PS-00033-2014

1/15 Procedimiento NºPS/00033/2014 RESOLUCIÓN: R/01095/2014 En el procedimiento sancionador PS/00033/2014, instruido por la Agencia Española de Protección de Datos a la entidad COMUNIDAD JUDIA ATID DE CATALUNYA, vista la denuncia presentada por D. A.A.A. y en virtud de los siguientes, ANTECEDENTES PRIMERO: Con fecha 7 de febrero de 2013 tiene entrada en esta Agencia un escrito de D. A.A.A. (en adelante el denunciante) comunicando la posible infracción a la Ley Orgánica 15/1999 motivada por las cámaras de videovigilancia cuyo titular es la entidad COMUNIDAD JUDIA ATID DE CATALUNYA (en adelante el denunciado) instaladas en la sede ubicada en la calle Santísima Trinidad del Monte, 5 de Barcelona. El denunciante aporta fotografías de las cámaras denunciadas. Del reportaje fotográfico aportado por el denunciante se desprende que, tal y como manifiesta en su escrito, las cámaras denunciadas pudieran estar orientadas a la vía pública. SEGUNDO: Tras la recepción de la denuncia la Subdirección General de Inspección de Datos procedió a la realización de actuaciones previas de investigación para el esclarecimiento de los hechos denunciados, teniendo conocimiento de los siguientes extremos: Con fecha 5 de julio de 2013 se solicita información al denunciado teniendo entrada en esta Agencia con fecha 7 de octubre de 2013 escrito en el que manifiesta que los mismos hechos fueron objeto de archivo en las actuaciones de inspección de referencia E/5249/2011. El día 15 de enero de 2014 se realiza una visita de inspección en la sede de la COMUNIDAD JUDIA ATID DE CATALUNYA (en adelante ATID) ubicada en la calle Santísima Trinidad del Monte 5 de Barcelona, poniéndose de manifiesto los siguientes hechos recogidos así en el Acta de Inspección: La sede de ATID en la que se encuentran las cámaras de videovigilancia está compuesta de una construcción unifamiliar rodeada de una parcela vallada perimetral donde se han instalado dos cámaras de videovigilancia. Las cámaras se encuentran instaladas en soportes por la cara interior del vallado perimetral siendo visionadas las imágenes desde un monitor ubicado en el propio establecimiento. C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 2/15 Respecto de la finalidad de dichas cámaras, manifiestan que se ha instalado el sistema de videovigilancia por motivos de seguridad para proteger el establecimiento, las personas y bienes de su interior. El sistema no se encuentra conectado a ninguna Central Receptora de Alarmas. Las imágenes se graban en un dispositivo grabador que las mantiene durante 30 días. Existe un acceso restringido tanto a las imágenes como al sistema de grabación, ya que únicamente el responsable de segundad dispone de acceso al sistema y a las imágenes. Durante la inspección el responsable de seguridad ha modificado la orientación de las cámaras a fin de evitar la recogida de imágenes de la vía pública. No consta en el Registro General de Protección de Datos ningún fichero de videovigilancia inscrito cuyo titular sea el titular del CIF R5800706C. TERCERO: Con fecha 27 de enero de 2014, el Director de la Agencia Española de Protección de Datos acordó iniciar, procedimiento sancionador a la entidad COMUNIDAD JUDIA ATID DE CATALUNYA, por presunta infracción del artículo 6.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13/12, de Protección de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD), tipificada como grave en el artículo 44.3.

1. b)de dicha norma, pudiendo ser sancionada con multa de 40.001 € a 300.000 €, de acuerdo con el artículo 45.2 de dicha Ley Orgánica. CUARTO: Notificado el acuerdo de inicio, la entidad COMUNIDAD JUDIA ATID DE CATALUNYA formuló alegaciones, significando, que: “…La habilitación legal para el tratamiento de imágenes de las personas físicas con fines de seguridad y vigilancia procede de la Ley 25/2009. de 27 de diciembre, de modificación de diversas leves rara su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios. Esta Ley modifica la Ley 23/1992, de 30 de junio. de Seguridad Privada, en la que se incorpora una Disposición Adicional Sexta en la que se dice que cualquier particular o empresa cuya actividad no sea la propia de una empresa de seguridad privada podrá “vender, entregar, instalar y mantener equipos técnicos de seguridad”, sin necesidad de cumplir las exigencias previstas en la Ley de Seguridad Privada para tales empresas. De este modo, se legitima a la comunidad ATID para tratar los datos personales derivados de la captación de las imágenes sin necesidad de acudir a empresas de seguridad privada, siendo dicho tratamiento conforme a lo previsto en la LOPD. (…) Existe una relación de proporcionalidad entre la finalidad perseguida y el modo en el gue se tratan y recogen las imágenes (…). El edificio donde se encuentran instaladas las cámaras de seguridad es una sinagoga, un centro de culto de conformidad al artículo 3 de la Ley 16/2009, de 22 de julio, que le confiere una protección especial, al amparo también de la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de libertad religiosa. La instalación de las cámaras viene por un imperativo de seguridad e integridad de los bienes y miembros C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 3/15 de la comunidad judía que asiste al edificio de ATID. (…) El uso de las videocámaras y su orientación es el único medio viable de control de seguridad e integridad de los bienes y miembros de la comunidad judía que asiste al edificio de ATID, (…) De conformidad a la Ley, sólo se toman imágenes muy parciales y limitadas de la vía pública donde está ubicada la Comunidad ATID por resultar imprescindible para la finalidad de vigilancia y seguridad de la misma (…) …es además una medida preventiva de acciones delictivas y necesaria para la salvaguarda de los derechos de las personas que asisten a la sinagoga, la defensa de los principios de libertad religiosa, no discriminación y orden público. A más abundamiento, como pudieron comprobar los inspectores de la AGPD en su día, la zona de Barcelona donde está ubicada la sede de la comunidad ATID, es una zona residencial periférica de la ciudad, muy solitaria y poco transitada, constituida de casas unifamiliares y edificaciones con parcelas de jardín, que la hace más vulnerable y desprotegida. Las imágenes se conservarán por un periodo máximo de 30 días …” Concluyen las alegaciones solicitando que se tengan en cuenta en la resolución final de absolución y archivo de las actuaciones, y se propone la prueba consistente en “la declaración o informe escrito de la Unidad del Cuerpo de Policía núm. 5 Sarriá-Sant Gervasí de Barcelona, aportando datos sobre la correcta instalación y orientación de las cámaras de videovigilancia, así como, de las necesidades especiales de seguridad de la Comunidad Judía ATID de Catalunya”. QUINTO: Con fecha 28 de febrero de 2014 se inició el período de práctica de pruebas, acordándose practicar las siguientes: 1. Se dan por reproducidos a efectos probatorios la denuncia interpuesta por D. A.A.A. y su documentación, los documentos obtenidos y generados por los Servicios de Inspección ante la COMUNIDAD JUDIA ATID DE CATALUNYA, y el Informe de actuaciones previas de Inspección que forman parte del expediente E/01631/2013. 2. Asimismo, se da por reproducido a efectos probatorios, las alegaciones al acuerdo de inicio PS/00033/2014 presentadas por la COMUNIDAD JUDIA ATID DE CATALUNYA, y la documentación que a ellas acompaña. 3. En relación con los medios de prueba propuestos por la COMUNIDAD JUDIA ATID DE CATALUNYA en sus alegaciones al acuerdo de inicio, hay que indicar que el artículo 17.3 del mencionado Real Decreto 1398/1993 dispone que se entiende por pruebas aquellas distintas de los documentos que los interesados puedan aportar en cualquier momento de la tramitación del procedimiento. En este caso se solicita la aportación de documentación que puede aportar en su defensa en cualquier momento del procedimiento. SEXTO: Con fecha 6 de mayo de 2014 se formuló propuesta de resolución, proponiendo la imposición de una sanción de 1.500 € a la entidad COMUNIDAD JUDIA ATID DE CATALUNYA, por la comisión de una infracción del artículo 6.1 de la LOPD, tipificada C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 4/15 como grave en el artículo 44.3.
2. b)de dicha Ley. SÉPTIMO: Notificada la propuesta de resolución, la entidad COMUNIDAD JUDIA ATID DE CATALUNYA realizó alegaciones frente a la misma basadas en los mismos argumentos ya expuestos en las presentadas al acuerdo de inicio del procedimiento sancionador. HECHOS PROBADOS PRIMERO: Con fecha 5 de julio de 2013 se solicita, por la Inspección de esta Agencia Española de Protección de Datos, información a la entidad COMUNIDAD JUDIA ATID DE CATALUNYA respecto del sistema de videovigilancia instalado en la sede ubicada enla calle Santísima Trinidad del Monte, 5 de Barcelona. Con fecha 25 de septiembre se reitera la solicitud de información, teniendo entrada en esta Agencia con fecha 7 de octubre de 2013 escrito en el que manifiesta que los mismos hechos fueron objeto de archivo en las actuaciones de inspección de referencia E/5249/2011 y que no se ha producido ningún cambio en la instalación. (folios 12 a 18) SEGUNDO: El día 15 de enero de 2014 se realiza una visita por la inspección de esta Agencia a la sede de la entidad COMUNIDAD JUDIA ATID DE CATALUNYA ubicada en la calle Santísima Trinidad del Monte, 5 de Barcelona, poniéndose de manifiesto que se trata de una construcción unifamiliar rodeada de una parcela vallada perimetral donde se han instalado dos cámaras de videovigilancia. Que las cámaras están instaladas en soportes por la cara interior del vallado perimetral y las imágenes se visionan desde un monitor ubicado en el propio establecimiento. Manifiesta el responsable de seguridad de la entidad denunciada que el sistema de videovigilancia se ha instalado por motivos de seguridad para proteger el establecimiento, las personas y bienes de su interior. (folios 21 a 25) TERCERO: Se constata también durante la inspección que el sistema no se encuentra conectado a ninguna Central Receptora de Alarmas. Que existen carteles informativos a la entrada del local y en el interior del establecimiento. Que las imágenes se graban en un dispositivo grabador que las mantiene durante 30 días. Que únicamente el responsable de segundad dispone de acceso al sistema y a las imágenes. (folios 21 a 25) CUARTO: En la citada acta los inspectores constatan que, con relación a las cámaras, durante la inspección el responsable de seguridad ha modificado la orientación de las cámaras a fin de evitar la recogida de imágenes de la vía pública. Se adjuntan al acta de inspección fotografías que evidencian la captación de vía pública denunciada. (folios 21 C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 5/15 a 25) FUNDAMENTOS DE DERECHO I Es competente para resolver este procedimiento el Director de la Agencia Española de Protección de Datos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.
3. g)en relación con el artículo 36 de la LOPD. II Con carácter previo, debe señalarse que el artículo 1 de la LOPD dispone: “La presente Ley Orgánica tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar”. La LOPD, viene a regular el derecho fundamental a la protección de datos de las personas físicas, esto es, el derecho a disponer de sus propios datos sin que puedan ser utilizados, tratados o cedidos sin su consentimiento, con la salvedad de las excepciones legalmente previstas. En cuanto al ámbito de aplicación de la citada norma, el artículo 2.1 de la misma señala: “La presente Ley Orgánica será de aplicación a los datos de carácter personal registrados en soporte físico que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores público y privado”; definiéndose el concepto de dato de carácter personal en el apartado
4. a)del artículo 3 de la LOPD, como “Cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables”. En lo que respecta al concepto de “fichero” el artículo 3.
5. b)de la LOPD lo define como “todo conjunto organizado de datos de carácter personal”, con independencia de la modalidad de acceso al mismo. Por su parte el artículo 3.
6. d)de la LOPD define al responsable del fichero o tratamiento como la “persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada, u órgano administrativo, que decida sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento.” El artículo 3 de la LOPD define en su letra
7. c)el tratamiento de datos como aquellas “operaciones y procedimientos técnicos de carácter automatizado o no, que permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo y cancelación, así como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias”. La garantía del derecho a la protección de datos, conferida por la normativa de referencia, requiere que exista una actuación que constituya un tratamiento de datos personales en el sentido expresado. En otro caso las C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 6/15 mencionadas disposiciones no serán de aplicación. El artículo 5.1.
8. f)del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, define datos de carácter personal como: “Cualquier información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo, concerniente a personas físicas identificadas o identificables”. En este mismo sentido se pronuncia el artículo 2.
9. a)de la Directiva 95/46/CE del Parlamento y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la Protección de las Personas Físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, según el cual, a efectos de dicha Directiva, se entiende por dato personal “toda información sobre una persona física identificada o identificable; se considerará identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un número de identificación o uno o varios elementos específicos, característicos de su identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social”. De lo anteriormente expuesto se desprende que el concepto de dato personal, según la definición de la LOPD, requiere la concurrencia de un doble elemento: por una parte, la existencia de una información o dato y, por otra, que dicho dato pueda vincularse a una persona física identificada o identificable. Así, de conformidad con la normativa expuesta, el denunciado dispone de datos personales y los utiliza, lo que constituye un tratamiento de datos personales del que es responsable, toda vez que es quien decide sobre la finalidad, contenido y uso del citado tratamiento. III Se imputa a la entidad COMUNIDAD JUDIA ATID DE CATALUNYA como responsable del sistema de videovigilancia instalado en su sede situada en la calle Santísima Trinidad del Monte, 5 de Barcelona, la comisión de una infracción del artículo 6.1 de la LOPD, que dispone lo siguiente: “1. El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa. 2. No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se recojan para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias; cuando se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento; cuando el tratamiento de los datos tenga por finalidad proteger un interés vital del interesado en los términos del artículo 7, apartado 6, de la presente Ley, o cuando los datos figuren en fuentes accesibles al público y su tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del fichero o por el del tercero a quien se comuniquen los datos, siempre que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado. C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 7/15 3. El consentimiento a que se refiere el artículo podrá ser revocado cuando exista causa justificada para ello y no se le atribuyan efectos retroactivos. 4. En los casos en los que no sea necesario el consentimiento del afectado para el tratamiento de los datos de carácter personal, y siempre que una Ley no disponga lo contrario, éste podrá oponerse a su tratamiento cuando existan motivos fundados y legítimos relativos a una concreta situación personal. En tal supuesto, el responsable del fichero excluirá del tratamiento los datos relativos al afectado”. Respecto a la legitimación en el tratamiento de las imágenes, la respuesta se encuentra en el artículo 2 de la Instrucción 1/2006, que establece que: “1. Sólo seráposible el tratamiento de los datos objeto de la presente instrucción, cuando se encuentre amparado por lo dispuesto en el artículo 6.1 y 2 y el artículo 11.1 y 2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior la instalación de cámaras y videocámaras deberá respetar en todo caso los requisitos exigidos por la legislación vigente en la materia”. El tratamiento de datos sin consentimiento constituye un límite al derecho fundamental a la protección de datos. Este derecho, en palabras del Tribunal Constitucional en su Sentencia 292/2000, de 30 de noviembre, (F.J. 7 primer párrafo), “...consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta a la persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al individuo saber quién posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. Estos poderes de disposición y control sobre los datos personales, que constituyen parte del contenido del derecho fundamental a la protección de datos se concretan jurídicamente en la facultad de consentir la recogida, la obtención y el acceso a los datos personales, su posterior almacenamiento y tratamiento, así como su uso o usos posibles, por un tercero, sea el estado o un particular (...)”. Son pues elementos característicos del derecho fundamental a la protección de datos personales, los derechos del afectado a consentir sobre la recogida y tratamiento de sus datos personales y a saber de los mismos. En el presente expediente, cabe apreciar que las cámaras instaladas captan imágenes de personas, de conformidad con lo anteriormente expuesto. Dichas imágenes, incorporan datos personales de las personas que se introducen dentro de su campo de visión y, por lo tanto, los datos personales captados están sometidos al consentimiento de sus titulares, de conformidad con lo que determina la LOPD. Dicho tratamiento, por tanto, ha de contar con el consentimiento de los afectados, circunstancia que no se ha acreditado. IV Por otro lado, en este caso concreto, con relación a las cámaras instaladas en la sede de la entidad denunciada, hay que señalar que para entender las especialidades derivadas del tratamiento de las imágenes en la vía pública que captan las cámaras C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 8/15 situadas en el exterior, es preciso conocer la regulación que sobre esta materia se contempla en el artículo 1 de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos que establece: “La presente Ley regula la utilización por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de videocámaras para grabar imágenes y sonidos en lugares públicos abiertos o cerrados, y su posterior tratamiento, a fin de contribuir a asegurar la convivencia ciudadana, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, así como de prevenir la comisión de delitos, faltas e infracciones relacionados con la seguridad pública”. Este precepto es preciso ponerlo en relación con lo dispuesto en el artículo 3
10. e)de la Ley Orgánica 15/1999, donde se prevé que: “Se regirán por sus disposiciones específicas y por lo especialmente previsto, en su caso, por esta Ley Orgánica los siguientes tratamientos de datos personales:
11. e)Los procedentes de las imágenes y sonidos obtenidos mediante la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de conformidad con la legislación sobre la materia”. En virtud de todo lo expuesto, podemos destacar que la instalación de videocámaras en lugares públicos es competencia exclusiva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de ahí que la legitimación para el tratamiento de dichas imágenes se contemple en la Ley Orgánica 4/1997, y además en el mismo texto legal se regulan los criterios para instalar las cámaras y los derechos de los interesados. Asimismo, debe recordarse que el tratamiento de las imágenes deberá cumplir con el principio de proporcionalidad en el tratamiento, consagrado por el artículo 4.1 de la Ley Orgánica 15/1999, según el cual “los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido”. Así lo recuerda el artículo 4.1 de la Instrucción 1/2006, al señalar que “de conformidad con el artículo 4 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, las imágenes sólo serán tratadas cuando sean adecuadas, pertinentes y no excesivas en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, legítimas y explícitas, que hayan justificado la instalación de las cámaras o videocámaras”. En el presente procedimiento no ha quedado acreditado que el sistema de videovigilancia del denunciado estuviera acogido a las disposiciones de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, que regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos, por lo que el tratamiento de los datos recogidos en la vía pública carece de habilitación legal. La instalación de videovigilancia denunciada en este procedimiento fue objeto de una denuncia anterior que se resolvió con el apercibimiento de la entidad responsable por infracción de los artículos 6.1 y 26.1 de la LOPD, por el tratamiento de datos personales en la vía pública sin consentimiento y por falta de inscripción del fichero de videovigilancia. En dicha resolución se requería la subsanación de ambas infracciones. La entidad denunciada acreditó el cumplimiento de ese requerimiento por medio de la inscripción del fichero y con la constancia de la reorientación de sus cámaras para que no capten vía pública. Con fecha 7 de febrero de 2013 tiene entrada en esta Agencia una nueva C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 9/15 denuncia en la que se comunica que la entidad denunciada ha reinstalado cámaras de videovigilancia en su espacio privado pero enfocando a la vía pública y más concretamente al acceso de las viviendas colindantes sin que exista consentimiento para ello. Con objeto de constatar los hechos denunciados se realizó una visita de inspección por parte de esta Agencia con fecha 15 de enero de 2014. En el acta de esta inspección se recoge que durante la misma el responsable de seguridad reorienta las cámaras para no captar vía pública. Se adjuntan al acta de inspección fotografías que evidencian la captación de vía pública denunciada. En las imágenes captadas en la visita realizada por la Inspección de esta Agencia puede verse que, antes de que se reorientase el ángulo de captación de las cámaras, no solo se captaba toda la acera adyacente sino también toda la calzada con el paso de cebra, los vehículos aparcados en la acera opuesta y esa acera opuesta al edificio en que están instaladas las cámaras. (folios 21 a 25) En este caso, las cámaras ubicadas en la sede de la entidad denunciada situada en la calle Santísima Trinidad del Monte, 5 de Barcelona, captan imágenes de los viandantes sin que tenga autorización administrativa al respecto, puesto que como ya se ha establecido “ut supra”, la instalación de cámaras en la vía pública es competencia exclusiva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. V Por otra parte, la Directiva 95/46/CE en su Considerando 14 afirma: “