1/6 Expediente Nº: E/09420/2021 RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos y teniendo como base los siguientes HECHOS PRIMERO: A.A.A. (en adelante, la parte reclamante) con fecha 28 de febrero de 2021 interpuso reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. La reclamación se dirige contra AXA SEGUROS GENERALES S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS con NIF A60917978 (en adelante, la parte reclamada). El motivo en que basa la reclamación es que la entidad reclamada ha consultado su DNI en el fichero EXPERIAN, sin que mantenga o haya pretendido celebrar contrato alguno con esta entidad, por lo que solicita la supresión de sus datos personales. SEGUNDO: De conformidad con el artículo 65.4 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante LOPDGDD), se dio traslado de dicha reclamación a la parte reclamada el 14 de abril de 2021, para que procediese a su análisis e informase a esta Agencia en el plazo de un mes, de las acciones llevadas a cabo para adecuarse a los requisitos previstos en la normativa de protección de datos. Con fecha 14 de mayo de 2021 se recibe en esta Agencia escrito de respuesta indicando que en cumplimiento de los artículos 66 y 100 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, AXA dispone de habilitación legal que le permite realizar este tipo de comprobación de solvencia con terceras Entidades con el objetivo de identificar, medir y valor el riesgo para el cálculo la prima del producto de seguro a contratar. Añade que esta finalidad de tratamiento se informa a los clientes en el momento de tarificación. En este sentido, manifiesta que constan en los sistemas la solicitud de dos presupuestos realizados, correspondiente a seguro de auto y de moto por lo que se consultó su DNI y dado que el presupuesto no se llegó a finalizar, el sistema no almacenó la tarificación realizada con el DNI de la Denunciante, por lo que no se procedió a la grabación de los datos en el Sistema de tarificación al realizar el presupuesto en cuestión, sino que por el contrario se ha procedido a la supresión y eliminación definitiva de los datos personales de la reclamante. TERCERO: Con fecha 9 de junio de 2021 la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos acordó admitir a trámite la reclamación presentada por la parte reclamante. C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeagpd.gob.es 2/6 FUNDAMENTOS DE DERECHO I De acuerdo con los poderes de investigación y correctivos que el artículo 58 del Reglamento (UE) 2016/679 (Reglamento general de protección de datos, en adelante RGPD) otorga a cada autoridad de control, y según lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en lo sucesivo LOPDGDD), es competente para resolver estas actuaciones de investigación la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos. II De conformidad con lo establecido en el artículo 55 del RGPD, la Agencia Española de Protección de Datos es competente para desempeñar las funciones que se le asignan en su artículo 57, entre ellas, la de hacer aplicar el Reglamento y promover la sensibilización de los responsables y los encargados del tratamiento acerca de las obligaciones que les incumben, así como tratar las reclamaciones presentadas por un interesado e investigar el motivo de estas. Corresponde, asimismo, a la Agencia Española de Protección de Datos ejercer los poderes de investigación regulados en el artículo 58.1 del RGPD, entre los que figura la facultad de ordenar al responsable y al encargado del tratamiento que faciliten cualquier información que requiera para el desempeño de sus funciones. Correlativamente, el artículo 31 del RGPD establece la obligación de los responsables y encargados del tratamiento de cooperar con la autoridad de control que lo solicite en el desempeño de sus funciones. Para el caso de que éstos hayan designado un delegado de protección de datos, el artículo 39 del RGPD atribuye a éste la función de cooperar con dicha autoridad. Del mismo modo, el ordenamiento jurídico interno también prevé la posibilidad de abrir un período de información o actuaciones previas. En este sentido, el artículo 55 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, otorga esta facultad al órgano competente con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento. III El artículo 6 del RGPD, regula la licitud del tratamiento estableciendo lo siguiente: “1. El tratamiento solo será lícito si se cumple al menos una de las siguientes condiciones:
- a)el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos; C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeagpd.gob.es 3/6
- b)el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales;
- c)el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento;
- d)el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona física;
- e)el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento;
- f)el tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran la protección de datos personales, en particular cuando el interesado sea un niño. Lo dispuesto en la letra
- f)del párrafo primero no será de aplicación al tratamiento realizado por las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones.” Por su parte el artículo 20 de la LOPDGDD, regula los sistemas de información crediticia, estableciendo lo siguiente: 1. Salvo prueba en contrario, se presumirá lícito el tratamiento de datos personales relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias, financieras o de crédito por sistemas comunes de información crediticia cuando se cumplan los siguientes requisitos:
- a)Que los datos hayan sido facilitados por el acreedor o por quien actúe por su cuenta o interés.
- b)Que los datos se refieran a deudas ciertas, vencidas y exigibles, cuya existencia o cuantía no hubiese sido objeto de reclamación administrativa o judicial por el deudor o mediante un procedimiento alternativo de resolución de disputas vinculante entre las partes.
- c)Que el acreedor haya informado al afectado en el contrato o en el momento de requerir el pago acerca de la posibilidad de inclusión en dichos sistemas, con indicación de aquéllos en los que participe. La entidad que mantenga el sistema de información crediticia con datos relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias, financieras o de crédito deberá notificar al afectado la inclusión de tales datos y le informará sobre la posibilidad de ejercitar los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679 dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la deuda al sistema, permaneciendo bloqueados los datos durante ese plazo.
- d)Que los datos únicamente se mantengan en el sistema mientras persista el incumplimiento, con el límite máximo de cinco años desde la fecha de vencimiento de la obligación dineraria, financiera o de crédito. C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeagpd.gob.es 4/6
- e)Que los datos referidos a un deudor determinado solamente puedan ser consultados cuando quien consulte el sistema mantuviese una relación contractual con el afectado que implique el abono de una cuantía pecuniaria o este le hubiera solicitado la celebración de un contrato que suponga financiación, pago aplazado o facturación periódica, como sucede, entre otros supuestos, en los previstos en la legislación de contratos de crédito al consumo y de contratos de crédito inmobiliario. Cuando se hubiera ejercitado ante el sistema el derecho a la limitación del tratamiento de los datos impugnando su exactitud conforme a lo previsto en el artículo 18.1.
- a)del Reglamento (UE) 2016/679, el sistema informará a quienes pudieran consultarlo con arreglo al párrafo anterior acerca de la mera existencia de dicha circunstancia, sin facilitar los datos concretos respecto de los que se hubiera ejercitado el derecho, en tanto se resuelve sobre la solicitud del afectado.
- f)Que, en el caso de que se denegase la solicitud de celebración del contrato, o éste no llegara a celebrarse, como consecuencia de la consulta efectuada, quien haya consultado el sistema informe al afectado del resultado de dicha consulta. 2. Las entidades que mantengan el sistema y las acreedoras, respecto del tratamiento de los datos referidos a sus deudores, tendrán la condición de corresponsables del tratamiento de los datos, siendo de aplicación lo establecido por el artículo 26 del Reglamento (UE) 2016/679. Corresponderá al acreedor garantizar que concurren los requisitos exigidos para la inclusión en el sistema de la deuda, respondiendo de su inexistencia o inexactitud. 3. La presunción a la que se refiere el apartado 1 de este artículo no ampara los supuestos en que la información crediticia fuese asociada por la entidad que mantuviera el sistema a informaciones adicionales a las contempladas en dicho apartado, relacionadas con el deudor y obtenidas de otras fuentes, a fin de llevar a cabo un perfilado del mismo, en particular mediante la aplicación de técnicas de calificación crediticia. IV En el presente caso, la reclamante presenta reclamación contra el reclamado, por una presunta vulneración del artículo 6.1 del RGPD en relación con la licitud del tratamiento de sus datos personales por efectuar una consulta en los ficheros de solvencia, sin base de legitimación. De la documentación obrante en el expediente se desprende ausencia del elemento subjetivo de culpabilidad necesario en la actuación de las reclamadas para ejercer la potestad sancionadora. Esto es así porque en este supuesto, la parte reclamante denuncia el tratamiento de sus datos personales por la entidad reclamada para efectuar una consulta en los ficheros de solvencia EXPERIAN, pese a no haber procedido a celebrar contrato alguno con esta entidad, solicitando la cancelación de sus datos. En este sentido, esta Agencia tras realizar las correspondientes actuaciones de investigación, ha tenido conocimiento de los siguientes hechos: C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeagpd.gob.es 5/6 Con fecha 19 de diciembre de 2020, la entidad reclamada recibió de la parte reclamante, vía correo electrónico, una solicitud de ejercicio de derecho de acceso de sus datos personales. El 21 de enero de 2021, se responde aportando toda la información personal de la que dispone en sus sistemas, realizando la consulta de sus datos mediante su DNI. En dicha comunicación, se indica a la reclamante la información referente a la solicitud de dos presupuestos realizados, correspondiente a seguro de auto y de moto. El 23 de enero de 2021, la reclamante solicita el ejercicio de derecho de supresión de sus datos personales. El 12 de febrero de 2021, la reclamante solicita su derecho de supresión y eliminación definitiva de cualquier dato personal en los sistemas informáticos y bases de datos de la entidad reclamada, para los cuales no es obligatoria su conservación, al no concurrir causa alguna para la conservación de estos. Para la adecuada gestión y tramitación de la solicitud presentada por la reclamante en su última comunicación, la entidad reclamada procede a consultar en el Sistema de tarificación que tramita y gestiona los presupuestos solicitados por los interesados, y verifica que no existen en sus sistemas presupuestos o solicitudes de información relacionada con el DNI de la reclamante. Si bien, como medida de garantía adicional, la entidad reclamada procedió a la realización de una evaluación e investigación con el Responsable del Sistema de tarificación para analizar la consulta realizada por la reclamante. De dicha evaluación, se observa que el Sistema no ha almacenado el presupuesto realizado con el DNI de la Denunciante en septiembre de 2020. Sin embargo, mediante la funcionalidad de autoguardado del Sistema (cache) sí se puede consultar esta información. Tras analizar este supuesto aislado, se ha concluido que, en este caso en particular, el presupuesto no se llegó a finalizar, de manera que el sistema no almacenó la tarificación realizada con el DNI de la reclamante, por lo que no se procedió a la grabación de los datos en el Sistema de tarificación al realizar el presupuesto en cuestión. Todas estas actuaciones indican el cumplimiento de una diligencia razonable por parte del reclamado. En otro orden de cosas, hay que señalar que de conformidad con el artículo 20 de la LOPDGDD, indicado en el fundamento de derecho III, la entidad reclamada se encuentra legitimada para acceder a los ficheros de solvencia. Esto es así, porque en este caso concreto, de conformidad con las actuaciones de investigación realizadas, se constata que cuando un interesado solicita un presupuesto C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeagpd.gob.es 6/6 de seguro, de forma automática se consultan los ficheros de solvencia crediticia con el objetivo de tener un elemento más de cara a valorar el riesgo para la contratación de una póliza de seguro debido a las características particulares de dicho negocio y de esta manera dar un precio estimado de la póliza, ya que este es el servicio requerido por la reclamante al acceder a la plataforma de la entidad reclamada. Por lo tanto, el tratamiento realizado por la entidad reclamada, se ajusta a lo establecido en el artículo 6 del RGPD, ya que el tratamiento de los datos ha sido lícito y ha dado la respuesta debida a la reclamante cuando esta ha ejercido sus derechos de supresión de datos primero y de acceso en segundo lugar. Además, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la LOPDGDD, la entidad reclamada se encuentra legitimada para acceder a los ficheros de solvencia. En consecuencia, procede el archivo de las presentes actuaciones previas de investigación al no advertir incumplimiento alguno de la normativa de protección de datos, puesto que los hechos constatados no evidencian conducta subsumible en el catálogo de infracciones previstas y sancionadas en dicha normativa. Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado, por la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos, SE ACUERDA: PRIMERO: PROCEDER AL ARCHIVO de las presentes actuaciones. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución al reclamante y reclamado. De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la LOPDGDD, la presente Resolución se hará pública una vez haya sido notificada a los interesados. Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa según lo preceptuado por el art. 114.1.
- c)de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de conformidad con lo establecido en los arts. 112 y 123 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición ante la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de esta resolución o directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto, según lo previsto en el artículo 46.1 de la referida Ley. Mar España Martí Directora de la Agencia Española de Protección de Datos C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeagpd.gob.es