A-00308-2016

1/11 Procedimiento Nº: A/00308/2016 RESOLUCIÓN: R/02891/2016 En el procedimiento A/00308/2016, instruido por la Agencia Española de Protección de Datos a Don C.C.C., vista la denuncia presentada por Doña D.D.D. en Representación de la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS XXXXX ((C/...1) 39-41-43-45) y en virtud de los siguientes, HECHOS PRIMERO: Con fecha 26 de julio de 2016 tiene entrada en esta Agencia escrito de Doña D.D.D. en Representación de la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS XXXXX ((C/...1) 39-41-43-45) comunicando posible infracción a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, motivada por cámaras de videovigilancia cuyo titular es Don C.C.C. instaladas en C/ B.B.B. ( B.B.B.) enfocando hacía áreas y espacios ajenos a los del denunciado. En concreto, denuncia que hay instaladas cuatro cámaras de videovigilancia con enfoque a la fachada trasera del inmueble y al patio interior, posibilitando la grabación a los vecinos que se asoman a las ventanas de la comunidad. Dos de las cámaras están situadas en el patio de luces interior, y las otras dos restantes en la terraza privativa de esta vivienda. Adjunta reportaje fotográfico en el que se observan las cámaras de videovigilancia con enfoque hacia áreas y espacios ajenos a los del denunciado. SEGUNDO: A la vista de los hechos denunciados, la Inspección de Datos de esta Agencia Española de Protección de Datos considera que el tratamiento de los datos personales que se realiza por el denunciado a través de las cámaras a las que se refiere la denuncia, no cumple las condiciones que impone la normativa sobre protección de datos. TERCERO: Con fecha 5 de septiembre de 2016, la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos acordó someter a trámite de audiencia previa el presente procedimiento de apercibimiento A/00308/2016. Dicho acuerdo fue notificado a los denunciantes y al denunciado. CUARTO: Con fecha 10 de octubre se recibe en esta Agencia escrito del denunciado en el que comunica: I.Que por motivos de Seguridad contrataron a la empresa I.E.IBORTEL, S.L. para “(…) la instalación de cuatro cámaras de videovigilancia: dos enfocadas hacia la fachada trasera y dos enfocando la fachada que da al patio de luces. Es decir, todas las cámaras enfocan a las entradas a la vivienda. (…)” y “(…) con un registro mínimo de los alrededores y de este modo se entiende que la captación C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 2/11 de imágenes no es desproporcionada. (…)” Adjuntan copia de la factura. II.Indican que han procedido a “(…) la inscripción en el Registro General de Protección de Datos el fichero con nombre “VIDEOVIGILANCIA”, figurando como responsable Don C.C.C. (…) con código de inscripción nº ***CÓD.1. (…)”. Adjuntan copias de los documentos. Tras realizar un requerimiento al denunciado, de fecha 14 de octubre de 2016, donde se le solicitaba que hiciera llegar a la Agencia la siguiente información: • “Fotografías de la situación de las cuatro cámaras, así como, del monitor donde se muestre que la imagen de la vía pública y zonas comunes que captan dichas cámaras no es desproporcionada. En caso contrario, se le requiere para que A.A.A.). • Además, así mismo acompañe fotografía del cartel informativo de zona videovigilada completo, es decir, donde aparezcan los datos del responsable del sistema de videovigilancia ante quien se puede ejercer los derechos, ya que al captar una parte mínima de la vía pública es necesario informar de que se trata de una zona videovigilada.” Se recibe con fecha 8 de noviembre de 2016 en la Agencia escrito del denunciado en el que adjunta: − “Fotografías de la situación de las cuatro cámaras, así como del monitor donde se muestre que la imagen de la vía pública y zonas comunes que captan dichas cámaras no es desproporcionada. − Fotografía del cartel informativo de zona videovigilada completo, donde aparezcan los datos del responsable del sistema de videovigilancia ante quien se puede ejercer los derechos.” Dichas fotografías muestran como sigue habiendo captación de ventanas de la fachada trasera y patio interior de la comunidad de propietarios, además a fecha de hoy sigue sin constar el documento que acredite la autorización por parte de la comunidad de propietarios de las cámaras instaladas en el patio interior de luces. HECHOS PROBADOS PRIMERO: Consta que en fecha 26 de julio de 2016, tuvo entrada en esta Agencia escrito de Doña D.D.D. en Representación de la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS XXXXX ((C/...1) 39-41-43-45), comunicando posible infracción a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, motivada por la existencia al menos cuatro cámaras de videovigilancia cuyo titular es Don C.C.C. instaladas en la vivienda ubicada en B.B.B.). SEGUNDO: Consta que el responsable de las cámaras instaladas es Don C.C.C.. C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 3/11 TERCERO: Consta que en el lugar denunciado se habían instalado unas cámaras de videovigilancia en la fachada trasera del inmueble y en el patio interior, que, por su orientación y ubicación se podían encontrar captando imágenes desproporcionadas de las viviendas colindantes. CUARTO: Consta que en fechas 10 de octubre y 8 de noviembre de 2016 tienen entrada en esta Agencia escritos de la persona denunciada, mediante los que ha presentado alegaciones al acuerdo de audiencia previa al apercibimiento, y en los que manifiesta que: 1. Que el motivo de instalación de las cámaras es por seguridad. Acredita copia de la instalación por parte de la empresa de seguridad. 2. Que ha procedido a inscribir en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia el fichero con nombre “VIDEOVIGILANCIA figurando como responsable del tratamiento Don C.C.C. con código de inscripción nº ***CÓD.1. Adjuntan copias de los documentos. 3. Indica que las imágenes captadas/grabadas de la vía pública y zonas comunes no son desproporcionadas. Aporta copia de la situación de las cámaras y de la imagen de los monitores. 4. Aporta copia del cartel informativo de “zona videovigilada”, donde aparecen los datos de la empresa de seguridad que realizó la instalación del sistema de videovigilancia. Aporta copia de dicho cartel. FUNDAMENTOS DE DERECHO I Es competente para resolver este procedimiento la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.

1. g)en relación con el artículo 36 de la LOPD. II Antes de entrar de lleno en el análisis de la cuestión que aquí nos ocupa, conviene hacer hincapié en los requisitos que debe cumplir un sistema de videovigilancia. Así pues hay que tener en cuenta lo siguiente:  Respetar el principio de proporcionalidad.  Las videocámaras no podrán captar imágenes de las personas que se encuentren fuera del espacio privado ya que el tratamiento de imágenes en lugares públicos sólo puede ser realizado, salvo que concurra autorización gubernativa, por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 4/11  Se deberá cumplir el deber de informar a los afectados en el modo previsto en el artículo 3 de la Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española de Protección de Datos, sobre el Tratamiento de Datos Personales con Fines de Vigilancia a través de Sistemas de Cámaras o Videocámaras (Instrucción 1/2006). En concreto: “
2. a)Colocar, en las zonas video vigiladas, al menos un distintivo informativo ubicado en lugar suficientemente visible, tanto en espacios abiertos como cerrados y
3. b)Tener a disposición de los/las interesados/as impresos en los que se detalle la información prevista en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999.” Hay que tener en cuenta que el distintivo del apartado
4. a)debe por un lado avisar de la existencia de una zona videovigilada y por otro debe identificar al responsable del tratamiento o, en caso de grabar imágenes, al responsable del fichero ante el que los interesados podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición reconocidos en la LOPD.  Salvo en el caso de que el tratamiento consista exclusivamente en la reproducción o emisión de imágenes en tiempo real, cuando se graben imágenes (fuera del ámbito privado) se deberá notificar previamente a esta Agencia la creación del fichero que contenga las imágenes para su inscripción en el Registro General de Protección de Datos. III Por otro lado, debe señalarse que la decisión de la instalación de las cámaras en el recinto de una Comunidad de Vecinos debe ser aprobada por la Junta de Propietarios, según establece la Ley 49/1960, de 21 de julio de Propiedad Horizontal. Así, el artículo 2 de la citada Ley 49/1960, dispone en lo que se refiere a su ámbito de aplicación: “Esta Ley será de aplicación:
5. a)A las comunidades de propietarios constituidas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5.
6. b)A las comunidades que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 396 del Código Civil y no hubiesen otorgado el título constitutivo de la propiedad horizontal. Estas comunidades se regirán, en todo caso, por las disposiciones de esta Ley en lo relativo al régimen jurídico de la propiedad, de sus partes privativas y elementos comunes, así como en cuanto a los derechos y obligaciones recíprocas de los comuneros.
7. c)A los complejos inmobiliarios privados, en los términos establecidos en esta Ley.” Mientras que el artículo 14 de la misma Ley 49/1960, “Corresponde a la Junta de propietarios: (…) C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid establece que: www.agpd.es sedeagpd.gob.es 5/11
8. d)Aprobar o reformar los estatutos y determinar las normas de régimen interior.
9. e)Conocer y decidir en los demás asuntos de interés general para la comunidad, acordando las medidas necesarios o convenientes para el mejor servicio común.” El artículo 17 de la citada Ley, regula el quórums y régimen de la aprobación de acuerdos por la Junta de Propietarios señalando que: “Los acuerdos de la Junta de propietarios se sujetarán a las siguientes normas: 1. La unanimidad sólo será exigible para la validez de los acuerdos que impliquen la aprobación o modificación de las reglas contenidas en el título constitutivo de la propiedad horizontal o en los estatutos de la comunidad. El establecimiento o supresión de los servicios de ascensor, portería, conserjería, vigilancia u otros servicios comunes de interés general, incluso cuando supongan la modificación del título constitutivo o de los estatutos, requerirá el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación. El arrendamiento de elementos comunes que no tenga asignado un uso específico en el inmueble requerirá igualmente el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación, así como el consentimiento del propietario directamente afectado, si lo hubiere. (…) A los efectos establecidos en los párrafos anteriores de esta norma, se computarán como votos favorables los de aquellos propietarios ausentes de la Junta, debidamente citados, quienes una vez informados del acuerdo adoptado por los presentes, conforme al procedimiento establecido en el artículo 9, no manifiesten su discrepancia por comunicación a quien ejerza las funciones de secretario de la comunidad en el plazo de 30 días naturales, por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción. Los acuerdos válidamente adoptados con arreglo a lo dispuesto en esta norma obligan a todos los propietarios”. En el caso que nos ocupa, la instalación del sistema de videovigilancia no ha sido adoptado, o –cuando menos- no consta su adopción, al no haberse puesto de manifiesto en la documentación obrante en el expediente el Acta de la Junta de la Comunidad de Propietarios en la que se adoptara el acuerdo de instalación de cámaras en zonas comunes de la comunidad, en este caso, al menos dos de las cámaras se encuentran instaladas en el patio de luces interior, enfocando a las ventanas privadas de la fachada de la comunidad. Por lo tanto, el sistema de videovigilancia instalado en la comunidad de propietarios, cuyo titular es Don C.C.C., no cumple los requisitos establecidos en la normativa de protección de datos. IV Vistas estas consideraciones se imputa a Don C.C.C., como responsable del sistema de C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 6/11 videovigilancia instalado en la finca situada en B.B.B.), la comisión de una infracción del artículo 6.1 de la LOPD, que dispone lo siguiente: “1. El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa. 2. No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se recojan para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias; cuando se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento; cuando el tratamiento de los datos tenga por finalidad proteger un interés vital del interesado en los términos del artículo 7, apartado 6, de la presente Ley, o cuando los datos figuren en fuentes accesibles al público y su tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del fichero o por el del tercero a quien se comuniquen los datos, siempre que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado. 3. El consentimiento a que se refiere el artículo podrá ser revocado cuando exista causa justificada para ello y no se le atribuyan efectos retroactivos. 4. En los casos en los que no sea necesario el consentimiento del afectado para el tratamiento de los datos de carácter personal, y siempre que una Ley no disponga lo contrario, éste podrá oponerse a su tratamiento cuando existan motivos fundados y legítimos relativos a una concreta situación personal. En tal supuesto, el responsable del fichero excluirá del tratamiento los datos relativos al afectado”. El artículo 3 de la LOPD define datos de carácter personal como “cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables.” Se completa dicha definición con lo establecido en el artículo 5.1
10. f)del Reglamento de Desarrollo de la LOPD aprobado por el Real Decreto 172072007, de 21 de diciembre (RLOPD) que señala que son datos de carácter personal “cualquier información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a personas físicas identificadas o identificables”. Es decir, que las imágenes captadas de personas físicas identificadas o identificables son datos personales. Respecto a la legitimación en el tratamiento de las imágenes, el artículo 2 de la Instrucción 1/2006, establece lo siguiente: “1. Sólo será posible el tratamiento de los datos objeto de la presente instrucción, cuando se encuentre amparado por lo dispuesto en el artículo 6.1 y 2 y el artículo 11.1 y 2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior la instalación de cámaras y videocámaras deberá respetar en todo caso los requisitos exigidos por la legislación vigente en la materia”. El tratamiento de datos sin consentimiento constituye un límite al derecho fundamental a la protección de datos. Este derecho, en palabras del Tribunal Constitucional en su Sentencia 292/2000, de 30 de noviembre, (F.J. 7 primer párrafo), “...consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta a la persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al individuo saber quién posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. Estos poderes de disposición y control sobre los datos personales, que constituyen parte del contenido del derecho fundamental a la protección de datos se C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 7/11 concretan jurídicamente en la facultad de consentir la recogida, la obtención y el acceso a los datos personales, su posterior almacenamiento y tratamiento, así como su uso o usos posibles, por un tercero, sea el estado o un particular (...)”. Son pues elementos consustanciales al derecho fundamental a la protección de datos personales, la facultad que tiene el afectado a consentir en la recogida y tratamiento de sus datos personales y el conocimiento de la finalidad y del uso posterior que se va a dar a sus datos, así como de la identidad del que realiza el tratamiento. V Por su parte, la Directiva 95/46/CE en su Considerando 14 afirma: “