Real Decreto 948/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos

200 ok I La Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en su disposición final primera, añadió el artículo 367 septies a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el que ya se contempló la creación de una Oficina de Recuperación de Activos. Transcurridos cinco años, esa previsión no ha sido aún desarrollada reglamentariamente. El Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, con el apoyo operativo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ha venido desempeñando funciones de localización de activos procedentes de delitos. No obstante, al no existir órganos especializados en su gestión, una vez decomisados, esos activos quedan a disposición de los órganos jurisdiccionales, que, por lo general, ordenan su realización al final del procedimiento, mediante los mecanismos tradicionales de venta por persona especializada o subasta pública. Este mecanismo se ha revelado ineficaz en los procedimientos de mayor complejidad, en la medida en que las necesidades de la gestión de bienes exceden por lo general de las posibilidades materiales de los órganos judiciales. Estas circunstancias conducen a reafirmar la necesidad de poner en funcionamiento la mencionada Oficina.

A tal fin, la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, mantiene aquella previsión del artículo 367 septies de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aunque dándole la nueva denominación de Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, en la medida en que a su inicial función de localización y recuperación de bienes, añade la de administración y gestión de los mismos. Este precepto prevé que el juez o tribunal, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o de la propia Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, pueda encomendarle la localización, conservación y administración de los efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de actividades delictivas cometidas en el marco de una organización criminal. Asimismo, la disposición final quinta de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, habilita al Gobierno para aprobar las disposiciones reglamentarias precisas para regular la estructura, organización, funcionamiento y actividad de dicha Oficina de Recuperación y Gestión de Activos. La misma ley orgánica ha introducido también importantes modificaciones en la regulación del decomiso sin sentencia en circunstancias excepcionales, el decomiso ampliado y el decomiso de terceros, que si bien ya estaban previstos en los textos normativos anteriores, habían carecido de aplicación práctica.

La Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, completa esta regulación mediante la previsión de la intervención en el proceso penal de terceros afectados por el decomiso y con la incorporación de un nuevo procedimiento de decomiso autónomo. Este último podrá iniciarse a instancia del Ministerio Fiscal cuando exista un hecho punible y su autor haya fallecido o no pueda ser enjuiciado por hallarse en rebeldía o en situación de incapacidad para comparecer en juicio. También podrá emplearse cuando el fiscal se reserve la acción de decomiso, para el caso de haber recaído sentencia condenatoria firme por el delito del que proviene el patrimonio objeto del procedimiento.

La reforma llevada a cabo en materia de decomiso en las mencionadas leyes incorpora al Derecho español la Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea. El artículo 10 de esta norma insta a los Estados miembros a adoptar las medidas necesarias, por ejemplo mediante la creación de oficinas nacionales centrales, «con objeto de garantizar la administración adecuada de los bienes embargados preventivamente con miras a su posible decomiso». Con todo ello se pretende optimizar la prevención y la lucha contra la delincuencia organizada transfronteriza, incluida la de carácter organizado, neutralizando el producto del delito, pues se entiende que la principal motivación de esta forma de delincuencia es la obtención de beneficios financieros.

II Las disposiciones citadas tienen como objeto facilitar instrumentos legales que sean más eficaces en la recuperación de activos procedentes del delito y en la gestión económica de los mismos. El objetivo, pues, es darle a la investigación patrimonial y al decomiso el protagonismo que merecen en la lucha contra la vertiente económica de la delincuencia grave desarrollada por organizaciones y entramados criminales, logrando así su estrangulamiento financiero. Para ello es necesario que las autoridades judiciales competentes dispongan de un sistema eficaz para localizar y administrar los activos de origen delictivo, con el respaldo de la estructura institucional y los recursos financieros y humanos necesarios, que les facilite la labor de embargar y decomisar bienes en el marco del procedimiento penal. Se prevé así la constitución de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos como auxiliar de la Administración de Justicia, la cual tiene, por tanto, una relevante función de asesoramiento de los órganos encargados de la investigación para asegurar que los embargos y decomisos acordados sean efectivos y eficaces.

El creciente número de hechos delictivos relacionados con la delincuencia económica, frecuentemente organizada y transfronteriza, con especial preocupación por los delitos de corrupción, tanto en el sector público como en el privado, impone la necesidad de que el Estado dirija sus esfuerzos no sólo al castigo de sus responsables, una vez declarada su culpabilidad, sino también a lograr la recuperación de los activos procedentes del delito, porque tan importante como el cumplimiento certero de la pena es la recuperación de esos activos. Su posterior afectación al abono de las indemnizaciones de las víctimas, a la realización de proyectos sociales y al impulso de la lucha contra la criminalidad organizada constituye una relevante medida de regeneración democrática y justicia social.

La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos funcionará, pues, como una herramienta al servicio de los juzgados y tribunales en el marco de los procesos penales a que nos venimos refiriendo, y lo hará también como auxiliar de las fiscalías en el ejercicio de sus funciones relacionadas con las investigaciones patrimoniales que, cuando menos, abarcan las diligencias de investigación, la ejecución de comisiones rogatorias internacionales y la investigación patrimonial en el procedimiento de decomiso autónomo en los términos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

La nueva regulación del decomiso y la puesta en marcha de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos facilitarán una mayor eficacia en la lucha contra la delincuencia económica, normalmente una criminalidad de delincuentes poderosos, que aparece especialmente organizada y que tanto daño ocasiona al Estado democrático de derecho. Se hará así realidad el principio de que el delito que genera ilícitas ganancias nunca pueda compensar a su autor.

III En la regulación prevista en este real decreto se han tenido en cuenta las guías de buenas prácticas internacionales y el análisis de los diferentes modelos vigentes en países de nuestro entorno cultural y geográfico, como es el caso de Reino Unido, Holanda, Bélgica y Francia. Este último país ofrece una experiencia altamente positiva en gestión de activos, a través de la Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), que ha supuesto un giro radical en la forma de entender el decomiso en los tribunales franceses, orientándola a la gestión más eficiente de los bienes. De esta manera, con los patrimonios de las personas condenadas por delitos graves se logra la satisfacción de las responsabilidades civiles, se autofinancia la propia oficina y se apoya con más recursos la lucha contra la criminalidad organizada. Los modelos de agencia en el entorno europeo constituyen una oficina especializada con personal multidisciplinar, procedente del ámbito de la Administración, de la Justicia, de aduanas, del ámbito tributario y de la Policía Judicial, y una función preferente de asesoramiento y auxilio a la Justicia en los procesos penales a los que los embargos y decomisos van asociados.

La creación de una Oficina homóloga a la de los países de nuestro entorno contribuirá sin duda al fomento de la cooperación internacional en materia de embargo y decomiso, lo que a su vez redundará en un mayor beneficio para el Estado, toda vez que la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, establece una regla de reparto al 50 por ciento del producto obtenido entre el país requirente y el requerido, regla que se ha extendido fuera de las fronteras europeas, sobre la base del principio de reciprocidad, en la reciente reforma del Código Penal.

Por último, la experiencia acumulada por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas en aplicación de la Ley 17/2003, de 29 de mayo, por la que se regula el Fondo de Bienes Decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, si bien referida a la realización de bienes decomisados mediante sentencia judicial firme, constituye un antecedente que ha sido tomado en consideración, tanto para la mejora de la eficacia en la gestión, como para evitar duplicidades y favorecer la coordinación necesaria entre ambas instituciones. El presente real decreto no resulta de aplicación a los bienes, frutos e intereses de los mismos que por aplicación de la mencionada Ley 17/2003, de 29 de mayo, son titularidad del Fondo de bienes decomisados por delito de narcotráfico y otros delitos relacionados. Ello no obstante la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos podrá firmar un convenio de colaboración con la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, a fin de canalizar posibles fórmulas de cooperación en las funciones de asesoramiento, gestión y realización de aquellos.

IV El presente real decreto se estructura en cinco capítulos. El capítulo I recoge las disposiciones generales, con referencia al objeto y naturaleza, fines y funciones. El capítulo II está dedicado a la estructura del órgano, y en él se detallan su rango y dependencia orgánica y se regulan el Director General, las subdirecciones generales, el personal de la oficina y la Comisión de Adjudicación de bienes producto del delito. Esta última tiene encomendada la relevante labor de realizar el reparto de los recursos económicos obtenidos por la Oficina con base en los criterios que adopte el Consejo de Ministros anualmente. El capítulo III regula las reglas básicas del procedimiento que seguirá cada expediente desde su incoación hasta su finalización.

Se incluye también una previsión específica de funcionamiento en el ámbito internacional, con una habilitación expresa a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos para el intercambio de información necesaria para llevar a buen término sus funciones, sin perjuicio de las competencias que en el mismo sentido sigan ostentado otros organismos, como el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado o el Ministerio Público, en el ámbito de sus funciones. El capítulo IV se refiere al régimen económico de la Oficina y distribución del producto obtenido. En él se regula un modelo de gestión económica asociado a la cuenta de consignaciones y depósitos judiciales. Se prevén también, en desarrollo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los beneficiarios de los recursos de la Oficina.

Finalmente, el capítulo V se dedica a los mecanismos de dación de cuentas, que garantizan la plena transparencia en la gestión de los bienes administrados. El presente real decreto contiene también dos disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias y siete disposiciones finales.

La entrada en vigor del real decreto tendrá lugar el día siguiente a su publicación, si bien la puesta en funcionamiento de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos se determinará mediante Orden del Ministro de Justicia, una vez entre en vigor la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y se realizará de manera progresiva, de acuerdo con el plan de acción que apruebe el Director General de la Oficina.

Este real decreto ha sido informado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, así como por el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado. Se ha dado trámite de audiencia a las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de Administración de Justicia.

En su virtud, a iniciativa del Ministro de Justicia, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de octubre de 2015, DISPONGO:

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1Objeto y naturaleza

Este real decreto tiene por objeto regular el régimen de funcionamiento de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, que se configura como un órgano de la Administración General del Estado y auxiliar de la Administración de Justicia, al que corresponden las competencias de localización, recuperación, conservación, administración y realización de los efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de actividades delictivas cometidas en el marco de una organización criminal y de cualesquiera otras que se le atribuyan, en los términos previstos en la legislación penal y procesal.

La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos actuará cuando se lo encomiende el juez o tribunal competente, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o de la propia Oficina.

La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos procederá, igualmente, a la localización de activos a instancia del Ministerio Fiscal en el ejercicio de sus competencias en el ámbito de las diligencias de investigación, de la cooperación jurídica internacional, del procedimiento de decomiso autónomo o en cualesquiera otras actuaciones en los términos previstos en las leyes penales o procesales.

Artículo 1Objeto y naturaleza

Este real decreto tiene por objeto regular el régimen de funcionamiento de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, que se configura como un órgano de la Administración General del Estado y auxiliar de la Administración de Justicia, al que corresponden las competencias de localización, recuperación, conservación, administración y realización de los efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de actividades delictivas cometidas en el marco de una organización criminal y de cualesquiera otras que se le atribuyan, en los términos previstos en la legislación penal y procesal.

La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos actuará cuando se lo encomiende el juez o tribunal competente, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o de la propia Oficina. Asimismo en fase de ejecución de sentencia su actuación podrá ser a instancia del Letrado de la Administración de Justicia.

La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos procederá, igualmente, a la localización de activos a instancia del Ministerio Fiscal en el ejercicio de sus competencias en el ámbito de las diligencias de investigación, de la cooperación jurídica internacional, del procedimiento de decomiso autónomo o en cualesquiera otras actuaciones en los términos previstos en las leyes penales o procesales.

Se modifica el párrafo segundo por el art. único.1 del Real Decreto 93/2018, de 2 de marzo. Ref. BOE-A-2018-3437

Artículo 2Fines

La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos aplicará el producto de la gestión y realización de los efectos, bienes, instrumentos y ganancias del delito a los fines previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal con los siguientes objetivos prioritarios:

1.º Los gastos necesarios para la obtención de pruebas en la investigación, comprendiendo el coste de las pericias del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

2.º La adquisición de medios materiales para los órganos competentes en la represión, investigación y realización de las pruebas periciales.

3.º La formación y capacitación especializada de los órganos encargados de la prevención y represión de la criminalidad organizada.

4.º El reembolso de los gastos en que lícitamente hayan podido incurrir los particulares o los servicios de las Administraciones Públicas que hubiesen colaborado con los órganos competentes en la investigación.

Artículo 3Funciones

Artículo 3Funciones

No corresponderá a la Oficina, la localización o gestión de bienes cuyo único fin sea el pago de una pena de multa.

Se modifica el apartado 1 por el art. único.2 del Real Decreto 93/2018, de 2 de marzo. Ref. BOE-A-2018-3437

CAPÍTULO II

Estructura

Artículo 4Rango y dependencia orgánica

La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos depende del Ministerio de Justicia y se encuentra adscrita a la Secretaría de Estado de Justicia, con rango de Dirección General.

Artículo 5Director General

Artículo 5Director General

Se modifica por el art. único.3 del Real Decreto 93/2018, de 2 de marzo. Ref. BOE-A-2018-3437

Artículo 6Subdirecciones Generales

Para el desarrollo de esta función, el personal de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos actuará de manera coordinada con las unidades centrales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y podrá recabar la colaboración de cuantas entidades públicas o privadas considere pertinentes.

1.º El mantenimiento y gestión de los efectos, bienes, instrumentos y ganancias provenientes del delito, cualquiera que sea la naturaleza de los mismos, así como de los beneficios, frutos y rentas de tales bienes. Podrá comprender también la destrucción de los bienes cuando sea acordada por la autoridad competente, en los términos previstos legalmente.

La función de administración se regirá por la normativa en materia de contratación pública y patrimonial, sin perjuicio de la sujeción a otra normativa que resultara aplicable.

2.º La elaboración de informes sobre el estado y circunstancias de los bienes gestionados, que remitirá a la autoridad competente, de oficio o cuando ésta lo solicite, a los efectos de evitar las actuaciones antieconómicas y garantizar, dentro del respeto a la ley y con el cumplimiento de todas las garantías procesales, el máximo beneficio económico.

3.º La realización de los bienes, que comprenderá la actividad tendente a la venta de los bienes, efectos, ganancias e instrumentos entregados a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, si fuese acordada judicialmente, tras el decomiso de los mismos.

Esta función comprenderá también la venta anticipada de bienes embargados, cuando ésta haya sido autorizada judicialmente.

4.º La función derivada del soporte necesario para el desarrollo de la actividad propia de la Comisión de Adjudicación de bienes producto del delito.

5.º La tramitación administrativa precisa para hacer llegar a la cuenta de depósitos y consignaciones el dinero resultante del embargo o la realización anticipada de los efectos a los que se refiere la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Artículo 6Subdirecciones Generales

En el ejercicio de estas funciones, y dentro del marco de la encomienda judicial o del Ministerio Fiscal, se coordinará con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y podrá recabar la colaboración de otras entidades públicas o privadas.

Asimismo le corresponde el intercambio de información patrimonial con oficinas análogas en el ámbito internacional.

1.º El mantenimiento y gestión de los efectos, bienes, instrumentos y ganancias provenientes del delito, cuando hayan sido intervenidos o embargados judicialmente, cualquiera que sea la naturaleza de los mismos, así como de los beneficios, frutos y rentas de tales bienes. Podrá comprender también la destrucción de los bienes cuando sea acordada por la autoridad competente, en los términos previstos legalmente.

La Oficina podrá gestionar los bienes de cualquiera de las formas previstas en la legislación aplicable a las Administraciones Públicas, sin perjuicio de la sujeción a otra normativa que resultara aplicable.

2.º La elaboración de informes sobre el estado y circunstancias de los bienes gestionados, que remitirá a la autoridad competente, de oficio o cuando ésta lo solicite, a los efectos de evitar las actuaciones antieconómicas y garantizar, dentro del respeto a la ley y con el cumplimiento de todas las garantías procesales, el máximo beneficio económico.

3.º La realización de los bienes, que comprenderá la actividad tendente a la venta de los bienes, efectos, ganancias e instrumentos cuya gestión se le haya encomendado judicialmente a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, tras el decomiso de los mismos. Asimismo, por encomienda del órgano judicial, le corresponderá la realización de los bienes decomisados adjudicados al Estado, salvo que se hayan inscrito a nombre del Estado en el correspondiente Registro de la Propiedad o Registro de Bienes Muebles.

Esta función comprenderá también la venta anticipada de bienes intervenidos o embargados, cuando ésta haya sido autorizada judicialmente en el ámbito de actuación de la Oficina.

4.º La adjudicación del uso de los bienes o efectos incautados o embargados, siempre que el órgano judicial haya autorizado su utilización provisional.

5.º La función derivada del soporte necesario para el desarrollo de la actividad propia de la Comisión de Adjudicación de bienes producto del delito.

6.º La gestión de la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos.

Se modifica por el art. único.4 del Real Decreto 93/2018, de 2 de marzo. Ref. BOE-A-2018-3437

Artículo 7Personal de la Oficina

La Oficina contará con el personal que determine la correspondiente relación de puestos de trabajo.

A la Oficina podrán asignarse, además, jueces, fiscales o letrados de la administración de justicia de conformidad con la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial.

Artículo 8Comisión de Adjudicación de bienes producto del delito

Actuará como secretario, con voz pero sin voto, un funcionario de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos.

En la Comisión de Adjudicación de bienes producto del delito intervendrá, con voz pero sin voto, un representante de la Abogacía del Estado del Ministerio de Justicia.

CAPÍTULO III

Procedimiento

Artículo 9Iniciación

El procedimiento se iniciará con la recepción del testimonio de la resolución judicial o del decreto del fiscal que solicite la intervención a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos.

En el supuesto de que la propia Oficina de Recuperación y Gestión de Activos inste al órgano judicial o a la fiscalía, en su caso, la remisión de un procedimiento, se incoará un procedimiento con dicha solicitud. En caso de estimación de la propuesta de la Oficina, el procedimiento continuará por los trámites previstos en este capítulo. En caso de desestimación, se archivará el procedimiento con la recepción de la resolución judicial o del decreto del fiscal en que así se haga constar.

Artículo 9Iniciación

El procedimiento se iniciará con la recepción del testimonio de la resolución del órgano judicial o del decreto del fiscal que solicite la intervención a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos.

En el supuesto de que la propia Oficina de Recuperación y Gestión de Activos inste al órgano judicial o a la fiscalía, en su caso, la remisión de un procedimiento, se incoará un procedimiento con dicha solicitud. En caso de estimación de la propuesta de la Oficina, el procedimiento continuará por los trámites previstos en este capítulo. En caso de desestimación, se archivará el procedimiento con la recepción de la resolución del órgano judicial o del decreto del fiscal en que así se haga constar.

Se modifica por el art. único.5 del Real Decreto 93/2018, de 2 de marzo. Ref. BOE-A-2018-3437

Artículo 10Inventario de bienes y registro

Todos los bienes que sean objeto de un expediente de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos serán incluidos en un inventario de bienes embargados y decomisados, en el que se hará constar su naturaleza y valor, y donde se anotarán cualesquiera actuaciones relacionadas con ellos. Esta información estará a disposición de la autoridad judicial y fiscal, así como, en su caso, de la policía judicial.

Artículo 11Tramitación del expediente

Para ello, la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos podrá celebrar los contratos o encomiendas necesarios para la gestión o realización de los bienes que se le encomienden.

En estos casos, previa autorización del juez o tribunal competente, resolverá sobre la adjudicación del uso de los efectos embargados y sobre las medidas de conservación que deban ser adoptadas, de acuerdo con lo previsto a tal efecto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, informando de lo acordado al juez o tribunal y a la fiscalía.

Artículo 11Tramitación del expediente

Para ello, la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos podrá celebrar los contratos o encomiendas necesarios.

En estos casos, previa autorización del juez o tribunal competente, resolverá sobre la adjudicación del uso de los efectos embargados y sobre las medidas de conservación que deban ser adoptadas, de acuerdo con lo previsto a tal efecto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, informando de lo acordado al juez o tribunal y a la fiscalía.

Se modifican los apartados 1 y 2 por el art. único.6 del Real Decreto 93/2018, de 2 de marzo. Ref. BOE-A-2018-3437

Artículo 12Cooperación internacional

Artículo 12Cooperación internacional

Se modifican los apartados 2 y 3 por el art. único.7 del Real Decreto 93/2018, de 2 de marzo. Ref. BOE-A-2018-3437

CAPÍTULO IV

Régimen económico de la Oficina y distribución del producto obtenido

Artículo 13Régimen económico

Para los restantes bienes, en atención a las circunstancias y con sujeción a los principios de eficiencia y transparencia, la Oficina podrá gestionarlos de cualquiera de las formas previstas en la legislación aplicable a las Administraciones Públicas.

Los intereses del dinero y los rendimientos y frutos de los bienes se destinarán a satisfacer los costes de gestión, incluyendo los que correspondan a la Oficina; la cantidad restante se conservará a resultas de lo que se disponga mediante resolución judicial firme de decomiso.

Artículo 13Régimen económico

Para los restantes bienes, en atención a las circunstancias y con sujeción a los principios de eficiencia y transparencia, la Oficina podrá gestionarlos de cualquiera de las formas previstas en la legislación aplicable a las Administraciones Públicas, sin perjuicio de la sujeción a otra normativa que resultara aplicable.

Los intereses del dinero y los rendimientos y frutos de los bienes se destinarán a satisfacer los costes de gestión, incluyendo los que correspondan a la Oficina; la cantidad restante se conservará a resultas de lo que se disponga mediante resolución judicial firme de decomiso.

Se modifica el apartado 1 por el art. único.8 del Real Decreto 93/2018, de 2 de marzo. Ref. BOE-A-2018-3437

Artículo 14Costes de gestión y gastos

Podrá excepcionalmente asumir costes y gastos precedentes cuando ello resulte conveniente para la adecuada gestión del bien y así lo acuerde el Director General.

Artículo 15Distribución de los recursos

La distribución de los recursos entre los beneficiarios tendrá lugar mediante acuerdo de la Comisión de Adjudicación de bienes producto del delito, en el marco de los criterios que serán definidos anualmente mediante Acuerdo del Consejo de Ministros.

Artículo 16Beneficiarios

1.º Para el desarrollo y ejecución de los planes y programas de atención a las víctimas de delitos, incluido el impulso de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas.

2.º Para dotar de medios materiales a los Institutos de Medicina Legal y afrontar los gastos derivados de las pericias realizadas en dichos Institutos.

3.º Para la dotación de medios a las respectivas policías con competencia en la prevención, investigación, persecución y represión de los delitos.

4.º Para las organizaciones no gubernamentales o entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas comprendidos en los fines previstos en esta norma, cuyo ámbito no supere el de la respectiva comunidad autónoma.

CAPÍTULO V

Mecanismos de dación de cuentas

Artículo 17Comparecencia en el Congreso de los Diputados

El Director General de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos comparecerá anualmente ante el Congreso de los Diputados para dar cuenta de la gestión de la Oficina y de los resultados de su actividad.

Artículo 18Memoria anual y estadística

CAPÍTULO VI

La gestión de activos por la Oficina Se añade por el art. único.9 del Real Decreto 93/2018, de 2 de marzo. Ref. BOE-A-2018-3437

Artículo 19Ámbito de la gestión de activos

Se añade por el art. único.9 del Real Decreto 93/2018, de 2 de marzo. Ref. BOE-A-2018-3437

Artículo 20Apertura del expediente

Asimismo procederá el archivo del procedimiento si transcurridos seis meses desde la solicitud no se recibe respuesta por parte del órgano judicial, de lo que se dará traslado al órgano judicial y al Ministerio Fiscal.

Procederá la reapertura del expediente archivado en caso de que el órgano judicial estime la solicitud efectuada por la Oficina, una vez transcurrido el plazo de seis meses.

Se añade por el art. único.9 del Real Decreto 93/2018, de 2 de marzo. Ref. BOE-A-2018-3437

Artículo 21Información sobre los activos

Se añade por el art. único.9 del Real Decreto 93/2018, de 2 de marzo. Ref. BOE-A-2018-3437

Artículo 22Tasación de los bienes

En todo caso, en el proceso de valoración de los bienes se evitará la tasación de los bienes carentes de valor o cuyo valor sea ínfimo, los objetos inservibles o los objetos sin utilidad por sí mismos por formar parte de otro bien, de lo que se informará motivadamente al órgano judicial.

Se añade por el art. único.9 del Real Decreto 93/2018, de 2 de marzo. Ref. BOE-A-2018-3437

Artículo 23Análisis económico

Cuando la encomienda judicial no contemple el destino de los bienes, la Oficina elaborará un análisis económico en el que se tendrán en cuenta los criterios necesarios a efectos de evitar las actuaciones antieconómicas y garantizar el máximo beneficio económico. El análisis económico tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

Se añade por el art. único.9 del Real Decreto 93/2018, de 2 de marzo. Ref. BOE-A-2018-3437

Artículo 24Propuesta de actuación

La existencia de cargas o prohibiciones de disponer voluntarias no impedirá la realización del bien, pero el adjudicatario se subrogará en tales cargas y limitaciones. Cuando se trate de cargas o prohibiciones de disponer de origen administrativo o judicial, se pondrán en conocimiento del órgano judicial para que valore su naturaleza e incidencia en el procedimiento de realización del bien.

Se añade por el art. único.9 del Real Decreto 93/2018, de 2 de marzo. Ref. BOE-A-2018-3437

Artículo 25Actuaciones previas a la realización de los bienes o efectos

Con carácter previo al inicio del procedimiento de realización, la Oficina pondrá en conocimiento del órgano judicial la forma de realización y las condiciones para su desarrollo, así como que dicho procedimiento se iniciará en los términos comunicados salvo que en el plazo de diez días el órgano judicial disponga otra cosa. Este plazo podrá reducirse por razones de urgencia, en caso de bienes perecederos o de bienes que por su naturaleza, ubicación u otras circunstancias concurrentes exijan celeridad en el proceso de realización.

Asimismo, le comunicará la tasación del bien, su valor a efectos del procedimiento de realización y el precio mínimo de adjudicación, salvo que la naturaleza del bien no posibilite su tasación.

Se añade por el art. único.9 del Real Decreto 93/2018, de 2 de marzo. Ref. BOE-A-2018-3437

Artículo 26Formas de realización

La realización de los bienes o efectos podrá consistir en la entrega a entidades sin ánimo de lucro o a las Administraciones Públicas, la realización por medio de persona o entidad especializada, o la subasta pública.

Se añade por el art. único.9 del Real Decreto 93/2018, de 2 de marzo. Ref. BOE-A-2018-3437

Artículo 27Entrega a entidades sin ánimo de lucro o a las Administraciones Públicas

Se añade por el art. único.9 del Real Decreto 93/2018, de 2 de marzo. Ref. BOE-A-2018-3437

Artículo 28La realización por medio de persona o entidad especializada

Para ello, la Oficina podrá promover la celebración de los contratos, convenios de colaboración o encomiendas de gestión que resulten necesarios. En caso de que por resolución del órgano judicial se determine la entidad especializada que debe llevar a cabo la realización, la Oficina deberá actuar de acuerdo con lo dispuesto en dicha resolución.

No será necesario solicitar tres propuestas cuando la actuación de la persona o entidad especializada sea a título gratuito.

En todo caso, la Oficina fijará el precio mínimo de adjudicación para cada bien o lote de bienes en los términos previstos en el artículo siguiente.

Se añade por el art. único.9 del Real Decreto 93/2018, de 2 de marzo. Ref. BOE-A-2018-3437

Artículo 29La subasta pública

No obstante, el valor de los bienes a efectos de la subasta se podrá reducir motivadamente hasta un quince por ciento en cada nueva subasta que se convoque después de la primera convocatoria.

En todo caso, cuando las circunstancias y naturaleza del bien lo requieran, dichos porcentajes podrán reducirse motivadamente previa autorización del órgano judicial.

Se añade por el art. único.9 del Real Decreto 93/2018, de 2 de marzo. Ref. BOE-A-2018-3437

Artículo 30Convocatoria de la subasta

Se añade por el art. único.9 del Real Decreto 93/2018, de 2 de marzo. Ref. BOE-A-2018-3437

Artículo 31Requisitos para licitar

Se añade por el art. único.9 del Real Decreto 93/2018, de 2 de marzo. Ref. BOE-A-2018-3437

Artículo 32Desarrollo de la subasta

Cuando el mejor postor haya actuado en representación de un tercero, con carácter previo a la aprobación del remate deberá acreditar la representación. Cuando no esté inscrita en el Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado, se acreditará mediante copia del poder o documento que la acredite.

Si ninguno de los rematantes a que se refiere el párrafo anterior consignare el precio en el plazo señalado o si desistieran de su oferta, decaerán automáticamente en su derecho y perderán el depósito que hubieran efectuado, sin menoscabo del resarcimiento de los daños y perjuicios que hubiera podido ocasionar en lo que exceda de la caución efectuada y siempre que lo acredite la Administración Pública.

Se añade por el art. único.9 del Real Decreto 93/2018, de 2 de marzo. Ref. BOE-A-2018-3437

Artículo 33Resolución de la subasta

Asimismo, serán por cuenta del adjudicatario los gastos que genere el depósito de los bienes desde que finalice el plazo para su recogida. A los efectos oportunos, la Oficina lo pondrá en conocimiento del órgano judicial y del depositario la fecha en que finaliza dicho plazo.

Se añade por el art. único.9 del Real Decreto 93/2018, de 2 de marzo. Ref. BOE-A-2018-3437

Artículo 34Certificación de la adjudicación

Cuando resulte procedente y se trate de bienes inmuebles o bienes muebles con un régimen de publicidad registral similar, la persona titular de la Oficina emitirá certificación de la adjudicación en la que se hará constar la resolución del órgano judicial por la que se le haya encomendado la realización del bien, la firmeza en vía administrativa de la adjudicación, la identificación del adjudicatario, la descripción de los bienes enajenados, las cargas y gravámenes a que estuvieran afectos y las demás circunstancias necesarias para la inscripción con arreglo a la legislación vigente.

Esta certificación será título suficiente para la inscripción o inmatriculación de la adquisición a favor del adjudicatario de conformidad con lo dispuesto en la legislación hipotecaria.

En su caso, se librará el oportuno mandamiento para la cancelación de la anotación registral del embargo o decomiso que haya dado lugar a la realización, así como para la cancelación de las cargas posteriores a dicha anotación, que será suficiente para practicarlas sin necesidad de mandamiento judicial salvo que una norma de rango legal exija otros trámites.

Se añade por el art. único.9 del Real Decreto 93/2018, de 2 de marzo. Ref. BOE-A-2018-3437

Artículo 35Subasta electrónica

Se añade por el art. único.9 del Real Decreto 93/2018, de 2 de marzo. Ref. BOE-A-2018-3437

Artículo 36Subasta presencial

La subasta presencial se realizará con sujeción a las siguientes reglas:

1.ª La convocatoria de subasta se anunciará en el «Boletín Oficial del Estado», con al menos un mes de antelación a la fecha de su realización.

2.ª En caso de que así se contemple en la convocatoria, podrán admitirse pujas en sobre cerrado o enviadas por vía telemática, dentro de los plazos que se establezcan en la convocatoria, que se incluirán en dos sobres:

3.ª En la fecha señalada, se constituirá la mesa de adjudicación integrada por la persona titular de la Subdirección General de conservación, administración y realización de bienes, que la presidirá, y con la participación, como vocales, de un Abogado del Estado en el Ministerio de Justicia, un representante de la Intervención Delegada en el Ministerio de Justicia, y un funcionario de la citada Subdirección General, designado por la persona titular de la Oficina, que actuará además como Secretario. La mesa se regirá por lo dispuesto en esta disposición y las normas administrativas de funcionamiento de los órganos colegiados.

4.ª Antes de abrir la sesión, en el caso de admitirse pujas en sobre cerrado o presentadas por medios telemáticos, se procederá a la apertura del primer sobre, con el fin de determinar qué licitadores pueden concurrir a la subasta.

5.ª Los licitadores podrán participar personalmente o por medio de representante. Los licitadores que hubieran presentado su puja en sobre cerrado o por medios electrónicos podrán presentar pujas superiores a las inicialmente ofertadas.

Una vez acreditada la identidad de los licitadores, se abrirá el plazo para la formulación de las pujas, y se irán admitiendo las que vayan mejorando el tipo de salida, rematándose la subasta a favor del licitador que efectúe la más alta de ellas para cada uno de los bienes o lotes ofertados.

6.ª En su caso, el presidente de la mesa advertirá a los licitadores de la existencia de pujas en sobre cerrado o presentadas por medios telemáticos, y una vez finalicen las pujas formuladas de viva voz, se procederá a la apertura de los sobres o a la lectura de las que se hubieran presentado telemáticamente:

7.ª Del resultado de la subasta celebrada el Secretario de la mesa levantará acta en la que se hará constar el desarrollo, incidencias y resultados de la subasta, que será suscrita además por el mejor postor o su representante, si estuviera presente.

8.ª Si no hubiera pujas para un bien o bienes en la primera convocatoria, se podrá celebrar una segunda licitación en el marco de la misma subasta. La segunda licitación se desarrollará con las mismas formalidades que la primera y con los mismos importes mínimos de adjudicación, salvo que en las condiciones de la subasta se hubieran fijado otros distintos.

Se añade por el art. único.9 del Real Decreto 93/2018, de 2 de marzo. Ref. BOE-A-2018-3437

Artículo 37Subasta simplificada

La subasta simplificada podrá realizarse siguiendo alguna de las modalidades siguientes: presentación de oferta en sobre cerrado o en vía telemática.

1.ª La convocatoria se anunciará en la página web del Ministerio de Justicia. Adicionalmente, la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos podrá adoptar las medidas de difusión que estime oportunas.

2.ª El plazo para la presentación de ofertas será de 10 días hábiles, sin perjuicio de que pueda reducirse motivadamente en casos de urgencia.

3.ª En la convocatoria se establecerá la fecha límite para la admisión de ofertas y, en su caso, plazo de entrada efectiva en el Registro del Ministerio de Justicia, así como de la documentación identificativa del licitador, sin perjuicio de que la restante documentación necesaria para la adjudicación del bien se solicite posteriormente sólo al licitador con mejor oferta. Además, se podrá exigir a los interesados un depósito en la cuantía que se estime oportuna.

Asimismo se fijará el lugar, día y hora para la apertura de los sobres que contengan las ofertas, constituyéndose al efecto una mesa de adjudicación integrada por la persona titular de la Subdirección General de conservación, administración y realización de bienes, que la presidirá, y con la participación, como vocales, de dos funcionarios de la citada Subdirección General, designado por la persona titular de la Oficina, uno de los cuales actuará además como Secretario. La mesa se regirá por lo dispuesto en esta disposición y las normas administrativas de funcionamiento de los órganos colegiados.

4.ª La adjudicación de los bienes se realizará en favor de la propuesta que contenga la oferta económica más elevada, sin perjuicio de la posibilidad de que en cada caso concreto se pueda establecer un precio mínimo.

5.ª En caso de empate entre dos o más propuestas, la enajenación se efectuará en favor de la que se hubiese presentado en fecha anterior, y en caso de igualdad la que tuviera entrada con anterioridad en el Registro.

6.ª Una vez consignado el precio en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de la Oficina, se adjudicará por resolución de la persona titular de la Dirección General de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos. Esta resolución pondrá fin a la vía administrativa.

Se añade por el art. único.9 del Real Decreto 93/2018, de 2 de marzo. Ref. BOE-A-2018-3437

Artículo 38Bienes no adjudicados

Se procederá del mismo modo cuando se trate de establecimientos mercantiles radicados en inmuebles de propiedad de terceros, que no hayan podido ser objeto de enajenación.

Se añade por el art. único.9 del Real Decreto 93/2018, de 2 de marzo. Ref. BOE-A-2018-3437

Artículo 39Utilización provisional de los bienes

Asimismo, la Oficina podrá proponer al juez la utilización provisional de los efectos embargados o intervenidos cautelarmente, en los términos previstos en el artículo 367 sexies de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La Oficina informará al juez o tribunal, y a la Fiscalía, de lo que hubiera acordado.

Formulada solicitud expresa la Oficina la remitirá a la Dirección General del Patrimonio del Estado a los efectos de que tramite, en caso de que lo considere pertinente, la asignación de los bienes con carácter definitivo a la Administración en los términos que se establezcan en el acuerdo de cesión. Esta comunicación pondrá fin a la gestión de la Oficina respecto a este bien.

Se añade por el art. único.9 del Real Decreto 93/2018, de 2 de marzo. Ref. BOE-A-2018-3437

Artículo 40Destrucción de bienes

Cuando se trate de bienes de escaso valor por su obsolescencia, deterioro o su carácter perecedero la Oficina podrá acordar su destrucción, inutilización o abandono, previa autorización judicial.

Igualmente, cuando se trate de efectos que por razones medioambientales deban eliminarse o ser sometidos a tratamiento, la correspondiente actuación podrá ser acordado por la Oficina previa autorización del órgano judicial competente.

No obstante, cuando la destrucción de los bienes no implique un coste para la Oficina, esta seleccionará directamente a la entidad especializada que llevará a cabo la gestión, debiendo solicitarse, siempre que sea posible, al menos tres propuestas. De todo ello quedará constancia en el expediente.

Se añade por el art. único.9 del Real Decreto 93/2018, de 2 de marzo. Ref. BOE-A-2018-3437

Artículo 41Asesoramiento en materia de ejecución de embargos y decomisos

Se añade por el art. único.9 del Real Decreto 93/2018, de 2 de marzo. Ref. BOE-A-2018-3437

Artículo 42Cuenta de Depósitos y Consignaciones de la Oficina

Se añade por el art. único.9 del Real Decreto 93/2018, de 2 de marzo. Ref. BOE-A-2018-3437

Artículo 43Gastos de gestión

Se añade por el art. único.9 del Real Decreto 93/2018, de 2 de marzo. Ref. BOE-A-2018-3437

Artículo 44Realización de los pagos

Se añade por el art. único.9 del Real Decreto 93/2018, de 2 de marzo. Ref. BOE-A-2018-3437

Artículo 45Liquidación del procedimiento

Una vez deducidos los gastos ocasionados por la realización de los bienes, la Oficina transferirá a la cuenta del órgano judicial la cuantía requerida.

Se añade por el art. único.9 del Real Decreto 93/2018, de 2 de marzo. Ref. BOE-A-2018-3437

Artículo 46Cancelación de la cuenta expediente

Cuando un expediente de la Oficina finalice, y se constate que la correspondiente cuenta-expediente ha quedado sin saldo, se procederá a su cancelación.

La persona responsable de la Cuenta será la única autorizada para cancelar una cuenta expediente de la Cuenta de la Oficina.

Se añade por el art. único.9 del Real Decreto 93/2018, de 2 de marzo. Ref. BOE-A-2018-3437 Disposición adicional primera. Relación con el Plan Nacional sobre Drogas.

Quedan excluidos del ámbito objetivo de aplicación de esta norma, los bienes y los frutos o intereses que éstos produzcan, que hayan sido previamente decomisados por sentencia judicial firme y que deban integrarse en el fondo regulado por la Ley 17/2003, de 29 de mayo, por la que se regula el Fondo de Bienes Decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, los cuales quedarán sometidos al régimen específico establecido en dicha ley y en su normativa de desarrollo.

No obstante, la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos podrá firmar un convenio de colaboración con la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas a fin de articular las relaciones entre ambos, que podrá incluir fórmulas de cooperación en las funciones de asesoramiento, gestión y realización de efectos procedentes de actividades delictivas a los que se refiere el apartado anterior; asimismo, podrá hacer referencia al intercambio de información y a la coordinación de acciones, cuando resulte apropiado.

Disposición adicional segunda. Bienes decomisados por delito de contrabando.

Quedan excluidos del ámbito de aplicación del presente real decreto los bienes decomisados por delito de contrabando, que se regularán por lo dispuesto en la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando.

Disposición adicional tercera. Colaboración en el ámbito de la localización de bienes.

Se añade por el art. único.10 del Real Decreto 93/2018, de 2 de marzo. Ref. BOE-A-2018-3437 Disposición transitoria primera. Entrada en funcionamiento.

La entrada en funcionamiento operativo de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos se determinará mediante Orden del Ministro de Justicia y se realizará tras la entrada en vigor de la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, y de manera progresiva, de acuerdo con el plan de acción que previamente apruebe el Director General de la Oficina.

Disposición transitoria segunda. Régimen transitorio.

El presente real decreto será aplicable únicamente a bienes cuya localización, embargo o decomiso se acuerde a partir de su entrada en vigor y que se pongan a disposición de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos tras la entrada en funcionamiento de la misma, de conformidad con lo previsto en la citada Orden Ministerial.

No obstante la Oficina podrá, a iniciativa propia y previa autorización del juez o tribunal competente, asumir la gestión y realización de bienes embargados y decomisados con anterioridad a la entrada en vigor del presente real decreto cuando así resulte conveniente en atención a la naturaleza o especiales circunstancias de los bienes.

Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 467/2006, de 21 de abril, por el que se regulan los depósitos y consignaciones judiciales en metálico, de efectos o valores.

El Real Decreto 467/2006, de 21 de abril, por el que se regulan los depósitos y consignaciones judiciales en metálico, de efectos o valores, queda modificado como sigue:

Uno. Se modifica el apartado 4 del artículo 2, que queda redactado con el siguiente tenor: «Los intereses que se liquiden por la entidad de crédito correspondiente a las Cuentas de Depósitos y Consignaciones se abonarán al Tesoro Público en la cuantía y forma que se especifique en el pliego de bases del expediente del procedimiento de contratación que se hubiese seguido para la selección de la entidad de crédito establecida en el párrafo primero del presente artículo, que respetará en todo caso los medios de pago determinados en el artículo 110 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y de conformidad con el artículo 70 de la Ley 53/2002, de 30 de noviembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, o las normas que le sustituyan en su caso.

Quedan exceptuados los intereses que generen las cantidades provenientes de la cuenta especial de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, que se ingresarán en dicha cuenta, a los efectos de lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.»

Dos. Se modifica el apartado número 4 del artículo 3, que queda redactado con el siguiente tenor: «Asimismo, podrán disponer de los fondos de las Cuentas de Depósitos y Consignaciones:

Todos ellos deberán cumplir con las normas establecidas en el apartado anterior.»

Tres. Se modifica el apartado 2 del artículo 13, que queda redactado con el siguiente tenor: «Las cantidades que se encuentren ingresadas en las Cuentas de Depósitos y Consignaciones y que hayan sido objeto de decomiso en aplicación del artículo 374 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, y del artículo 5 de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando, una vez haya ganado firmeza la sentencia en la que se decrete su decomiso y adjudicación definitiva al Estado, serán transferidas por el secretario judicial a la cuenta especial de ingresos al Tesoro Público, «Decomisos por Delitos de Narcotráfico u otros delitos relacionados», que será única para todo el territorio nacional, sin perjuicio de los acuerdos para la transferencia de dichas cantidades que pudieran acordarse en virtud del convenio de colaboración a que se refiere la disposición adicional primera del Real Decreto por el que se regula la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos.»

Cuatro. Se añade una disposición adicional quinta: «Disposición adicional quinta. Cuenta de Depósitos y Consignaciones de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos.

Disposición final segunda. Modificación del Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.

Uno. Se modifica la letra A) del apartado 1 del artículo 2: «A) La Secretaría de Estado de Justicia. De ella dependen los siguientes órganos directivos:

Disposición final tercera. Modificación del Real Decreto 453/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia y se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.

Uno. El artículo 2 queda redactado como sigue: «Artículo 2. Secretaría de Estado de Justicia.

Sin perjuicio de las atribuciones del Ministro, corresponde al titular de la Secretaría de Estado la participación en las relaciones del ministerio con los órganos de gobierno del Consejo General del Poder Judicial, los del Ministerio Fiscal, los competentes en materia de justicia de las comunidades autónomas y los Consejos Generales de los Colegios de Abogados y de Procuradores de los Tribunales, así como las relaciones del ministerio con el Defensor del Pueblo.

Están adscritos al Ministerio de Justicia, a través de la Secretaría de Estado de Justicia, el Centro de Estudios Jurídicos y la Mutualidad General Judicial, con la naturaleza jurídica, estructura y funciones que se prevén en su normativa específica.

Dos. Se introduce un nuevo artículo 5 bis con la siguiente redacción: «Artículo 5 bis. Oficina de Recuperación y Gestión de Activos.

Disposición final cuarta. Título competencial.

El presente real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.5.ª y 6.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de Administración de Justicia y legislación penal y procesal.

El capítulo IV y la disposición final primera también se dictan en aplicación del artículo 149.1.14.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de Hacienda pública.

Disposición final quinta. Habilitaciones de desarrollo.

Se habilita al Ministro de Justicia para que adopte las normas que sean necesarias para el desarrollo y ejecución de este real decreto.

Disposición final sexta. Modificaciones presupuestarias y de la relación de puestos de trabajo.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas llevará a cabo las modificaciones presupuestarias precisas para el cumplimiento de lo previsto en este real decreto y aprobará la relación de puestos de trabajo de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, a propuesta del Ministerio de Justicia.

Disposición final séptima. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Oviedo, el 23 de octubre de 2015.

FELIPE R.

El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, CRISTÓBAL MONTORO ROMERO