AAPP-00041-2014

1/14 Procedimiento NºAP/00041/2014 RESOLUCIÓN: R/02363/2014 En el procedimiento de Declaración de Infracción de Administraciones Públicas AP/00041/2014, instruido por la Agencia Española de Protección de Datos a la entidad AGENCIA DE TURISMO DE GALICIA, vista la denuncia presentada por D. A.A.A. , y en virtud de los siguientes, ANTECEDENTES PRIMERO:Con fecha 9 de septiembre de 2013 tienen entrada en esta Agencia escrito remitido por D. A.A.A. (en adelante el denunciante) comunicando posible infracción a la Ley Orgánica 15/1999 motivada por la existencia de cámaras de videovigilancia en el inmueble situado en la Praza Mazarelos nº 15, de Santiago de Compostela, A Coruña y cuyo titular es la AGENCIA DE TURISMO DE GALICIA (en adelante el denunciado). En su escrito el denunciante manifiesta que están instaladas dos cámaras de videovigilancia orientadas hacia la vía pública. No consta aviso de zona videovigilada ni registro de grabaciones en la Agencia Española de Protección de Datos. Se adjunta a la denuncia reportaje fotográfico. SEGUNDO: Tras la recepción de la denuncia la Subdirección General de Inspección de Datos procedió a la realización de actuaciones previas de investigación para el esclarecimiento de los hechos denunciados, teniendo conocimiento de los siguientes extremos: 1.1 C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid Con fecha 9 de enero de 2014 se solicita información al responsable del sistema, teniendo entrada en esta Agencia escrito de fecha 24 de septiembre de 2013 en el que manifiesta:  En el año 1999, la extinta dirección General de Turismo instaló dos cámaras de videovigilancia en la fachada del edificio administrativo, ubicado en la Plaza de Mazarelos 15. La instalación contaba además con un monitor localizado en la recepción del edificio, en el que se visualizaban las imágenes captadas por las cámaras exteriores, y un sistema de grabación.  La empresa BOEL SEGURIDAD S.L. realizó el montaje del sistema, aunque no se tiene constancia escrita del contrato de instalación ni mantenimiento del mismo.  No consta documento de solicitud de ninguna autorización administrativa ante la autoridad gubernativa correspondiente.  Con motivo de la celebración del Año Santo Compostelano de 1999 y con objeto de proteger las instalaciones oficiales de www.agpd.es sedeagpd.gob.es 2/14 posibles actuaciones de grupos violentos, se decidió instalar el sistema de videovigilancia.  No existe, ni consta que se expusiera nunca, cartel informativo sobre la existencia de cámaras de videovigilancia, ni tampoco formulario informativo a disposición de los ciudadanos.  En la actualidad, existen dos cámaras de seguridad ubicadas en la fachada del edificio (parte alta del balcón del primer piso del inmueble) las cuales no disponen de movimiento ni zoom. La cámara ubicada en el extremo derecho lleva inoperativa desde hace años y no se ha reparado, y la cámara localizada en el extremo izquierdo capta imágenes de las proximidades del dintel de la puerta. Su finalidad es ofrecer un apoyo visual a la entrada del edificio, a efectos de facilitar el aparcamiento de los coches oficiales y el acceso al inmueble. Se adjunta reportaje fotográfico de las cámaras (documento Doc.1).  Existe un monitor donde se visualizan las imágenes captadas por la única cámara operativa, instalado en el puesto de recepción y bajo la supervisión del personal de vigilancia y seguridad que presta sus servicios en la empresa VIGILANCIA INTEGRADA S.A. La cámara capta exclusivamente las proximidades del dintel de la puerta. En documento Doc.2se acompaña reportaje fotográfico del monitor y de la imagen captada por la cámara operativa, en la que se observa un espacio de vía pública.  El sistema consta además con un equipo de grabación instalado en su día y del que no se tiene constancia visual ni escrita de su entrada en funcionamiento. Lleva años estropeado y no ha sido reparado. Se localiza en el interior de un armario cuyo acceso está restringido al personal del organismo. Se adjunta reportaje fotográfico (Doc.3). TERCERO: Con fecha 24 de julio de 2014, el Director de la Agencia Española de Protección de Datos acordó iniciar procedimiento de declaración de infracción de Administraciones Públicas a la entidad AGENCIA DE TURISMO DE GALICIA por la presunta infracción de los artículos 5 y 6.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD), tipificadas como leve y grave en los artículos 44.2.

1. c)y 44.3.b), respectivamente de dicha norma. CUARTO: El artículo 13.2 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, señala que: “El acuerdo de iniciación se comunicará al instructor, con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto, y se notificará al denunciante, en su caso, y a los C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 3/14 interesados, entendiendo en todo caso por tal al inculpado. En la notificación se advertirá a los interesados que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en el plazo previsto en el artículo 16.1, la iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del Reglamento.” HECHOS PROBADOS PRIMERO: La AGENCIA DE TURISMO DE GALICIA, responsable del sistema de videovigilancia instalado en el inmueble situado en la Praza Mazarelos nº 15 de Santiago de Compostela, A Coruña, ha manifestado con respecto a la instalación del mismo que en el año 1999, la extinta dirección General de Turismo instaló dos cámaras de videovigilancia en la fachada del edificio administrativo, ubicado en la Plaza de Mazarelos 15. La instalación contaba además con un monitor localizado en la recepción del edificio, en el que se visualizaban las imágenes captadas por las cámaras exteriores, y un sistema de grabación. Con motivo de la celebración del Año Santo de 1999 y con objeto de proteger las instalaciones oficiales de posibles actuaciones de grupos violentos, se decidió instalar el sistema de videovigilancia. SEGUNDO: Sobre la información de la existencia de las cámaras. manifiesta que no existe ni consta que se expusiera nunca cartel informativo sobre la existencia de cámaras de videovigilancia, ni tampoco formulario informativo a disposición de los ciudadanos. TERCERO: La entidad denunciada ha manifestado sobre la situación del sistema en la actualidad que existen dos cámaras de seguridad ubicadas en la fachada del edificio, parte alta del balcón del primer piso del inmueble, que no disponen de movimiento ni zoom. La cámara ubicada en el extremo derecho lleva inoperativa desde hace años y no se ha reparado, y la cámara localizada en el extremo izquierdo capta imágenes de las proximidades del dintel de la puerta. Su finalidad es ofrecer un apoyo visual a la entrada del edificio, a efectos de facilitar el aparcamiento de los coches oficiales y el acceso al inmueble. Se adjunta reportaje fotográfico de las cámaras. CUARTO: Respecto de la captación, acceso y grabación de las imágenes se ha manifestado que existe un monitor donde se visualizan las imágenes captadas por la única cámara operativa, instalado en la recepción y bajo la supervisión del personal de vigilancia y seguridad, servicio contratado con la empresa VIGILANCIA INTEGRADA S.A. C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 4/14 Sobre la grabación de las imágenes captadas se expone que el sistema dispone de un equipo de grabación instalado en su día y del que no se tiene constancia de su entrada en funcionamiento. Lleva años estropeado y no ha sido reparado. Se localiza en el interior de un armario cuyo acceso está restringido al personal del organismo. QUINTO: La entidad responsable ha manifestado, respecto de la preceptiva autorización o de la legitimación para la captación de vía pública, que no consta documento de solicitud de ninguna autorización administrativa ante la autoridad gubernativa correspondiente. En documento Doc.2 se acompaña reportaje fotográfico del monitor y de la imagen captada por la cámara operativa, en la que se observa un espacio de vía pública. FUNDAMENTOS DE DERECHO I Es competente para resolver este procedimiento el Director de la Agencia Española de Protección de Datos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.
2. g)en relación con el artículo 36 de la LOPD. II Con carácter previo, debe señalarse que el artículo 1 de la LOPD dispone: “La presente Ley Orgánica tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar”. La LOPD, viene a regular el derecho fundamental a la protección de datos de las personas físicas, esto es, el derecho a disponer de sus propios datos sin que puedan ser utilizados, tratados o cedidos sin su consentimiento, con la salvedad de las excepciones legalmente previstas. En cuanto al ámbito de aplicación de la citada norma, el artículo 2.1 de la misma señala: “La presente Ley Orgánica será de aplicación a los datos de carácter personal registrados en soporte físico que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores público y privado”;definiéndose el concepto de dato de carácter personal en el apartado
3. a)del artículo 3 de la LOPD, como “Cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables”. En lo que respecta al concepto de “fichero” el artículo 3.
4. b)de la LOPD lo define como “todo conjunto organizado de datos de carácter personal”, con independencia de C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 5/14 la modalidad de acceso al mismo. Por su parte el artículo 3.
5. d)de la LOPD define al responsable del fichero o tratamiento como la “persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada, u órgano administrativo, que decida sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento.” El artículo 3 de la LOPD define en su letra
6. c)el tratamiento de datos como aquellas “operaciones y procedimientos técnicos de carácter automatizado o no, que permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo y cancelación, así como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias”. La garantía del derecho a la protección de datos, conferida por la normativa de referencia, requiere que exista una actuación que constituya un tratamiento de datos personales en el sentido expresado. En otro caso las mencionadas disposiciones no serán de aplicación. El artículo 5.1.
7. f)del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, define datos de carácter personal como: “Cualquier información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo, concerniente a personas físicas identificadas o identificables”. En este mismo sentido se pronuncia el artículo 2.
8. a)de la Directiva 95/46/CE del Parlamento y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la Protección de las Personas Físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, según el cual, a efectos de dicha Directiva, se entiende por dato personal “toda información sobre una persona física identificada o identificable; se considerará identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un número de identificación o uno o varios elementos específicos, característicos de su identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social”. De lo anteriormente expuesto se desprende que el concepto de dato personal, según la definición de la LOPD, requiere la concurrencia de un doble elemento: por una parte, la existencia de una información o dato y, por otra, que dicho dato pueda vincularse a una persona física identificada o identificable. Así, de conformidad con la normativa expuesta, el denunciado dispone de datos personales y los utiliza, lo que constituye un tratamiento de datos personales del que es responsable, toda vez que es quien decide sobre la finalidad, contenido y uso del citado tratamiento. III Se imputa a la entidad AGENCIA DE TURISMO DE GALICIA, la infracción del artículo 5.1 de la LOPD. El tratamiento de las imágenes por parte del responsable, obliga a que se cumpla con el deber de informar a los afectados, en los términos establecidos en el artículo 5.1 de la LOPD, el cual reza lo siguiente: C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 6/14 “1. Los interesados a los que se soliciten datos personales deberán ser previamente informados de modo expreso, preciso e inequívoco:
9. a)De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de la finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la información.
10. b)Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les sean planteadas.
11. c)De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos.
12. d)De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
13. e)De la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, de su representante. Cuando el responsable del tratamiento no esté establecido en el territorio de la Unión Europea y utilice en el tratamiento de datos medios situados en territorio español, deberá designar, salvo que tales medios se utilicen con fines de tránsito, un representante en España, sin perjuicio de las acciones que pudieran emprenderse contra el propio responsable del tratamiento”. La obligación que impone este artículo 5 es, por tanto, la de informar al afectado en la recogida de datos, pues sólo así queda garantizado el derecho del afectado a tener una apropiada información y a consentir o no el tratamiento, en función de aquélla. La Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000, de 30 de noviembre, que delimita el contenido esencial del derecho fundamental a la protección de los datos personales, ha destacado la importancia del derecho de información en la recogida de datos, como un elemento indispensable de este derecho, en los siguientes términos: “De suerte que, sin la garantía que supone el derecho a una información apropiada mediante el cumplimiento de determinados requisitos legales (art. 5 LOPD) quedaría sin duda frustrado el derecho del interesado a controlar y disponer de sus datos personales, pues es claro que le impedirían ejercer otras facultades que se integran en el contenido del derecho fundamental al que estamos haciendo referencia”. Y añade la citada Sentencia que “el contenido del derecho fundamental a la protección de datos consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta a la persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al individuo saber quién posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. Estos poderes de disposición y control sobre los datos personales, que constituyen parte del contenido del derecho fundamental a la protección de datos se concretan jurídicamente en la facultad de consentir la recogida, la obtención y el acceso a los datos personales, su posterior almacenamiento y tratamiento, así como su uso o usos posibles, por un tercero, sea el Estado o un particular. Y ese derecho a consentir el conocimiento y el tratamiento, informático o no, de los datos personales, requiere como complementos indispensables, por un lado, la facultad de saber en todo momento quién dispone de esos datos personales y a qué uso los está sometiendo, y, por otro lado, el poder oponerse a esa posesión y usos. En fin, son elementos característicos de la definición constitucional del derecho fundamental a la protección de datos personales los derechos del afectado a consentir sobre la recogida y uso de sus datos personales y a saber de los mismos. Y resultan C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 7/14 indispensables para hacer efectivo ese contenido el reconocimiento del derecho a ser informado de quién posee sus datos personales y con qué fin, y, el derecho a poder oponerse a esa posesión y uso requiriendo a quien corresponda que ponga fin a la posesión y empleo de los datos. Es decir, exigiendo del titular del fichero que le informe de qué datos posee sobre su persona, accediendo a sus oportunos registros y asientos, y qué destino han tenido, lo que alcanza también a posibles cesionarios; y, en su caso, requerirle para que rectifique o los cancele”. De ello cabe concluir que la vigente LOPD ha acentuado las garantías precisas para el tratamiento de los datos personales, vinculando el consentimiento del afectado a la información previa que reciba. IV En cuanto al modo en que ha de facilitarse la información recogida en el artículo 5 de la LOPD, debe tenerse en cuenta el artículo 3 de la Instrucción 1/2006, que establece lo siguiente: “Los responsables que cuenten con sistemas de videovigilancia deberán cumplir con el deber de información previsto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. A tal fin deberán:
14. a)Colocar, en las zonas videovigiladas, al menos un distintivo informativo ubicado en lugar suficientemente visible, tanto en espacios abiertos como cerrados y
15. b)Tener a disposición de los/las interesados/as impresos en los que se detalle la información prevista en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999. El contenido y el diseño del distintivo informativo se ajustará a lo previsto en el Anexo de esta Instrucción.” “ANEXO1. El distintivo informativo a que se refiere el artículo 3.
16. a)de la presente Instrucción deberá de incluir una referencia a la «LEY ORGÁNICA 15/1999, DE PROTECCIÓN DE DATOS», incluirá una mención a la finalidad para la que se tratan los datos («ZONA VIDEOVIGILADA»), y una mención expresa a la identificación del responsable ante quien puedan ejercitarse los derechos a los que se refieren los artículos 15 y siguientes de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal.” En el caso que nos ocupa, la entidad denunciada ha informado de las cámaras objeto de denuncia de las que es responsable. De la información aportada se deduce que el sistema de videovigilancia consta de 1 cámara operativa que no tiene posibilidad de movimiento y zoom que está situada en el inmueble situado en la Praza Mazarelos nº 15, de Santiago de Compostela, A Coruña. En la información aportada en las actuaciones previas de inspección del presente procedimiento de infracción de Administraciones Públicas, la entidad C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 8/14 responsable ha manifestado que no existe ni consta que se expusiera nunca cartel informativo sobre la existencia de cámaras de videovigilancia, ni tampoco formulario informativo a disposición de los ciudadanos. V Se imputa a la entidad AGENCIA DE TURISMO DE GALICIA como responsable del sistema de videovigilancia instalado en la Praza Mazarelos nº 15, de Santiago de Compostela, A Coruña, la comisión de una infracción del artículo 6.1 de la LOPD, que dispone lo siguiente: “1. El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa. 2. No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se recojan para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias; cuando se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento; cuando el tratamiento de los datos tenga por finalidad proteger un interés vital del interesado en los términos del artículo 7, apartado 6, de la presente Ley, o cuando los datos figuren en fuentes accesibles al público y su tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del fichero o por el del tercero a quien se comuniquen los datos, siempre que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado. 3. El consentimiento a que se refiere el artículo podrá ser revocado cuando exista causa justificada para ello y no se le atribuyan efectos retroactivos. 4. En los casos en los que no sea necesario el consentimiento del afectado para el tratamiento de los datos de carácter personal, y siempre que una Ley no disponga lo contrario, éste podrá oponerse a su tratamiento cuando existan motivos fundados y legítimos relativos a una concreta situación personal. En tal supuesto, el responsable del fichero excluirá del tratamiento los datos relativos al afectado”. Respecto a la legitimación en el tratamiento de las imágenes, la respuesta se encuentra en el artículo 2 de la Instrucción 1/2006, que establece que: “1. Sólo seráposible el tratamiento de los datos objeto de la presente instrucción, cuando se encuentre amparado por lo dispuesto en el artículo 6.1 y 2 y el artículo 11.1 y 2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior la instalación de cámaras y videocámaras deberá respetar en todo caso los requisitos exigidos por la legislación vigente en la materia”. El tratamiento de datos sin consentimiento constituye un límite al derecho fundamental a la protección de datos. Este derecho, en palabras del Tribunal Constitucional en su Sentencia 292/2000, de 30 de noviembre, (F.J. 7 primer párrafo), “...consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta a la persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al individuo saber quién posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 9/14 esa posesión o uso. Estos poderes de disposición y control sobre los datos personales, que constituyen parte del contenido del derecho fundamental a la protección de datos se concretan jurídicamente en la facultad de consentir la recogida, la obtención y el acceso a los datos personales, su posterior almacenamiento y tratamiento, así como su uso o usos posibles, por un tercero, sea el estado o un particular (...)”. Son pues elementos característicos del derecho fundamental a la protección de datos personales, los derechos del afectado a consentir sobre la recogida y tratamiento de sus datos personales y a saber de los mismos. En el presente expediente, cabe apreciar que la cámara instalada en el inmueble situado en la Praza Mazarelos nº 15, de Santiago de Compostela, A Coruña capta imágenes de personas, de conformidad con lo anteriormente expuesto. Dichas imágenes, incorporan datos personales de las personas que se introducen dentro de su campo de visión y, por lo tanto, los datos personales captados están sometidos al consentimiento de sus titulares, de conformidad con lo que determina la LOPD. Dicho tratamiento, por tanto, ha de contar con el consentimiento de los afectados. VI Por otro lado, en este caso concreto, con relación a las cámaras instaladas en el exterior de la entidad denunciada, hay que señalar que para entender las especialidades derivadas del tratamiento de las imágenes en la vía pública que captan las cámaras situadas en el exterior, es preciso conocer la regulación que sobre esta materia se contempla en el artículo 1 de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos que establece: “La presente Ley regula la utilización por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de videocámaras para grabar imágenes y sonidos en lugares públicos abiertos o cerrados, y su posterior tratamiento, a fin de contribuir a asegurar la convivencia ciudadana, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, así como de prevenir la comisión de delitos, faltas e infracciones relacionados con la seguridad pública”. Este precepto es preciso ponerlo en relación con lo dispuesto en el artículo 3
17. e)de la Ley Orgánica 15/1999, donde se prevé que: “Se regirán por sus disposiciones específicas y por lo especialmente previsto, en su caso, por esta Ley Orgánica los siguientes tratamientos de datos personales:
18. e)Los procedentes de las imágenes y sonidos obtenidos mediante la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de conformidad con la legislación sobre la materia”. En virtud de todo lo expuesto, podemos destacar que la instalación de videocámaras en lugares públicos es competencia exclusiva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de ahí que la legitimación para el tratamiento de dichas imágenes se contemple en la Ley Orgánica 4/1997, y además en el mismo texto legal se regulan los criterios para instalar las cámaras y los derechos de los interesados. C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 10/14 Asimismo, debe recordarse que el tratamiento de las imágenes deberá cumplir con el principio de proporcionalidad en el tratamiento, consagrado por el artículo 4.1 de la Ley Orgánica 15/1999, según el cual “los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido”. Así lo recuerda el artículo 4.1 de la Instrucción 1/2006, al señalar que “de conformidad con el artículo 4 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, las imágenes sólo serán tratadas cuando sean adecuadas, pertinentes y no excesivas en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, legítimas y explícitas, que hayan justificado la instalación de las cámaras o videocámaras”. La entidad responsable ha manifestado, respecto de la preceptiva autorización o de la legitimación para la captación de vía pública, que no consta documento de solicitud de ninguna autorización administrativa ante la autoridad gubernativa correspondiente. En el presente procedimiento no ha quedado acreditado que el sistema de videovigilancia del denunciado estuviera acogido a las disposiciones de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, que regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos, por lo que el tratamiento de los datos recogidos en la vía pública carece de habilitación legal. En las imágenes remitidas por la AGENCIA DE TURISMO DE GALICIA se comprueba que la cámara que está operativa, capta imágenes de la vía pública como se observa en el reportaje fotográfico aportado con la respuesta a lo solicitado en las actuaciones previas de investigación del presente procedimiento. En este caso, la cámara ubicada en el exterior del inmueble situado en la Praza Mazarelos nº 15, de Santiago de Compostela, A Coruña, capta imágenes de los viandantes sin que tengan autorización administrativa al respecto, puesto que como ya se ha establecido “ut supra”, la instalación de cámaras en la vía pública es competencia exclusiva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. VII Por otra parte, la Directiva 95/46/CE en su Considerando 14 afirma: “