Ley 5/1993, de 6 de mayo, de Presupuestos Generales de la Diputación Regional de Cantabria para 1993
¿De qué trata esta norma?
Esta ley establece los Presupuestos Generales de la Diputación Regional de Cantabria para el ejercicio económico de 1993, detallando los créditos para gastos y las estimaciones de ingresos de diversas entidades. También regula cómo se pueden modificar estos créditos presupuestarios.
A quién afecta: La Diputación Regional de Cantabria y sus entidades dependientes (Fundación "Marqués de Valdecilla", Conservatorio Profesional de Música "Jesús de Monasterio", Centro de Estudios de la Administración Pública Regional de Cantabria, Centro de Investigación de Medio Ambiente, y Empresas públicas regionales); La Consejería de Economía, Hacienda y Presupuesto, el Consejo de Gobierno, el Servicio de Presupuestos y la Intervención.
De un vistazo
- País
- España
- Área del derecho
- Seguridad social
- Artículos
- 52
- Fuente
- boe.es
- Texto obtenido el
- Explicación actualizada el
¿Qué regula esta norma?
- Los presupuestos de la Diputación Regional de Cantabria y varias entidades asociadas para 1993.
- Las fuentes de financiación de los créditos aprobados.
- Los beneficios fiscales que afectan a los tributos de la Diputación Regional de Cantabria.
- Las normas para modificar los créditos presupuestarios iniciales.
¿A quién afecta esta norma?
- La Diputación Regional de Cantabria y sus entidades dependientes (Fundación "Marqués de Valdecilla", Conservatorio Profesional de Música "Jesús de Monasterio", Centro de Estudios de la Administración Pública Regional de Cantabria, Centro de Investigación de Medio Ambiente, y Empresas públicas regionales).
- La Consejería de Economía, Hacienda y Presupuesto, el Consejo de Gobierno, el Servicio de Presupuestos y la Intervención.
¿Cuáles son los puntos clave?
- Los Presupuestos Generales de la Diputación Regional de Cantabria para 1993 ascienden a 46.608.223.000 pesetas tanto en gastos como en ingresos.
- Los créditos se financian a través de impuestos regionales, tributos cedidos, recargos sobre impuestos estatales, participación en ingresos estatales, Fondo de Compensación Interterritorial, tasas, contribuciones especiales, préstamos, Deuda Pública, y otros ingresos.
- Los beneficios fiscales se estiman en 289.739.000 pesetas.
- Las modificaciones de créditos deben tramitarse a través del Servicio de Presupuestos y ser fiscalizadas por la Intervención, indicando las partidas afectadas y su justificación.
Seguridad social
Texto legal
Texto legal
Índice (52)
- Artículo 1 De los créditos iniciales
- Artículo 2 De la financiación de los créditos
- Artículo 3 De los beneficios fiscales
- Artículo 4 De la administración y gestión de los derechos
- Artículo 5 Principios generales
- Artículo 6 Transferencias de crédito
- Artículo 7 Incorporación de remanentes de crédito
- Artículo 8 Otras modificaciones presupuestarias
- Artículo 9 Otras normas comunes en las modificaciones presupuestarias
- Artículo 10 Limitaciones en las transferencias de crédito
- Artículo 11 Créditos plurianuales
- Artículo 12 Redistribución de créditos
- Artículo 13 Autorización y disposición de gastos
- Artículo 14 Liquidación del presupuesto
- Artículo 15 Expedición de órdenes de pago
- Artículo 16 Subvenciones
- Artículo 17 Recepciones
- Artículo 18 Limites en la concesión de avales
- Artículo 19 Formalización y gestión de las operaciones de crédito
- Artículo 20 Regulación de las operaciones de Tesorería
- Artículo 21 Precios públicos
- Artículo 22 Tasas
- Artículo 23 Obligación de fianza
- Artículo 24 Fianza en arrendamientos urbanos
- Artículo 25 Fianza en suministros y servicios
- Artículo 26 Obligaciones de depósito
- Artículo 27 Régimen general
- Artículo 28 Régimen concertado
- Artículo 29 Devolución en el régimen general
- Artículo 30 Afectación de responsabilidades
- Artículo 31 Devolución en el régimen concertado
- Artículo 32 Inspección: Competencia
- Artículo 33 Infracciones y sanciones
- Artículo 34 Competencia para la imposición de sanciones
- Artículo 35 Inspección: Procedimiento
- Artículo 36 Exacción de la fianza ocultada y de las sanciones
- Artículo 37
- Artículo 38 Retribuciones de los miembros del Consejo de Gobierno y Altos Cargos
- Artículo 39
- Artículo 40 Retribuciones del personal interino y eventual
- Artículo 41
- Artículo 42 Retribuciones del personal laboral
- Artículo 43 Retribuciones del personal contratado administrativo
- Artículo 44 Complementos personales y transitorios
- Artículo 45 Devengo de retribuciones
- Artículo 46 Jornada reducida
- Artículo 47 Retribución de los funcionarios sujetos a régimen retributivo anterior
- Artículo 48 Prohibición de ingresos atípicos
- Artículo 49 Oferta de empleo público
- Artículo 50 Revisión salarial
- Artículo 51 Contratación de personal con cargo a los créditos de inversiones
- Artículo 52 Requisitos para la determinación o modificación de retribuciones del p
200 ok EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN REGIONAL DE CANTABRIA Conózcase que la Asamblea Regional de Cantabria ha aprobado y yo, en nombre de Su Majestad el Rey de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.2 del Estatuto de Autonomía para Cantabria, promulgo la siguiente Ley.
Exposición de motivos I La presente Ley recoge los aspectos normativos que regulan el ejercicio de los derechos económicos contemplados en el artículo 44 del Estatuto de Autonomía para Cantabria, habiéndose atendido a la Ley 7/1984, de 21 de diciembre, de Finanzas de la Diputación Regional de Cantabria y a la normativa emanada de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, de 22 de septiembre de 1980.
II Se han tenido en cuenta en la elaboración de estos Presupuestos cuantos criterios permiten una mejor consolidación con los del Estado. En consecuencia, la estructura presupuestaria responde a un criterio económico en el estado de ingresos, distinguiendo capítulos, grupos, conceptos y subconceptos y a un triple criterio de clasificación en el estado de gastos: Orgánico, distinguiendo Secciones y Servicios; Económico, con capítulos, artículos, conceptos, subconceptos y partidas, y Funcional, mediante programas. Destaca en la presente Ley la mejora introducida en la especificación por programas al imputarse a cada uno las obligaciones de gastos de personal y de funcionamiento de los servicios.
III Se incluye la participación de los municipios en los tributos del Estado, como consecuencia del principio presupuestario de universalidad, y de acuerdo con lo dispuesto en nuestra norma estatutaria. Asimismo, se incluye el equivalente de la Recaudación de Tributos Locales concertados con aquéllos, por tener encomendada su recaudación la Diputación Regional de Cantabria.
IV En estos presupuestos se recoge nuevamente la financiación a través del Fondo de Compensación Interterritorial que había venido figurando en los Presupuestos Regionales hasta el ejercicio de 1989.
TÍTULO I
De los créditos y sus modificaciones
CAPÍTULO I
De los créditos y su financiación
Artículo 1De los créditos iniciales
Los Presupuestos Generales de la Diputación Regional de Cantabria para el ejercicio económico de 1993 están integrados por:
Artículo 2De la financiación de los créditos
Los créditos aprobados en el artículo 1 de esta Ley se financiarán mediante:
Artículo 3De los beneficios fiscales
Los beneficios fiscales que afectan a los tributos atribuidos a la Diputación Regional de Cantabria se estiman en 289.739.000 pesetas.
Artículo 4De la administración y gestión de los derechos
La administración y gestión de los derechos económicos de la Hacienda Pública Regional se atribuye a la Consejería de Economía, Hacienda y Presupuesto.
CAPÍTULO II
Normas de modificación de créditos presupuestarios
Artículo 5Principios generales
Artículo 6Transferencias de crédito
A) Entre créditos de un mismo programa o entre programas que, incluidos en la misma función, correspondan a una o varias Consejerías.
B) Entre créditos de programas incluidos en distinta función, correspondientes a una o varias Consejerías.
En todo caso, será órgano competente para la autorización de las transferencias de crédito el Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Economía, Hacienda y Presupuesto, a iniciativa de la Consejería o Consejerías afectadas.
Artículo 6Transferencias de crédito
(Derogado) Se deroga por la disposición derogatoria de la Ley 9/1993, de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-1994-2196.
Artículo 7Incorporación de remanentes de crédito
La parte de remanente afectada por una disposición de gastos del capítulo VI «Inversiones Reales», que se incorpore al nuevo Presupuesto, seguirá sujeta a la misma disposición y podrán reconocerse a su cargo todas las obligaciones de pago referentes a la misma.
Artículo 7Incorporación de remanentes de crédito
(Derogado) Se deroga por la disposición derogatoria de la Ley 9/1993, de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-1994-2196.
Artículo 8Otras modificaciones presupuestarias
Artículo 8Otras modificaciones presupuestarias
(Derogado) Se deroga por la disposición derogatoria de la Ley 9/1993, de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-1994-2196.
Artículo 9Otras normas comunes en las modificaciones presupuestarias
Artículo 9Otras normas comunes en las modificaciones presupuestarias
(Derogado) Se deroga por la disposición derogatoria de la Ley 9/1993, de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-1994-2196.
Artículo 10Limitaciones en las transferencias de crédito
Artículo 10Limitaciones en las transferencias de crédito
(Derogado) Se deroga por la disposición derogatoria de la Ley 9/1993, de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-1994-2196.
Artículo 11Créditos plurianuales
Artículo 11Créditos plurianuales
(Derogado) Se deroga por la disposición derogatoria de la Ley 9/1993, de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-1994-2196.
Artículo 12Redistribución de créditos
Los titulares de las respectivas Consejerías podrán redistribuir los créditos de las mismas, entre las diferentes partidas de un mismo subconcepto presupuestario, previo informe del Servicio de Presupuestos y de la Intervención.
TÍTULO II
Gestión presupuestaria
CAPÍTULO I
Normas de ejecución del presupuesto
Artículo 13Autorización y disposición de gastos
Artículo 14Liquidación del presupuesto
Artículo 15Expedición de órdenes de pago
Artículo 16Subvenciones
CAPÍTULO II
Normas sobre contratación
Artículo 17Recepciones
Cuando se trate de obras de primer establecimiento, del acta de recepción, provisional y definitiva, se remitirá una copia al Servicio de Administración General de Patrimonio, para la inclusión del inmueble en el Inventario General de Bienes y Derechos.
TÍTULO III
De las operaciones financieras
CAPÍTULO I
Avales
Artículo 18Limites en la concesión de avales
CAPÍTULO II
Operaciones de crédito
Artículo 19Formalización y gestión de las operaciones de crédito
CAPÍTULO III
Operaciones de tesorería
Artículo 20Regulación de las operaciones de Tesorería
El Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Economía, Hacienda y Presupuesto podrá autorizar operaciones de dicho carácter, cuando el plazo de vencimiento sea superior a un mes e inferior a un año.
TÍTULO IV
Normas tributarias CAPÍTULO ÚNICO Precios públicos y tasas
Artículo 21Precios públicos
El Consejo de Gobierno fijará, mediante Decreto, los precios públicos que serán exigibles por la Diputación Regional de Cantabria de acuerdo con la normativa establecida en la Ley de Tasas y Precios Públicos.
Artículo 22Tasas
Se autoriza al Consejo de Gobierno para modificar, por Decreto, al alza o a la baja, los tipos de cuantía fija de las tasas vigentes en función del incremento o decremento experimentado en el coste del servicio que origine la tasa o exacción correspondiente.
Artículo 22Tasas
(Suprimido) Se suprime por el art. 6 de la Ley 9/1993, de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-1994-2196.
TÍTULO V
De las fianzas de arrendamiento y otros contratos
TÍTULO V
De las fianzas de arrendamiento y otros contratos Se suspende la eficacia del Título V, por el art. 7 de la Ley 9/1993, de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-1994-2196.
TÍTULO V
De las fianzas de arrendamiento y otros contratos Véase la desestimación del recurso de inconstitucionalidad nº 2587/1993 por auto de 12 de abril de 1994. Ref. BOE-A-1994-8982.
Se suspende la eficacia del Título V, por el art. 7 de la Ley 9/1993, de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-1994-2196.
TÍTULO V
De las fianzas de arrendamiento y otros contratos Téngase en cuenta que se deroga por la disposición derogatoria.4 de la Ley 9/2017, de 26 de diciembre, en cuanto se oponga a lo establecido en ella, Ref. BOE-A-2018-856 Véase la desestimación del recurso de inconstitucionalidad nº 2587/1993 por auto de 12 de abril de 1994. Ref. BOE-A-1994-8982.
Se suspende la eficacia del Título V, por el art. 7 de la Ley 9/1993, de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-1994-2196.
CAPITULO ÚNICO De la constitución de las fianzas correspondientes a inmuebles sitos y suministros o servicios complementarios prestados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria
Artículo 23Obligación de fianza
Toda fianza exigida a los arrendatarios y subarrendatarios de viviendas o locales de negocio, así como las exigidas a los usuarios de suministros o servicios complementarios de la vivienda o local de negocio y que responda tanto del cuidado y conservación de la cosa arrendada, como del pago del precio del arrendamiento, del suministro o del servicio utilizado en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria, deberá constituirse por su total importe, en metálico, en la Tesorería General de la Diputación Regional de Cantabria, bajo la forma de depósito sin interés, que quedará representado por la correspondiente «carga de pago», que servirá como resguardo acreditativo del depósito, salvo en los casos de concierto a que hace referencia el artículo 28 de la presente Ley. De igual manera habrán de ser constituidas las fianzas exigidas a los arrendatarios de contadores, aparatos, maquinaria o mobiliario, cuando vayan implícitas en contratos de arrendamiento de locales o de prestación de servicios o suministros.
Artículo 24Fianza en arrendamientos urbanos
Será obligatoria la exigencia y prestación de fianza en cantidad equivalente a una mensualidad de renta, en el arrendamiento o subarriendo total de viviendas y de dos en el arrendamiento de viviendas amuebladas y en el arrendamiento o subarriendo total de locales de negocio. En los subarriendos parciales la fianza será igual a la mitad de la renta que corresponda al arrendamiento.
Quedan exceptuados de esta obligación los arrendamientos de locales al Estado, Diputación Regional de Cantabria o Corporaciones locales y Organismos autónomos dependientes de ellos, cuya renta haya de ser satisfecha con cargo a sus respectivos presupuestos, así como los arrendamientos, cesiones y subarriendos de viviendas o locales de negocio, con o sin muebles, de fincas cuyo arrendatario las ocupe únicamente por la temporada de verano, o cualquier otra, aunque los plazos concertados para el arrendamiento fueran distintos.
Igualmente se exceptúa de esta obligación el uso de las viviendas y locales que los porteros, guardas, asalariados, empleados y funcionarios tuvieren asignados por razón del cargo que desempeñen o del servicio que presten.
Artículo 24Fianza en arrendamientos urbanos
Será obligatoria la exigencia y prestación de fianza en cantidad equivalente a una mensualidad de renta, en el arrendamiento o subarriendo total de viviendas y de dos en el arrendamiento de viviendas amuebladas y en el arrendamiento o subarriendo total de locales de negocio. En los subarriendos parciales la fianza será igual a la mitad de la renta que corresponda al arrendamiento.
Quedan exceptuados de esta obligación los arrendamientos de locales al Estado, Diputación Regional de Cantabria o Corporaciones locales y Organismos autónomos dependientes de ellos, cuya renta haya de ser satisfecha con cargo a sus respectivos presupuestos, así como los arrendamientos, cesiones y subarriendos de viviendas o locales de negocio, con o sin muebles, de fincas cuyo arrendatario las ocupe únicamente por la temporada de verano, o cualquier otra, aunque los plazos concertados para el arrendamiento fueran distintos.
Igualmente se exceptúa de esta obligación el uso de las viviendas y locales que los porteros, guardas, asalariados, empleados y funcionarios tuvieren asignados por razón del cargo que desempeñen o del servicio que presten.
Se suspende su vigencia y aplicación desde el 3 de agosto de 1993, para las partes legitimadas en el proceso y desde el 26 de agosto para los terceros por providencia del TC de 19 de agosto actual que admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad nº 2.587/1993. Ref. BOE-A-1993-22025.
Artículo 24Fianza en arrendamientos urbanos
Será obligatoria la exigencia y prestación de fianza en cantidad equivalente a una mensualidad de renta, en el arrendamiento o subarriendo total de viviendas y de dos en el arrendamiento de viviendas amuebladas y en el arrendamiento o subarriendo total de locales de negocio. En los subarriendos parciales la fianza será igual a la mitad de la renta que corresponda al arrendamiento.
Quedan exceptuados de esta obligación los arrendamientos de locales al Estado, Diputación Regional de Cantabria o Corporaciones locales y Organismos autónomos dependientes de ellos, cuya renta haya de ser satisfecha con cargo a sus respectivos presupuestos, así como los arrendamientos, cesiones y subarriendos de viviendas o locales de negocio, con o sin muebles, de fincas cuyo arrendatario las ocupe únicamente por la temporada de verano, o cualquier otra, aunque los plazos concertados para el arrendamiento fueran distintos.
Igualmente se exceptúa de esta obligación el uso de las viviendas y locales que los porteros, guardas, asalariados, empleados y funcionarios tuvieren asignados por razón del cargo que desempeñen o del servicio que presten.
Se levanta la suspensión de su vigencia y aplicación por auto del TC de 21 de diciembre de 1993. Ref. BOE-A-1994-249.
Téngase en cuenta que se declara la desestimación del recurso de inconstitucionalidad nº 2587/1993 por auto de 12 de abril de 1994. Ref. BOE-A-1994-8982.
Se suspende su vigencia y aplicación desde el 3 de agosto de 1993, para las partes legitimadas en el proceso y desde el 26 de agosto para los terceros por providencia del TC de 19 de agosto actual que admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad nº 2587/1993. Ref. BOE-A-1993-22025.
Artículo 25Fianza en suministros y servicios
Respecto a los usuarios de suministros o servicios complementarios de la vivienda o local de negocio, prestados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria, será igualmente obligatorio exigir fianza, sea cual fuere el número de abonados de la empresa suministradora, y de la localidad donde tenga su domicilio social. La cuantía en que habrán de exigir las fianzas, será la que viene rigiendo en la actualidad, que podrá ser objeto de modificación por Orden de la Consejería de Economía, Hacienda y Presupuesto.
Artículo 25Fianza en suministros y servicios
Respecto a los usuarios de suministros o servicios complementarios de la vivienda o local de negocio, prestados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria, será igualmente obligatorio exigir fianza, sea cual fuere el número de abonados de la empresa suministradora, y de la localidad donde tenga su domicilio social. La cuantía en que habrán de exigir las fianzas, será la que viene rigiendo en la actualidad, que podrá ser objeto de modificación por Orden de la Consejería de Economía, Hacienda y Presupuesto.
Se suspende su vigencia y aplicación desde el 3 de agosto de 1993, para las partes legitimadas en el proceso y desde el 26 de agosto para los terceros por providencia del TC de 19 de agosto actual que admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad nº 2.587/1993. Ref. BOE-A-1993-22025.
Artículo 25Fianza en suministros y servicios
Respecto a los usuarios de suministros o servicios complementarios de la vivienda o local de negocio, prestados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria, será igualmente obligatorio exigir fianza, sea cual fuere el número de abonados de la empresa suministradora, y de la localidad donde tenga su domicilio social. La cuantía en que habrán de exigir las fianzas, será la que viene rigiendo en la actualidad, que podrá ser objeto de modificación por Orden de la Consejería de Economía, Hacienda y Presupuesto.
Se levanta la suspensión de su vigencia y aplicación por auto del TC de 21 de diciembre de 1993. Ref. BOE-A-1994-249.
Téngase en cuenta que se declara la desestimación del recurso de inconstitucionalidad nº 2587/1993 por auto de 12 de abril de 1994. Ref. BOE-A-1994-8982.
Se suspende su vigencia y aplicación desde el 3 de agosto de 1993, para las partes legitimadas en el proceso y desde el 26 de agosto para los terceros por providencia del TC de 19 de agosto actual que admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad nº 2587/1993. Ref. BOE-A-1993-22025.
Artículo 26Obligaciones de depósito
Los propietarios, subarrendadores o Empresas que tengan exigida fianza, y en su nombre sus administradores, representantes o apoderados, deberán constituir depósito en la Tesorería General de la Diputación Regional de Cantabria, por el importe total de cada una, uniendo la correspondiente «carta de pago» al ejemplar del contrato, no admitiéndose que con cargo a una misma «carta de pago» se halle constituida más de una fianza. Si no se formaliza contrato, la «carta de pago» deberá reseñarse en la matriz del primer recibo cobrado.
Artículo 27Régimen general
Los depósitos se constituirán en metálico en la Tesorería General de la Diputación Regional de Cantabria, dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha del contrato, o al comienzo real del alquiler, suministro o servicio que motive la obligación de exigir y constituir fianza.
Artículo 28Régimen concertado
En los casos de Empresas suministradoras de fluido eléctrico, agua, gas, teléfono, telecomunicaciones u otros análogos, cualquiera que sea el número de sus abonados e importancia de los núcleos de población donde radiquen sus distintos centros podrán establecerse conciertos con la Diputación Regional de Cantabria, a fin de que la Empresa se reserve un 10 por 100 del volumen total de las fianzas que tengan en su poder y de las que en los sucesivo se constituyan, para la devolución de las que aisladamente le sean exigidas y para liquidar las responsabilidades a que aquéllas están afectadas.
Las Empresas suministradoras interesadas en acogerse a este régimen concertado, deberán dirigirse por escrito a la Consejería de Economía, Hacienda y Presupuesto de la Diputación Regional de Cantabria (Dirección Regional de la Tesorería General) acompañando una declaración en la que expresamente se autorice a la Diputación Regional a realizar, por medio de los funcionarios designados al efecto por el Consejero de Economía, Hacienda y Presupuesto, cuantas comprobaciones estime convenientes en sus libros de contabilidad respecto a la cuantía de las fianzas constituidas.
La Consejería de Economía, Hacienda y Presupuesto podrá conceder o denegar la petición, suscribiendo los oportunos convenios de colaboración en régimen de concierto, en atención a la garantía que la Empresa suministradora ofrezca y a las condiciones especiales que concurran.
Artículo 29Devolución en el régimen general
Extinguido un contrato, corresponde al propietario o apoderado gestionar la devolución de la fianza, para lo cual presentará en la Tesorería General de la Diputación Regional de Cantabria la correspondiente «carta de pago» y una declaración en la que exprese que el contrato ha dejado de surtir sus efectos, ateniéndose, en caso de falsedad, a las responsabilidades a que hubiere lugar.
Artículo 30Afectación de responsabilidades
Las cuestiones que se susciten respecto a las responsabilidades que hayan de ser exigidas por los propietarios o abastecedores a los arrendatarios o usuarios, como consecuencia de los deterioros o falta de pago de que respondan las fianzas, no afectarán, en ningún caso, a la Diputación Regional de Cantabria.
Artículo 31Devolución en el régimen concertado
Las Empresas acogidas al régimen de concierto previsto en el artículo 28 de esta Ley no podrán pedir la devolución parcial del depósito hecho hasta que se realice la liquidación trimestral, debiendo formular dentro de los veinte primeros días naturales de cada trimestre, ante la Diputación Regional de Cantabria, por conducto de la Tesorería General, un estado demostrativo de las fianzas constituidas durante el trimestre natural inmediato anterior, de las devueltas y del saldo, acompañando de relaciones nominales de unas y otras.
Si el saldo representara un exceso de las fianzas constituidas sobre las devueltas, se realizará el ingreso del 90 por 100 correspondiente. En el caso contrario, la Diputación Regional hará entrega de su importe.
Artículo 32Inspección: Competencia
La inspección del cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente título, se realizará por funcionarios públicos adscritos a la Consejería de Economía, Hacienda y Presupuesto, designados por su titular.
A los efectos de facilitar la función inspectora, los propietarios, subarrendadores, Empresas, administradores, apoderados o representantes obligados a depositar las fianzas en la forma establecida, exhibirán, a requerimiento de los funcionarios a los que se ha hecho referencia en el párrafo anterior, los duplicados de los contratos con la «carta de pago» correspondiente, unida y reseñada a los mismos, los talonarios de recibos y cuantos documentos puedan interesar a la Consejería de Economía, Hacienda y Presupuesto para fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones emanadas de este capítulo.
Artículo 32Inspección: Competencia
La inspección del cumplimiento de las obligaciones impuestas en el presente Título, mediante la realización de las correspondientes tareas de comprobación e inspección, será realizada por funcionarios destinados en la Inspección de Tributos de la Dirección General de Hacienda.
A los efectos de facilitar la función inspectora, los propietarios, subarrendadores, Empresas, administradores, apoderados o representantes obligados a depositar las fianzas en la forma establecida, exhibirán, a requerimiento de los funcionarios a los que se ha hecho referencia en el párrafo anterior, los duplicados de los contratos con la «carta de pago» correspondiente, unida y reseñada a los mismos, los talonarios de recibos y cuantos documentos puedan interesar a la Consejería de Economía, Hacienda y Presupuesto para fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones emanadas de este capítulo.
Se modifica el primer párrafo por el art. 2 de la Ley 7/2004, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2005-1004.
Artículo 33Infracciones y sanciones
El incumplimiento de la obligación de exigir o depositar las fianzas en la cuantía establecida, será sancionado con multa del tanto de las cantidades no exigidas o depositadas, salvo cuando el infractor, aceptando la propuesta de liquidación practicada por la inspección, rectifique su situación, comprometiéndose a depositar la cantidad que debió ser depositada, más un recargo del 25 por 100 de la misma, dentro del plazo de quince días a partir de la notificación que le acredite la aprobación del acta.
En caso de reincidencia o notoria mala fe, la multa será del tanto al triplo de la cantidad no exigida o depositada.
En los casos de resistencia, excusa o negativa a la actuación de la inspección para el examen de los contratos o de la documentación necesaria para la práctica de la inspección y en los de falta de presentación dentro del plazo establecido para las cantidades acogidas al Régimen de Concierto, se impondrá una sanción de 10.000 a 50.000 pesetas.
Artículo 34Competencia para la imposición de sanciones
La competencia para la imposición de las sanciones establecidas en el artículo anterior corresponderá al Consejero de Economía, Hacienda y Presupuesto, salvo en los supuestos de sanciones o recargos incluidos en actas de conformidad, en los que será suficiente la intervención del funcionario que realice la inspección.
Artículo 35Inspección: Procedimiento
Personado el propietario, subarrendador, Empresa, Administrador o representante en las dependencias de la Consejería de Economía, Hacienda y Presupuesto en que fuere citado a tal fin, o personada la inspección en su domicilio, se procederá, en todo caso, a levantar acta que será de comprobado y conforme, de conformidad o de disconformidad.
Transcurrido dicho plazo sin que se hubiere formulado alegación alguna se practicará la oportuna liquidación, que habrá de aprobarse por Resolución del Director Regional de la Tesorería General, contra la cual podrá interponerse recurso, en el plazo de un mes ante el Consejero de Economía, Hacienda y Presupuesto, cuya resolución agotará la vía administrativa.
Artículo 36Exacción de la fianza ocultada y de las sanciones
La exacción de la fianza ocultada y de las sanciones y recargos impuestos, se hará por medio del procedimiento ejecutivo, mediante la expedición de certificación por la Dirección Regional de la Tesorería General, en la forma prevista en la legislación vigente.
TÍTULO VI
De los gastos de personal CAPÍTULO ÚNICO Del personal de la Diputación Regional de Cantabria
Artículo 37Incremento de retribuciones del personal al servicio de la Administración de la Diputación Regional de Cantabria, no sometido a legislación laboral
4, Durante 1993, las convocatorias de plazas para ingreso de nuevo personal, cualquiera que sea su naturaleza, se limitarán a las que, excepcionalmente, se consideren inaplazables.
Artículo 38Retribuciones de los miembros del Consejo de Gobierno y Altos Cargos
Presidente del Consejo de Gobierno, 7.465.591 pesetas.
Vicepresidente del Consejo de Gobierno, 7.296.471 pesetas.
Consejero del Consejo de Gobierno, 7.126.294 pesetas.
Artículo 39
Retribuciones de los funcionarios al servicio de la Administración de la Diputación Regional de Cantabria incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 4/1993, de 10 de marzo 1. Con efectos de 1 de enero de 1993, las cuantías de los componentes de las retribuciones de los funcionarios en activo al servicio de la Administración de la Diputación Regional de Cantabria que ocupen puestos correspondientes a las relaciones de puestos de trabajo adscritos a funcionarios comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley 4/1993, de 10 de marzo, experimentarán, con respecto a las establecidas para 1992 un crecimiento del 1,8 por 100, incrementadas en el 0,09524 por 100, de aumento con lo establecido en la Ley 39/1992, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1993 y el Real Decreto-ley 1/1993, de 8 de enero, sobre medidas urgentes en materia de gasto de personal en activo, en esta Ley y en la Ley 4/1993, de 10 de marzo, de la Función Pública y demás disposiciones normativas que las desarrollen.
Grupo Sueldo - Pesetas Trienios - Pesetas A 1.703.126 65.381 B 1.445.490 52.310 C 1.077.511 39.251 D 881.050 26.192 E 804.322 19.650 La valoración y devengo de los trienios a que se refiere el artículo 68.2, b), de la Ley 4/1993, de 10 de marzo, de la Función Pública, se efectuará de acuerdo con la normativa aplicable con anterioridad a la misma, teniendo en cuenta las prescripciones de carácter general contenidas en la presente Ley sobre devengo de retribuciones.
Complemento de destino Nivel Importe - Pesetas 30 1.495.513 29 1.341.457 28 1.285.027 27 1.228.596 26 1.077.854 25 956.299 24 899.868 23 843.462 22 787.019 21 730.711 20 678.756 19 644.066 18 609.413 17 574.736 16 540.095 15 505.417 14 470.764 13 436.086 12 401.409 11 366.780 10 332.115 9 314.788 8 297.425 7 280.123 6 262.760 5 245.433 4 219.462 3 193.502 2 167.506 1 141.559
Cada Consejería fijará la cuantía individual del complemento de productividad, de acuerdo con las siguientes normas:
Primera. La valoración de la productividad deberá realizarse en función de circunstancias relacionadas directamente con el desempeño del puesto de trabajo y la consecución de los resultados u objetivos asignados al mismo.
Segunda. En ningún caso las cuantías asignadas por complemento de productividad durante un período de tiempo originarán ningún tipo de derecho individual respecto de las valoraciones o apreciaciones correspondientes a períodos sucesivos.
Las Consejerías darán cuenta de las mencionadas cuantías individuales de productividad a la Consejería de Presidencia, especificando los criterios de distribución aplicados.
De acuerdo con lo previsto en esta Ley, el Consejo de Gobierno podrá modificar la cuantía de los créditos globales destinados a atender el complemento de productividad para adecuarla al número de efectivos asignados a cada programa y al grado de consecución de los objetivos fijados al mismo.
Las circunstancias excepcionales que den lugar al devengo de gratificaciones por servicios extraordinarios deberán constar explícitamente en expediente que, a tal efecto, se tramite por la correspondiente Consejería y que se resolverá por el Consejo de Gobierno.
Artículo 40Retribuciones del personal interino y eventual
El persona interino incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 4/1993, de 10 de marzo, y de la Ley 30/1984, percibirán el 100 por 100 de las retribuciones básicas, excluidas trienios, correspondientes al grupo en que esté incluido el cuerpo en que ocupen vacante y el 100 por 100 de las retribuciones complementarias que corresponda al puesto de trabajo que desempeñen, excluidas las que estén vinculadas a la condición de funcionario de carrera.
Artículo 41Retribuciones de los funcionarios que desempeñen puestos de trabajo adscritos a funcionarios de los Cuerpos Sanitarios Locales
Las retribuciones a percibir en 1993 por los funcionarios que desempeñen puestos de trabajo adscritos a funcionarios de los Cuerpos de Sanitarios Locales serán las siguientes:
Artículo 42Retribuciones del personal laboral
Artículo 43Retribuciones del personal contratado administrativo
Las retribuciones del personal contratado administrativo a que se refiere la disposición transitoria sexta de la Ley 30/1984, hasta tanto no concluya el proceso de extinción previsto en dicha Ley, experimentarán un crecimiento del 1,8 por 100 respecto de las establecidas en 1992, incrementadas en el 0,09524 por 100.
Artículo 44Complementos personales y transitorios
Los complementos personales y transitorios reconocidos como consecuencia de la aplicación de los regímenes retributivos vigentes quedan excluidos del aumento previsto en esta Ley y serán absorbidos por cualquier mejora retributiva que se produzca en el año 1993, incluidas las derivadas del cambio del puesto de trabajo.
A efectos de la absorción prevista en el párrafo anterior, el incremento de las retribuciones de carácter general que se establezcan en esta Ley, sólo se computará en el 50 por 100 de su importe, entendiendo que tiene este carácter el sueldo, referido a catorce mensualidades, el complemento de destino y el complemento específico. En ningún caso se considerarán los trienios, los complementos de productividad, ni las gratificaciones por servicios extraordinarios.
Artículo 45Devengo de retribuciones
A los efectos previstos en el apartado b), el tiempo de duración de licencias sin derecho a retribución no tendrá la consideración de servicios efectivamente prestados.
Si el cese en el servicio activo se produce durante el mes de diciembre, la liquidación de la parte proporcional de la paga extraordinaria, correspondiente a los días transcurridos de dicho mes, se realizará de acuerdo con las cuantías de la retribuciones básicas vigentes en el mismo.
Las cuotas de derechos pasivos y de cotización de los mutualistas a las Mutualidades Generales de Funcionarios, correspondientes a las pagas extraordinarias, se reducirán en la misma proporción en que se minoren dichas pagas como consecuencia de abonarse las mismas en cuantía proporcional al tiempo de servicios efectivamente prestados, cualquiera que sea la fecha de su devengo.
Para la aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior, en el caso de que el término de dicho plazo se produzca dentro del mismo mes en que se efectúe el cese, las citadas retribuciones se harán efectivas, de conformidad con lo dispuesto en el referido apartado segundo, por mensualidad completa y de acuerdo con la situación y derechos del funcionario referidos al primer día hábil del mes en que se produzca el cese. Si, por el contrario, dicho término recayera en un mes distinto al del cese, las retribuciones del primer mes se harán efectivas de la forma indicada y las del segundo se abonarán asimismo por mensualidad completa y en la cuantía correspondiente al puesto en que se haya tomado posesión, sin perjuicio de lo dispuesto en las letras b) y c) del citado apartado segundo de este artículo.
Artículo 46Jornada reducida
Cuando, con sujeción a la normativa vigente, el personal realice una jornada inferior a la normal, experimentará una reducción proporcional sobre la totalidad de sus retribuciones, tanto básicas como complementarias, con inclusión de los trienios.
Artículo 47Retribución de los funcionarios sujetos a régimen retributivo anterior a la Ley 4/1993, de 10 de marzo
Artículo 48Prohibición de ingresos atípicos
Los empleados públicos comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la presente Ley no podrán percibir participación alguna de los tributos, comisiones y otros ingresos de cualquier naturaleza que corresponda a la Administración o cualquier poder público, como contraprestación de cualquier servicio o jurisdicción, ni participación o premio en multas impuestas aún cuando estuviesen normativamente atribuidas a los mismos, debiendo percibir únicamente las remuneraciones del correspondiente régimen retributivo y sin perjuicio de lo que resulte de la aplicación del sistema de incompatibilidades.
Artículo 49Oferta de empleo público
La oferta de empleo público de la Administración de la Diputación Regional de Cantabria estará constituida por las plazas vacantes dotadas presupuestariamente, incluidas en las plantillas de personal, cuya provisión se considere necesaria, durante el ejercicio presupuestario, para el adecuado funcionamiento de los servicios y con sujeción a lo dispuesto en el artículo 37.4 de la presente Ley.
Artículo 50Revisión salarial
Para compensar la desviación entre el índice de precios al consumo previsto y el registrado en el año 1992, de acuerdo con la tasa interanual de noviembre de 1992 sobre la del mismo mes del año 1991, a todo el personal al servicio de la Diputación Regional de Cantabria, se le abonará una paga de compensación equivalente al 0,09524 por 100 de su retribución por los siguientes conceptos:
Total de retribuciones devengadas correspondientes al año 1992, con excepción de:
Paga de compensación establecida por la Ley de Cantabria 7/1992, de 16 de diciembre, de Incremento de Retribuciones del Personal al Servicio de la Diputación Regional de Cantabria y concesión de una paga de compensación.
Complementos personales y transitorios.
Indemnizaciones por razón del servicio.
Total de retribuciones devengadas correspondientes al año 1992, por los conceptos que tengan la consideración legal de salario, con excepción de:
Paga de compensación establecida por la Ley de Cantabria 7/1992, de 16 de diciembre, de Incremento de Retribuciones del Personal al Servicio de la Diputación Regional de Cantabria y concesión de una paga de compensación.
Percepciones económicas en especie.
Cantidades percibidas en concepto de acción social.
Complementos personales y transitorios.
La percepción de la paga a que se refiere la presente disposición será incompatible con la aplicación de cualquier otra medida compensatoria de la desviación del índice de precios al consumo de 1992 respecto a su previsión inicial.
Los complementos personales y transitorios que pudiera tener reconocidos el personal a que se refiere esta disposición no serán absorbidos por la paga de compensación establecida en la misma.
Artículo 51Contratación de personal con cargo a los créditos de inversiones
Si excepcionalmente se acudiese a la contratación laboral, se deberá justificar debidamente, quedando sujetos dichos contratos a las prescripciones que establecen los artículos 15 y 17 del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Ley 8/1980, de 10 de marzo, en la redacción dada por la Ley 32/1984, de 2 de agosto, y con respecto a lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades de Personal al Servicio de la Administración Pública.
Los contratos se formalizarán siempre por escrito y especificarán con precisión y claridad el carácter de la contratación y la ineludible necesidad de la misma por carecer de personal suficiente, e identificarán suficientemente la obra o servicio que constituya su objeto. Igualmente, en el contrato se hará constar el tiempo de duración, circunstancia estrictamente a la duración de la obra o servicio para la que se contrata, así como, en su caso, el resto de las formalidades que impone la legislación sobre contratos laborales eventuales o temporales.
Las Consejerías que hayan promovido contratación al amparo de lo dispuesto en este artículo habrán de evitar el incumplimiento de las citadas obligaciones formales, así como la asignación del personal contratado para funciones distintas de las determinadas en los contratos, de las que pudieran derivarse derechos de permanencia para el personal así contratado, actuaciones que en su caso podrán dar lugar a la exigencia de responsabilidades, de conformidad con el artículo 91 de la Ley 7/1984, de 22 de diciembre, de Finanzas de la Diputación Regional de Cantabria.
Si por circunstancias no imputables a los otorgantes la obra o servicio no pudiera concluirse en el tiempo prefijado en el contrato, se prorrogará hasta la total terminación de la obra o servicio, y con la tramitación reglamentaria establecida. En los casos de suspensión, desistimientos y resolución, estos contratos estarán sujetos a los mismos efectos que la obra o servicio.
El Servicio de Contratación y Compras, una vez examinado e informado el expediente por la Dirección Jurídica Regional lo remitirá a la Intervención para su preceptiva fiscalización que será previa, en todos los casos, a la contratación.
Si se tratase de contratos laborales, las nóminas y la liquidación de seguros sociales se tramitarán, ajustadas a las cuantías del convenio colectivo para el personal laboral de la Diputación Regional de Cantabria, por la Consejería correspondiente, remitiendo copia de ambas a la Dirección Regional de la Función Pública.
Artículo 52Requisitos para la determinación o modificación de retribuciones del personal no funcionario y laboral
El informe al que se refiere este artículo será emitido por el procedimiento y con el alcance previsto en los apartados siguientes.
Se entenderá por masa salarial, a los efectos de esta Ley el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales y los gastos de acción social, devengados durante 1992 por el personal laboral afectado, con el límite de las cuantías informadas favorablemente por la Consejería de Economía, Hacienda y Presupuesto para dicho ejercicio presupuestario, exceptuándose en dicho caso:
Los incrementos de la masa salarial bruta se calcularán en término de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, tanto en lo que respecta a efectivos de personal laboral y antigüedad del mismo, como el régimen privativo de trabajo, jornada, horas extraordinarias efectuadas y otras condiciones laborales, computándose por separado las cantidades que correspondan a las variaciones en tales conceptos. Con cargo a la masa salarial así obtenida para 1993, deberán satisfacerse la totalidad de las retribuciones del personal laboral derivadas del correspondiente acuerdo y todas las que se devenguen a lo largo del expresado año.
Las indemnizaciones o suplidos de este personal no podrán experimentar crecimientos superiores a los que establezcan con carácter general para el personal no laboral de la Administración del Estado.
Disposición adicional primera.
En el supuesto de que, el 31 de diciembre de 1993, no hubieran sido aprobados los Presupuestos Generales de la Diputación Regional de Cantabria para 1994, como prevé el artículo 55, párrafo 3, del Estatuto de Autonomía para Cantabria, aprobado por Ley Orgánica 8/1981, quedará automáticamente prorrogada la vigencia de los presentes presupuestos hasta el límite global de sus créditos iniciales, como máximo. Durante el período de prórroga las disposiciones de crédito se efectuarán ateniéndose a las siguientes normas:
Disposición adicional primera. (Derogado) Se deroga por la disposición derogatoria de la Ley 9/1993, de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-1994-2196.
Disposición adicional segunda.
Los miembros del Consejo de Gobierno de la Diputación Regional de Cantabria que, como consecuencia de accidente producido en acto de servicio en el ejercicio de su cargo, fallecieran o quedaran en situación de invalidez, causarán pensión extraordinaria en las condiciones que se establecen a continuación:
Invalidez absoluta.–Tendrán derecho a esta pensión el inválido absoluto, por un importe anual del 200 por 100 del haber regulador, con carácter vitalicio.
Invalidez total.–Tendrá derecho a esta pensión el inválido permanente total para su profesión habitual, por un importe anual del 100 por 100 del haber regulador, con carácter vitalicio.
El haber regulador de las pensiones indicadas queda fijado en 2.527.179 pesetas, y la percepción de éstas pensiones será compatible con cualquier otra que disfrute el causante o sus beneficiarios.
El citado haber regulador será revisado, automáticamente, en el mismo porcentaje de aumento que experimenten los sueldos y salarios regulados por las sucesivas leyes de presupuestos o cualquier otra normativa.
Disposición adicional tercera.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de Finanzas de la Diputación Regional de Cantabria y en esta Ley, el Consejo de Gobierno dará cuenta a la Comisión de Economía, Hacienda, Comercio y Presupuesto de la Asamblea Regional de Cantabria al mes siguiente de cada trimestre natural de las siguientes cuestiones:
Disposición adicional cuarta.
Se adiciona un apartado 5 al artículo 6. de la Ley de Cantabria 7/1986, de 22 de diciembre, de Patrimonio de la Diputación Regional, con la siguiente redacción: «5. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, corresponderá a la Consejería de Turismo, Transportes y Comunicaciones e Industria la facultad de adquirir, enajenar, gravar y dictar cuantos actos de carácter dispositivo sean necesario para la administración y gestión del suelo destinado a la implantación de industrias en Cantabria, con las mismas competencias que la presente Ley atribuye a la Consejería de Economía, Hacienda y Presupuesto y de conformidad con los Reglamentos que al efectos se dicten.»
Disposición adicional quinta.
Las retenciones que deban acordarse para compensar las deudas de los Municipios hasta la cantidad concurrente del crédito a favor de aquéllos, en la forma prevista en el artículo 65 del Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, que se realicen en el ámbito de aplicación de la disposición adicional decimocuarta de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, no podrán superar, en su conjunto y como máximo, un importe equivalente al 50 por 100 de la cuantía asignada a la respectiva Corporación, tanto en cada entrega a cuenta como en las liquidaciones definitivas anuales de la participación en los tributos del Estado.
No obstante, ambos límites globales podrán ser reducidos hasta un 25 por 100, previa petición razonada de las Corporaciones Locales deudoras, cuando se justifique la existencia de graves desfases transitorios de Tesorería generados por la prestación de servicios necesario y obligatorios que afecten al cumplimiento regular de las obligaciones de personal o la prestación de los servicios públicos obligatorios y mínimos comunes a todos los municipios y de los de protección civil, prestación de servicios sociales y extinción de incendios, en cuya realización no se exija, en todo caso, contraprestación alguna en forma de precio público o tasa equivalente al coste del servicio realizado.
La petición, con la justificación correspondiente, deberá dirigirse a la Consejería de Economía, Hacienda y Presupuesto, que dictará, teniendo en cuenta el volumen de las deudas y la reiteración de su exigencia por vía de compensación, la resolución correspondiente, fijando el período de tiempo en que el límite general habrá de ser reducido al porcentaje de retención que en la misma se señale.
Disposición adicional quinta.
Las retenciones que deban acordarse para compensar las deudas de los Municipios hasta la cantidad concurrente del crédito a favor de aquéllos, en la forma prevista en el artículo 65 del Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, que se realicen en el ámbito de aplicación de la disposición adicional decimocuarta de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, no podrán superar, en su conjunto y como máximo, un importe equivalente al 50 por 100 de la cuantía asignada a la respectiva Corporación, tanto en cada entrega a cuenta como en las liquidaciones definitivas anuales de la participación en los tributos del Estado.
No obstante, ambos límites globales podrán ser reducidos hasta un 25 por 100, previa petición razonada de las Corporaciones Locales deudoras, cuando se justifique la existencia de graves desfases transitorios de Tesorería generados por la prestación de servicios necesario y obligatorios que afecten al cumplimiento regular de las obligaciones de personal o la prestación de los servicios públicos obligatorios y mínimos comunes a todos los municipios y de los de protección civil, prestación de servicios sociales y extinción de incendios, en cuya realización no se exija, en todo caso, contraprestación alguna en forma de precio público o tasa equivalente al coste del servicio realizado.
La petición, con la justificación correspondiente, deberá dirigirse a la Consejería de Economía, Hacienda y Presupuesto, que dictará, teniendo en cuenta el volumen de las deudas y la reiteración de su exigencia por vía de compensación, la resolución correspondiente, fijando el período de tiempo en que el límite general habrá de ser reducido al porcentaje de retención que en la misma se señale.
En ningún caso las retenciones a que hace mención esta disposición adicional quinta podrán afectar a los fondos transferidos por el Estado y la Unión Europea a las Corporaciones Municipales.
Se añade el último párrafo por el art. 8 de la Ley 9/1993, de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-1994-2196.
Se mantiene la suspensión de su vigencia y aplicación por auto del TC de 21 de diciembre de 1993. Ref. BOE-A-1994-249.
Téngase en cuenta que se declara la desestimación del recurso de inconstitucionalidad nº 2587/1993 , dejando sin efecto la suspensión de su vigencia y aplicación, por auto de 12 de abril de 1994. Ref. BOE-A-1994-8982.
Se suspende su vigencia y aplicación desde el 3 de agosto de 1993, para las partes legitimadas en el proceso y desde el 26 de agosto para los terceros por providencia del TC de 19 de agosto actual que admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad nº 2.587/1993. Ref. BOE-A-1993-22025.
Disposición adicional quinta.
Las retenciones que deban acordarse para compensar las deudas de los Municipios hasta la cantidad concurrente del crédito a favor de aquéllos, en la forma prevista en el artículo 65 del Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, que se realicen en el ámbito de aplicación de la disposición adicional decimocuarta de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, no podrán superar, en su conjunto y como máximo, un importe equivalente al 50 por 100 de la cuantía asignada a la respectiva Corporación, tanto en cada entrega a cuenta como en las liquidaciones definitivas anuales de la participación en los tributos del Estado.
No obstante, ambos límites globales podrán ser reducidos hasta un 25 por 100, previa petición razonada de las Corporaciones Locales deudoras, cuando se justifique la existencia de graves desfases transitorios de Tesorería generados por la prestación de servicios necesario y obligatorios que afecten al cumplimiento regular de las obligaciones de personal o la prestación de los servicios públicos obligatorios y mínimos comunes a todos los municipios y de los de protección civil, prestación de servicios sociales y extinción de incendios, en cuya realización no se exija, en todo caso, contraprestación alguna en forma de precio público o tasa equivalente al coste del servicio realizado.
La petición, con la justificación correspondiente, deberá dirigirse a la Consejería de Economía, Hacienda y Presupuesto, que dictará, teniendo en cuenta el volumen de las deudas y la reiteración de su exigencia por vía de compensación, la resolución correspondiente, fijando el período de tiempo en que el límite general habrá de ser reducido al porcentaje de retención que en la misma se señale.
Se suspende su vigencia y aplicación desde el 3 de agosto de 1993, para las partes legitimadas en el proceso y desde el 26 de agosto para los terceros por providencia del TC de 19 de agosto actual que admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad nº 2.587/1993. Ref. BOE-A-1993-22025.
Disposición adicional quinta.
Las retenciones que deban acordarse para compensar las deudas de los Municipios hasta la cantidad concurrente del crédito a favor de aquéllos, en la forma prevista en el artículo 65 del Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, que se realicen en el ámbito de aplicación de la disposición adicional decimocuarta de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, no podrán superar, en su conjunto y como máximo, un importe equivalente al 50 por 100 de la cuantía asignada a la respectiva Corporación, tanto en cada entrega a cuenta como en las liquidaciones definitivas anuales de la participación en los tributos del Estado.
No obstante, ambos límites globales podrán ser reducidos hasta un 25 por 100, previa petición razonada de las Corporaciones Locales deudoras, cuando se justifique la existencia de graves desfases transitorios de Tesorería generados por la prestación de servicios necesario y obligatorios que afecten al cumplimiento regular de las obligaciones de personal o la prestación de los servicios públicos obligatorios y mínimos comunes a todos los municipios y de los de protección civil, prestación de servicios sociales y extinción de incendios, en cuya realización no se exija, en todo caso, contraprestación alguna en forma de precio público o tasa equivalente al coste del servicio realizado.
La petición, con la justificación correspondiente, deberá dirigirse a la Consejería de Economía, Hacienda y Presupuesto, que dictará, teniendo en cuenta el volumen de las deudas y la reiteración de su exigencia por vía de compensación, la resolución correspondiente, fijando el período de tiempo en que el límite general habrá de ser reducido al porcentaje de retención que en la misma se señale.
Se mantiene la suspensión de su vigencia y aplicación por auto del TC de 21 de diciembre de 1993. Ref. BOE-A-1994-249.
Se suspende su vigencia y aplicación desde el 3 de agosto de 1993, para las partes legitimadas en el proceso y desde el 26 de agosto para los terceros por providencia del TC de 19 de agosto actual que admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad nº 2.587/1993. Ref. BOE-A-1993-22025.
Disposición adicional sexta.
Antes del 31 de octubre de 1993 se remitirán al Servicio de Contratación y Compras, por parte de cada Consejería, las propuestas de contratación de servicios, de vigencia anual, a fin de que se proceda a la convocatoria, en su caso, de los correspondientes concursos y se proponga la adjudicación definitiva antes del 1 de enero de 1994. Igualmente, se deberá enviar relación de los suministros que se pretendan adjudicar durante 1994, a fin de planificar y coordinar su ejecución para conseguir una mayor uniformidad y economía.
Disposición adicional séptima.
Las partidas de gastos incluidas y financiadas en los presentes presupuestos y que figuraban con anterioridad en la Ley 3/1991, de 22 de marzo, de «Crédito Extraordinario de Regularización y Financiación de Insuficiencias por actuaciones anteriores al 14 de diciembre de 1990», se abonarán con cargo al presupuesto de 1993, produciendo economía en los remanentes de la citada Ley 3/1991.
Disposición adicional octava.
Disposición adicional octava. (Anulada) Se declara inconstitucional y nula por Sentencia del TC 130/1999, de 1 de julio. Ref. BOE-T-1999-16572.
Disposición transitoria.
Las fianzas a que hace referencia el título V de la presente Ley, constituidas ante particulares, Empresas, Cámaras de la propiedad inmobiliaria, Sociedades, etcétera, con anterioridad a su entrada en vigor, deberán ser depositadas, en metálico, en la Tesorería General de la Diputación Regional de Cantabria, en el plazo máximo de seis meses.
Se autoriza al Consejo de Economía, Hacienda y Presupuesto para que, a propuesta conjunta de la Dirección Regional de Tesorería General y de la Intervención General, dicte las normas de desarrollo contable de las disposiciones del Título V, así como para la apertura, si lo estima oportuno, de cuentas restringidas, y concertando, en su caso, con Entidades financieras de crédito o ahorro, el servicio de caja, en forma similar, con las debidas adaptaciones, al establecido para los tributos cedidos a la Comunidad Autónoma.
Disposición transitoria.
Las fianzas a que hace referencia el título V de la presente Ley, constituidas ante particulares, Empresas, Cámaras de la propiedad inmobiliaria, Sociedades, etcétera, con anterioridad a su entrada en vigor, deberán ser depositadas, en metálico, en la Tesorería General de la Diputación Regional de Cantabria, en el plazo máximo de seis meses.
Se autoriza al Consejo de Economía, Hacienda y Presupuesto para que, a propuesta conjunta de la Dirección Regional de Tesorería General y de la Intervención General, dicte las normas de desarrollo contable de las disposiciones del Título V, así como para la apertura, si lo estima oportuno, de cuentas restringidas, y concertando, en su caso, con Entidades financieras de crédito o ahorro, el servicio de caja, en forma similar, con las debidas adaptaciones, al establecido para los tributos cedidos a la Comunidad Autónoma.
Se suspende su eficacia, por el art. 7 de la Ley 9/1993, de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-1994-2196.
Disposición final primera.
A) En los supuestos no regulados en la presente Ley, se aplicarán:
B) Asimismo con carácter supletorio a la presente Ley, se aplicarán:
Disposición final segunda.
Los gastos autorizados con cargo a los créditos del presupuesto prorrogados de 1992 se imputarán a los créditos autorizados en la presente Ley mediante acuerdo del Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Economía, Hacienda y Presupuesto, en el que se podrán recoger las transferencias o generaciones de crédito necesarias.
Disposición final tercera.
Se autoriza al Consejo de Gobierno para que dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de cuanto se previene en esta Ley.
Disposición final cuarta.
La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de Cantabria».
Disposición derogatoria.
Palacio de la Diputación, Santander, 6 de mayo de 1993.
JUAN HORMAECHEA CAZÓN, Presidente del Consejo de Gobierno INFORMACIÓN RELACIONADA Véase sobre modificación presupuestaria para financiar actuaciones pendientes de comprometer del objetivo número 2 en materia de carreteras y abastecimientos y saneamientos, así como para financiar la conservación ordinaria de carreteras, vías y obras, servicios de puertos y servicio hidráulico, la Ley 5/1994, de 29 de marzo. Ref. BOCT-c-1994-90002.