación de las explotaciones agrarias en funcionamiento, delimitación de las zonas que tengan que dedicarse a producción forestal, así como de las zonas para las que se requiera especial protección medioambiental y en cuantas cuestiones de orden práctico contribuyan al mejor conocimiento y concreción de las situaciones de hecho en la zona a concentrar. 3. La Junta Local también colaborará en la determinación de posibles usos agrarios y aprovechamiento del suelo. Se modifica por el art. 1 de la Ley 12/2001, de 10 de septiembre. Ref. BOE-A-2001-21174. Artículo 13. Los grupos auxiliares de trabajo asesorarán a la Comisión Permanente de la Junta Local y a los funcionarios de la Jefatura Provincial de Estructuras Agrarias, colaborando con ellos en todas las fases del proceso de concentración en las que sean requeridos y cooperando en los trabajos de investigación de la propiedad, clasificación de tierras, determinación de canales y masas de riego, servidumbres o serventias, determinación de las explotaciones agrarias en funcionamiento, de limitación de las zonas que hayan de dedicarse a la producción forestal o hayan de roturarse, y en cuantas cuestiones de orden práctico contribuyan al mejor conocimiento y concreción de las situaciones de hecho en la zona. Artículo 13. La Junta Local de zona, mediante convocatoria de su Presidente, se constituirá inmediatamente después de publicado el Decreto de concentración parcelaria y se disolverá una vez que se haya declarado la firmeza del acuerdo de concentración. Se modifica por el art. 1 de la Ley 12/2001, de 10 de septiembre. Ref. BOE-A-2001-21174. Artículo 14. La Junta Local, mediante convocatoria de su Presidente, se constituirá inmediatamente después de publicado el decreto y se disolverá una vez que se tenga formalizada el Acta de Reorganización de la Propiedad. Artículo 14. 1. En cada zona se creará el grupo auxiliar de trabajo, integrado por agricultores residentes en la misma, que colaborarán tanto con la Comisión Permanente como con los funcionarios del Servicio Provincial correspondiente, colaboración que podrá ser extensiva a los técnicos de la empresa de servicio de asistencia técnica a la que la Administración hubiera contratado los trabajos; en este caso, esta colaboración estará supervisada por los funcionarios directamente responsables de la zona. 2. El grupo auxiliar de trabajo prestará su colaboración y asesorará en todas las fases del proceso para aquello para lo que sea requerido por la Junta Local o por los funcionarios encargados de la zona, al objeto de contribuir a un mayor conocimiento y concreción de la situación de hecho en la zona, especialmente en los trabajos de clasificación de tierras. 3. El grupo auxiliar de trabajo se elegirá en la misma Asamblea y con los mismos requisitos con que se designen los representantes de los agricultores que tienen que formar parte de la Junta Local de zona. El número de miembros del grupo auxiliar será de 10 a 20, procurando que estén representadas todas las entidades locales menores de población incluidas en la zona de concentración. Se modifica por el art. 1 de la Ley 12/2001, de 10 de septiembre. Ref. BOE-A-2001-21174. TÍTULO III Procedimiento ordinario CAPÍTULO I Normas generales CAPÍTULO I Fases del procedimiento de concentración parcelaria Se modifica por el art. 4.3.
52. a)de la Ley 12/2001, de 10 de septiembre. Ref. BOE-A-2001-21174. Artículo 15. 1. El procedimiento de concentración parcelaria comprenderá las siguientes fases: – Iniciación. – Estudio de viabilidad. – Decreto. – Bases provisionales. – Bases definitivas. – Proyecto provisional de concentración. – Proyecto definitivo de concentración. – Acuerdo de concentración parcelaria. – Acta de reorganización de la propiedad. 2. Cuando alguna de estas fases, o parte de ellas, no esté totalmente regulada en la presente Ley, se aplicará lo dispuesto en las disposiciones adicionales primera y segunda. Artículo 15. 1. El procedimiento de concentración parcelaria comprenderá las siguientes fases: Iniciación. Estudio de viabilidad con el correspondiente estudio de impacto ambiental y con el plan de desarrollo de la zona a concentrar. Decreto. Bases provisionales. Bases definitivas. Proyecto de concentración. Acuerdo de concentración parcelaria. Acta de reorganización de la propiedad. 2. Cuando alguna de estas fases o parte de las mismas no esté totalmente regulada en la presente Ley, se aplicará lo dispuesto en las disposiciones adicionales. Se modifica por el art. 1 de la Ley 12/2001, de 10 de septiembre. Ref. BOE-A-2001-21174. CAPÍTULO II Iniciación CAPÍTULO II Bases de la concentración parcelaria Se modifica por el art. 4.3.
53. b)de la Ley 12/2001, de 10 de septiembre. Ref. BOE-A-2001-21174. Artículo 16. 1. El procedimiento de concentración parcelaria podrá iniciarse a petición de la mayoría de los propietarios de la zona para la que se solicita la mejora, o de la mayoría de los titulares, de los lugares acasarados con actividad agraria y que tengan el principal de sus bases territoriales en la zona, o bien de un número cualquiera de ellos a los que pertenezca más del 65 por 100 de la superficie a concentrar. Este porcentaje quedará reducido al 50 por 100 cuando los que soliciten la concentración se comprometan a explotar sus tierras de forma colectiva. 2. La Jefatura Provincial de Estructuras Agrarias abrirá información para comprobar la realidad de las mayorías invocadas, a la que se invitará a todos los propietarios y titulares de lugares acasarados de la zona no conformes con la concentración, para que hagan constar por escrito su oposición. La Dirección General de Planificación y Desarrollo Agrario apreciará los principios de prueba presentados por los oponentes en función de los criterios establecidos en la presente Ley. Artículo 16. 1. El procedimiento de concentración parcelaria podrá iniciarse a petición de, al menos, las dos terceras partes de los propietarios de la zona para la que se solicita la mejora o de la mayoría de los titulares de los lugares acasarados con actividad agraria y que tengan el principal de sus bases territoriales en la zona, de la mayoría de los agricultores de la zona que, como consecuencia de su actividad, estén afiliados al Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social o bien al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, en función de su actividad agraria o bien de un número cualquiera de ellos a quienes pertenezca más del 65 por 100 de la superficie a concentrar. Este porcentaje quedará reducido al 50 por 100 cuando quienes soliciten la concentración se comprometan a explotar sus tierras de modo colectivo. 2. Dentro de los sesenta días siguientes a la recepción de la solicitud, el Servicio Provincial competente en materia de concentración parcelaria abrirá información, cursándola a la oficina del Catastro, a los Ayuntamientos afectados o, en su caso, a la Tesorería General de la Seguridad Social para comprobar la realidad de las mayorías invocadas. Igualmente se invitará a todos los propietarios y titulares de lugares acasarados de la zona no conformes con la concentración para que hagan constar por escrito su oposición. La Dirección General correspondiente apreciará los principios de prueba presentados por los oponentes en función de los criterios establecidos en la presente Ley. 3. Asimismo, el Servicio Provincial emitirá informe sobre los criterios de prioridad a que hace referencia el artículo 4 de la presente Ley. Se modifica por el art. 1 de la Ley 12/2001, de 10 de septiembre. Ref. BOE-A-2001-21174. Artículo 17. 1. La Consellería de Agricultura Pesca y Alimentación podrá iniciar la concentración parcelaria procurando su realización por comarcas o subcomarcas concretas del territorio de la Comunidad Autónoma Gallega:
54. a)De oficio, cuando la dispersión parcelaria y el minifundio agrario se presenten con acusados caracteres de gravedad en una zona determinada, de tal manera que la concentración se considere necesaria o muy conveniente.
55. b)Cuando a través de la Consellería la insten los Ayuntamientos o las Cámaras Agrarias, que harán constar las circunstancias de carácter social y económico que concurran en cada zona. 2. La Consellería podrá también iniciar el expediente de concentración:
56. a)Cuando a causa de la construcción, modificación o supresión de vías de ferrocarril, autopistas, caminos o carreteras, cursos fluviales, canales de riego, aeropuertos, y otras públicas de análogo carácter, predominantemente lineal, se haga necesaria o conveniente la concentración para reorganizar las explotaciones agrarias afectadas, mitigando la discontinuidad o una acusada reducción superficial que la obra pública hubiese causado en ellas.
57. b)Cuando por causa de la realización de obras públicas con carácter no predominantemente lineal, tales como construcción de presas, saneamientos de marismas o terrenos pantanosos, y transformaciones en regadíos y otras, en las que la expropiación de parcelas se realiza normalmente a gran escala, afectando a un número importante de propietarios, se estime que el procedimiento de concentración pueda compensar los efectos de la expropiación y reordenar las explotaciones que no hubiesen desaparecido con la ejecución de la gran obra pública.
58. c)Cuando, por causas de la explotación de cotos mineros, sea necesaria una importante cesión de tierras de utilización agraria, de tal manera que se estime que el procedimiento de concentración parcelaria pueda compensar los efectos de expropiación y paliar el problema social que se hubiese podido plantear. Artículo 17. La Consejería competente en materia de agricultura podrá, asimismo, iniciar la concentración parcelaria de oficio, procurando su realización en zonas concretas del territorio de la Comunidad Autónoma gallega:
59. a)Cuando la dispersión parcelaria y el minifundio agrario se presenten con acusados caracteres de gravedad en una zona determinada, de tal modo que la concentración se estime necesaria o muy conveniente.
60. b)Cuando a través de la Consejería se inste por los Ayuntamientos, que harán constar las circunstancias de carácter social y económico que concurran en cada zona.
61. c)Cuando por causa de construcción, modificación o supresión de vías de ferrocarril, autopistas, caminos o carreteras, cursos fluviales, canales de riego, aeropuertos y otras obras públicas de análogo carácter, predominantemente lineal, se haga necesaria o conveniente la concentración para reorganizar las explotaciones agrarias afectadas, mitigando la discontinuidad o una acusada reducción superficial que la obra pública hubiese causado en las mismas.
62. d)Cuando por causa de la realización de obras públicas con carácter no predominantemente lineal, tales como construcciones de presas, saneamiento de marismas o terrenos pantanosos, y transformaciones en regadíos y otras, en las cuales la explotación de parcelas se realiza normalmente a gran escala, afectando a un número importante de propietarios, se estime que el procedimiento de concentración pueda compensar los efectos de la expropiación y reordenar las explotaciones que no desaparecen con la ejecución de la gran obra pública.
63. e)Cuando por causas de la explotación de cotos mineros sea necesaria una importante cesión de tierras de utilización agraria, de tal modo que se estime que el procedimiento de concentración parcelaria pueda compensar los efectos de la expropiación y paliar el problema social que pudiera derivarse. Se modifica por el art. 1 de la Ley 12/2001, de 10 de septiembre. Ref. BOE-A-2001-21174. Artículo 17 bis. Cuando los peticionarios de la concentración parcelaria en una zona, con su instancia, propusiesen determinadas actuaciones encaminadas a mejorar la concentración parcelaria, fundadas en características objetivas o en criterios generalizados de los solicitantes, versará también sobre las mismas el informe a que hace referencia el artículo 18 de la Ley. Si fuese positiva su resolución, se tendrá en cuenta en las bases el proyecto y el acuerdo correspondiente. Se añade por el art. 1 de la Ley 12/2001, de 10 de septiembre. Ref. BOE-A-2001-21174. CAPÍTULO III Estudio de viabilidad Artículo 18. Solicitada la concentración parcelaria de una determinada zona, la Jefatura Provincial de Estructuras Agrarias procederá a tramitar el expediente realizando un estudio del estado actual de la zona y de los resultados previsibles como consecuencia de la concentración, en el que, al menos, constarán los siguientes extremos:
64. a)Grado de división, dispersión y situación jurídica de las parcelas en relación con las explotaciones agrarias en actividad en la zona.
65. b)Descripción de los recursos naturales con referencia especial a las tierras abandonadas o con aprovechamientos inadecuados.
66. c)Especificación de las explotaciones agrarias, lugares acasarados y compañías familiares, teniendo en cuenta las superficies llevadas por cada una de ellas en las distintas formas de tenencia, sus orientaciones productivas y su nivel de viabilidad económica.
67. d)Valoración de las posibilidades de establecer una nueva ordenación, de explotaciones con dimensiones suficientes y estructuras adecuadas a través de la concentración parcelaria.
68. e)Determinación del grado de aceptación social de las medidas transformadoras previstas.
69. f)Evaluación económica y financiera de las inversiones necesarias. Artículo 18. 1. Comprobados los datos a que se refiere la solicitud de la concentración parcelaria de una determinada zona, el Servicio Provincial correspondiente, oída la Administración hidráulica autonómica en el marco de la planificación hidrológica y de la planificación de saneamiento de dicha Administración, procederá a tramitar el expediente, realizando un estudio de viabilidad del estado actual de la zona y de los resultados previsibles como consecuencia de la concentración que permita determinar la funcionalidad de la misma, en el cual, al menos, constarán los siguientes extremos:
70. a)Grado de división, dispersión y situación jurídica de las parcelas, en relación con las explotaciones agrarias en actividad en la zona.
71. b)Descripción de los recursos naturales, con referencia especial a las tierras abandonadas o con aprovechamientos inadecuados.
72. c)Relación de áreas de especial importancia por su valor geológico, paisajístico y ambiental. Asimismo, se enumerarán los bienes de interés cultural, histórico y/o artístico que puedan resultar afectados por la concentración parcelaria.
73. d)Valoración de las posibilidades de establecer una nueva ordenación de explotaciones con dimensiones suficientes y estructuras adecuadas a través de la concentración parcelaria.
74. e)Estudio de evaluación de impacto ambiental de los trabajos inherentes al proceso concentrador.
75. f)Determinación del grado de aceptación social de las medidas transformadoras previstas.
76. g)Evaluación económica y financiera de las inversiones necesarias.
77. h)Superficie y características que en la zona hayan de tener las unidades mínimas de explotación.
78. i)Descripción de las explotaciones agrarias, teniendo en cuenta las superficies llevadas por cada una de ellas en las distintas formas de tenencia, sus orientaciones productivas y el nivel de viabilidad económica, con posterior agrupación y análisis de su conjunto.
79. j)Examen detallado y valoración de las proposiciones de reglas o actuaciones de iniciativas propuestas por los peticionarios de concentración como condicionante de la propia solicitud.
80. k)Aquellos otros que se estimen de suficiente entidad como para ser objeto de valoración objetiva a la hora de decidir el Consejo de la Junta la declaración, mediante Decreto, de la utilidad pública e interés social de la concentración de la zona, así como su urgente ejecución. 2. De forma especial, en el apartado
81. k)se estudia, para su posible incorporación a las bases de concentración, la posibilidad de modificar, ampliar o mejorar la superficie regada con aprovechamiento de nuevas captaciones, el rescate de zonas de monte para terrenos en cultivo y la conveniencia de la plantación y ordenación forestal del monte. En este supuesto, el resultado de los estudios se señalará, si procediese, en los planes de base, con las superficies susceptibles de mejora. 3. Cuando la solicitud de la concentración parcelaria incluya, total o parcialmente, terrenos de uso forestal o algún recurso natural que interese mantener o proteger, el Servicio Provincial correspondiente requerirá informe, preceptivo y vinculante, del órgano competente en materia de montes, a los efectos de incluir o no esos terrenos en el perímetro de la zona a concentrar. Si el informe aludido no se emite en el plazo de dos meses, se entenderá que existe conformidad con la solicitud. En su caso, el informe del órgano competente en materia de montes vendrá acompañado de una relación de montes vecinales en mancomún dentro del perímetro a concentrar, tanto los montes clasificados como los que estén pendientes de clasificación, donde, si es posible, figuren titularidad, superficie, delimitación del perímetro, plano del monte y lindes, así como enumeración y descripción de aquellas masas arboladas y/o espacios que haya que conservar o tengan una especial relevancia, o cualquier otra mención relativa a la conservación y/o fomento de los recursos medioambientales. El estudio de viabilidad que elabore el Servicio Provincial correspondiente incorporará, además de los extremos reseñados en el punto primero de este artículo, los datos remitidos por el órgano competente en materia de montes. Se modifica por el art. 1 de la Ley 12/2001, de 10 de septiembre. Ref. BOE-A-2001-21174. Artículo 18 bis. Las unidades mínimas de explotación de una zona son las unidades económicas, integradas por la casa campesina, las tierras adscritas a la misma, los elementos de trabajo, el ganado y las instalaciones, de una magnitud que permita, para los principales tipos de cultivos y producciones de la zona, alcanzar la renta de referencia a una familia media que la explota de un modo personal y directo. Se añade por el art. 1 de la Ley 12/2001, de 10 de septiembre. Ref. BOE-A-2001-21174. Artículo 19. A los efectos de la presente Ley, se entiende por explotación agraria o o lugar acasarado el que comprende la casa de labor, edificaciones, dependencias y terrenos, aunque no sean colindantes, así como toda clase de ganado, maquinaria, aperos de labranza e instalaciones que constituyan una unidad orgánica de explotación agropecuaria y forestal. Asimismo se entiende por dimensión económicamente viable de una zona la superficie cultivada por un lugar acasarado, compañía familiar o explotación agraria por debajo de la que, teniendo en cuenta los cultivos y la producción de la misma, no se puede obtener la rentabilidad necesaria que permita un nivel de vida digno a una familia media. Artículo 19. Hecho el estudio de viabilidad con el correspondiente estudio de impacto ambiental y el plan de desarrollo, que determinarán la procedencia o no de la concentración parcelaria en la zona, el Decreto representará el inicio oficial del proceso y el compromiso de llevar a efecto las medidas contempladas en el estudio de viabilidad. A partir de su publicación, y contando con todos los datos del estudio de viabilidad, las fases posteriores al Decreto se agilizarán al máximo para que la tardanza en la realización de la concentración no signifique una parálisis de la posibilidad del desarrollo socioeconómico de la zona afectada. A tal fin, se fijará un tiempo para cada fase, que en el conjunto de las mismas no debería exceder de cinco años. Se modifica por el art. 1 de la Ley 12/2001, de 10 de septiembre. Ref. BOE-A-2001-21174. CAPÍTULO IV Decreto Artículo 20. Cuando la Xunta de Galicia estimase razones agronómicas y sociales que justifiquen la concentración, dictará Decreto con los siguientes pronunciamientos:
82. a)Declaración de utilidad pública e interés social y de urgente ejecución de la concentración parcelaria de la zona de que se trate.
83. b)Determinación del perímetro que se señala en principio a la zona a concentrar, con la salvedad expresa de que puede resultar modificado en definitiva por las inclusiones, rectificaciones o exclusiones que se acuerden de conformidad con el artículo 24 y siguientes.
84. c)Determinación de los plazos de ejecución, de las distintas fases, estableciendo, asimismo, el plazo entre la publicación del Decreto y la iniciación de los trabajos. Artículo 20. Cuando la Junta de Galicia estimase razones agronómicas y sociales que justifiquen la concentración, dictará Decreto con los siguientes pronunciamientos:
85. a)Declaración de utilidad pública e interés social y de urgente ejecución de la concentración parcelaria de la zona de que se trate.
86. b)Determinación del perímetro que se señala en principio como zona a concentrar, con la salvedad expresa de que puede resultar modificado, en definitiva, por las inclusiones/rectificaciones o exclusiones que se acuerden de conformidad con los artículos 23 y siguientes. Se modifica por el art. 1 de la Ley 12/2001, de 10 de septiembre. Ref. BOE-A-2001-21174. Artículo 20 bis. 1. Publicado el Decreto de concentración parcelaria, el Servicio Provincial correspondiente habrá de comunicar los planes de actuaciones previstas sobre la zona a concentrar al Registro de la Propiedad que corresponda, así como a todos aquellos Departamentos de la Administración autonómica que pudiesen resultar afectados por la concentración, a fin de que, en un plazo máximo de dos meses, quede debidamente reflejada en el expediente de concentración cualquier incidencia que pudiera surgir. 2. La Comisión interdepartamental que anteriormente realizó el estudio de viabilidad emitirá un informe sobre los planes de actuación previstos en la concentración y su afectación a las distintas áreas de ordenación territorial, medio ambiente, patrimonio, etc. Se añade por el art. 1 de la Ley 12/2001, de 10 de septiembre. Ref. BOE-A-2001-21174. CAPÍTULO V Bases provisionales Artículo 21. En vigor el Decreto de concentración parcelaria, la Jefatura Provincial de Estructuras Agrarias realizará los trabajos precisos en orden a preparar los documentos que permitan establecer las bases provisionales con los siguientes datos:
87. a)Delimitación del perímetro de la zona y de los subperímetros cultivados, cultivables y forestales, procurando preservar las masas forestales de especies autóctonas.
88. b)Propuesta de parcelas exceptuadas, excluidas y reservadas.
89. c)Clasificación de tierras y fijación previa, con carácter general, de los respectivos coeficientes que hayan de servir de base para llevar a cabo las compensaciones que resulten necesarias.
90. d)Declaración de dominio de las parcelas a favor de quien las posea en concepto de dueño, determinación de la superficie perteneciente a cada uno y de la clasificación que corresponda a la citada superficie.
91. e)Relación de gravámenes, censos, arrendamientos, y demás titularidades y situaciones jurídicas que afecten a la propiedad, a la posesión o al disfrute, que hubiesen quedado determinadas en el período de investigación.
92. f)Aprovechamiento de aguas de riego, cualquiera que sea su titulación jurídica.
93. g)Relación de explotaciones agrarias, lugares acasarados y compañías familiares de la zona, en la que se hará constar los nombres de los titulares y las tierras llevadas en explotación refiriendo superficies, nombres de los propietarios y modos de tenencia.
94. h)Determinación de la dimensión económicamente viable de las explotaciones agrarias, lugares acasarados y compañías familiares de la zona. Artículo 21. En vigor el Decreto de concentración parcelaria, el Servicio Provincial correspondiente realizará los trabajos precisos en orden a preparar los documentos que permitan establecer las bases provisionales, con los siguientes datos:
95. a)Indicación de los criterios de ordenación del territorio básicos para la zona, delimitando posibles viales, dotaciones, infraestructuras complementarias y usos previsibles del suelo.
96. b)Criterios básicos indicativos de ordenación del territorio para la zona que estén previstos por las distintas Administraciones y que hayan sido puestos de manifiesto en la Comisión interdepartamental que elaboró el estudio de viabilidad.
97. c)Delimitación del perímetro de la zona y subperímetros cultivables y forestales, procurando preservar las masas forestales de especies autóctonas.
98. d)Propuesta de parcelas excluidas y reservadas.
99. e)Clasificación de tierras y fijación previa, con carácter general, de los respectivos coeficientes que tengan que servir de base para llevar a cabo las compensaciones que resulten necesarias.
100. f)Declaración de dominio de las parcelas a favor de quienes las posean en concepto de dueños y determinación de la superficie perteneciente a cada uno de ellos y de la clasificación que corresponda a la citada superficie.
101. g)Relación de gravámenes, derechos de plantaciones de viñas y otros cultivos leñosos, censos, arrendamientos y demás titularidades y situaciones jurídicas que afecten a la propiedad, posesión o disfrute que hubieran quedado determinadas en el período de investigación.
102. h)Aprovechamiento de aguas de riego, pozos, manantiales y derechos provenientes de los usos y concesiones de agua.
103. i)Relación de explotaciones agrarias, lugares acasarados y compañías familiares de la zona, en la que se constatarán los nombres de los titulares y las tierras llevadas en explotaciones, refiriendo superficies, nombres de los propietarios y modos de tenencia.
104. j)Determinación de la dimensión económicamente viable de las explotaciones agrarias, lugares acasarados y compañías familiares de la zona.
105. k)Cuando estuviesen incluidas plantaciones agrícolas o tierras de monte con masas forestales, podrá hacerse, además de la clasificación del suelo, también la del vuelo, que se valorará a los efectos de compensación en el proyecto y en el acuerdo. En este supuesto, la valoración se realizará en base a criterios objetivos y siempre salvaguardando los intereses legítimos de los directamente afectados.
106. l)Relación de masas forestales autóctonas cuya conservación se proponga, así como de los parajes o entornos de especial interés histórico-arquitectónico o paisajísticos o de cualquier otra área, dentro de la zona de concentración, que por razones de interés general se estime conveniente conservar. De esta relación se dará cuenta a las autoridades u organismos competentes para que, en caso de estimarlo oportuno, se hagan las calificaciones necesarias o se adopten las medidas adecuadas para preservarlos de su destrucción.
107. m)Relación y delimitación de los montes vecinales en mancomún clasificados, así como de los pendientes de clasificación, que existan en la zona. Se modifica por el art. 1 de la Ley 12/2001, de 10 de septiembre. Ref. BOE-A-2001-21174. Artículo 21 bis. 1. La urgente necesidad de aceleración del proceso concentrador precisa de una agilización de los trámites y una remodelación en los métodos de trabajo, manteniendo y aun mejorando el rigor técnico y jurídico en su desarrollo que garantice y facilite el ejercicio de los derechos de los Administrados, y para ello la Administración podrá contratar los trabajos preparatorios necesarios a cada fase del proceso de concentración, así como la ejecución de servicios técnicos concretos, a empresas de asistencia técnica. Estas empresas habrán de estar dotadas de personal profesional cualificado, medios informáticos avanzados y especialización contrastada por la experiencia. En todo caso, las empresas contratadas se someterán a la dirección, intervención, seguimiento y control del Servicio de Estructuras Agrarias, encargado de la atención directa a los administrados. 2. En garantía del derecho de los afectados, quedarán excluidos de la contratación los trabajos relativos a la preparación de los recursos. Se añade por el art. 1 de la Ley 12/2001, de 10 de septiembre. Ref. BOE-A-2001-21174. Artículo 22. Una vez reunidos los datos que permitan establecer las bases provisionales y aprobados por la Junta Local, se realizará una encuesta en el plazo y modo determinados en el artículo 35. Para dar la máxima difusión a los resultados de los trabajos a que este artículo se refiere, la Jefatura Provisional de Estructuras Agrarias remitirá a los interesados una hoja resumen en la que se relacionan: Nombre y apellidos del titular y, en su caso, del cónyuge, estado civil, naturaleza jurídica de los bienes, situación posesoria, cargas y situaciones jurídicas detectadas en la fase de investigación, número de parcela y polígono, superficie total de cada una y la que corresponda a cada clase, así como explotación, lugar acasarado, compañía familiar, o mejorado (petrucio con mejora de labrar o poseer) a que pertenezcan. A los titulares de las explotaciones existentes en la zona se les remitirán unas hojas en las que se relacionen las propiedades que lleven en las distintas formas de tenencia, y los propietarios a que pertenezca cada finca con su número de parcela y polígono, y con la superficie de cada clase y total. Artículo 22. Una vez reunidos los datos que permitan establecer las bases provisionales y aprobadas por la Junta Local de zona, se realizará una encuesta relativa a las mismas en el plazo y forma determinados en el artículo 35. Para dar la máxima difusión a los resultados de los trabajos a que se refiere este artículo, el Servicio Provincial correspondiente remitirá a los interesados una hoja resumen en la que se relacionen: Nombre y apellidos del titular, documento nacional de identidad y, en su caso, del cónyuge, estado civil, naturaleza jurídica de los bienes, situación posesoria, cargas y situaciones jurídicas detectadas en el período de investigación, derechos concesionales, aprovechamientos preexistentes, usos consuetudinarios y servidumbres en materia de aguas, número de parcela y polígono, superficie total de cada una y la que corresponda a cada clase, así como explotación, lugar acasarado, compañía familiar o mejorado (?patrucio? con mejora de labrar o poseer) a que pertenezcan. Se facilitará a los titulares de las explotaciones existentes en la zona unas hojas en las que se relacionen las propiedades que lleven en las distintas formas de tenencia y los propietarios a quienes pertenezca cada finca, con su número de parcela y polígono y la superficie de cada clase y total. Se modifica por el art. 1 de la Ley 12/2001, de 10 de septiembre. Ref. BOE-A-2001-21174. Artículo 23. 1. El perímetro de la zona vendrá delimitado en el Decreto y coincidirá, como mínimo, con los límites de la parroquia. 2. La Dirección General de Planificación y Desarrollo Agrario podrá rectificar el perímetro cuando sea necesario:
108. a)Por las exigencias del plan de obras y mejoras territoriales.
109. b)Para adaptarlo a los límites de unidades geográficas naturales. 3. En el perímetro ampliado no podrá incluirse solamente una parte de la parcela, salvo que medie consentimiento de su titular. 4. El acuerdo de ampliación y rectificación será objeto de encuesta y publicación juntamente con las bases de concentración. Artículo 23. 1. El perímetro de la zona vendrá delimitado en el Decreto de concentración parcelaria y coincidirá, en principio, con los límites de la parroquia. Cuando por las causas que se expresan en el apartado siguiente el perímetro de la zona haya de ser superior o inferior al de la parroquia, se acompañará al estudio de viabilidad informe suficientemente motivado, emitido por el Servicio Provincial correspondiente, justificativo del perímetro de la zona. Tanto en las concentraciones gestionadas directamente por la Administración como en las privadas, según el artículo 58, se dará la oportunidad a los propietarios que lo soliciten (con las mayorías que establece la presente Ley para abrir los procesos de concentración) de realizar un proceso de permutas previo a la concentración, por un período de seis meses. Finalizado este período, podrá solicitarse una prórroga de igual tiempo, siempre que cuente con el informe favorable de los Servicios agrarios da la Consejería competente en materia de agricultura. Los gastos que ocasionen todas estas labores serán sufragados por la Administración. Ésta delimitará toda carga fiscal o pública para las operaciones de permuta y posterior registro, cuando sea de su competencia. 2. La Dirección General competente en la materia podrá, hasta la declaración de firmeza de las bases definitivas, rectificar el perímetro cuando sea necesario:
110. a)Por las exigencias del plan de obras y mejoras territoriales.
111. b)Para adaptarlo a los límites de unidades geográficas naturales. 3. En el perímetro rectificado no podrá incluirse solamente una parte de una parcela, salvo que medie consentimiento de su titular y siempre que la porción restante que no resulte afectada por el procedimiento concentrador sea superior a la unidad mínima de cultivo. 4. El acuerdo de rectificación será objeto de notificación a los propietarios afectados o publicación en la forma prevista en la legislación vigente. Se modifica por el art. 1 de la Ley 12/2001, de 10 de septiembre. Ref. BOE-A-2001-21174. Artículo 24. La condición de bienes comunales y la de vecinales en mano común no será causa de exclusión de las operaciones de concentración parcelaria. A través de ellas se procurará regularizar su contorno y se les dotará de acceso y de las mejoras generales de que sean susceptibles. De los bienes de dominio público municipal y provincial sólo quedarán exceptuadas los que sean de servicio público, salvo que soliciten su inclusión las Entidades locales titulares, a cuyo fin serán requeridas por la Jefatura Provincial de Estructuras Agrarias en cuanto se aprueben las bases provisionales, para que expresen su voluntad durante el tiempo de duración de la encuesta correspondiente. Además, se abrirá información sobre estos extremos en la cual se oirá a todos los interesados, a los fines de practicar la determinación correspondiente. Contra esta determinación, que no constituye un deslinde en su sentido técnico, podrán los particulares utilizar los recursos pertinentes, sin perjuicio del planteamiento ante los propios organismos o titulares de lo que más convenga a su derecho. Artículo 25. Con carácter excepcional, por concurrir circunstancias que económica y agrariamente no reporten beneficios a los titulares de la concentración, la Dirección General de Planificación y Desarrollo Agrario, oída la Junta Local, podrá excluir de la misma aquellos sectores o parcelas sobre las que concurran dichas circunstancias. Artículo 26. Podrán ser reservadas aquellas parcelas que, por razón de obras o mejoras excepcionales, por servidumbres o serventías, por su especial naturaleza o emplazamiento privilegiado, por su valor extra-agrario o por alguna otra circunstancia insólita, a juicio de la Junta Local y con el acuerdo favorable de su Pleno, previo informe de la Jefatura Provincial de Estructuras Agrarias, no tenga equivalente compensatorio sin perjuicio para su titular. Dichas parcelas se incluirán en las bases, con el indicado carácter, y en los proyectos y acuerdos serán adjudicadas a los mismos propietarios que las aportaron. Estarán sujetas en todo caso a las deducciones por razón de obras inherentes o necesarias de la zona de concentración parcelaria. La aplicación de la cuota de deducción por ajuste de adjudicaciones se fijará por el Pleno de la Junta Local, previo informe de la Jefatura Provincial de Estructuras Agrarias, en función del grado de coincidencia del lote de reemplazo con la parcela de procedencia. En aquellos supuestos en que la finca reservada no hubiese sido directamente afectada por las obras inherentes o necesarias para la concentración parcelaria, su propietario podrá optar por conservar íntegra la unidad física, satisfaciendo en metálico el importe equivalente a la deducción, que se determinará mediante valoración efectuada por la Jefatura Provincial y aprobada por la Junta Local. Una vez notificada al propietario, si persiste en su opción, ingresará el importe en el Fondo de Tierras. Artículo 26. Podrán ser reservadas aquellas parcelas que, por razón de obras o mejoras excepcionales, por servidumbres o serventías, por su especial naturaleza o emplazamiento privilegiado, por su valor extraagrario o por alguna otra circunstancia insólita, a juicio de la Junta Local y con el acuerdo favorable de su Pleno, previo informe del Servicio Provincial correspondiente, no tengan equivalente compensatorio sin perjuicio para su titular. Dichas parcelas se incluirán en las bases, con el indicado carácter, y en los proyectos y acuerdos serán adjudicadas a los mismos propietarios que las aportaron. Estarán sujetas, en todo caso, a las deducciones por razón de obras inherentes o necesarias de la zona de concentración parcelaria. La aplicación de la cuota de deducción por ajuste de adjudicaciones se fijará por el Pleno de la Junta Local, previo informe del Servicio Provincial que corresponda, en función del grado de coincidencia del lote de reemplazo con la parcela de procedencia. Se modifica por el art. 1 de la Ley 12/2001, de 10 de septiembre. Ref. BOE-A-2001-21174. Artículo 27. 1. Las tierras aportadas a la concentración se agruparán por clases y cultivos, según criterios edafológicos y productivos, asignándose a cada clase un valor relativo, al efecto de llevar a cabo las compensaciones que resulten necesarias. 2. En la clasificación de las parcelas se observarán las siguientes normas:
112. a)Las aguas se presumirá que son parte integrante de la finca donde nacen. En el caso de que procedan de manantiales que tengan su origen fuera de la parcela regada, el propietario de las mencionadas podrá optar entre que se integren en la misma o que queden separadas e independientes. En todo caso, el interesado acreditará la adquisición de su derecho mediante el título formal o material correspondiente.
113. b)A todas las parcelas se les asignará en base provisionales el valor que resulte de su clasificación conforme el párrafo primero de este artículo. Artículo 27. 1. Las tierras aportadas a la concentración se agruparán por clases y cultivos, según criterios edafológicos y productivos, asignándose a cada clase un valor relativo, al efecto de llevar a cabo las compensaciones que resulten necesarias. 2. A todas las parcelas se les asignará en bases provisionales el valor que resulte de su clasificación, con arreglo al apartado primero de este artículo. 3. Se valorarán los árboles, tanto de producción forestal como frutales, viñedo, arbustivos o de especial significación, para llevar a cabo las compensaciones que resulten necesarias. Si la Administración decidiese en este proceso de concentración conservar masas forestales por su especial significación, compensará a sus titulares. Se modifica por el art. 1 de la Ley 12/2001, de 10 de septiembre. Ref. BOE-A-2001-21174. Artículo 28. Las aguas utilizadas de forma permanente para el riego de las fincas se reseñarán claramente en los planos, con la expresión de manantiales, canales públicos y privados, servidumbres y superficie regada con la delimitación de su perímetro. Artículo 28. Las aguas utilizadas de forma permanente para el riego de las fincas se reseñarán claramente en los planos de base, con expresión de manantiales y cauces, al objeto de una mejor identificación de las parcelas. Se modifica por el art. 1 de la Ley 12/2001, de 10 de septiembre. Ref. BOE-A-2001-21174. CAPÍTULO VI Bases definitivas Artículo 29. Finalizada la encuesta de bases provisionales e introducidas en ellas las modificaciones que procediesen, a la vista del resultado de aquélla, la Junta Local aprobará las bases, que serán publicadas y tendrán carácter definitivo. Artículo 29. 1. Redactadas las bases provisionales, la Junta Local procederá a su aprobación y el Servicio Provincial que tiene competencias en materia de concentración parcelaria dispondrá la apertura de un período de encuesta pública para que los afectados por la concentración puedan formular las alegaciones que estimen oportunas, acompañando los documentos en que fundamenten sus derechos. 2. Las alegaciones presentadas serán estudiadas y, en su caso, aprobadas por la Junta Local con las modificaciones que procedan. Esta resolución supone la aprobación de las bases definitivas, que serán remitidas al órgano correspondiente de la Consejería competente en materia de agricultura para su publicación en el ‟Diario Oficial de Galiciaˮ, en el Ayuntamiento y en los lugares de costumbre. En los treinta días siguientes a la publicación de las bases definitivas podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero competente en materia de agricultura, y la Junta Local emitirá informe sobre dichos recursos con arreglo a lo previsto en el artículo 12 de la presente Ley. Se modifica por el art. 1 de la Ley 12/2001, de 10 de septiembre. Ref. BOE-A-2001-21174. CAPÍTULO III Acuerdo de concentración parcelaria Se modifica por el art. 4.3.
114. c)de la Ley 12/2001, de 10 de septiembre. Ref. BOE-A-2001-21174. CAPÍTULO VII Proyecto Artículo 30. Firmes las bases, la Jefatura Provincial de Estructuras Agrarias, con la colaboración de la Junta Local, procederá a la preparación del proyecto de concentración, que constará de un plano en el que sobre las antiguas parcelas se refleje la nueva distribución de la propiedad, relación de propietarios en la que, con referencia a dicho plano, se indiquen las fincas que en un principio se asignan a cada uno; relación de explotaciones agrarias y tierras que les corresponden en los distintos modos de tenencia con enumeración de los dueños de cada lote asignado y de servidumbre prediales que, en su caso, hayan de establecerse según las conveniencias de la nueva ordenación de la propiedad. Asimismo, se confeccionará un prorrateo de aguas, que deberá ir acompañado de un plano en el que, sobre las fincas de reemplazo, se reflejen las áreas regables y la nueva red de acequias. Este proyecto tendrá carácter provisional, se aprobará por la citada Jefatura Provincial, previo informe favorable de la Junta Local, y será sometido a encuesta en la manera y plazos establecidos en el artículo 35. Artículo 30. 1. Firmes las bases, el Servicio Provincial correspondiente, con la colaboración de la Junta Local de zona, procederá a la preparación del proyecto de concentración parcelaria, que constará de un plano, en el que sobre las antiguas parcelas se refleje la nueva distribución de la propiedad, el trazado de los nuevos caminos y viales, la relación de propietarios en la que, con referencia a dicho plano, se indiquen las fincas que en un principio se asignan a cada uno y la relación de explotaciones agrarias y tierras que les corresponden en los distintos modos de tenencia, con enumeración de los dueños de cada lote asignado y de servidumbres prediales que, en su caso, se establezcan según las conveniencias de la nueva ordenación de la propiedad. 2. Al proyecto de concentración parcelaria se incorporará un plan de aprovechamientos de los cultivos adecuado a las características agrológicas de las tierras, de modo que pueda conseguirse un aprovechamiento racional y sostenible de las mismas. Si la zona de concentración incluyese terrenos de uso forestal o algún recurso natural que interese proteger o mantener, el Servicio Provincial oportuno requerirá del órgano competente en materia de montes la elaboración del correspondiente plan forestal de la zona, que será emitido en un plazo de cuatro meses. Si transcurren cuatro meses sin la elaboración del referido plan, se entenderá que existe conformidad con las actuaciones que, a este respecto, realice la Consejería competente en materia de agricultura. 3. Cuando sea necesario modificar el sistema de riegos preexistente, se incluirá también en el proyecto de concentración parcelaria un prorrateo de aguas, que habrá de ir acompañado de un plano donde se reflejen las áreas regables y su red de distribución. 4. Serán trasladados a las fincas de reemplazo respectivas aquellos derechos de plantaciones de viñas y otros cultivos leñosos sobre parcelas aportadas a la concentración parcelaria y reconocidos con arreglo a la normativa vigente. Para ello, los titulares de esos derechos, en el período de encuesta del proyecto, formularán por escrito las sugerencias que estimen oportunas sobre dicho traslado. 5. El proyecto de concentración parcelaria se aprobará por el Servicio Provincial competente, previo informe de la Junta Local de zona, siendo sometido a encuesta en la forma y plazos establecidos en el artículo 35. Se modifica por el art. 1 de la Ley 12/2001, de 10 de septiembre. Ref. BOE-A-2001-21174. Artículo 31. Las parroquias serán titulares de un Fondo de Tierras, que se creará en cada zona a concentrar, y que se nutrirá con sobrantes de las adjudicaciones de los lotes de reemplazo y con toda clase de aportaciones o adquisiciones, muebles, inmuebles o derechos, que por cualquier título se hagan al mismo. Las parroquias estarán legitimadas, a todos los efectos, para adquirir, regir, administrar y disponer de los bienes de dicho Fondo. Mientras no se regule la parroquia con personalidad jurídica propia, asumirá esta titularidad la Comunidad Autónoma de Galicia, que delegará en la Junta Local la gestión y administración del Fondo. Finalizada la concentración y desaparecida la Junta Local, seguirá desempeñando estas funciones delegadas la Jefatura Provincial de Estructuras Agrarias. Artículo 31. 1. Se constituirá un fondo de tierras en cada zona que se concentre, que se nutrirá con los sobrantes de las adjudicaciones de los lotes de reemplazo y con toda clase de aportaciones o adquisiciones que por cualquier título se hagan al mismo. 2. Las finalidades fundamentales del fondo de tierras serán:
115. a)La corrección de errores manifiestos de los que se deriven perjuicios para los afectados por la concentración.
116. b)Facilitar la ampliación de las explotaciones de la zona concentrada.
117. c)Estimular la implantación de nuevas explotaciones con dimensiones y estructuras adecuadas que puedan favorecer la creación de empleo, dando prioridad a los nuevos agricultores que se establezcan en la zona y a los emigrantes retornados que así lo manifiesten y acrediten.
118. d)La mejora de las explotaciones existentes, procurando promocionar aquellas que no alcanzando la dimensión económicamente viable puedan demostrar su futura eficiencia económica.
119. e)Las mejoras y equipamientos colectivos más amplios.
120. f)La investigación, a través de su utilización como campos de ensayo y demostración.
121. g)La preservación de espacios naturales o la conservación del patrimonio histórico-artístico de Galicia. 3. La titularidad de los bienes y derechos que constituyen el fondo corresponderá a la Comunidad Autónoma de Galicia. Estos bienes y derechos quedarán adscritos a la Consejería competente en materia de agricultura, que estará autorizada a ejercer las funciones dominicales sobre este patrimonio, según lo establecido en la legislación patrimonial, salvo cuando estén atribuidas por dicha legislación al Parlamento o al Consejo de la Junta de Galicia, sin perjuicio del informe previo de la Consejería de Economía y Hacienda para los actos de disposición sobre bienes inmuebles. La gestión del aprovechamiento y la ordenación y el fomento de la producción forestal respecto a los terrenos que estén considerados de uso forestal corresponderá al órgano competente en materia de montes. 4. Se adjudicará al Ayuntamiento para su destino a equipamientos colectivos que redunden en beneficio de la mayoría de los propietarios de la zona hasta un máximo de un 1 por 100 de la totalidad de los sobrantes de las adjudicaciones de los lotes de reemplazo. Si transcurridos cinco años desde la aprobación del acta de reorganización de la propiedad las fincas así adjudicadas no se hubiesen dedicado al fin previsto, revertirán al fondo de tierras. 5. La Administración autonómica de Galicia podrá establecer sistemas de ayudas económicas dirigidas a lograr el cumplimiento de las finalidades previstas en el apartado segundo de este artículo. 6. La Administración autonómica tendrá un plazo de un año para la corrección de errores, a contar desde que el acuerdo de concentración sea firme. Transcurrido dicho plazo, la adjudicación de fincas que, como consecuencia de esta rectificación se hubiese llevado a cabo, se reflejará en una acta complementaria de la de reorganización de la propiedad y se inscribirá en el Registro a favor de los adjudicatarios. Se modifica por el art. 1 de la Ley 12/2001, de 10 de septiembre. Ref. BOE-A-2001-21174. Artículo 31. 1. Se constituirá una masa común de tierras en cada zona que se concentre, que se nutrirá con los sobrantes de las adjudicaciones de los lotes de reemplazo. 2. La finalidad de la masa común de tierras será la corrección de errores manifiestos de los que se deriven perjuicios para las personas afectadas por la concentración. Transcurrido un año desde que el acuerdo de concentración sea firme, los fondos restantes pasarán a integrar el Banco de Tierras de Galicia, sin perjuicio de la adjudicación de fincas integrantes del mismo que se realice por decisión del órgano competente en materia de agricultura, a consecuencia de actas complementarias o de rectificación de la de reorganización de la propiedad. 3. La titularidad de los bienes y derechos que constituyen la masa común corresponderá a la Comunidad Autónoma de Galicia durante el año siguiente a la firmeza del acuerdo de concentración. Estos bienes y derechos quedarán adscritos a la consejería competente en materia de agricultura, que estará autorizada a ejercer las funciones dominicales sobre este patrimonio según lo establecido en la legislación patrimonial, salvo cuando estén atribuidas por dicha legislación al Parlamento o Consello de la Xunta de Galicia, sin perjuicio del informe previo de la Consejería de Economía y Hacienda para los actos de disposición sobre bienes inmuebles. La gestión del aprovechamiento y la ordenación y fomento de la producción forestal respecto a los terrenos que estén considerados de uso forestal corresponderán al órgano competente en materia de montes. 4. La Administración autonómica tendrá un plazo de un año para la corrección de errores, a contar desde que el acuerdo de concentración sea firme. Transcurrido dicho plazo, se atribuirá la titularidad de estos bienes y derechos a la sociedad Bantegal, para su incorporación al Banco de Tierras de Galicia, y sin perjuicio de las adjudicaciones de fincas que a consecuencia de rectificaciones se lleven a cabo. La adjudicación de estas fincas realizada a consecuencia de rectificaciones se llevará a cabo por la sociedad Bantegal previa decisión de la dirección general correspondiente de la consejería competente en materia de agricultura, reflejándose en un acta complementaria de la de reorganización de la propiedad e inscribiéndose en el registro a favor de las personas adjudicatarias. En aras de la protección de la seguridad jurídica y de la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos, la consejería competente en materia de agricultura habrá de notificar al registro de la propiedad correspondiente la fecha de la firmeza del acuerdo de concentración, en un plazo de quince días hábiles desde que esta se produzca. Se modifica por la disposición final 2.1 de la Ley 7/2007, de 21 de mayo. Ref. BOE-A-2007-13826. Se modifica por el art. 1 de la Ley 12/2001, de 10 de septiembre. Ref. BOE-A-2001-21174. Artículo 31. 1. Se constituirá una masa común de tierras en cada zona que se concentre, que se nutrirá con los sobrantes de las adjudicaciones de los lotes de reemplazo. 2. La finalidad de la masa común de tierras será la corrección de errores manifiestos de los que se deriven perjuicios para las personas afectadas por la concentración. Transcurrido un año desde que el acuerdo de concentración fuera firme, los fondos restantes pasarán a integrar el Banco de Tierras de Galicia, sin perjuicio de la adjudicación de fincas integrantes del mismo que se realice por decisión del órgano competente en materia de agricultura, a consecuencia de actas complementarias o de rectificación de la de reorganización de la propiedad. 3. La titularidad de los bienes y derechos que constituyen la masa común corresponderá a la Comunidad Autónoma de Galicia durante el año siguiente a la firmeza del acuerdo de concentración. Estos bienes y derechos quedarán adscritos a la consejería competente en materia de agricultura, que estará autorizada a ejercer las funciones dominicales sobre este patrimonio según lo establecido en la legislación patrimonial, salvo cuando estén atribuidas por dicha legislación al Parlamento o Consello de la Xunta de Galicia, sin perjuicio del informe previo de la consejería competente en materia de patrimonio para los actos de disposición sobre bienes inmuebles. La gestión del aprovechamiento y la ordenación y fomento de la producción forestal respecto a los terrenos que estén considerados de uso forestal corresponderán al órgano competente en materia de montes. 4. La Administración autonómica tendrá un plazo de un año para la corrección de errores, a contar desde que el acuerdo de concentración fuera firme. Transcurrido dicho plazo, se atribuirá la titularidad de estos bienes y derechos a la entidad encargada de la gestión del Banco de Tierras, para su incorporación al Banco de Tierras de Galicia, y sin perjuicio de las adjudicaciones de fincas que a consecuencia de rectificaciones se lleven a cabo. La adjudicación de estas fincas realizada a consecuencia de rectificaciones se llevará a cabo por la entidad encargada de la gestión del Banco de Tierras previa decisión de la dirección general correspondiente de la consejería competente en materia de agricultura, reflejándose en un acta complementaria de la de reorganización de la propiedad e inscribiéndose en el registro a favor de las personas adjudicatarias. En aras de la protección de la seguridad jurídica y de la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos, la consejería competente en materia de agricultura habrá de notificar al registro de la propiedad correspondiente la fecha de la firmeza del acuerdo de concentración, en un plazo de quince días hábiles desde que esta se produzca. Se modifica por la disposición final 1.1 de la Ley 6/2011, de 13 de octubre. Ref. BOE-A-2011-17718. Se modifica por la disposición final 2.1 de la Ley 7/2007, de 21 de mayo. Ref. BOE-A-2007-13826. Se modifica por el art. 1 de la Ley 12/2001, de 10 de septiembre. Ref. BOE-A-2001-21174. Artículo 32. Los derechos, bienes y tierras que constituyen el fondo se destinarán a la corrección de errores manifiestos, de los que se deriven perjuicios para los afectados por la concentración; a las mejoras y equipamiento colectivos en el sentido más amplio; a mejorar las explotaciones existentes, procurando promocionar aquellas que no alcanzando la dimensión económicamente viable puedan demostrar su futura eficacia económica; a la creación de nuevas explotaciones con dimensiones y estructuras adecuadas, para lo que se atenderá con preferencia a los emigrantes retornados a la parroquia que así lo manifiesten y lo acrediten. Para la corrección de errores, el plazo será de un año, que se contará desde que el Acuerdo de Concentración sea firme. Transcurrido dicho plazo, la adjudicación de fincas se reflejará en un acta complementaria de la de reorganización de la propiedad y se inscribirá en el Registro a favor del adjudicatario. Artículo 32. Si durante el procedimiento de concentración se pusiese de manifiesto la necesidad o conveniencia de disponer de determinadas superficies para equipamientos colectivos u otros fines de interés general, la Junta Local de zona podrá proponer esta utilización con cargo al fondo. La Dirección General con competencias en la materia, una vez aprobada la propuesta, fijará su titularidad y destino, dándose a esta resolución la oportuna publicidad. Al redactarse el acta de reorganización, se incluirá a dicho titular como adjudicatario del lote correspondiente. Se modifica por el art. 1 de la Ley 12/2001, de 10 de septiembre. Ref. BOE-A-2001-21174. CAPÍTULO VIII Acuerdo Artículo 33. 1. A la vista del resultado de la encuesta del proyecto definitivo citado en el artículo anterior, la Jefatura Provincial de Estructuras Agrarias redactará el acuerdo de nueva ordenación de la propiedad que se ajustará estrictamente a las bases. En la medida en que lo permitan las necesidades de la concentración, se tendrán en cuenta las circunstancias que, no habiendo quedado reflejadas en la clasificación de tierras, concurran en el conjunto de las aportaciones de cada participante, así como también el prorrateo de aguas. 2. El acuerdo se aprobará por la Dirección General de Planificación y Desarrollo Agrario, previo informe favorable de la Junta Local, y será publicado de la forma que determina el artículo 36. Artículo 33. 1. Finalizado el periodo de exposición al público del proyecto de concentración y estudiadas las alegaciones formuladas, así como introducidas las modificaciones que se estimen pertinentes como consecuencia de las mismas, se redactará el acuerdo de concentración, en el cual se determinarán con precisión las fincas de reemplazo, en las que constarán aquellas que queden afectadas por gravámenes y situaciones jurídicas derivadas de las parcelas de procedencia y que se ajustarán estrictamente a las bases definitivas, y en el que se incluirá el plan de aprovechamientos de cultivos o forestal, en su caso, a que hace referencia el artículo 30 de la presente Ley. En la medida en que lo permitan las necesidades de la concentración, se tendrán en cuenta las circunstancias que, aun no habiendo quedado reflejadas en la clasificación de tierras, concurran en el conjunto de las aportaciones de cada participante, así como también el prorrateo de aguas. 2. El órgano competente en materia de montes y medio ambiente verificará que el acuerdo de concentración parcelaria se ajusta al plan forestal elaborado según lo dispuesto en el artículo 30, procediendo, en caso contrario, la Consejería competente en materia de agricultura a tomar las medidas pertinentes para que el acuerdo de concentración se ajuste a dicho plan. 3. El acuerdo se aprobará por la Dirección General competente en la materia, previo informe favorable de la Junta Local, siendo notificado en la forma que determina el artículo 36. Se modifica por el art. 1 de la Ley 12/2001, de 10 de septiembre. Ref. BOE-A-2001-21174. Artículo 34. Las aportaciones de tierras por los particulares participantes en la concentración parcelaria están sujetas a las deducciones siguientes: 1. Hasta un 3 por 100 para el ajuste de las adjudicaciones de las fincas de reemplazo. 2. Hasta un 6 por 100 para realizar, en beneficio de la zona de concentración parcelaria, las obras precisas a que se refiere el artículo 59, número 2. Tales deducciones deberán afectar en la misma proporción a todos los participantes de la concentración. Artículo 34. Las aportaciones de tierras por los particulares participantes en la concentración parcelaria están sujetas a las deducciones siguientes: 1. Hasta un 3 por 100 para el ajuste de las adjudicaciones de las fincas de reemplazo. 2. Hasta un 6 por 100 para realizar, en beneficio de la zona de concentración parcelaria, las obras precisas a que se refiere el artículo 61, número 2.1. Dichas deducciones habrán de afectar en la misma proporción a todos los participantes de la concentración, con las excepciones de fincas únicas, con una superficie inferior al doble de la unidad mínima de cultivo, a las que no se aplicará deducción alguna. En el primero de estos casos, la deducción se llevará a cabo teniendo en cuenta los beneficios que les pueda reportar el proceso de concentración. Se modifica por el art. 1 de la Ley 12/2001, de 10 de septiembre. Ref. BOE-A-2001-21174. CAPÍTULO IV Publicaciones y comunicaciones Se modifica por el art. 4.3.
122. d)de la Ley 12/2001, de 10 de septiembre. Ref. BOE-A-2001-21174. CAPÍTULO IX Publicaciones y comunicaciones Artículo 35. Las encuestas sobre las bases y proyectos de concentración, a las que se refieren los artículos 22, 23 y 30 y concordantes, se abrirán mediante avisos insertos por ocho días en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y además en los lugares de costumbre de las parroquias, haciendo público que estarán expuestos los documentos correspondientes en los plazos que se señalan en este artículo. La exposición de las bases, proyectos y cualquier otro extremo del expediente que la Dirección General de Planificación y Desarrollo Agrario decida publicar, se realizará simultáneamente en los Ayuntamientos, en las Cámaras Agrarias Locales y en uno o varios locales de las parroquias afectadas, designados por la Comisión Permanente de la Junta Local, y en ellos se garantizará el libre acceso de todos los interesados por un mínimo de tres horas al día. Esta expedición se hará por tiempo de quince días, susceptibles de prórroga por la Jefatura Provincial de Estructuras Agrarias, previa petición de la Comisión Permanente de la Junta Local. Durante estos plazos, los interesados podrán formular por escrito o verbalmente, si así lo prefieren, las observaciones o sugerencias que estimen oportunas. Artículo 35. Las encuestas sobre las bases y el proyecto de concentración, a que se refieren los artículos 22 y 30 y concordantes, se abrirán mediante avisos insertos por ocho días en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y además en los lugares de costumbre de las parroquias, en los cuales se hará público que estarán expuestos los documentos correspondientes en los plazos que se señalan en este artículo. La exposición de las bases, del proyecto de concentración parcelaria y de cualquier otro extremo del expediente que la Dirección General competente en la materia decida publicar se realizará simultáneamente en los Ayuntamientos y en uno o varios locales de las parroquias afectadas, designados por la Comisión Permanente de la Junta Local de zona, y en la misma se garantizará el libre acceso de todos los interesados por un mínimo de cuatro horas al día. Esta exposición se hará por tiempo de veinte días, susceptibles de prórroga por el Servicio Provincial correspondiente, previa petición de la Comisión Permanente de la Junta Local de zona. Se garantizará en las horas y días que dure la exposición, al menos en un local por Ayuntamiento, la presencia de personal técnico que haya participado en la elaboración para aclarar a los particulares los extremos que sean pertinentes. Cuando las circunstancias lo aconsejen, a lo largo del proceso de concentración podrá contarse con el apoyo, entre otros, de personal técnico especializado en materia urbanística y sociológica. Durante estos plazos, los interesados podrán formular, por escrito, debidamente registrado, las observaciones o sugerencias que estimen oportunas, procediéndose a su estudio por un funcionario con los suficientes conocimientos técnicos y otro con la condición de Licenciado en Derecho, perteneciente al Servicio de Concentración Parcelaria, lo que podrá tener como consecuencia las modificaciones pertinentes, que serán reflejadas en las bases definitivas o en el acuerdo de concentración parcelaria, según corresponda. Las alegaciones se resolverán con la aprobación de las bases o del acuerdo, en los que, en un anexo firmado por los citados funcionarios, se harán constar de manera individualizada las mismas y la solución que se les hubiera dado, siendo notificadas a los interesados. Se modifica por el art. 1 de la Ley 12/2001, de 10 de septiembre. Ref. BOE-A-2001-21174. Artículo 36. Una vez aprobadas las bases definitivas y el acuerdo de concentración, se publicarán por la Jefatura Provincial de Estructuras Agrarias, mediante aviso inserto por una sola vez en el «Diario Oficial de Galicia», en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el diario de mayor circulación de la misma, así como por ocho días en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, y en los lugares habituales de la parroquia, advirtiendo que los documentos estarán expuestos durante treinta días, que contarán desde el siguiente a la inserción del último aviso y que, dentro del citado plazo, se podrá interponer recursos de alzada ante el Consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación. Artículo 36. Las bases definitivas y el acuerdo de concentración serán notificados a cada uno de los afectados. Cuando éstos sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o bien intentada la misma no pudiera practicarse, la notificación será sustituida por la publicación del Servicio Provincial correspondiente, mediante aviso inserto por una sola vez en el ‟Diario Oficial de Galiciaˮ y en el diario de mayor circulación de la provincia, así como por ocho días en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en los lugares habituales de la parroquia, advirtiendo que los documentos estarán expuestos durante treinta días naturales, que comenzarán a contarse desde el día siguiente a la publicación del aviso en el ‟Diario Oficial de Galiciaˮ, y que, dentro del citado plazo, podrá interponerse recurso de alzada ante el consejero competente en materia de agricultura. Se modifica por el art. 1 de la Ley 12/2001, de 10 de septiembre. Ref. BOE-A-2001-21174. Artículo 37. Todas las comunicaciones que tengan que dirigirse a los titulares de explotaciones, propietarios, titulares de derechos reales y situaciones jurídicas y, en general, a las personas afectadas por los trabajos de concentración parcelaria, se harán, en todo caso, personalmente, al domicilio de los interesados, sin perjuicio de las que se puedan realizar por medio de edictos y de su inserción en los tablones de anuncios del Ayuntamiento, lugares de costumbre de las parroquias y en el «Boletín Oficial» de la provincia, los que surtirán los mismos efectos que las leyes atribuyen a las notificaciones y citaciones. Artículo 37. Todas las notificaciones y citaciones que tengan que dirigirse a los titulares de explotaciones, propietarios, titulares de derechos reales y situaciones jurídicas y, en general, a las personas afectadas por los trabajos de concentración parcelaria se harán, en todo caso, personalmente al domicilio de los interesados que figure en las bases, sin perjuicio de las que puedan realizarse por medio de edictos y de su inserción en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos, en los lugares de costumbre de la parroquia y en el ‟Diario Oficial de Galiciaˮ, los cuales surtirán los mismos efectos que las Leyes atribuyen a las notificaciones y citaciones. Se modifica por el art. 1 de la Ley 12/2001, de 10 de septiembre. Ref. BOE-A-2001-21174. Artículo 38. Cuando las personas afectadas por la concentración promovieran individualmente reclamaciones o interpusieran recursos, las incidencias de unos y otros se entenderán personalmente con el reclamante o recurrente. A este efecto, habrán de expresar, en el escrito en el que se promueve la reclamación, un domicilio dentro del término municipal de se que trate y, en su caso, la persona residente en el mismo a quien tengan que hacerse las notificaciones. CAPÍTULO V Revisión Se modifica por el art. 4.3.
123. e)de la Ley 12/2001, de 10 de septiembre. Ref. BOE-A-2001-21174. CAPÍTULO X Revisión Artículo 39. La revisión de oficio de los actos administrativos dictados en materia de concentración parcelaria se ajustara a lo dispuesto en la legislación sobre procedimiento administrativo. Artículo 40. Contra las bases definitivas y el acuerdo de concentración parcelaria se podrá interponer recurso de alzada ante el Consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación, dentro del plazo de treinta días, contados en la forma que determina el artículo 36. Artículo 41. 1. El acuerdo de concentración sólo podrá ser impugnado en alzada si se infringen las formalidades prescritas para su elaboración y publicación, o si no se ajustase a las bases a que se refiere el artículo 21. 2. Los recursos podrán ser interpuestos por los titulares de un derecho subjetivo o de un interés directo, personal y legítimo en el asunto que los motive. 3. Durante el término señalado para recurrir, el expediente estará de manifiesto y a disposición de los interesados, para que éstos puedan examinarlo y formular, en el mismo escrito en el que interpongan la alzada, las alegaciones que convengan a su derecho. 4. Los recursos de alzada serán preceptivamente informados por la Junta Local. Artículo 42. 1. Transcurridos tres meses desde la interposición de un recurso de alzada sin que se notifique su resolución, se entenderá desestimado y quedará expedita la vía procedente. 2. De recaer resolución expresa, el plazo para formular el recurso que proceda se contará desde el día siguiente a la notificación de la misma. Artículo 42. 1. Transcurridos tres meses desde la interposición de un recurso de alzada sin que se notifique su resolución, se entenderá desestimado, quedando expedita la vía procedente. Excepcionalmente, y por causas objetivas, podrá acordarse la ampliación del plazo máximo de resolución por otro período no superior a tres meses. 2. La resolución del recurso de alzada será expresa y, en su caso, el plazo para formular el recurso que proceda se contará desde el día siguiente a la notificación de la misma. Se modifica por el art. 1 de la Ley 12/2001, de 10 de septiembre. Ref. BOE-A-2001-21174. Artículo 43. 1. Agotada la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, que sólo será admisible por vicio sustancial en el procedimiento y por defecto en la apreciación del valor de las fincas, siempre que la diferencia entre el valor de las parcelas aportados por el recurrente y las recibidas después de la concentración suponga, al menos, perjuicio de la sexta parte del valor de las primeras. 2. El fallo del recurso contencioso-administrativo se ejecutará en lo posible de forma que no implique perjuicio para la concentración. CAPÍTULO VI Ejecución del acuerdo Se modifica por el art. 4.3.
124. f)de la Ley 12/2001, de 10 de septiembre. Ref. BOE-A-2001-21174. CAPÍTULO XI Ejecución del acuerdo Artículo 44. Finalizada la publicación del acuerdo de concentración, y siempre que el número de recursos presentados y pendientes no exceda del 6 por 100 de los titulares de las explotaciones o no representen los reclamantes más del 10 por 100 de la superficie concentrada, la Dirección General de Planificación y Desarrollo Agrario podrá dar, y los adjudicatarios exigir, la posesión provisional de las nuevas fincas, sin perjuicio de las rectificaciones que procedan como consecuencia de los recursos que prosperen. Artículo 45. El acuerdo de concentración podrá ejecutarse, previo apercibimiento personal por escrito, mediante compulsión directa sobre aquellos que se resistiesen a permitir la toma de posesión de las fincas de reemplazo dentro de los términos y en las condiciones previamente anunciadas por la Dirección General de Planificación y Desarrollo Agrario. Desde que los participantes reciban de la Dirección General de Planificación y Desarrollo Agrario la posesión provisional o definitiva de las fincas de reemplazo, gozarán, frente a todos, de los medios de defensa establecidos en las leyes. Artículo 45. 1. El acuerdo de concentración podrá ejecutarse, previo apercibimiento personal por escrito, mediante compulsión directa sobre aquellos que se resistiesen a permitir la toma de posesión de las fincas de reemplazo, dentro de los términos y en las condiciones previamente anunciadas por la Dirección General, sin perjuicio de las sanciones que pudieran imponerse a quienes no permitan la toma de posesión de las fincas de reemplazo, previa instrucción del oportuno expediente sancionador con arreglo a lo dispuesto en el título VII de la presente Ley. 2. Desde que los participantes reciban de la Dirección General la posesión provisional o definitiva de las fincas de reemplazo gozarán, frente a todos, de los medios de defensa establecidos en las Leyes. Se modifica por el art. 1 de la Ley 12/2001, de 10 de septiembre. Ref. BOE-A-2001-21174. Artículo 46. Dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que las fincas de reemplazo se pongan a disposición de los participantes para que tomen posesión de ellas, los interesados podrán reclamar, acompañando dictamen pericial sobre diferencias superiores al 2 por 100 entre la cabida real de las nuevas fincas y la que conste en el título o en el expediente de concentración. Si la reclamación fuese estimada, la Dirección General de Planificación y Desarrollo Agrario podrá, según las circunstancias, rectificar el acuerdo, compensar al reclamante con cargo al Fondo de Tierras o, si esto último no fuese posible, indemnizarle en metálico. Artículo 46. Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la fecha en que las fincas de reemplazo se pongan a disposición de los participantes para que tomen posesión de las mismas, los interesados podrán reclamar, acompañando dictamen pericial, sobre diferencias superiores al 2 por 100 entre la cabida real de las nuevas fincas y la que conste en el título o expediente de concentración. Si la reclamación fuese estimada, la Dirección General podrá, según las circunstancias, rectificar el acuerdo, compensar al reclamante con cargo al fondo de tierras o, si esto último no fuera posible, indemnizarle en metálico. Se modifica por el art. 1 de la Ley 12/2001, de 10 de septiembre. Ref. BOE-A-2001-21174. Artículo 46 bis. 1. Firme el acuerdo de concentración parcelaria a que se refiere el artículo 33, la dirección general correspondiente de la Consejería competente en materia de agricultura autorizará el acta de reorganización de la propiedad, en la cual se relacionarán y describirán las fincas resultantes de la concentración, con las circunstancias necesarias para su inscripción en el Registro de la Propiedad, los derechos reales y situaciones jurídicas que hayan sido determinados en el período de investigación y la finca sobre la que hayan de establecerse, así como los nuevos derechos reales que se constituyan en las nuevas fincas de reemplazo. 2. La inscripción de los títulos de concentración en el Registro de la Propiedad se regirá por lo dispuesto en la legislación del Estado en la materia. Se añade por el art. 1 de la Ley 12/2001, de 10 de septiembre. Ref. BOE-A-2001-21174. TÍTULO IV Efectos y conservación de la concentración Artículo 47. La entrada en vigor del Decreto a que se refieren los artículos 15 y 21 faculta a la Jefatura Provincial de Estructuras Agrarias para realizar las obras que ella misma aprueba, poner mojones o señales, convocar reuniones, recabar datos precisos para la ejecución de la concentración, establecer planes de cultivos y ocupaciones temporales de fincas mientras se tramita el expediente. Desde la citada entrada en vigor, cualquier obra o mejora requerirá la previa autorización de la referida Jefatura Provincial, que en el caso de no concederla dictara revolución motivada. También los propietarios y cultivadores tendrán la obligación de cuidar y cultivar las fincas. Los que cometan cualquier infracción resultante de lo anteriormente dispuesto incurrirán en multas, que serán impuestas previo expediente tramitado por la citada Jefatura Provincial con audiencia del interesado e informe de la Comisión Permanente de la Junta Local. Asimismo, podrán ser excluidos de los beneficios individuales que con motivo de la concentración puedan ser concedidos por la Consellería. Artículo 47. La entrada en vigor del Decreto de concentración parcelaria a que se refiere el artículo 19 faculta al Servicio Provincial correspondiente para realizar las obras que ella misma apruebe, que, en el supuesto de que afecten al dominio público hidráulico y zonas de servidumbre y policía de cauces, habrán de contar con las preceptivas autorizaciones y concesiones a otorgar por la Administración hidráulica autonómica; fijar marcos o señales, convocar reuniones, recabar datos precisos para la ejecución de la concentración y establecer planes de cultivos y ocupaciones temporales de fincas en tanto se tramita el expediente. Desde dicha entrada en vigor, cualquier obra o mejora requerirá la previa autorización del referido Servicio, que en caso de no concederla dictará resolución motivada. Los propietarios y cultivadores tendrán la obligación de cuidar y cultivar las fincas, sin que se pueda talar o derribar arbolado, extraer o suprimir plantaciones o realizar actos que puedan disminuir el valor de la parcela sin la previa autorización del Servicio Provincial correspondiente. Las plantaciones, obras o mejoras realizadas sin autorización no serán tenidas en cuenta a efectos de valoración y clasificación de las parcelas. Asimismo, obliga a los miembros de la Junta Local a la asistencia a las reuniones que se convoquen y faculta a la Administración para exigir de los afectados por el proceso los datos que sean de interés para el mismo, así como cuanta información se estime necesaria para la redacción de las bases de la zona. Quienes infrinjan lo anteriormente dispuesto serán sancionados, previa instrucción del oportuno expediente con arreglo a lo dispuesto en el título VII de la presente Ley. Se modifica por el art. 1 de la Ley 12/2001, de 10 de septiembre. Ref. BOE-A-2001-21174. Artículo 48. 1. La inclusión de una parcela en la concentración da lugar, mientras dure el procedimiento correspondiente, a la extinción del retracto de colindantes del derecho de permuta forzosa y demás de adquisición que se otorguen por ley para evitar los enclavados o la dispersión parcelaria, salvo que la demanda haya sido interpuesta antes de la inclusión. 2. Sin embargo, si alguna parcela comprendida en la zona fuese después objeto de exclusión, el plazo para interponer la demanda comenzará nuevamente desde el siguiente día en que el titular del derecho tuviese o debiese tener conocimiento del acuerdo de exclusión. Artículo 48 bis. La inclusión de una finca en el plan de aprovechamientos de cultivos o forestal obligará a su titular al estricto cumplimiento del mismo hasta tanto el Ayuntamiento regule los usos de las tierras concentradas. Se añade por el art. 1 de la Ley 12/2001, de 10 de septiembre. Ref. BOE-A-2001-21174. Artículo 49. Las resoluciones dictadas en el expediente de concentración parcelaria no quedarán en suspenso por las cuestiones judiciales que se planteen entre particulares sobre los derechos afectados por la misma. Artículo 50. Será potestativo dar efecto en el expediente de concentración a las transmisiones o modificaciones de derechos que se comuniquen después de comenzada la publicación de las bases y el adquiriente quedará subrogado en el lugar y puesto del anterior, con las limitaciones, deberes y obligaciones que resulten del procedimiento de la concentración según el artículo 2. Antes de que sea firme el acuerdo de concentración, los interesados podrán proponer permutas de fincas de reemplazo, que serán aceptadas siempre que, a criterio de la Jefatura Provincial de Estructuras Agrarias, no haya perjuicio para la concentración y, en tal caso, la situación resultante se recogerá en el acta de reorganización de la propiedad. Artículo 50. 1. Al objeto de facilitar la disminución del número de propietarios de la zona, una vez publicado el Decreto de concentración parcelaria, el Servicio Provincial correspondiente pondrá a disposición de las personas interesadas en incrementar el tamaño de su explotación un listado elaborado a partir de las notificaciones hechas por aquellos que quieran vender sus parcelas, en su caso. 2. Será potestativo dar efecto en el expediente de concentración a las transmisiones o modificaciones de derechos que se comuniquen después de comenzada la publicación de las bases y hasta la firmeza de las mismas, quedando el adquirente subrogado en el lugar y puesto del anterior, con las limitaciones, deberes y obligaciones que resulten del procedimiento de la concentración. 3. Antes de que sea firme el acuerdo de concentración, los interesados podrán proponer permutas de fincas de reemplazo, que serán aceptadas siempre que, a criterio del Servicio Provincial correspondiente, no haya perjuicio para la concentración, recogiéndose, en tal caso, la situación resultante en el acta de reorganización de la propiedad. Se modifica por el art. 1 de la Ley 12/2001, de 10 de septiembre. Ref. BOE-A-2001-21174. Artículo 51. Finalizada la concentración, la división o segregación de una finca rústica no será válida cuando dé lugar a parcelas de extensión inferior a la unidad mínima de cultivo establecida conforme a los dispuesto en el artículo 3.2, y, por lo tanto, no podrá ser objeto de ninguno de los auxilios o beneficios que la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación pueda conceder para la mejora de las explotaciones. Artículo 51. Finalizada la concentración, y salvo los supuestos contemplados en las letras
125. b)y
126. c)del artículo siguiente, la división o segregación de una finca rústica no será válida cuando dé lugar a parcelas de extensión inferior a la unidad mínima de cultivo establecida conforme a lo dispuesto en el artículo 3.1.
127. b)y, consecuentemente, no podrá ser objeto de ninguno de los auxilios o beneficios que la Consejería competente en materia de agricultura pueda conceder para la mejora de las explotaciones. Se modifica por el art. 1 de la Ley 12/2001, de 10 de septiembre. Ref. BOE-A-2001-21174. Artículo 52. No será válida la división o segregación de fincas de reemplazo, salvo en los siguientes casos:
128. a)Cuando se trate de disposición en favor de propietarios de fincas colindantes, siempre que como consecuencia de la división o segregación no resulte mayor número de predios inferiores a la unidad mínima a que se refiere el artículo 3.2.
129. b)Si la porción segregada se destina de modo efectivo, dentro del año siguiente, a cualquier género de edificación o construcción permanente, a fines industriales, vivienda o a otros de carácter no agrario. Las parcelas afectadas por un planeamiento urbanístico, proyecto de urbanización o de reparcelación, se sujetarán a las normas que a tal efecto señale la legislación del suelo y urbanismo. Artículo 52. No será válida la división o segregación de fincas de reemplazo, salvo en los siguientes casos:
130. a)Cuando se trate de disposiciones en favor de propietarios de fincas colindantes, siempre que, como consecuencia de la división o segregación, tanto la finca que se divide o segrega como la colindante, no resulten de extensión inferior a la unidad mínima de cultivo a que se refiere el artículo 3.1.b).
131. b)Si es consecuencia del ejercicio del derecho de acceso a la propiedad establecido en la legislación especial de arrendamientos rústicos.
132. c)Si s