Sistema HJ - Resolución: AUTO 603/1987 Volver a la página principal [Español] English Français Tribunal Constitucional de España Buscador de jurisprudencia constitucional Buscador Listado Resolución Buscar doc print Búzon de sugerencias Búzon de sugerencias Resolución Ficha Técnica Edición completa Fundamentos Fallo Hallazgos Fundamentos Hallazgos AUTO 603/1987, de 20 de mayo ECLI:ES:TC:1987:603A Sección Segunda. Auto 603/1987, de 20 de mayo de 1987. Recurso de amparo 1.417/1986. Acordando la inadmisión a trámite del recurso de amparo 1.417/1986 AUTO I. Antecedentes 1. Con fecha 29 de diciembre de 1986 tuvo entrada en este Tribunal Constitucional la demanda de amparo interpuesta por don Félix Atienza Peinado y doña Emiliana García Conejo, representados por la Procuradora doña Rosario García González, contra el Auto de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de 13 de noviembre de 1986 y el Auto de la misma Sala, de 1 de diciembre de 1986, que desestimó la súplica contra el anterior. 2. Los recurrentes presentaron ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, querella criminal contra el Excmo. Sr. Ministro de Justicia, el Excmo. Sr. Defensor del Pueblo y otros altos cargos de la Administración, a quienes responsabilizaron por la comisión de los delitos de omisión de socorro (artículo 489 bis del Código Penal), denegación de auxilio (artículo 371 del Código Penal), imprudencia temeraria con resultado de muerte (artículo 565 del Código Penal). El fundamento de tal responsabilidad, según se desprende del Auto recurrido, del 13 de noviembre de 1986, sería la omisión en que tales funcionarios habrían incurrido al no haber intentado salvar la vida de Félix Atienza García, hijo de los demandantes, a pesar de haber sido informados telegráficamente, por el propio fallecido y otros presos que convivían con él, de una supuesta negación de ayuda dentro de la prisión. Félix Atienza García falleció el 16 de octubre de 1986 en el Hospital Provincial de Madrid como consecuencia de una infección bucal que según el Auto referido "desembocó posteriormente en una meningitis y tuberculosis que dieron lugar a una septicemia cerebral". 3. La Sala Segunda del Tribunal Supremo se declaró competente para entender en la querella en el Auto de 13 de noviembre de 1986 en el que acordó, además, desestimar la querella, en cuanto afecta al Excmo. Sr. Ministro y al Excmo. Sr. Defensor del Pueblo, por carecer la representación de los recurrentes de poder especial y porque el hecho imputado no sería constitutivo de delito. 4. Los demandantes de amparo interpusieron recurso de súplica, que fue admitido a trámite y desestimado por el Auto de 1 de diciembre de 1986. En este Auto el Tribunal Supremo sostuvo que "sin perjuicio de dar por reproducidos los argumentos que se tuvieron en cuenta en el Auto que ahora se impugna", no correspondería admitir el recurso por ser firme la resolución dictada "conforme preceptúa el artículo 21 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal", en la fundamentación del recurso los demandantes invocaron los artículos 24.2 de la Constitución, 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 5. La demanda de amparo alega, en primer lugar, la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, pues los recurrentes habrían sido privados del recurso que establece el artículo 236 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que, estimaron, les correspondía. En segundo término, alegan los recurrentes la violación del derecho a obtener la tutela judicial efectiva por "la falta de motivación que se advierte en ambos Autos del Tribunal Supremo". Asimismo, entienden los recurrentes que su derecho a la tutela judicial efectiva habría resultado también vulnerado porque el Tribunal Supremo desestimó la querella apoyado "exclusivamente en el texto de la querella y en la documental que la acompañaba", sin haber iniciado "siquiera el procedimiento". Esta vulneración alcanzaría también, por las mismas causas, al derecho a un proceso con todas las garantías (artículo 24.2 de la Constitución). Por último, alegan los recurrentes que se ha infringido el artículo 24.1 de la Constitución, pues se les habría negado "el derecho al proceso contenido en el derecho a la tutela judicial efectiva" con un fundamento "puramente formal y en todo caso subsanable" 6. Por providencia de 18 de marzo de 1987 la Sección puso de manifiesto al recurrente la posible existencia de los motivos de inadmisión previstos en los artículos 50.1.b), en relación al 49.2.a); 50.1.a), en relación al 44.2, y 50.2.b), todos de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, otorgando al mismo tiempo al Ministerio Fiscal y al demandante un plazo común de 10 días para que aleguen al respecto lo que estimen pertinente. 7. El recurrente sostuvo que su representación estaría acreditada en los Autos del proceso que dieron origen a esta demanda. En cuanto al artículo 50.1.a), estimó que la demanda fue presentada antes del transcurso del plazo sosteniendo que el Tribunal Constitucional podría informarse de ello en los autos tramitados en la vía judicial precedente. Por último, en lo referente al artículo 50.2.
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