Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 55/1990

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1. El día 9 de mayo de 1986 tiene entrada en este Tribunal Auto de 8 de mayo anterior del Juzgado de Instrucción núm. 12 de Madrid, en el que plantea cuestión de inconstitucionalidad sobre el art. 8, segundo párrafo, de la Ley Orgánica 2/1986, de 1 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por posible violación de los arts. 14, 24.1 y 2 C.E. Dicho asunto fue registrado con el núm. 487/
2. En el Auto se afirma, que, a la vista de unas actuaciones de miembros de un Cuerpo de Seguridad, en las que podía apreciarse la existencia de indicios racionales de criminalidad, la única resolución judicial procedente, de aceptarse la legitimidad constitucional del precepto, sería la de remitir la causa a la Audiencia Provincial, sin poder dictar Auto de procesamiento. Por tanto, la validez de la disposición legal cuestionada es condicionante de la decisión judicial, lo que demuestra la relevancia de la cuestión planteada. El Auto comienza analizando el precepto cuestionado, sus antecedentes, su justificación y la significación procesal del Auto de procesamiento que fija formalmente la sospecha, y es condición indispensable para que el Juez pueda actuar realmente como Juez, es decir, en situación de alteridad, lo que exige que la actividad investigadora base de la acusación haya sido desempeñada por un órgano diferente. El art. 8.1, párrafo segundo, de la Ley Orgánica 2/1986, sería contrario al principio de igualdad por contener una desigualdad de trato injustificada y no razonable, ya que ni los intereses generales ni los intereses del órgano judicial, ni los intereses de los miembros de las Fuerzas de Seguridad, justifican esta diferenciación de trato. Tampoco en la función de esas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad concurren circunstancias o elementos aptos para determinar un régimen especial en cuanto a la sujeción al procedimiento criminal. La única razón podía ser la desconfianza o suspicacia respecto del Juez normal y natural, lo que sería constitucionalmente inadmisible, puesto que el precepto encuentra su verdadera razón en el terreno de la oportunidad política, lo que en modo alguno puede prevalecer sobre el criterio de legitimidad constitucional, ya que ni las peculiaridades de la función de los miembros de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad ni las condiciones de idoneidad de los Jueces de Instrucción justifican racionalmente la creación de un fuero especial para los primeros y la privación de conocimiento para los segundos. El precepto cuestionado sería además contrario al principio del «Juez natural» del art. 24.2 de la Constitución Española. Tal principio, concreción del principio de igualdad ante la Ley en el plano de la jurisdicción, exige que la atribución de las causas y litigios al Juez que en el supuesto concreto ha de conocer se haga conforme al criterio objetivado por la ley y con carácter de generalidad, y se encuentra históricamente ligado a la prohibición de instituir magistratura especiales. Este fundamental mecanismo de garantías impide la utilización arbitraria de la Magistratura como inmediato instrumento del poder político y permite la distribución del trabajo judicial con criterios de racionalidad y certeza. La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, desarrolla este derecho postulando un número cerrado de órganos y determinando el ámbito preciso de actividad para el que cada uno de ellos se encuentra a su vez legitimado. Dicha Ley en su art. 87.1 establece que los Juzgados de Instrucción conocerán en el orden penal de la instrucción de las causas cuyo conocimiento corresponde a las audiencias. Régimen previsto con carácter de generalidad en una Ley que «codifica» de manera unicomprensiva la forma en que la potestad jurisdiccional debe ejercerse en nuestra realidad posconstitucional, con evidente vocación de exclusividad en el tratamiento del ámbito de la organización y la actividad estatal. Supone la superación de la fase histórica en que la dimensión judicial de las cuestiones aparece como simple apéndice del tratamiento legal particularizado de cada una de ellas. Por ello resulta anómalo que la Ley Orgánica 2/1986 introduzca una grave quiebra de la racionalidad interna y en la economía de los principios de orden instalados por la L.O.P.J., haciendo regresar llamativamente a nuestro sistema de legalidad a un momento anterior y ya ampliamente superado de la técnica y la política legislativa. El precepto cuestionado deroga el principio del Juez natural, ya que corresponde a la Ley Orgánica del Poder Judicial decir con la necesaria generalidad qué Juez es el ordinario en cada supuesto, mientras que el establecimiento de un fuero especial para los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad por una parte desnaturaliza a determinados efectos a todo un orden jurisdiccional y al mismo tiempo convierte a otro orden de la jurisdicción en una anómala jurisdicción especial de carácter ocasional con una ruptura de la normalidad. De esta forma la ley establece una excepción a la regla general en atención a determinadas personas o cosas, disponiendo a la Audiencia Provincial la realización de actos propios de instrucción para los que no se encuentra funcionalmente predispuesta e introduciendo una serie de distorsiones a la lógica interna del proceso penal con negativas derivaciones para la calidad del enjuiciamiento. El precepto cuestionado comporta además una quiebra de la efectividad del contradictorio y constituye un obstáculo a la tutela judicial efectiva del art. 24.
3. El proceso ordinario por delito responde en nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal al sistema acusatorio formal o mixto, cuya característica más saliente es la diferenciación dentro de el de dos fases, la de instrucción y la de enjuiciamiento propiamente dicho, inspiradas en principios de muy diversa naturaleza y que asimismo presuponen modos judiciales de actuar francamente diferenciados. La validez del modelo requiere la intervención sucesiva de dos órganos judiciales diferentes, de los que sólo el que actúa en la segunda fase lo hace con carácter propiamente jurisdiccional. La efectividad de la contradicción en el proceso puede verse negada por la atribución, operada por el precepto que se examina, de facultades instructoras y de la competencia para la inculpación formal a las Audiencias Provinciales, comprometiéndolas en actividades propias de la investigación sumarial. Con ello se olvida que carecen del necesario contacto y de la inmediación respecto a los hechos, además de que la estructura colegiada no permite actuar eficazmente en esta fase. Al mismo tiempo se produce una evidente contaminación inquisitiva, la pérdida de capacidad para situarse a la necesaria distancia crítica respecto del objeto del procedimiento, perdiendo la imparcialidad del órgano judicial que exige el art. 6.1 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, interpretado a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por otro lado, la atribución del procesamiento a esos Tribunales determina para los interesados la pérdida de la posibilidad del recurso contra la medida.
4. Por providencia de 20 de mayo de 1986, la Sección acordó oír al Fiscal General del Estado, a tenor de lo dispuesto en el art 371 LOTC. para que en el plazo de diez días expusiera lo que estimase procedente acerca de la inadmisibilidad de la cuestión El Fiscal General del Estado presenta escrito en el que se opone a la admisión a trámite de la cuestión, en primer lugar, y desde el plano formal o procesal, por estimar que faltan las condiciones procesales, tanto a la luz del art. 163 C.E. como del art 35 de la propia LOTC, no corresponde al órgano judicial proponente emitir un «fallo», aun entendido éste extensivamente con pronunciamiento decisivo e imperativo de una resolución judicial. Desde el plano sustantivo la cuestión es notoriamente infundada, pues el Tribunal Constitucional ya ha resuelto en diversas decisiones que no es contrario al art 14 C.E. la existencia de normas que establecen un fuero especial en favor de determinados cargos o funcionarios, y ha reconocido la viabilidad constitucional de atribución de competencia en bloque para conocer de un determinado proceso a órganos de instancias judiciales superiores. Ello supone admitir implícitamente también la posibilidad de que la actividad investigadora y de resolución se identifiquen en un mismo órgano judicial, y ello no implica una pérdida de la imparcialidad de ese órgano. Se analiza seguidamente la jurisprudencia constitucional sobre el principio de «Juez ordinario predeterminado por la ley» del art. 24.2 C.E., concepto que no puede identificarse con el de «Juez natural».
5. Por providencia de 19 de junio de 1986, la Sección acordó admitir a trámite la cuestión promovida por el Juzgado de Instrucción núm. 12 de Madrid, publicar su incoacción en el «Boletín Oficial del Estado» y dar traslado de la misma al Congreso de los Diputados, al Senado, al Gobierno y al Fiscal General del Estado, para la formulación de alegaciones. Se ha personado el Senado a través de su Presidente, ofreciendo su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC.
6. El Fiscal General del Estado inicia su escrito de alegaciones reiterando las razones formales por las que la cuestión debería ser inadmitida sin entrar en el fondo del asunto. Sobre el fondo de la cuestión señala, en primer lugar, que la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, se ha dictado en cumplimiento de un mandato constitucional y con la mayoría cualificada propia de una Ley Orgánica, a la que corresponde determinar los «Estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad». Dentro de ese Estatuto se incluye el art. 8, que establece que el conocimiento de las causas criminales no sale del ámbito de la jurisdicción ordinaria, por otro lado, no se requiere Acuerdo o resolución judicial de inhibición en favor de la Audiencia Provincial, ni tampoco trata de configurar dos tiempos procesales, uno a cargo del Juez de Instrucción y otro de la Audiencia, sino que declarar competente a la Audiencia Provincial significa que la instrucción hasta ese momento practicada por el Juez se asume o rechaza en todo o en parte por la Audiencia que va a conocer en su integridad del proceso penal. El Juez al decidir el procesamiento no está ejerciendo una función inquirente y no se sitúa en una posición «parcial», por ello es posible formular apelaciones contra procesamientos ante el Tribunal que más adelante conocerá el proceso. También se rechaza que el art. 54.12 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal esté regulando el supuesto de que un mismo órgano judicial tenga atribuidas por la ley competencias de instrucción y de conocimiento del proceso, sino sólo el ejercicio a título personal de dos funciones distintas y en momentos procesales también diferentes. En cuanto al contraste del precepto legal dubitado y el art. 14 C.E., el Fiscal general del Estado recuerda los Autos del Tribunal Constitucional que han contemplado el régimen procesal estatuido en favor de los miembros de la Policía sin considerarlos contrarios al art 14 C.E. Entiende además que la igualdad se lesionaría si su efecto fuera negativo, o sea, si se redujeran las garantías procesales, pero no cuando es amplificador de garantías, en consideración a la función que ejercen estos funcionarios y que concierne al interés público. De acuerdo a la STC 61/1982 puede existir una justificación objetiva y razonable que permita, sin lesión del principio de igualdad ante la Ley, establecer mecanismos procesales distintos de aquellos que sirven al proceso penal ordinario sin que necesariamente tengan que estar previstos ya en la Constitución. Aun no estando el fenómeno expresamente determinado en la Constitución, la jerarquía orgánica de las personas a las que se concede el fuero, unida al interés general ínsito en la protección de las funciones por ellas ejercidas, constituyen fundamento bastante para otorgar un trato procesal distinto, con lo que se advierte diferenciación razonablemente justificadora de la quiebra procesal general tanto con respecto a dichas personas como en orden a la competencia normal de los órganos judiciales. Y no es dato relevante el que esa regulación no se contenga en la Ley Orgánica del Poder Judicial, sino en otra norma distinta, pues el art 117 3 C.E. se remite, en plural, a las «leyes». En relación con el posible contraste del art. 8.1, párrafo segundo, de la Ley Orgánica 2/1986, y el art. 24.2 C.E. en orden al Juez ordinario predeterminado por la Ley, se señala que en el debate constitucional se quiso evitar conscientemente el uso de la expresión «Juez Natural», para incluir el término, de alcance distinto, Juez ordinario predeterminado por la Ley, que lo que trata de excluir es una jurisdicción especial de carácter ocasional, mientras que la Ley impugnada deja claro la sujeción a la jurisdicción ordinaria La atribución de competencias a las Audiencias Provinciales no supone obstáculo alguno al principio de contradicción ni pérdida de las condiciones de imparcialidad y neutralidad La doctrina sentada en el caso De Cubber por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no puede generalizarse, dado que en aquel caso se dio la insistente presencia de un mismo Juez en diversas instancias y procesos contra la misma persona, lo que pudo entenderse bastante para que surgiera la duda acerca de la imparcialidad de aquel El Convenio Europeo de Derechos Humanos no prohíbe, con carácter general y para todos los supuestos procesales, que un mismo órgano judicial no pueda realizar la instrucción -o la continuidad de la instrucción- y el enjuiciamiento de ciertas causas, por razón de los sujetos en ellas implicados. Por tanto la atribución de tales competencias dichas a las Audiencias Provinciales por la Ley Orgánica 2/1986 no comporta oposición radical al derecho a la tutela judicial consagrado por el art 241 C E. Sin perjuicio de la reserva hecha en torno al momento procesal en que se plantea la cuestión, se interesa se dicte Sentencia declarando no ser inconstitucional el art. 8.1, párrafo segundo, de la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, por no ser opuesto a los arts. 14, 24.1 y 2 de la Constitución.
7. El Abogado del Estado comienza sus alegaciones poniendo en duda que en el presente caso se den los requisitos procesales que permiten plantear la cuestión de inconstitucionalidad, y la competencia del Juez proponente de la cuestión para dictar el fallo y resolución en el que haya de tenerse en cuenta la norma de cuya constitucionalidad se duda. La legitimación de los órganos jurisdiccionales para plantear cuestiones de inconstitucionalidad viene dada no por una cualidad subjetiva, ser Juez, sino a través del presupuesto objetivo de la competencia para resolver sobre la aplicación de la norma legal, y de la misma manera que la competencia judicial es una cualidad exclusiva y excluyente, ha de serlo también la legitimación para el proceso de inconstitucionalidad -que es pura consecuencia o derivación de la competencia-. Al Juez proponente le correspondía sólo un trámite material de traslado sin emitir un pronunciamiento decisivo e imperativo de una resolución judicial, sea cual sea la forma en que adopta su decisión. El art. 52 de la Ley orgánica del Poder Judicial regula los trámites y el órgano competente para resolver las cuestiones de competencia, lo que incluye no sólo una discrepancia de criterios, sino también las dudas sobre competencia. Sin que puedan extremarse las diferencias entre cuestiones de competencia y cuestiones de constitucionalidad, cuando lo que se cuestiona es la constitucionalidad de la norma de competencia ha de exigirse que el planteamiento de la misma provenga precisamente del órgano llamado por la Ley ordinaria para aplicar la norma que se cuestiona, de acuerdo al art. 52 de la L.O.P.J., la propia Audiencia Provincial. En relación a la vulneración del principio de igualdad, es innecesario entrar a contraargumentar las razones del Auto, defendiendo las que tuvieron o pudieran tener los órganos legislativos que adoptaron la Ley. Discutir la racionalidad de la ley, mediante la reproducción de un debate parlamentario, es una labor estéril, pues la racionalidad de la Ley, a efectos de justicia constitucional, tiene un significado jurídico estricto que se concreta en el respeto a la Constitución. Al no ser posible un Juez único para todos los asuntos, y existir una pluralidad de Jueces, la distribución de competencias entre los Juzgados y Tribunales no puede decirse que altere el principio de igualdad. La atribución de una competencia a un órgano judicial con preferencia a otros es en definitiva una cuestión en la que intervienen siempre razones de oportunidad (mayor o menor complejidad técnica de los asuntos, mayor o menor volumen de trabajo, conveniencia de distribución territorial, etc.), siendo esa delimitación de competencia cometido propio de la Ley y «no es de por sí materia constitucional» (STC 43/1985). No es correcto que determinadas reglas de competencia representen una excepción a determinadas reglas generales, puesto que cada regla de competencia tiene un sentido y carácter general respecto de los supuestos hacia los que está proyectada. El principio de igualdad no se ve afectado por el hecho de que determinados delitos sean conocidos por las Audiencias Provinciales, hipótesis común en nuestro ordenamiento y que encuentra incluso sanción explícita en algunos preceptos constitucionales (ATC 80/1983). El derecho al Juez predeterminado por la Ley significa positivamente la rigurosa predeterminación legal de las reglas de competencia y negativamente la prohibición de instituir Magistratura especiales. No puede identificarse la Ley Orgánica del Poder Judicial como la norma general, ni el precepto cuestionado como creando una jurisdicción especial de carácter ocasional, pues es un precepto tan general como la L.O.P.J., aunque la extensión o alcance material de sus preceptos sea distinto. La jurisdicción de las Audiencias Provinciales es tan común como la de los Juzgados de Instrucción. Los argumentos funcionales o de eficacia de la medida son un juicio de valor ajeno por completo a una cuestión de inconstitucionalidad. Las circunstancias singulares del caso De Cubber y las funciones que corresponden al Juez de Instrucción belga hacen que no pueda generalizarse esa doctrina ni aplicarse al procedimiento que diseña el art. 8 de la Ley cuestionada, que atribuye funciones de instrucción a las Audiencias en un momento ya avanzado de las diligencias de investigación, es decir, cuando el propio Juez de Instrucción entiende que existen indicios racionales de criminalidad tras las instrucciones por él realizadas y habría de dictar Auto de procesamiento. Con ello se demuestra que la regulación cuestionada no difiere grandemente de la común, con la única singularidad de que la Audiencia Provincial pueda ordenar la práctica de nuevas diligencias. La atribución de competencias instructoras a un órgano judicial colegiado, llamado a dictar el fallo, es una exigencia consustancial a todos aquellos casos en los que -incluso con regulación de rango constitucional- la competencia de enjuiciar se atribuye en bloque y en todas sus fases a un mismo órgano. Lo cual no es obstáculo para que las Leyes procesales prevean la delegación o nombramiento de instructores (art. 303 L.E.Crim.), con lo que, la delación de una competencia in abstracto a las Audiencias Provinciales para el ejercicio de facultades de instrucción, no presupondría -aunque se llevara a sus últimos extremos la separación entre instrucción y fallo- la inconstitucionalidad de la norma, sino que habría de entenderse al desarrollo particular del caso para concretar las circunstancias en que se había asegurado la imparcialidad de los juzgadores y con ello el derecho a la tutela. Se solicita la desestimación de la cuestión de inconstitucionalidad propuesta.
8. El 10 de febrero de 1987 tuvo entrada en este Tribunal Auto del Juzgado de Instrucción núm. 12 de Madrid, en que plantea cuestión de inconstitucionalidad a propósito del art. 8, epígrafe 1, párrafo 3, de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, por estimarlo en contradicción con los principios consagrados en los arts. 14 y 24.2 C.E. Dicho asunto fue registrado con el núm. 158/
9. En el Auto se hace referencia al precepto que motiva el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad, el párrafo tercero del epígrafe 1 del art. 8 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, que establece que cuando el hecho fuese constitutivo de falta, los Jueces de Instrucción serán competentes para la instrucción y el fallo de conformidad con las normas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. De aceptarse la legitimidad constitucional del precepto, el Juez proponente tendría que celebrar el correspondiente juicio de faltas en vez de remitir las actuaciones al Juzgado de Distrito. Por tanto se trata de una norma aplicable para el pronunciamiento de una resolución judicial de materia procesal. Seguidamente se analiza el precepto, sus antecedentes y justificación para, seguidamente, sostener que el mismo es contrario al principio de igualdad, reproduciendo, aunque sintéticamente, los argumentos expresados por el mismo Juez en la cuestión 487/1986, para llegar a la conclusión de que ni las peculiaridades de la función de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad ni las condiciones de idoneidad técnica de los Jueces de Distrito justifican la creación de un fuero especial en materia de faltas para los primeros y de la privación de un área de su natural competencia a los segundos. Se afirma, además, que el precepto cuestionado contradice el principio del Juez natural del art. 24.2 C.E. La alteración del régimen general, de encomendar los juicios de faltas al Juzgado de Distrito, y la consiguiente previsión de un tratamiento de carácter especial para determinada categoría de sujetos comporta una indudable derogación del principio del Juez natural, desnaturaliza determinados efectos a todo un órgano jurisdiccional que resulta al mismo tiempo implícita y gravemente descalificado y reconvierte a otro orden de la jurisdicción (los Jueces de Instrucción) en anómala jurisdicción especial de carácter ocasional, tantas veces como alguno de ellos tengan que asumir funciones que no le vienen encomendadas por las propias Leyes institutivas y las que determinan su régimen de competencia con carácter general, lo que supone una ruptura de su configuración y cometido institucional, «de la normalidad» El Juez que resulta instituido para un grupo determinado de supuestos es un Juez especial, y no puede bastar la preconstitución formal para conseguir garantía de naturalidad, tal como la entiende el art 24 C.E., que no será cuando la Ley establece al mismo, sin fundamento constitucional, una excepción a la regla general, en atención a determinadas personas.
10. Por providencia de 18 de febrero de 1987 la Sección acordó admitir a trámite la cuestión, publicar su incoacción en el «Boletín Oficial del Estado» y dar traslado de las actuaciones al Congreso de los Diputados, al Senado, al Gobierno y al Fiscal general del Estado para la formulación de alegaciones. El Congreso de los Diputados, a través de su Presidente, comunica que no hará uso de las facultades de personación ni de la formulación de alegaciones y que pone a disposición del Tribunal las actuaciones de la Cámara que pueda precisar.
11. El Fiscal General del Estado señala, en primer lugar, que la cuestión de inconstitucionalidad 158/1987 se basa en fundamentos sustancialmente idénticos a los que el mismo Juzgado de Instrucción utilizó para plantear la cuestión de inconstitucionalidad 487/1986, relativa a la misma Ley, aunque a un párrafo distinto, el párrafo tercero del art. 8.1, que es consecuencia lógica del contenido del mismo epígrafe lo que haría aconsejable la acumulación. La identidad de planteamiento obliga a reproducir las afirmaciones del Ministerio Fiscal en la primera de las cuestiones promovidas, para llegar a idéntica posición. Se recuerda el carácter de Ley Orgánica, se señala que el conocimiento del proceso penal no sale del ámbito de la jurisdicción ordinaria, ni se configuran procesos distintos, y que tan sólo se eleva un grado la sede del Tribunal ante el que se va a desarrollar el proceso. El precepto no es contrario a la igualdad, pues no contiene una distinción perjudicial, sino una ampliación de garantías, y hay una justificación de interés público para la medida, lo que constituye fundamento bastante para otorgar un trato procesal distinto, una diferenciación razonablemente justificadora de la quiebra procesal general tanto respecto a dichas personas como en orden a la competencia normal de los órganos judiciales, por lo que no existiría lesión de la exigencia constitucional de igualdad. En relación con el art. 24.2 C.E., el Juzgado de Instrucción no se transforma en una jurisdicción especial de carácter ocasional, pues forma parte del cuerpo estructural de la jurisdicción ordinaria, sin que pueda confundirse «jurisdicción especial», con atribución específica de una determinada competencia, aun cuando tal competencia no aparezca reflejada en la L.O.P.J. Se interesa la desestimación de la cuestión y se solicita la acumulación del presente proceso al que se tramita con el núm. 487/
13. El Abogado del Estado comienza su escrito de alegaciones sosteniendo que la cuestión es inadmisible, pues el acto procesal que depende de la validez del precepto cuestionado es un mero acto de trámite o de ordenación material del proceso que debe dictarse mediante providencia, sin que sea aplicable al caso la STC 76/1982 que trataba de la resolución de un recurso de queja. De la validez del tercer párrafo del art. 8.1 depende un mero acto de trámite sin ningún carácter decisorio, la convocatoria a juicio de faltas, que debe efectuarse por providencia, no estando concluso el procedimiento. No es aceptable tampoco el argumento de economía procesal contenido en la STC 8/1982, ya que en aquel caso la duda afectaba a una norma legal de la que dependía la futura sentencia y no una simple providencia para citar a juicio. Además en el presente caso la tramitación del procedimiento hasta su conclusión hubiera podido introducir elementos nuevos determinantes de la relevancia de la cuestión propuesta, pues en el correspondiente juicio podría haberse llegado a la conclusión por ejemplo de que los hechos fueran delito, y entonces hubiera tenido que inhibirse el Juez. La duda del Juez a quo versa sobre la constitucionalidad de una norma de aforamiento, de una norma sobre competencia jerárquica. Si los hechos no constituyen falta, la cuestión propuesta es irrelevante, lo que demuestra que es prematuro plantear la cuestión, pues la exigencia del art. 35.2 LOTC tiene como función preservar el carácter concreto de este procedimiento de control. En el presente caso el Juez proponente ni siquiera ha iniciado el procedimiento del juicio de faltas, planteando la cuestión a la vista del escrito de acusación del Fiscal en un procedimiento distinto, el de la Ley Orgánica de 11 de noviembre de 1980, y por tanto totalmente desconexionada del procedimiento en que debió ser planteada (juicio de faltas). Se trata por tanto más bien de una consulta de carácter abstracto, como queda corroborado por los preceptos constitucionales que se invocan, que reconocen derechos fundamentales. Aunque tales derechos no sean sólo derechos individuales sino también máximas de organización, es llamativo que se plantee una cuestión de inconstitucionalidad mediante un razonamiento fundado en dos derechos fundamentales para perjudicar o, al menos, no beneficiar al acusado que, con el Fiscal, son las únicas partes personadas en el procedimiento. Para el caso de que el Tribunal no juzgara inadmisible la cuestión se entra en el análisis de fondo, sosteniendo, en primer lugar, que el precepto legal cuestionado no viola el art. 14 C.E. Tras recordar Autos del Tribunal que han declarado que el mínimo fuero procesal concedido a los miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no infringe el principio de igualdad, se sostiene que el tema es el de si al dictar la norma de aforamiento cuestionada, el legislador orgánico ha violado el límite constitucional que resulta del art. 14 C.E.. habiendo de demostrarse que la decisión administrativa es irrazonable o arbitraria, siendo equívoca la expresión «igualdad ante la jurisdicción». Lo que duda el Juez proponente es que las características de la misión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad justifiquen una regla de competencia especial para la instrucción y fallo de las faltas cometidas por sus miembros cuando desempeñen las funciones que les competen, pues la exigencia de investigación y decisión de estas faltas no tendría particularidad relevante alguna para quedar fuera del alcance de la capacidad técnica o profesional de los Jueces de Distrito, siendo un contrasentido que los más altos cargos del Ministerio del Interior (a excepción del Ministro) o los Alcaldes carezcan de fuero mientras disfrutan de él sus subordinados. Esta argumentación no es convincente, los Jueces de Distrito y sus competencias son criaturas del legislador y los órganos jurisdiccionales o sus competencias no son «naturales» por responder a unos decenios de tradición legal. La capacidad profesional o técnica no es aquí un elemento relevante, ni es un argumento de constitucionalidad el «contrasentido» de la no protección de autoridades superiores, pues la justificación de los aforamientos no se basa en una razón de jerarquía sino en la protección o garantía de ciertas funciones. Además el contrasentido podría ser negativo, la falta de concesión de fuero a las autoridades que cita el Juez proponente y no lo contrario. El planteamiento correcto de la cuestión es que todo aforamiento, como reserva de competencia a determinados órganos del orden jurisdiccional penal para ciertos asuntos en razón de una calidad singular de la persona o personas implicadas en ciertos hechos sería ilegítimo constitucionalmente si no respondiera a una finalidad de protección o garantía compatible con la Constitución, y que goce de una justificación objetiva que impida considerarlo un mero privilegio inconforme a la C.E. El art. 8.1 de la Ley Orgánica 2/1986 es una «disposición estatutaria común» dictada en aplicación del art. 104.2 C.E. que mantiene el sistema penal y procesal que se venía aplicando. La norma del segundo y tercer párrafo del art. 8.1 se refiere a delitos y faltas cometidos «en el ejercicio de sus funciones», que son las que se establecen en el art. 104.1 C.E. y en los arts. 11 y siguientes de la Ley Orgánica 2/1986, la protección del libre ejercicio de derechos y libertades y la garantía de la seguridad ciudadana. En muchos casos el ejercicio de aquellas funciones o el cumplimiento de esta misión, implica el uso de la fuerza o crea un riesgo de incidencia en bienes jurídicos de otras personas, generalmente delincuentes o perturbadores del orden o de la seguridad ciudadana. Es notoria la utilización cada vez más frecuente de vías penales contra los agentes de seguridad que suponen delicadas ponderaciones (por ejemplo, la eximente undécima del art. 8.º del Código Penal), para el examen de la razonabilidad de la norma cuestionada debe tenerse a la vista, primordialmente, el caso medio y supuesto normal de aplicación del precepto, y no los supuestos excepcionales o extremos. La concesión de un órgano jurisdiccional de primera instancia de mayor jerarquía, lo que es común en todo aforamiento, no significa un desprecio o desconfianza respecto a los titulares de los órganos inferiores y menos un agravio al honor corporativo de un colectivo, ni tiene nada que ver con la capacidad profesional o individual de quienes sirven los distintos órganos jurisdiccionales. Si los órganos superiores corrigen la aplicación e interpretación del derecho cumplida por los inferiores (cf. art. 12.2 L.O.P.J.), gozan por ello mismo, «institucionalmente», de superior idoneidad técnico jurídica. La mayor protección que dispensa la norma legal cuestionada es justamente esa: Convertir en órgano de primera instancia para el enjuiciamiento de las faltas cometidas por individuos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad al que, por lo general, es Juez de apelación en materia de faltas. Así pues, en conclusión, la concesión de este fuero especial es congruente con la misión constitucional de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (art. 104.1 C.E.), y con el reenvío a su Ley Orgánica de lo relativo a «estatuto» (art. 104.2 C.E.), todo lo cual viene a ser base constitucional para la diferenciación. Se trata de otorgar una mayor protección o garantía jurisdiccional a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el enjuiciamiento de las faltas que pudieran cometer en el ejercicio de sus funciones mediante una regla de aforamiento basada en la superior capacidad institucional de los Jueces de Distrito teniendo en cuenta que estas faltas tienen la particularidad relevante de cometerse por depositarios de la fuerza pública, los agentes de la autoridad. La coacción legítima elegida por el poder público, se utiliza para proteger las libertades y derechos de los ciudadanos o el orden necesario de toda comunidad civilizada. Carece de fuerza persuasoria el término de comparación ofrecido por el Auto de planteamiento, la falta de fuero de otras personas, pues la norma cuestionada no pierde su justificación sólo por que no se haya concedido el mismo fuero a otras autoridades de seguridad, las cuales, además, pueden ordenar el uso de la fuerza, pero no aplicarla materialmente. El derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley o al Juez legal está en evidente relación con la prohibición constitucional de los Tribunales de excepción y con la referencia a las normas de competencias contenidas en el art. 117.3 C.E. y exige normas generales y anteriores al hecho. La regla cuestionada es irreprochable a la luz de la jurisprudencia constitucional, pues predetermina con carácter general y abstracto el Juez competente. Los Jueces de Distrito o los de Instrucción no constituyen un «orden de la jurisdicción» ni la norma cuestionada convierte a estos últimos en «anómala jurisdicción especial» y mucho menos «ocasional», siendo ambos Jueces penales ordinarios. Una modificación especial lex specialis de la regla común de distribución vertical de la competencia entre órganos del orden jurisdiccional penal ordinario, no da origen a una jurisdicción especial, ni mucho menos a un Juez ad hoc. Las Leyes especiales, como la cuestionada, son de carácter general y abstracto, aunque el círculo de sus destinatarios directos pueda ser más reducido que el de la ley común. El derecho a un Juez legal no obsta a que existan normas especiales de competencia si aquéllas son de carácter general y abstracto. Toda la argumentación del proponente es de política legislativa en materia de distribución vertical de la competencia en el orden jurisdiccional penal, preferencia política que es legítima pero que no cabe confundir con un vicio de inconstitucionalidad. Por providencia de 11 de marzo de 1987, la Sección acordó oír al Abogado del Estado para que alegue lo que estime procedente acerca de la acumulación de esta cuestión a la registrada bajo el núm. 487/1986, pedida por el Ministerio Fiscal. El Abogado del Estado, sin dejar de reconocer la conexión entre la presente cuestión y la 487/1986, no estima aconsejable proceder a la acumulación, porque las razones de inadmisibilidad de una y otra son distintas y porque en la cuestión 487/1986 se plantea una cuestión importante, la de contaminación inquisitiva, que no existe en la 158/
14. Por Auto de 7 de marzo de 1987, el Pleno acuerda acumular la cuestión 158/1987 a la registrada con el núm. 487/1986, ambas planteadas por el Juzgado de Instrucción núm. 12 de Madrid.
15. El 14 de abril de 1987 tiene entrada en este Tribunal Auto del Juez de Instrucción de Alcalá la Real (Jaén) del 4 de abril anterior por el que se plantea cuestión de inconstitucionalidad respecto al art. 8, epígrafe 1, párrafo tercero, de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, por si estuviera en contradicción con el art. 14 C.E. Dicho asunto fue registrado con el número 495/
16. El Juez proponente en su Auto se refiere al precepto que motiva el planteamiento de la cuestión, y a su relevancia para la resolución que habría de dictar, remitir las actuaciones al Juzgado de Distrito, entendiendo que ello es un pronunciamiento decisivo o imperativo de carácter procesal incluible dentro del término fallo del art. 163 C.E. A continuación realiza un análisis de los antecedentes y de la justificación del precepto, exponiendo las razones que a su juicio permiten afirmar que el precepto cuestionado es contrario al principio de igualdad, en el sentido de igualdad ante la jurisdicción. En los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no concurren circunstancias o elementos diferenciales, por las características de su función, aptos para determinar un régimen especial de procedimiento criminal en materia de faltas ni para sustraer esos hechos del conocimiento de los Jueces de Distrito, existiendo un evidente contrasentido puesto que sus superiores no gozan de este aforamiento. De la misma forma terceras personas implicadas en la realización de posibles faltas en las que también intervengan forados, como el caso del fondo del asunto en el que se plantea esta cuestión al existir denuncias recíprocas por parte de la Policía Municipal y del denunciado, pueden sufrir un trato discriminatorio dificilmente explicable para aquéllos a quienes se dirigen estas normas, ya que asisten como testigos de sus denuncias al Juzgado de Instrucción donde los Policías acuden como acusados, y sin embargo ven ventiladas sus posibles responsabilidades ante el Juzgado de Distrito, y en una pequeña localidad la perplejidad se acentúa y el sentimiento de trato discriminatorio se hace más patente. La Ley no da motivos ni razones para este vaciamiento de competencias y no debe pasar desapercibida la excepcionalidad del precepto. Se concluye afirmando que ni por las peculiaridades de las funciones que desempeñan ni por las condiciones de formación técnica jurídica de los Jueces de Distrito queda justificada racionalmente la creación de un fuero especial en materia de faltas para el enjuiciamiento de los miembros y fuerzas de los Cuerpos de Seguridad del Estado.
17. Por providencia de 22 de abril de 1987 la Sección acordó admitir a trámite la cuestión, publicar su incoación en el «Boletín Oficial del Estado» y dar traslado de las actuaciones al Congreso de los Diputados, al Senado, al Gobierno y al Fiscal General del Estado. El Congreso de los Diputados a través de su Presidente comunica que aun cuando no se persone ni formule alegaciones pone a disposición del Tribunal las actuaciones de la Cámara que pueda precisar. El Senado, a través de su Presidente en funciones, presenta escrito personándose en el procedimiento y por ofrecida su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOCT.
18. El Abogado del Estado sostiene que el Auto de planteamiento del Juez de Instrucción de Alcalá la Real sustancialmente es copia exacta del Auto del Juez de Instrucción núm. 12 de Madrid mediante el que fue promovida la cuestión 158/1987, aunque limite la fundamentación de la duda de la constitucionalidad al art. 14 C.E., excluyendo la referencia al Juez natural. Además se añade un párrafo específico sobre «discriminación por perplejidad». La aceptación de los razonamientos del juez madrileño mediante su fiel reproducción dispensa a llevar a cabo una alegación detenida, aunque es buena ocasión para hacer alguna precisión adicional. Se defiende la inadmisibilidad de la cuestión, dado el carácter prematuro y abstracto del planteamiento y se sostiene que el precepto cuestionado no viola el art. 14 de la Constitución, al tratarse de una norma de garantía objetivamente justificada, que constituye una disposición estatuaria común, un elemento del Estatuto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Se protege aquí el ejercicio de sus funciones por los individuos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La especialidad del precepto cuestionado consiste en convertir en órganos de primera instancia al que normalmente es órgano de apelación se concede un órgano de mayor jerarquía, y por ello de superior idoneidad técnico- jurídica. Hay que tener en cuenta que las infracciones penales cometidas por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tienen particularidad relevante desde el punto de vista de su investigación y enjuiciamiento, la de que las cometen los depositarios últimos de la fuerza pública como agentes de la autoridad y para proteger las libertades y derechos de los ciudadanos por el orden necesario en toda comunidad civilizada. La medida legal trata de proteger el debido ejercicio de sus funciones, siendo la concesión de este fuero congruente con la misión constitucional de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y con el reenvío a su Ley Orgánica de lo relativo al Estatuto. La no concesión del fuero policial a determinadas autoridades, aparte de que no justificaría de por sí la inconstitucionalidad de la medida, puede explicarse en que tales autoridades no ejercen directamente el uso de la fuerza. En cuanto al argumento de la «perplejidad», del sentimiento del trato discriminatorio dificilmente explicable porque una denuncia se tramite ante el Juzgado de Instrucción y otra ante el Juzgado de Distrito, tal estado de ánimo no es fundamento jurídico constitucional bastante para entender que el precepto cuestionado es incompatible con el art. 14 C.E. Aunque es provechoso que el Juez no aísle de la comunidad en que sirve su oficio, las apreciaciones o estimaciones que, sin contraste empírico alguno, hace un Juez de los sentimientos o perplejidades de sus convecinos no es un criterio de constitucionalidad de las leyes. Se solicita la inadmisión de la cuestión y subsidiariamente se desestimación.
19. El Ministerio Fiscal indica que la presente cuestión se enmarca en los términos que en su día fueron planteadas con los núms. 487/1986 y 158/1987, acumulados por Auto de 7 de abril de 1987, y que en escrito de alegaciones de la cuestión 158/1987 se detenía de forma concreta en el estudio del párrafo tercero del art. 8.1 de la Ley debatida. Dada la identidad del precepto impugnado, preceptos constitucionales presuntamente desconocidos y argumentos que se contienen en las resoluciones judiciales que promueven los procesos constitucionales ya acumulados y el actual, cuanto se alegó en los precedentes procesos es de plena aplicación a éste, por lo que se interesa se tengan por reproducidas las alegadas formuladas en la cuestión de inconstitucionalidad 158/1987 y se acuerde la acumulación de la presente cuestión así como la núm. 510/1987, a las ya acumuladas 487/1986 y 158/1987 y se dicte Sentencia declarando no ser inconstitucional el precepto cuestionado.
20. El 15 de abril de 1987 tiene entrada en este Tribunal Auto del Juzgado de Instrucción núm. 9 de los de Madrid, en el que plantea cuestión de inconstitucionalidad del art. 8, apartado primero, párrafo tercero, de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, por su posible contradicción a los arts. 14 y 24 (apartado segundo, inciso primero) de la Constitución. Dicho asunto fue registrado con el núm. 510/
21. En el Auto del Juez proponente se razona, en primer lugar, el cumplimiento de todos los presupuestos y requisitos procesales para plantear cuestión de inconstitucionalidad, porque la norma cuestionada tiene rango de Ley formal, ha de aplicarla el Juez que la cuestiona, su validez condiciona el procedimiento a seguir y el fallo a emitir, y se propone en un momento en que ha de tomarse una resolución judicial en forma de Auto, por no ser una mera providencia de ordenación procesal, sino que decide de forma definitiva una fase del procedimiento, selecciona el modelo procedimental a seguir y determinar la competencia para reconocer la nueva etapa procesal, además la naturaleza de la decisión requiere su motivación y es una decisión apelable. Se han observado además las reglas de procedimiento al planteamiento de la cuestión al haber sido oído el Ministerio Fiscal. Finalmente dada la formulación y contenido del precepto contenido no se halla vía alguna que permita una interpretación alternativa conforme a la Constitución. El párrafo tercero del apartado primero del art. 8 de la Ley Orgánica 2/1986 contradice el principio de igualdad consagrado por el art. 14 C.E., que se ve violado cuando una diferenciación de trato carece de justificación objetiva, en relación con la finalidad de los efectos de la medida y la proporcionalidad de unos y otros. Tras un amplio análisis de la jurisprudencia constitucional en torno a la igualdad como límite del legislador para establecer diferenciaciones normativas carentes de todo basamento objetivo, se afirma que el establecimiento de un aforamiento relativo no fundamentado en razones objetivas atendibles contradice el principio constitucional de igualdad en relación con el concreto derecho «al Juez ordinario y predeterminado por la Ley» del art. 24.2 C.E. Tanto los Juzgados de Distrito como los de Intrucción reúnen, en principio, abstractamente considerados, las exigencias precisas para ser calificados de ordinarios predeterminados por la Ley, pero el art. 8.1.3 de la Ley Orgánica 2/1986 viene a introducir, en un marco de distribución competencial regido por criterios objetivos, uno, subjetivo, en atención a la pertenencia del imputado a una determinada clase profesional (por más que luego se limite, al circunscribirlo a los procesos por infracción cometida en el ejercicio de sus funciones). Este apartamiento de las reglas ordinarias de competencia es lo que constituye, pues, a primera vista, una discriminación por razón de una condición o circunstancia personal o social la clase de Juzgado ante el que se han de ventilar los juicios de faltas en que aparezcan imputados miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no es la establecida para la generalidad de los ciudadanos, ni siquiera para el común de los funcionarios públicos (Juzgado de Distrito) sino un escalón superior dentro de la pirámide judicial (Juzgado de Instrucción). Los aforamientos relativos, por salto jurisdiccional, constituyen un verdadero privilegio procesal, una excepción, que, de no responder a una finalidad objetiva reconocible para cuya consecución constituya un medio proporcionado, entrará en colisión abierta con el art. 14 C.E. Ni el análisis del precepto, ni su contexto normativo inmediato, proporcionan elemento alguno del que inferir una razón convincente en apoyo del tratamiento excepcional que consagra y el estudio de los precedentes legislativos sólo alimenta sospecha de inconstitucionalidad, al nacer de un entorno político no democrático. Tras analizar la Ley 6/1974, de 13 de febrero, y la Ley 55/1978, de 4 de diciembre, pasa a examinar los debates parlamentarios de la Ley Orgánica 2/1986, en los que el foco de atención fue el desplazamiento competencial para él procesamiento. Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad son funcionarios públicos como cualesquiera otros, pero es el único colectivo funcionarial ordinario que disfruta de este aforamiento relativo del que no gozan sus superiores, y constituyen una excepción en el área de la cultura jurídica de la Europa occidental, recordando la declaración sobre policía de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa [Resolución 690