Número total.
\nPor cada orden jurisdiccional.
\nPor instancias.
\n9.6 Recursos interpuestos. Motivos.
\n9.7 Resultado de los recursos.
\n9.8 Clase de asistencia prestada.
\nAsesoramiento gratuito previo al proceso.
\nAsistencia de abogado al detenido o preso.
\nDefensa y representación gratuitas en procedimiento judicial.
\nIdentificación social y económica del reclamante de justicia gratuita.
\nIdentificación del objeto del proceso.
\nAsistencia pericial gratuita.
\nAsistencia de traductores gratuita.
\nEl conocimiento de los datos recogidos en este epígrafe resulta de gran interés, por cuanto el número de solicitudes de asistencia jurídica gratuita va aumentando paulatinamente y seguirá haciéndolo en el futuro, por el crecimiento del indicador público de renta de efectos múltiples.
\nLa transparencia de la situación de la asistencia jurídica gratuita en España servirá para dar cuantos pasos sean necesarios para la protección de los ciudadanos más desfavorecidos que necesiten acceder a la tutela judicial para ver realizadas sus legítimas pretensiones o defendidos sus derechos, pero también para adoptar cuantas medidas y mecanismos de control resulten precisos a fin de garantizar el adecuado destino de los fondos públicos asignados a este servicio, de modo que no se beneficien de estos fondos quienes no precisen realmente de asistencia alguna.
\n10.1 Ciencias Sociales o Jurídicas. Primer ciclo. Gestión y Administración Públicas.
\nCiencias Empresariales.
\nRelaciones Laborales.
\nGraduado Social.
\nOtras Ciencias Sociales y Jurídicas de ciclo corto.
\n10.2 Ciencias Sociales o Jurídicas. Segundo ciclo.
\nDerecho.
\nCriminología.
\nCiencias Políticas y Sociales.
\nCiencias Políticas.
\nCiencias Políticas y de la Administración.
\nCiencias del Trabajo.
\nCiencias Empresariales.
\nCiencias Económicas y Empresariales.
\nDerecho Hispano Francés.
\nMaestros.
\nOtras Ciencias Sociales y Jurídicas.
\n10.3 Estudios de masters y doctorado.
\nEn este apartado del Plan de Transparencia Judicial el tratamiento de los datos consignados trasciende de lo meramente estadístico, ya que pueden extraerse conclusiones de orden sociológico. Es importante conocer las tendencias numéricas de los estudios universitarios, con un primer desglose entre alumnos hombres y mujeres, para continuar con el conocimiento de las ratios existentes entre los que inician sus estudios y los que los finalizan por Comunidades Autónomas y universidades, distinguiendo entre universidades públicas y privadas y entre carreras de ciclo largo y ciclo corto, para posteriormente descender al detalle de los estudiantes que optan por las Ciencias Sociales y Jurídicas y dentro de éstas las más directamente relacionadas con el mundo del Derecho. De estos datos pueden extraerse conclusiones sociológicas y conocer las razones y la forma en que evoluciona el número de hombres y mujeres que se acercan a estos estudios, y cuál es el origen de las oscilaciones, por Comunidades Autónomas, universidades, ciclos, centros. También las conclusiones han de ser contempladas desde la óptica de la revisión de los planes de estudio y creación de nuevas especialidades que habiliten de una manera más eficiente y singular el acceso de los jóvenes a profesiones centradas en la Administración de Justicia.
\n11.1 Partidos judiciales.
\nSuperficie.
\nMunicipios que lo integran.
\nPoblación.
\nSedes judiciales.
\nTitularidad.
\nÓrganos judiciales, localización, distribución y superficie de las oficinas y servicios, así como condiciones de accesibilidad.
\nInversión realizada en el último ejercicio: obras, instalaciones, suministros, mobiliario.
\nDistancias de los municipios a las sedes judiciales.
\nVolumen y clase de litigiosidad, identificando la procedencia territorial de los litigios.
\nEvolución de las cargas de trabajo.
\n11.2 Número y clase de órganos por órdenes jurisdiccionales.
\n11.3 Juzgados de Paz.
\nDesempeño de sus Secretarías.
\nAgrupaciones de Secretarías.
\nSedes de las Agrupaciones de Secretarías.
\nPersonal al servicio de la Administración de Justicia.
\nOtro personal idóneo.
\nSubvenciones a Ayuntamientos por gastos de funcionamiento de los Juzgados de Paz.
\nFunciones que se llevan a cabo en cada uno de ellos.
\n11.4 Fiscalías.
\nTitularidad del edificio.
\nLocalización, distribución y superficie de la oficina y condiciones de accesibilidad.
\nDistancia de cada una de ellas a las sedes judiciales.
\nPartidos judiciales a los que sirven.
\nAdscripciones permanentes, en su caso.
\n11.5 Institutos de Medicina Legal.
\nServicios y especialidades con los que cuentan.
\nDelegaciones de las Clínicas Médico Forenses existentes en cada Instituto de Medicina Legal.
\nNúmero de intervenciones realizadas.
\nAutopsias.
\nLesionados atendidos.
\nExámenes en incapacidades e internamientos.
\nJuicios rápidos.
\nOtras comparecencias en sede judicial.
\n11.6 Organización de la medicina forense en los partidos judiciales en los que no hay Instituto de Medicina Legal.
\nInstitutos Anatómico-Forenses.
\nAgrupaciones de Forensías.
\n11.7 Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
\nNúmero de análisis realizados y consultas evacuadas.
\nÓrgano y procedimiento para los que se realizan.
\nClases de análisis realizados y consultas evacuadas.
\nInformación toxicológica facilitada a autoridades, hospitales y centros sanitarios o ciudadanos.
\nEl conocimiento de los datos que se reseñan en este apartado es decisivo para poder llevar a cabo una correcta política en materia de demarcación y planta judicial, tendente a conseguir una estructura judicial cualitativa y cuantitativamente óptima, que pueda combinar el acercamiento de la justicia al ciudadano en los casos en que éste deba primarse con la adecuada concentración de órganos judiciales y servicios comunes en determinados partidos judiciales que permita la prestación de un servicio de calidad. Servirá igualmente para planificar de modo correcto la creación de destacamentos o adscripciones permanentes de las Fiscalías en aquellos lugares en que sea necesario para que el Ministerio Fiscal se encuentre en condiciones de cumplir de modo efectivo y pronto las funciones que la Constitución y las leyes le atribuyen.
\nInteresa también el conocimiento de los datos relativos a los Juzgados de Paz y muy esencialmente el que atañe a las funciones que se llevan a cabo en unos y otros, habida cuenta que es sabido que no todos estos órganos del primer escalón de la estructura judicial del Estado desempeñan las mismas tareas.
\nEl trabajo especializado de los Institutos de Medicina Legal podrá ser debidamente racionalizado si se conocen con exactitud todos los datos relativos a sus intervenciones, como idénticamente ocurrirá con el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
\n12.1 Jueces y Magistrados.
\nProcedencia o vía de acceso a la carrera judicial.
\nEspecialización.
\nTitulaciones adicionales.
\nConocimiento de lenguas cooficiales y del derecho propio de las Comunidades Autónomas que lo tengan.
\nTiempo de permanencia en la carrera judicial.
\nEdad.
\nEn el momento de recogida del dato.
\nDe acceso a la carrera judicial.
\nDe acceso a la categoría de Magistrado.
\nPromedio general de edad.
\nPromedio de edad en los distintos niveles de la carrera.
\nSexo.
\nPorcentajes de hombres y mujeres.
\nEn las promociones sucesivas.
\nEn los distintos órdenes jurisdiccionales.
\nEn las distintas instancias.
\nSegún las procedencias o vías de acceso a la carrera judicial.
\nSituaciones administrativas.
\nServicio activo.
\nServicios especiales.
\nExcedencia voluntaria por cuidado de familiares.
\nExcedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público.
\nExcedencia voluntaria por interés particular.
\nExcedencia por desempeño de cargos políticos o de confianza.
\nSuspensión de funciones.
\n12.2 Fiscales.
\nCategorías.
\nTitulaciones adicionales.
\nConocimiento de lenguas cooficiales y del derecho propios de las Comunidades Autónomas que lo tengan.
\nTiempo de permanencia en la carrera fiscal.
\nEspecialización.
\nEdad.
\nEn el momento de recogida del dato.
\nDe acceso a la carrera fiscal.
\nDe acceso a la categoría de Fiscal.
\nPromedio general de edad.
\nPromedio de edad en los distintos niveles de la carrera.
\nSexo.
\nPorcentajes de hombres y mujeres.
\nEn las promociones sucesivas.
\nEn las distintas especializaciones.
\nEn las distintas categorías.
\nEn las distintas instancias.
\nSituaciones administrativas.
\nServicio activo.
\nServicios especiales.
\nExcedencia voluntaria por cuidado de familiares.
\nExcedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público.
\nExcedencia voluntaria por interés particular.
\nExcedencia por desempeño de cargos políticos o de confianza.
\nSuspensión de funciones.
\n12.3 Secretarios judiciales.
\nEspecialización, en su caso.
\nTitulaciones adicionales.
\nConocimiento de lenguas cooficiales y del derecho propios de las Comunidades Autónomas que lo tengan.
\nTiempo de permanencia en el Cuerpo.
\nEdad.
\nEn el momento de recogida del dato.
\nDe acceso al Cuerpo.
\nPromedio general de edad.
\nPromedio de edad en las distintas categorías del Cuerpo.
\nSexo.
\nPorcentajes de hombres y mujeres.
\nEn las promociones sucesivas.
\nEn las distintas instancias.
\nSituaciones administrativas.
\nServicio activo.
\nServicios especiales.
\nExcedencia voluntaria por cuidado de familiares.
\nExcedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público.
\nExcedencia voluntaria por interés particular.
\nExcedencia por desempeño de cargos políticos o de confianza.
\nSuspensión de funciones.
\n12.4 Funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa.
\nTitulaciones adicionales.
\nConocimiento de lenguas cooficiales y del derecho propios de las Comunidades Autónomas que lo tengan.
\nTiempo de permanencia en el Cuerpo.
\nEdad.
\nEn el momento de recogida del dato.
\nDe acceso al Cuerpo.
\nPromedio general de edad.
\nSexo.
\nPorcentajes de hombres y mujeres.
\nEn las promociones sucesivas.
\nEn las distintas instancias.
\nSituaciones administrativas.
\nServicio activo.
\nServicios especiales.
\nExcedencia voluntaria por cuidado de familiares.
\nExcedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público.
\nExcedencia voluntaria por interés particular.
\nExcedencia voluntaria por agrupación familiar.
\nSuspensión de funciones.
\n12.5 Funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa.
\nTitulaciones adicionales.
\nConocimiento de lenguas cooficiales y del derecho propios de las Comunidades Autónomas que lo tengan.
\nTiempo de permanencia en el Cuerpo.
\nEdad.
\nEn el momento de recogida del dato.
\nDe acceso al Cuerpo.
\nPromedio general de edad.
\nSexo.
\nPorcentajes de hombres y mujeres.
\nEn las promociones sucesivas.
\nEn las distintas instancias.
\nSituaciones administrativas.
\nServicio activo.
\nServicios especiales.
\nExcedencia voluntaria por cuidado de familiares.
\nExcedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público.
\nExcedencia voluntaria por interés particular.
\nExcedencia voluntaria por agrupación familiar.
\nSuspensión de funciones.
\n12.6 Funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial.
\nTitulaciones adicionales.
\nConocimiento de lenguas cooficiales y del derecho propios de las Comunidades Autónomas que lo tengan.
\nTiempo de permanencia en el Cuerpo.
\nEdad.
\nEn el momento de recogida del dato.
\nDe acceso al Cuerpo.
\nPromedio general de edad.
\nSexo.
\nPorcentajes de hombres y mujeres.
\nEn las promociones sucesivas.
\nEn las distintas instancias.
\nSituaciones administrativas.
\nServicio activo.
\nServicios especiales.
\nExcedencia voluntaria por cuidado de familiares.
\nExcedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público.
\nExcedencia voluntaria por interés particular.
\nExcedencia voluntaria por agrupación familiar.
\nSuspensión de funciones.
\n12.7 Médicos forenses.
\nEspecialización.
\nTitulaciones adicionales.
\nConocimiento de lenguas cooficiales de las Comunidades Autónomas que lo tengan.
\nTiempo de permanencia en el Cuerpo.
\nEdad.
\nEn el momento de recogida del dato.
\nDe acceso al Cuerpo.
\nPromedio general de edad.
\nSexo.
\nPorcentajes de hombres y mujeres.
\nEn las promociones sucesivas.
\nSituaciones administrativas.
\nServicio activo.
\nServicios especiales.
\nExcedencia voluntaria por cuidado de familiares.
\nExcedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público.
\nExcedencia voluntaria por interés particular.
\nExcedencia voluntaria por agrupación familiar.
\nSuspensión de funciones.
\n12.8 Funcionarios de los Cuerpos Especiales del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
\nEspecialización.
\nTitulaciones adicionales.
\nConocimiento de lenguas cooficiales de las Comunidades Autónomas que lo tengan.
\nTiempo de permanencia en el Cuerpo.
\nEdad.
\nEn el momento de recogida del dato.
\nDe acceso al Cuerpo.
\nPromedio general de edad.
\nSexo.
\nPorcentajes de hombres y mujeres.
\nEn las promociones sucesivas.
\nSituaciones administrativas.
\nServicio activo.
\nServicios especiales.
\nExcedencia voluntaria por cuidado de familiares.
\nExcedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público.
\nExcedencia voluntaria por interés particular.
\nExcedencia voluntaria por agrupación familiar.
\nSuspensión de funciones.
\n12.9 Personal laboral al servicio de la Administración de Justicia.
\nÁrea funcional de Administración.
\nTitulados Superiores de Administración.
\nTitulados Medios de Administración.
\nTécnicos Superiores de Administración.
\nTécnicos de Administración.
\nOficiales de Administración.
\nAuxiliares de Administración.
\nÁrea funcional técnica, de mantenimiento y oficios.
\nTécnicos Superiores de Actividades Técnicas, Mantenimiento y Oficios.
\nTécnicos de Actividades Técnicas, Mantenimiento y Oficios.
\nOficiales de Mantenimiento y Oficios.
\nAuxiliares de Mantenimiento y Oficios.
\nÁrea funcional de servicios generales.
\nTitulados Superiores de Servicios Generales.
\nTécnicos de Servicios Generales.
\nAuxiliares de Servicios Generales.
\nAyudantes de Servicios Generales.
\nOrdenanzas.
\nOperarios de Limpieza.
\nOperarios de Servicios Generales.
\nÁrea funcional sanitaria y asistencial.
\nTitulados Superiores Sanitarios y Asistenciales.
\nTitulados Medios Sanitarios y Asistenciales.
\nAuxiliares Sanitarios y Asistenciales.
\nÁrea funcional docente y cultural.
\nTitulados Medios Docentes y Culturales.
\nContrataciones externas.
\nEn este epígrafe deben incluirse todos los indicadores referidos a los profesionales «internos». Son datos válidos para todos los Cuerpos al Servicio de la Administración de Justicia, así como para Jueces y Magistrados, Fiscales y Secretarios Judiciales. Interesa además conocer el número de cada uno de ellos existente por partido judicial, provincia, comunidad autónoma y a nivel estatal, debiendo igualmente obtenerse los mismos datos por cada 100.000 habitantes, lo que permitirá comparar estas ratios entre sí y con las de otros países de nuestro entorno. La comparación interna de los datos, puesta en relación con el nivel de litigiosidad por el mismo número de habitantes, permitirá destacar los partidos judiciales, provincias o comunidades autónomas menos favorecidos, para tratar de corregir eventuales desequilibrios territoriales.
\nEn cuanto a los funcionarios titulares de los Cuerpos Generales y Especiales al Servicio de la Administración de Justicia, especialmente aquéllos que no requieren para su acceso titulaciones universitarias o formación de grado superior, será de mucha utilidad poder distinguir quiénes tienen estas titulaciones o tal nivel de formación superior al exigido para el ingreso en el Cuerpo correspondiente, no sólo para averiguar el grado de formación teórica de estos funcionarios, sino también para saber quiénes estarían en condiciones de hacer sustituciones entre diversos Cuerpos, sustituciones que permiten respuestas ágiles y eficaces en muchos casos.
\nPor último, y respecto al personal laboral, aunque la obtención de datos puede ser más dificultosa por cuanto no tienen un marco idéntico de regulación en el ámbito del Ministerio de Justicia y en el de las Comunidades Autónomas con competencias asumidas, es interesante cuantificar su número por áreas funcionales y ámbito territorial, comparándolo entre sí y con la contratación externa que completa la labor de estos profesionales, para conseguir mayor especialización en algunos casos y economía de recursos en otros.
\n13.1 Oficina judicial.
\nPartidos judiciales en los que no se haya implantado el nuevo diseño de Oficina judicial establecido en la Ley Orgánica 19/2003.
\nPartidos judiciales en los que se haya implantado el nuevo diseño de Oficina judicial.
\n13.2 Unidades Procesales de Apoyo Directo por cada uno de los órdenes jurisdiccionales.
\nDotación básica establecida por el Ministerio de Justicia.
\nNúmero de Jueces y Magistrados.
\nNúmero de Secretarios judiciales.
\nFuncionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa.
\nFuncionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa.
\nFuncionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial.
\n13.3 Servicios Comunes Procesales.
\nClases de Servicios Comunes Procesales.
\nNúmero de Secretarios judiciales destinados en cada uno de ellos.
\nNúmero de funcionarios de cada uno de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia destinados en dichos Servicios Comunes Procesales.
\n13.4 Otros centros de destino.
\nRegistro Civil Central.
\nRegistros Civiles Únicos.
\nInstitutos de Medicina Legal.
\nCentros del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
\nMutualidad General Judicial.
\nOficina judicial de apoyo a Juzgados de Paz de más de 7.000 habitantes.
\nOficina judicial de apoyo a Juzgados de Paz de menos de 7.000 habitantes dotados de plantilla funcionarial en razón de su carga de trabajo.
\nSecretarías de Gobierno.
\nGabinete Técnico del Tribunal Supremo.
\n13.5 Unidades Administrativas.
\nOficinas comunes de apoyo a las Oficinas judiciales.
\nClases de Unidades Administrativas u Oficinas comunes de apoyo.
\nForma de integración en la Administración Pública de que se trate.
\nÁmbito de actuación.
\nDependencia jerárquica.
\nRelación de sus puestos de trabajo.
\nCuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia.
\nFuncionarios de la Administración del Estado.
\nFuncionarios de las Comunidades Autónomas.
\nDotación de créditos para su funcionamiento.
\n13.6 Medios materiales.
\nMobiliario y maquinaria.
\nHardware: ordenadores personales, impresoras, servidores.
\nSoftware: aplicaciones informáticas estándar y específicas.
\nSistemas de comunicaciones: redes LAN y WAN.
\nEquipos de videoconferencia.
\nEquipos de digitalización de vistas orales.
\n13.7 Fiscalías y medios personales y técnicos con que cuenta cada una de ellas.
\nFiscales.
\nAbogados Fiscales.
\nAdscripciones permanentes, en su caso.
\nFuncionarios que prestan sus servicios en las Fiscalías.
\nMobiliario y maquinaria.
\nHardware: ordenadores personales, impresoras, servidores.
\nSoftware: aplicaciones informáticas estándar y específicas.
\nSistemas de comunicaciones: redes LAN y WAN.
\nEquipos de videoconferencia.
\nSe trata en este apartado de medir y dar a conocer datos indicadores del despliegue de la nueva Oficina judicial en todo el territorio, así como de la configuración definitiva de la misma a partir de las dotaciones básicas de las Unidades Procesales de Apoyo Directo determinadas por el Ministerio de Justicia, de la dotación complementaria que de ellas haya podido realizar cada Administración pública gestora del servicio en sus respectivos ámbitos competenciales y de la creación y organización de Servicios Comunes Procesales igualmente en cada uno de dichos ámbitos. Se recogerá también la información relativa a las Unidades Administrativas, para conocer el modo en que se ordenan y gestionan los recursos humanos de la Administración de Justicia y sus medios informáticos, nuevas tecnologías y demás medios materiales.
\nLa puesta en relación de estos datos con los relativos a las cargas de trabajo y resolución que se indican en el apartado 19 de este Plan permitirá la realización de estudios comparativos de eficiencia de la Oficina judicial según el grado de desarrollo de su nuevo diseño.
\nEn lo que se refiere a los medios materiales de la Administración de Justicia, deberá establecerse un mecanismo de actualización del inventario, de modo que se proporcione una información viva y actualizada constantemente, único modo de dar credibilidad y solidez a la información que se facilite y que ha de servir para conocer en todo momento las posibilidades reales de que dispone la Administración de Justicia en cada uno de sus partidos judiciales y también sus carencias, para tratar de subsanarlas allí donde sea necesario.
\n14.1 Número y clase de efectivos personales, con especial indicación de los adscritos a las Unidades de la Policía Judicial.
\n14.2 Distribución por Cuerpos.
\nCuerpo Nacional de Policía.
\nGuardia Civil.
\nPolicías de las Comunidades Autónomas.
\nPolicías Locales.
\n14.3 Distribución territorial.
\n14.4 Dotación presupuestaria.
\n14.5 Casos de los que se ha conocido. Distribución territorial y por tipo de delitos o faltas.
\n14.6 Casos resueltos. Distribución territorial y por tipo de delitos o faltas.
\n14.7 Casos de los que han conocido y que han resuelto las Unidades especiales de los distintos Cuerpos.
\nUnidad Central de Investigación de la Delincuencia en Tecnologías de la Información del Cuerpo Nacional de Policía.
\nSEPRONA –Guardia Civil– y N.B.Q. Protección ambiental –Cuerpo Nacional de Policía.
\nTEDAX, Grupos Operativos de Desactivación de Explosivos.
\nPolicía Científica del Cuerpo Nacional de Policía.
\nServicios de Criminalística, Identificación, Analítica e Investigación Técnica y Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil.
\nUnidades Especializadas en la Prevención de la Violencia de Género y en el Control de la Ejecución de las Medidas Judiciales Adoptadas.
\nEquipos de atención especializada a menores y mujeres: GRUME y EMUME.
\nLas nuevas formas de delincuencia suponen un reto para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y para la respuesta que se da desde la Administración de Justicia. Para afrontar este reto es preciso lograr que las Unidades Especializadas de los distintos Cuerpos y Fuerzas sean eficaces. Parece conveniente conocer el número de efectivos y los recursos que se destinan a estas Unidades y el número de casos resueltos por cada una de ellas, para concretar si necesitan de una mayor dotación presupuestaria que permita un aumento de efectivos o de medios materiales con objeto de que coadyuven eficazmente a la administración de justicia. Esta Unidades investigan, entre otros, los fraudes cometidos a través de las nuevas tecnologías, las estafas y fraudes perpetrados a través de Internet, la pornografía infantil, los vertidos ilegales de tipo industrial o las acciones terroristas en las que se utilicen agentes no convencionales –radiológicos, químicos, biológicos–.
\nLa Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía se encarga del análisis, estudio y tratamiento de los elementos probatorios del delito. Entre sus Servicios cuenta con el Laboratorio Biológico-ADN y el Laboratorio Químico-Tóxico. También cuenta con los servicios de Dactiloscopia, Antropología, Balística Forense, Acústica Forense y Documentoscopia. Por su parte, la Guardia Civil cuenta con los Servicios especiales de Criminalística, Identificación, Analítica e Investigación Técnica y con una Unidad Técnica de Policía Judicial. La escasez de efectivos hace que las causas, incluso las causas con preso preventivo, se demoren en muchas ocasiones por la tardanza en la elaboración de los informes.
\nA la escasez de efectivos se une el hecho de que quienes elaboran los informes deben acudir a juicio a fin de ratificarlos y/o ampliarlos, lo que supone el empleo de tiempo durante muchos días al año, lo que podría evitarse con un buen conocimiento estadístico de todos estos pormenores y con la utilización, cuando el caso concreto lo permita, de los sistemas de videoconferencia existentes en algunas sedes judiciales.
\nEl artículo 29 de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género prevé la creación de Unidades Especializadas en la Prevención de la Violencia de Género y en el Control de la Ejecución de las Medidas Judiciales Adoptadas, tanto dentro de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado como en las Policías de las Comunidades Autónomas, Unidades que deberán tener carácter integral. Para el seguimiento de la aplicación de los preceptos de la Ley es conveniente un control riguroso de la eficacia de tales Unidades.
\n15 Datos del sistema penitenciario, de ejecución de penas, de cumplimiento de medidas judiciales en materia de menores y de protección de menores.
\n15.1 Número y clase de efectivos personales.
\nCategorías profesionales.
\nProfesionales que forman parte de los Equipos Técnicos.
\nRatio número de internos/Equipo Técnico.
\n15.2 Número y clase de establecimientos penitenciarios.
\n15.3 Distribución territorial.
\n15.4 Dotación presupuestaria.
\n15.5 Población en régimen de prisión provisional.
\nDuración.
\nTipo de acusación.
\nCondenas definitivas.
\nNacional o extranjero y, en su caso, país de origen.
\n15.6 Población penada.
\nNacional o extranjero y, en su caso, país de origen.
\nEdad.
\nSexo.
\nNivel de estudios.
\nEstado civil.
\nSituación laboral.
\nNúmero de hijos.
\nDelito cometido.
\nCondena impuesta.
\nMenores de tres años que acompañan a las internas.
\nReincidencia, en general y con respecto a delitos específicos.
\nPoblación penada sometida a tratamientos de deshabituación a drogas tóxicas o a tratamientos psicológicos o psiquiátricos.
\n15.7 Convenios con la Administración y entidades públicas en materia de ejecución de penas, medidas de seguridad y medidas educativas.
\n15.8 Cumplimiento de medidas judiciales impuestas a los menores.
\nCentros de internamiento de cumplimiento de medidas judiciales.
\nRégimen cerrado.
\nRégimen semiabierto.
\nRégimen abierto.
\nEdad del menor.
\nTipo delictivo.
\nDuración de la medida.
\nSituación familiar.
\nEscolarización.
\nNacional o extranjero y, en su caso, país de origen.
\n15.9 Centros de Acogida de Menores.
\nNúmero de menores en situación de desamparo y tutela legal.
\nNúmero de menores en situación de guarda legal por la Comunidad Autónoma correspondiente.
\nPorcentaje de menores que pasan de situación de desamparo a situación de reforma.
\nParece conveniente conocer el número de Equipos Técnicos en cada centro penitenciario, el número y titulación de los profesionales que forman parte de ellos, y la ratio internos/ Equipo Técnico. Los Equipos son quienes elaboran el «Protocolo de personalidad» de los presos preventivos y de los penados. Es importante conocer si los Equipos Técnicos son suficientes para atender a la población reclusa, pues una labor eficaz de aquéllos puede y debe incidir en la reeducación y reinserción del penado, una vez salga del establecimiento penitenciario.
\nLa nacionalidad del interno es también un dato fundamental para las políticas criminales y las políticas en materia de inmigración.
\nParece igualmente importante llegar a conocer datos relativos a reincidencia, particularmente en determinados supuestos –violencia doméstica, delitos contra la libertad sexual, lesiones–, a fin de poder establecer programas adecuados de rehabilitación y educación.
\nEntre los establecimientos penitenciarios, cabe destacar la especialidad de los Centros de Mujeres, ya que el artículo 17 del Reglamento Penitenciario permite que las internas se encuentren acompañadas de sus hijos menores de tres años. Conforme a la Instrucción 6/1990 de la Fiscalía General del Estado, los Centros deben informar periódicamente al Fiscal de las listas de niños, filiación completa, interna con quien se encuentran, edad, altas y bajas. Conocer la situación exacta de los menores y la fecha en que cumplirán tres años permitirá prever si el menor puede quedar al salir del Centro en situación de desamparo, y poner en marcha los mecanismos de coordinación con las otras Administraciones Públicas a fin de activar los sistemas de tutela legal.
\nIgualmente, conocer el número de internos sometidos a tratamientos de deshabituación o a tratamientos psicológicos o psiquiátricos es indispensable para acometer políticas de prevención respecto de las drogas de abuso y para activar los mecanismos de asistencia postpenitenciaria. Respecto de quienes se encuentran sometidos al segundo grupo de tratamientos, tanto por la peligrosidad que pueden mostrar sin control médico, como porque pueden encontrarse en situación de desamparo, debe potenciarse, a su salida del Centro, la coordinación con los órganos judiciales, con el Ministerio Fiscal y con los Servicios Sociales de las distintas Administraciones implicadas para adoptar medidas tales como la posible declaración de incapacidad o el internamiento no voluntario, y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para proteger a quienes hubieran sido víctimas del delito por el que fueron ingresados en prisión.
\nDe otro lado, la protección de los más necesitados exige, como se expone en la parte general de este Plan, que se conozca la situación socioeconómica de los menores en situación de desamparo para lograr que, pese a provenir de familias en buen número de casos desestructuradas, puedan lograr una correcta educación y evitar así que se conviertan en menores delincuentes y posteriormente en mayores delincuentes.
\n16.1 Por el órgano ante el que se formulan.
\nUnidad de Atención al Ciudadano del Consejo General del Poder Judicial.
\nServicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial.
\nSecretarías de Gobierno.
\nSalas de Gobierno de Juzgados y Tribunales y otros órganos de gobierno.
\nDefensor del Pueblo, Defensores en las Comunidades Autónomas y Defensor del Menor.
\n16.2 Por el órgano frente al que se plantea la queja.
\nÓrganos judiciales.
\nServicios comunes procesales.
\nUnidades Administrativas.
\nCentros penitenciarios.
\nCentros de menores, tanto de protección como de reforma.
\nOrganismos estatales o autonómicos relacionados con la Administración de Justicia.
\nColegios de Abogados o sus colegiados.
\nColegios de Procuradores o sus colegiados.
\nColegios de Graduados Sociales o sus colegiados.
\nInstitutos de Medicina Legal o Clínicas Médico-Forenses.
\nFiscalías.
\nQuejas genéricas.
\nOtros.
\n16.3 Por el tipo de presentador.
\nParticulares.
\nAbogados.
\nProcuradores.
\nGraduados sociales.
\nFuncionarios.
\nColectivos, asociaciones, organizaciones.
\nOrganismos públicos.
\nÓrganos judiciales.
\nServicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial.
\n16.4 Resultados de la queja, reclamación o sugerencia.
\nDiligencias informativas.
\nExpedientes disciplinarios.
\nRecomendaciones del Defensor del Pueblo.
\nAdopción de medidas por las Administraciones competentes.
\n16.5 Expedientes de responsabilidad patrimonial por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia.
\nÓrganos judiciales responsables de dicho funcionamiento.
\nCausas de dicho funcionamiento anormal del servicio.
\nConcesión o denegación de la indemnización solicitada en vía administrativa.
\nRecursos interpuestos en vía jurisdiccional.
\nResultado de los recursos.
\n16.6 Abono de salarios de tramitación.
\nÓrganos judiciales que tramitaron los procesos en que se hayan devengado estos salarios.
\nMeses de devengo y cuantías.
\nEl conocimiento del número y motivo de las quejas que los ciudadanos realizan sobre la Administración de Justicia permitirá evaluar también por este medio la calidad de la justicia en nuestro país, detectar los fallos que se estén cometiendo con más persistencia y arbitrar las soluciones adecuadas en cada caso.
\nLa transparencia de estos datos contribuirá además a mejorar la credibilidad de la Administración de Justicia y, por tanto, su mayor legitimidad social, y así mismo permitirá a las distintas Administraciones responsables contar con los elementos de juicio necesarios para acometer las reformas que exija la veracidad de las reclamaciones planteadas por los ciudadanos. Es de esperar que sirva también a los distintos profesionales que trabajan en la Administración de Justicia para aspirar a la excelencia en el desempeño de su profesión y evitar que las Oficinas judiciales en las que trabajan aparezcan como objeto reiterado de quejas por parte de los usuarios. La identificación del resultado de las diligencias informativas y, en su caso, expedientes disciplinarios que traigan causa en las quejas de los usuarios servirá para que los ciudadanos constaten que la responsabilidad, exigible a todas las Administraciones Públicas, es real y efectiva en la Administración de Justicia.
\nDatos concretos de cada Órgano Jurisdiccional o Fiscalía.–Los datos que aquí se indican se recogerán por cada uno de los órganos jurisdiccionales o fiscalías y se agregarán después para ofrecerlos a nivel de partido judicial, provincia, Comunidad Autónoma y Estado, midiendo, cuando así proceda, la distribución de los indicadores por género.
\nAtienden todos ellos a dar a conocer con el mayor detalle posible la realidad exacta de la Administración de Justicia española: sus órganos judiciales y fiscalías; los medios personales y materiales con que cuentan para llevar a cabo su labor; las cargas de trabajo reales de las Oficinas judiciales y fiscales, las clases de asuntos que ante ellas se tramitan, la resolución de tales asuntos y su resultado; la agilidad con que se trabaja en cada una de judiciales aquellas oficinas; el cumplimiento de objetivos y la productividad alcanzados en todos ellos.
\nDe suma importancia para la correcta gestión de la Administración de Justicia por sus responsables resultará también el conocimiento exacto del número de sustituciones de Jueces, Magistrados y Fiscales y otro personal que se producen en los Juzgados y Tribunales, sus causas, su duración y su coste, lo que permitirá planificar una política correcta de fomento de las sustituciones entre titulares de los órganos judiciales y racionalización en el llamamiento de Jueces sustitutos, Magistrados suplentes y Fiscales sustitutos. Con los mismos criterios de racionalización y a partir del conocimiento de los datos exactos deberá afrontarse una correcta política de personal interino o de provisión temporal en los restantes Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia.
\nDe otro lado, el ofrecimiento de datos reales y completos sobre el movimiento de asuntos especialmente significativos que se tramitan en las Oficinas judiciales y fiscales españolas permitirá a los poderes públicos planificar políticas adecuadas no sólo en orden a la planta judicial, sino también de cara a posibles reformas legislativas y a la implementación de políticas sociales, educativas y criminológicas que ayuden a la mejor garantía de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley. Al mismo fin servirá el tratamiento y explotación de los datos obtenidos de los distintos Registros de la Administración de Justicia.
\nPor fin, los indicadores de calidad de la justicia posibilitarán el conocimiento del nivel adecuado o no del desempeño judicial y de los índices de satisfacción de los usuarios de la Administración de Justicia y es deseable que su divulgación sirva igualmente para el fomento y estímulo de las buenas prácticas, atención y dedicación en el desempeño de su oficio por parte de todos los intervinientes en los procesos judiciales.
\nLa claridad y expresividad por sí solos de los indicadores que se relacionan en los siguientes apartados no exige explicación individual de cada uno de ellos, que se proporcionará sólo en los casos en que resulte particularmente significativa.
\n17.1 Denominación y orden jurisdiccional al que pertenece.
\nComposición de su Unidad Procesal de Apoyo Directo.
\nServicios Comunes Procesales que le atienden.
\n17.2 Ámbito territorial al que extiende su jurisdicción.
\n17.3 Creación y constitución.
\n17.4 Fecha de entrada en funcionamiento.
\n17.5 Modificación experimentada, en su caso.
\n18.1 Jueces y Magistrados.
\nTitulares y sustitutos.
\nClases de sustituciones.
\nDuración y causa de la sustitución.
\nCoste de la sustitución.
\nJueces Adjuntos.
\nJueces y Magistrados adscritos en virtud de lo establecido en el artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
\nJueces y Magistrados adscritos sin vacante.
\n18.2 Fiscales.
\nTitulares y sustitutos.
\nClases de sustituciones.
\nDuración y causa de la sustitución.
\nCoste de la sustitución.
\nFiscales adscritos en virtud de lo establecido en el artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
\n18.3 Secretarios judiciales.
\nTitulares y sustitutos.
\nClases de sustituciones.
\nSecretarios de provisión temporal.
\nDuración y causa de la sustitución.
\nCoste de la sustitución.
\n18.4 Funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa.
\nTitulares e interinos.
\nCausas de interinidad y duración.
\nCoste de la interinidad.
\n18.5 Funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa.
\nTitulares e interinos.
\nCausas de interinidad y duración.
\nCoste de la interinidad.
\n18.6 Funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial.
\nTitulares e interinos.
\nCausas de interinidad y duración.
\nCoste de la interinidad.
\n18.7 Médicos forenses.
\n18.8 Miembros de Equipos Técnicos.
\n18.9 Otros.
\n18.10 Medios materiales.
\nInfraestructura inmobiliaria: superficie y distribución.
\nSalas de Vistas.
\nMobiliario y maquinaria.
\nHardware: ordenadores personales, impresoras, servidores.
\nSoftware: aplicaciones informáticas estándar y específicas.
\nSistemas de comunicaciones: redes LAN y WAN.
\nEquipos de videoconferencia.
\nEquipos de digitalización de vistas orales.
\n19.1 Vías previas a la jurisdiccional.
\nConciliaciones civiles.
\nServicios de Mediación, Arbitraje y Conciliación en materia laboral.
\nConciliaciones ante órganos constituidos mediante acuerdos interprofesionales o convenios colectivos.
\nReclamaciones económico-administrativas.
\nArbitrajes.
\n19.2 Movimiento de asuntos en los órdenes jurisdiccionales civil, social y contencioso-administrativo.
\nNúmero y clase de asuntos ingresados.
\nNúmero de litigantes.
\nTipo de litigantes.
\nPersonas físicas.
\nPersonas jurídicas.
\nAdministraciones públicas.
\nLitigantes no representados por Procurador.
\nLitigantes no asistidos de Letrado ni Graduado Social.
\nNúmero y clase de asuntos resueltos.
\nAsuntos que se tramitaron con asistencia jurídica gratuita.
\nAsuntos en que se adoptaron medidas cautelares.
\nAsuntos resueltos antes de dictar sentencia.
\nPor conciliación.
\nPor caducidad.
\nPor desistimiento.
\nPor renuncia a la acción ejercitada.
\nPor transacción.
\nPor satisfacción extraprocesal.
\nSentencias totalmente estimatorias.
\nSentencias parcialmente estimatorias.
\nSentencias desestimatorias.
\nSentencias dictadas sin oposición del demandado.
\nAsuntos terminados por Auto, con el mismo desglose.
\nAsuntos terminados por Decreto.
\nNúmero y clase de asuntos en trámite.
\nProcedimientos con actividad procesal.
\nProcedimientos pendientes de caducidad.
\nProcedimientos suspendidos por voluntad de las partes.
\nProcedimientos suspendidos por prejudicialidad.
\nProcedimientos pendientes de dictar resolución final.
\nRecursos devolutivos en tramitación.
\n19.3 Movimiento de asuntos en el orden jurisdiccional penal.
\nNúmero y clase de asuntos ingresados.
\nNúmero de litigantes.
\nDenunciantes.
\nDenunciados.
\nTipo de litigantes.
\nPersonas físicas.
\nPersonas jurídicas.
\nAdministraciones públicas.
\nDenunciantes/víctimas: edad, sexo y nacionalidad.
\nDenunciados: edad, sexo y nacionalidad.
\nLitigantes no representados por Procurador.
\nLitigantes no asistidos de Letrado.
\nNúmero de asuntos en que se ejercitan las acciones particular o popular.
\nDelito objeto del procedimiento.
\nLugar de comisión del delito.
\nJuicios de faltas.
\nÍndice de prescripción en los juicios de faltas.
\nÍndice de prescripción de la pena señalada en sentencia firme.
\nNúmero y clase de asuntos resueltos.
\nCasos que se tramitaron con asistencia jurídica gratuita.
\nCasos en que se adoptaron medidas cautelares.
\nSentencias condenatorias.
\nSentencias absolutorias.
\nOtros datos de interés.
\nDelito cometido.
\nGrado de autoría.
\nAplicación de circunstancias eximentes, completas o incompletas, de anomalía o alteración psíquica, de estado de intoxicación plena o de alteración en la percepción.
\nEdad del condenado.
\nSexo del condenado.
\nLugar de nacimiento.
\nSituación socioeconómica del condenado.
\nPenas principales y accesorias.
\nMedidas de seguridad.
\nPenas principales distintas a la de privación de libertad y a la de multa y porcentaje con relación a éstas.
\nNúmero y clase de asuntos en trámite.
\nProcedimientos con actividad procesal.
\nProcedimientos pendientes de prescripción.
\nProcedimientos suspendidos por prejudicialidad.
\nProcedimientos pendientes de dictar resolución final.
\nRecursos devolutivos en tramitación.
\n19.4 Movimiento de asuntos particularmente significativos en el orden jurisdiccional penal. Con indicación para cada uno de ellos de: delito imputado, número de asuntos terminados, duración media del asunto, número de sentencias condenatorias y número de sentencias absolutorias.
\nFaltas inmediatas.
\nJuicios rápidos.
\nCausas con preso provisional.
\nProcedimientos de Jurado.
\nAsuntos de Extranjería.
\nViolencia Doméstica.
\nNúmero de órdenes de protección solicitadas, acordadas y denegadas.
\nTipo de medida acordada: penal, civil o ambas.
\nTipo de procedimiento en que se adoptaron: diligencias urgentes, diligencias previas, juicio de faltas, sumario, Jurado.
\n19.5 Movimiento de asuntos particularmente significativos en otros órdenes jurisdiccionales.
\nAsuntos concursales.
\nAsuntos de familia.
\nActos de conciliación.
\nProcesos monitorios.
\nDespachos de auxilio judicial.
\nConflictos colectivos.
\nDespidos disciplinarios.
\nExtinciones de contratos por causas objetivas.
\nAsuntos de Extranjería.
\nInstituciones novedosas de reciente introducción procesal en cualquier orden jurisdiccional.
\n19.6 Ejecución de sentencias.
\nRegistradas.
\nResueltas.
\nEn trámite.
\nEvolución.
\nEjecuciones provisionales y definitivas.
\nIncidentes de oposición.
\nPor razones procesales.
\nPor motivos de fondo.
\nEn el orden jurisdiccional penal:
\nSentencias de conformidad en juicio rápido ante el Juzgado de Guardia.
\nSentencias de conformidad en el Juzgado de lo Penal.
\nSentencias total o parcialmente conformes con la petición del Ministerio Fiscal.
\nPenas suspendidas en relación con las sentencias condenatorias por Juzgado.
\nSuspensiones de condena con imposición de obligaciones a que se refiere el artículo 83 del Código Penal.
\nEjecución efectiva de penas distintas a la privación de libertad y a la multa.
\nNúmero de asuntos en que se satisface la responsabilidad civil declarada en la sentencia.
\n19.7 Vistas y juicios.
\nNúmero de días en que se celebraron vistas.
\nNúmero de vistas celebradas.
\nNúmero de vistas suspendidas.
\nCausas de las suspensiones.
\n19.8 Tasas.
\nTasa de litigiosidad.
\nTasa de sentencia.
\nTasa de pendencia.
\nTasa de resolución.
\nTasa de congestión.
\n19.9 Series anuales.
\nAsuntos ingresados.
\nAsuntos resueltos.
\nAsuntos en trámite.
\nSentencias.
\n19.10 Módulos de trabajo.
\nCumplimiento de objetivos.
\nProductividad.
\n19.11 Indicadores de trabajo de los Fiscales.
\nProcedimiento penal.
\nAsistencia a juicios de faltas.
\nAsistencia a juicios ante el Juzgado de lo Penal.
\nAsistencia a juicios ante la Audiencia Provincial.
\nAsistencia a juicios ante el Tribunal del Jurado.
\nAsistencia a juicios rápidos.
\nAsistencia a juicios inmediatos de faltas.
\nSolicitud de adopción de medidas cautelares: prisión provisional, orden de protección o alejamiento y asistencia a la comparecencia prevista en la ley.
\nDictámenes e informes para impulsar y simplificar la tramitación en cada uno de los procedimientos.
\nEscritos de acusación.
\nSentencias recurridas.
\nInformes sobre recursos, tanto interlocutorios como contra sentencias.
\nEjecución de sentencias.
\nInformes sobre suspensión de condena.
\nInformes sobre sustitución de condena.
\nInformes sobre revocación de la suspensión de condena.
\nInformes sobre liquidación de condena.
\nInformes sobre refundición de condenas.
\nInformes sobre expulsión de extranjeros.
\nInformes sobre pago aplazado de multas.
\nInformes sobre pago aplazado de indemnizaciones.
\nInformes sobre declaración de insolvencia.
\nInformes sobre expedientes de indulto.
\nInformes sobre fecha de licenciamiento definitivo.
\nInformes sobre archivo provisional o definitivo de la ejecutoria.
\nInformes sobre cancelación de antecedentes penales.
\nProcedimiento civil.
\nInformes sobre competencia.
\nAsistencia a las comparecencias en materia de familia.
\nIncapacitaciones, tanto solicitadas por el Fiscal como aquéllas en que se persona como parte demandada.
\nInternamientos.
\nActuaciones en procedimientos de división judicial de patrimonios.
\nActuaciones en procesos de tutela de derechos fundamentales.
\nJurisdicción voluntaria.
\nIntervención en la ejecución de las resoluciones que afecten a menores.
\nJurisdicción de menores.
\nReforma de menores.
\nIncoación de diligencias preliminares.
\nInstrucción de expedientes de menores.
\nSolicitud de adopción de medidas cautelares.
\nEscritos de alegaciones.
\nAsistencia a la audiencia.
\nInformes a lo largo de la ejecución de la medida.
\nInformes de recursos en materia de régimen disciplinario de los menores que cumplen medida de internamiento.
\nPresentación de demanda de responsabilidad civil y asistencia a la vista.
\nProtección de menores.
\nEjercicio de acciones en defensa de los menores y promoción de la guarda y tutela legales cuando proceda.
\nSupervisión y superior vigilancia sobre las actuaciones de las Comunidades Autónomas en materia de protección de menores.
\nVisitas a Centros de Menores.
\nDe reforma.
\nDe acogida.
\nOtros órdenes jurisdiccionales.
\nDictámenes en los supuestos en que proceda.
\nAsistencia a vistas en el orden social cuando se alegue vulneración de derechos fundamentales.
\nAsistencia a vistas en el orden contencioso-administrativo.
\nOtros.
\nDiligencias de investigación al amparo del artículo 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
\nDiligencias preprocesales.
\nVisitas a Centros Penitenciarios.
\nVisitas a Centros de Mayores e Incapacitados.
\nIndicadores de calidad.
\nTiempo de respuesta para cada trámite.
\nCorrecta confección del extracto, tanto para las causas penales como para las comparecencias civiles.
\nCorrecta elaboración del escrito de acusación y de la demanda.
\nCorrecta fundamentación de los informes y dictámenes.
\nConviene destacar especialmente, de entre los datos ofrecidos en este apartado, el interés que encierra la posibilidad de conocer todos los juicios de faltas, que actualmente no tienen acceso al Registro de Penados y Rebeldes, sino únicamente al Registro Central de Violencia Doméstica. Es muy conveniente conocer todas las condenas impuestas por la comisión de faltas para poder valorar la peligrosidad del individuo autor de las mismas y así, en la eventualidad de que cometa un delito, poder solicitar, en su caso, la prisión provisional o, una vez penado, llegar a conceder los beneficios de la suspensión de condena, por lo que el Ministerio de Justicia proyecta la inclusión de las condenas por juicios de faltas en el Registro de Penados y Rebeldes.
\nTambién en relación con los juicios de faltas, resulta muy frecuente que deba declararse la prescripción de la falta por no haberse celebrado en plazo legal el juicio y más aún, desdichadamente, que prescriba la pena señalada en sentencia firme, por inactividad del órgano judicial que no impulsa la ejecución, por lo que queda igualmente prescrita la responsabilidad criminal y se obliga al perjudicado, si lo hubiere, a acudir a la vía civil para reclamar su indemnización. La transparencia de los datos relacionados con lo expuesto contribuirá, es de prever, a la solución de esta notable disfunción en el orden jurisdiccional penal.
\n20.1 Porcentaje de sentencias dictadas por el titular del órgano.
\n20.2 Porcentaje de sentencias dictadas por el titular de otro órgano actuando como sustituto.
\n20.3 Porcentaje de sentencias dictadas por juez sustituto o magistrado suplente.
\n20.4 Porcentaje de sentencias dictadas en sistemas de refuerzos.
\n20.5 Correcta formulación y motivación de las sentencias.
\n20.6 Resoluciones finales recurridas.
\nNúmero.
\nPorcentaje sobre las dictadas por el órgano judicial.
\nComparación con las resoluciones recurridas a los órganos del mismo orden jurisdiccional.
\n20.7 Resoluciones de segunda instancia.
\nConfirmatorias.
\nAnulatorias.
\nTotalmente revocatorias.
\nParcialmente revocatorias.
\nComparación con el resultado de los recursos interpuestos contra las resoluciones dictadas por los órganos del mismo orden jurisdiccional.
\n20.8 Inmediación judicial.
\n20.9 Duración de los procesos.
\nDuración total por cada clase de procedimiento.
\nDuración de cada una de sus fases o hitos.
\nSituación con respecto a la media de duración. Desviación. Mediana.
\n20.10 Cumplimiento del horario establecido para la celebración de los juicios.
\n20.11 Cumplimiento del horario de audiencia pública y del establecido para cada uno de los Cuerpos.
\n20.12 Atención a los profesionales y usuarios de la Administración de Justicia.
\nPrestada por el Juez o Magistrado.
\nPrestada por el Fiscal.
\nPrestada por el Secretario judicial.
\nPrestada por los funcionarios.
\nQuejas, reclamaciones y sugerencias planteadas frente al órgano judicial. Resultados de la queja, reclamación o sugerencia.