Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Racionalización del Sector Público

200 ok LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado la siguiente Ley, que yo, en nombre del Rey, promulgo.

PREÁMBULO La presente ley regula diversas medidas fiscales, administrativas y de racionalización del sector público, íntimamente vinculadas a la consecución de los objetivos de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2011 y a la política económica a desarrollar en el próximo ejercicio presupuestario. Como en otras ocasiones, el contenido de la ley lo constituyen las medidas de naturaleza tributaria que anualmente acompañan a la Ley de Presupuestos, así como otras medidas de diferente carácter que afectan al régimen contractual y de la hacienda de la Comunidad de Madrid, a su estructura organizativa y a la actividad administrativa que ésta desarrolla. Además, este año la especial situación de crisis económica, ha llevado a incorporar un conjunto adicional de medidas destinadas a racionalizar el sector público y reducir el gasto público.

La ley se estructura en tres grandes títulos que coinciden con los grupos de medidas que contiene la ley: medidas tributarias, medidas administrativas y medidas de racionalización del sector público.

I El título I contiene medidas tributarias que modifican parcialmente el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Madrid en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 21 de octubre.

En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se amplía el contenido de la deducción por gastos educativos y se prorrogan, con carácter indefinido, las deducciones para el fomento del autoempleo de jóvenes menores de treinta y cinco años y por inversiones realizadas en entidades cotizadas en el Mercado Alternativo Bursátil. Conviene recordar además, en relación con este impuesto, que la Comunidad de Madrid estableció, mediante la Ley 4/2009, de 20 de julio, de Medidas Fiscales contra la Crisis Económica, una garantía complementaria para asegurar a todos los madrileños el mantenimiento del disfrute a la deducción por vivienda habitual en el tramo autonómico. Dicha garantía se aplicará en el año 2011 como consecuencia de la decisión de la Administración General del Estado de eliminar esta deducción o reducirla para determinados contribuyentes.

Se rebaja el gravamen de la Tasa Fiscal sobre los Juegos de Suerte, Envite y Azar correspondiente a los juegos del bingo, bingo interconectado y bingo simultaneo, y se incrementa el porcentaje destinado a premios, para mejorar la situación del sector del bingo en la Comunidad de Madrid.

También se incluyen modificaciones de carácter técnico en el citado texto refundido, correspondientes a disposiciones vigentes del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos. En relación con el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se adapta la disposición transitoria primera a una norma con vigencia indefinida, como es el citado Texto Refundido. En relación con el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos se elimina el gravamen sobre el queroseno de calefacción, puesto que dicho gravamen ha sido suprimido por la regulación estatal del impuesto.

En relación a las tasas y en el ámbito del texto refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, se introducen modificaciones parciales en cuatro tasas ya existentes: la tasa por servicios administrativos de ordenación y gestión del juego; la tasa por solicitud de concesión y utilización de la etiqueta ecológica; la tasa por la cobertura del servicio de prevención y extinción de incendios y salvamentos de la Comunidad de Madrid y la tasa por inspecciones y controles sanitarios de animales y sus productos. Asimismo, se establecen dos nuevas tasas: la tasa por la realización de actividades competencia del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid que se crea en esta ley; y la tasa por actuaciones del Registro de Entidades Deportivas de la Comunidad de Madrid. El establecimiento de esta última tasa conlleva también una modificación parcial de la vigente tasa que integra las actuaciones de inscripción registral en supuestos no tipificados expresamente en el texto refundido ya citado.

Asimismo, en la parte final de la ley se establece una moratoria de cinco años en el pago de tasas a las personas físicas que ejerzan actividades económicas y a las empresas de reducida dimensión por razón de la prestación de servicios o realización de actividades administrativas vinculadas al inicio de sus actividades profesionales o empresariales.

II En el título II se contienen las modificaciones de la normativa administrativa que es necesario acometer y que responden a objetivos y finalidades diversas.

En el capítulo I se incluyen las modificaciones que afectan al régimen de la hacienda y la contratación.

En primer lugar, a los efectos de dar cumplimiento a la modificación legislativa operada por la Ley 34/2010, de 5 de agosto, se crea el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, con el que esta Comunidad Autónoma se dota de un órgano independiente para el conocimiento y resolución de los recursos, reclamaciones, solicitudes de medidas provisionales y cuestiones de nulidad en materia de contratación. Con ello se pretende articular un sistema de recursos rápido y eficaz que permita recurrir, en los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos, las infracciones legales que se puedan producir, con garantía de independencia, transparencia, igualdad y no discriminación, a través de un recurso específico que impida la celebración del contrato hasta que se produzca una resolución expresa.

También en este capítulo se modifica parcialmente el artículo 54 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, a los efectos de adaptar el funcionamiento de la Junta Superior de Hacienda, en cuanto órgano competente en la Comunidad de Madrid para la revisión en vía económico-administrativa, a las previsiones contenidas en la Ley 29/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad de Madrid y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.

Por último, se autoriza a la Comunidad Autónoma de Madrid a reafianzar los riesgos de crédito asumidos por sociedades de garantía recíproca de carácter general y domicilio social en la Comunidad de Madrid, derivados de las garantías otorgadas por éstas a sus socios partícipes. Con ello se pretende reforzar la solvencia de este tipo de entidades, minorando los recursos públicos destinados a su dotación de capital, y en definitiva, facilitar el acceso al crédito de las PYMES madrileñas en el marco de las políticas de apoyo a las mismas, tendentes a favorecer su desarrollo y potenciar su crecimiento, toda vez que se ha constatado un alto nivel de impacto de estas actuaciones en la economía madrileña, y en la creación de empleo en nuestra región.

En el capítulo II, bajo la rúbrica «Organización administrativa» y en aplicación de una política orientada a alcanzar formas cada vez más efectivas y eficientes de gestión del conjunto de recursos humanos, se crea un Registro de Órganos de Representación del Personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Madrid dependiente de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior.

Por otro lado, se modifica la Ley de creación de la Agencia Madrileña para la Emigración, ampliando de dos a cuatro años el plazo de vigencia del Plan de Ayuda para la Emigración para así contar con una mayor planificación que permita la puesta en marcha de las acciones previstas en él.

Además, se amplían las competencias de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, cuyo ámbito de actuación se extenderá también a las redes y servicios de telecomunicaciones vinculados a la plataforma del servicio 112.

En el capítulo III del título II se contienen, finalmente, las medidas de reforma de la normativa regional relativas a la actividad administrativa.

En él se inserta, en primer lugar, la modificación del régimen competencial sancionador por la comisión de faltas muy graves en materia de prevención de incendios, a fin de que los expedientes sancionadores a que den lugar sean incoados, tramitados y sancionados por los propios Municipios competentes en esta materia.

También se modifica el régimen sancionador de la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, al objeto de atribuir las competencias a la Administración Local, vinculada más directamente al ámbito de inspección y de régimen disciplinario en la materia.

Con la modificación de la Ley 5/2009, de 20 de octubre, de Ordenación del Transporte y la Movilidad por Carretera, se da cumplimiento al compromiso asumido por la Comunidad de Madrid en el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad de Madrid, de 16 de julio de 2010.

Las modificaciones que se plantean en la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, están orientadas a agilizar la tramitación de los procedimientos urbanísticos para variar la clase y categoría del suelo, como ya sucede en la mayoría de las leyes del suelo de las Comunidades Autónomas, y a posibilitar económicamente su desarrollo mediante la ejecución simultánea por fases de las obras de urbanización y edificación. Igualmente, se introducen medidas que tienen por objeto facilitar la implantación de equipamientos y servicios en los suelos cedidos a la Comunidad de Madrid para alcanzar una mayor eficiencia en la utilización de dichos suelos, flexibilizando el procedimiento para la modificación de los usos asignados a los mismos y limitando el carácter demanial de los bienes sobre los que se asientan a los supuestos expresamente previstos en la ley. Por otra parte, se potencia la rehabilitación posibilitando la flexibilidad de la normativa urbanística para que los Ayuntamientos faciliten la ejecución de las obras de rehabilitación.

Finalmente, se modifican la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid; la Ley 5/2002, de 27 de junio, sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos, y la Ley 3/2007, de 26 de julio, de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Madrid, con la finalidad de regular la responsabilidad solidaria de los padres, tutores, acogedores o guardadores legales de los menores de edad que sean mayores de catorce años y que sean sancionados por vertidos de residuos, consumo de bebidas alcohólicas, realización de grafitis, emisión de ruidos durante la práctica del botellón en horario nocturno u otros comportamientos de los usuarios de las vías y espacios públicos que perturben la convivencia ciudadana.

Además, por ser las autoridades más próximas a los ciudadanos, se determina la competencia de las Corporaciones Locales para incoar, instruir y resolver los expedientes sancionadores por venta y consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública fuera de los supuestos permitidos por la ley o la ordenanza municipal.

III La crisis económica que afecta a la economía española y a la madrileña ha supuesto una reducción de los ingresos no financieros, lo que ha obligado a profundizar en el plan de ajuste de gastos que se ha intensificado desde 2008 y que ha permitido a la Comunidad de Madrid ser la única Comunidad Autónoma que cumplió el objetivo de estabilidad fijado para cada ejercicio.

La coyuntura económica en que se desenvuelven la economía española y la madrileña ha impulsado a la Administración regional a afianzar una política económica basada en el rigor de toda la actividad financiera y la austeridad en la formulación y ejecución de los presupuestos, dirigidos al cumplimiento de la normativa vigente en materia de estabilidad presupuestaria. En este contexto, sobre la base de los principios de eficiencia y racionalización, el Gobierno pretende dar un paso para la adecuación y reordenación de su sector público tanto administrativo como empresarial.

La reorganización del sector público constituye un instrumento fundamental de política económica, que permite adecuar el funcionamiento de las Administraciones Públicas y su Administración Institucional al entorno favorable o desfavorable en el que se encuentra.

La situación del sector público de la Comunidad de Madrid hace deseable un redimensionamiento que consiga una optimización de los recursos empresariales, racionalizar su gestión y mejorar su funcionamiento. Con ello, además, se da cumplimiento a los objetivos fijados por Europa y a los compromisos derivados de los Acuerdos adoptados en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre sostenibilidad de las finanzas públicas para el periodo 2010-2013.

De acuerdo con lo anterior, el título III concreta un Plan de racionalización del sector público madrileño, mediante la articulación de un conjunto de medidas que se explicitan a continuación.

En el capítulo I se incluyen disposiciones relativas a los derechos sindicales y al régimen de empleo temporal.

El capítulo II, atendiendo a razones organizativas y de política económica, acomete la modificación y simplificación de estructuras del sector público tanto administrativo como empresarial, adecuándolo a la realidad económica. Por tanto, se procede a la extinción de determinados organismos públicos, a la supresión de ciertos órganos administrativos y se realizan mandatos dirigidos a la reordenación de sociedades mercantiles, procediendo a su disolución o enajenando la participación de la Comunidad de Madrid. Asimismo, se dirigen mandatos a los patronatos de determinadas fundaciones, consorcios y fondos a fin de reordenar los mismos.

En primer lugar, se declara la extinción de los siguientes entes públicos y Entidades de Derecho público: Instituto Madrileño de Desarrollo, Consejo de la Mujer, Consejo de la Juventud, Instituto de Nutrición y Trastornos Alimentarios de la Comunidad de Madrid, así como los organismos autónomos de carácter administrativo Patronato Madrileño de Áreas de Montaña, Instituto Madrileño de Administración Pública y Agencia Financiera de Madrid.

En segundo lugar, se suprimen otros órganos colegiados de carácter consultivo que se relacionan en el Anexo de la ley y otros órganos como son el Defensor del Paciente y el Instituto Regional de las Cualificaciones.

Por último, en las disposiciones adicionales se recoge un mandato para que se proceda a la reordenación del sector público mercantil que se articulará, bien mediante la disolución de algunas de las sociedades anónimas de la Comunidad de Madrid; bien mediante la fusión de sociedades con otras ya existentes o bien a través de la enajenación de las participaciones que la Comunidad de Madrid tiene en dichas sociedades. Finalmente se incluyen otras disposiciones relativas a la reordenación de la Fundación Madrid por la Excelencia y consorcios.

TÍTULO I

Medidas fiscales

Artículo 1Modificación parcial del texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Madrid en materia de tributos cedidos por el Estado

Se modifican los preceptos que a continuación se indican del Texto Refundido de las Disposiciones Legales de la Comunidad de Madrid en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 21 de octubre.

Uno. El artículo 11 tendrá la siguiente redacción: «Artículo 11. Deducción por gastos educativos.

El 15 por 100 de los gastos de escolaridad.

El 10 por 100 de los gastos de enseñanza de idiomas.

El 5 por 100 de los gastos de adquisición de vestuario de uso exclusivo escolar.

Dos. El artículo 16 queda redactado de la siguiente forma: «Artículo 16. Deducción para el fomento del autoempleo de jóvenes menores de treinta y cinco años.

Los contribuyentes menores de treinta y cinco años que causen alta por primera vez en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores, previsto en el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, podrán aplicar una deducción en la cuota íntegra autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de 1.000 euros.

La deducción se practicará en el periodo impositivo en que se produzca el alta en el citado Censo y serán requisitos necesarios para la aplicación de la misma que la actividad se desarrolle principalmente en el territorio de la Comunidad de Madrid y que el contribuyente se mantenga en el citado Censo durante al menos un año desde el alta.»

Tres. El apartado 2 del artículo 18 pasará a tener la siguiente redacción: «2. Sólo tendrán derecho a la aplicación de la deducción establecida en el artículo 11 aquellos contribuyentes cuya base imponible, entendiendo como tal la suma de la base imponible general y la del ahorro, junto con la correspondiente al resto de miembros de su unidad familiar, no supere la cantidad en euros correspondiente a multiplicar por 30.000 el número de miembros de dicha unidad familiar.»

Cuatro. La previsión normativa del apartado 4 del artículo 3 del Real Decreto-ley 16/1977, de 25 de febrero, contenida en el apartado 2 del artículo 41.Uno, pasará a tener la siguiente redacción: «2. El tipo tributario aplicable a los juegos del bingo, bingo interconectado y bingo simultáneo será del 15 por 100, y el aplicable al del bingo electrónico será del 30 por 100.»

Cinco. Se suprime la letra f) del artículo 47.

Seis. La disposición transitoria primera tendrá el siguiente contenido: «Disposición transitoria primera. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

El plazo de permanencia de cinco años, establecido en el artículo 21.3, párrafo primero, resultará aplicable a los bienes o derechos adquiridos por transmisión mortis causa desde el 1 de enero de 2002.»

Siete. La disposición final segunda pasará a tener el siguiente contenido: «Disposición final segunda. Entrada en vigor de la deducción para el fomento del autoempleo de jóvenes menores de treinta y cinco años.

La deducción contemplada en el artículo 16 de esta Ley se aplicará a aquellos contribuyentes que causen alta por primera vez en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores previsto en el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, después del 23 de febrero de 2010.»

Ocho. La disposición final tercera tendrá la siguiente redacción: «Disposición final tercera. Entrada en vigor de la deducción por inversiones realizadas en entidades cotizadas en el Mercado Alternativo Bursátil.

La deducción contemplada en el artículo 17 de esta Ley se aplicará a aquellas inversiones con derecho a deducción que se realicen después del 23 de febrero de 2010.»

Artículo 2Modificación parcial del texto refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Madrid

Se modifican los preceptos que a continuación se detallan del Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre.

Uno. Dentro del artículo 32.1:

La tasa por la realización de actividades competencia del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, regulada en el capítulo XI de este título.»

Dos. Dentro de la tasa por servicios administrativos de ordenación y gestión del juego regulada en el capítulo V del título IV, se da nueva redacción al apartado 1 del artículo 54, que pasa a tener la siguiente redacción: «Artículo 54. Sujetos pasivos.

Tres. Dentro de la tasa por servicios administrativos de ordenación y gestión del juego, regulada en el capítulo V del título IV, y sin modificación de las cuantías en cada caso aplicables, se procede, en el artículo 56, a:

514.1. Autorización para la organización y comercialización de juegos y apuestas por medios o sistemas informáticos, interactivos o de comunicación a distancia.

514.2. Renovación, modificación o transmisión de la autorización para la organización y comercialización de juegos y apuestas por medios o sistemas informáticos, interactivos o de comunicación a distancia.»

Cuatro. Se crea una tasa por la realización de actividades competencia del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, dotándose, a tal efecto, de contenido al capítulo XI del título IV, con el siguiente tenor literal: «CAPÍTULO XI 11. Tasa por la realización de actividades competencia del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid

Artículo 87Hecho imponible

Constituye el hecho imponible de la tasa la realización de las siguientes actividades competencia del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, respecto a los procedimientos de contratación de los poderes adjudicadores y entidades contratantes que, en el artículo siguiente, se configuran como sujetos pasivos del tributo:

Artículo 88Sujetos pasivos

Son sujetos pasivos de la tasa:

Artículo 89Exenciones y bonificaciones

Artículo 90Tarifa

Tarifa 11.01. Por cada recurso especial en materia de contratación, reclamación o cuestión de nulidad contractual que se sometan a conocimiento y resolución del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid: 600 euros.

Artículo 91Devengo

La tasa se devenga cuando se remita el expediente al Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, con independencia de que el recurso especial, la reclamación o la cuestión de nulidad se presenten ante el propio Tribunal o ante el órgano de contratación o entidad contratante.

Artículo 92Devolución

Procederá la devolución de la tasa cuando, habiéndose ingresado la misma previamente, el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid declare que no es competente para conocer el asunto que se someta a su conocimiento y resolución.»

Cinco. Se modifica el capítulo XXXVII del título IV, donde se regula la tasa por solicitud de concesión de la etiqueta ecológica, pasando a tener dicho capítulo la siguiente redacción: «CAPÍTULO XXXVII 37. Tasa por solicitud de concesión de la etiqueta ecológica

Artículo 211Hecho imponible

Constituye el hecho imponible de la tasa la realización por la Comunidad de Madrid, de la tramitación, a petición del sujeto pasivo, de la solicitud de concesión de la etiqueta ecológica para un producto o servicio determinado.

Artículo 212Sujetos pasivos

Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, así como las Entidades a las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que soliciten la realización de la actividad que constituye su hecho imponible.

Artículo 213Tarifa

3701.1. Solicitud de concesión de la etiqueta ecológica, en general. Por solicitud de concesión: 750 euros.

3701.2. Solicitud de concesión de la etiqueta ecológica por pequeñas y medianas empresas y operadores en países en desarrollo. Por solicitud de concesión: 350 euros.

3701.3. Solicitud de concesión de la etiqueta ecológica por microempresas. Por solicitud de concesión: 200 euros.

Artículo 214Bonificaciones

La tarifa por solicitud de concesión de la etiqueta ecológica se reducirá en un 20 por 100, si el sujeto pasivo cuenta con la certificación EMAS o ISO 14.001, siempre que se comprometa expresamente a garantizar que sus productos con etiquetado ecológico cumplen los criterios de la etiqueta durante el periodo de validez del contrato y que este compromiso se incorpore de forma adecuada en los objetivos medioambientales del sistema de gestión ambiental. Los solicitantes conforme a la norma ISO 14.001 deberán demostrar cada año el cumplimiento de este compromiso. Los solicitantes registrados en el EMAS deberán remitir una vez por año una copia de su declaración medioambiental verificada.

Artículo 215Devengo

La tasa se devenga cuando se presente la solicitud que inicie la actuación administrativa, que no se realizará o tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente.

Artículo 216Autoliquidación y pago

Seis Dentro de la tasa por la cobertura del servicio de prevención y extinción de incendios y salvamentos de la Comunidad de Madrid, regulada en el capítulo XXXVIII del título IV, se modifica el apartado 2 del artículo 220, que pasa a tener la siguiente redacción: «2. De la cuota resultante se deducirán las compensaciones pactadas en los convenios de transferencia de medios personales y materiales, a los que se refiere el Texto Refundido de la Ley por la que se regulan los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto Legislativo 1/2006, de 28 de septiembre, así como en aquellos otros convenios de transferencia de medios materiales que, en el marco del mismo ámbito de actuación pública, puedan suscribirse previo informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda.»

Siete. Dentro de la tasa por inspecciones y controles sanitarios de animales y sus productos, regulada en el capítulo LIX del título IV, se modifica la letra b) del artículo 297.2, que pasa a tener la siguiente redacción: «b) Deducción de un 12 por 100 en el importe aplicable de la tasa cuando el establecimiento lleve a cabo los ensayos para la detección de la presencia de triquina previstos en el Reglamento (CE) n.º 2075/2005 de la Comisión, de 5 de diciembre de 2005, por el que se establecen normas específicas para los controles oficiales de la presencia de triquinas en la carne, en un laboratorio designado por la autoridad competente en materia de seguridad alimentaria a propuesta del sujeto pasivo de la tasa y que cumplan alguna de las siguientes condiciones:

Que se encuentre acreditado bajo las normas europeas identificadas en el punto 2 del artículo 12 del Reglamento (CE) n.º 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales y en el alcance de la misma figure el diagnóstico de triquina mediante alguno de los métodos identificados en el artículo 6 del Reglamento (CE) n.º 2075/2005 de la Comisión, de 5 de diciembre de 2005, por el que se establecen normas específicas para los controles oficiales de la presencia de triquinas en la carne.

Que no se encuentre acreditado pero se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 6 del Reglamento (CE) n.º 1162/2009 de la Comisión, de 30 de noviembre de 2009, por el que se establecen disposiciones transitorias para la aplicación de los Reglamentos (CE) n.º 853/2004, (CE) n.º 854/2004 y 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo.»

Ocho. Dentro de la tasa por ejecución de inspecciones, autorizaciones, emisión de informes e inscripciones registrales en supuestos no tipificados en el Texto Refundido, regulada en el capítulo LXV del título IV, se suprime, en el artículo 338, y dentro del apartado 3, el punto 3.2, que queda sin contenido.

Nueve. Se crea una nueva tasa por actuaciones del Registro de Entidades Deportivas de la Comunidad de Madrid y, a tal efecto, se crea, dentro del título IV, un nuevo capítulo LXXXII, con el siguiente tenor literal: «CAPÍTULO LXXXII 82. Tasa por actuaciones del Registro de Entidades Deportivas de la Comunidad de Madrid

Artículo 412Hecho imponible

Constituye el hecho imponible de la tasa tanto la solicitud de instrucción de expedientes relacionados con entidades deportivas como la solicitud de cualquier información, informe o publicidad de datos que obren en el Registro de Entidades Deportivas de la Comunidad de Madrid.

Artículo 413Sujetos pasivos

Son sujetos pasivos de la tasa las personas que soliciten la prestación del servicio que integra su hecho imponible.

Artículo 414Exenciones

Están exentas del pago de la tasa las federaciones deportivas y agrupaciones de clubes inscritas en el Registro de Entidades Deportivas de la Comunidad de Madrid.

Asimismo, están exentas del pago de la tasa las solicitudes de información efectuadas por órganos de la Comunidad de Madrid y por los órganos con competencias en materia de deporte de cualquier otra Administración Pública.

Artículo 415Tarifas

La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas:

Tarifa 82.01. Por actuaciones del Registro de Entidades Deportivas de la Comunidad de Madrid.

8201.1. Inscripción de la constitución, de la extinción y de la baja registral de entidades deportivas, e inscripción de modificaciones de estatutos de entidades deportivas: 50,00 euros.

8201.2. Inscripción de cambio de domicilio, de denominación de entidades deportivas, así como cualquier otra modificación registral: 25,00 euros.

8201.3. Anotación de la junta directiva y demás órganos de gobierno de las entidades deportivas: 20,00 euros.

8201.4. Anotación de altas y bajas en modalidades deportivas y en federaciones deportivas o agrupaciones de clubes, así como cualesquiera otras anotaciones relativas a las entidades deportivas inscritas en el Registro de Entidades Deportivas: 10,00 euros.

8201.5. Depósito de reglamentos y demás documentos no incluidos en ningún otro epígrafe del presente artículo: 10,00 euros.

8201.6. Emisión de informes: 40,00 euros.

8201.7. Expedición de certificaciones y notas informativas sobre cualquier dato obrante en el Registro de Entidades Deportivas: 10,00 euros.

8201.8. Consulta de datos obrantes en el Registro de Entidades Deportivas: 5,00 euros.

8201.9. Tramitación de expedientes sobre reconocimiento de asociaciones de utilidad pública: 50,00 euros.

Artículo 416Devengo

La tasa se devenga cuando se presente la solicitud que inicie la actuación administrativa, que no se realizará o tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente.»

TÍTULO II

Medidas administrativas

CAPÍTULO I

Hacienda y contratación

Artículo 3Creación del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid

Los supuestos y actos recurribles, así como el régimen de legitimación, interposición, planteamiento, tramitación, resolución, efectos y consecuencias jurídicas de los procedimientos señalados en las letras anteriores serán los establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público y en la Ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y sus normas de desarrollo.

El Presidente del Tribunal deberá ser funcionario de carrera de cuerpo o escala para cuyo acceso sea requisito necesario el título de licenciado o grado en Derecho y haber desempeñado su actividad profesional por tiempo superior a diez años, preferentemente en el ámbito del Derecho Administrativo relacionado directamente con la contratación pública.

La designación de los vocales del Tribunal se realizará entre funcionarios de carrera de cuerpos y escalas a los que se acceda con título de licenciado o de grado y que hayan desempeñado su actividad profesional por tiempo superior a diez años, preferentemente en el ámbito del Derecho Administrativo relacionado directamente con la contratación pública.

En el caso de que el Presidente o los vocales fueran designados entre funcionarios de carrera incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, éstos deberán pertenecer a cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1 del artículo 76 de dicha Ley.

El Presidente y los vocales desempeñarán su función en régimen de dedicación exclusiva, como medio de garantizar su independencia, imparcialidad y total objetividad.

La duración de los nombramientos efectuados de conformidad con este apartado será de seis años y no podrá prorrogarse. Ello no obstante, la primera renovación del Tribunal se hará de forma parcial a los tres años del nombramiento. A este respecto, antes de cumplirse el plazo indicado se determinará, mediante sorteo, el vocal que deba cesar.

Los designados tendrán carácter independiente e inamovible y no podrán ser removidos de sus puestos sino por las causas siguientes:

La remoción por las causas previstas en las letras c), d), e) y f) se acordará por el Gobierno de la Comunidad de Madrid previo expediente.

Cesado un miembro del Tribunal por expiración de su mandato o renuncia deberá continuar en el ejercicio de sus funciones hasta que tome posesión de su cargo el que lo haya de sustituir.

El Tribunal será competente para recibir, tramitar y resolver los recursos especiales en materia de contratación, las reclamaciones, las medidas provisionales y los supuestos especiales de nulidad que se interpongan o planteen desde el día de la publicación de esta Ley en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid».

Las resoluciones del Tribunal agotan la vía administrativa y pueden ser recurridas ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

La Consejería en que se integra orgánicamente prestará apoyo técnico y administrativo al Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.

Los miembros del Tribunal percibirán sus retribuciones con cargo al presupuesto de gastos de la Comunidad de Madrid.

Las comunicaciones entre el Tribunal y los órganos de contratación o las entidades contratantes se harán, siempre que sea posible, por medios informáticos, electrónicos o telemáticos.

Las notificaciones a los recurrentes y demás interesados intervinientes en los procedimientos indicados en el apartado 2, se efectuarán por medios telemáticos cuando así lo soliciten o cuando lo hubiesen admitido durante la tramitación del procedimiento de adjudicación, en el caso de haber intervenido en él, y dispongan de una dirección electrónica en el Sistema de Notificaciones Telemáticas de la Comunidad de Madrid.

Las mencionadas instituciones y demás entidades y organismos de la Comunidad de Madrid no incluidos en el apartado 2 de este artículo, podrán atribuir al Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, las competencias señaladas en las letras a), b) y c) del citado apartado, mediante la celebración del correspondiente convenio con la Consejería competente en materia de coordinación de la contratación pública, en el que se estipulen las condiciones en que sufragarán los gastos derivados de esta asunción de competencias.

Artículo 3Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid

Uno. Definición.

El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid es un órgano administrativo colegiado, adscrito orgánicamente a la Consejería competente en materia de contratación pública, que actuará con plena independencia funcional y objetividad en su función revisora en el ámbito de la contratación pública.

Dos. Composición y designación.

Los Vocales del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid deberán ser funcionarios pertenecientes a cuerpos y escalas del subgrupo A.1 para cuyo acceso sea requisito necesario el título de licenciado o de grado. Deberán acreditar que han desempeñado su actividad profesional por tiempo superior a diez años como funcionario de carrera en cualquiera de las Administraciones Públicas y en el ámbito del Derecho administrativo relacionado directamente con la contratación pública.

Los miembros del Tribunal percibirán sus retribuciones con cargo al presupuesto de gastos de la Comunidad de Madrid.

Tres. Selección.

La convocatoria establecerá un mínimo de cinco categorías de méritos que permitan valorar los conocimientos y la experiencia profesional en materias de la competencia del Tribunal, especialmente y por orden decreciente:

1.º Antigüedad en el desempeño de funciones relacionadas con la contratación pública.

2.º Experiencia en la participación en mesas de contratación u órganos similares.

3.º Experiencia en la redacción de pliegos de contratación pública o en la emisión de informes sobre los mismos.

4.º Titulación académica relacionado con la contratación pública.

5.º Publicaciones relacionadas con la contratación pública.

Los méritos señalados se valorarán preferentemente en su proyección sobre procedimiento de contratación sujetos a regulación armonizada.

Asimismo, la convocatoria establecerá los criterios que habrán de aplicarse en caso de empate de puntuaciones.

Cuatro. Pérdida de la condición de miembro del Tribunal.

La remoción por las causas previstas en las letras c), d) y e) se acordará por el titular de la Consejería a la que esté adscrito orgánicamente el Tribunal, previo expediente instruido al efecto, con audiencia al interesado y previa comunicación a la Asamblea de Madrid.

Cinco. Ámbito de actuación y competencia.

Los supuestos y actos recurribles, así como el régimen de legitimación, interposición, planteamiento, tramitación, resolución, efectos y consecuencias jurídicas de los procedimientos señalados en las letras anteriores serán los establecidos en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y en la Ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y sus normas de desarrollo.

Seis. Organización.

El Secretario asistirá a las reuniones del Tribunal con voz pero sin voto y ejercerá las funciones propias del secretario de un órgano colegiado, de acuerdo con la normativa reguladora del régimen jurídico de las Administraciones públicas; así mismo, dirigirá y coordinará los servicios administrativos e impulsará los procedimientos, supervisando la tramitación de los recursos y reclamaciones que se presenten ante el Tribunal, así como la realización de las notificaciones.

Siete. Régimen de funcionamiento.

Ocho. Compensación por la realización de actividades competencia del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.

En compensación por la realización de las actividades del Tribunal se exigirá una compensación de los siguientes organismos y entidades contratantes que pudieran ser recurridos, por los asuntos que se sometan al conocimiento y resolución del Tribunal respecto de los procedimientos de contratación de aquellos:

Nueve. Régimen especial de revisión de decisiones en materia de contratación y supuestos especiales de nulidad de la Asamblea de Madrid e instituciones autonómicas dependientes.

Los órganos competentes de la Asamblea de Madrid, la Cámara de Cuentas y demás instituciones y órganos vinculados o dependientes de la Asamblea establecerán, en su caso, el órgano que deba conocer, en su ámbito de contratación del recurso especial regulado en el Libro I del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, respetando las condiciones de cualificación, independencia e inamovilidad previstas en dicho Libro.

Las mencionadas instituciones y demás entidades y organismos de la Comunidad de Madrid no incluidos en el apartado Cinco.1 de este artículo podrán atribuir al Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, las competencias señaladas en las letras a), b) y c) del número 1 del citado apartado, mediante la celebración del correspondiente convenio con la Consejería competente en materia de coordinación de la contratación pública, en el que se estipulen las condiciones en que sufragarán los gastos derivados de esta asunción de competencias.

Se modifica por el art. único de la Ley 5/2016, de 22 de julio. Ref. BOE-A-2016-11098.

Artículo 3Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid

Uno. Definición.

El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid es un órgano administrativo colegiado, adscrito orgánicamente a la Consejería competente en materia de contratación pública, que actuará con plena independencia funcional y objetividad en su función revisora en el ámbito de la contratación pública.

Dos. Composición y designación.

Los Vocales del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid deberán ser funcionarios pertenecientes a cuerpos y escalas del subgrupo A.1 para cuyo acceso sea requisito necesario el título de licenciado o de grado. Deberán acreditar que han desempeñado su actividad profesional por tiempo superior a diez años como funcionario de carrera en cualquiera de las Administraciones Públicas y en el ámbito del Derecho administrativo relacionado directamente con la contratación pública.

Los miembros del Tribunal percibirán sus retribuciones con cargo al presupuesto de gastos de la Comunidad de Madrid.

Tres. Selección.

La convocatoria establecerá un mínimo de cinco categorías de méritos que permitan valorar los conocimientos y la experiencia profesional en materias de la competencia del Tribunal, especialmente y por orden decreciente:

1.º Antigüedad en el desempeño de funciones relacionadas con la contratación pública.

2.º Experiencia en la participación en mesas de contratación u órganos similares.

3.º Experiencia en la redacción de pliegos de contratación pública o en la emisión de informes sobre los mismos.

4.º Titulación académica relacionado con la contratación pública.

5.º Publicaciones relacionadas con la contratación pública.

Los méritos señalados se valorarán preferentemente en su proyección sobre procedimiento de contratación sujetos a regulación armonizada.

Asimismo, la convocatoria establecerá los criterios que habrán de aplicarse en caso de empate de puntuaciones.

Cuatro. Pérdida de la condición de miembro del Tribunal.

La remoción por las causas previstas en las letras c), d) y e) se acordará por el titular de la Consejería a la que esté adscrito orgánicamente el Tribunal, previo expediente instruido al efecto, con audiencia al interesado y previa comunicación a la Asamblea de Madrid.

Cinco. Ámbito de actuación y competencia.

Los supuestos y actos recurribles, así como el régimen de legitimación, interposición, planteamiento, tramitación, resolución, efectos y consecuencias jurídicas de los procedimientos señalados en las letras anteriores serán los establecidos en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y en la Ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y sus normas de desarrollo.

La imposición de sanciones corresponde a la Presidencia de la Comunidad de Madrid en el caso de las infracciones cometidas por los Consejeros y al Consejo de Gobierno cuando las infracciones se cometan por el resto de los altos cargos.

Será de aplicación el procedimiento administrativo sancionador previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en la normativa reguladora del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común y las normas procedimentales contenidas en el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora por la Administración de la Comunidad de Madrid aprobado por Decreto 245/2000, de 16 de noviembre.

Seis. Organización.

El Secretario asistirá a las reuniones del Tribunal con voz pero sin voto y ejercerá las funciones propias del secretario de un órgano colegiado, de acuerdo con la normativa reguladora del régimen jurídico de las Administraciones públicas; así mismo, dirigirá y coordinará los servicios administrativos e impulsará los procedimientos, supervisando la tramitación de los recursos y reclamaciones que se presenten ante el Tribunal, así como la realización de las notificaciones.

Siete. Régimen de funcionamiento.

Ocho. Compensación por la realización de actividades competencia del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.

En compensación por la realización de las actividades del Tribunal se exigirá una compensación de los siguientes organismos y entidades contratantes que pudieran ser recurridos, por los asuntos que se sometan al conocimiento y resolución del Tribunal respecto de los procedimientos de contratación de aquellos:

Nueve. Régimen especial de revisión de decisiones en materia de contratación y supuestos especiales de nulidad de la Asamblea de Madrid e instituciones autonómicas dependientes.

Los órganos competentes de la Asamblea de Madrid, la Cámara de Cuentas y demás instituciones y órganos vinculados o dependientes de la Asamblea establecerán, en su caso, el órgano que deba conocer, en su ámbito de contratación del recurso especial regulado en el Libro I del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, respetando las condiciones de cualificación, independencia e inamovilidad previstas en dicho Libro.

Las mencionadas instituciones y demás entidades y organismos de la Comunidad de Madrid no incluidos en el apartado Cinco.1 de este artículo podrán atribuir al Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, las competencias señaladas en las letras a), b) y c) del número 1 del citado apartado, mediante la celebración del correspondiente convenio con la Consejería competente en materia de coordinación de la contratación pública, en el que se estipulen las condiciones en que sufragarán los gastos derivados de esta asunción de competencias.

Se modifican los apartados 2.4, 6.3 y se añade el 5.2 por el art. 32 de la Ley 11/2022, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2023-7343 Véase, en cuanto a la aplicación del apartado 2.4, lo establecido en la disposición transitoria 4 de la citada ley.

Se modifica por el art. único de la Ley 5/2016, de 22 de julio. Ref. BOE-A-2016-11098.

Artículo 3Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid

Uno. Definición.

El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid es un órgano administrativo colegiado, adscrito orgánicamente a la Consejería competente en materia de contratación pública, que actuará con plena independencia funcional y objetividad en su función revisora en el ámbito de la contratación pública.

Dos. Composición y designación.

Al vicepresidente, designado por el presidente y los vocales, le corresponde sustituir al presidente en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad.

Los Vocales del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid deberán ser funcionarios pertenecientes a cuerpos y escalas del subgrupo A.1 para cuyo acceso sea requisito necesario el título de licenciado o de grado. Deberán acreditar que han desempeñado su actividad profesional por tiempo superior a diez años como funcionario de carrera en cualquiera de las Administraciones Públicas y en el ámbito del Derecho administrativo relacionado directamente con la contratación pública.

Los miembros del Tribunal percibirán sus retribuciones con cargo al presupuesto de gastos de la Comunidad de Madrid.

Tres. Selección.

La convocatoria establecerá un mínimo de cinco categorías de méritos que permitan valorar los conocimientos y la experiencia profesional en materias de la competencia del Tribunal, especialmente y por orden decreciente:

1.º Antigüedad en el desempeño de funciones relacionadas con la contratación pública.

2.º Experiencia en la participación en mesas de contratación u órganos similares.

3.º Experiencia en la redacción de pliegos de contratación pública o en la emisión de informes sobre los mismos.

4.º Titulación académica relacionado con la contratación pública.

5.º Publicaciones relacionadas con la contratación pública.

Los méritos señalados se valorarán preferentemente en su proyección sobre procedimiento de contratación sujetos a regulación armonizada.

Asimismo, la convocatoria establecerá los criterios que habrán de aplicarse en caso de empate de puntuaciones.

Cuatro. Pérdida de la condición de miembro del Tribunal.

La remoción por las causas previstas en las letras c), d) y e) se acordará por el titular de la Consejería a la que esté adscrito orgánicamente el Tribunal, previo expediente instruido al efecto, con audiencia al interesado y previa comunicación a la Asamblea de Madrid.

Cinco. Ámbito de actuación y competencia.

Los supuestos y actos recurribles, así como el régimen de legitimación, interposición, planteamiento, tramitación, resolución, efectos y consecuencias jurídicas de los procedimientos señalados en las letras anteriores serán los establecidos en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y en la Ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y sus normas de desarrollo.

La imposición de sanciones corresponde a la Presidencia de la Comunidad de Madrid en el caso de las infracciones cometidas por los Consejeros y al Consejo de Gobierno cuando las infracciones se cometan por el resto de los altos cargos.

Será de aplicación el procedimiento administrativo sancionador previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en la normativa reguladora del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común y las normas procedimentales contenidas en el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora por la Administración de la Comunidad de Madrid aprobado por Decreto 245/2000, de 16 de noviembre.

Seis. Organización.

El Secretario asistirá a las reuniones del Tribunal con voz pero sin voto y ejercerá las funciones propias del secretario de un órgano colegiado, de acuerdo con la normativa reguladora del régimen jurídico de las Administraciones públicas; así mismo, dirigirá y coordinará los servicios administrativos e impulsará los procedimientos, supervisando la tramitación de los recursos y reclamaciones que se presenten ante el Tribunal, así como la realización de las notificaciones.

Siete. Régimen de funcionamiento.

Ocho. Compensación por la realización de actividades competencia del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.

En compensación por la realización de las actividades del Tribunal se exigirá una compensación de los siguientes organismos y entidades contratantes que pudieran ser recurridos, por los asuntos que se sometan al conocimiento y resolución del Tribunal respecto de los procedimientos de contratación de aquellos:

Nueve. Régimen especial de revisión de decisiones en materia de contratación y supuestos especiales de nulidad de la Asamblea de Madrid e instituciones autonómicas dependientes.

Los órganos competentes de la Asamblea de Madrid, la Cámara de Cuentas y demás instituciones y órganos vinculados o dependientes de la Asamblea establecerán, en su caso, el órgano que deba conocer, en su ámbito de contratación del recurso especial regulado en el Libro I del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, respetando las condiciones de cualificación, independencia e inamovilidad previstas en dicho Libro.

Las mencionadas instituciones y demás entidades y organismos de la Comunidad de Madrid no incluidos en el apartado Cinco.1 de este artículo podrán atribuir al Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, las competencias señaladas en las letras a), b) y c) del número 1 del citado apartado, mediante la celebración del correspondiente convenio con la Consejería competente en materia de coordinación de la contratación pública, en el que se estipulen las condiciones en que sufragarán los gastos derivados de esta asunción de competencias.

Se modifica el apartado Dos.1 por el art. 8 de la Ley 8/2024, de 26 de diciembre. Ref. BOE-A-2025-5523 Se modifican los apartados 2.4, 6.3 y se añade el 5.2 por el art. 32 de la Ley 11/2022, de 21 de diciembre. Ref. BOE-A-2023-7343 Véase, en cuanto a la aplicación del apartado 2.4, lo establecido en la disposición transitoria 4 de la citada ley.

Se modifica por el art. único de la Ley 5/2016, de 22 de julio. Ref. BOE-A-2016-11098.

Artículo 4Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid

Se adiciona un último párrafo al apartado 2 del artículo 54 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, con la siguiente redacción: «En el caso de las reclamaciones y recursos en materia de tributos cedidos del Estado se estará a lo que dispongan las leyes de cesión de tributos a las Comunidades Autónomas.»

Artículo 5Reafianzamiento de riesgos de sociedades de garantía recíproca

La Comunidad de Madrid podrá reafianzar los riesgos de crédito asumidos por sociedades de garantía recíproca de carácter general y domicilio social en la Comunidad de Madrid, derivados de las garantías otorgadas por éstas a sus socios partícipes.

El Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, establecerá las condiciones del reafianzamiento, que se instrumentará a través de un convenio a celebrar entre la Consejería de Economía y Hacienda y la sociedad de garantía recíproca correspondiente, cuya eficacia estará condicionada a la consignación presupuestaria de los créditos necesarios para atender el cumplimiento de las obligaciones que se deriven de aquéllos.

CAPÍTULO II

Organización administrativa

Artículo 6Creación de un Registro de Órganos de Representación del Personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Madrid

En el caso de delegados de personal la inscripción en el Registro será automática. En los restantes casos las resoluciones adoptadas no surtirán efectos hasta la inscripción en el Registro siendo este requisito necesario para el nombramiento o contratación de personal interino o temporal en sustitución de los empleados que, en su caso, resulten liberados.

Artículo 7Modificación parcial de la Ley 7/2007, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas

Se modifican los preceptos que a continuación se indican de la Ley 7/2007, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.

Uno. La letra b) del artículo 13.Ocho.2 queda redactada de la siguiente forma: «b) La elaboración y propuesta al Consejo de Administración, con carácter cuatrienal, del proyecto del Plan de Ayuda para la Emigración.»

Dos. La disposición adicional segunda tendrá la siguiente redacción: «Disposición adicional segunda. Plan de Ayuda para la Emigración de la Comunidad de Madrid.

Artículo 8Modificación parcial de la Ley 13/2002, de 20 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas

El apartado Once del artículo 17 de la Ley 13/2002, de 20 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, queda redactado en los siguientes términos: «Once. Equipos Informáticos.–A efectos de informática y comunicaciones de carácter general, el Organismo Autónomo ‘‘Madrid 112’’ queda incluido en el ámbito en el que la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, desarrolla sus competencias.

Las competencias derivadas de las redes y servicios de telecomunicaciones soporte de las comunicaciones entre los ciudadanos y los Centros Principal y de Respaldo del Servicio 112 y entre dichos Centros y los Remotos de los Organismos de Intervención en emergencias quedan incluidas en el ámbito de actuación de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid.

Las funciones de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid no se extienden a las competencias sobre los sistemas de información y comunicaciones soporte del Servicio 112 de la Comunidad de Madrid, del Centro Principal, del Centro de Respaldo y de Centros Remotos.»

CAPÍTULO III

Actividad administrativa

Artículo 9

Modificación parcial del Texto Refundido de la Ley por la que se regulan los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos de la Comunidad de Madrid El artículo 47 del Texto Refundido de la Ley por la que se regulan los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto Legislativo 1/2006, de 28 de septiembre, queda redactado de la siguiente forma: «Artículo 47. Órganos competentes.

Artículo 10Modificación parcial de la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas

Uno. El apartado 1 del artículo 31 de la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, queda redactado en los siguientes términos: «1. Verificada por la actuación inspectora la existencia de irregularidades, si las mismas no afectan a la seguridad de personas o bienes o al cumplimiento de los límites de aforo o de los horarios de apertura y cierre de los establecimientos se podrá conceder al interesado un plazo adecuado y suficiente para su subsanación.»

Dos. La letra a) del artículo 41.2 tendrá la siguiente redacción: «a) Multa comprendida entre 3.006 y 30.050 euros, salvo las infracciones tipificadas en los artículos 38.8 y 38.17, que serán sancionadas con una multa de hasta 60.101 euros.»

Tres. El artículo 43 tendrá la siguiente redacción: «Artículo 43. Competencias.

Artículo 11Modificación parcial de la Ley 5/2009, de 20 de octubre, de Ordenación del Transporte y la Movilidad por Carretera

Se suprime el apartado 4 del artículo 8 de la Ley 5/2009, de 20 de octubre, de Ordenación del Transporte y la Movilidad por Carretera, pasando el apartado 5 a ser apartado 4 y manteniendo su contenido.

Artículo 12Modificación parcial de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid

Se modifican los preceptos que a continuación se indican de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.

Uno. Se añade un último párrafo al apartado 1 del artículo 23 con la siguiente redacción: «En los casos de actuaciones en suelo urbanizable, el Ayuntamiento podrá autorizar la simultaneidad de la edificación de terrenos que todavía no tengan la condición de solar, con la ejecución de las obras de urbanización. La garantía a prestar por quien solicite la aplicación de dicho régimen será fijada de forma que alcance a cubrir el coste de ejecución de las obras de urbanización comprometidas.»

Dos. El apartado 2.º del artículo 36.2.b) queda redactado de la siguiente forma: «2.º Red de equipamientos sociales, tales como educativos, culturales, sanitarios, asistenciales, deportivos, recreativos, administrativos y demás usos de interés social.»

Tres. Se añade un segundo párrafo al apartado 1 del artículo 67, con la siguiente redacción: «También se exceptúan de esta regla las modificaciones promovidas por la Comunidad de Madrid que tengan por objeto modificar los usos asignados por el planeamiento regional territorial o por el planeamiento general a los terrenos integrantes de una red pública supramunicipal cedidos a la Comunidad de Madrid. Estas modificaciones se aprobarán mediante un Plan Especial que se tramitará de acuerdo a lo previsto en el artículo 59.3 de esta Ley, sin perjuicio de las medidas compensatorias que, en su caso, se adopten, de conformidad con lo establecido en el apartado siguiente, y cuya cuantía y destino se establecerá por la Comisión de Urbanismo de Madrid.»

Cuatro. El apartado 1 del artículo 68 tendrá la siguiente redacción: «1. Se entenderá por revisión de un plan general, la adopción de nuevos criterios que afecten a la totalidad del suelo del término municipal.»

Cinco. El apartado 2 del artículo 69 queda redactado de la siguiente forma: «2. Los Planes de Ordenación podrán modificarse en cualquier momento. Las modificaciones puntuales podrán variar tanto la clase como la categoría del suelo.

No se podrán disminuir las zonas verdes por debajo del estándar establecido en el artículo 36.»

Seis. El apartado 3 bis del artículo 91 queda redactado en los siguientes términos: «3 bis. Los suelos integrantes de las redes supramunicipales cedidos a la Comunidad de Madrid tendrán la condición de bienes patrimoniales salvo que una Ley les otorgue expresamente el carácter de bienes de dominio público.»

Siete. Se adiciona un nuevo apartado 4 en el artículo 168 con la redacción siguiente, pasando el actual apartado 4 a numerarse como 5: «4. Los Ayuntamientos facilitarán la ejecución de las obras de rehabilitación. Las modificaciones de la normativa urbanística que tengan por objeto la realización de obras de rehabilitación, adecuación o mejora funcional de los edificios podrán tramitarse conforme al procedimiento previsto en el artículo 57.f) de la presente ley.»

Ocho. Se suprime el apartado 3 del artículo 91, pasando el actual apartado 3 bis del mismo artículo a numerarse como apartado 3.

Nueve. Se suprime la sección 3.ª, «Ejecución sustitutoria en la construcción y edificación por incumplimiento de la función social de la propiedad», del capítulo III del título IV, con todo su articulado.

Diez. El apartado 2 del artículo 170 queda redactado de la siguiente forma: «2. El incumplimiento injustificado de las órdenes de ejecución habilitará a la Administración actuante para adoptar cualquiera de estas medidas:

Artículo 13Modificación parcial de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid

Se modifican los preceptos que a continuación se indican de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid.

Uno. Se añade una nueva letra c) al artículo 70.4, con el siguiente tenor literal: «c) Cuando se cometa la infracción leve tipificada en el artículo 73.b) consistente en el abandono o vertido en espacios públicos de residuos derivados del consumo privado, cuando dicha infracción sea cometida por menores de edad siempre que éstos tengan catorce años cumplidos en el momento de dicha comisión. La solidaridad por lo que se refiere al cumplimiento de la sanción de multa que pudiera recaer sobre el menor, se extenderá a los padres, tutores, acogedores o guardadores legales del menor de edad.»

Dos. La letra b) del artículo 73 pasará a tener la siguiente redacción: «b) El abandono o vertido en espacios públicos de residuos derivados del consumo privado.»

Artículo 14Modificación parcial de la Ley 5/2002, de 27 de junio, sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos

Se modifican los preceptos que a continuación se indican de la Ley 5/2002, de 27 de junio, sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos.

Uno. El apartado 4 del artículo 30 tendrá la siguiente redacción: «4. No se permitirá la venta, suministro o distribución minorista de bebidas alcohólicas realizada a través de establecimientos de cualquier clase en los que no esté autorizado el consumo, la de carácter ambulante y la efectuada a distancia, cuando tengan lugar durante el horario nocturno que se determine por cada Corporación Local, con excepción de los establecimientos definidos en el artículo 30 de la Ley 16/1999, de 29 de abril, de Comercio Interior de la Comunidad de Madrid. En defecto de normativa local, se entenderá por horario nocturno el comprendido entre las veintidós y las ocho horas del día siguiente.»

Dos. La letra b) del artículo 61.2 tendrá la siguiente redacción: «b) Los órganos de la Consejería de Sanidad previstos en el artículo 146 de la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, serán los competentes en los demás supuestos.

No obstante, la incoación, instrucción y resolución de los expedientes sancionadores por incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 30.3 corresponderá a las Corporaciones Locales competentes del lugar de la infracción.»

Tres. Se añade una nueva disposición adicional cuarta, con el siguiente tenor literal: «Disposición adicional cuarta.

Las sanciones derivadas de la comisión de la infracción leve tipificada en el artículo 55.2 de esta ley serán compatibles con las que corresponda imponer por la permanencia en concurrencia con grupos numerosos de personas en la vía o espacios públicos y en horario nocturno, con el fin de consumir bebidas fuera de los espacios autorizados, cuando se produzcan molestias a los vecinos a consecuencia de la actuación colectiva. En el caso de que el comportamiento sea cometido por un menor de edad con catorce años cumplidos en el momento de la comisión del ilícito, será exigible la responsabilidad solidaria regulada en el artículo 53.2.c) por lo que se refiere al cumplimiento de la sanción de multa que pudiera recaer sobre el menor.»

Artículo 15Modificación parcial de la Ley 3/2007, de 26 de julio, de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Madrid

Se modifican los preceptos que a continuación se indican de la Ley 3/2007, de 26 de julio, de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Madrid.

Uno. Se añade un último párrafo al artículo 20.4 con el siguiente tenor literal: «Responderán solidariamente tanto de la sanción de multa como de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados con los grafitis o pintadas los padres, tutores, acogedores o guardadores legales de los menores de edad que, de conformidad con las disposiciones legales aplicables penalmente, tengan la condición de sujetos imputables.»

Dos. Se añade un nuevo artículo 21 bis, con la siguiente redacción: «Artículo 21 bis. Comportamientos en la vía pública y en las instalaciones domésticas.

Aquellos comportamientos realizados por los usuarios de la vía pública y por los ocupantes de domicilios que perturben la convivencia ciudadana, serán sancionados de conformidad con las tipificaciones efectuadas al respecto por los Ayuntamientos en sus Ordenanzas.

Responderán solidariamente de la sanción de multa que se pudiera imponer a los menores de edad que, de conformidad con las disposiciones legales aplicables penalmente, tengan la condición de sujetos imputables, los padres, tutores, acogedores o guardadores legales.»

TÍTULO III

Medidas de racionalización del sector público

CAPÍTULO I

Recursos humanos

Artículo 16Derechos sindicales

Lo dispuesto en este apartado se considerará sin perjuicio de lo establecido en los apartados siguientes de este artículo.

Artículo 17Empleo temporal

A efectos del nombramiento de funcionarios interinos y contratación temporal en el ámbito de la Administración de la Comunidad de Madrid, y respetando los límites legales establecidos en materia de tasa de reposición de efectivos, podrá procederse a la cobertura de las vacantes pertenecientes a Cuerpos, Escalas o Categorías asistenciales o de servicios públicos esenciales, adscritas a sectores prioritarios, cuando las necesidades del servicio lo aconsejen, sin que sea precisa su vinculación previa a Oferta de Empleo Público, sin perjuicio de la aplicación de la legislación básica vigente en la materia y previa autorización de la Consejería competente en materia de Hacienda.

CAPÍTULO II

Racionalización de organismos autónomos, entidades de derecho público, entes públicos y órganos administrativos

Artículo 18Extinción del Instituto Madrileño de Desarrollo

Queda extinguido el Instituto Madrileño de Desarrollo, Entidad de Derecho Público de las previstas en el artículo 2.2.c).2) de la Ley 1/1984, de 19 de enero, reguladora de la Administración Institucional de la Comunidad de Madrid, creado por la Ley 12/1984, de 13 de junio, de creación del Instituto Madrileño de Desarrollo, integrándose el conjunto de los bienes, derechos y obligaciones resultantes de su extinción en la Comunidad de Madrid.

Artículo 19Extinción del Consejo de la Mujer

Queda extinguido el Consejo de la Mujer, Entidad de Derecho Público creada por la Ley 3/1993, de 2 de abril, de creación del Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid, integrándose el conjunto de los bienes, derechos y obligaciones resultantes de su extinción en la Consejería competente en materia de mujer.

Artículo 19Extinción del Consejo de la Mujer

(Derogado).

Se deroga por la disposición derogatoria única.h) de la Ley 9/2015, de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-2016-4510#ddunica.

Artículo 20Extinción del Consejo de la Juventud

Queda extinguido el Consejo de la Juventud, Entidad de Derecho Público creada por la Ley 11/2000, de 16 de octubre, de creación del Consejo de la Juventud, integrándose el conjunto de los bienes, derechos y obligaciones resultantes de su extinción en la Consejería competente en materia de juventud.

Artículo 20Extinción del Consejo de la Juventud

(Derogado).

Se deroga por la disposición derogatoria única.i) de la Ley 9/2015, de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-2016-4510#ddunica.

Artículo 21Extinción del Instituto de Nutrición y Trastornos Alimentarios de la Comunidad de Madrid

Queda extinguido el Instituto de Nutrición y Trastornos Alimentarios de la Comunidad de Madrid, Ente de Derecho Público de los previstos en el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, creado por el artículo 13 de la Ley 4/2006, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, integrándose el conjunto de bienes, derechos y obligaciones resultantes de su extinción en el Servicio Madrileño de Salud.

Artículo 22Extinción del Patronato Madrileño de Áreas de Montaña

Queda extinguido el Organismo Autónomo de carácter administrativo Patronato Madrileño de Áreas de Montaña creado por la Ley 9/1986, de 20 de noviembre, creadora del Patronato Madrileño de Áreas de Montaña, integrándose el conjunto de bienes, derechos y obligaciones resultantes de su extinción en la Consejería competente en materia de administración local.

Artículo 23Extinción del Instituto Madrileño de Administración Pública

Queda extinguido el Organismo Autónomo de carácter administrativo Instituto Madrileño de Administración Pública, creado por el artículo 3 de la Ley 15/1996, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, integrándose el conjunto de bienes, derechos y obligaciones resultantes de su extinción en la Consejería competente en materia de función pública.

Artículo 24Extinción de la Agencia Financiera de Madrid

Queda extinguido el Organismo Autónomo de carácter administrativo Agencia Financiera de Madrid, creado por la Ley 3/1997, de 8 de enero, integrándose el conjunto de bienes, derechos y obligaciones resultantes de su extinción en la Consejería competente en materia de política financiera.

Artículo 25Supresión de órganos colegiados

Quedan suprimidos los órganos colegiados que se relacionan en el Anexo de la presente ley.

Artículo 26Defensor del Paciente

Queda extinguido el Defensor del Paciente, órgano de la Administración Sanitaria creado y regulado por los artículos 36 a 39 de la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, integrándose el conjunto de bienes, derechos y obligaciones resultantes de su extinción en la Consejería competente en materia de atención al paciente.

Artículo 27Instituto Regional de las Cualificaciones