Real Decreto 1588/1999, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento sobre la instrumentación de los compromisos por pensiones de las empresas con los trabajadores y beneficiarios

200 ok Incluye la corrección de errores publicada en BOE núm. 280, de 23 de noviembre de 1999. Ref. BOE-A-1999-22452 La Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social; la Ley 40/1998, de 8 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras normas tributarias, y la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, modificaron la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y supervisión de los seguros privados, en adelante Ley 30/1995, que en su disposición adicional undécima, apartado 19, y en sus disposiciones transitorias decimocuarta, decimoquinta y decimosexta configura el régimen de instrumentación de los compromisos por pensiones de las empresas con los trabajadores y beneficiarios en nuestro país, con el objeto de dar cumplimiento al artículo 8 de la Directiva 80/987/CEE, relativa a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario.

El artículo 8 de la mencionada Directiva establece que los Estados miembros se asegurarán de que se adopten las medidas necesarias para proteger los intereses de los trabajadores asalariados y de las personas que ya han dejado la empresa o el centro de actividad del empresario, en la fecha en que se produce la insolvencia de éste, en lo que se refiere a sus derechos adquiridos o a sus derechos en curso de adquisición, a prestaciones de vejez, incluidas las prestaciones a favor de los supervivientes en virtud de regímenes complementarios de previsión profesionales o interprofesionales que existan, independientemente de los regímenes legales nacionales de seguridad social. Este Real Decreto completa la transposición realizada por la Ley 30/1995.

Por otra parte, cabe destacar también la Directiva 98/49/CE, del Consejo, de 29 de junio, relativa a la protección de los derechos a pensión complementaria de los trabajadores por cuenta ajena y los trabajadores por cuenta propia que se desplazan dentro de la Comunidad. Esta directiva prevé que los trabajadores de un país que sean desplazados por la empresa a otro Estado miembro de la Unión Europea tengan el mismo régimen, en relación con sus derechos a pensión complementaria, que tendrían si se desplazasen dentro de su país. En definitiva, se trata de mantener la posibilidad de que, independientemente de dónde un trabajador preste sus servicios, si la empresa de procedencia mantiene compromisos complementarios, ésta pueda continuar haciendo aportaciones si el trabajador cumple las condiciones precisas. Este Real Decreto contempla estas disposiciones con carácter general. Por ello, la empresa que mantenga sus compromisos por pensiones con trabajadores desplazados cuya situación no sólo sea de excedencia, o suspensión de contrato, sino incluso cuando el desplazamiento suponga el cese o extinción de la relación laboral con la empresa, ésta podrá hacer las aportaciones o contribuciones en favor del referido trabajador.

El apartado 19 de la disposición adicional undécima de la Ley 30/1995 da una nueva redacción a la disposición adicional primera de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, en adelante Ley 8/1987. En esta nueva redacción se establece el régimen de protección de los compromisos por pensiones de las empresas con los trabajadores, jubilados y beneficiarios, incluyendo las prestaciones causadas. Este régimen tiene carácter permanente, ya que establece que los compromisos de la empresa con los trabajadores, jubilados y beneficiarios deben instrumentarse mediante planes de pensiones o contratos de seguros, no resultando admisible la cobertura de tales compromisos mediante fondos internos o instrumentos similares, que supongan el mantenimiento, por parte de la empresa, de la titularidad de los recursos constituidos.

Cabe destacar la naturaleza funcional o instrumental de los planes de pensiones y de los seguros que instrumenten compromisos por pensiones, dado que las diferentes características de ambos instrumentos permiten considerar la naturaleza de los compromisos por pensiones en los términos que fueron negociados entre la empresa y los trabajadores. Es decir, el régimen previsto en la disposición adicional primera y el proceso de adaptación al mismo, desarrollado en las mencionadas disposiciones transitorias no tienen por qué suponer una modificación sustancial de los compromisos por pensiones de las empresas que fueron acordados en el ámbito laboral, en negociación colectiva o mediante disposición equivalente. De hecho, los instrumentos disponibles ofrecen diversas posibilidades y suficiente flexibilidad. Ello no impide que en el marco de este régimen de adaptación los sujetos implicados decidan adaptar los compromisos por pensiones con el objeto de instrumentarlos conforme a las características de un plan de pensiones o de un seguro colectivo.

Este Real Decreto, por el que se aprueba el Reglamento sobre la instrumentación de los compromisos por pensiones de las empresas con los trabajadores y beneficiarios, desarrolla, con carácter permanente, la disposición adicional primera de la Ley 8/1987 y las disposiciones transitorias decimocuarta y decimoquinta de la Ley 30/1995, estas últimas conocidas como régimen de adaptación o acomodación de los compromisos por pensiones o régimen de exteriorización. Cabe destacar la permanencia y vigencia de este régimen transitorio de adaptación que se mantendrá, como referencia normativa, como mínimo en los próximos diez años, siendo extensible incluso hasta quince años o más, en determinados supuestos excepcionales.

El régimen de instrumentación y, en su caso, exteriorización de los compromisos por pensiones de las empresas permite cumplir un doble objetivo. Por un lado, protege los compromisos por pensiones de las empresas con los trabajadores y beneficiarios en caso de insolvencia o de dificultades financieras para la empresa. De otra parte, la exteriorización de los compromisos por pensiones fuera del balance de las empresas les permite liberar recursos y concentrarse en su actividad típica lo que, en última instancia, se traducirá en una mayor competitividad nacional e internacional. Adicionalmente, este proceso supone trasladar la gestión de los recursos que instrumentan compromisos por pensiones a entidades especializadas en la gestión e inversión financieras, entidades gestoras de fondos de pensiones y entidades aseguradoras. Esta gestión especializada puede suponer, para la empresa, un menor coste a la hora de financiar y atender sus compromisos por pensiones a la vez que coadyuva a la capitalización de la economía, potenciando el ahorro a largo plazo y dotando de mayor amplitud y profundidad a los mercados financieros y de capitales lo que, en último término, permitirá reducir los costes financieros de las inversiones empresariales.

Este régimen general mantiene una excepción, aunque también transitoria, para las entidades del sector financiero: entidades de crédito, entidades aseguradoras y las sociedades y agencias de valores. Entre los argumentos que motivaran su excepción en la disposición transitoria decimocuarta de la Ley 30/1995, cabe mencionar el que estas entidades actúan en sectores regulados y sometidos a la supervisión de un órgano de control, lo cual redunda en la garantía de solvencia perseguida con la norma. Adicionalmente, se tuvo en cuenta que estas entidades son especialistas y concentran su actividad típica, precisamente, en la administración y gestión de fondos y, en su caso, en la valoración y cobertura de riesgos.

El Reglamento se ha estructurado de manera que la metodología y su interpretación resulte lo más clara posible agrupando todos los elementos propios de cada instrumento en un capítulo específico. Asimismo, se ha intercalado, cuando ha sido necesario, el texto legal para completarlo con su correspondiente desarrollo reglamentario.

El capítulo I es de carácter general y sigue la estructura de la disposición adicional primera de la Ley 8/1987 y de la disposición transitoria decimocuarta de la Ley 30/1995 sobre la obligación de instrumentar y, en su caso, adaptar los compromisos por pensiones de las empresas mediante planes de pensiones o seguros colectivos. Por tanto, en este capítulo se desarrollan únicamente los elementos comunes a ambos instrumentos, planes de pensiones y seguros, y aquellos que definen el ámbito, objetivo y subjetivo, sometido a la disposición adicional primera y, en consecuencia, a las disposiciones transitorias.

El resto de los capítulos están destinados a los diferentes instrumentos y a las entidades exceptuadas.

El capítulo II versa sobre la adaptación de los compromisos por pensiones a través de planes de pensiones. Tiene, por tanto, un carácter transitorio y en él se incluyen todos los elementos propios de la adaptación realizada mediante planes de pensiones, entre otros: plan de reequilibrio, trasvase de fondos constituidos, amortización del déficit, régimen jurídico, cuantificación y limitación de los derechos por servicios pasados.

El capítulo III se refiere a la instrumentación de los compromisos por pensiones mediante contratos de seguros. Este capítulo desarrolla, fundamentalmente en su sección 1.ª, los aspectos de la disposición adicional primera que se refieren a los seguros y, en consecuencia, tiene un carácter permanente. Únicamente la sección 2.ª de este capítulo tiene carácter transitorio, ya que desarrolla las condiciones que se deben cumplir para adaptar los seguros preexistentes y los compromisos aún no adaptados, bien sea directamente o a través del plan de financiación previsto para facilitar la adaptación de los compromisos mediante contratos de seguros.

El capítulo IV desarrolla el régimen excepcional de las entidades de crédito, entidades aseguradoras y de las sociedades y agencias de valores.

En definitiva, este Reglamento inicia un proceso que supondrá un hito en la previsión complementaria de carácter empresarial en nuestro país, tanto en lo que se refiere a planes de pensiones como a seguros que instrumenten compromisos por pensiones ya sean formalizados mediante póliza o a través de reglamento de prestaciones en el caso de mutualidades de previsión social.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda, previa aprobación del Ministro de Administraciones Públicas, y demás informes y trámites preceptivos, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 15 de octubre de 1999, DISPONGO :

Artículo único. Aprobación del Reglamento sobre la instrumentación de los compromisos por pensiones de las empresas con los trabajadores y beneficiarios.

Se aprueba el Reglamento sobre la instrumentación de los compromisos por pensiones de las empresas con los trabajadores y beneficiarios, cuyo texto se inserta a continuación.

Disposición adicional única. Instrumentación de los compromisos por pensiones de las empresas con los trabajadores y beneficiarios a través de planes de previsión social empresarial previstos en el artículo 51.4 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

1.º Relación de trabajadores asegurados y, en su caso, beneficiarios perceptores de prestación.

2.º Valor de las provisiones técnicas y su adecuación a los compromisos cubiertos por la póliza.

3.º Importe de las primas, prestaciones y rescates por movilización efectuados en el año.

4.º Interés garantizado en cada ejercicio.

5.º Desglose de costes y gastos soportados.

6.º Política de inversión aplicada si se prevé participación en beneficios a favor de los asegurados, con indicación del cálculo, resultados obtenidos y asignación de la citada participación.

7.º Valor de rescate de la póliza.

8.º Modificaciones normativas, cambios en las condiciones generales, especiales y particulares de la póliza y en su base técnica.

En todo caso se facilitará a los asegurados la información a la que se refiere el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. b) Con periodicidad al menos anual, la entidad aseguradora remitirá a cada asegurado del plan de previsión social empresarial:

1.º Certificado individual de seguro en el que conste su pertenencia al plan de previsión social empresarial, indicando el número de póliza, sus datos personales, las contingencias cubiertas y las prestaciones individualmente garantizadas por la aseguradora.

2.º Certificación a efectos fiscales del valor de las primas imputadas que, en cumplimiento del plan, haya satisfecho el tomador en el ejercicio anterior.

3.º Valor de la provisión matemática a 31 de diciembre del ejercicio anterior.

4.º Valor de rescate en caso de cese de la relación laboral y condiciones en las que se permite la movilización a otro instrumento de previsión social.

En su caso se le hará entrega al beneficiario del certificado de seguro o garantía de su prestación emitido por la entidad aseguradora. Con periodicidad al menos anual, la entidad aseguradora remitirá a los beneficiarios una certificación sobre el valor de sus derechos económicos al final de cada año natural.

Para ello las entidades aseguradoras deberán articular las medidas necesarias y utilizar los medios precisos para garantizar el acceso de cualquier asegurado a dicha información. En todo caso las entidades aseguradoras remitirán la información periódica de carácter trimestral a los asegurados que expresamente la soliciten.

Para la movilización, el asegurado deberá dirigirse a la entidad aseguradora o gestora de destino, para iniciar su traspaso.

A tal fin, el asegurado deberá acompañar a su solicitud la identificación del plan de previsión social asegurado y entidad aseguradora de origen desde el que se realizará la movilización, así como, en su caso, el importe a movilizar. La solicitud incorporará una comunicación dirigida a la entidad aseguradora de origen para ordenar el traspaso que incluya una autorización del asegurado a la aseguradora o entidad gestora de destino para que, en su nombre, pueda solicitar a la aseguradora del plan de previsión social empresarial de origen la movilización de los derechos económicos, así como toda la información financiera y fiscal necesaria para realizarlo.

En el plazo máximo de dos días hábiles desde que la entidad aseguradora o entidad gestora de destino disponga de la totalidad de la documentación necesaria, ésta deberá, además de comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos reglamentariamente para la movilización de tales derechos, comunicar la solicitud a la entidad aseguradora del plan de previsión social empresarial de origen, con indicación, al menos, del plan de previsión asegurado o plan de previsión social empresarial, entidad aseguradora de destino y los datos de la cuenta de destino a la que debe efectuarse la transferencia, o, en el caso de movilización a un plan de pensiones el plan y fondo de pensiones de destino, el depositario de éste y los datos de la cuenta del fondo de pensiones de destino a la que debe efectuarse la transferencia.

En un plazo máximo de 20 días hábiles a contar desde la recepción por parte de la entidad aseguradora de origen de la solicitud con la documentación correspondiente, ésta entidad deberá ordenar la transferencia bancaria y remitir a la aseguradora o a la gestora de destino toda la información relevante del asegurado, debiendo comunicar a éste el contenido de dicha información.

No se podrán movilizar los derechos económicos cuando, en orden a instrumentar compromisos por pensiones del tomador referidos a asegurados que hubieran extinguido su relación laboral con aquel, las condiciones de la póliza prevean la continuidad de las aportaciones del tomador a su favor y, en su caso, las del asegurado que tuvieren carácter obligatorio.

Asimismo, los asegurados podrán ejercer su derecho de rescate en los casos de desempleo de larga duración y enfermedad grave en los términos y condiciones previstas para los planes de pensiones.

Se añade por el Real Decreto 1684/2007, de 14 de Diciembre. Ref. BOE-A-2007-21593 Disposición adicional única. Instrumentación de los compromisos por pensiones de las empresas con los trabajadores y beneficiarios a través de planes de previsión social empresarial previstos en el artículo 51.4 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

1.º Relación de trabajadores asegurados y, en su caso, beneficiarios perceptores de prestación.

2.º Valor de las provisiones técnicas y su adecuación a los compromisos cubiertos por la póliza.

3.º Importe de las primas, prestaciones y rescates por movilización efectuados en el año.

4.º Interés garantizado en cada ejercicio.

5.º Desglose de costes y gastos soportados.

6.º Política de inversión aplicada si se prevé participación en beneficios a favor de los asegurados, con indicación del cálculo, resultados obtenidos y asignación de la citada participación.

7.º Valor de rescate de la póliza.

8.º Modificaciones normativas, cambios en las condiciones generales, especiales y particulares de la póliza y en su base técnica.

En todo caso se facilitará a los asegurados la información a la que se refiere el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

1.º Certificado individual de seguro en el que conste su pertenencia al plan de previsión social empresarial, indicando el número de póliza, sus datos personales, las contingencias cubiertas y las prestaciones individualmente garantizadas por la aseguradora.

2.º Certificación a efectos fiscales del valor de las primas imputadas que, en cumplimiento del plan, haya satisfecho el tomador en el ejercicio anterior.

3.º Valor de la provisión matemática a 31 de diciembre del ejercicio anterior.

4.º Valor de rescate en caso de cese de la relación laboral y condiciones en las que se permite la movilización a otro instrumento de previsión social.

En su caso se le hará entrega al beneficiario del certificado de seguro o garantía de su prestación emitido por la entidad aseguradora. Con periodicidad al menos anual, la entidad aseguradora remitirá a los beneficiarios una certificación sobre el valor de sus derechos económicos al final de cada año natural.

Para ello las entidades aseguradoras deberán articular las medidas necesarias y utilizar los medios precisos para garantizar el acceso de cualquier asegurado a dicha información. En todo caso las entidades aseguradoras remitirán la información periódica de carácter trimestral a los asegurados que expresamente la soliciten.

A efectos de lo previsto en el párrafo anterior, se aplicará el procedimiento de movilización de derechos de los planes de previsión social empresarial regulado en la disposición adicional sexta del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones.

Se modifica por el art. 2.3 y 4 del Real Decreto 681/2014, de 1 de agosto. Ref. BOE-A-2014-8367.

Se añade por el Real Decreto 1684/2007, de 14 de Diciembre. Ref. BOE-A-2007-21593 Disposición adicional única. Instrumentación de los compromisos por pensiones de las empresas con los trabajadores y beneficiarios a través de planes de previsión social empresarial previstos en el artículo 51.4 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

1.º Relación de trabajadores asegurados y, en su caso, beneficiarios perceptores de prestación.

2.º Valor de las provisiones técnicas y su adecuación a los compromisos cubiertos por la póliza.

3.º Importe de las primas, prestaciones y rescates por movilización efectuados en el año.

4.º Interés garantizado en cada ejercicio.

5.º Desglose de costes y gastos soportados.

6.º Política de inversión aplicada si se prevé participación en beneficios a favor de los asegurados, con indicación del cálculo, resultados obtenidos y asignación de la citada participación.

7.º Valor de rescate de la póliza.

8.º Modificaciones normativas, cambios en las condiciones generales, especiales y particulares de la póliza y en su base técnica.

En todo caso se facilitará a los asegurados la información a la que se refiere el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

1.º Certificado individual de seguro en el que conste su pertenencia al plan de previsión social empresarial, indicando el número de póliza, sus datos personales, las contingencias cubiertas y las prestaciones individualmente garantizadas por la aseguradora.

2.º Certificación a efectos fiscales del valor de las primas imputadas que, en cumplimiento del plan, haya satisfecho el tomador en el ejercicio anterior.

3.º Valor de la provisión matemática a 31 de diciembre del ejercicio anterior, distinguiéndose la parte correspondiente a primas pagadas antes del 1 de enero de 2007, si las hubiere.

4.º Valor de rescate en caso de cese de la relación laboral y condiciones en las que se permite la movilización a otro instrumento de previsión social.

En su caso se le hará entrega al beneficiario del certificado de seguro o garantía de su prestación emitido por la entidad aseguradora. Con periodicidad al menos anual, la entidad aseguradora remitirá a los beneficiarios una certificación sobre el valor de sus derechos económicos al final de cada año natural.

Para ello las entidades aseguradoras deberán articular las medidas necesarias y utilizar los medios precisos para garantizar el acceso de cualquier asegurado a dicha información. En todo caso las entidades aseguradoras remitirán la información periódica de carácter trimestral a los asegurados que expresamente la soliciten.

Será admisible que el pago del valor de rescate se realice mediante el traspaso de los activos, neto de los gastos precisos para efectuar los correspondientes cambios de titularidad.

Cuando se realicen cobros parciales de derechos económicos por contingencias o por los supuestos excepcionales de liquidez regulados en el texto refundido de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones, o se efectúen movilizaciones parciales de los citados derechos, la solicitud del asegurado deberá incluir indicación referente a si los derechos económicos que desea percibir o movilizar corresponden a primas anteriores o posteriores a 1 de enero de 2007, si las hubiera.

En el supuesto de movilizaciones parciales, los derechos económicos a movilizar se calcularán de forma proporcional según correspondan a primas anteriores y posteriores a dicha fecha, cuando éstas existan, y el asegurado no haya realizado la indicación señalada en el párrafo anterior.

A efectos de lo previsto en el párrafo anterior, se aplicará el procedimiento de movilización de derechos de los planes de previsión social empresarial regulado en la disposición adicional sexta del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones.

Se modifican los apartados 4.b) y 5 por la disposición final 1.4 y 5 del Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre. Ref. BOE-A-2015-13057#dfprimera.

Se modifica por el art. 2.3 y 4 del Real Decreto 681/2014, de 1 de agosto. Ref. BOE-A-2014-8367.

Se añade por el Real Decreto 1684/2007, de 14 de Diciembre. Ref. BOE-A-2007-21593 Disposición adicional única. Instrumentación de los compromisos por pensiones de las empresas con los trabajadores y beneficiarios a través de planes de previsión social empresarial previstos en el artículo 51.4 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

1.º Relación de trabajadores asegurados y, en su caso, beneficiarios perceptores de prestación.

2.º Valor de las provisiones técnicas y su adecuación a los compromisos cubiertos por la póliza.

3.º Importe de las primas, prestaciones y rescates por movilización efectuados en el año.

4.º Interés garantizado en cada ejercicio.

5.º Desglose de costes y gastos soportados.

6.º Política de inversión aplicada si se prevé participación en beneficios a favor de los asegurados, con indicación del cálculo, resultados obtenidos y asignación de la citada participación.

7.º Valor de rescate de la póliza.

8.º Modificaciones normativas, cambios en las condiciones generales, especiales y particulares de la póliza y en su base técnica.

En todo caso se facilitará a los asegurados la información a la que se refiere el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

1.º Certificado individual de seguro en el que conste su pertenencia al plan de previsión social empresarial, indicando el número de póliza, sus datos personales, las contingencias cubiertas y las prestaciones individualmente garantizadas por la aseguradora.

2.º Certificación a efectos fiscales del valor de las primas imputadas que, en cumplimiento del plan, haya satisfecho el tomador en el ejercicio anterior.

3.º Valor de la provisión matemática a 31 de diciembre del ejercicio anterior, distinguiéndose la parte correspondiente a primas pagadas antes del 1 de enero de 2007, si las hubiere.

4.º Valor de rescate en caso de cese de la relación laboral y condiciones en las que se permite la movilización a otro instrumento de previsión social.

5.º En el caso de que el condicionado del plan de previsión social empresarial prevea la posibilidad de disposición anticipada de derechos económicos correspondientes a primas pagadas con al menos diez años de antigüedad regulada en el artículo 9.4, disposición adicional octava y disposición transitoria séptima del Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado por el Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, deberá indicarse la cuantía del derecho económico al final del año natural susceptible de hacerse efectivo por dicho supuesto de disposición anticipada.

En su caso se le hará entrega al beneficiario del certificado de seguro o garantía de su prestación emitido por la entidad aseguradora. Con periodicidad al menos anual, la entidad aseguradora remitirá a los beneficiarios una certificación sobre el valor de sus derechos económicos al final de cada año natural.

Para ello las entidades aseguradoras deberán articular las medidas necesarias y utilizar los medios precisos para garantizar el acceso de cualquier asegurado a dicha información. En todo caso las entidades aseguradoras remitirán la información periódica de carácter trimestral a los asegurados que expresamente la soliciten.

Será admisible que el pago del valor de rescate se realice mediante el traspaso de los activos, neto de los gastos precisos para efectuar los correspondientes cambios de titularidad.

Cuando se realicen cobros parciales de derechos económicos por contingencias o por los supuestos excepcionales de liquidez o disposición anticipada regulados en el texto refundido de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones, o se efectúen movilizaciones parciales de los citados derechos, la solicitud del asegurado deberá incluir indicación referente a si los derechos económicos que desea percibir o movilizar corresponden a primas anteriores o posteriores a 1 de enero de 2007, si las hubiera.

En el supuesto de movilizaciones parciales, los derechos económicos a movilizar se calcularán de forma proporcional según correspondan a primas anteriores y posteriores a dicha fecha, cuando éstas existan, y el asegurado no haya realizado la indicación señalada en el párrafo anterior.

A efectos de lo previsto en el párrafo anterior, se aplicará el procedimiento de movilización de derechos de los planes de previsión social empresarial regulado en la disposición adicional sexta del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones.

Se modifican los apartados 4.b) y 5 por el art. 1.2 del Real Decreto 62/2018, de 9 de febrero. Ref. BOE-A-2018-1832 Se modifican los apartados 4.b) y 5 por la disposición final 1.4 y 5 del Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre. Ref. BOE-A-2015-13057#dfprimera.

Se modifica por el art. 2.3 y 4 del Real Decreto 681/2014, de 1 de agosto. Ref. BOE-A-2014-8367.

Se añade por el Real Decreto 1684/2007, de 14 de Diciembre. Ref. BOE-A-2007-21593 Disposición transitoria única. Contratos de seguros que asignan inversiones conforme al apartado 2 del artículo 33 del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre.

En los contratos de seguros que a la entrada en vigor del Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, contaran con inversiones asignadas conforme al apartado 2 del artículo 33 del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, y no incluyan el componente relativo al ajuste por casamiento de flujos de la estructura temporal pertinente de tipos de interés sin riesgo previsto en el artículo 55 del Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, la cuantía del derecho de rescate deberá ser igual al valor de realización de los activos que representen la inversión de las provisiones de seguros de vida correspondientes.

Se añade por la disposición final 1.6 del Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre. Ref. BOE-A-2015-13057#dfprimera.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas normas o disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este Real Decreto.

Disposición final primera. Carácter básico.

Con arreglo al artículo 149.1.6.ª de la Constitución, las reguladas en los artículos 1 a 21 y 26 a 39 del Reglamento que se anexa.

Disposición final segunda. Facultades de ejecución y desarrollo.

Disposición final tercera. Autorización excepcional de plazos para el trasvase de fondos de los planes de reequilibrio.

El plazo total para el trasvase no podrá exceder de quince años.

Solicitada la autorización, con las justificaciones documentales oportunas, por la entidad interesada, la Dirección General de Seguros remitirá el correspondiente informe al Ministro de Economía y Hacienda. Éste resolverá en el plazo de seis meses, a contar desde la recepción de la solicitud en el registro del órgano competente para su tramitación.

Autorizada la ampliación del plazo, el plan de reequilibrio se entenderá modificado, en su caso, en los términos estrictos que resulten de la resolución.

El plazo total del plan de financiación no podrá exceder de quince años.

El procedimiento para la concesión de tal autorización será el previsto en el apartado anterior.

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado".

Dado en Madrid a 15 de octubre de 1999.

JUAN CARLOS R.

El Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda, RODRIGO DE RATO Y FIGAREDO REGLAMENTO SOBRE LA INSTRUMENTACIÓN DE LOS COMPROMISOS POR PENSIONES DE LAS EMPRESAS CON LOS TRABAJADORES Y BENEFICIARIOS

CAPÍTULO I

Ámbito de aplicación de la instrumentación de los compromisos por pensiones de las empresas

Artículo 1Instrumentación de los compromisos por pensiones

Los compromisos por pensiones asumidos por las empresas, incluyendo las prestaciones causadas, deberán instrumentarse, desde el momento en que se inicie el devengo de su coste, mediante contratos de seguros, a través de la formalización de un plan de pensiones o de ambos.

Artículo 2Régimen de adaptación

La adaptación de los compromisos por pensiones asumidos por la empresa a la disposición adicional primera de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulación de los planes y fondos de pensiones, requerirá la formalización de un plan de pensiones del sistema de empleo, de uno o varios contratos de seguro o de ambos instrumentos en las condiciones y con los requisitos previstos en este Reglamento.

La adaptación se considerará realizada cuando el plan de pensiones o los contratos de seguro instrumenten todos los compromisos por pensiones de la empresa en las condiciones establecidas en este Reglamento.

Artículo 3Obligaciones y responsabilidades

Las especificaciones del plan de pensiones o el condicionado del contrato de seguro deberán incorporar, expresamente, todos y cada uno de los elementos que determinan los compromisos por pensiones vigentes en cada momento, objeto de cobertura por dichos instrumentos, sin que sea admisible la mera remisión a convenios colectivos o disposición equivalente.

Las especificaciones de un plan de pensiones podrán prever la obligación de la comisión de control del mismo de modificar dichas especificaciones, conforme a la normativa aplicable, adaptándolas de inmediato a modificaciones de los compromisos acordadas mediante acuerdo colectivo de eficacia general con posterioridad a la formalización del plan. La fecha de efecto para el plan de pensiones de las referidas modificaciones se determinará según lo previsto en las especificaciones del plan con carácter general o, en su defecto, en el acuerdo colectivo.

Cuando se contemple la participación de los trabajadores en la financiación de los compromisos por pensiones, tal financiación deberá integrarse de forma inmediata en un contrato de seguro o en un plan de pensiones, según lo acordado en convenio colectivo o disposición equivalente.

Artículo 4Continuidad de los compromisos

Para las empresas que mantengan o asuman en el futuro nuevos compromisos por pensiones con sus trabajadores, incluyendo las prestaciones causadas, cuya materialización no se ajuste a la disposición adicional primera de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulación de los planes y fondos de pensiones, hasta que los mencionados compromisos y prestaciones se integren plenamente en un plan de pensiones, en un contrato de seguro o en ambos, se mantendrá la efectividad de los compromisos por pensiones y el cobro de las prestaciones causadas en los términos estipulados entre la empresa y los trabajadores.

Artículo 5Empresas

Artículo 6Personal afectado

Artículo 7Compromisos por pensiones

La instrumentación de los compromisos por pensiones se deberá realizar aun cuando la adquisición o mantenimiento de los derechos derivados del compromiso se condicione al cumplimiento de determinados requisitos.

Se considerarán disposiciones equivalentes al convenio colectivo los pactos entre las empresas y todo o parte de su personal u otros acuerdos o decisiones, cuya existencia o efectos se hallen documentados de forma admitida en derecho y en los que las empresas asuman compromisos por pensiones. Asimismo, tendrán tal consideración las actas de constitución, estatutos o reglamentos de mutualidades de previsión social, fundaciones laborales y cualquier otra fórmula o institución de previsión del personal, siempre que en los documentos enumerados las empresas asuman compromisos por pensiones.

CAPÍTULO II

Régimen transitorio de la adaptación de los compromisos por pensiones mediante planes de pensiones

Sección 1.ª Ámbito objetivo y subjetivo

Artículo 8Empresas que pueden acogerse

Las empresas que podrán acogerse al régimen transitorio contemplado en este capítulo serán las siguientes:

La empresa que promueva dicho plan de pensiones instará la constitución de una comisión promotora, conforme a lo previsto en el artículo 9 de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulación de los planes y fondos de pensiones. En este supuesto, los miembros de la comisión promotora, en representación de los partícipes y, en su caso, de los beneficiarios, podrán ser designados directamente por la mayoría de los representantes de los trabajadores en la empresa entre los potenciales partícipes y, en su caso, beneficiarios.

Se entenderá formalizado el plan de pensiones cuando la comisión promotora lo presente ante el fondo de pensiones en que pretenda integrarse y éste le comunique la admisión del mismo, por entender, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos por la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulación de los planes y fondos de pensiones; el Real Decreto 1307/1988, de 30 de septiembre, y este Reglamento.

Artículo 9Personal que puede acogerse

El personal que podrá acogerse a este régimen será el siguiente:

Artículo 10Derechos y obligaciones que pueden integrarse en un plan de pensiones acogido a este régimen

El plan de pensiones del sistema de empleo podrá integrar, total o parcialmente, a una o varias fórmulas o instituciones de previsión a las que esté acogida la totalidad o parte del personal de la empresa, sin perjuicio del cumplimiento del principio de no discriminación previsto en el artículo 5 de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulación de los planes y fondos de pensiones.

La integración de instituciones con personalidad jurídica propia requerirá la adopción de los oportunos acuerdos, bien de disolución de la institución o bien de modificación de sus estatutos, de sus reglamentos de prestaciones y otras normas de funcionamiento. También deberá acordarse la transferencia de los elementos patrimoniales o fondos constituidos que proceda efectuar en orden a la cobertura de los derechos por servicios pasados y prestaciones causadas contemplados en el plan de pensiones.

La integración de instituciones carentes de personalidad jurídica requerirá la adopción de los acuerdos de quienes tengan poder de disposición sobre los fondos constituidos para su integración en el plan de pensiones.

Los acuerdos referidos en este punto deberán adoptarse con carácter previo o simultáneo a la formalización del plan de pensiones, o en el caso de planes ya existentes, a la modificación de sus especificaciones. Los citados acuerdos deberán contemplar, igualmente, los derechos y obligaciones de los sujetos vinculados a las instituciones que voluntariamente decidan no adherirse al plan de pensiones.

Sección 2.ª Condiciones mínimas del plan de reequilibrio

Artículo 11Plan de reequilibrio

Por plan de reequilibrio se entenderá el acuerdo alcanzado, al amparo de este régimen transitorio, por la comisión promotora del plan de pensiones o la comisión de control, según corresponda, en virtud del cual dentro del plan de pensiones se integren derechos por servicios pasados correspondientes a compromisos por pensiones para el personal activo y, en su caso, las obligaciones ante jubilados y beneficiarios.

El plan de reequilibrio abarcará, en los términos previstos en este Reglamento, los planes de trasvase de fondos constituidos y, separadamente, de amortización del déficit de tales derechos y obligaciones. En todo caso, deberán formularse los planes de reequilibrio con independencia del trasvase, inmediato o diferido, de los fondos constituidos, o de la existencia o no de déficit. El plan de reequilibrio incluirá, asimismo, la valoración o cuantificación de los derechos por servicios pasados derivados de compromisos por pensiones para el personal activo y, en su caso, de las obligaciones ante jubilados y beneficiarios, y el sistema de cálculo y régimen jurídico de los mismos.

Cada empresa formulará un único plan de reequilibrio, que integrará todos los compromisos de la empresa con los trabajadores y, en su caso, con los jubilados o beneficiarios, que pretendan obtener los beneficios previstos en las disposiciones transitorias decimoquinta y decimosexta de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y supervisión de los seguros privados.

En los planes de pensiones de promoción conjunta, cada empresa formulará su propio plan de reequilibrio, de cuyo cumplimiento será responsable. El plan de reequilibrio de cada empresa se desenvolverá y tendrá efectos independientes, debiendo cumplir individualmente los requisitos exigidos en las disposiciones vigentes. El acuerdo al que se refiere el segundo párrafo de este apartado será el adoptado por la empresa con los representantes de los trabajadores.

Cuando se integren en un plan de pensiones las obligaciones ante jubilados y beneficiarios, de conformidad con lo establecido en el apartado 5 de la disposición transitoria decimoquinta de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, se formulará un único plan de reequilibrio para los compromisos ante el personal activo y los jubilados y beneficiarios, si bien se desglosarán, por separado, en sus respectivos planes de trasvase de fondos constituidos y de amortización del déficit correspondientes al personal activo, por un lado, y a los jubilados y beneficiarios, por otro.

Las empresas promotoras de planes de pensiones de promoción conjunta que pretendan incorporar a beneficiarios por prestaciones causadas en el plan de reequilibrio deberán integrar en el plan de pensiones, simultáneamente a la incorporación del plan de reequilibrio al mismo, el valor actual actuarial de dichas prestaciones para su adecuada y total cobertura mediante contrato de seguro.

En el caso de instituciones de previsión del personal de la empresa, los fondos constituidos se definirán como el precio de mercado de los activos de la institución que se asignen a los compromisos por pensiones considerados en el plan de reequilibrio. Si no existiese tal asignación de activos, los fondos constituidos vendrán determinados por el saldo reconocido a favor de los potenciales partícipes o beneficiarios del plan de pensiones.

A efectos de calcular el precio de mercado se aplicarán las normas previstas en el Reglamento de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulación de los planes y fondos de pensiones. No obstante, la valoración de los inmuebles se regirá por lo dispuesto en la Orden de 30 de noviembre de 1994, de valoración de bienes inmuebles de las entidades financieras, siéndole de aplicación a estos efectos lo indicado en el apartado 1.b) de su artículo primero y en su anexo 5.

Artículo 12Condiciones generales para la financiación de los derechos por servicios pasados y obligaciones ante jubilados y beneficiarios

Cuando el plan de reequilibrio incluya obligaciones con jubilados o beneficiarios, no podrán asignarse fondos constituidos al personal activo hasta haber cubierto con tales fondos todas las obligaciones con jubilados y beneficiarios.

En su caso, la diferencia positiva entre los derechos reconocidos por servicios pasados y los fondos constituidos correspondientes configura un déficit, el cual se calculará individualizadamente para cada partícipe.

En el caso de jubilados o beneficiarios, el déficit individual asignado surgirá como diferencia entre el valor actual actuarial de la prestación y, en su caso, su correspondiente margen de solvencia mínimo y el fondo constituido asignado.

Las aportaciones que se realicen para la financiación de los derechos por servicios pasados y obligaciones ante jubilados y beneficiarios estarán exceptuadas del límite máximo de aportación individual recogido en el artículo 5, apartado 3, de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulación de los planes y fondos de pensiones.

El déficit individualizado de cada partícipe tendrá que encontrarse amortizado en el momento del acaecimiento de cualquiera de las contingencias cubiertas por el plan de pensiones. A más tardar, en el plazo máximo de un año desde el acaecimiento de la contingencia deberán abonarse al plan de pensiones las cantidades precisas para la completa integración en el mismo de los fondos constituidos pendientes de trasvasar .

Artículo 13Transferencia de fondos constituidos

Las aportaciones en concepto de trasvase de fondos constituidos se destinarán, en primer lugar, a la financiación de las obligaciones ante jubilados y beneficiarios.

Cuando se trate de derechos por servicios pasados determinados en régimen de prestación definida, correspondientes a contingencias del plan de pensiones igualmente de prestación definida, así como de las obligaciones ante jubilados y beneficiarios, los fondos constituidos pendientes de trasvase deberán retribuirse a un tipo de interés que no podrá ser inferior al interés técnico aplicado en la determinación de tales derechos por servicios pasados u obligaciones.

Las aportaciones realizadas al fondo de pensiones en concepto de trasvase de fondos constituidos se destinarán, en primer lugar, a compensar los intereses devengados. Los intereses deberán ser imputados directamente en la cuenta de posición del plan de pensiones dentro del fondo de pensiones en el que esté integrado.

Artículo 14Amortización del déficit

Al cumplirse la mitad del período de amortización previsto en el plan de reequilibrio, al menos debe haberse amortizado la mitad del déficit global. Durante los años que dure el proceso de amortización del déficit, cada año deberá amortizarse, al menos, el 5 por 100 del déficit inicial.

Excepcionalmente, las empresas y entidades comprendidas en el apartado 2 del artículo 5 podrán adaptar los plazos, hasta un máximo de veinticinco años, y el importe de amortización del plan de reequilibrio a las previsiones de los flujos financieros, correspondientes a compromisos por pensiones, contempladas en los convenios regulados en el texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por el Real Decreto legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, y otros acuerdos similares formalizados con los organismos y administraciones correspondientes.

Las aportaciones realizadas al fondo de pensiones en concepto de amortización del déficit se destinarán, en primer lugar, a compensar los intereses devengados. Tales intereses deberán ser imputados directamente en la cuenta de posición del plan de pensiones, dentro del fondo de pensiones en el que esté integrado.

Artículo 15Régimen de los derechos por servicios pasados

No podrá minorarse el importe de los derechos reconocidos que se correspondan con los fondos constituidos pendientes de trasvase o con el déficit pendiente de amortizar, aunque sí podrá restringirse la movilidad de los mismos.

Artículo 16Modificación del plan de reequilibrio

En ambos casos, la comisión de control del plan de pensiones ha de comunicar a la Dirección General de Seguros estas circunstancias en el plazo de un mes desde que tuviera conocimiento de tales operaciones, acreditando su incidencia en el plan de pensiones y en los correspondientes planes de reequilibrio, tan pronto como la misma sea determinable.

Artículo 17Elementos patrimoniales a incorporar en el fondo de pensiones en concepto de trasvase de fondos constituidos o de amortización del déficit

Los elementos patrimoniales que se vayan a incorporar en el plan de pensiones en concepto de trasvase de fondos constituidos o amortización de déficit, deberán ajustarse a las reglas de valoración e inversión exigidas en la normativa general de los fondos de pensiones en el momento en el que se efectúe la transferencia efectiva al plan de pensiones.

No obstante, los elementos patrimoniales referidos podrán quedar excluidos para el correspondiente fondo de pensiones en que se integran a efectos de la aplicación de los coeficientes de inversión previstos en los apartados 1 y 4 del artículo 34 del Reglamento de planes y fondos de pensiones aprobado por el Real Decreto 1307/1988, de 30 de septiembre, durante el plazo de tres años desde la recepción de los mismos.

Sección 3.ª Valoración de los derechos por servicios pasados y de las obligaciones ante jubilados y beneficiarios

Artículo 18Valoración de los derechos por servicios pasados y obligaciones ante jubilados y beneficiarios: criterios generales

Las obligaciones ante jubilados y beneficiarios que se vayan a incorporar al plan de pensiones, por prestaciones causadas con anterioridad a la fecha de formalización o modificación del mismo, se cuantificarán individualmente a dicha fecha.

En el cálculo de las cuantías máximas previstas en el párrafo anterior, no se computarán, en ningún caso, las cantidades correspondientes al margen de solvencia mínimo legalmente exigible.

Artículo 19Valoración de los derechos por servicios pasados máximos correspondientes a compromisos por pensiones de aportación definida

Artículo 20Valoración de los derechos por servicios pasados máximos correspondientes a compromisos de prestación definida

Cuando el contraste no sea posible o fiable, se considerarán aplicables las tablas de experiencia nacional o extranjera no particulares, ajustadas según tratamientos estadísticos de general aceptación, siempre que el final del período de observación de las tablas no sea anterior en más de veinte años a la fecha de cálculo de la provisión. No obstante, hasta tanto así se declare por la Dirección General de Seguros por haberse contrastado la validez de nuevas tablas de final de período de observación más reciente, a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto podrán utilizarse las tablas de supervivencia GRM80 y GRF80 con dos años menos de edad actuarial, y para fallecimiento, las tablas GKM80 y GKF80.

La mortalidad, supervivencia e invalidez reflejada en las tablas aplicadas deberá encontrarse dentro de los intervalos de confianza generalmente admitidos por la experiencia española.

Cuando los compromisos por pensiones asumidos originariamente en régimen de prestación definida se instrumenten mediante un plan de pensiones de aportación definida, se podrá acordar el cálculo de los derechos por servicios pasados en régimen de prestación definida. En este caso, y a los exclusivos efectos del cálculo de los derechos por servicios pasados, no será aplicable el interés máximo fijado en el párrafo anterior, si bien deberá aplicarse un interés único constante para todo el período de cálculo.

Las restantes hipótesis sobre evolución de parámetros o variables de contenido económico utilizadas en el cálculo deberán ser coherentes entre sí y con el tipo de interés. En particular, la hipótesis de crecimiento anual del límite financiero previsto en el artículo 5.3 de la Ley 8/1987, de 8 de junio, no podrá ser superior al índice de precios al consumo anual previsto.

El método de asignación de beneficios asigna a cada año el coste preciso para acumular un determinado porcentaje de la prestación total a reconocer en la fecha en que se presente la contingencia. La aplicación de este método implicará que el porcentaje de prestación acumulado cada año no puede ser inferior al del año anterior.

El método de asignación de costes distribuye el coste de las prestaciones de forma regular a lo largo del período de permanencia del partícipe. La aplicación de este método implicará que el coste asignado a cada año no podrá ser inferior al del año precedente.

No obstante, en ambos métodos, será admisible que la asignación de las aportaciones correspondientes a los servicios pasados a cada uno de los años computados se efectúe conforme a los criterios que en cada año se hubiesen aplicado originariamente, siempre que la provisión matemática resultante no sea inferior a los calculados conforme a lo previsto anteriormente en este apartado. Para ello, será condición necesaria que la existencia y aplicación de tales criterios quede acreditada de forma objetiva y comprobable sobre la base de los informes actuariales o de auditoría en su día elaborados, u otros medios externos e independientes.

Artículo 21Valoración de las obligaciones ante jubilados y beneficiarios

Cuando el plan de reequilibrio integre a jubilados o beneficiarios, el valor actual actuarial de todas las prestaciones futuras se cuantificará individualmente a la fecha de formalización o modificación del plan de pensiones, aplicando las hipótesis demográficas y, en su caso, las económico-financieras recogidas en el artículo 20.

Sección 4.ª Supervisión y aprobación administrativa por la Dirección General de Seguros

Artículo 22Ejecución y cumplimiento de los planes de reequilibrio

Artículo 23Aprobación administrativa de los planes de reequilibrio

El plazo máximo para dictar la resolución será de seis meses desde que la solicitud de aprobación del plan de reequilibrio, acompañada de la documentación correspondiente, haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación.

Artículo 24Verificación administrativa

En el caso de planes de reequilibrio en los que no se exija aprobación administrativa, la Dirección General de Seguros podrá requerir a la comisión promotora o de control del plan de pensiones la corrección de todos aquellos extremos subsanables que no se ajusten a lo dispuesto en este Reglamento o a la normativa de los planes y fondos de pensiones.

Artículo 25Documentación sobre el plan de reequilibrio que debe presentarse en la Dirección General de Seguros

A efectos de lo dispuesto en los artículos 22, 23 y 24 anteriores, la comisión promotora o, en su caso, la comisión de control del plan de pensiones, deberá presentar ante la Dirección General de Seguros, dentro del plazo previsto en el artículo 22 de este Reglamento, la documentación siguiente:

1.º Certificación de los acuerdos previstos en el apartado 1 del artículo 11 de este Reglamento.

2.º Informe actuarial de valoración de los derechos por servicios pasados y, en su caso, de las obligaciones ante jubilados y beneficiarios, que deberá ser elaborado por un actuario de seguros independiente, el cual se responsabilizará de la adecuación del informe a las normas comprendidas en este Reglamento. El informe actuarial comprenderá, al menos, los siguientes apartados:

Cuando de los servicios pasados o de las obligaciones con jubilados o beneficiarios incluidos en el plan de reequilibrio se derive que el plan de pensiones asume riesgos por sí mismo, el informe actuarial deberá incluir la valoración global del margen de solvencia mínimo legalmente exigible por tales riesgos.

3.º Plan de trasvase de fondos constituidos y, en su caso, de amortización del déficit de los derechos por servicios pasados y de las obligaciones asumidas ante jubilados y beneficiarios que deberá ajustarse a lo establecido en este Reglamento. A tal efecto, se evaluarán las cantidades que se prevean satisfacer por prestaciones causadas o que se prevean causar durante el desarrollo del plan de reequilibrio. El citado plan de trasvase de fondos y, en su caso, de amortización del déficit contendrá, al menos, los siguientes elementos:

4.º Certificación actuarial sobre la adecuación del cálculo y cuantificación de los derechos por servicios pasados y, en su caso, de las obligaciones ante jubilados y beneficiarios, a lo previsto en este Reglamento, así como sobre la adecuación a la normativa aplicable de los aspectos actuariales relacionados con el plan de trasvase de fondos constituidos y, en su caso, de amortización del déficit.

5.º Información sobre los criterios a aplicar para los trabajadores, jubilados o beneficiarios que no se incorporen al plan de pensiones. Se relacionarán las medidas a adoptar en relación con los compromisos no integrados en el plan de pensiones y la situación jurídica de los sistemas de previsión complementarios que deriva del desarrollo de dicho plan, los cuales deberán adaptarse a lo establecido en la disposición adicional primera de la Ley 8/1987, de 8 de junio.

6.º Cuando el plan de reequilibrio integre a instituciones de previsión del personal con personalidad jurídica propia, será necesaria la presentación de los correspondientes acuerdos de transformación e integración en el plan de pensiones, según lo previsto en el apartado 2 del artículo 10 de este Reglamento.

CAPÍTULO III

Régimen de los contratos de seguro que pueden instrumentar compromisos por pensiones

Sección 1.ª Contratos de seguro que instrumentan compromisos por pensiones, formalizados mediante pólizas de seguro o reglamento de prestaciones

Artículo 26Instrumentación de los compromisos por pensiones mediante contratos de seguros

Para que los contratos de seguro puedan servir a la finalidad referida, habrán de satisfacer los requisitos previstos en este capítulo, que serán de aplicación obligatoria para adaptar a la disposición adicional primera de la Ley 8/1987, de 8 de junio, la instrumentación de los compromisos por pensiones a través de contratos de seguro. Estos contratos deberán ser celebrados con entidades aseguradoras autorizadas para operar en España, conforme a lo previsto en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y supervisión de los seguros privados.

Los estatutos de las mutualidades de previsión social que actúen como instrumento de previsión social empresarial podrán prever la incorporación de nuevas empresas mediante escritura pública que se inscribirá en el Registro Mercantil, en la que deberán figurar aquéllas como socios protectores o promotores, reservándose a sus trabajadores la condición de mutualistas.

Las mutualidades de previsión social de carácter no empresarial que instrumenten compromisos por pensiones de las empresas atribuirán necesariamente la condición de mutualistas a los trabajadores asegurados y emitirán la correspondiente póliza de seguro que reúna las condiciones previstas en este Reglamento.

Artículo 27Formalización a través de póliza o de reglamento de prestaciones

En el caso de mutualidades de previsión social que actúen como instrumento de previsión empresarial, a las que se refieren el artículo 26 de este Reglamento, podrá también formalizarse el contrato de seguro mediante el correspondiente reglamento de prestaciones sujeto a las mismas exigencias que para la póliza de seguro colectivo sobre la vida se contienen en el presente Reglamento.

Excepcionalmente será admisible que la póliza de seguro colectivo incorpore a un único trabajador asegurado en tanto la empresa mantenga única y exclusivamente con el mismo compromisos por pensiones y no tengan asumidos con el resto de los trabajadores ningún otro compromiso susceptible de aseguramiento.

No obstante, será admisible la instrumentación de los compromisos por pensiones de una empresa en varios contratos de seguro en función de las distintas contingencias y obligaciones estipuladas según los términos de cada compromiso, comportamiento de los colectivos afectados en función de las variables demográficas, grado de exposición al riesgo en las condiciones de trabajo, así como en atención a la clasificación profesional u otros factores objetivos aceptados en acuerdo colectivo.

Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de la obligación del tomador de adaptar, en su caso, las condiciones del contrato de seguro a las modificaciones de los compromisos establecidas mediante acuerdo colectivo o disposición equivalente con posterioridad a la formalización del contrato.

Las obligaciones de la entidad aseguradora vendrán determinadas por lo establecido en el contrato de seguro en cada momento y en tanto no se modifique, sin que las pólizas de seguro puedan otorgar ninguna garantía respecto de la evolución de aquellas magnitudes cuyo desarrollo futuro no sea susceptible de tratamiento actuarial.

Artículo 28Elementos personales del contrato

En el caso de compromisos por pensiones de la empresa instrumentados mediante contrato de seguro que contemplen la aportación de los trabajadores para la financiación de las primas, como tomador del seguro figurará la empresa por cuenta de los trabajadores, en la parte correspondiente a las contribuciones de éstos.

En las mutualidades de previsión social que actúen como instrumento de previsión social empresarial, sin perjuicio de la emisión de pólizas o reglamentos de prestaciones, en los estatutos se recogerá su ámbito personal y objeto social de acuerdo a lo previsto en el artículo 64.1, tercer párrafo, de la Ley 30/1995 y en el artículo 26 de este Reglamento.

Artículo 29Derecho de rescate

En el caso de rescate por variación de los compromisos, el ejercicio del derecho de rescate por el tomador requerirá que tal variación conste en convenio colectivo o disposición equivalente o que se derive de lo dispuesto en los mismos.

El ejercicio del derecho de rescate en los supuestos previstos en los párrafos a) y b) anteriores corresponderá a la empresa tomadora, sin perjuicio de los derechos que pudiesen corresponder a los trabajadores, mientras que, cuando así estuviese previsto en el compromiso, el derecho de rescate en los supuestos establecidos en los párrafos c) y d) anteriores se podrá realizar a favor del trabajador en los términos regulados en el apartado 3, párrafos b) y c) de este artículo.

En el caso de movilización de este importe, en base a los supuestos contemplados en el párrafo c) del apartado 1 anterior, a otro contrato de seguro de los regulados en el presente capítulo, no le será de aplicación la limitación establecida en el apartado 2 del artículo 28.

Artículo 29Derecho de rescate

En el caso de rescate por variación de los compromisos, el ejercicio del derecho de rescate por el tomador requerirá que tal variación conste en convenio colectivo o disposición equivalente o que se derive de lo dispuesto en los mismos.

El ejercicio del derecho de rescate en los supuestos previstos en los párrafos a) y b) anteriores corresponderá a la empresa tomadora, sin perjuicio de los derechos que pudiesen corresponder a los trabajadores, mientras que, cuando así estuviese previsto en el compromiso, el derecho de rescate en los supuestos establecidos en los párrafos c) y d) anteriores se podrá realizar a favor del trabajador en los términos regulados en el apartado 3, párrafos b) y c) de este artículo.

En los contratos distintos de los anteriores, el valor de rescate no podrá ser inferior al valor de las provisiones de seguros de vida correspondientes a la póliza.

En el caso del derecho de rescate del trabajador asegurado, cuando las condiciones contractuales refieran el valor de rescate al valor de realización de los activos correspondientes a la póliza, deberá preverse en el contrato la facultad del asegurado de permanecer en el seguro colectivo en caso de cese de la relación laboral con el tomador.

En el caso de movilización de este importe, en base a los supuestos contemplados en el párrafo c) del apartado 1 anterior, a otro contrato de seguro de los regulados en el presente capítulo, no le será de aplicación la limitación establecida en el apartado 2 del artículo 28.

Se modifica el apartado 2 por el art. 2.1 del Real Decreto 1684/2007, de 14 de diciembre. Ref. BOE-A-2007-21593

Artículo 29Derecho de rescate

En el caso de rescate por variación de los compromisos, el ejercicio del derecho de rescate por el tomador requerirá que tal variación conste en convenio colectivo o disposición equivalente o que se derive de lo dispuesto en los mismos.