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PS-00033-2016

1/18 Procedimiento Nº PS/00033/2016 RESOLUCIÓN: R/01575/2016 En el procedimiento sancionador PS/00033/2016, instruido por la Agencia Española de Protección de Datos a las entidades BANCOPOPULAR-E, S.A. y NOVUM BANK LIMITED, vista la denuncia presentada por D. C.C.C. y en base a los siguientes, ANTECEDENTES PRIMERO: Con fechas 27 de febrero y 16 de marzo de 2015 tuvieron entrada en esta Agencia Española de Protección de Datos sendas denuncias de D. C.C.C., NIF D.D.D. (en adelante el denunciante) en las que vino a manifestar que se había llevado a cabo la inclusión de sus datos de carácter personal en ficheros de solvencia patrimonial y crédito de forma indebida, al realizarse sin requerimiento previo de pago, por parte de las entidades BANCOPOPULAR-E, S.A. (en adelante entidad denunciada o POPULAR) y NOVUM BANK LIMITED (en adelante entidad denunciada o CASHPER). Para acreditar estos hechos aportaba copia de un informe de fecha 16 de marzo de 2015 del fichero común ASNEF-EQUIFAX en el que se recoge la inclusión de datos asociados al NIF D.D.D. en ASNEF con fecha de alta el 12 de marzo de 2015 a instancias de “BANCO POPULAR E.COM” por importe de 3.190,02 € por un producto de tarjetas de crédito en calidad de titular y otra inclusión con fecha de alta el 13 de marzo de 2015 a instancias de “NOVUM BANK LIMITED” por importe de 330 € por un producto de préstamos personales en calidad de deudor. SEGUNDO: A la vista de los hechos denunciados, en fase de actuaciones previas, por los Servicios de Inspección de Datos de esta Agencia se solicitó información a las entidades más abajo detalladas. De esta manera, en el informe de actuaciones de investigación E/02906/2015 se detalla lo siguiente: <<Con fecha 14/09/2015 se solicitó a EQUIFAX IBÉRICA S.L. (en adelante EQUIFAX) información relativa a D. C.C.C., NIF D.D.D., en relación a la inclusión de sus datos personales en el fichero ASNEF por parte de las entidades CASHPER y POPULAR-E. De la respuesta recibida, fechada a 29/09/2015, se desprende la siguiente información de relevancia: - Los datos del afectado estuvieron incluidos en ASNEF a instancia de POPULAR-E durante los siguientes intervalos de tiempo: C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid o Entre el 20/06/2013 y el 05/03/2015, en relación a una deuda por valor de 3.190,02 €. Como motivo de la baja consta “cliente”. o Entre el 12/03/2015 y el 07/07/2015, en relación a una deuda por valor de 3.190,02 €, asociada a una operación identificada con el código ***OPERACIÓN.1. La inclusión fue notificada mediante el envío de una www.agpd.es sedeagpd.gob.es 2/18 carta de 13/03/2015 remitida a A.A.A., que no consta como devuelta. Como motivo de la baja consta “cliente”. o - - Entre el 16/07/2015 y el 14/08/2015, en relación a una deuda por valor de 3.190,02 €, asociada a una operación identificada con el código ***OPERACIÓN.1. La inclusión fue notificada mediante el envío de una carta de 17/07/2015 remitida a A.A.A., que no consta como devuelta. Como motivo de la baja consta “F. Pura”. Los datos del afectado estuvieron incluidos en ASNEF a instancia de NOVUM BANK LIMITED durante los siguientes intervalos de tiempo: o Entre el 26/06/2014 y el 20/11/2014, en relación a una deuda por valor de 330 €, asociada a una operación identificada con el código ***CÓDIGO.1. La inclusión fue notificada mediante el envío de una carta de 27/06/2014 remitida a B.B.B., que no consta como devuelta. Como motivo de la baja consta “cliente”. o Entre el 30/01/2015 y el 17/02/2015, en relación a una deuda por valor de 330 €, asociada a una operación identificada con el código ***CÓDIGO.1. La inclusión fue notificada mediante el envío de una carta de 31/01/2015 remitida a B.B.B., que no consta como devuelta. Como motivo de la baja consta “cliente”. o Entre el 27/02/2015 y el 06/03/2015, en relación a una deuda por valor de 330 €, asociada a una operación identificada con el código ***CÓDIGO.1. La inclusión fue notificada mediante el envío de una carta de 28/02/2015 remitida a B.B.B., que no consta como devuelta. Como motivo de la baja consta “cliente”. o Entre el 13/03/2015 y el 23/03/2015, en relación a una deuda por valor de 330 €, asociada a una operación identificada con el código ***CÓDIGO.1. La inclusión fue notificada mediante el envío de una carta de 14/03/2015 remitida a B.B.B., que no consta como devuelta. Como motivo de la baja consta “cliente”. o Entre el 06/04/2015 y el 16/04/2015, en relación a una deuda por valor de 330 €, asociada a una operación identificada con el código ***CÓDIGO.1. La inclusión fue notificada mediante el envío de una carta de 07/04/2015 remitida a B.B.B., que no consta como devuelta. Como motivo de la baja consta “cliente”. o Entre el 24/04/2015 y el 20/06/2015, en relación a una deuda por valor de 330 €, asociada a una operación identificada con el código ***CÓDIGO.1. La inclusión fue notificada mediante el envío de una carta de 25/04/2015 remitida a B.B.B., que no consta como devuelta. Como motivo de la baja consta “F. Pura”. EQUIFAX manifiesta que en su Servicio de Atención al Cliente constan hasta 11 expedientes asociados al afectado. Relacionados con las operaciones informadas por las entidades investigadas figuran los siguientes: o C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid 2014/EXPTE.1, relativo al ejercicio del derecho de cancelación. Se respondió mediante escrito de 20/11/2014 en el que se informaba de que se procedía a la baja cautelar de, entre otras, la inclusión informada por NOVUM BANK LIMITED (ante la falta de contestación de la entidad, tras www.agpd.es sedeagpd.gob.es 3/18 habérsele remitido la solicitud), habiendo sido confirmadas el resto de inclusiones por las entidades informantes, entre ellas POPULAR-E. Se aporta copia del expediente. o 2015/EXPTE.2, relativo al ejercicio del derecho de cancelación. Se respondió mediante escrito de 17/02/2015 en el que se informaba de que se procedía a la baja cautelar de, entre otras, la inclusión informada por NOVUM BANK LIMITED (ante la falta de contestación de la entidad, tras habérsele remitido la solicitud), habiendo sido confirmadas el resto de inclusiones por las entidades informantes, entre ellas POPULAR-E. Se aporta copia del expediente. o 2015/EXPTE.3, relativo al ejercicio del derecho de cancelación. Se respondió mediante escrito de 24/02/2015 en el que se señalaba que las entidades informantes, entre ellas POPULAR-E, habían confirmado la inclusión. Se aporta copia del expediente. o 2015/EXPTE.4, relativo al ejercicio del derecho de cancelación. Se respondió mediante escrito de 27/02/2015 en el que se señalaba que las entidades informantes, entre ellas POPULAR-E, habían confirmado la inclusión. Se aporta copia del expediente. o 2015/EXPTE.5, relativo al ejercicio del derecho de cancelación. Se respondió mediante escrito de 06/03/2015 en el que se informaba de que se procedía a la baja cautelar de, entre otras, las inclusiones informadas por NOVUM BANK LIMITED Y POPULAR-E. Se aporta copia del expediente. o 2015/EXPTE.6, relativo al ejercicio del derecho de cancelación. Se respondió mediante escrito de 23/03/2015 en el que se informaba de que se procedía a la baja cautelar de, entre otras, la inclusión informada por NOVUM BANK LIMITED (ante la falta de contestación de la entidad, tras habérsele remitido la solicitud), habiendo sido confirmada la inclusión informada por POPULAR-E. Se aporta copia del expediente. o 2015/EXPTE.7, relativo al ejercicio del derecho de cancelación. Se respondió mediante escrito de 27/03/2015 en el que se informaba de que POPULAR-E había confirmado la inclusión. Se aporta copia del expediente. o 2015/EXPTE.8, relativo al ejercicio del derecho de cancelación. Se respondió mediante escrito de 24/07/2015 en el que se informaba de que POPULAR-E había confirmado la inclusión. Se aporta copia del expediente. o 2015/EXPTE.9, relativo al ejercicio del derecho de cancelación. Se respondió mediante escrito de 31/07/2015 en el que se informaba de que POPULAR-E había confirmado la inclusión. Se aporta copia del expediente. o 2015/EXPTE.10, relativo al ejercicio del derecho de cancelación. Se respondió mediante escrito de 12/08/2015 en el que se informaba de que POPULAR-E había confirmado la inclusión. Se aporta copia del expediente. En relación a NOVUM BANK LIMITED. C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 4/18 Con fecha 09/06/2015 se solicitó a CASHPER información relativa a D. C.C.C., NIF D.D.D., en relación a la práctica del requerimiento de pago efectuado como paso previo a su inclusión en ficheros de información de solvencia patrimonial y crédito, así como respecto al procedimiento que, en su caso, tenga implementado la entidad para practicar tal requerimiento de pago. De la respuesta recibida, registrada de entrada en la AEPD el 26/06/2015, se desprende la siguiente información de relevancia: - En relación a la dirección de contacto del denunciante que consta en los sistemas de CASHPER, la entidad manifiesta que aquélla es B.B.B.. Se aporta impresión de pantalla al respecto. - CASHPER expone que para la realización de los envíos de las cartas de requerimiento previo de pago utiliza los servicios de una tercera empresa, VALMAR S.L. Se aporta copia contrato para la prestación de servicios suscrito entre CASHPER y VALMAR SL, de fecha 12/02/2013. - CASHPER aporta una copia de un escrito sin fechar remitido al denunciante al domicilio señalado en el primer apartado, en el que se le informa de la existencia de una deuda por valor de 330 €, así como de la posibilidad de inclusión de sus datos en el fichero ASNEF en un plazo de 7 días en caso de impago. Además, CASHPER aporta copia de una tabla que reflejaría los detalles de varios SMS enviados, presuntamente, al cliente, advirtiéndole, entre otros extremos, de la posibilidad de inclusión de sus datos en ASNEF. - CASHPER aporta certificado de fecha 24/06/2015 expedido por VALMAR S.L. en el que se establece que: Que en fecha 16 de febrero de 2015 NOVUM BANK puso a nuestra disposición archivo para el envío de 1119 cartas personalizadas, que fueron puestas a disposición de correos en fecha 16 de febrero de 2015. En dichas cartas se les comunica a los clientes de NOVUM BANK mediante modelo normalizado personalizado, con número de cliente y factura, que serán incluidos en un fichero de ASNEF-EQIJIFAX en caso de no abonar en el plazo indicado la deuda reclamada en la carta. Que no podemos certificar los destinatarios de las misivas de cada envío realizado, ya que una vez impresas las cartas y llevadas a Correos, procedemos al borrado del archivo que nos envía NOVUM BANK, para garantizar la confidencíalidad de los afectados, en cumplimiento de la cláusula cuarta del contrato de prestación de servicios que nos une. CASHPER manifiesta que el 16/02/2015 envió a VALMAR SL 1119 cartas repartidas en 7 archivos pdf. Junto con su escrito CASHPER aporta un pendrive que contiene el archivo “***ARCHIVO.1.pdf”, compuesto por 50 notificaciones similares a la descrita en el apartado anterior, que figura en la página 13 del documento. Junto con el certificado expedido por VALMAR SL se aporta copia de un albarán de entrega en Correos fechado a 17/02/2015, relativo al envío de 1119 cartas por cuenta de SUCREDITO SL. El albarán presenta la correspondiente validación mecánica de Correos. C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid CASHPER manifiesta que “en cuanto a la devolución de las cartas, www.agpd.es sedeagpd.gob.es 5/18 poseemos un apartado postal en Alcobendas en el cual recibimos todas las cartas no entregadas, una vez a la semana vamos a recoger las gavetas con las cartas. Una vez en la oficina un empleado las tramita e intenta localizar a los clientes en los teléfonos proporcionados para preguntar el motivo de la devolución y anotarlo en el expediente correspondiente. En el caso del denunciante, la carta que le fue remitida el 17 de febrero de 2015 NO FUE DEVUELTA”. En relación a BANCO POPULAR-E S.A. Con fecha 09/06/2015 se solicitó a BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. información relativa a D. C.C.C., NIF D.D.D., en relación a la práctica del requerimiento de pago efectuado como paso previo a su inclusión en ficheros de información de solvencia patrimonial y crédito, así como respecto al procedimiento que, en su caso, tenga implementado la entidad para practicar tal requerimiento de pago. De la respuesta recibida, registrada de entrada en la AEPD el 22/06/2015, se desprende lo siguiente: - BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. manifiesta que en sus ficheros no constan los datos del denunciante, aportando al respecto una impresión de pantalla de sus sistemas. Con fecha 11/09/2015 se solicitó a BANCO POPULAR-E S.A. información relativa a D. C.C.C., NIF D.D.D., en relación a la práctica del requerimiento de pago efectuado como paso previo a su inclusión en ficheros de información de solvencia patrimonial y crédito, así como respecto al procedimiento que, en su caso, tenga implementado la entidad para practicar tal requerimiento de pago. El requerimiento de información fue correctamente recibido por la entidad con fecha 17/09/2015, según acredita el correspondiente acuse de recibo, debidamente incorporado al expediente. A fecha presente no consta en el registro de entrada de la AEPD que la entidad haya remitido respuesta alguna>>. TERCERO: En fecha 27 de enero de 2016 la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos acordó iniciar procedimiento sancionador a BANCOPOPULAR-E, S.A. y NOVUM BANK LIMITED por la posible infracción del artículo 4.3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD), en relación con el artículo 29.4 de esa misma norma y en relación también con los artículos 38 y 39 del Reglamento de Desarrollo de la LOPD, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre (en adelante RLOPD); infracción tipificada como grave en el artículo 44.3.

  1. c)de la citada Ley Orgánica, este último de acuerdo con la redacción dada por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. CUARTO: En fecha 2 de marzo de 2016 tuvo entrada en esta Agencia un escrito de la representación de BANCOPOPULAR-E, S.A. en el que se realizaban alegaciones al Acuerdo de inicio más arriba citado, manifestando que el requerimiento previo de pago, de la deuda cierta y exigible, se había llevado a cabo de acuerdo con el procedimiento que tiene dicha entidad establecido, acreditándose este extremo con la documentación aportada. C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 6/18 QUINTO: En fecha 9 de marzo de 2016 tuvo entrada en esta Agencia un escrito de la representación de NOVUM BANK LTD en el que se realizaban alegaciones al Acuerdo de inicio más arriba citado, manifestando que el requerimiento previo de pago, de la deuda cierta y exigible, se había llevado a cabo de acuerdo con el procedimiento que tiene dicha entidad establecido, acreditándose este extremo con la documentación aportada (incluido pent drive USB). De manera subsidiaria, de no considerar acreditado el requerimiento, que se aminore la sanción a imponer de acuerdo con lo establecido en el artículo 45 de la LOPD. SEXTO: En fecha 15 de marzo de 2016 se inició un período de práctica de pruebas por un plazo de treinta días, según lo dispuesto en el artículo 17.1 del Real Decreto 1398/1993 de 4 de agosto, notificándose a las partes interesadas, practicándose las siguientes: Incorporar al expediente del presente procedimiento sancionador, y por tanto dar por reproducida a efectos probatorios, la documentación recabada en las actuaciones previas de inspección (E/00320/2015), consistente en el escrito de denuncia e informes de NOVUM BANK LIMITED de fecha 4 de marzo de 2016 (incluido pendrive), de BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A., del fichero ASNEF-EQUIFAX y de la Inspección de Datos de esta Agencia de fecha 18 de febrero de 2016; así como las alegaciones de BANCOPOPULAR-E, S.A. de fecha 25 de febrero de 2016 y de NOVUM BANK LIMITED de fecha 4 de marzo de 2016 (incluido pendrive) al Acuerdo de inicio citado más arriba. Todo ello con su correspondiente documentación adjunta. SÉPTIMO: Con fecha 3 de mayo de 2016 se formuló propuesta de resolución en el sentido de que: <<PRIMERO: Que por la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos se sancione a la entidad BANCOPOPULAR-E, S.A. con multa de 50.000 € (cincuenta mil euros) por la infracción del artículo 4.3 de la LOPD, en relación con el artículo 29.4 de la misma norma y en relación también con los artículos 38 y 39 del RLOPD; infracción tipificada como grave en el artículo 44.3.
  2. c)de la LOPD y de conformidad con lo establecido en el artículo 45. 2 y 4 de esa misma Ley Orgánica, estos últimos de acuerdo con la redacción dada por la Ley 2/2011. SEGUNDO: Que por la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos se sancione a la entidad NOVUM BANK LIMITED (CASHPER) con multa de 50.000 € (cincuenta mil euros) por la infracción del artículo 4.3 de la LOPD, en relación con el artículo 29.4 de la misma norma y en relación también con los artículos 38 y 39 del RLOPD; infracción tipificada como grave en el artículo 44.3.
  3. c)de la LOPD y de conformidad con lo establecido en el artículo 45. 2 y 4 de esa misma Ley Orgánica, estos últimos de acuerdo con la redacción dada por la Ley 2/2011>>. En su virtud se le notificó cuanto antecede a fin de que en el plazo de quince días hábiles pudiera alegar cuanto considerase en su defensa y presentase los documentos e informaciones que estimase pertinentes ante el Instructor del procedimiento, de acuerdo con el artículo 19.1 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto. En cumplimiento de lo dispuesto en el mencionado precepto, se acompañó una relación de los documentos obrantes en el procedimiento. C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 7/18 OCTAVO: Dicha propuesta de resolución fue notificada en efecto en fecha 5 de mayo de 2016 a BANCOPOPULAR-E, S.A. y a NOVUM BANK LIMITED (CASHPER), concediéndose el citado plazo para formular alegaciones, las cuales fueron presentadas en fechas 30 de mayo de 2016 y 2 de junio de 2016, respectivamente. Se reiteraban los argumentos ya expuestos en anteriores alegaciones (insistiendo en que se había llevado a cabo el oportuno requerimiento previo de pago a la inclusión en ASNEF); solicitando el archivo del expediente por ausencia de infracción alguna y la aplicación del artículo 45.5 de la LOPD, de manera subsidiaria. HECHOS PROBADOS PRIMERO: Que con fechas 27 de febrero y 16 de marzo de 2015 tuvieron entrada en esta Agencia Española de Protección de Datos sendas denuncias de D. C.C.C. en las que vino a manifestar que se había llevado a cabo la inclusión de sus datos de carácter personal en ficheros de solvencia patrimonial y crédito de forma indebida, al realizarse sin requerimiento previo de pago, por parte de las entidades BANCOPOPULAR-E, S.A. y NOVUM BANK LIMITED (CASHPER) (folio 1 y 4). SEGUNDO: Que en el fichero de solvencia patrimonial y crédito ASNEF fue registrada la siguiente incidencia: inclusión de datos personales de D. C.C.C. con fechas de alta el 20 de junio de 2013 y de baja el 5 de marzo de 2015 a instancias de “BANCO POPULAR E.COM” por importe de 3.190,02 € por un producto de tarjetas de crédito en calidad de titular (folio 70) y otra inclusión con fechas de alta el 30 de enero de 2015 y de baja el 17 de febrero de 2015 a instancias de “NOVUM BANK LIMITED” por importe de 330 € por un producto de préstamos personales en calidad de deudor (folio 80). TERCERO: Que las entidades BANCOPOPULAR-E, S.A. y NOVUM BANK LIMITED (CASHPER) por otra parte no ha aportado a esta Agencia Española de Protección de Datos documentación que acredite que llevaran a cabo requerimiento de pago a D. C.C.C. por esas deudas y con carácter previo a la inclusión de sus datos de carácter personal (en concreto nombre, apellidos, domicilio y núm. de DNI) en el fichero de solvencia patrimonial y crédito ASNEF, según se detalla en el punto 2º anterior. FUNDAMENTOS DE DERECHO I Es competente para resolver este procedimiento la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.
  4. g)en relación con el artículo 36 de la LOPD. II C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 8/18 Se imputa a las entidades BANCOPOPULAR-E, S.A. y NOVUM BANK LIMITED (CASHPER) en el presente procedimiento sancionador la comisión de una infracción del artículo 4.3 de la LOPD, que dispone que: “Los datos de carácter personal serán exactos y puestos al día de forma que respondan con veracidad a la situación actual del afectado”. La Directiva 95/46 CE del Parlamento Europeo y del Consejo, que traspone la LOPD, por su parte, establece en su artículo 6. I.
  5. d)que “Los Estados miembros dispondrán que los datos personales sean….
  6. d)exactos, y cuando sea necesario, actualizados. Deberán tomarse todas las medidas razonables para que los datos inexactos o incompatibles, con respeto a los fines para los que fueron recogidos o para los que fueron tratados posteriormente, sean suprimidos o rectificados”, indicando el apartado 6.2 que: “Corresponderá a los responsables del tratamiento garantizar el cumplimiento de los dispuesto en el apartado I”. Por otra parte, el artículo 5 del Reglamento general de protección de datos, Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 94/46/CE, en su apartado 1.
  7. d)establece que los datos personales serán: “exactos y, si fuera necesario, actualizados; se adoptarán todas la medidas necesarias todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación los datos que sean inexactos con respecto a los fines para los se tratan (<<exactitud>>); norma en vigor y aplicable a partir del 25 de mayo de 2018. La obligación establecida en el artículo 4 de la LOPD transcrito impone la necesidad de que los datos personales que se recojan en cualquier fichero sean exactos y respondan, en todo momento, a la situación actual de los afectados, siendo los responsables de los ficheros quienes responden del cumplimiento de esta obligación. El artículo 29 de la LOPD regula por otra parte de forma específica los ficheros establecidos para prestar servicios de información sobre solvencia patrimonial y crédito, y distingue dentro de ellos dos supuestos. En los ficheros en los que se tratan datos de carácter personal relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias los datos son facilitados por el acreedor o por quien actúe por su cuenta o interés. Así, dispone en este sentido, en su apartado 2 el citado artículo: “Podrán tratarse también datos de carácter personal relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias facilitados por el acreedor o por quien actúe por su cuenta o interés. En estos casos se notificará a los interesados respecto de los que hayan registrado datos de carácter personal en ficheros, en el plazo de treinta días desde dicho registro, una referencia de los que hubiesen sido incluidos y se les informará de su derecho a recabar información de la totalidad de ellos, en los términos establecidos por la presente Ley”. Y el punto 4 de este mismo artículo 29 de la LOPD dispone también que: ”Sólo se podrán registrar y ceder los datos de carácter personal que sean determinantes para enjuiciar la solvencia económica de los interesados y que no se refieran, cuando sean adversos, a más de seis años, siempre que respondan con veracidad a la situación actual de aquéllos”. Por su parte, el artículo 37.1 y 3 del RLOPD establece que: “1. El tratamiento de datos de carácter personal sobre solvencia patrimonial y crédito, previsto en el apartado 1 del artículo 29 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, se someterá a lo establecido, con carácter general, en dicha ley orgánica y en el presente reglamento. C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 9/18 (…) 3. De conformidad con el apartado 2 del artículo 29 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, también podrán tratarse los datos de carácter personal relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias facilitados por el acreedor o por quien actúe por su cuenta o interés. Estos datos deberán conservarse en ficheros creados con la exclusiva finalidad de facilitar información crediticia del afectado y su tratamiento se regirá por lo dispuesto en el presente reglamento y, en particular, por las previsiones contenidas en la sección segunda de este capítulo”. De este modo, el artículo 38 del mismo Reglamento de Desarrollo de la LOPD determina que: “1. Sólo será posible la inclusión en estos ficheros de datos de carácter personal que sean determinantes para enjuiciar la solvencia económica del afectado, siempre que concurran los siguientes requisitos:
  8. a)Existencia previa de una deuda cierta, vencida, exigible, que haya resultado impagada (…).
  9. b)Que no hayan transcurrido seis años desde la fecha en que hubo de procederse al pago de la deuda o del vencimiento de la obligación o del plazo concreto si aquélla fuera de vencimiento periódico.
  10. c)Requerimiento previo de pago a quien corresponda el cumplimiento de la obligación. 2. (…). 3. El acreedor o quien actúe por su cuenta o interés estará obligado a conservar a disposición del responsable del fichero común y de la Agencia Española de Protección de Datos documentación suficiente que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en este artículo y del requerimiento previo al que se refiere el artículo siguiente”. Y el artículo 39 del RLOPD, sobre “Información previa a la inclusión”: “El acreedor deberá informar al deudor, en el momento en que se celebre el contrato y, en todo caso, al tiempo de efectuar el requerimiento al que se refiere la letra
  11. c)del apartado 1 del artículo anterior, que en caso de no producirse el pago en el término previsto para ello y cumplirse los requisitos previstos en el citado artículo, los datos relativos al impago podrán ser comunicados a ficheros relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias”. A lo que hay que añadir lo que determina el artículo 43 del RLOPD, en relación con la responsabilidad en la inclusión en ficheros de morosidad: “1. El acreedor o quien actúe por su cuenta o interés deberá asegurarse que concurren todos los requisitos exigidos en los artículos 38 y 39 en el momento de notificar los datos adversos al responsable del fichero común. 2. El acreedor o quien actúe por su cuenta o interés será responsable de la inexistencia o inexactitud de los datos que hubiera facilitado para su inclusión en el fichero, en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre”. En este caso, las entidades BANCOPOPULAR-E, S.A. y NOVUM BANK LIMITED (CASHPER) incorporaron a sus sistemas de información los datos del C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 10/18 denunciante en relación con servicios financieros, en concreto, tarjeta de crédito y préstamo personal, respectivamente. Posteriormente, informaron de unas deudas imputadas por dichos servicios al fichero de morosidad ASNEF sin requerimiento previo de pago al denunciante con advertencia efectiva de la posibilidad de inclusión en caso de impago. En este sentido, con fechas 27 de febrero y 16 de marzo de 2015 tuvieron entrada en esta Agencia sendas denuncias de D. C.C.C. en las que vino a manifestar que se había llevado a cabo la inclusión de sus datos de carácter personal en ficheros de solvencia patrimonial y crédito de forma indebida, al realizarse sin requerimiento previo de pago, por parte de las entidades BANCOPOPULAR-E, S.A. y NOVUM BANK LIMITED (CASHPER) (folio 1 y 4). Recordemos que, en efecto, tal como consta acreditado en el expediente, en el fichero de solvencia patrimonial y ASNEF fue registrada la siguiente incidencia: inclusión de datos personales de D. C.C.C. con fechas de alta el 20 de junio de 2013 y de baja el 5 de marzo de 2015 a instancias de “BANCO POPULAR E.COM” por importe de 3.190,02 € por un producto de tarjetas de crédito en calidad de titular (folio 70) y otra inclusión con fechas de alta el 30 de enero de 2015 y de baja el 17 de febrero de 2015 a instancias de “NOVUM BANK LIMITED” por importe de 330 € por un producto de préstamos personales en calidad de deudor (folio 80). Por otra parte, las entidades BANCOPOPULAR-E, S.A. y NOVUM BANK LIMITED (CASHPER) no ha aportado a esta Agencia documentación suficiente que acredite que llevaran a cabo requerimiento de pago a D. C.C.C. por esas deudas y con carácter previo a la inclusión de sus datos de carácter personal (en concreto nombre, apellidos, domicilio y núm. de DNI) en el fichero de solvencia patrimonial y crédito ASNEF, según se ha detallado anteriormente. Los hechos anteriormente relatados son contrarios al principio de calidad del dato consagrado en el artículo 4.3, en relación con el 29.4, de la LOPD, y en relación también con los artículos 38 y 39 del RLOPD, toda vez BANCOPOPULAR-E, S.A. y NOVUM BANK LIMITED (CASHPER) mantuvierno indebidamente los datos del denunciante en sus propios ficheros en el sentido descrito de ausencia de requerimiento previo de pago a su comunicación al fichero de solvencia ASNEF, sin que dicha inscripción hubiese respondido entonces a su situación de entonces (“actual”), al no cumplir con los requisitos establecidos en la normativa precitada sobre protección de datos de carácter personal. III Consta acreditado en esta Agencia que las entidades asociadas a ficheros de morosidad suministran periódicamente las relaciones de las altas, bajas y modificaciones de los datos de sus clientes para que tales actualizaciones queden registradas en el citado fichero, siendo las entidades informantes las que deciden sobre el alta o la cancelación de los datos de sus clientes del fichero de morosidad. Los datos personales de la persona denunciante son datos que figuran en sus propios ficheros automatizados. Adicionalmente son comunicados al responsable del fichero de solvencia a través de procedimientos que implican un tratamiento automatizado de los datos tratados, cedidos, e incorporados al fichero común de información sobre solvencia patrimonial. La vigente LOPD atribuye la condición de responsables de las infracciones a los responsables de los ficheros (art. 43), concepto C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 11/18 que debe integrarse con la definición que de los mismos recoge el artículo 3.d). Este precepto, innovando respecto de la Ley Orgánica 5/1992, incluye en el concepto de responsable tanto al que lo es del fichero como al del tratamiento de datos personales. Conforme al artículo 3.
  12. d)de la LOPD, el responsable del fichero o del tratamiento es “la persona física o jurídica (...) que decida sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento”. El propio artículo 3 en su apartado
  13. c)delimita en qué consiste el tratamiento de datos, incluyendo en tal concepto las “operaciones o procedimientos técnicos de carácter automatizado o no, que permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo y cancelación, así como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias”. En este sentido se pronunciaba la Audiencia Nacional en su sentencia de 18 de enero de 2006: “Y que duda cabe que la LOPD comprende bajo su régimen sancionador, al que suministra los datos al responsable del fichero, que es quien en realidad sabe la situación en que se encuentra el crédito, si ha sido o no satisfecho, en que condiciones y en que momento ha tenido lugar. En definitiva es el conocedor de la situación de solvencia en que se encuentra el afectado. Y en caso de que se produzca una modificación de dicha situación, debe informar al responsable del fichero para que este refleje con veracidad la situación actual del afectado” Es preciso, por tanto, determinar si en el presente caso la actividad desarrollada por las entidades BANCOPOPULAR-E, S.A. y NOVUM BANK LIMITED (CASHPER) puede subsumirse o no en tales definiciones legales. Y ello tanto es así, puesto que las entidad imputadas trataron automatizadamente en sus propios ficheros los datos relativos al denunciante y a la deuda; datos de los que son responsables conforme al artículo 3.
  14. d)citado. Adicionalmente, se decidió sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento y resolvió autónomamente sobre su incorporación a unos ficheros comunes de solvencia patrimonial y crédito. Dicha comunicación se realizó, a mayor abundamiento, mediante un procedimiento que implicaba un tratamiento automatizado de datos cuyo destino era, a su vez, un tratamiento automatizado por parte de los responsables de los ficheros de solvencia, siendo dados de alta al culminar el proceso descrito. De lo expuesto se deduce que las entidades imputadas han sido responsables del tratamiento de datos de la persona denunciante en sus propios ficheros, de su comunicación a través de tratamientos automatizados al responsable del fichero común y de que el tratamiento automatizado de la información relativa a la denunciante no responda a los principios de calidad de datos recogidos en el artículo 4.3 de la LOPD (exigencia de que los datos sean exactos y respondan a la situación actual de los afectados). Conforme a lo expuesto, dichas entidades no se han limitado a transmitir la información al responsable del fichero común sobre solvencia patrimonial, sino que se ha tratado automatizadamente los datos de solvencia en sus propios ficheros, los ha comunicado a través de tratamientos automatizados al fichero común, y, particularmente, ha decidido sobre la finalidad del tratamiento (la calificación en sus ficheros como deudor), el contenido de la información (una supuesta deuda), y el uso del tratamiento (la incorporación a un fichero común de información sobre solvencia patrimonial y crédito, al que pueden acceder terceras entidades para realizar una evaluación o perfil económico de las personas incorporadas al mismo). Todo ello, sin que los datos mantenidos en los ficheros de las entidades BANCOPOPULAR-E, S.A. y NOVUM BANK LIMITED (CASHPER) respondiera a la C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 12/18 situación actual del denunciante, pues estas entidades incluyeron sus datos personales en ASNEF sin el preceptivo requerimiento previo de pago ni advertencia efectiva al momento de realizarse de que podía producirse dicha inclusión como moroso. Esto supone una vulneración del principio de calidad del dato del que deben responder las entidades BANCOPOPULAR-E, S.A. y NOVUM BANK LIMITED (CASHPER) por ser responsables de la veracidad y calidad de los datos existentes en sus ficheros y de los que suministra para que se incluyan y mantengan en el fichero de solvencia patrimonial y crédito. La conclusión, que se desprende de los hechos y fundamentos de derecho expuestos, es que las entidades BANCOPOPULAR-E, S.A. y NOVUM BANK LIMITED (CASHPER) son responsables de la infracción del principio de calidad del dato, recogido en el artículo 4.3 de la LOPD, en relación con el 29.4 de la misma norma y en relación también con los artículos 38 y 39 del RLOPD, y en los términos del artículo 43, en relación con el artículo 3, apartados
  15. c)y d), también de la citada Ley Orgánica. IV El artículo 44.3.
  16. c)de la LOPD establece como infracción grave: “Tratar datos de carácter personal o usarlos posteriormente con conculcación de los principios y garantías establecidos en el artículo 4 de la presente Ley y las disposiciones que lo desarrollan, salvo cuando sea constitutivo de infracción muy grave”. La Agencia Española de Protección de Datos como ya se ha indicado más arriba ha resuelto numerosos procedimientos sancionadores por incumplimiento de calidad de datos en relación con ficheros de morosidad, tanto por alta improcedente por ser una deuda incierta o por mantener los mismos una vez abonada la deuda (requisito material: exactitud del dato) o por una deuda no requerida previamente de pago por el acreedor al deudor (requisito formal: requerimiento previo), como se trata en el presente caso. Por su parte, la Audiencia Nacional decía en su sentencia de fecha 16 de febrero de 2001: “Vista la conducta de la hoy actora, cabe apreciar que ha hecho uso de unos datos relativos a la insolvencia de una persona, conculcando los principios y garantías establecidas en la Ley (…) concretamente el de la certeza de los datos, que deben ser exactos, de forma que respondan con veracidad a la situación real del afectado, como exige su artículo 4.3 (…) ha de decirse que la inclusión equivocada o errónea de una persona en el registro de morosos, es un hecho de gran trascendencia de la que se pueden derivar consecuencias muy negativas para el afectado, en su vida profesional, comercial e incluso personal, que no es necesario detallar. En razón de ello, ha de extremarse la diligencia para que los posibles errores no se produzcan”. No olvidemos que se trata de algo muy importante: fichar a ciudadanos como morosos. Es criterio compartido que aquél que utiliza un medio extraordinario de cobro, como es el de inclusión en registros de morosos, debe garantizar el cumplimiento de todos los requisitos materiales y formales ya vistos, y así permitir el empleo de este modo accesorio para conseguir el cobro de la deuda. No aplicar estas exigencias supondría, por lo contrario, utilizar este medio de presión al ciudadano sin las suficientes garantías mínimas para los titulares de los datos personales objeto de anotación en los ficheros de solvencia patrimonial y crédito. Tanto es así que el Tribunal Supremo considera “intromisión ilegítima en el derecho al honor” acudir a este medio de presión, pues “la inclusión en los registros de C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 13/18 morosos no puede ser utilizada por las grandes empresas para buscar el cobro de las cantidades que estimen pertinentes, amparándose en el temor al descrédito personal y menoscabo de su prestigio profesional y denegación a acceso al sistema crediticio” (SSTS. 176/2013 de 6 de marzo y 12/2014 de 22 de enero). El principio de calidad del dato, por lo tanto, se configura como principio básico en materia de protección de datos, y así se recoge en numerosas sentencias de la Audiencia Nacional, que excusa cita. No obstante, dadas las alegaciones realizadas y la documentación aportada, es obligado incidir en algunos aspectos concretos. Así, la sentencia de 23 de mayo de 2007, que ha venido a decir que el requerimiento debe expresar “el concepto y el importe de la deuda determinante de la remisión de los datos al fichero de solvencia patrimonial”. Asimismo, añadir que tal comunicación serviría para que el afectado “conozca la existencia de la deuda vencida y exigible y la posibilidad de ser incluido en un ficheros de morosos en el supuesto de no hacerla efectiva” (sentencia de fecha 31 de mayo de 2013, rec.392/2011). En cuanto al rigor de la inclusión, a su vez, esa sentencia de 23 de mayo de 2007 citada anteriormente , por todas, ha manifestado que “es esta falta de diligencia lo que configura el elemento culpabilístico de la infracción administrativa y resulta imputable a la recurrente. Debemos insistir que comprobar la exactitud del dato, es decir, de la insolvencia que se pretende registrar coincide con una cantidad debida es una circunstancia que ha de hacerse previamente y de modo riguroso antes de enviar los datos de una persona a un fichero de responsabilidad patrimonial”. De igual modo, indicar que no es posible hablar “técnicamente de deudor moroso”, en palabras de la Audiencia Nacional, hasta el momento en que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1100 del Código Civil, el acreedor necesariamente exija el cumplimiento de la obligación en cuestión a aquél de forma judicial o extrajudicial y con ello se produzca la situación de mora. La inclusión como moroso del denunciante en ASNEF en consecuencia debería de haberse realizado con todo rigor por la entidad imputada para salvaguardar la veracidad de la información a transmitir a los ficheros de solvencia económica que la Ley Orgánica y su Reglamento exigen. Es importante en este caso la determinación en consecuencia de si se realizó o no el preceptivo requerimiento previo de pago antes de la inclusión en el fichero de morosidad con los requisitos formales que exige la normativa sobre protección de datos de carácter personal. Recordemos lo que dice a este respecto la Audiencia Nacional: “la carga de acreditar la comunicación corre a cuenta del que comunica los datos al fichero (…) La solución contraria, presumiendo cumplida la exigencia del requerimiento previo con la mera alegación de que el mismo se envió, supondría vaciar de contenido dicha intimación legal y reglamentariamente impuesta, pues bastaría con la simple afirmación de su existencia para que hubiera de entenderse realizada. Con tal proceder se privaría a los interesados del conocimiento y, en su caso, de la posibilidad de formular reparos a la exactitud, o no, del dato personal que va a acceder al fichero de responsabilidad patrimonial, que es precisamente la finalidad del principio que se pretende salvaguardar” (sentencia de 19 de septiembre de 2007). Por ello, y seguimos con la misma sentencia, es necesario exigir que el requerimiento se haga “de manera que se tenga constancia de su recepción por los C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 14/18 destinatarios, pues la exhibición de una carta, en relación con las cuales no consta ya su recepción sino, ni siquiera, su envío, no permite tener por cumplida la citada exigencia” (para el presente caso concreto por las cartas aportadas). O esta otra: “Se ha acreditado que existe un procedimiento estandarizado y automático de envío de cartas y requerimientos de pago a los deudores para reclamar el cumplimiento de las obligaciones de pago tan pronto se produce el incumplimiento. Sin embargo, la existencia del procedimiento no constituye prueba de que en este caso concreto se haya producido la efectiva remisión y recepción por el destinatario” (sentencia de fecha 20 de octubre de 2009, Recurso 225/2009). Finalizar con la sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 13 de diciembre de 2013, que añade que “no hay constancia de la recepción por parte del denunciante de los requerimientos de pago que le fueron enviados” (Rec. núm. 350/2012); reiterando en consecuencia que, en cualquier caso, en el presente caso concreto, la documentación aportada no acredita siquiera el envío efectivo de esas cartas. En resumen, no existe documentación suficiente en el expediente que acredite la realización del requerimiento previo de pago al denunciante por parte de las entidades imputadas con anterioridad a la inclusión en ficheros de morosidad, pues de la carta citada no consta acreditado su recepción o siquiera su envío efectivo; ello en sintonía con la doctrina fijada por la propia Audiencia Nacional que se ha citado más arriba. Por lo tanto, las entidades BANCOPOPULAR-E, S.A. y NOVUM BANK LIMITED (CASHPER) han incurrido en la infracción descrita, ya que el principio de la calidad del dato es básico del derecho fundamental a la protección de datos. La entidad mencionada ha tratado los datos del denunciante infringiendo tal principio, lo que supone una vulneración del artículo 4.3, en relación con el 29.4, ambos de la LOPD, y en relación también con su desarrollo reglamentario, conducta que encuentra su tipificación en el artículo 44.3.
  17. c)de la citada Ley Orgánica. V El artículo 45 de la LOPD, en sus aparatados 2 a 5, establece, según también la nueva redacción dada por la Ley 2/2011, que: «2. Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 40.001 a 300.000 euros. 3. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 300.001 a 600.000 euros. 4. La cuantía de las sanciones se graduará atendiendo a los siguientes criterios:
  18. a)El carácter continuado de la infracción.
  19. b)El volumen de los tratamientos efectuados.
  20. c)La vinculación de la actividad del infractor con la realización de tratamientos de datos de carácter personal.
  21. d)El volumen de negocio o actividad del infractor.
  22. e)Los beneficios obtenidos como consecuencia de la comisión de la infracción.
  23. f)El grado de intencionalidad. C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 15/18
  24. g)La reincidencia por comisión de infracciones de la misma naturaleza.
  25. h)La naturaleza de los perjuicios causados a las personas interesadas o a terceras personas.
  26. i)La acreditación de que con anterioridad a los hechos constitutivos de infracción la entidad imputada tenía implantados procedimientos adecuados de actuación en la recogida y tratamiento de Ios datos de carácter personal, siendo la infracción consecuencia de una anomalía en el funcionamiento de dichos procedimientos no debida a una falta de diligencia exigible al infractor.
  27. j)Cualquier otra circunstancia que sea relevante para determinar el grado de antijuridicidad y de culpabilidad presentes en la concreta actuación infractora. 5. El órgano sancionador establecerá la cuantía de la sanción aplicando la escala relativa a la clase de infracciones que preceda inmediatamente en gravedad a aquella en que se integra la considerada en el caso de que se trate, en los siguientes supuestos:
  28. a)Cuando se aprecie una cualificada disminución de la culpabilidad del imputado o de la antijuridicidad del hecho como consecuencia de la concurrencia significativa de varios de los criterios enunciados en el apartado 4 de este artículo.
  29. b)Cuando la entidad infractora haya regularizado la situación irregular de forma diligente.
  30. c)Cuando pueda apreciarse que la conducta del afectado ha podido inducir a la comisión de la infracción.
  31. d)Cuando el infractor haya reconocido espontáneamente su culpabilidad.
  32. e)Cuando se haya producido un proceso de fusión por absorción y la infracción fuese anterior a dicho proceso, no siendo imputable a la entidad absorbente.» El nuevo apartado 5 del artículo 45 de la LOPD deriva del principio de proporcionalidad de la sanción y permite establecer "la cuantía de la sanción aplicando la escala relativa a la clase de infracciones que preceda inmediatamente en gravedad a aquella en que se integra la considerada en el caso de que se trate", pero para ello es necesario la concurrencia de, o bien una cualificada disminución de la culpabilidad el imputado, o bien de la antijuridicidad del hecho, o bien de alguna otra de las circunstancias que el mismo precepto cita. Las citadas circunstancias no se dan en el presente caso, lo que impide apreciar la existencia de motivos para la aplicación de la facultad contemplada en el artículo 45.5, debido, por un lado, a que no obra en el expediente ningún elemento que lleve a apreciar la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas del referido artículo y, por otro, a la especial diligencia y conocimiento de la normativa de protección de datos que se ha de exigir a las entidades profesionales cuando, como ocurre con la entidad imputada, el tratamiento de datos personales constituye parte habitual y esencial de su actividad. Las empresas que por su actividad están habituadas al tratamiento de datos personales deben ser especialmente diligentes y cuidadosas al realizar operaciones con ellos y deben optar siempre por la interpretación más favorable a la salvaguarda del derecho fundamental a la protección de datos (como de forma reiterada sostiene la Audiencia Nacional, entre otras en sentencia de 26 de noviembre de 2008). En este sentido, y al tratarse del incumplimiento de un requisito formal, indicar asimismo que, de acuerdo con lo que al respecto manifiesta esa Audiencia Nacional, C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 16/18 cabría la aplicación de dicho apartado 5 del artículo 45 de la LOPD si se dieran los presupuestos fácticos contemplados, que no es el caso, como la existencia y exactitud de la deuda con la baja de los datos del afectado en los ficheros de morosidad ante la primera reclamación formulada (sentencia de fecha 10 de mayo de 2012), la falta de intencionalidad de la entidad sancionada en su conducta por el hecho de que el afectado conozca la existencia de la deuda pendiente y la falta de perjuicios para él al haberse renegociado la deuda (sentencia de fecha 23 de julio de 2012) o la regularización de la irregularidad de forma diligente (sentencia de fecha 20 de septiembre de 2012), pero como ya se ha indicado no se dan estas circunstancias en el presente caso. Por lo que respecta a los criterios de graduación de las sanciones que contempla el artículo 45.4 de la LOPD, hay que considerar que en el presente caso concreto están presentes varias circunstancias que operan como agravantes, a saber: 1. En relación con el carácter continuado de la infracción (apartado 4.a), y según doctrina reiterada de la Audiencia Nacional al respecto, los datos personales del denunciante fueron incluidos, sin justificación legal para ello, en un fichero de morosidad, ASNEF, desde el 20 de junio de 2013 al 14 de agosto de 2015 en el caso de BANCOPOPULAR-E (folios 70, 76 y 78) y desde el 26 de junio de 2014 al 20 de junio de 2015 en el caso de NOVUM BANK(folios 80, 82, 84, 86, 88 y 90). 2. Por la vinculación de la actividad del infractor con la realización de tratamientos de carácter personal (apartado 4.c), pues la actividad empresarial de las entidades imputadas exige un continuo tratamiento de datos de carácter personal, tanto de sus clientes como de terceros, que se traduce en un deber de extremar la diligencia a fin de garantizar una tutela efectiva del derecho fundamental que nos ocupa. La sentencia de la Audiencia Nacional de 17 de octubre de 2007 (Rec. 63/2006) exige a estas entidades que observen un adecuado nivel de diligencia, e indica a este respecto: “….el Tribunal Supremo viene entendiendo que existe imprudencia siempre que se desatiende un deber legal de cuidado, es decir, cuando el infractor no se comporta con la diligencia exigible. Y en la valoración del grado de diligencia ha de ponderarse especialmente la profesionalidad o no del sujeto, y no cabe duda de que, en el caso ahora examinado, cuando la actividad de la recurrente es de constante y abundante manejo de datos de carácter personal ha de insistirse en el rigor y el exquisito cuidado por ajustarse a las prevenciones legales al respecto”. 3. En relación con el grado de intencionalidad (apartado 4.f), recordar con la Audiencia Nacional en su sentencia de 12 de noviembre de 2007 (Rec 351/2006), el siguiente criterio: “Cuando concurre una falta de diligencia, como aquí acontece, existe culpabilidad y la conducta merece sin duda un reproche sancionador sin que el hecho de que no exista actuación dolosa deba conllevar necesariamente una disminución aún mayor de la sanción cuando ésta ha sido impuesta en su grado mínimo”. Por tal razón, si bien es cierto que no es posible sostener en el presente caso que la entidad hubiera actuado intencionadamente o con dolo, no cabe ninguna duda de que incurrió en una grave falta de diligencia. Extremo este que se evidencia del relato de hechos probados, que pone de manifiesto que las entidades procedieron a informar a los ficheros de solvencia sin requerimiento previo de pago pese a la alegación de que existía el oportuno procedimiento establecido para ello (folios 252 a 354). 4. En lo que respecta a la falta de perjuicios causados al denunciante (apartado 4.h), y en relación con la importancia de la inclusión y mantenimiento de los datos C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 17/18 personales en ficheros de morosidad, el tema ha sido tratado en numerosas sentencias por parte de la Audiencia Nacional. Así, reiterar la doctrina que en la sentencia dictada el 16 de febrero de 2002 (recurso 1144/1999), por todas, se recoge: “... la inclusión equivocada o errónea de una persona en el registro de morosos, es un hecho de gran trascendencia de la que se pueden derivar consecuencias muy negativas para el afectado, en su vida profesional, comercial e incluso personal, que no es necesario detallar. En razón a ello, ha de extremarse la diligencia para que los posibles errores no se produzcan, ...”. Y hay que reiterar que en todo caso en ASNEF estuvieron incluidos los datos del denunciante durante un año en el caso de BANCOPOPULAR-E (dado que la inclusión inicial se hizo por el acreedor original, folios 70, 76 y 78) y también durante dos años en el caso de NOVUM BANK (folios 80, 82, 84, 86, 88 y 90). 5. Por las medidas adoptadas (apartado 4.i), no se acredita que en los hechos concretos se hubieran tomado ninguna medida, que de haberse producido, habría evitado los hechos como el denunciado. Por todo ello, procede imponer una multa cuyo importe se encuentre entre 40.001 € y 300.000 €, en aplicación de lo previsto en el apartado 2 del citado artículo 45, al tener la infracción imputada la consideración de grave en cualquier caso. En el presente caso, por tanto, teniendo en consideración estos criterios de graduación de las sanciones establecidos en el artículo 45.4, en particular, el carácter continuado de la infracción (apartado 4.a), la vinculación de la actividad de la entidad infractora con la realización de tratamientos de datos de carácter personal (apartado 4.c), el grado de intencionalidad (apartado 4.f), el perjuicio causado (apartado 4.
  33. h)y en relación con las medidas adoptadas (aparado 4.i), procede imponer sendas multas de cuantía muy próxima al mínimo de 50.000 € a las entidades BANCOPOPULAR-E, S.A. y NOVUM BANK LIMITED (CASHPER) por las respectivas infracciones cometidas. Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación: La Directora de la Agencia Española de Protección de Datos RESUELVE: PRIMERO: IMPONER a la entidad BANCOPOPULAR-E, S.A. multa de 50.000 € (cincuenta mil euros) por la infracción del artículo 4.3 de la LOPD, en relación con el artículo 29.4 de la misma norma y en relación también con los artículos 38, 39 y 43 del RLOPD; tipificada como grave en el artículo 44.3.
  34. c)de dicha norma y de conformidad con lo establecido en el artículo 45. 2 y 4 de esa misma Ley Orgánica, estos últimos de acuerdo con la redacción dada por la Ley 2/2011. SEGUNDO: IMPONER a la entidad NOVUM BANK LIMITED multa de 50.000 € (cincuenta mil euros) por la infracción del artículo 4.3 de la LOPD, en relación con el artículo 29.4 de la misma norma y en relación también con los artículos 38, 39 y 43 del RLOPD; tipificada como grave en el artículo 44.3.
  35. c)de dicha norma y de conformidad con lo establecido en el artículo 45. 2 y 4 de esa misma Ley Orgánica, estos últimos de acuerdo con la redacción dada por la Ley 2/2011. TERCERO: NOTIFICAR la presente Resolución a BANCOPOPULAR-E, S.A., a NOVUM BANK LIMITED y a D. C.C.C.. C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 18/18 CUARTO: Advertir al sancionado que la sanción impuesta deberá hacerla efectiva en el plazo de pago voluntario que señala el artículo 68 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, en relación con el art. 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, mediante su ingreso en la cuenta restringida nº ES00 0000 0000 0000 0000 0000 abierta a nombre de la Agencia Española de Protección de Datos en el Banco CAIXABANK, S.A. o en caso contrario, se procederá a su recaudación en período ejecutivo. Si recibe la notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, ambos inclusive, el plazo para efectuar el pago voluntario será hasta el día 20 del mes siguiente o inmediato hábil posterior, y si recibe la notificación entre los días 16 y último de cada mes, ambos inclusive, el plazo del pago será hasta el 5 del segundo mes siguiente o inmediato hábil posterior. De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 37 de la LOPD, en la redacción dada por el artículo 82 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, la presente Resolución se hará pública, una vez haya sido notificada a los interesados. La publicación se realizará conforme a lo previsto en la Instrucción 1/2004, de 22 de diciembre, de la Agencia Española de Protección de Datos sobre publicación de sus Resoluciones y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 116 del RLOPD. Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa (artículo 48.2 de la LOPD), y de conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición ante la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de esta resolución, o, directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto, según lo previsto en el artículo 46.1 del referido texto legal. Mar España Martí Directora de la Agencia Española de Protección de Datos C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es

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