200 ok La Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, establece que la política de Seguridad Nacional es una política pública, en la que bajo la dirección del Presidente del Gobierno y la responsabilidad del Gobierno, participan todas las administraciones públicas, de acuerdo con sus respectivas competencias, y la sociedad en general, para responder a las necesidades de la Seguridad Nacional. Para materializar esta visión inclusiva del conjunto de los componentes del sector público, del sector privado y de la sociedad en su conjunto en la plasmación de la política de Seguridad Nacional, la citada ley prevé que la Estrategia de Seguridad Nacional se configure como el marco político estratégico de referencia de la Política de Seguridad Nacional. Asimismo, prevé que contendrá el análisis del entorno estratégico, la concreción de los riesgos y amenazas que afectan a la seguridad de España, la definición de las líneas de acción estratégicas en cada ámbito de actuación y la promoción de la optimización de los recursos existentes. A nivel procedimental, establece que será elaborada a iniciativa del Presidente del Gobierno, quien la someterá a la aprobación del Consejo de Ministros, y se revisará cada cinco años o cuando lo aconsejen las circunstancias cambiantes del entorno estratégico. Una vez aprobada, será presentada en las Cortes Generales y, en concreto, en la Comisión Mixta Congreso-Senado de Seguridad Nacional. En el año 2011 se aprobó la primera Estrategia Española de Seguridad al término de la IX Legislatura, sin margen temporal para su desarrollo. En la X Legislatura, y tras la adecuación de la estructura de la Presidencia del Gobierno que dio carta de naturaleza a la creación del Departamento de Seguridad Nacional, por Real Decreto 1119/2012, de 20 de julio, se procedió a la revisión de la Estrategia de 2011, que tras un proceso de amplio espectro, consensuado a nivel político y abierto a la sociedad, cristalizó el 31 de mayo de 2013 en una nueva Estrategia de Seguridad Nacional, estrategia que fue sustituida por la aprobada a propuesta del Presidente del Gobierno y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 1 de diciembre de 2017, vigente actualmente. El Presidente del Gobierno consideró que las circunstancias cambiantes, planteadas en España y en el mundo en general por la situación de la pandemia de la COVID-19 hacían necesario adelantar el periodo de renovación de la Estrategia de Seguridad Nacional vigente desde el año 2017 y, en la reunión del Consejo de Seguridad Nacional del 22 de junio de 2020, dio el mandato de iniciar la elaboración de una nueva estrategia, ahora materializada. A iniciativa del Presidente del Gobierno, el Consejo de Seguridad Nacional celebrado el día 6 de octubre de 2020 adoptó el Acuerdo por el que se aprueba el procedimiento para la elaboración de la Estrategia de Seguridad Nacional 2021, y que ha sido elaborada de acuerdo con las previsiones de la Ley de Seguridad Nacional. Las motivaciones que han impulsado la revisión de la vigente Estrategia se centran en la necesidad de adaptarla a la cambiante situación de los ámbitos de la Seguridad Nacional, sin olvidar el importante cambio operado por la pandemia de la COVID-19, que obligan a todos los poderes públicos a profundizar en la forma de garantizar los derechos y el bienestar de los ciudadanos, garantizando la defensa de España y sus principios y valores constitucionales. El texto de la nueva Estrategia, elaborado de conformidad con el procedimiento aprobado en el acuerdo antes mencionado, ha sido sometido a informe favorable del Consejo de Seguridad Nacional en su reunión celebrada el día 18 de noviembre de 2021. La aprobación de la Estrategia corresponde al Gobierno mediante real decreto según dispone el artículo 14.b) de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, a propuesta del Presidente del Gobierno, según lo establecido en el artículo 15.b) del mismo texto legal. En su virtud, a propuesta del Presidente del Gobierno, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 28 de diciembre de 2021, DISPONGO: Artículo único. Aprobación de la Estrategia de Seguridad Nacional 2021. Se aprueba la Estrategia de Seguridad Nacional 2021, la cual se configura como el marco político-estratégico de referencia de la política de Seguridad Nacional, y cuyo texto se incluye a continuación. Disposición derogatoria única. Derogación normativa. Queda derogado el Real Decreto 1008/2017, de 1 de diciembre, por el que se aprueba la Estrategia de Seguridad Nacional 2017. Disposición final primera. Títulos competenciales. Este real decreto se dicta al amparo de los títulos competenciales previstos en el artículo 149.1.4.ª y 29.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de Defensa y Fuerzas Armadas y en materia de seguridad pública, respectivamente. Disposición final segunda. Habilitación para el desarrollo reglamentario. Se autoriza al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo de este real decreto. Disposición final tercera. Entrada en vigor. El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Dado en Madrid, el 28 de diciembre de 2021. FELIPE R. El Presidente del Gobierno, PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN ESTRATEGIA DE SEGURIDAD NACIONAL 2021 El Consejo de Seguridad Nacional ha sido el órgano responsable de la elaboración de la Estrategia de Seguridad Nacional 2021, en cuyo proceso han participado los departamentos ministeriales y el Centro Nacional de Inteligencia. También han participado las Comunidades y Ciudades Autónomas a través de la Conferencia Sectorial para Asuntos de Seguridad Nacional. La Estrategia de Seguridad Nacional 2021 incluye asimismo las aportaciones de expertos independientes, personas de reconocido prestigio, conocimientos y experiencia en el campo de la seguridad. La coordinación del proceso ha sido llevada a cabo por el Departamento de Seguridad Nacional del Gabinete de la Presidencia del Gobierno en su condición de Secretaría Técnica y Órgano de Trabajo Permanente del Consejo de Seguridad Nacional. RESUMEN EJECUTIVO La Estrategia de Seguridad Nacional 2021 se estructura en cinco capítulos. El primer capítulo, titulado «Seguridad Global y Vectores de Transformación», analiza el contexto internacional de seguridad. La Estrategia identifica la pandemia de la COVID-19 como un factor que ha producido una aceleración de las principales dinámicas globales que afectan a la seguridad. Sin poder afirmar categóricamente que se trata de un cambio de era, sí que se percibe el momento actual como etapa de transición. La característica predominante es la incertidumbre sobre un futuro donde la transformación digital y la transición ecológica se configuran como las principales palancas de cambio en un escenario de mayor competición geopolítica. El segundo capítulo, «Una España Segura y Resiliente», traza un perfil de España y su seguridad. Desde su identificación como país de condición europea, mediterránea y atlántica, se realiza un recorrido geográfico, donde Europa, Magreb y Oriente Próximo, África Subsahariana, América del Norte, América Latina y el Caribe, y Asia-Pacífico se analizan desde el prisma de la Seguridad Nacional. El tercer capítulo recoge los riesgos y las amenazas a la Seguridad Nacional, cuyas principales características son su interrelación y dinamismo. De esta forma, el seguimiento de las conexiones entre riesgos resulta tan importante como su análisis de forma independiente. La principal actualización en el mapa de riesgos es la inclusión de las campañas de desinformación. Además, la tecnología y las estrategias híbridas son elementos transversales al conjunto de riesgos y amenazas a la Seguridad Nacional. El cuarto capítulo, titulado «Un Planeamiento Estratégico Integrado», establece tres objetivos, que marcan las prioridades de la Seguridad Nacional para este ciclo estratégico. El primer objetivo es avanzar en materia de gestión de crisis; el segundo objetivo es favorecer la dimensión de la seguridad de las capacidades tecnológicas y los sectores estratégicos; y el tercer objetivo es desarrollar la capacidad preventiva, de detección y respuesta frente a las estrategias híbridas. A continuación, la Estrategia traza tres ejes –proteger, promover y participar– sobre los que se estructuran las líneas de acción. Este planteamiento otorga especial relevancia al avance en la integración del Sistema de Seguridad Nacional y a la acción frente a situaciones de crisis. A los efectos de articular una política preventiva, se identifica como área clave el establecimiento de un sistema de alerta temprana, sobre una base tecnológica, que proporcione indicadores para todos los ámbitos de la Seguridad Nacional. La Estrategia de Seguridad Nacional 2021 plantea iniciativas necesarias, como por ejemplo, la creación de una reserva estratégica basada en capacidades nacionales de producción industrial o el desarrollo de un plan integral de seguridad para Ceuta y Melilla. En el plano internacional, España apuesta por una mayor autonomía estratégica europea, donde al impulso de la Política Común de Seguridad y Defensa y del espacio de libertad, seguridad y justicia se unen la mejora de la seguridad sanitaria, el avance en la unión energética o el mayor protagonismo de la Unión Europea en la gestión de crisis transfronterizas. Además, en materia de seguridad colectiva, la revisión estratégica de la OTAN supondrá un hito importante, que incluirá la colaboración con la Unión Europea como una de sus líneas de acción. Finalmente, el quinto capítulo está dedicado a la gestión de crisis en el marco del Sistema de Seguridad Nacional, con un enfoque que parte de una visión del principio de resiliencia que incluye la progresión desde una situación de normalidad hasta la recuperación después de una situación de crisis. El avance en la integración del Sistema se materializa en actuaciones concretas. La primera de ellas es la elaboración de un catálogo de recursos de la Seguridad Nacional. La segunda es la preparación de planes de respuesta para determinados escenarios. La tercera es el desarrollo de un sistema de alerta temprana y análisis con indicadores que faciliten la toma de decisiones basada en datos objetivos concretos. La cuarta medida hace referencia a la integración de la información de la Seguridad Nacional a través de soluciones tecnológicas. La mejora de las comunicaciones especiales de la Presidencia del Gobierno es la quinta medida, que contribuirá a la eficiencia del Sistema de Seguridad Nacional, al permitir una mayor coordinación entre administraciones en materia de gestión de crisis. La sexta y última medida contempla la integración de las Comunidades y Ciudades Autónomas en el Sistema de Seguridad Nacional. INTRODUCCIÓN En condiciones normales, la revisión de la Estrategia de Seguridad Nacional 2017 hubiese llevado a cabo pasados cinco años. Sin embargo, el impacto de la pandemia de la COVID-19 y el incremento en el empleo de estrategias híbridas han aconsejado una revisión estratégica que permita enfrentar los riesgos y las amenazas en un renovado contexto de globalización, condicionado por una mayor incertidumbre y un cambio acelerado. La pandemia ha sido el evento con mayor impacto global desde la Segunda Guerra Mundial, con grave afectación a la salud, la economía y la seguridad. Aun cuando se hayan superado todos sus efectos, perdurará la interdependencia del mundo actual, que contribuye a generar vulnerabilidades y a menudo actúa como factor multiplicador de las amenazas a medio y a largo plazo. Las pandemias, el cambio climático, los ciberataques o las crisis financieras son todos riesgos y amenazas complejas, a menudo interconectadas, que pueden desencadenar crisis en cascada. En particular, los efectos del cambio climático pueden agudizar crisis económicas, políticas y geopolíticas derivadas de la escasez alimentaria e hídrica en muchas partes del mundo. Como consecuencia, podrían agravarse las situaciones de migraciones masivas, inestabilidad regional e incluso producirse nuevos conflictos armados. Asimismo, el calentamiento global tendrá repercusiones directas en España, pues provocará fenómenos meteorológicos adversos más extremos y frecuentes, sequías, olas de calor, inundaciones, escasez de agua y perjuicios para la biodiversidad. Por otra parte, como muestra la realidad de los últimos años, el uso de estrategias híbridas por parte de actores estatales y no estatales como herramienta para presionar a los gobiernos democráticos es cada vez más frecuente. A la hora de responder a las amenazas globales se plantea un dilema entre el repliegue estratégico de los Estados como forma de protección y la necesaria colaboración e intercambio de información entre países y organizaciones para buscar soluciones conjuntas. Este dilema paradigmático dificulta la articulación de respuestas en el marco de las organizaciones internacionales. Por eso, ante futuras amenazas y crisis globales, será importante invertir esfuerzos en reforzar un sistema multilateral universal y regional que sea capaz de responder de forma coordinada y efectiva. En este sentido, y a la luz de la experiencia en Afganistán, la Unión Europea debe efectuar acciones conjuntas militares que contribuyan a reforzar el vínculo trasatlántico y que favorezcan la gestión de crisis transfronterizas y su autonomía estratégica. En particular, la Unión Europea debe asumir un mayor papel a la hora de gestionar desafíos, como las pandemias, el terrorismo internacional, los ciberataques o las campañas de desinformación, que requieren respuestas colectivas y la integración de capacidades. La magnitud de los riesgos y las amenazas actuales requiere la correcta adecuación de los recursos, medios, sistemas y organizaciones disponibles para hacerles frente. La pandemia ha puesto de relieve la importancia de los sistemas de alerta temprana, de la fusión y el análisis de la información y de los planes de respuesta para la gestión de crisis, medidas todas ellas que facilitan y agilizan la toma de decisiones. Para ello, es necesario disponer de un Sistema de Seguridad Nacional digitalizado, capaz de proporcionar datos para la toma de decisiones en tiempo oportuno. La prevención y la adaptación serán las claves para lograr un Sistema de Seguridad Nacional eficiente. Esto requiere: Más anticipación: La Estrategia de Seguridad Nacional debe orientar la implantación de un sistema de alerta temprana y la preparación de planes de gestión de crisis. Todo ello con la participación de las Comunidades Autónomas, ya que numerosos recursos y capacidades de detección y gestión están entre sus competencias transferidas. Más integración: La visión integral de la Seguridad Nacional requiere la necesaria coordinación del conjunto de las Administraciones Públicas y recursos del Estado, la colaboración público-privada y la implicación de la ciudadanía. Más resiliencia: Para reducir la vulnerabilidad es tan necesario mitigar riesgos como robustecer la resiliencia, es decir, la capacidad de resistencia, transformación y recuperación ante una situación adversa. Además, para gestionar futuras crisis y poder contar con los recursos críticos necesarios, es importante asegurar que las cadenas de suministro de estos recursos no dependan excesivamente del exterior. Asimismo, esto contribuirá a contener la expansión de las crisis, al fortalecer la resiliencia de la sociedad y de la economía. CAPÍTULO 1 Seguridad global y vectores de transformación El primer capítulo de la Estrategia de Seguridad Nacional describe el contexto internacional de seguridad y traza las principales dinámicas de transformación. El orden global y el paradigma socio-económico liberal se encuentran en un periodo de cambio, sin que aún se haya definido claramente el nuevo panorama del sistema internacional. Los principales vectores de transformación son: el contexto geopolítico, el entorno socio-económico, la transformación digital y la transición ecológica. Contexto geopolítico El escenario geopolítico global se encuentra en un punto de inflexión. Por un lado, la arquitectura del sistema internacional se ve sujeta a una mayor presión y se recrudecen las controversias entre Estados. Por otro, se reivindica la necesidad de un multilateralismo eficaz para hacer frente a crisis de carácter global. Se observa tensión entre las políticas de corte proteccionista o unilateral y los esfuerzos, sobre todo de la Unión Europea, para fortalecer el multilateralismo. En los últimos años, las dinámicas de confrontación y competencia han prevalecido sobre las de negociación y acuerdo, lo que se ha traducido en un deterioro generalizado de las relaciones internacionales en todas sus facetas: comercial, tecnológica, diplomática o militar. Además, el declive democrático experimentado durante los últimos años contribuye a una mayor inestabilidad y dificulta la adopción de soluciones conjuntas. En consecuencia, en muchas ocasiones, la gobernanza internacional en aspectos de seguridad, cambio climático o bienes públicos globales se ha visto suplantada por una cooperación ad hoc, marcada por alianzas de geometría variable. Esta tendencia se ha visto favorecida por los cambios en la distribución de poder y está contribuyendo a un multilateralismo de nuevo cuño, híbrido y con más actores emergentes y no estatales. A su vez, ha aumentado el uso de las estrategias híbridas que, mediante acciones coordinadas y multidimensionales, tratan de explotar las vulnerabilidades de los Estados y sus instituciones con un objetivo de desestabilización o coerción política, social o económica. Estas estrategias se caracterizan por la dificultad de atribuir su autoría y por emplear medios que pueden incluir, además de acciones convencionales, otras como campañas de desinformación, ciberataques, espionaje, subversión social, sabotaje, coacción económica o el uso asimétrico de medios militares. De forma destacada, la contestación del multilateralismo se enmarca en la creciente rivalidad geopolítica, comercial y tecnológica entre Estados Unidos y China. El esfuerzo de Estados Unidos por consolidar alianzas y retomar cierto liderazgo en la gobernanza global forma parte de este pulso entre ambas potencias. La expansión económica de China, junto con un mayor proteccionismo de Estados Unidos, han provocado una creciente tensión en sus relaciones comerciales. Esta situación se ha materializado en una escalada de medidas arancelarias y restricciones a la exportación y la inversión adoptadas por ambas potencias. La disputa es particularmente intensa en el ámbito tecnológico, donde se está produciendo una carrera por la supremacía mundial, que incluye el control de exportaciones de tecnologías críticas y de doble uso. China, que ha logrado un gran desarrollo en la tecnología 5G y la Inteligencia Artificial busca alcanzar una posición de preeminencia que le permita definir los estándares y protocolos técnicos e industriales, así como ostentar el liderazgo en inversiones extranjeras directas en los operadores de redes y servicios. Esta competición podría dar lugar a una brecha digital y productiva que desemboque en el desarrollo paralelo, pero diferenciado, de dos bloques tecnológicos. De esta forma, podría producirse un escenario de desacoplamiento en el que las cadenas de suministro de sectores estratégicos serían repatriadas o sometidas a un mayor control. Adicionalmente, China ha redoblado sus esfuerzos por aumentar su peso en las organizaciones internacionales, con el objetivo de alcanzar una posición que le permita influir en las reformas de la gobernanza global. En términos globales, su capacidad de influencia relativa a la de Estados Unidos ha aumentado significativamente en las últimas tres décadas y ha logrado suplantar la influencia de países occidentales en muchas regiones, particularmente de África y del Sudeste Asiático. En este panorama de tensión, Rusia se ha esforzado en los últimos años por lograr una posición de mayor liderazgo en la escena internacional, apostando por la multipolaridad, el reconocimiento a su «singularidad» y el reparto de áreas de influencia. La política expansionista de Rusia se ha visto reflejada en sus intervenciones en Siria y Libia y en su acercamiento a potencias con aspiraciones regionales como Turquía, India o Irán. Al mismo tiempo, el orden nuclear heredado de la guerra fría se ha visto erosionado con el desmantelamiento de varios de los acuerdos de control de armas que limitaban la carrera armamentística entre Estados Unidos y Rusia, como el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (INF). Sin embargo, Estados Unidos ha firmado un acuerdo con Rusia que renueva el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, conocido como New START. Además, ha indicado su interés en un retorno al Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) sobre el programa nuclear iraní, del que se retiró en 2018. Potencias regionales, como Irán o Turquía, también han reforzado su influencia geopolítica en un contexto de fragmentación global y conflictos regionales, sobre todo en Oriente Medio y el Mediterráneo. Es posible que los conflictos en Palestina, Israel, Libia, Irak, Siria o Yemen continúen siendo escenarios de enfrentamiento entre diferentes actores estatales y no estatales, tanto nacionales como extranjeros. La retirada de Estados Unidos y de la OTAN de Afganistán tras 20 años de presencia continua abre otro frente de competición geoestratégica, además de significar un posible uso del territorio afgano como refugio y base de acciones terroristas por parte de grupos yihadistas. Por otro lado, la inestabilidad generada en el Mediterráneo oriental por las prospecciones gasísticas en el mar territorial en disputa entre Turquía, Chipre y Grecia muestra una tendencia a la unilateralidad en los litigios marítimos, dificulta una postura común de la Unión Europea y aumenta la dificultad de consenso dentro de la OTAN. África subsahariana se está convirtiendo en escenario de rivalidades entre distintas potencias extrarregionales. En el Sahel, la desestabilización causada por el terrorismo yihadista se solapa con conflictos intercomunitarios en Estados que carecen de fortaleza institucional para hacer frente con éxito a este desafío múltiple. Todas estas dinámicas, unidas a la pobreza y desigualdad, agudizan la inseguridad imperante en varios países de la región. Por su parte, la Unión Europea continúa su apuesta por una sólida relación transatlántica, al tiempo que define su postura hacia China entre la competición y la cooperación, en un ambiente de creciente inestabilidad en su vecindario oriental. En este contexto multipolar y competitivo, se incrementa la necesidad de reforzar la autonomía estratégica de la Unión Europea, tanto en términos de política comercial e industrial comunitaria como en el desarrollo pleno de su Política Exterior y de Seguridad Común. Para ello, tendrá que lograr un equilibrio acorde con los compromisos de Derecho Internacional sobre la protección y garantía de los derechos humanos y con su papel como defensora de la democracia, el libre comercio y el multilateralismo. Escenario socio-económico La pandemia de la COVID-19 desencadenó la peor crisis económica mundial desde la Segunda Guerra Mundial, con una caída sin precedentes del Producto Interior Bruto (PIB) y de la actividad laboral mundial. La magnitud de sus efectos ha sido muy desigual, en función del tejido productivo de cada país, de los recursos económicos y de sus niveles de endeudamiento. La repercusión de la crisis sobre la economía global en términos de PIB ha sido mayor que la de 2008, aunque ha estado seguida de un pronunciado repunte alcista. En un contexto de reducido crecimiento de la productividad en Europa y Estados Unidos, el impacto sobre las economías ha sido notable y podría acelerar el cambio en el equilibrio de poder de oeste a este. China es la única economía del G20 que no sufrió una recesión en 2020. Si bien se espera que las consecuencias económicas negativas sean transitorias y que estén seguidas de tasas de crecimiento relativamente elevadas, se prevé un periodo de endeudamiento alto, fruto de las medidas extraordinarias de apoyo a ciudadanos y empresas adoptadas por la Unión Europea para hacer frente a la crisis. En este sentido, la Unión Europea ha puesto en marcha un ambicioso Fondo de Recuperación y Resiliencia como respuesta común al proceso de transformación económica. El mecanismo Next Generation EU cuenta con 750.000 millones de euros financiados mediante la emisión de deuda comunitaria, que se suman a los 1.074 billones de euros del Marco Financiero Plurianual 2021-2027 para promover la recuperación económica y social y para favorecer un entorno de estabilidad y seguridad. La crisis también ha puesto de relieve la dependencia del abastecimiento exterior de suministros estratégicos hay que añadir la puesta en marcha, por parte de los Estados, de políticas industriales estratégicas para hacer frente a la elevada competición global en determinados sectores tecnológicos e industriales. La pugna económica y comercial entre las grandes potencias incluye el uso de los aranceles como instrumento de geopolítica, con su consiguiente impacto sobre las economías de la Unión Europea. La súbita ralentización de la economía, el aumento de la desigualdad, la brecha digital, la destrucción de tejido productivo y el cierre de pequeñas y medianas empresas han derivado en un incremento de la pobreza y del nivel de frustración, marginalidad y exclusión social. Las clases medias, tras una década de crecimiento, se están contrayendo, mientras se expande la franja de población con ingresos bajos o muy altos. Este vaciamiento de las clases medias podría tener importantes consecuencias como el impacto negativo en el consumo global y el potencial incremento de populismos y autoritarismos identitarios, que podrían verse agravadas por los efectos de la automatización de los empleos. En este sentido, es preciso abordar un nuevo contrato social, para paliar la desigualdad y mitigar el proceso de precarización de las clases medias. En algunos países, la crisis económica ha estado acompañada de una crisis social y política, alentada por campañas de desinformación y desestabilización que pretenden erosionar las instituciones, influir en los procesos democráticos y alentar la polarización. Ante este escenario, la transformación digital y la transición ecológica cobran especial trascendencia como palancas de cambio de la estructura productiva de las economías mundiales y, en consecuencia, del mapa geopolítico. La digitalización y la economía verde habrán de avanzar de manera acompasada, de manera que la tecnología contribuya a alcanzar objetivos ecológicos y las tecnologías digitales minimicen su consumo energético y sus emisiones. Transformación digital El incremento de infraestructuras y servicios digitales, potenciado por tecnologías disruptivas y emergentes como la computación en la nube, la computación cuántica, la Inteligencia Artificial la virtualización de redes o el Internet de las Cosas, implica una transformación digital imparable que ofrece innumerables oportunidades de futuro, pero también presenta serios desafíos para la Seguridad Nacional. En este contexto, la pandemia de la COVID-19 supuso una aceleración del proceso de digitalización, que ha situado a la interacción digital en el centro de las actividades públicas, privadas y profesionales y ha consolidado la hiperconectividad como rasgo definitorio redes y los sistemas de información y comunicaciones. La digitalización de todo tipo de actividades ha ampliado la superficie de exposición a posibles ciberataques de organizaciones, tanto públicas como privadas, y ha dificultado la adecuada protección de la información. La magnitud y frecuencia de los ciberincidentes y del uso ilícito del ciberespacio han aumentado en los últimos años y han convertido la ciberseguridad en una prioridad de organizaciones y gobiernos. Esta transformación digital no es un fenómeno solo tecnológico, sino que tiene impacto en las relaciones sociales y la configuración geopolítica. Los cambios tecnológicos generan cambios de poder, tanto dentro de los Estados como entre ellos. Con la consolidación del ciberespacio como dominio estratégico, se acentuará la brecha tecnológica tanto entre individuos y sociedades como entre países. La estabilidad económica y las políticas monetarias también se ven afectadas por la irrupción de tecnologías potencialmente disruptivas. En particular, la configuración actual del sistema financiero global puede verse desafiada por la implantación de divisas digitales. En este ámbito, los riesgos se ven amplificados por la prevalencia de criterios comerciales frente a los de seguridad en el diseño de productos de hardware y software, así como de sistemas y servicios, tales como el 5G. Este hecho dificultad los procesos de certificación y puede comprometer la cadena de suministro, especialmente en la provisión de servicios esenciales y/o críticos. Otros riesgos, pero también múltiples oportunidades, derivan de los avances tecnológicos en campos como la biotecnología, que han facilitado el rápido desarrollo de vacunas eficaces contra la COVID-19, pero plantean interrogantes éticos ante actividades como determinados empleos de la ingeniería genética. Por otro lado, la vulnerabilidad ante posibles injerencias de terceros es extensible al dominio de infraestructuras digitales, como los centros de procesamiento de datos o los cables submarinos, y a los activos que sustentan la propiedad intelectual e industrial del sector empresarial. También habrá que considerar el mapa mundial de conectividad y la aparición de nuevos operadores satelitales, especialmente aquellos vinculados a las grandes empresas tecnológicas. Con el dato convertido ya en un recurso estratégico de primer orden, se ha intensificado el debate sobre la ética y la defensa de derechos digitales, condicionado especialmente por la concentración de la información en las grandes compañías tecnológicas y por su uso abusivo por parte de algunos actores políticos. En este debate, el derecho a la privacidad de los usuarios de servicios digitales ocupa un lugar central y ha dado lugar a pronunciamientos judiciales que podrían condicionar el desarrollo tecnológico. El acceso seguro a los servicios públicos y privados, en particular a los servicios esenciales en línea, supone que la ciudadanía pueda proteger su identidad y controlar los datos que comparte y cómo se utilizan, de manera que se garantice la privacidad y la protección de datos personales. Disponer de una identidad digital segura es una pieza clave para la ciberseguridad. La gobernanza democrática sobre el futuro digital es de máxima importancia para resolver las inquietudes relativas a los derechos y libertades y a la competición geopolítica. Transición ecológica La crisis climática ha dado paso a una mayor concienciación política y social de la necesidad de luchar contra sus consecuencias a través de procesos de transición ecológica. El cambio climático tiene un impacto negativo en la vida y el bienestar humano. Entre sus efectos se encuentran el incremento en el número de fenómenos meteorológicos extremos, la degradación de ecosistemas terrestres y marinos, la desertificación, el aumento de la incidencia y frecuencia de olas de calor, las sequías, la reducción de las disponibilidades de agua, las intrusiones de polvo sahariano, los incendios forestales e inundaciones y la pérdida de la biodiversidad. Estos efectos perniciosos podrían llevar a una mayor competencia por los recursos y al incremento de desplazamientos migratorios desde zonas más expuestas a las consecuencias dañinas del cambio climático. Por otro lado, la degradación de la biodiversidad produce la pérdida de sus servicios ecosistémicos, esenciales para el bienestar e incluso la supervivencia del ser humano, y propicia la expansión de especies exóticas invasoras, responsables de impactos relevantes en la economía y potenciales vectores de nuevas enfermedades. En este contexto, la adaptación al cambio climático es básica para conseguir una resiliencia ambiental y ecológica que preserve la vida y el bienestar de la sociedad y el medio. En diciembre de 2019, la Unión Europea presentó el Pacto Verde Europeo, una hoja de ruta para hacer que su economía sea sostenible y neutral climáticamente en 2050. Para ello, se ha establecido el objetivo vinculante de conseguir, en 2030, una reducción interna neta de emisiones del 55% respecto a los niveles de 1990. En este marco, es igualmente importante el impulso hacia una economía circular con un modelo de producción y consumo basado en reutilizar, renovar y reciclar materiales y productos. Este modelo ayudará a reducir la presión sobre el medio ambiente, a mejorar la seguridad de las cadenas de suministro mediante un empleo más efectivo de los recursos existentes y a estimular el desarrollo empresarial en el campo de la I+D+i. Un aspecto clave para lograr la neutralidad climática es el cambio del paradigma energético, que transita de la dependencia de los combustibles fósiles a la de las tecnologías renovables. Esto propiciará una nueva geopolítica de transición energética y un cambio en el equilibrio entre importadores y exportadores. El desarrollo de energías renovables tiene además un carácter estratégico, ya que permitirá el uso de fuentes autóctonas y una mayor diversificación, lo que incrementa la seguridad y mejora la balanza exterior. Sin embargo, también conlleva importantes desafíos tecnológicos relacionados con un sistema de generación eléctrica basado en fuentes de energía variable, el desarrollo de nuevos sistemas de almacenamiento e infraestructuras inteligentes, así como retos relacionados con la reducción del impacto sobre el medio natural y humano. La evolución hacia una economía descarbonizada incrementará la competencia por las materias primas, como las tierras raras, los materiales y procesos industriales relacionados con la digitalización y las tecnologías renovables, así como una mayor dependencia de las regiones geográficas abastecedoras de estas tecnologías. CAPÍTULO 2 Una España segura y resiliente El segundo capítulo de la Estrategia de Seguridad Nacional ofrece un recorrido de las distintas regiones geográficas del mundo desde la perspectiva española de la seguridad. España es un Estado social y democrático de Derecho, dotado de un marco constitucional de derechos y libertades que tiene al ciudadano como eje central, con unas instituciones sólidas y plenamente democráticas. Una de sus principales fortalezas reside en su sociedad plural, abierta y solidaria. La visión de futuro de una España segura y resiliente incluye la transformación tecnológica y la transición ecológica como vectores que faciliten un crecimiento sostenible y justo, la competitividad del tejido industrial y empresarial y la creación de empleo de calidad. La Seguridad Nacional debe contribuir a la cohesión territorial y es necesario asegurar que todas sus estructuras sean más resilientes frente a los riesgos y las amenazas. Desde una perspectiva geográfica, la configuración de España es singular, con una dimensión territorial peninsular, archipiélagos, islas, peñones y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla en el norte de África, además de una significativa extensión marítima. Su posición le confiere la condición de país europeo, mediterráneo y atlántico que se proyecta al mundo como un contribuyente comprometido con la paz y la seguridad internacional. España defiende el refuerzo del multilateralismo, la profundización en la construcción europea, las alianzas bilaterales estratégicas y el compromiso solidario como principios establecidos en la Estrategia de Acción Exterior. La cooperación con los vecinos fronterizos, Francia, Andorra, Portugal y Marruecos es especialmente relevante. La Estrategia de Seguridad Nacional está alineada con los objetivos de las organizaciones a las que España pertenece, especialmente las Naciones Unidas, la Unión Europea y la OTAN, con las que pretende proteger y garantizar los intereses compartidos con sus socios y aliados. Europa España es un Estado miembro con peso dentro de la Unión Europea, firme defensor del avance en la construcción europea y proactivo en el desarrollo de políticas comunes en áreas de especial relevancia como la energía, la inmigración y la seguridad. Para España, una Unión más resiliente es una Europa más fuerte en el mundo. La Unión Europea debe seguir avanzando en el desarrollo de su Política Exterior y de Seguridad Común, en especial de su Política Común de Seguridad y Defensa, frente a desafíos derivados del empleo de estrategias híbridas y de posturas adversas de actores como Rusia y China o de fenómenos como el terrorismo, así como en la coordinación y cooperación con la OTAN y las Naciones Unidas. La protección de los espacios y rutas marítimas es clave para la seguridad europea. El margen atlántico es un área de interés estratégico que conecta Europa con todo el continente americano y con África occidental. El progresivo deshielo del Ártico abre nuevas rutas marítimas con implicaciones estratégicas. Además, España comparte agenda en áreas como el golfo de Guinea, con otros países europeos atlánticos, como es el caso de Francia y Portugal, principalmente en relación con la seguridad marítima y energética. Al sur de Europa, el mar Mediterráneo es un nexo común y un puente estratégico con África y Oriente Medio, pero también un escenario de tensión y fricción donde distintos países y actores pretenden imponer su criterio y sus intereses, en ocasiones de espaldas al Derecho Internacional y violando la soberanía de los Estados ribereños. En este sentido, España trabajará para promover el diálogo en torno al Mediterráneo oriental, de acuerdo con la perspectiva de la Unión Europea y en el entendimiento de que Turquía es un actor regional clave, un aliado en la OTAN y un socio estratégico con intereses compartidos. En el flanco oriental, la posición cada vez más asertiva de Rusia ha tensionado sus relaciones con la Unión Europea, que además ha constatado el desafío que suponen algunas de las acciones procedentes de ese país, tanto militares como híbridas. España seguirá apostando por mantener el diálogo con Rusia, a pesar de las dificultades, sobre la premisa del respeto al Derecho Internacional, la defensa de la soberanía y la integridad territorial de los Estados y el respeto a los derechos humanos en su acción exterior. La salida de Reino Unido de la Unión Europea ha modificado el escenario europeo y presenta retos relacionados con la pérdida de un gran activo en el ámbito de la seguridad. Para España, esta salida no impedirá fortalecer los vínculos entre dos países amigos y aliados. No obstante, y desde la base de una cooperación positiva, España no renuncia a la oportunidad que se abre con este nuevo escenario para solventar el anacronismo que representa la situación de Gibraltar. Magreb y Oriente Próximo La prioridad de España en el Magreb es promover un espacio de seguridad, estabilidad política y desarrollo y contribuir a enfrentar amenazas, como el terrorismo o el crimen organizado, desde un enfoque de colaboración con países que son socios y amigos preferentes de España. La relación de España con Marruecos y Argelia es de buena amistad, desde la premisa de la cooperación leal y el respeto a las fronteras mutuas. La colaboración con estos países en aspectos relacionados con la seguridad, como los tráficos ilegales o el terrorismo, complementa unas sólidas relaciones basadas en el diálogo político, las relaciones comerciales y los vínculos energéticos. El apoyo a la convulsa democracia en Túnez y la contribución a los esfuerzos liderados por las Naciones Unidas para solventar la crispada situación que atraviesa Libia son también imprescindibles para lograr la paz y la estabilidad en el Mediterráneo. La región de Oriente Próximo es un foco de atención internacional por su persistente inestabilidad, pero también por la proliferación de conflictos internos, la extensión del terrorismo yihadista, las graves crisis humanitarias y la injerencia de determinados actores globales y regionales al margen de marcos multilaterales. La guerra en Siria y Yemen y la tensión entre Irán y las monarquías del Golfo dibujan un panorama complejo. Por otro lado, el repliegue de Estados Unidos de determinados escenarios de Oriente Próximo dejará un vacío que será aprovechado por actores como Rusia y China. Enfrentar todos estos desafíos exige una firme y amplia cooperación internacional. España es un país comprometido con la seguridad de la región, con militares desplegados tanto en el Líbano, en el marco de las Naciones Unidas, como en operaciones de la OTAN, la Unión Europea y la Coalición Global contra el Daesh. España ha apoyado de manera activa, desde la conferencia de Paz de Madrid en 1991, una solución al conflicto palestino-israelí a través del Proceso de Paz en Oriente Próximo. Los acuerdos entre Israel y Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Marruecos en 2020 muestran la rapidez y profundidad de los cambios en la región, así como la necesidad de adaptar la posición española para que siga siendo útil en la búsqueda de una solución justa con ambas partes. África Subsahariana El nexo seguridad-desarrollo y un enfoque preventivo son los principios que guían las políticas para la contribución de España a la estabilidad en tres áreas geográficas de especial interés: el Sahel, el golfo de Guinea y el Cuerno de África, tal y como se recoge tanto en el III Plan África como en el programa Foco África 2023. España mantendrá el apoyo a las iniciativas de seguridad internacionales y regionales, así como su compromiso con las misiones civiles y militares de la Unión Europea en África. En el Sahel, la permanente crisis de gobernabilidad y la ausencia del Estado en grandes espacios de soberanía se suman a emergencias humanitarias por desastres naturales o por los efectos adversos del cambio climático. Todo ello en un entorno de fragilidades estructurales que, unidas a la presión sobre los limitados recursos para una población caracterizada por su elevado crecimiento demográfico, han exacerbado amenazas latentes como son el terrorismo yihadista, los numerosos conflictos intercomunitarios o los tráficos ilícitos. Además, los factores de inestabilidad del Sahel, y en particular la amenaza del extremismo violento, se extienden hacia los países costeros de África occidental y norte de África. Los países del golfo de Guinea tienen una gran importancia estratégica para Europa y para la salvaguardia de los intereses españoles. En sus espacios marítimos proliferan actividades delictivas como los secuestros y el robo a mano armada en los buques pesqueros y petroleros, o la piratería y la pesca ilegal en aguas internacionales. En el golfo de Guinea, España contribuye activamente a una navegación segura en las rutas y espacios marítimos, con el objetivo de fortalecer la seguridad marítima nacional y regional a fin de garantizar también el suministro energético, la protección de la pesca y las inversiones españolas en la región. En el Cuerno de África, la aplicación de un enfoque integral que aborde las raíces de los conflictos que afectan a rutas y espacios marítimos de alta importancia internacional seguirá orientando la acción de España. Además, España sigue con preocupación los acontecimientos en el norte de Mozambique, que representan un foco de inestabilidad para la región en su conjunto. América del Norte y el Vínculo Transatlántico La alianza estratégica de España con Estados Unidos está basada en una relación de mutua confianza a con dimensiones políticas, económicas, culturales y militares. El Convenio de Cooperación para la Defensa, suscrito entre ambos países, constituye un valor añadido, sin olvidar tampoco la buena colaboración, junto a otros socios y aliados, en el seno de la Coalición Global contra el Daesh. El escenario actual abre una ventana de oportunidad para la consolidación del vínculo transatlántico y el refuerzo y reforma del multilateralismo y sus instituciones. También se ha de tener en consideración el giro estratégico de Estados Unidos hacia el Indo-Pacífico y su presencia más reducida en Oriente Medio. España, miembro de la Unión Europea y de la OTAN, apoyará la cooperación entre las dos organizaciones como eje central de la seguridad colectiva frente a los grandes desafíos globales. América Latina y el Caribe América Latina ha experimentado un rápido desarrollo en la primera década del siglo XXI. Sin embargo, enfrenta aún importantes desafíos, que se han agudizado por efecto de la pandemia de la COVID-19: inseguridad ciudadana, crisis medioambientales y desastres naturales, altos índices de corrupción, tráficos ilícitos y crimen organizado. España fomentará la unión y la estabilidad en América Latina a través de la acción bilateral, los foros regionales y las Cumbres Iberoamericanas. Además, redoblará sus esfuerzos para servir de puente de entendimiento y colaboración con la Unión Europea y fomentar la colaboración en la gestión de crisis que afectan a todos. España seguirá colaborando con la erradicación de la producción y el tráfico de drogas desde América Latina, por la amenaza que supone para la región y por ser España uno de los puntos de entrada a Europa de estos tráficos ilícitos. España también se esforzará en mantener su privilegiada relación con América Latina sobre la base de una cooperación reforzada y una relación más estrecha en el ámbito de la Defensa, especialmente a través de la cooperación en operaciones de apoyo a la paz, en el nivel bilateral y regional. Asia-Pacífico El progresivo desplazamiento del centro de gravedad económico y estratégico mundial hacia el área de Asia-Pacífico hace que sea una zona de interés para España. La Unión Europea ha señalado su compromiso con la estabilidad y prosperidad en la región del Indo-pacífico, un área geográfica clave para la seguridad internacional que está experimentando una creciente competición geopolítica. Los litigios marítimos en el mar del sur de China, las tensiones en torno a Taiwán, el conflicto sobre Cachemira o las disputas fronterizas entre India y China introducen elementos de inestabilidad regional, que se suman a amenazas como el desarrollo de armas y vectores nucleares en la República Popular Democrática de Corea o la expansión del terrorismo transnacional de carácter yihadista. Países como India y China ocupan cada vez mayor espacio en los asuntos internacionales. Por otro lado, iniciativas regionales como el Acuerdo de Asociación Económica Integral Regional amplifican la influencia de la región en la economía mundial. El ascenso de China como potencia global se proyecta a través de su nueva ruta de la seda, su dominio tecnológico y una creciente presencia inversora en América Latina y África, así como en países europeos. En su relación con Pekín, la Unión Europea combina elementos de rivalidad sistémica, áreas de competición y retos globales comunes, como el cambio climático o la no proliferación de armas nucleares, que requieren cooperación. La situación en Afganistán tras la retirada de Estados Unidos podría tener un impacto geopolítico significativo con la posible reconfiguración de las relaciones tanto a nivel global como regional. El potencial deterioro de la situación humanitaria y de derechos humanos presenta un desafío adicional. Además, para la seguridad de Europa será especialmente importante evitar que el país vuelva a convertirse en un santuario para terroristas y un foco de crimen organizado. España apoya las iniciativas de refuerzo de la cooperación en la región en áreas como la conectividad y la seguridad marítima, así como la acción concertada frente a desafíos de dimensión global, como el cambio climático y la salud, y el impulso de las relaciones comerciales. Además, profundizará las relaciones con aquellos países de la región con los que comparte valores e intereses. CAPÍTULO 3 Riesgos y amenazas El tercer capítulo de la Estrategia de Seguridad Nacional describe un mapa de los riesgos y amenazas a la Seguridad Nacional con un enfoque que pone de relieve su dinamismo e interdependencia, en un entorno de seguridad donde las estrategias híbridas ganan protagonismo. El panorama actual de seguridad es más incierto que en años anteriores. La crisis de la COVID-19 ha intensificado las tendencias globales de fondo y ha acelerado el ritmo de transformación. La superficie de confrontación geopolítica encuentra áreas de intersección con la tecnología y la economía, dibujando así un mapa de riesgos más complejos y muy interrelacionados. Adicionalmente, amenazas derivadas del uso de tecnologías de nueva generación, como la Inteligencia Artificial o el acceso al espacio ultraterrestre, añaden complejidad y dificultan la protección de los derechos individuales ante un eventual uso malicioso. En esta Estrategia, los factores que afectan a la Seguridad Nacional se plantean como elementos de un continuo que refleja una gradación progresiva en función de su grado de probabilidad e impacto. Así, los riesgos y las amenazas no son estáticos, sino que se conciben de una manera dinámica. Además, se presenta un mapa de riesgos con dos características diferenciales con respecto a modelos anteriores. Por un lado, se subraya el papel primordial de la tecnología en la mayoría de las amenazas y la prominencia de las estrategias híbridas y, por otro, se acentúan las interconexiones entre los distintos riesgos y amenazas. De esta forma, la interrelación entre ellos puede producir efectos en cascada, como ha ocurrido con la crisis generada por la pandemia. Con este planteamiento, es importante contar con las capacidades necesarias para responder a una amalgama de riesgos y amenazas, en lugar de prepararse solamente para una posible repetición de una crisis similar a la ya experimentada. Tensión estratégica y regional En el contexto de seguridad actual, caracterizado por un retroceso del multilateralismo, un aumento de la asertividad de ciertos actores y un incremento de la competición estratégica entre Estados, el riesgo de que se produzcan tensiones con impacto directo sobre los intereses nacionales e incluso sobre la propia soberanía, constituye una seria amenaza para la Seguridad Nacional, cuya máxima expresión podría llegar a adoptar la forma de conflicto armado. Esta situación se ve agravada por la fragilidad y vacíos institucionales en algunas regiones próximas, cuyos conflictos internos pueden, igualmente, afectar a los intereses de España. Estos escenarios de inestabilidad, si no son contenidos a tiempo, pueden tensionar aún más las relaciones internacionales, elevando el riesgo de conflictos entre Estados a nivel regional. En este clima de creciente tensión internacional, donde determinados actores se rearman para fortalecer sus aspiraciones estratégicas, España requiere una capacidad de disuasión creíble y efectiva y una capacidad de defensa autónoma, frente a diferentes formas de agresión: desde las estrategias híbridas hasta el conflicto convencional. España debe, además, seguir siendo un socio comprometido y fiable de la Unión Europea, la OTAN, las Naciones Unidas y otros marcos multinacionales de seguridad y defensa. En este contexto y debido a la naturaleza cambiante de los conflictos, los tradicionales dominios terrestre, naval y aéreo, se ven ahora complementados por la aparición de nuevos espacios de competición, como el ciberespacio y el espacio ultraterrestre, que obligan a incorporar nuevas formas de actuación, así como tecnologías de última generación para mantener una capacidad de enfrentamiento actualizada y moderna. Terrorismo y radicalización violenta La polarización y la crisis económica han contribuido a un incremento en la actividad de los extremismos violentos. Los medios utilizados por los grupos terroristas son cada vez más variados y los ataques físicos están acompañados de campañas propagandísticas que alimentan ideologías radicales violentas. En esta amenaza cobra especial relevancia el terrorismo yihadista, con su presencia tanto en distintos países europeos, como en el Sahel, Magreb y Oriente Medio, desde donde se proyecta la amenaza terrorista sobre España. Existe además el riesgo de ataque sobre individuos e intereses nacionales en estas regiones. Dentro de las fronteras de España, la principal amenaza proviene de individuos que han nacido o crecido en países occidentales que, tras ser radicalizados, atacan en su propia área de residencia. Igualmente relevante es la amenaza derivada de los procesos de radicalización en prisiones. Además, el posible retorno de personas desplazadas a zonas de conflicto para apoyar a los grupos terroristas constituye un riesgo significativo. Por ello, es necesario fortalecer la cooperación y colaboración en materia antiterrorista y judicial, no solo entre los Estados miembros de la Unión Europea, sino también con terceros países, bajo un enfoque multidisciplinar. Epidemias y pandemias La crisis desencadenada por la COVID-19, además de cobrarse la vida de millones de personas en el mundo, ha tenido importantes consecuencias sociales y económicas, con un impacto desigual que ha agudizado las brechas existentes entre países, sociedades y ciudadanos. Las dificultades experimentadas por los organismos internacionales para la toma de decisiones y las tensiones surgidas en relación con la producción y distribución de material sanitario, fármacos o vacunas dirigidos a combatir la enfermedad han contribuido a intensificar fricciones geopolíticas existentes y, en determinados casos, a dificultar la cooperación internacional. Un aspecto crucial que se ha puesto de manifiesto es la fragilidad de las cadenas de suministro global de determinados recursos estratégicos y la necesidad de disminuir el grado de dependencia del exterior de recursos esenciales para garantizar su accesibilidad en todo momento. Amenazas a las infraestructuras críticas Las Infraestructuras Críticas posibilitan el normal desarrollo de la actividad socio-económica y son objetivo de amenazas, tanto físicas como digitales, que podrían llevar a una interrupción o negación de servicios. La progresiva digitalización y la adopción de nuevas tecnologías por parte de los operadores críticos y operadores de servicios esenciales podría aumentar el riesgo de sufrir brechas de seguridad, que permitirían acceder al control de los sistemas que operan las Infraestructuras Críticas y poner en peligro la continuidad de los servicios que proveen. Otro riesgo a considerar es la potencial pérdida de control sobre la capacidad de decisión estratégica a raíz de inversiones por actores, estatales o no estatales, con intereses no necesariamente alineados con la Seguridad Nacional. Emergencias y catástrofes La seguridad de las personas y los bienes se ve afectada por distintos tipos de emergencias y catástrofes originadas por causas naturales o derivadas de la acción humana accidental o intencionada. Factores potenciadores del riesgo de emergencias y catástrofes son tanto la despoblación rural como la sobrepoblación de algunas ciudades, la degradación del ecosistema agravada por los efectos del cambio climático o el incremento en la magnitud y frecuencia de algunos fenómenos meteorológicos adversos. En este contexto, se identifican como principales riesgos las inundaciones, los incendios forestales, los terremotos y maremotos, los riesgos volcánicos, los fenómenos meteorológicos adversos, los accidentes en instalaciones o durante procesos en los que se utilicen o almacenen sustancias peligrosas, el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril, los accidentes catastróficos en el marco del transporte de viajeros y los riesgos nucleares, radiológicos y biológicos. Espionaje e injerencias desde el exterior El incremento de la competitividad y de la tensión en el escenario internacional ha supuesto un aumento de las injerencias desde el exterior que España debe confrontar. Entre las herramientas más eficaces de algunos países que aspiran a expandir su influencia internacional destacan las actividades de espionaje. La pertenencia de España a organizaciones como la Unión Europea y la OTAN, hacen del país un objetivo atractivo. Sin embargo, los objetivos de los Servicios de Inteligencia hostiles no se limitan a las instituciones y a la información del Gobierno de España, también afectan a otros sectores, como por ejemplo a la industria de defensa, las Infraestructuras Críticas o la investigación científica y tecnológica, así como a otros ámbitos del sector privado. Estas actividades no solo son críticas para la Seguridad Nacional, sino que pueden atentar contra la competitividad económica y la propiedad intelectual, especialmente en lo que respecta a los sectores estratégicos y al campo de la ciencia y la investigación. Asimismo, son destacables los esfuerzos de algunos actores extranjeros por influir sobre sus nacionales asentados en España, afectando a los derechos y libertades de los ciudadanos y, potencialmente, a la estabilidad social. En otras ocasiones, las actuaciones de los Servicios de Inteligencia extranjeros no tienen como objetivo intereses españoles o aliados, sino que utilizan el territorio español como base de sus operaciones en otros países, pudiendo atentar contra la soberanía nacional. Tanto las actividades de inteligencia clásicas como el ciberespionaje son una importante amenaza en sí mismos. Pero, además, hay que considerar que las actividades de los Servicios de Inteligencia hostiles pueden formar parte de las llamadas estrategias híbridas. Dentro de estas estrategias, las actividades de espionaje pueden llegar a ser un elemento destacable y potencian la amenaza que suponen para la Seguridad Nacional. Campañas de desinformación Las campañas de desinformación tienen clara repercusión en la Seguridad Nacional y deben diferenciarse de otros factores como la información falsa –fake news– o información errónea –misinformation–. De hecho, las campañas de desinformación no contienen necesariamente noticias falsas, sino que pretenden distorsionar la realidad mediante contenido manipulado. En este sentido, el ámbito cognitivo es un espacio más en el que ejercer influencia, que se suma a los tradicionales ámbitos físicos: terrestre, marítimo y aéreo. Los elementos que sí son inherentes a una campaña de desinformación son la voluntad de generar confusión y socavar la cohesión social; el uso coordinado de distintos medios para la creación y difusión de contenidos dirigidos a audiencias amplias; y la intención maliciosa con fines de desprestigio o influencia sobre el objetivo del ataque. Así, las campañas de desinformación suponen una grave amenaza para los procesos electorales. Por su potencial peligrosidad, cabe señalar las estrategias de desinformación de actores extranjeros, tanto estatales como no estales, que desarrollan aparatos de propaganda con la intención de polarizar a la sociedad y minar su confianza en las instituciones. Vulnerabilidad del ciberespacio Se distinguen dos tipologías generales de amenazas en el ciberespacio. Por un lado, los ciberataques, entendidos como acciones disruptivas que actúan contra sistemas y elementos tecnológicos. Ejemplos de ello son los ataques de ransomware (secuestro de datos) o la denegación de servicios, entre otros. Y, por otro lado, el uso del ciberespacio para realizar actividades ilícitas, como el cibercrimen, el ciberespionaje, la financiación del terro …