1/4 Expediente Nº: E/07230/2017 RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante la entidad FUNION L.P. (ESPAÑA), en virtud de denuncia presentada por B.B.B. y teniendo como base los siguientes HECHOS PRIMERO: Con fecha 20/11/2017, tuvo entrada en esta Agencia escrito de la Autoridad Catalana de Protección de Datos dando traslado de la denuncia interpuesta por Dña. B.B.B. (en lo sucesivo la denunciante) denunciando la utilización fraudulenta de imágenes robadas de su perfil en Instagram. Aporta denuncia formulada ante la Policía. SEGUNDO: Tras la recepción de la denuncia la Subdirección General de Inspección de Datos procedió a la realización de actuaciones previas de investigación para el esclarecimiento de los hechos denunciados, teniendo conocimiento de los siguientes extremos: La red social (.....) es una plataforma web propiedad de Funion LP, con domicilio en Glasgow (Escocia); si bien con establecimiento en (C/...1). El 12/01/2018 se requirió información a la entidad, en su domicilio en España y el requerimiento fue devuelto por el servicio de Correos. El funcionario actuante mediante diligencia de 13/02/2018 hace constar que la Inspección de Datos ha verificado que en la red social no se encuentra el perfil denunciado, habiéndose realizado una serie de comprobaciones: • Al introducir la URL ***URL.1 en el navegador, una vez registrados e iniciada sesión en la red social, la navegación se reconduce automáticamente a la página de inicio, de URL ***URL.
- • Se ha comprobado que introduciendo URLs de perfiles existentes directamente en el navegador, se puede acceder también al perfil sin necesidad de pasar por la sección de búsqueda, aunque es condición necesaria haber iniciado sesión con un usuario. En caso contrario, se reconduce la navegación a la URL ***URL.3 • Se ha intentado encontrar el perfil denunciado a través de la sección de búsqueda, introduciendo los parámetros necesarios para que aparezca dicho perfil en base a las características que se leen en la denuncia, ya que ésta incluye un pantallazo con el perfil supuestamente suplantado. Sin embargo, solo se ha obtenido un resultado, el perfil D.D.D., que no es el perfil buscado. C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 2/4 FUNDAMENTOS DE DERECHO I Es competente para resolver la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos, conforme a lo establecido en el artículo 37.d) en relación con el artículo 36, ambos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD). II El artículo 126.1, apartado segundo, del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre (RLOPD) establece: “Si de las actuaciones no se derivasen hechos susceptibles de motivar la imputación de infracción alguna, el Director de la Agencia Española de Protección de Datos dictará resolución de archivo que se notificará al investigado y al denunciante, en su caso.” C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 3/4 III En el presente caso, la afectada denuncia la suplantación de su perfil en una red social ((.....).com) mediante la utilización de imágenes robadas de Instagram. Hay que señalar que con la información disponible los esfuerzos de la Inspección de Datos por avanzar en la investigación no han dado frutos pues el requerimiento realizado en el domicilio del establecimiento en España y que figura en el aviso legal de la red social ha sido infructuoso al ser devuelta la carta enviada por “Desconocido”. La red social (.....).com es propiedad de una empresa británica, con domicilio en Glasgow, aunque con supuesta representación en España. Asimismo, en fecha 13/04/2018 se ha accedido a la citada red, no encontrándose el perfil suplantado C.C.C.. También se ha intentado acceder directamente con la dirección en el navegador y se ha intento hace una búsqueda por los parámetros del perfil suplantado no figurando el mismo en el conjunto de resultados. En definitiva, pese a la investigación realizada por la Inspección de Datos de la AEPD no ha logrado contactar con la persona responsable del citado dominio, ni desvelar o identificar al responsable del tratamiento. En este orden de ideas debe tenerse en cuenta que en el ámbito administrativo sancionador son de aplicación, con alguna matización pero sin excepciones, los principios inspiradores del orden penal, teniendo plena virtualidad el principio de presunción de inocencia, que debe regir sin excepciones en el ordenamiento sancionador y ha de ser respetado en la imposición de cualesquiera sanciones. Esto, porque el ejercicio del ius puniendi, en sus diversas manifestaciones, está condicionado al juego de la prueba y a un procedimiento contradictorio en el que puedan defenderse las propias posiciones. En tal sentido el Tribunal Constitucional, en Sentencia 76/1990, considera que el derecho a la presunción de inocencia comporta “que la sanción esté basada en actos o medios probatorios de cargo o incriminadores de la conducta reprochada; que la carga de la prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie esté obligado a probar su propia inocencia; y que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio”. Como ha precisado el Tribunal Supremo en STS de 26 de octubre de 1998 la vigencia del principio de presunción de inocencia “no se opone a que la convicción judicial en un proceso pueda formarse sobre la base de una prueba indiciaria, pero para que esta prueba pueda desvirtuar dicha presunción debe satisfacer las siguientes exigencias constitucionales: los indicios han de estar plenamente probados – no puede tratarse de meras sospechas – y tiene que explicitar el razonamiento en virtud del cual, partiendo de los indicios probados, ha llegado a la conclusión de que el imputado realizó la conducta infractora, pues, de otro modo, ni la subsunción estaría fundada en Derecho ni habría manera de determinar si el proceso deductivo es arbitrario, irracional o absurdo, es decir, si se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia al estimar que la actividad probatoria pueda entenderse de cargo.” C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 4/4 A la luz de lo expuesto se concluye que el principio de presunción de inocencia impide imputar una infracción administrativa cuando no se haya obtenido y constatado una prueba de cargo que acredite los hechos que motivan la imputación o la intervención del presunto infractor. Trasladando los razonamientos precedentes al supuesto que nos ocupa, habida cuenta de que no se ha podido identificar al responsable, conducta que pudiera ser constitutiva de una infracción de la LOPD, corresponde acordar el archivo de las actuaciones de investigación practicadas. Todo ello, sin perjuicio del derecho que le asiste a la denunciante a plantear el caso ante el la Autoridad Inglesa de Protección de datos (Information Commissioner's Office- ICO). Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado, por la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos, SE ACUERDA:
- PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones.
- NOTIFICAR la presente Resolución a FUNION L.P. (ESPAÑA) y B.B.B.. De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 37 de la LOPD, en la redacción dada por el artículo 82 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, la presente Resolución se hará pública, una vez haya sido notificada a los interesados. La publicación se realizará conforme a lo previsto en la Instrucción 1/2004, de 22 de diciembre, de la Agencia Española de Protección de Datos sobre publicación de sus Resoluciones y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 116 del Reglamento de desarrollo de la LOPD aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 diciembre. Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa (artículo 48.2 de la LOPD), y de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición ante la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de esta resolución o directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto, según lo previsto en el artículo 46.1 del referido texto legal. Mar España Martí Directora de la Agencia Española de Protección de Datos C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es