(3284), representan solo una pequeña parte (30,20%) del volumen total de gasto (45.258.246,81 euros, excluido el suministro de energía eléctrica). Ello hace conveniente, en aras de conseguir agilizar la mayoría de estos contratos de escasa cuantía, el permitir entender que el contrato queda formalizado conforme a lo previsto en los pliegos correspondientes sin necesidad de documento específico, mediante el concurso expreso de las dos voluntades participantes. En cuanto a los criterios de resolución de empates, con esta norma se pretende dar un paso más respecto a lo previsto en la Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón. En este sentido, se establecen de manera directa (independientemente de que lo hayan recogido o no los pliegos) criterios basados en objetivos sociales como menor tasa de trabajadores temporales, buenas prácticas en materia de igualdad de género, y, en última instancia, la realización de un sorteo. El Capítulo IV se centra en las «Medidas de simplificación y eficiencia en materia de contratación electrónica», todo ello en el marco de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. La primera medida hace referencia a las notificaciones que el ente contratante dirija a los licitadores, tanto durante el proceso ordinario de contratación como en una posible fase de recurso. El artículo 135.4 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, establece un plazo inferior al previsto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, para entenderla desestimada: 5 días naturales, pero sólo en relación con las notificaciones de las adjudicaciones. Por ello, la Comunidad Autónoma considera adecuado regular esta circunstancia para el resto de trámites administrativos, consiguiendo con ello una mayor agilidad en la tramitación de los procedimientos, y una mayor seguridad jurídica, pues se equiparan todos los plazos dentro de un mismo procedimiento. Por otra parte, se recoge en esta Ley una previsión que anualmente ya venían recogiendo las sucesivas leyes de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón, como es la de entender implícita en la presentación de ofertas para participar en procesos de contratación la autorización al órgano gestor para recabar los certificados tributarios y de la seguridad social. De manera similar a la anterior, se da entrada en los procesos de contratación al Sistema de Verificación de Datos de Identidad. De esta forma, se evitará a los ciudadanos tener que presentar cada vez y para cada procedimiento una copia de su documento nacional de identidad. A partir de ahora será el órgano gestor quien, cuando la normativa lo exija, pueda comprobar los datos de identificación personal de manera electrónica a través de este sistema, regulado mediante la Orden PRE/3949/2006, de 26 de diciembre (BOE n.º 310, de 28 de diciembre). Estas medidas se complementan con lo previsto en la parte final. Así, la Disposición adicional tercera prevé la creación de la sede electrónica para el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón. Por otro lado, la Disposición adicional quinta determina la interconexión entre los perfiles de contratante de todos los poderes adjudicadores del sector público autonómico y la Disposición final segunda establece, de acuerdo con el artículo 27.6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, que, de manera preceptiva, las notificaciones de la Administración de la Comunidad Autónoma y sus organismos públicos, en el ámbito de los contratos sujetos a regulación armonizada y demás contratos susceptibles de recurso especial en materia de contratación, se realizarán exclusivamente mediante medios electrónicos. Se trata esta de una posibilidad basada en el artículo 27.6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, que permite imponer la obligatoriedad de comunicarse con las Administraciones Públicas utilizando solo medios electrónicos, cuando los interesados se correspondan con personas jurídicas o colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos. En este caso, al tratarse únicamente de contratos que superen los umbrales comunitarios, parece claro que –por los importes de los contratos en cuestión– los empresarios que opten a su adjudicación están sobradamente preparados para recibir las notificaciones administrativas por medios electrónicos. Es más, se trata, en muchas ocasiones, de una exigencia por parte de los propios empresarios interesados en agilizar también al máximo los procedimientos administrativos. Por último, indicar que la Ley 11/2007, de 22 de junio, exige que tal previsión se establezca por norma reglamentaria, requisito que, en este caso, se ve cumplido al realizarse mediante una norma de rango legal. IV El último Capítulo de la Ley recoge otra de las grandes novedades de la misma: la creación del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón. El Estado español efectuó la transposición de la Directiva 89/665/CE de «Recursos» mediante la Ley 30/2007, de 30 de octubre. Sin embargo, como consecuencia de la obligación de transposición de la Directiva 2007/66/CE del Parlamento europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2007, el Estado dictó la Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para la adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras. Se trataba de un cambio legislativo de calado por cuanto la Directiva pretende conseguir una auténtica eficacia de los recursos a disposición de las empresas, pues, de lo contrario, perdurarían situaciones de inseguridad jurídica e infracciones graves o reiteradas de las directivas sobre contratos públicos. La Ley estatal 34/2010, de 5 de agosto, ha optado por la creación de tribunales administrativos específicos e independientes para resolver los recursos especiales de contratación para contratos armonizados. Las comunidades autónomas pueden crear sus propios órganos para la resolución del recurso especial en materia de contratación pública, o bien suscribir un convenio con la Administración General del Estado para que sea el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales quien conozca de los recursos planteados en sus respectivos ámbitos de competencia. Además, para el caso de las entidades locales, la Ley ha decidido atribuir la competencia para la resolución de los recursos planteados en el ámbito de sus competencias, al mismo órgano independiente creado para resolver los de la Comunidad Autónoma en cuyo territorio se integran. Esto significa que corresponde a la Comunidad Autónoma decidir la creación, regulación y constitución de un órgano de estas características para su ámbito territorial –que afectaría a todos los poderes adjudicadores de su territorio– o bien conveniar con el Estado, trasladando la resolución de los eventuales recursos al órgano estatal. Esta última opción podría plantear problemas prácticos en la gestión de los expedientes de contratación, amén de que encajaría mal con el despliegue del Estatuto de Autonomía de Aragón de 2007 y los objetivos de desarrollo de la arquitectura institucional en Aragón. Por otra parte, conviene recordar que la no constitución del Tribunal mantendría el recurso especial actual, pero ante las impugnaciones, la consecuencia sería la suspensión del expediente hasta que el juez o tribunal contencioso la levantase, lo que implicaría un notable retraso en la ejecución de los contratos de los poderes adjudicadores, con el consiguiente perjuicio para el interés general que representan. Por ello, se hace necesaria la regulación de un sistema de control ante un órgano independiente que garantice el cumplimiento de lo previsto en la normativa de contratación pública en Aragón. En concreto, al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos que se crea le corresponderá conocer y resolver los recursos especiales y cuestiones de nulidad en materia de contratación que se interpongan en el ámbito de los procedimientos de contratación de las entidades incluidas en el ámbito subjetivo de la Ley, entre las que, en esta parte, están también las entidades locales y sus entes dependientes y a aquellas que celebren contratos subvencionados sujetos a regulación armonizada. Igualmente, resolverá las reclamaciones y cuestiones de nulidad que se interpongan en los procedimientos de adjudicación para la contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales tramitados por todas las entidades públicas descritas en la Ley 31/2007, incluyendo las entidades privadas que gozan de derechos especiales conforme al artículo 3.1 de dicha norma. Por su parte, las Cortes de Aragón, el Justicia de Aragón y la Cámara de Cuentas podrán crear un órgano equivalente en su ámbito de actuación o someterse a la actuación del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón mediante la celebración del correspondiente convenio con el Gobierno de Aragón. V La parte final de la Ley se compone de ocho disposiciones adicionales, cinco transitorias, una derogatoria y tres finales. Con las disposiciones adicionales se identifica, con carácter general, a los órganos de contratación en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de las competencias contractuales establecidas en otra normativa específica; se adecua y clarifica el régimen de autorización por parte del Gobierno de Aragón para la celebración de contratos y, consiguientemente, para su modificación o resolución, sin perjuicio del régimen de ejecución presupuestaria previsto en la normativa reguladora de la Hacienda de la Comunidad Autónoma, amén de las medidas ya comentadas en materia de administración electrónica. Se incluyen cinco disposiciones transitorias de la que se deriva la inmediata aplicación de las disposiciones referentes al órgano competente para resolver los recursos y reclamaciones especiales en materia de contratación que, en tanto no se constituya el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, se atribuye a vocales de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón. Por último, se inserta una disposición derogatoria –con referencia específica a determinados preceptos de la Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón– y tres Disposiciones finales: la modificación del texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón (para adecuarla a la terminología actual, de acuerdo con la normativa estatal vigente), la referencia a las notificaciones electrónicas en contratos sujetos a regulación armonizada y la entrada en vigor de la Ley que, junto a una vacatio legis general de 2 meses, prevé la entrada en vigor inmediata de las disposiciones referentes al órgano competente para resolver los recursos o reclamaciones especiales o las cuestiones de nulidad en materia de contratación. CAPÍTULO I Disposiciones generales Artículo 1. Objeto de la Ley. Esta Ley tiene por objeto establecer medidas de racionalización y simplificación y de fomento de los objetivos sociales en la contratación del sector público de Aragón y la creación del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón. Artículo 2. Ámbito de aplicación. 1. Esta Ley será de aplicación, en los términos y con el alcance que la misma determine, a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón y a aquellos organismos públicos y demás entidades dependientes o vinculadas a la misma que, a efectos de contratación pública, tengan la consideración de poder adjudicador, así como a la Universidad de Zaragoza. 2. Las disposiciones contenidas en esta Ley referentes al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón serán aplicables igualmente a las entidades locales aragonesas y a sus organismos públicos y demás entidades vinculadas o dependientes que tengan la consideración de poder adjudicador, así como a las entidades contratantes recogidas en el artículo 3.1 de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales; e igualmente a las entidades que celebren contratos subvencionados sujetos a regulación armonizada a que se refiere el artículo 17 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. Artículo 3. Principios rectores de la contratación. 1. Las entidades sometidas a esta Ley otorgarán a los licitadores y candidatos un tratamiento igualitario y no discriminatorio y actuarán con transparencia, respetando la jurisprudencia comunitaria y la emanada del resto de tribunales, así como las resoluciones del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón. 2. En toda contratación se buscará la máxima eficiencia en la utilización de los fondos públicos y en el procedimiento, atendiendo a la consecución de objetivos sociales y de protección ambiental cuando guarden relación con la prestación solicitada y comporten directa o indirectamente ventajas para la entidad contratante. 3. Las entidades contratantes en ningún caso podrán alcanzar cualquier tipo de acuerdo, ni podrán realizar ninguna práctica restrictiva o abusiva que produzca o pueda producir el efecto de obstaculizar, impedir, restringir o falsear la competencia en los términos previstos en la legislación de defensa de la competencia. Los órganos de contratación, el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón y el resto de órganos que conozcan de las cuestiones previstas en el apartado 2 del artículo 17 de esta Ley notificarán al Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón cualquier hecho que conozcan en el ejercicio de sus funciones que pueda constituir una infracción a la citada legislación. 4. Los contratos tendrán por objeto un conjunto de prestaciones destinadas a cumplir por sí mismas una función económica o técnica. En todo caso, el objeto del contrato deberá ser determinado y su necesidad o conveniencia para los fines públicos deberá ser debidamente justificada. 5. No podrá fraccionarse el objeto del contrato para disminuir su cuantía y eludir los requisitos de publicidad o el procedimiento de adjudicación que correspondan. No obstante, previo acuerdo del órgano de contratación, podrán realizarse independientemente cada una de las partes de un contrato, mediante su división en lotes, previa justificación en su documentación, siempre que aquellas sean susceptibles de utilización o aprovechamiento separado y constituyan una unidad funcional, o así lo exija la naturaleza del objeto. En todo caso, las normas de publicidad y procedimentales que deban aplicarse en la adjudicación de cada lote se determinarán en función del valor acumulado del conjunto. Artículo 3. Principios rectores de la contratación. 1. «Los órganos de contratación y el personal que intervenga en los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos otorgarán a los licitadores y candidatos un tratamiento igualitario y no discriminatorio, actuarán con transparencia, integridad y profesionalidad, velarán en su actuación por la eficiencia de los fondos públicos y respetarán la jurisprudencia comunitaria y la emanada del resto de tribunales, así como las resoluciones del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón. 2. En toda contratación se buscará la máxima eficiencia en la utilización de los fondos públicos y en el procedimiento, atendiendo a la consecución de objetivos sociales y de protección ambiental cuando guarden relación con la prestación solicitada y comporten directa o indirectamente ventajas para la entidad contratante. 3. Las entidades contratantes en ningún caso podrán alcanzar cualquier tipo de acuerdo, ni podrán realizar ninguna práctica restrictiva o abusiva que produzca o pueda producir el efecto de obstaculizar, impedir, restringir o falsear la competencia en los términos previstos en la legislación de defensa de la competencia. Los órganos de contratación, el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón y el resto de órganos que conozcan de las cuestiones previstas en el apartado 2 del artículo 17 de esta Ley notificarán al Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón cualquier hecho que conozcan en el ejercicio de sus funciones que pueda constituir una infracción a la citada legislación. 4. Los contratos tendrán por objeto un conjunto de prestaciones destinadas a cumplir por sí mismas una función económica o técnica. En todo caso, el objeto del contrato deberá ser determinado y su necesidad o conveniencia para los fines públicos deberá ser debidamente justificada. 5. No podrá fraccionarse el objeto del contrato para disminuir su cuantía y eludir los requisitos de publicidad o el procedimiento de adjudicación que correspondan. No obstante, previo acuerdo del órgano de contratación, podrán realizarse independientemente cada una de las partes de un contrato, mediante su división en lotes, previa justificación en su documentación, siempre que aquellas sean susceptibles de utilización o aprovechamiento separado y constituyan una unidad funcional, o así lo exija la naturaleza del objeto. En todo caso, las normas de publicidad y procedimentales que deban aplicarse en la adjudicación de cada lote se determinarán en función del valor acumulado del conjunto. Se modifica el apartado 1 por la disposición final 2.1 de la Ley 5/2017, de 1 de junio. Ref. BOE-A-2017-10292#df-2 CAPÍTULO II Medidas en la fase de preparación del contrato Artículo 4. Fomento de la concurrencia. 1. Cualquiera que sea el procedimiento de adjudicación de un contrato de servicios no podrá rechazarse ningún candidato o licitador por la sola circunstancia de su condición de persona física o jurídica. Ello, no obstante, podrá exigirse a las personas jurídicas que indiquen en sus ofertas, o en sus solicitudes de participación, el nombre y la cualificación profesional de las personas responsables de la ejecución del servicio de que se trate. 2. En los contratos menores de obras que superen los 30.000 euros y en los de servicios y suministros que superen los 6.000 euros excluido Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo que solo pueda ser prestado por un único empresario, se necesitará consultar al menos a tres empresas, siempre que sea posible, que puedan ejecutar el contrato utilizando preferentemente medios telemáticos. Artículo 4. Fomento de la concurrencia y la transparencia. 1. Cualquiera que sea el procedimiento de adjudicación de un contrato de servicios no podrá rechazarse ningún candidato o licitador por la sola circunstancia de su condición de persona física o jurídica. Ello, no obstante, podrá exigirse a las personas jurídicas que indiquen en sus ofertas, o en sus solicitudes de participación, el nombre y la cualificación profesional de las personas responsables de la ejecución del servicio de que se trate. 2. En los contratos menores de obras que superen los 30.000 euros y en los de servicios y suministros que superen los 6.000 euros excluido Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo que solo pueda ser prestado por un único empresario, se necesitará consultar al menos a tres empresas, siempre que sea posible, que puedan ejecutar el contrato utilizando preferentemente medios telemáticos. 3. La utilización del procedimiento negociado sin publicidad deberá ampararse en los supuestos específicos recogidos en la normativa básica, sin que sea posible que los órganos de contratación incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley puedan recurrir a la aplicación de este procedimiento basándose únicamente en el importe del contrato. 4. En los supuestos en que resulte aplicable el procedimiento negociado sin publicidad, podrá publicarse en el perfil del contratante, simultáneamente al envío de las solicitudes de ofertas a las que se refiere el artículo 178.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, un anuncio, al objeto de facilitar la participación de otros posibles licitadores. Las ofertas que presenten los licitadores que no hayan sido invitados no podrán rechazarse exclusivamente por dicha circunstancia. Se modifica por la disposición final 2.2 y 3 de la Ley 5/2017, de 1 de junio. Ref. BOE-A-2017-10292#df-2 Artículo 4. Fomento de la concurrencia y la transparencia. 1. Cualquiera que sea el procedimiento de adjudicación de un contrato de servicios no podrá rechazarse ningún candidato o licitador por la sola circunstancia de su condición de persona física o jurídica. Ello, no obstante, podrá exigirse a las personas jurídicas que indiquen en sus ofertas, o en sus solicitudes de participación, el nombre y la cualificación profesional de las personas responsables de la ejecución del servicio de que se trate. 2. En los contratos menores de obras que superen los 30.000 euros y en los de servicios y suministros que superen los 6.000 euros excluido Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo que solo pueda ser prestado por un único empresario, se necesitará consultar al menos a tres empresas, siempre que sea posible, que puedan ejecutar el contrato utilizando preferentemente medios telemáticos. La licitación de los contratos menores, cualquiera que sea su cuantía, podrá ser objeto de publicidad en el perfil de contratante. En tal caso, el plazo para la presentación de proposiciones no podrá ser inferior a cinco días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante. En el anuncio se identificará el objeto del contrato y las prestaciones que lo integran, los criterios de adjudicación, y cualesquiera circunstancias que hayan de tenerse en cuenta durante la ejecución del mismo. Podrá presentar proposición cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación. Los contratos menores adjudicados con publicación de un anuncio de licitación no limitarán la adjudicación de ulteriores contratos menores por el mismo procedimiento. La celebración de contratos menores se consignará en el registro de contratos de la entidad contratante. 3. La utilización del procedimiento negociado sin publicidad deberá ampararse en los supuestos específicos recogidos en la normativa básica, sin que sea posible que los órganos de contratación incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley puedan recurrir a la aplicación de este procedimiento basándose únicamente en el importe del contrato. 4. En los supuestos en que resulte aplicable el procedimiento negociado sin publicidad, podrá publicarse en el perfil del contratante, simultáneamente al envío de las solicitudes de ofertas a las que se refiere el artículo 178.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, un anuncio, al objeto de facilitar la participación de otros posibles licitadores. Las ofertas que presenten los licitadores que no hayan sido invitados no podrán rechazarse exclusivamente por dicha circunstancia. Se modifica el apartado 2 por el art. único del Decreto-ley 1/2018, de 20 de marzo. Ref. BOA-d-2018-90289 Se modifica por la disposición final 2.2 y 3 de la Ley 5/2017, de 1 de junio. Ref. BOE-A-2017-10292#df-2 Artículo 4. Fomento de la concurrencia y la transparencia. 1. Cualquiera que sea el procedimiento de adjudicación de un contrato de servicios no podrá rechazarse ningún candidato o licitador por la sola circunstancia de su condición de persona física o jurídica. Ello, no obstante, podrá exigirse a las personas jurídicas que indiquen en sus ofertas, o en sus solicitudes de participación, el nombre y la cualificación profesional de las personas responsables de la ejecución del servicio de que se trate. 2. Para la celebración de contratos menores regulados en la legislación básica estatal se aplicarán las siguientes reglas:

1. a)Los contratos de obras, servicios y suministros cuyo valor estimado no exceda de 5.000 euros, IVA excluido, se considerarán gastos menores. Sin perjuicio de las normas especiales relativas a los pagos a justificar, el reconocimiento de la obligación y el pago de los gastos menores solo requiere que se justifique la prestación correspondiente mediante la presentación de la factura o del documento equivalente ante el órgano competente, que será debidamente conformado. Estos gastos menores no requieren ninguna tramitación sustantiva o procedimental adicional a los actos de gestión presupuestaria señalados. En todo caso los gastos menores constituyen pagos menores a los efectos del inciso final del artículo 63.4, del tercer párrafo del artículo 335.1 y del tercer párrafo del artículo 346.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
2. b)Los contratos de servicios que solo puedan ser prestados por un único empresario, los de suministros y los de obras, todos ellos de valor estimado superior a 5.000 euros, IVA excluido, se someterán al régimen establecido para los contratos menores en la legislación básica estatal.
3. c)Los contratos de servicios de valor estimado superior a 5.000 euros, IVA excluido, no incluidos en la letra anterior, sin perjuicio de su sujeción al régimen establecido para los contratos menores en la legislación básica estatal, requerirán la realización telemática de consulta previa al menos a tres empresas que puedan ejecutar el contrato, siempre que sea posible, o alternativamente, a elección del órgano de contratación, licitación pública conforme a lo establecido en la letra siguiente.
4. d)La licitación de los contratos menores, cualquiera que sea su cuantía, podrá realizarse con publicidad en el perfil de contratante. En tal caso, el plazo para la presentación de proposiciones no podrá ser inferior a cinco días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el perfil del contratante. En el anuncio se identificará el objeto del contrato y las prestaciones que lo integran, los criterios de adjudicación, y cualesquiera circunstancias que hayan de tenerse en cuenta durante su ejecución. Podrá presentar proposición cualquier empresario con solvencia, capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación. La celebración de contratos menores se consignará en el registro de contratos de la entidad contratante. Se modifica el apartado 2 y se derogan el 3 y el 4 por la disposición final 4.1 de la Ley 1/2021, de 11 de febrero. Ref. BOE-A-2021-4247#df-4 Se modifica el apartado 2 por el art. único del Decreto-ley 1/2018, de 20 de marzo. Ref. BOA-d-2018-90289 Se modifica por la disposición final 2.2 y 3 de la Ley 5/2017, de 1 de junio. Ref. BOE-A-2017-10292#df-2 Artículo 5. Documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos. La documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos por los licitadores o candidatos, salvo las declaraciones responsables, podrá presentarse mediante fotocopias. Con carácter previo a la adjudicación del contrato, se requerirá al propuesto como adjudicatario para que aporte la citada documentación, original o debidamente compulsada, acreditativa de tales requisitos, junto con el resto de documentación exigible para la adjudicación del contrato. Artículo 5. Documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos. 1. La Administración requerirá a los licitadores propuestos como adjudicatarios la documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos que no obre ya en su poder. En caso contrario, se les requerirá para que aporten el original o una copia debidamente compulsada. 2. Previo al requerimiento, deberán consultarse los datos que figuren en la inscripción del Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Aragón o el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado. A tal efecto, en el Registro de Licitadores autonómico se habilitará un asiento en el que se haga constar el volumen anual de negocios y el patrimonio neto o ratio entre activos y pasivos de los tres últimos ejercicios corrientes, a efectos de comprobación de la solvencia económica. 3. Para acreditar el cumplimiento del requisito de solvencia técnica, deberá comprobarse la existencia de contratos liquidados dentro de la propia Administración que figuren contablemente como conformados y pagados. 4. En caso de no constar datos relativos a la solvencia económica y técnica, se requerirá al propuesto como adjudicatario la aportación de la documentación necesaria. Téngase en cuenta que esta modificación efectuada al art. 5 por la disposición final 4.2 de la Ley 1/2021, de 11 de febrero. Ref. BOE-A-2021-4247#df-4 entrará en vigor a los dos meses de la entrada en vigor del Decreto que modifique el Decreto 82/2006, de 4 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se crean el Registro Público de Contratos y el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Aragón, y se aprueba el Reglamento que regula su organización y funcionamiento, según establece la disposición final 20.3 de la citada Ley. Ref. BOE-A-2021-4247#df-20 Redacción anterior: "Artículo 5. Documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos. La documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos por los licitadores o candidatos, salvo las declaraciones responsables, podrá presentarse mediante fotocopias. Con carácter previo a la adjudicación del contrato, se requerirá al propuesto como adjudicatario para que aporte la citada documentación, original o debidamente compulsada, acreditativa de tales requisitos, junto con el resto de documentación exigible para la adjudicación del contrato." Se modifica por la disposición final 4.2 de la Ley 1/2021, de 11 de febrero. Ref. BOE-A-2021-4247#df-4 Téngase en cuenta que esta modificación entrará en vigor a los dos meses de la entrada en vigor del Decreto que modifique el Decreto 82/2006, de 4 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se crean el Registro Público de Contratos y el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Aragón, y se aprueba el Reglamento que regula su organización y funcionamiento, según establece la disposición final 20.3 de la citada Ley. Ref. BOE-A-2021-4247#df-20 Artículo 6. Documentación exigida en procedimientos negociados y simplificados. 1. En los procedimientos negociados y simplificados en los que se haya optado por no constituir Mesa de contratación, el pliego de cláusulas administrativas particulares o documento equivalente podrá permitir a los licitadores que sustituyan la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos por la presentación de una declaración responsable suscrita por el licitador o su representante, reconociendo que cumple los requisitos de capacidad, representación y solvencia exigidos y comprometiéndose a acreditarlos en caso de que vaya a ser propuesto como adjudicatario. 2. Con carácter previo a la adjudicación del contrato, se requerirá al que vaya a ser propuesto como adjudicatario para que aporte la documentación acreditativa de su capacidad, representación y solvencia en el plazo de cinco días hábiles. Artículo 6. Documentación exigida en procedimientos negociados y simplificados. 1. En los procedimientos negociados y simplificados en los que se haya optado por no constituir Mesa de contratación, el pliego de cláusulas administrativas particulares o documento equivalente podrá permitir a los licitadores que sustituyan la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos por la presentación de una declaración responsable suscrita por el licitador o su representante, reconociendo que cumple los requisitos de capacidad, representación y solvencia exigidos y comprometiéndose a acreditarlos en caso de que vaya a ser propuesto como adjudicatario. 2. Con carácter previo a la adjudicación del contrato, se requerirá al que vaya a ser propuesto como adjudicatario para que aporte la documentación acreditativa de su capacidad, representación y solvencia en el plazo de cinco días hábiles. Téngase en cuenta que se suspende la vigencia y aplicación de este precepto desde el 9 de diciembre de 2011 para las partes en el proceso y desde el 29 de diciembre de 2011, para los terceros, por providencia del TC de 20 de diciembre de 2011, que admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad 6720/2011. Ref. BOE-A-2011-20467 y que se declara la inconstitucionalidad y nulidad del inciso «y simplificados en los que se haya optado por no constituir Mesa de contratación», del apartado 1, por Sentencia 237/2015, de 19 de noviembre. Ref. BOE-A-2015-14338 Se suspende la vigencia y aplicación de este precepto desde el 9 de diciembre de 2011 para las partes en el proceso y desde el 29 de diciembre de 2011, para los terceros, por providencia del TC de 20 de diciembre de 2011, que admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad 6720/2011. Ref. BOE-A-2011-20467 Téngase en cuenta que se declara la inconstitucionalidad y nulidad del inciso «y simplificados en los que se haya optado por no constituir Mesa de contratación», del apartado 1, por Sentencia 237/2015, de 19 de noviembre. Ref. BOE-A-2015-14338 Artículo 6. Documentación exigida en procedimientos negociados y en la tramitación simplificada del procedimiento abierto. 1. En los procedimientos negociados y en la tramitación simplificada del procedimiento abierto, los licitadores podrán sustituir la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos por la presentación de una declaración responsable suscrita por el licitador o su representante, reconociendo que cumple los requisitos de capacidad, representación y solvencia exigidos y comprometiéndose a acreditarlos en caso de que vaya a ser propuesto como adjudicatario. 2. Con carácter previo a la adjudicación del contrato, se requerirá al que vaya a ser propuesto como adjudicatario para que aporte la documentación acreditativa de su capacidad, representación y solvencia en el plazo de cinco días hábiles. Téngase en cuenta que se suspende la vigencia y aplicación de este precepto desde el 9 de diciembre de 2011 para las partes en el proceso y desde el 29 de diciembre de 2011, para los terceros, por providencia del TC de 20 de diciembre de 2011, que admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad 6720/2011. Ref. BOE-A-2011-20467 Se modifica por el art. 33.1 de la Ley 3/2012, de 8 de marzo. Ref. BOE-A-2012-5203 Se suspende la vigencia y aplicación de este precepto desde el 9 de diciembre de 2011 para las partes en el proceso y desde el 29 de diciembre de 2011, para los terceros, por providencia del TC de 20 de diciembre de 2011, que admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad 6720/2011. Ref. BOE-A-2011-20467 Artículo 6. Documentación exigida en procedimientos negociados y en la tramitación simplificada del procedimiento abierto. 1. En los procedimientos negociados y en la tramitación simplificada del procedimiento abierto, los licitadores podrán sustituir la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos por la presentación de una declaración responsable suscrita por el licitador o su representante, reconociendo que cumple los requisitos de capacidad, representación y solvencia exigidos y comprometiéndose a acreditarlos en caso de que vaya a ser propuesto como adjudicatario. 2. Con carácter previo a la adjudicación del contrato, se requerirá al que vaya a ser propuesto como adjudicatario para que aporte la documentación acreditativa de su capacidad, representación y solvencia en el plazo de cinco días hábiles. Se levanta la suspensión de la vigencia y aplicación de este precepto por Auto de 17 de abril de 2012. Ref. BOE-A-2012-5580 Se modifica por el art. 33.1 de la Ley 3/2012, de 8 de marzo. Ref. BOE-A-2012-5203 Se suspende la vigencia y aplicación de este precepto desde el 9 de diciembre de 2011 para las partes en el proceso y desde el 29 de diciembre de 2011, para los terceros, por providencia del TC de 20 de diciembre de 2011, que admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad 6720/2011. Ref. BOE-A-2011-20467 Artículo 6. Documentación exigida en procedimientos negociados y en la tramitación simplificada del procedimiento abierto. 1. En los procedimientos negociados y en la tramitación simplificada del procedimiento abierto, los licitadores podrán sustituir la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos por la presentación de una declaración responsable suscrita por el licitador o su representante, reconociendo que cumple los requisitos de capacidad, representación y solvencia exigidos y comprometiéndose a acreditarlos en caso de que vaya a ser propuesto como adjudicatario. 2. Con carácter previo a la adjudicación del contrato, se requerirá al que vaya a ser propuesto como adjudicatario para que aporte la documentación acreditativa de su capacidad, representación y solvencia en el plazo de cinco días hábiles. Téngase en cuenta que se declara la inconstitucionalidad y nulidad del inciso destacado del apartado 2 por Sentencia 237/2015, de 19 de noviembre. Ref. BOE-A-2015-14338 Se declara, en el Recurso 6720/2011, la inconstitucionalidad y nulidad del inciso destacado del apartado 2 por Sentencia 237/2015, de 19 de noviembre. Ref. BOE-A-2015-14338 Se levanta la suspensión de la vigencia y aplicación de este precepto por Auto de 17 de abril de 2012. Ref. BOE-A-2012-5580 Se modifica por el art. 33.1 de la Ley 3/2012, de 8 de marzo. Ref. BOE-A-2012-5203 Se suspende la vigencia y aplicación de este precepto desde el 9 de diciembre de 2011 para las partes en el proceso y desde el 29 de diciembre de 2011, para los terceros, por providencia del TC de 20 de diciembre de 2011, que admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad 6720/2011. Ref. BOE-A-2011-20467 Artículo 6. Declaración responsable única. 1. Para participar en todos los procedimientos de licitación se aportará la Declaración Responsable Única (DRU), que se ajustará al formulario de Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) de acuerdo con la legislación vigente en materia de contratación. 2. El modelo de Declaración Responsable Única, que se aprobará mediante resolución de la dirección general competente en materia de contratación, se ajustará al formulario del DEUC, incluyendo las demás declaraciones responsables que deban cumplimentarse de acuerdo con los pliegos que rijan la licitación y que no formen parte del contenido de la oferta. Se modifica por la disposición final 4.3 de la Ley 1/2021, de 11 de febrero. Ref. BOE-A-2021-4247#df-4 Se declara, en el Recurso 6720/2011, la inconstitucionalidad y nulidad del inciso destacado del apartado 2 por Sentencia 237/2015, de 19 de noviembre. Ref. BOE-A-2015-14338 Se levanta la suspensión de la vigencia y aplicación de este precepto por Auto de 17 de abril de 2012. Ref. BOE-A-2012-5580 Se modifica por el art. 33.1 de la Ley 3/2012, de 8 de marzo. Ref. BOE-A-2012-5203 Se suspende la vigencia y aplicación de este precepto desde el 9 de diciembre de 2011 para las partes en el proceso y desde el 29 de diciembre de 2011, para los terceros, por providencia del TC de 20 de diciembre de 2011, que admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad 6720/2011. Ref. BOE-A-2011-20467 Artículo 7. Reservas sociales de contratos. 1. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y sus organismos públicos deberán reservar la participación en los correspondientes procedimientos de adjudicación de contratos de servicios, suministros y gestión de servicios públicos a centros especiales de empleo, cuando al menos el 70 por 100 de los trabajadores afectados sean personas con discapacidad que, debido a la índole o a la gravedad de sus deficiencias, no puedan ejercer una actividad profesional en condiciones normales, y a empresas de inserción, así como reservar su ejecución en el marco de programas de empleo protegido, en los términos establecidos en este artículo. En el caso de reservas de ejecución en el marco de programas de empleo protegido, dichas reservas se podrán efectuar igualmente en contratos de obras. En todo caso, será necesario que las prestaciones se adecuen a las peculiaridades de tales entidades. Los órganos de contratación podrán, en el ámbito de sectores objeto de contratación centralizada, contratar al margen de la misma si optan por reservar el contrato, siempre que los pliegos de cláusulas administrativas particulares del correspondiente procedimiento de contratación centralizada hayan previsto esta excepción. 2. La reserva podrá afectar al objeto íntegro del contrato o solo a uno o varios de los lotes del mismo. 3. Las entidades a las que se refiere el apartado 1 que quieran ser contratadas en cumplimiento de las medidas reguladas por este artículo deberán inscribirse previamente en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Aragón. 4. La reserva a centros especiales de empleo o para la ejecución en el marco de programas de empleo protegido podrá aplicarse a contratos de cualquier cuantía. En el caso de las empresas de inserción, la reserva únicamente se efectuará sobre contratos no sujetos a regulación armonizada, exceptuando los contratos de servicios comprendidos en las categorías 17 a 27 del Anexo II de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, de cuantía superior a 193.000 euros o a la que resulte de aplicación por la normativa comunitaria. 5. Anualmente, la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma fijará los porcentajes mínimo y máximo del importe de estas reservas sociales a aplicar sobre el importe total anual de su contratación de suministros y servicios precisos para su funcionamiento ordinario realizada en el último ejercicio cerrado. Estos porcentajes podrán fijarse de manera diferenciada en función de los órganos de contratación o sectores materiales afectados. A los efectos de elaborar el anteproyecto de Ley de Presupuestos, el Departamento competente en materia de inserción laboral de los colectivos beneficiarios de la reserva, previa consulta con las asociaciones empresariales representativas de dichos sectores, presentará al Departamento competente en materia de Economía la cifra de negocios correspondiente al año anterior de los distintos sectores empresariales beneficiarios de la reserva. 6. La concreción de los ámbitos, departamentos, organismos o contratos sobre los que se materializarán estas reservas se realizará mediante Acuerdo del Gobierno de Aragón, a propuesta conjunta del Departamento de Presidencia y del Departamento competente en materia de Economía. 7. En los anuncios de licitación correspondientes deberá hacerse referencia a la presente disposición. 8. Cuando, tras haberse seguido un procedimiento de un contrato reservado, no se haya presentado ninguna oferta o candidatura, o las ofertas no sean adecuadas, se podrá licitar de nuevo el contrato sin efectuar la reserva inicialmente prevista, siempre que no se modifiquen sustancialmente las condiciones iniciales del contrato. No obstante, el importe de dicho contrato computará a efectos de integrar los porcentajes mínimo y máximo citados en el apartado 5. Artículo 7. Reservas sociales de contratos. 1. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y sus organismos públicos deberán reservar la participación en los correspondientes procedimientos de adjudicación de contratos de servicios, suministros y gestión de servicios públicos a centros especiales de empleo cuando al menos el 30 por 100 de los trabajadores afectados sean personas con discapacidad que, debido a la índole o a la gravedad de sus deficiencias, no puedan ejercer una actividad profesional en condiciones normales, y a empresas de inserción, así como reservar su ejecución en el marco de programas de empleo protegido, en los términos establecidos en este artículo. En el caso de reservas de ejecución en el marco de programas de empleo protegido, dichas reservas se podrán efectuar igualmente en contratos de obras. En todo caso, será necesario que las prestaciones se adecuen a las peculiaridades de tales entidades. Los órganos de contratación podrán, en el ámbito de sectores objeto de contratación centralizada, contratar al margen de la misma si optan por reservar el contrato, siempre que los pliegos de cláusulas administrativas particulares del correspondiente procedimiento de contratación centralizada hayan previsto esta excepción. 2. La reserva podrá afectar al objeto íntegro del contrato o solo a uno o varios de los lotes del mismo. 3. Las entidades a las que se refiere el apartado 1 que quieran ser contratadas en cumplimiento de las medidas reguladas por este artículo deberán inscribirse previamente en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Aragón. 4. La reserva a centros especiales de empleo o para la ejecución en el marco de programas de empleo protegido podrá aplicarse a contratos de cualquier cuantía. En el caso de las empresas de inserción, la reserva únicamente se efectuará sobre contratos no sujetos a regulación armonizada, exceptuando los contratos de servicios comprendidos en las categorías 17 a 27 del Anexo II de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, de cuantía superior a 193.000 euros o a la que resulte de aplicación por la normativa comunitaria. 5. Anualmente, la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma fijará el porcentaje mínimo del importe de estas reservas sociales a aplicar sobre el importe total anual de su contratación de suministros y servicios precisos para su funcionamiento ordinario realizada en el último ejercicio cerrado. Este porcentaje podrá fijarse de manera diferenciada en función de los órganos de contratación o sectores materiales afectados. A los efectos de elaborar el anteproyecto de Ley de Presupuestos, el Departamento competente en materia de inserción laboral de los colectivos beneficiarios de la reserva, previa consulta con las asociaciones empresariales representativas de dichos sectores, presentará al Departamento competente en materia de contratación pública la cifra de negocios correspondiente al año anterior de los distintos sectores empresariales beneficiarios de la reserva. 6. Sin perjuicio de otras reservas que puedan llevar a cabo los órganos de contratación definidos en la disposición adicional segunda de esta ley, la concreción de los ámbitos, departamentos, organismos o contratos sobre los que se materializarán estas reservas se realizará mediante acuerdo del Gobierno de Aragón, a propuesta conjunta del Departamento de Presidencia y del Departamento competente en materia de contratación pública. 7. En los anuncios de licitación correspondientes deberá hacerse referencia a la presente disposición. 8. Cuando, tras haberse seguido un procedimiento de un contrato reservado, no se haya presentado ninguna oferta o candidatura, o las ofertas no sean adecuadas, se podrá licitar de nuevo el contrato sin efectuar la reserva inicialmente prevista, siempre que no se modifiquen sustancialmente las condiciones iniciales del contrato. No obstante, el importe de dicho contrato computará a efectos de integrar los porcentajes mínimo y máximo citados en el apartado 5. Se modifican los apartados 1, 5 y 6 por el art. 31 de la Ley 2/2016, de 28 de enero. Ref. BOE-A-2016-2408 Artículo 7. Reservas sociales de contratos. 1. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y sus organismos públicos deberán reservar la participación en los correspondientes procedimientos de adjudicación de contratos de servicios, suministros y gestión de servicios públicos a centros especiales de empleo cuando al menos el 30 por 100 de los trabajadores afectados sean personas con discapacidad que, debido a la índole o a la gravedad de sus deficiencias, no puedan ejercer una actividad profesional en condiciones normales, y a empresas de inserción, así como reservar su ejecución en el marco de programas de empleo protegido, en los términos establecidos en este artículo. En el caso de reservas de ejecución en el marco de programas de empleo protegido, dichas reservas se podrán efectuar igualmente en contratos de obras. En todo caso, será necesario que las prestaciones se adecuen a las peculiaridades de tales entidades. Los órganos de contratación podrán, en el ámbito de sectores objeto de contratación centralizada, contratar al margen de la misma si optan por reservar el contrato, siempre que los pliegos de cláusulas administrativas particulares del correspondiente procedimiento de contratación centralizada hayan previsto esta excepción. 2. La reserva podrá afectar al objeto íntegro del contrato o solo a uno o varios de los lotes del mismo. 3. La reserva a centros especiales de empleo de iniciativa social, empresas de inserción o para la ejecución en el marco de programas de empleo protegido podrá aplicarse a contratos de cualquier cuantía. 4. Anualmente, la ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma fijará el porcentaje mínimo del importe de estas reservas sociales a aplicar sobre el importe total anual de su contratación de suministros y servicios precisos para su funcionamiento ordinario realizada en el último ejercicio cerrado. Este porcentaje podrá fijarse de manera diferenciada en función de los órganos de contratación o sectores materiales afectados. A los efectos de elaborar el anteproyecto de ley de presupuestos, el departamento competente en materia de inserción laboral de los colectivos beneficiarios de la reserva, previa consulta con las asociaciones empresariales representativas de dichos sectores, presentará al departamento competente en materia de contratación pública la cifra de negocios correspondiente al año anterior de los distintos sectores empresariales beneficiarios de la reserva. 5. Sin perjuicio de otras reservas que puedan llevar a cabo los órganos de contratación definidos en la disposición adicional segunda de esta ley, la concreción de los ámbitos, departamentos, organismos o contratos sobre los que se materializarán estas reservas se realizará mediante orden del departamento competente en materia de contratación, dando cuenta al Gobierno de Aragón. 6. En los anuncios de licitación correspondientes deberá hacerse referencia a la presente disposición. 7. Cuando, tras haberse seguido un procedimiento de un contrato reservado, no se haya presentado ninguna oferta o candidatura, o las ofertas no sean adecuadas, se podrá licitar de nuevo el contrato sin efectuar la reserva inicialmente prevista, siempre que no se modifiquen sustancialmente las condiciones iniciales del contrato. No obstante, el importe de dicho contrato computará a efectos de integrar los porcentajes mínimo y máximo citados en el apartado 4. 8. Cuando, tras haberse seguido un procedimiento de un contrato reservado, no se haya presentado ninguna oferta o candidatura, o las ofertas no sean adecuadas, se podrá licitar de nuevo el contrato sin efectuar la reserva inicialmente prevista, siempre que no se modifiquen sustancialmente las condiciones iniciales del contrato. No obstante, el importe de dicho contrato computará a efectos de integrar los porcentajes mínimo y máximo citados en el apartado 5. Se modifican los apartados 3 a 7 por la disposición final 4.4 de la Ley 1/2021, de 11 de febrero. Ref. BOE-A-2021-4247#df-4 Se modifican los apartados 1, 5 y 6 por el art. 31 de la Ley 2/2016, de 28 de enero. Ref. BOE-A-2016-2408 CAPÍTULO III Medidas en las fases de adjudicación, formalización y ejecución del contrato Artículo 8. Composición y funcionamiento de las Mesas de contratación. 1. Las Mesas de Contratación son órganos de asistencia de los órganos de contratación de las entidades que, a efectos de contratación, tengan la consideración de Administraciones Públicas, a los que corresponde la calificación, admisión o exclusión y valoración de las ofertas y las demás funciones previstas en la normativa reguladora de la contratación del sector público. 2. Las Mesas de contratación estarán compuestas por un Presidente, que gozará de voto de calidad en caso de empate, un Secretario y, al menos, tres vocales, todos ellos designados por el órgano de contratación. Entre los vocales deberá figurar obligatoriamente un funcionario de los que tengan atribuido legal o reglamentariamente el asesoramiento jurídico del órgano de contratación y un interventor, que podrán ser designados genéricamente, o, a falta de cualquiera de estos, el personal al servicio del órgano de contratación que tenga atribuidas las funciones correspondientes a su asesoramiento jurídico o a su control económico-presupuestario. La composición de la Mesa se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación correspondiente, con carácter previo a su constitución. 3. Para la válida constitución de la Mesa deberán estar presentes la mayoría de sus miembros y, en todo caso, el Presidente, el Secretario y los dos vocales que tengan atribuidas las funciones correspondientes al asesoramiento jurídico y al control económico-presupuestario del órgano. 4. El resultado de los actos de las Mesas de contratación de calificación, admisión o exclusión de las ofertas se publicará en el perfil de contratante, que actuará como tablón de anuncios del órgano de contratación, excluyendo aquella información que no sea susceptible de publicación, de conformidad con la legislación vigente. Todo ello, sin perjuicio de la necesaria comunicación o notificación, según proceda, a los licitadores afectados. 5. Los recursos administrativos que, en su caso, procedan contra las decisiones adoptadas por las Mesas de contratación deberán interponerse ante el correspondiente órgano de contratación al que asisten, salvo que se trate de un recurso o reclamación especial en materia de contratación o una cuestión de nulidad. Artículo 8. Composición y funcionamiento de las Mesas de contratación y los Comités de expertos. 1. Las Mesas de Contratación son órganos de asistencia de los órganos de contratación de las entidades que, a efectos de contratación, tengan la consideración de Administraciones Públicas, a los que corresponde la calificación, admisión o exclusión y valoración de las ofertas y las demás funciones previstas en la normativa reguladora de la contratación del sector público. 2. Las Mesas de contratación estarán compuestas por un Presidente, que gozará de voto de calidad en caso de empate, un Secretario y, al menos, tres vocales, todos ellos designados por el órgano de contratación. Entre los vocales deberá figurar obligatoriamente un funcionario de los que tengan atribuido legal o reglamentariamente el asesoramiento jurídico del órgano de contratación y un interventor, que podrán ser designados genéricamente, o, a falta de cualquiera de estos, el personal al servicio del órgano de contratación que tenga atribuidas las funciones correspondientes a su asesoramiento jurídico o a su control económico-presupuestario. La composición de la Mesa se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación correspondiente, con carácter previo a su constitución. Los cargos electos, los titulares de los órganos de contratación y el personal eventual no podrán formar parte de las Mesas de contratación ni de los Comités de expertos que hayan de valorar criterios de adjudicación cuya valoración dependa de un juicio de valor. 3. Para la válida constitución de la Mesa deberán estar presentes la mayoría de sus miembros y, en todo caso, el Presidente, el Secretario y los dos vocales que tengan atribuidas las funciones correspondientes al asesoramiento jurídico y al control económico-presupuestario del órgano. 4. El resultado de los actos de las Mesas de contratación de calificación, admisión o exclusión de las ofertas se publicará en el perfil de contratante, que actuará como tablón de anuncios del órgano de contratación, excluyendo aquella información que no sea susceptible de publicación, de conformidad con la legislación vigente. Todo ello, sin perjuicio de la necesaria comunicación o notificación, según proceda, a los licitadores afectados. 5. Los recursos administrativos que, en su caso, procedan contra las decisiones adoptadas por las Mesas de contratación deberán interponerse ante el correspondiente órgano de contratación al que asisten, salvo que se trate de un recurso o reclamación especial en materia de contratación o una cuestión de nulidad. Se modifica la denominación y el apartado 2 por la disposición final 2.4 de la Ley 5/2017, de 1 de junio. Ref. BOE-A-2017-10292#df-2 Artículo 9. Aclaración de ofertas. 1. Únicamente podrá requerirse información a los candidatos o los licitadores tras la apertura de las ofertas, en el supuesto de que se solicite aclaración sobre una oferta o si hubiere que corregir manifiestos errores materiales en la redacción de la misma y siempre que se respete el principio de igualdad de trato. 2. En estos supuestos, la Mesa de contratación o el órgano de contratación podrá tomar la iniciativa de ponerse en contacto con el licitador, sin que tal contacto pueda entrañar, en ningún caso, una modificación de los términos de la oferta. En todo caso, deberá dejarse constancia documental de estas actuaciones. Artículo 10. Procedimiento simplificado de adjudicación de contratos. 1. Las entidades comprendidas en el apartado 1 del artículo 2 de esta Ley que, a efectos de contratación, tengan la consideración de Administraciones Públicas podrán utilizar un procedimiento simplificado en todo contrato de suministro y servicios de valor estimado inferior a 150.000 euros, Impuesto sobre el Valor Añadido excluido, y de obras inferior a 2.000.000 de euros, Impuesto sobre el Valor Añadido excluido. 2. La tramitación del expediente de contratación en los procedimientos simplificados se iniciará por el órgano de contratación y se ajustará a las siguientes reglas de actuación:
5. a)Fijación por el servicio competente de las condiciones jurídicas, económicas y técnicas de ejecución del contrato. Entre dichas condiciones, figurarán los criterios a tener en cuenta para la admisión, selección y adjudicación del contrato, no exigiéndose garantía provisional para participar en la licitación. A tal efecto, los órganos de contratación podrán aprobar modelos tipo de condiciones, previo informe de los servicios jurídicos.
6. b)En su caso, certificado de existencia de crédito realizado por la unidad administrativa correspondiente, informe de los servicios jurídicos y fiscalización del gasto por la Intervención. No obstante, el informe de los servicios jurídicos no será necesario cuando el documento en el que se fijen las condiciones particulares para un determinado contrato se ajuste a un modelo tipo que haya sido previamente objeto de este informe.
7. c)El anuncio de licitación del contrato únicamente precisará de publicación en el perfil de contratante del poder adjudicador.
8. d)El plazo para la presentación de proposiciones no podrá ser inferior a diez ni superior a veinte días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación en el perfil de contratante.
9. e)La constitución de una Mesa de contratación será potestativa. En caso de que se constituya Mesa de contratación, le corresponderán las funciones del órgano de contratación relativas a la calificación, admisión o exclusión de licitadores, así como las funciones de valoración de las ofertas con formulación de la propuesta de adjudicación. En caso de que no se constituya Mesa de contratación, las funciones relativas a la calificación, admisión o exclusión de licitadores corresponderán al órgano de contratación. En este caso, las unidades técnicas de la entidad contratante procederán a la valoración de las proposiciones de acuerdo con los criterios directamente vinculados al objeto del contrato, precisados y suficientemente ponderados en el anuncio, y a efectuar la propuesta de adjudicación en favor de la oferta económicamente más ventajosa. La valoración y la propuesta de adjudicación deberán ser firmadas por dos miembros de su personal que desempeñen actividades relacionadas con la materia objeto del contrato o que hayan participado directamente en la tramitación del procedimiento. Son funciones de esta unidad, en todo caso, la recepción de ofertas y la de elevar propuesta de adjudicación.
10. f)En el caso de que el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación hubiera sustituido la presentación de la documentación relativa a la capacidad, representación y solvencia por una declaración responsable, deberá acreditar en el plazo de cinco días hábiles la posesión y validez de los documentos exigidos.
11. g)El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los diez días hábiles siguientes a la recepción de la documentación señalada en el apartado anterior acreditativa del cumplimiento de las condiciones de aptitud para contratar. La resolución de adjudicación del contrato agotará la vía administrativa, será motivada, deberá especificar los motivos por la que se ha rechazado una candidatura u oferta y las características o ventajas de la oferta seleccionada, y se notificará a los interesados de conformidad con lo dispuesto en la legislación reguladora del procedimiento administrativo, indicando el recurso que procede contra esta adjudicación. De forma simultánea a la notificación, la adjudicación será publicada en el perfil de contratante. 3. Las proposiciones de los licitadores serán secretas hasta el momento de la apertura pública y se arbitrarán los medios que lo garanticen hasta ese momento. Se sujetarán al modelo que se establezca, en su caso, en el documento de condiciones particulares y su presentación supondrá, en todo caso, la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de dichas cláusulas sin salvedad alguna. 4. El contrato se entenderá perfeccionado mediante la formalización. 5. Para la adjudicación de los contratos mediante el procedimiento simplificado podrá utilizarse una subasta electrónica. Artículo 10. Procedimiento simplificado de adjudicación de contratos. 1. Las entidades comprendidas en el apartado 1 del artículo 2 de esta Ley que, a efectos de contratación, tengan la consideración de Administraciones Públicas podrán utilizar un procedimiento simplificado en todo contrato de suministro y servicios de valor estimado inferior a 150.000 euros, Impuesto sobre el Valor Añadido excluido, y de obras inferior a 2.000.000 de euros, Impuesto sobre el Valor Añadido excluido. 2. La tramitación del expediente de contratación en los procedimientos simplificados se iniciará por el órgano de contratación y se ajustará a las siguientes reglas de actuación:
12. a)Fijación por el servicio competente de las condiciones jurídicas, económicas y técnicas de ejecución del contrato. Entre dichas condiciones, figurarán los criterios a tener en cuenta para la admisión, selección y adjudicación del contrato, no exigiéndose garantía provisional para participar en la licitación. A tal efecto, los órganos de contratación podrán aprobar modelos tipo de condiciones, previo informe de los servicios jurídicos.
13. b)En su caso, certificado de existencia de crédito realizado por la unidad administrativa correspondiente, informe de los servicios jurídicos y fiscalización del gasto por la Intervención. No obstante, el informe de los servicios jurídicos no será necesario cuando el documento en el que se fijen las condiciones particulares para un determinado contrato se ajuste a un modelo tipo que haya sido previamente objeto de este informe.
14. c)El anuncio de licitación del contrato únicamente precisará de publicación en el perfil de contratante del poder adjudicador.
15. d)El plazo para la presentación de proposiciones no podrá ser inferior a diez ni superior a veinte días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación en el perfil de contratante.
16. e)La constitución de una Mesa de contratación será potestativa. En caso de que se constituya Mesa de contratación, le corresponderán las funciones del órgano de contratación relativas a la calificación, admisión o exclusión de licitadores, así como las funciones de valoración de las ofertas con formulación de la propuesta de adjudicación. En caso de que no se constituya Mesa de contratación, las funciones relativas a la calificación, admisión o exclusión de licitadores corresponderán al órgano de contratación. En este caso, las unidades técnicas de la entidad contratante procederán a la valoración de las proposiciones de acuerdo con los criterios directamente vinculados al objeto del contrato, precisados y suficientemente ponderados en el anuncio, y a efectuar la propuesta de adjudicación en favor de la oferta económicamente más ventajosa. La valoración y la propuesta de adjudicación deberán ser firmadas por dos miembros de su personal que desempeñen actividades relacionadas con la materia objeto del contrato o que hayan participado directamente en la tramitación del procedimiento. Son funciones de esta unidad, en todo caso, la recepción de ofertas y la de elevar propuesta de adjudicación.
17. f)En el caso de que el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación hubiera sustituido la presentación de la documentación relativa a la capacidad, representación y solvencia por una declaración responsable, deberá acreditar en el plazo de cinco días hábiles la posesión y validez de los documentos exigidos.
18. g)El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los diez días hábiles siguientes a la recepción de la documentación señalada en el apartado anterior acreditativa del cumplimiento de las condiciones de aptitud para contratar. La resolución de adjudicación del contrato agotará la vía administrativa, será motivada, deberá especificar los motivos por la que se ha rechazado una candidatura u oferta y las características o ventajas de la oferta seleccionada, y se notificará a los interesados de conformidad con lo dispuesto en la legislación reguladora del procedimiento administrativo, indicando el recurso que procede contra esta adjudicación. De forma simultánea a la notificación, la adjudicación será publicada en el perfil de contratante. 3. Las proposiciones de los licitadores serán secretas hasta el momento de la apertura pública y se arbitrarán los medios que lo garanticen hasta ese momento. Se sujetarán al modelo que se establezca, en su caso, en el documento de condiciones particulares y su presentación supondrá, en todo caso, la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de dichas cláusulas sin salvedad alguna. 4. El contrato se entenderá perfeccionado mediante la formalización. 5. Para la adjudicación de los contratos mediante el procedimiento simplificado podrá utilizarse una subasta electrónica. Téngase en cuenta que se suspende la vigencia y aplicación de este precepto desde el 9 de diciembre de 2011 para las partes en el proceso y desde el 29 de diciembre de 2011, para los terceros, por providencia del TC de 20 de diciembre de 2011, que admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad 6720/2011. Ref. BOE-A-2011-20467 Se suspende la vigencia y aplicación de este precepto desde el 9 de diciembre de 2011 para las partes en el proceso y desde el 29 de diciembre de 2011, para los terceros, por providencia del TC de 20 de diciembre de 2011, que admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad 6720/2011. Ref. BOE-A-2011-20467 Artículo 10. Trámite simplificado. 1. Con la finalidad de aunar la necesaria concurrencia con una más eficiente gestión que facilite una mayor rapidez de respuesta a las necesidades de contratación, se habilita una tramitación simplificada del procedimiento abierto para todo contrato de suministro y servicios de valor estimado inferior a 150.000 euros, Impuesto sobre el Valor Añadido excluido, y de obras inferior a 2.000.000 de euros, Impuesto sobre el Valor Añadido excluido. 2. La tramitación del expediente de contratación en esta tramitación se iniciará por el órgano de contratación y se ajustará a las siguientes reglas de actuación:
19. a)Fijación por el servicio competente de las condiciones jurídicas, económicas y técnicas de ejecución del contrato. Entre dichas condiciones, figurarán los criterios a tener en cuenta para la admisión, selección y adjudicación del contrato, no exigiéndose garantía provisional para participar en la licitación. A tal efecto, los órganos de contratación podrán aprobar modelos tipo de condiciones, previo informe de los servicios jurídicos.
20. b)En su caso, certificado de existencia de crédito realizado por la unidad administrativa correspondiente, informe de los servicios jurídicos y fiscalización del gasto por la Intervención. No obstante, el informe de los servicios jurídicos no será necesario cuando el documento en el que se fijen las condiciones particulares para un determinado contrato se ajuste a un modelo tipo que haya sido previamente objeto de este informe.
21. c)El anuncio de licitación del contrato únicamente precisará de publicación en el perfil de contratante de la Comunidad Autónoma de Aragón.
22. d)El plazo para la presentación de proposiciones, respetando los plazos mínimos recogidos en la legislación básica para la tramitación urgente, no podrá ser inferior a diez ni superior a veinte días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación en el perfil de contratante.
23. e)La constitución de una Mesa de contratación será potestativa. En caso de que se constituya Mesa de contratación, le corresponderán las funciones del órgano de contratación relativas a la calificación, admisión o exclusión de licitadores, así como las funciones de valoración de las ofertas con formulación de la propuesta de adjudicación. En caso de que no se constituya Mesa de contratación, las funciones relativas a la calificación, admisión o exclusión de licitadores corresponderán al órgano de contratación. En este caso, las unidades técnicas de la entidad contratante procederán a la valoración de las proposiciones de acuerdo con los criterios directamente vinculados al objeto del contrato, precisados y suficientemente ponderados en el anuncio, y a efectuar la propuesta de adjudicación en favor de la oferta económicamente más ventajosa. La valoración y la propuesta de adjudicación deberán ser firmadas por dos miembros de su personal que desempeñen actividades relacionadas con la materia objeto del contrato o que hayan participado directamente en la tramitación del procedimiento. Son funciones de esta unidad, en todo caso, la recepción de ofertas y la de elevar propuesta de adjudicación.
24. f)En el caso de que el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación hubiera sustituido la presentación de la documentación relativa a la capacidad, representación y solvencia por una declaración responsable, deberá acreditar, con respeto a las exigencias contenidas en la legislación básica, en el plazo de cinco días hábiles, la posesión y validez de los documentos exigidos.
25. g)El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los diez días hábiles siguientes a la recepción de la documentación señalada en el apartado anterior acreditativa del cumplimiento de las condiciones de aptitud para contratar. La resolución de adjudicación del contrato agotará la vía administrativa, será motivada, deberá especificar los motivos por los que se ha rechazado una candidatura u oferta y las características o ventajas de la oferta seleccionada, y se notificará a los interesados de conformidad con lo dispuesto en la legislación reguladora del procedimiento administrativo, indicando el recurso que procede contra esta adjudicación. De forma simultánea a la notificación, la adjudicación será publicada en el perfil de contratante. 3. Las proposiciones de los licitadores serán secretas hasta el momento de la apertura pública y se arbitrarán los medios que lo garanticen hasta ese momento. Se sujetarán al modelo que se establezca, en su caso, en el documento de condiciones particulares, y su presentación supondrá, en todo caso, la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de dichas cláusulas sin salvedad alguna. 4. El contrato se entenderá perfeccionado mediante la formalización. 5. Para la adjudicación de los contratos mediante la tramitación simplificada del procedimiento abierto, podrá utilizarse una subasta electrónica. Téngase en cuenta que se suspende la vigencia y aplicación de este precepto desde el 9 de diciembre de 2011 para las partes en el proceso y desde el 29 de diciembre de 2011, para los terceros, por providencia del TC de 20 de diciembre de 2011, que admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad 6720/2011. Ref. BOE-A-2011-20467 Se modifica por el art. 33.2 de la Ley 3/2012, de 8 de marzo. Ref. BOE-A-2012-5203 Redactado el apartado 5 conforme a la corrección de errores publicada en el BOA núm. 120, de 21 de julio de 2012. Ref. BOE-A-2012-9065 Se suspende la vigencia y aplicación de este precepto desde el 9 de diciembre de 2011 para las partes en el proceso y desde el 29 de diciembre de 2011, para los terceros, por providencia del TC de 20 de diciembre de 2011, que admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad 6720/2011. Ref. BOE-A-2011-20467 Artículo 10. Trámite simplificado. 1. Con la finalidad de aunar la necesaria concurrencia con una más eficiente gestión que facilite una mayor rapidez de respuesta a las necesidades de contratación, se habilita una tramitación simplificada del procedimiento abierto para todo contrato de suministro y servicios de valor estimado inferior a 150.000 euros, Impuesto sobre el Valor Añadido excluido, y de obras inferior a 2.000.000 de euros, Impuesto sobre el Valor Añadido excluido. 2. La tramitación del expediente de contratación en esta tramitación se iniciará por el órgano de contratación y se ajustará a las siguientes reglas de actuación:
26. a)Fijación por el servicio competente de las condiciones jurídicas, económicas y técnicas de ejecución del contrato. Entre dichas condiciones, figurarán los criterios a tener en cuenta para la admisión, selección y adjudicación del contrato, no exigiéndose garantía provisional para participar en la licitación. A tal efecto, los órganos de contratación podrán aprobar modelos tipo de condiciones, previo informe de los servicios jurídicos.
27. b)En su caso, certificado de existencia de crédito realizado por la unidad administrativa correspondiente, informe de los servicios jurídicos y fiscalización del gasto por la Intervención. No obstante, el informe de los servicios jurídicos no será necesario cuando el documento en el que se fijen las condiciones particulares para un determinado contrato se ajuste a un modelo tipo que haya sido previamente objeto de este informe.
28. c)El anuncio de licitación del contrato únicamente precisará de publicación en el perfil de contratante de la Comunidad Autónoma de Aragón.
29. d)El plazo para la presentación de proposiciones, respetando los plazos mínimos recogidos en la legislación básica para la tramitación urgente, no podrá ser inferior a diez ni superior a veinte días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación en el perfil de contratante.
30. e)La constitución de una Mesa de contratación será potestativa. En caso de que se constituya Mesa de contratación, le corresponderán las funciones del órgano de contratación relativas a la calificación, admisión o exclusión de licitadores, así como las funciones de valoración de las ofertas con formulación de la propuesta de adjudicación. En caso de que no se constituya Mesa de contratación, las funciones relativas a la calificación, admisión o exclusión de licitadores corresponderán al órgano de contratación. En este caso, las unidades técnicas de la entidad contratante procederán a la valoración de las proposiciones de acuerdo con los criterios directamente vinculados al objeto del contrato, precisados y suficientemente ponderados en el anuncio, y a efectuar la propuesta de adjudicación en favor de la oferta económicamente más ventajosa. La valoración y la propuesta de adjudicación deberán ser firmadas por dos miembros de su personal que desempeñen actividades relacionadas con la materia objeto del contrato o que hayan participado directamente en la tramitación del procedimiento. Son funciones de esta unidad, en todo caso, la recepción de ofertas y la de elevar propuesta de adjudicación.
31. f)En el caso de que el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación hubiera sustituido la presentación de la documentación relativa a la capacidad, representación y solvencia por una declaración responsable, deberá acreditar, con respeto a las exigencias contenidas en la legislación básica, en el plazo de cinco días hábiles, la posesión y validez de los documentos exigidos.
32. g)El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los diez días hábiles siguientes a la recepción de la documentación señalada en el apartado anterior acreditativa del cumplimiento de las condiciones de aptitud para contratar. La resolución de adjudicación del contrato agotará la vía administrativa, será motivada, deberá especificar los motivos por los que se ha rechazado una candidatura u oferta y las características o ventajas de la oferta seleccionada, y se notificará a los interesados de conformidad con lo dispuesto en la legislación reguladora del procedimiento administrativo, indicando el recurso que procede contra esta adjudicación. De forma simultánea a la notificación, la adjudicación será publicada en el perfil de contratante. 3. Las proposiciones de los licitadores serán secretas hasta el momento de la apertura pública y se arbitrarán los medios que lo garanticen hasta ese momento. Se sujetarán al modelo que se establezca, en su caso, en el documento de condiciones particulares, y su presentación supondrá, en todo caso, la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de dichas cláusulas sin salvedad alguna. 4. El contrato se entenderá perfeccionado mediante la formalización. 5. Para la adjudicación de los contratos mediante la tramitación simplificada del procedimiento abierto, podrá utilizarse una subasta electrónica. Se levanta la suspensión de la vigencia y aplicación de este precepto por Auto de 17 de abril de 2012. Ref. BOE-A-2012-5580 Se modifica por el art. 33.2 de la Ley 3/2012, de 8 de marzo. Ref. BOE-A-2012-5203 Redactado el apartado 5 conforme a la corrección de errores publicada en el BOA núm. 120, de 21 de julio de 2012. Ref. BOE-A-2012-9065 Se suspende la vigencia y aplicación de este precepto desde el 9 de diciembre de 2011 para las partes en el proceso y desde el 29 de diciembre de 2011, para los terceros, por providencia del TC de 20 de diciembre de 2011, que admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad 6720/2011. Ref. BOE-A-2011-20467 Artículo 10. Trámite simplificado. 1. Con la finalidad de aunar la necesaria concurrencia con una más eficiente gestión que facilite una mayor rapidez de respuesta a las necesidades de contratación, se habilita una tramitación simplificada del procedimiento abierto para todo contrato de suministro y servicios de valor estimado inferior a 150.000 euros, Impuesto sobre el Valor Añadido excluido, y de obras inferior a 2.000.000 de euros, Impuesto sobre el Valor Añadido excluido. 2. La tramitación del expediente de contratación en esta tramitación se iniciará por el órgano de contratación y se ajustará a las siguientes reglas de actuación:
33. a)Fijación por el servicio competente de las condiciones jurídicas, económicas y técnicas de ejecución del contrato. Entre dichas condiciones, figurarán los criterios a tener en cuenta para la admisión, selección y adjudicación del contrato, no exigiéndose garantía provisional para participar en la licitación. A tal efecto, los órganos de contratación podrán aprobar modelos tipo de condiciones, previo informe de los servicios jurídicos.
34. b)En su caso, certificado de existencia de crédito realizado por la unidad administrativa correspondiente, informe de los servicios jurídicos y fiscalización del gasto por la Intervención. No obstante, el informe de los servicios jurídicos no será necesario cuando el documento en el que se fijen las condiciones particulares para un determinado contrato se ajuste a un modelo tipo que haya sido previamente objeto de este informe.
35. c)(Anulado).
36. d)(Anulado).
37. e)La constitución de una Mesa de contratación será potestativa. En caso de que se constituya Mesa de contratación, le corresponderán las funciones del órgano de contratación relativas a la calificación, admisión o exclusión de licitadores, así como las funciones de valoración de las ofertas con formulación de la propuesta de adjudicación. En caso de que no se constituya Mesa de contratación, las funciones relativas a la calificación, admisión o exclusión de licitadores corresponderán al órgano de contratación. En este caso, las unidades técnicas de la entidad contratante procederán a la valoración de las proposiciones de acuerdo con los criterios directamente vinculados al objeto del contrato, precisados y suficientemente ponderados en el anuncio, y a efectuar la propuesta de adjudicación en favor de la oferta económicamente más ventajosa. La valoración y la propuesta de adjudicación deberán ser firmadas por dos miembros de su personal que desempeñen actividades relacionadas con la materia objeto del contrato o que hayan participado directamente en la tramitación del procedimiento. Son funciones de esta unidad, en todo caso, la recepción de ofertas y la de elevar propuesta de adjudicación.
38. f)En el caso de que el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación hubiera sustituido la presentación de la documentación relativa a la capacidad, representación y solvencia por una declaración responsable, deberá acreditar, con respeto a las exigencias contenidas en la legislación básica, en el plazo de cinco días hábiles, la posesión y validez de los documentos exigidos. Téngase en cuenta que se declara la inconstitucionalidad y nulidad los apartados 2.c),
39. d)y del inciso destacado del apartado 2.f), por Sentencia 237/2015, de 19 de noviembre. Ref. BOE-A-2015-14338
40. g)El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los diez días hábiles siguientes a la recepción de la documentación señalada en el apartado anterior acreditativa del cumplimiento de las condiciones de aptitud para contratar. La resolución de adjudicación del contrato agotará la vía administrativa, será motivada, deberá especificar los motivos por los que se ha rechazado una candidatura u oferta y las características o ventajas de la oferta seleccionada, y se notificará a los interesados de conformidad con lo dispuesto en la legislación reguladora del procedimiento administrativo, indicando el recurso que procede contra esta adjudicación. De forma simultánea a la notificación, la adjudicación será publicada en el perfil de contratante. 3. Las proposiciones de los licitadores serán secretas hasta el momento de la apertura pública y se arbitrarán los medios que lo garanticen hasta ese momento. Se sujetarán al modelo que se establezca, en su caso, en el documento de condiciones particulares, y su presentación supondrá, en todo caso, la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de dichas cláusulas sin salvedad alguna. 4. El contrato se entenderá perfeccionado mediante la formalización. 5. Para la adjudicación de los contratos mediante la tramitación simplificada del procedimiento abierto, podrá utilizarse una subasta electrónica. Se declara, en el Recurso 6720/2011, la inconstitucionalidad y nulidad los apartados 2.c),
41. d)y del inciso destacado del apartado 2.f), por Sentencia 237/2015, de 19 de noviembre. Ref. BOE-A-2015-14338 Se levanta la suspensión de la vigencia y aplicación de este precepto por Auto de 17 de abril de 2012. Ref. BOE-A-2012-5580 Se modifica por el art. 33.2 de la Ley 3/2012, de 8 de marzo. Ref. BOE-A-2012-5203 Redactado el apartado 5 conforme a la corrección de errores publicada en el BOA núm. 120, de 21 de julio de 2012. Ref. BOE-A-2012-9065 Se suspende la vigencia y aplicación de este precepto desde el 9 de diciembre de 2011 para las partes en el proceso y desde el 29 de diciembre de 2011, para los terceros, por providencia del TC de 20 de diciembre de 2011, que admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad 6720/2011. Ref. BOE-A-2011-20467 Artículo 10. Trámite simplificado. (Derogado). Se deroga por la disposición final 4.5 de la Ley 1/2021, de 11 de febrero. Ref. BOE-A-2021-4247#df-4 Se declara, en el Recurso 6720/2011, la inconstitucionalidad y nulidad los apartados 2.c),
42. d)y del inciso destacado del apartado 2.f), por Sentencia 237/2015, de 19 de noviembre. Ref. BOE-A-2015-14338 Se levanta la suspensión de la vigencia y aplicación de este precepto por Auto de 17 de abril de 2012. Ref. BOE-A-2012-5580 Se modifica por el art. 33.2 de la Ley 3/2012, de 8 de marzo. Ref. BOE-A-2012-5203 Redactado el apartado 5 conforme a la corrección de errores publicada en el BOA núm. 120, de 21 de julio de 2012. Ref. BOE-A-2012-9065 Se suspende la vigencia y aplicación de este precepto desde el 9 de diciembre de 2011 para las partes en el proceso y desde el 29 de diciembre de 2011, para los terceros, por providencia del TC de 20 de diciembre de 2011, que admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad 6720/2011. Ref. BOE-A-2011-20467 Artículo 11. Formalización de contratos basados en un acuerdo marco y sistemas dinámicos de contratación. La formalización de los contratos adjudicados basados en un acuerdo marco o en el marco de un sistema dinámico de contratación de importe inferior a 100.000 euros se realizará del modo que se determine en los correspondientes pliegos de cláusulas administrativas particulares, que, en todo caso, deberá dejar constancia de la voluntad de ambas partes. Artículo 11. Exención de fiscalización previa de contratos derivados. No estarán sometidos a fiscalización previa los contratos de obras, servicios y suministros derivados de los acuerdos marco de valor estimado inferior a 15.000 euros o aquellos cuya adjudicación automática esté prevista en el propio acuerdo marco. Se modifica por la disposición final 4.6 de la Ley 1/2021, de 11 de febrero. Ref. BOE-A-2021-4247#df-4 Artículo 12. Criterio de resolución de empates en la valoración de ofertas. Cuando por la aplicación de los criterios de adjudicación se produjera un empate en la puntuación entre dos o más licitadores y no se hayan previsto criterios de desempate, o cuando previstos y aplicados el empate persistiera, este se dirimirá a favor de la empresa que tenga un mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad, siempre que este no sea inferior al 2 por 100; en su defecto o persistiendo el empate, a favor de la empresa con un menor porcentaje de trabajadores temporales, siempre que este no sea superior al 10 por 100, y persistiendo empate, a favor de la empresa que acredite la realización de buenas prácticas en materia de igualdad de género, o, en última instancia, a través de un sorteo. A tal efecto, la Mesa de contratación o la unidad gestora del contrato requerirán la documentación pertinente a las empresas afectadas, otorgándoles un plazo mínimo de cinco días naturales para su aportación. Artículo 12. Criterio de resolución de empates en la valoración de ofertas. (Derogado). Se deroga por la disposición final 4.7 de la Ley 1/2021, de 11 de febrero. Ref. BOE-A-2021-4247#df-4 Artículo 12 bis. Publicidad de los modificados. 1. El acuerdo del órgano de contratación de modificar un contrato se publicará, en todo caso, en el Boletín Oficial y perfil en que se publicó la adjudicación, figurando las circunstancias que lo justifican, su alcance y el importe del mismo, con el fin de garantizar el uso adecuado de esta potestad. 2. Igualmente, esta decisión se notificará a los licitadores que fueron admitidos, incluyendo, además, la información necesaria que permita al licitador interponer, en su caso, recurso suficientemente fundado contra la decisión de modificación de no ajustarse a los requerimientos legales. Se añade por el art. 33.3 de la Ley 3/2012, de 8 de marzo. Ref. BOE-A-2012-5203 Redactada la denominación conforme a la corrección de errores publicada en el BOA núm. 120, de 21 de junio de 2012. Ref. BOE-A-2012-9065 Artículo 12 ter. Ampliación del plazo para requerir documentación justificativa. En los supuestos en que la propuesta de adjudicación de un contrato recaiga sobre una unión de empresarios o sobre una agrupación de estos con el compromiso de constituir una sociedad, el plazo para presentar la documentación referida en el artículo 151.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, será de veinte días hábiles. El órgano de contratación, en aquellos expedientes de contratación en los que lo exija la complejidad de la documentación a aportar, podrá ampliar el plazo general de diez días hábiles previsto en dicho precepto hasta un máximo de veinte días hábiles, de forma motivada y en el momento de aprobación del expediente. Se añade por el art. 33.4 de la Ley 3/2012, de 8 de marzo. Ref. BOE-A-2012-5203 Artículo 12 ter. Ampliación del plazo para requerir documentación justificativa. En los supuestos en que la propuesta de adjudicación de un contrato recaiga sobre una unión temporal de empresarios o sobre una agrupación de estos con el compromiso de constituir una sociedad, el plazo para presentar la documentación referida a los servicios correspondientes del órgano de contratación de acuerdo con la legislación vigente en materia de contratación pública será de veinte días hábiles. El órgano de contratación, en aquellos expedientes de contratación en los que lo exija la complejidad de la documentación a aportar, podrá ampliar el plazo general de diez días hábiles previsto en dicha legislación hasta un máximo de veinte días hábiles, de forma motivada y en el momento de aprobación del expediente. Se modifica por la disposición final 4.8 de la Ley 1/2021, de 11 de febrero. Ref. BOE-A-2021-4247#df-4 Se añade por el art. 33.4 de la Ley 3/2012, de 8 de marzo. Ref. BOE-A-2012-5203 Artículo 12 quater. Anuncios de adjudicación. 1. La adjudicación de los contratos se notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicarán en el perfil de contratante los contratos que superen las cuantías previstas para los contratos menores. 2. En el anuncio de adjudicación deberá figurar, al menos, la siguiente información:
43. a)Identificación y datos de contacto de la entidad contratante y del órgano de contratación.
44. b)Descripción del objeto del contrato e identificación de sus códigos CPV.
45. c)Valor estimado del contrato, presupuesto de licitación e importe de adjudicación.
46. d)Procedimiento de adjudicación utilizado, con expresión de la causa que lo habilita en el caso de los procedimientos negociados, y tipo de tramitación del expediente.
47. e)En su caso, fechas de publicación de los anuncios de licitación, e instrumentos a través de los que se han publicitado.
48. f)Identidad de los licitadores que han participado en el procedimiento, ya se trate de licitadores que han presentado una oferta, de licitadores invitados a participar (en el caso de procedimientos restringidos y con negociación) o de licitadores excluidos, con expresión del motivo de su exclusión. En el caso de Uniones Temporales de Empresas, además de su denominación se indicará la de los integrantes de las mismas y su porcentaje de participación.
49. g)Número de ofertas presentadas por operadores económicos que sean pequeñas y medianas empresas, operadores económicos de otro Estado miembro o de un tercer país o las ofertas presentadas por vía electrónica.
50. h)Motivos por los que se hayan rechazado ofertas consideradas anormalmente bajas.
51. i)Identidad del adjudicatario y motivos por los que se ha elegido su oferta.
52. j)Declaración del adjudicatario de no estar incurso en causa de prohibición de contratar, así como, en su caso, informe favorable de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de las medidas planteadas para eximir de la prohibición de contratar.
53. k)Cuando se conozca, especificación de la parte del contrato que el adjudicatario tenga previsto subcontratar con terceros y, en caso de que existan, y si se conocen en ese momento, los nombres de los subcontratistas del contratista principal.
54. l)Plazo de ejecución y posibles prórrogas.
55. m)En su caso, la declaración de desierto o los motivos por los que se desista del procedimiento o se renuncie a adjudicar un contrato.
56. n)En su caso, los conflictos de intereses detectados y las medidas tomadas al respecto. ñ) Resolución por la que se acuerda el mantenimiento de los efectos del contrato en el supuesto de declaración de nulidad. 3. El Departamento competente para la gestión del perfil de contratante de la Comunidad Autónoma de Aragón elaborará el modelo de anuncio que habrá de utilizarse para publicar la información señalada en el apartado anterior, que deberá permitir un tratamiento automatizado de la información interoperable que pueda alimentar de forma directa los perfiles de contratante, el portal de transparencia del Gobierno de Aragón y, previos los acuerdos técnicos necesarios, las páginas de transparencia del resto de los entes públicos. Se añade por la disposición final 2.5 de la Ley 5/2017, de 1 de junio. Ref. BOE-A-2017-10292#df-2 Artículo 12 quinquies. Anuncio de la ejecución del contrato. En los contratos a los que hace referencia el artículo anterior, y concluida su ejecución, se añadirá a los datos del perfil del contratante, al menos, la siguiente información:
57. a)El coste total y los plazos finales de ejecución.
58. b)Los modificados aprobados: su naturaleza, motivación, fecha e importe definitivo.
59. c)Las prórrogas: su plazo, fecha de inicio, motivación y la justificación de su aplicación.
60. d)Las empresas subcontratadas: la fecha de pago a estas por el adjudicatario principal y el cumplimiento de sus condiciones laborales y sociales.
61. e)El informe sobre cumplimiento de las condiciones de ejecución del contrato.
62. f)Las medidas o los procedimientos iniciados en el supuesto de incumplimientos o ejecución defectuosa del contrato. Se añade por la disposición final 2.6 de la Ley 5/2017, de 1 de junio. Ref. BOE-A-2017-10292#df-2 Artículo 13. Plazo para resolver los procedimientos de resolución contractual. El plazo para resolver y notificar los procedimientos de resolución de los contratos celebrados por las entidades que, a efectos de contratación, tengan la consideración de Administraciones Públicas será de seis meses contados desde la fecha en la que el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista, acuerde la incoación del procedimiento de resolución. Artículo 13. Plazo para resolver los procedimientos de resolución contractual. El plazo para resolver y notificar los procedimientos de resolución de los contratos celebrados por las entidades que, a efectos de contratación, tengan la consideración de Administraciones públicas será el que establezca la legislación básica en materia de contratación pública y, en defecto de regulación, ocho meses contados desde la fecha en la que el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista, acuerde la incoación del procedimiento de resolución. Se modifica por la disposición final 4.9 de la Ley 1/2021, de 11 de febrero. Ref. BOE-A-2021-4247#df-4 Artículo 13 bis. Simultaneidad de procedimientos de resolución de contratos e imposición de prohibiciones de contratar. 1. La tramitación del procedimiento de resolución del contrato por causa imputable al contratista podrá simultanearse con los trámites propios del procedimiento para la imposición de una prohibición para contratar cuando la misma pueda deducirse de la culpabilidad del contratista en la resolución del contrato. A estos efectos, se entenderá que existe culpabilidad del contratista cuando se aprecie la existencia de dolo, mala fe o temeridad manifiesta en sus actuaciones. 2. En tal caso, la resolución de inicio del procedimiento advertirá de la posible concurrencia de una causa de prohibición de contratar si el contrato fuese finalmente resuelto. Tal circunstancia se hará constar en el trámite preceptivo de audiencia al contratista y en cuantas peticiones de informe solicite el órgano de contratación. 3. La resolución que ponga fin al procedimiento de resolución del contrato se pronunciará, además, en su caso, sobre el ámbito, alcance y duración de la prohibición de contratar, dando traslado de la decisión a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa. 4. En el supuesto de que el procedimiento de resolución del contrato se simultanee con la licitación de un nuevo procedimiento de adjudicación con el mismo objeto, la adjudicación de este quedará condicionada a la previa resolución de aquel, desplegando sus efectos sobre la nueva adjudicación la prohibición de contratar que se hubiese declarado en el procedimiento de resolución anterior. Se añade por la disposición final 4.14 de la Ley 1/2021, de 11 de febrero. Ref. BOE-A-2021-4247#df-4 CAPÍTULO IV Medidas de simplificación y eficiencia en materia de contratación electrónica Artículo 14. Plazo para entender rechazadas las notificaciones practicadas por medios electrónicos. Las notificaciones que se realicen en los procedimientos de contratación y posibles recursos en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, se entenderán rechazadas con los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común, y normas concordantes, cuando, existiendo constancia de la puesta a disposición, transcurrieran cinco días naturales sin que se acceda a su contenido, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso. Artículo 14. Plazo para entender rechazadas las notificaciones practicadas por medios electrónicos. (Derogado). Se deroga por la disposición final 4.10 de la Ley 1/2021, de 11 de febrero. Ref. BOE-A-2021-4247#df-4 Artículo 15. Certificados acreditativos del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Para la acreditación del requisito de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como de la ausencia de toda deuda pendiente de pago con la Comunidad Autónoma de Aragón, la presentación de la propuesta por el interesado para concurrir en un procedimiento de contratación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y sus organismos públicos conllevará la autorización al órgano gestor para recabar los certificados a emitir tanto por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por la Tesorería General de la Seguridad Social, como por los órganos de la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma de Aragón. Artículo 15. Certificados acreditativos del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Para la acreditación del requisito de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como de la ausencia de toda deuda pendiente de pago con la Comunidad Autónoma de Aragón, la presentación de la propuesta por el interesado para concurrir en un procedimiento de contratación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y sus organismos públicos conllevará la autorización al órgano gestor para recabar los certificados a emitir tanto por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por la Tesorería General de la Seguridad Social como por los órganos de la Administración tributaria de la Comunidad Autónoma de Aragón y, siempre que sea posible, por los órganos tributarios locales. Se modifica por la disposición final 4.11 de la Ley 1/2021, de 11 de febrero. Ref. BOE-A-2021-4247#df-4 Artículo 16. Acreditación de la identidad de personas físicas. 1. A efectos de comprobación de los datos de identificación personal en los procedimientos de contratación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y sus organismos públicos, no se exigirá la aportación de fotocopias del documento nacional de identidad. Así, la presentación de la propuesta por el interesado para concurrir en un procedimiento de contratación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y sus organismos públicos conllevará el consentimiento para que el órgano gestor realice las comprobaciones correspondientes. 2. La comprobación o constancia de los datos de identidad en dichos procedimientos se realizará mediante el Sistema de Verificación de Datos de Identidad. 3. Si de la comprobación efectuada resultara alguna discordancia con los datos facilitados por el propio interesado, la Mesa de contratación o el servicio gestor competente solicitará al interesado la presentación de la documentación identificativa correspondiente. CAPÍTULO V El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón Artículo 17. Naturaleza y competencias. 1. El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón es un órgano colegiado especializado, adscrito orgánicamente al Departamento competente en materia de contratación pública, que goza de plena independencia funcional en el ejercicio de sus competencias de revisión de los procedimientos de contratación promovidos por las entidades mencionadas en el artículo 2 de esta Ley. 2. El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón es competente para:
63. a)Conocer y resolver los recursos especiales en materia de contratación a que se refiere el artículo 310 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
64. b)Conocer y resolver las cuestiones de nulidad contractual establecidas en los supuestos especiales del artículo 37 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
65. c)Adoptar las decisiones pertinentes sobre las medidas cautelares o provisionales que se puedan solicitar por las personas legitimadas en los procedimientos anteriormente establecidos.
66. d)Conocer y resolver las reclamaciones y cuestiones de nulidad que se interpongan en los supuestos previstos en los artículos 101 y 109 de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, así como adoptar las decisiones pertinentes sobre las medidas cautelares o provisionales que se puedan solicitar en tales casos. Artículo 17. Naturaleza y competencias. 1. El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón es un órgano colegiado especializado, adscrito orgánicamente al Departamento competente en materia de contratación pública, que goza de plena independencia funcional en el ejercicio de sus competencias de revisión de los procedimientos de contratación promovidos por las entidades mencionadas en el artículo 2 de esta Ley. 2. El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón es competente para:
67. a)Conocer y resolver los recursos especiales en materia de contratación a que se refiere el artículo 40 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, así como para los contratos de obras de importe superior a 1.000.000 de euros y de suministros y servicios superior a los 100.000 euros, en tanto se considera que tienen carácter transfronterizo.
68. b)Conocer y resolver las cuestiones de nulidad contractual establecidas en los supuestos especiales del artículo 37 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
69. c)Adoptar las decisiones pertinentes sobre las medidas cautelares o provisionales que se puedan solicitar por las personas legitimadas en los procedimientos anteriormente establecidos.
70. d)Conocer y resolver las reclamaciones y cuestiones de nulidad que se interpongan en los supuestos previstos en los artículo 101 y 109 de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, así como adoptar las decisiones pertinentes sobres las medidas cautelares o provisionales que se puedan solicitar en tales casos. Se modifica por el art. 33.5 de la Ley 3/2012, de 8 de marzo. Ref. BOE-A-2012-5203 Redactado el apartado
71. d)conforme a la corrección de errores publicada en el BOA núm. 120, de 21 de junio de 2012. Ref. BOE-A-2012-9065 Artículo 17. Naturaleza y competencias. 1. El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón es un órgano colegiado especializado, adscrito orgánicamente al Departamento competente en materia de contratación pública, que goza de plena independencia funcional en el ejercicio de sus competencias de revisión de los procedimientos de contratación promovidos por las entidades mencionadas en el artículo 2 de esta Ley. 2. El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón es competente para:
72. a)Conocer y resolver los recursos especiales en materia de contratación a que se refiere el artículo 40 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, así como para los contratos de obras de valor estimado superior a 1.000.000 de euros y de suministros y servicios superior a los 100.000 euros.
73. b)Conocer y resolver las cuestiones de nulidad contractual establecidas en los supuestos especiales del artículo 37 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
74. c)Adoptar las decisiones pertinentes sobre las medidas cautelares o provisionales que se puedan solicitar por las personas legitimadas en los procedimientos anteriormente establecidos.
75. d)Conocer y resolver las reclamaciones y cuestiones de nulidad que se interpongan en los supuestos previstos en los artículo 101 y 109 de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, así como adoptar las decisiones pertinentes sobres las medidas cautelares o provisionales que se puedan solicitar en tales casos. Se modifica el apartado 2.
76. a)por el art. 29.1 de la Ley 10/2012, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2013-1424 Se modifica por el art. 33.5 de la Ley 3/2012, de 8 de marzo. Ref. BOE-A-2012-5203 Redactado el apartado
77. d)conforme a la corrección de errores publicada en el BOA núm. 120, de 21 de junio de 2012. Ref. BOE-A-2012-9065 Artículo 17. Naturaleza y competencias. 1. El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón es un órgano colegiado especializado, adscrito orgánicamente al Departamento competente en materia de contratación pública, que goza de plena independencia funcional en el ejercicio de sus competencias de revisión de los procedimientos de contratación promovidos por las entidades mencionadas en el artículo 2 de esta Ley. 2. El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón es competente para:
78. a)Conocer y resolver los recursos especiales en materia de contratación a que se refiere el artículo 40 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, así como para los contratos de obras de valor estimado superior a 200.000 euros y de suministros y servicios superior a 60.000 euros.
79. b)Conocer y resolver las cuestiones de nulidad contractual establecidas en los supuestos especiales del artículo 37 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
80. c)Adoptar las decisiones pertinentes sobre las medidas cautelares o provisionales que se puedan solicitar por las personas legitimadas en los procedimientos anteriormente establecidos.
81. d)Conocer y resolver las reclamaciones y cuestiones de nulidad que se interpongan en los supuestos previstos en los artículo 101 y 109 de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, así como adoptar las decisiones pertinentes sobres las medidas cautelares o provisionales que se puedan solicitar en tales casos. 3. De resultas del ejercicio de sus competencias, el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón pondrá en conocimiento de las instituciones competentes en materia de competencia, auditoría y fiscalización o tributaria los hechos que pudieran ser constitutivos de infracciones propias de los ámbitos de dichas instituciones. Se modifica el apartado 2.a)y se añade el apartado 3 por la disposición final 2.7 y 8 de la Ley 5/2017, de 1 de junio. Ref. BOE-A-2017-10292#df-2 Se modifica el apartado 2.
82. a)por el art. 29.1 de la Ley 10/2012, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2013-1424 Se modifica por el art. 33.5 de la Ley 3/2012, de 8 de marzo. Ref. BOE-A-2012-5203 Redactado el apartado
83. d)conforme a la corrección de errores publicada en el BOA núm. 120, de 21 de junio de 2012. Ref. BOE-A-2012-9065 Artículo 17. Naturaleza y competencias. 1. El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón es un órgano colegiado especializado, adscrito orgánicamente al Departamento competente en materia de contratación pública, que goza de plena independencia funcional en el ejercicio de sus competencias de revisión de los procedimientos de contratación promovidos por las entidades mencionadas en el artículo 2 de esta Ley. 2. El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón es competente para:
84. a)Conocer y resolver los recursos especiales en materia de contratación a que se refiere la legislación básica en materia de contratación pública vigente.
85. b)Adoptar las decisiones pertinentes sobre las medidas cautelares o provisionales que se puedan solicitar por las personas legitimadas en los procedimientos anteriormente establecidos.
86. c)Conocer y resolver las reclamaciones y cuestiones de nulidad que se interpongan en los supuestos previstos en la legislación básica en materia de contratación pública vigente sobre los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, así como adoptar las decisiones pertinentes sobre las medidas cautelares o provisionales que se puedan solicitar en tales casos. 3. De resultas del ejercicio de sus competencias, el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón pondrá en conocimiento de las instituciones competentes en materia de competencia, auditoría y fiscalización o tributaria los hechos que pudieran ser constitutivos de infracciones propias de los ámbitos de dichas instituciones. Se modifica el apartado 2 por la disposición final 4.12 de la Ley 1/2021, de 11 de febrero. Ref. BOE-A-2021-4247#df-4 Se modifica el apartado 2.a)y se añade el apartado 3 por la disposición final 2.7 y 8 de la Ley 5/2017, de 1 de junio. Ref. BOE-A-2017-10292#df-2 Se modifica el apartado 2.
87. a)por el art. 29.1 de la Ley 10/2012, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2013-1424 Se modifica por el art. 33.5 de la Ley 3/2012, de 8 de marzo. Ref. BOE-A-2012-5203 Redactado el apartado
88. d)conforme a la corrección de errores publicada en el BOA núm. 120, de 21 de junio de 2012. Ref. BOE-A-2012-9065 Artículo 18. Composición del Tribunal. 1. El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón estará compuesto por un Presidente y dos vocales. 2. La designación del Presidente y los vocales de este Tribunal se realizará, previa convocatoria pública, por Decreto del Gobierno de Aragón, previa información a las Cortes de Aragón y a propuesta del Consejero competente en materia de contratación pública. 3. La designación del Presidente se realizará entre funcionarios de carrera de cuerpos y escalas del grupo A con la titulación en Derecho, que hayan desempeñado su actividad profesional por tiempo superior a quince años en la rama de Derecho Administrativo relacionada directamente con la contratación pública. 4. La designación de los vocales se realizará entre funcionarios de carrera de cuerpos y escalas del grupo A con la titulación en Derecho, que hayan desempeñado su actividad profesional por tiempo superior a diez años en la rama de Derecho Administrativo relacionada directamente con la contratación pública. Al menos uno de los vocales será funcionario de la Administración local. Artículo 18. Composición del Tribunal. 1. El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón estará compuesto por un Presidente y do