PS-00044-2022

1/30  Expediente N.º: EXP202103904 RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR Del procedimiento instruido por la Agencia Española de Protección de Datos y en base a los siguientes ANTECEDENTES PRIMERO: A.A.A. (en adelante, la parte reclamante) con fecha 1 de septiembre de 2021 interpuso reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. La reclamación se dirige contra el AYUNTAMIENTO DE ZAMORA con NIF P4930500F (en adelante, el AYUNTAMIENTO). Los motivos en que basa la reclamación son los siguientes: El día 1 de Septiembre de 2021, D. B.B.B., ***PUESTO.1 (…), ha utilizado el sistema Gestiona para difundir una comunicación que incluye el texto completo del Decreto de Alcaldía ***DECRETO.1. Dicho decreto dispone expresamente que se comunique exclusivamente a la parte reclamante y a Dª C.C.C., como parte en el procedimiento judicial de que deriva. El decreto se ha trasladado a un grupo de más de 30 personas, sin hacer referencia alguna al carácter reservado de los datos contenidos en el mismo, ni garantizar, como es obligación de su cargo, que los mismos no trasciendan al exterior del grupo de responsables. En el decreto difundido se hace referencia expresa a un informe médico forense sobre la parte reclamante, en el que se incluyen (…): “(…): (…)” Reitera nuevamente datos de salud: “igualmente se deben analizar para encontrar una solución (…)” Asimismo, se hace referencia a procedimientos judiciales a los que la parte reclamante ha acudido en defensa de sus derechos funcionariales: “A juicio, igualmente, de este (…), para el adecuado cumplimiento de la Sentencia, el (…) debe encontrar una explicación técnica para a continuación, igualmente, encontrar una solución al problema evidente que existe en el Ayuntamiento y que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Zamora residencia la obligación de la resolución en (…). Podemos citar a título de ejemplo y no exhaustivo los siguientes expedientes electrónicos: (…) …” Finalmente, se le hace pública imputación de infracción a la Ley de Protección de Datos por realizar el seguimiento de los expedientes fundamentales durante su última C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeagpd.gob.es 2/30 baja, (…), llegando a afirmar que ha retrasado su recuperación, cuando la duración prevista de la baja (…). Junto a la notificación se aporta: -Documento de comunicación interna de ***DEPARTAMENTO.1 del AYUNTAMIENTO (Expte. (…) dirigido a los Jefes de Servicio, dando traslado del Decreto del Sr. Alcalde del AYUNTAMIENTO, expte. (…), en el que consta informe de ***DEPARTAMENTO.1 sobre ejecución de sentencia número (…) del TSJ de Castilla y León, de 7 de mayo, y auto de aclaración de la misma de 11/XX/20XX. - Dictamen y Resolución de (…) de la parte reclamante, emitido por la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Zamora. SEGUNDO: De conformidad con el artículo 65.4 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante LOPDGDD), se dio traslado de dicha reclamación al AYUNTAMIENTO, para que procediese a su análisis e informase a esta Agencia en el plazo de un mes, de las acciones llevadas a cabo para adecuarse a los requisitos previstos en la normativa de protección de datos. El traslado, que se practicó conforme a las normas establecidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPACAP), fue recogido en fecha 03/11/2021 como consta en el acuse de recibo que obra en el expediente. Con fecha 22/11/2021 se recibe en esta Agencia escrito de respuesta indicando: “Uno.- Con registro de entrada del día 15 de septiembre de 2021, el ***PUESTO.2, Sr. A.A.A., presenta instancia resaltando los siguientes aspectos: Que le consta en el sistema de administración electrónica del Ayuntamiento de Zamora “Gestiona”, en varios expedientes figura documentación que contiene datos de carácter personal y muy íntimo de este funcionario, que, conforme a la LOPD sólo pueden ser utilizados para aquellos motivos para los que se hubieran facilitado a la Administración por el interesado o por la Autoridad competente. Y a continuación refiere los preceptos de la Ley Orgánica de Protección de Datos junto con el Reglamento de la UE en que se basa su petición, concluyendo que, en su opinión, se permite constatar que el uso de los documentos efectuado por el Ayuntamiento no se encuentra amparado en ninguna causa legal por lo que: PRIMERO: Solicita que se proceda en legal imperativo plazo de un mes a suprimir del sistema de Administración electrónica GESTIONA 1-Informe de XX/XX/2018 emitido por la Subdirección de Zamora del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de León y Zamora, emitido en diligencias previas (…) del Juzgado de Instrucción (…) de Zamora, en las que el Ayuntamiento de Zamora no era parte 2-Auto XXX/2018 reseñado en procedimiento indicado en que se realizan determinadas apreciaciones subjetivas relativas a mi persona. SEGUNDO: Que se abstengan de incorporar al sistema o, de haberse incorporado ya, se proceda a suprimir, en el mismo plazo, mi expediente (…) y C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeagpd.gob.es 3/30 su documentación adjunta, incluido (…) por la Universidad de Salamanca, pudiendo incorporar exclusivamente la resolución de valoración descausalizada, con la debida reserva, e impidiendo su utilización para fines ilícitos como los sucedidos con anterioridad señalados en este escrito. TERCERO: Que se me comunique la identidad del responsable y del encargado de tratamiento de datos en el Ayuntamiento de Zamora, a los efectos legales oportunos. Dos.- La documentación a la que se refiere básicamente el Sr. A.A.A., tiene su reflejo fundamental en el contrato “Expediente Electrónico” que el Ayuntamiento tiene contratado con la empresa esPublico y que figuran, básicamente, con las signaturas (…) y (…) que traen su causa en el ejercicio del derecho de defensa en el juzgado de lo contencioso administrativo, en el primer caso y una denuncia, por el Sr. ***PUESTO.2, por violación de derechos fundamentales, propiciados, a juicio del reclamante, por la Institución municipal, en el segundo supuesto. Tres.- Igualmente, la documentación a la que se refiere el Sr. A.A.A. figura en el expediente (…). Y trae su causa en la protección de la salud y la salud laboral del Sr.***PUESTO.2, pero también de otros funcionarios como la ***PUESTO.3. Este expediente a su vez está íntimamente relacionado con el (…). Cuatro.- Y estos expedientes descritos (…), a su vez están íntimamente relacionados con los expedientes entre otros (…); (…); (…); (…); (…); (…); (…); (…); (…); (…); (…); (…); (…) y otros en relación inducida como: (…); (…); (…); (…); (…); (…); (…); (…); (…); (…); (…); (…); (…); (…); (…); (…); (…); (…); (…); (…); (…); (…) y (…). Todos estos expedientes están relacionados, en un gran número de ellos, con una relación directa en el conflicto que mantiene el Sr.***PUESTO.2, no sólo con el Ayuntamiento y sus gestores, sino también con funcionarios, al entender el solicitante de ***PUESTO.2, que está siendo atropellado en sus derechos fundamentales y laborales hasta el punto de haberse prolongado este conflicto durante años, sin que se haya encontrado, hasta el momento de redactar este informe una solución integradora de todos los derechos e intereses legítimos en liza, pero que están poniendo en grave riesgo, a juicio de ***DEPARTAMENTO.1, el correcto funcionamiento del Ayuntamiento, como referiremos a continuación. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA I.- Introducción 1.- Para resolver el asunto que se nos plantea debemos referirnos a la Ley Orgánica de Protección de Datos, en lo sucesivo LOPD, Ley 3/2018, de 5 diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. Y en íntima relación el Reglamento UE 216/679. Además, indudablemente, se debe tener en cuenta el Real Decreto consolidado 3/2010, de 8 de enero, por el que se Regula Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica, sin olvidar tampoco el Real Decreto consolidado 4/2010, de 8 de enero, que Regula el Sistema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica y, por supuesto, el Real Decreto 203/2021, 30 de marzo, que Regula el Reglamento de Actuación y Funcionamiento del Sector Público por Medios Electrónicos. También, y por lo que se refiere a la Administración Electrónica, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeagpd.gob.es 4/30 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, junto con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público. 2.- A la vista de estos preceptos, podemos sentar como realidad incuestionable los siguientes principios acudiendo a los preámbulos de los preceptos legales aludidos: A.- Internet se ha convertido en una realidad omnipresente tanto en nuestra vida personal como colectiva. B.- La transformación digital es una realidad en nuestro desarrollo presente y futuro. C.- El responsable del tratamiento de datos personales, debe ponderar la medida que se adopte desde la óptica de la responsabilidad activa, que supone valorar el riesgo que pudiera generar el tratamiento en cada caso concreto, de ahí que adquiera especial relevancia la autorregulación y donde la Agencia Española de Protección de Datos, con su interpretación jurídica, indudablemente debe tener una importancia fundamental, en este caso para la Institución municipal; también en la resolución de conflictos que puedan producirse en los temas del tratamiento de datos personales que constituye la base del presente informe. D.- Y la Ley 39/2015, la Ley 40/2015, con el R.D.203/2021 sientan los principios en los que efectivamente la tramitación electrónica de los procedimientos debe constituir la actuación habitual de las administraciones públicas y no sólo una forma especial de gestión de los mismos; es decir, queda perfectamente consolidado el que la Administración Pública, en este caso el Ayuntamiento de Zamora, debe actuar por medios electrónicos. Y para este cometido, y para garantizar la seguridad en los tratamientos, cohonestada con la transparencia, corresponde al Estado esta regulación. Y para ejercer esta función debe jugar un papel relevante las empresas privadas acreditadas por la propia Administración, como sucede en el caso concreto en el Ayuntamiento de Zamora con la empresa esPúblico. E1.- Con la entrada en vigor de la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, Ley Orgánica de Protección de Datos, que modifica la Ley 39/2015, el consentimiento ya no constituye base jurídica para el tratamiento de los datos personales, sin perjuicio que el interesado afectado pueda ejercer el derecho de oposición. E2.- El responsable y el encargado del tratamiento puede actuar con los datos personales sin consentimiento del afectado de manera lícita, leal y transparente, cuando en esta función proactiva, que le reconoce la Ley y el Reglamento de Protección de Datos, lo hiciere amparado en normas legitimadoras, cohonestando en ese proceso intelectivo:

1. a)Que esta actuación sea necesaria para la satisfacción del interés legítimo, perseguido por el responsable del tratamiento, pero también por terceros interesados.
2. b)Y que, en consecuencia, producto de esta ponderación, sea necesario no que se conculquen los derechos y libertades fundamentales de los interesados, sino simplemente que se desplacen para los casos concretos y singulares suficientemente ponderados y equilibrados. F.- Principio de Confidencialidad y Secreto Profesional: 1.- Los responsables y encargados del tratamiento de datos, así como todas las personas que intervengan en cualquier fase de éste, estarán sujetas al deber de confidencialidad. 2.- Esta confidencialidad es complementaria de los deberes de su secreto profesional tanto de los responsables encargados y demás servidores de los tratamientos de datos de carácter personal. II.- APLICACIÓN JURÍDICA AL CASO QUE SE NOS PRESENTA C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeagpd.gob.es 5/30 Uno.- El Ayuntamiento de Zamora en cumplimiento de las normas antes descritas, desde el año 2017, todos los expedientes de esta Institución municipal se vertebran a través del expediente electrónico en la plataforma “Gestiona”, acreditado a través de la empresa esPublico. Y en el desarrollo de los principios de la legislación de protección de datos, estos instrumentos de seguridad e interoperabilidad y protección de datos personales garantizando la transparencia, junto con el Ayuntamiento de Zamora, lo está llevando a cabo la referida empresa. Y con las adaptaciones que el propio Estado viene regulando a través del art. 149,1,18 de la Constitución Española el expediente electrónico de la plataforma “Gestiona” de esPublico, a nuestro entender, se viene aplicando en los estándares de calidad que regula el Real Decreto consolidado 3/2010, de 8 de enero, para garantizar la seguridad en el ámbito del Ayuntamiento de Zamora, al igual que aplicando el Real Decreto 4/2010, en lo referido a la “interoperabilidad”. En definitiva, y como Primera Conclusión, esta ***DEPARTAMENTO.1 refiere que el Ayuntamiento de Zamora a través del expediente electrónico plataforma Gestiona con la empresa esPublico, se ajusta también al Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, que Regula el Funcionamiento del Sector Público por medios electrónicos. Dos.- Sentada la actuación conforme a las normas de utilización de Internet como realidad omnipresente, tanto en nuestra vida personal como colectiva, que refiere el preámbulo de la LOPD y que cumpliendo con la Ley 39/2015 (LPACAP) y la Ley 40/2015 (LRSP), que consagra la tramitación electrónica de los procedimientos de las administraciones públicas, y no solamente una forma de gestión especial de los mismos, que refiere el Real Decreto 203/2021, procede en este caso analizar si la actuación llevada a cabo por el Ayuntamiento en el tratamiento de datos personal del Sr. ***PUESTO.2, Sr. A.A.A., puede calificarse como tratamiento ilícito o, por el contrario, se ha efectuado un tratamiento de manera lícita, leal, transparente y ponderada en función de las potestades legales que atribuyen al responsable del Ayuntamiento y también, al resto de los servidores públicos en el tratamiento de estos datos personales. Y en este sentido nos pronunciamos a continuación, a saber: A.- Queda sentado en la introducción de este informe de un conflicto permanente del Sr. A.A.A. con la Institución municipal, sus representantes y también con los servicios de esta Institución, que ha llevado a una cantidad muy relevante de conflictos en el ámbito penal, en el ámbito contencioso-administrativo, y en el ámbito administrativo, en los que se han visto afectados, además de la Institución municipal, las personas físicas que la representan y los servidores públicos que la sirven. B.- El empleo de los datos personales del Sr. A.A.A., ha tenido como objeto fundamental, el motivar por el (…) de la Institución, la defensa de los intereses municipales, fundamentalmente en la denuncia de violación de derechos fundamentales llevados a cabo por el Sr.***PUESTO.2 ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo y cuya motivación ha quedado incorporada dentro del expediente electrónico (…) y también especialmente, en el expediente (…), con el Decreto ***DECRETO.1. En ambos expedientes el Ayuntamiento y los funcionarios han referido los datos personales del Sr.***PUESTO.2 en el ejercicio del derecho de defensa, del artículo 24 de la CE. C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeagpd.gob.es 6/30 Y por su relevancia, debemos analizar este ***DECRETO.1 para el cumplimiento de sentencia que deja sin efecto el ***DECRETO.2, de distribución de funciones entre el propio ***PUESTO.2 del Ayuntamiento y ***PUESTO.3, que distingue:
3. a)Entre cumplimiento de la Sentencia, que corresponde al Ayuntamiento, y la ejecución de la misma, que corresponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.1 de Zamora.
4. b)Y para este cumplimiento y posterior conocimiento de su ejecución, que corresponde al Juzgado, este acto administrativo motiva que (pág. 5 ***DECRETO.1) “… para su cumplimiento han de examinarse sus pronunciamientos explícitos pero cuya concreción y alcance viene determinado en los hechos debatidos y los argumentos jurídicos de las partes, que, aunque no pasan literalmente al fallo, como es lógico, sí constituyen base para su correcto cumplimiento”. Y sigue motivando esta Resolución, que para este cumplimiento… debe valorarse… con los informes técnicos que esta Autoridad requiera, además de la valoración ponderada de los hechos debatidos y de los argumentos que se infieren a lo largo de las Sentencias núms. (…) y la (…)”. Y a este respecto la citada resolución considera esencial: 1.- Referir las características imprescindibles del Sr. A.A.A. para encontrar la causa de los conflictos mantenidos con la Institución, sus representantes y demás servidores públicos. Y refiere, estrictamente, aquella parte del informe imprescindible para poder cumplir la Sentencia, que teniendo en cuenta los hechos debatidos y los argumentos jurídicos de las partes, son imprescindibles para su correcto cumplimiento, siguiendo la jurisprudencia del TS, en el cumplimiento de las sentencias, que el propio decreto cita ampliamente. 2.- Y estas características descritas en el informe, constituyen base esencial en la motivación del Decreto para esta ejecución que encuentre una explicación técnica para atajar este conflicto mantenido por el ahora reclamante, Sr. A.A.A., con la Institución, sus representantes y los funcionarios. 3.- Y estas características descritas en el informe, constituyen base esencial para esta ejecución que encuentre una explicación y una solución a las reiteradas y muy prolongadas bajas laborales, comprometiendo de manera relevante el Servicio. 4.- Y estas características descritas en el informe, constituyen base esencial para esta ejecución y una solución a las reiteradas entradas en expedientes, descargas y empaquetados de una cantidad muy relevante de documentos atinentes a expedientes consultados por el Sr. ***PUESTO.2; Registros de entrada consultados y Terceros consultados y/o editados, como refiere el Técnico de la Unidad TIC en el informe que obra en el expediente electrónico (…). Y en estas entradas, descargas y empaquetado afecta a diversos servicios, funcionarios y empresas, con el dato también relevante de haberse efectuado también estas operaciones de baja médica, lo que, indudablemente, esta actividad además de afectar a terceros de los servicios y poder comprometer la imparcialidad del Sr. ***PUESTO.2. cuando llegue el momento procedimental para su informe, puede tener un efecto negativo en el deber del funcionario de recuperar su salud lo antes posible para su incorporación pronta al Servicio encomendado. 5.- Y esta motivación de esta información utilizada por la Autoridad del Alcalde, el acto administrativo en el que aparecen los aspectos imprescindibles de su situación (…) para la correcta ejecución de la sentencia, lleva a esta Autoridad a concluir: * Que, para poder dar cumplimiento adecuado de la Sentencia, garantizando los derechos personales y laborales del Sr. ***PUESTO.2., pero también estos mismos C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeagpd.gob.es 7/30 derechos del Ayuntamiento, con sus servicios y los funcionarios, la Autoridad municipal pretende: - Evitar cualquier atisbo de arbitrariedad o abuso en el ejercicio de las funciones (…). - Que se preserven los derechos laborales, no sólo del ***PUESTO.2, sino de ***PUESTO.3, como del resto de los empleados municipales. - Que se preserve, igualmente, la salud de todo el personal al servicio de la Administración Pública municipal. Tres.- A la vista de este acto administrativo, la cuestión ahora es analizar si se ha cumplido en este acto con los requisitos que refiere la Ley de Protección de Datos y el Reglamento de la UE 216/679, para que se pueda hablar de actos lícitos al tratar los datos personales del reclamante, es decir, si era necesaria para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento, de tal modo que pueda desplazar los derechos y libertades, en este caso del ***PUESTO.2, de no utilizar, siquiera los aspectos imprescindibles de su situación (…) para la satisfacción de este interés legítimo. Veamos: A) Para el cumplimiento de la Sentencia, el propio Decreto motiva las razones esenciales de esta utilización parcial e imprescindible del informe médico-forense de fecha (…). B) Y el objetivo lo fundamenta en la preservación de los derechos del propio Sr.***PUESTO.2 reclamante y, también, de los terceros responsables de los Servicios que se han venido refiriendo en el presente informe. En definitiva, como segunda Conclusión a esta parte en la utilización de los datos personales del Sr.***PUESTO.2, el interés perseguido por el Alcalde, a juicio de esta ***DEPARTAMENTO.1, indudablemente lo considera legítimo, lícito, leal y transparente, ya que esta información facilitada, se encuentra respaldada por la Ley 7/85, de 2 de abril, Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, y legislación complementaria, fundamentalmente el art.22 que refiere las competencias de esta Autoridad en la persecución del interés general como máximo responsable al que le corresponde la dirección del Gobierno y la Administración municipal. Y este mismo respaldo, en lo atinente a la salud laboral, lo refiere, igualmente, la Ley de Protección de Riesgos Laborales, correspondiendo al Alcalde garantizar la prevención de riesgos laborales y la salud de todos los empleados municipales. Y es nodular no desvincular este Decreto de la causa principal que lo origina, que no es otro que el cumplimiento de la Sentencia de lo Contencioso-Administrativo, a la que le corresponde su ejecución final a (…) de lo Contencioso-Administrativo y, todo ello basado en la Ley 29/98, de 13 de julio, Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. C) Y por lo que respecta a la utilización por los funcionarios públicos que refiere el Sr.***PUESTO.2 en su instancia, la cuestión es determinar si estos atributos de licitud descritos se pueden aplicar para los casos puntuales planteados. Y al respecto debemos referir lo ya expuesto en la introducción de este informe, como es que el consentimiento ya no constituye base jurídica para de manera exclusiva se pueda utilizar los datos personales sin el mismo, ya que como venimos diciendo, cuando se persiga un interés legítimo también por terceros, es posible este desplazamiento. Y de nuevo tenemos que reiterar que esta utilización de la situación personal del Sr.***PUESTO.2, se circunscribe en el ámbito de protección de los derechos que los C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeagpd.gob.es 8/30 mismos están ejerciendo, como el propio Ayuntamiento, el derecho fundamental de la tutela judicial efectiva, que refiere el art. 24 de la CE, a la vez que están basadas todas estas actuaciones, en la propia Ley 7/85, 2 de abril y la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común junto con la propia Ley 29/98, de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Como tercera Conclusión a esta parte en la utilización de los datos personales del Sr.***PUESTO.2, el interés perseguido por los funcionarios que refiere el Sr.***PUESTO.2, a juicio de esta ***DEPARTAMENTO.1, indudablemente los considera amparados en el art. 24 de la CE, a la vez que están basadas todas estas actuaciones, en la propia Ley 7/85, 2 de abril y la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común junto con la propia Ley 29/98, de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, por tratarse del ejercicio de la tutela judicial efectiva, en unos casos, en la defensa judicial de los intereses legítimos en otros, y también, en la ejecución del acto administrativo del ya citado ***DECRETO.1, núm. XXXX/2021, con las particularidades siguientes:
5. a)Que conforme refiere el acto administrativo, los estrictos datos personales utilizados constituyen pieza esencial para cumplir los derechos de la Institución y del resto de los funcionarios públicos.
6. b)Que en ningún caso se ha puesto en duda la veracidad de los mismos por el reclamante.
7. c)Que la finalidad de todas estas actuaciones no es otra que llevar a cabo la ejecución de la Sentencia, preservando los derechos de todas las partes interesadas en su solución.
8. d)Que el uso de estos datos imprescindibles de carácter personal del Sr.***PUESTO.2, se han reducido, fundamentalmente, al ámbito interno de la Administración, garantizando eso sí, la transparencia de los expedientes, de tal modo que se compatibilice la protección de datos personales con los derechos digitales.
9. e)Que, además, estos datos imprescindibles utilizados, no se advierte que se haya quebrantado el deber de confidencialidad que como es sabido es complementaria de los deberes de secreto profesional de los servidores públicos. Y prueba de este deber cumplido, es que el Sr.***PUESTO.2 en su instancia no pone en duda este hecho, como tampoco el carácter exacto de lo contemplado en esta utilización. Cuatro.- Y enfatizando en estas conclusiones que esta Secretaría ha venido informando, conviene en este sentido referir los informes jurídicos de la Agencia Española de Protección de Datos, que justifica la legitimación del responsable del tratamiento de los datos personales, desplazando la necesidad del consentimiento del interesado, por un lado y, por otro, definiendo el principio de confidencialidad como complementaria del deber de secreto profesional como justificador de este uso de los datos personales, cuando de manera proactiva el responsable del tratamiento, y habiendo ponderado los distintos intereses, concluye la necesidad de esta utilización. Y a este respecto referimos los siguientes informes: C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeagpd.gob.es 9/30  Informe 2017-0289, refiere este informe la Sentencia del TC núm. 292/2000, que, al tiempo que consagra el derecho a la protección de datos de carácter personal, del art. 18.4 de la CE, como un derecho autónomo e informador del Texto Constitucional, señala, así mismo, que “este Tribunal ha declarado que el derecho a la protección de datos no es ilimitado, y aunque la Constitución no le imponga expresamente límites específicos, ni remita a los Poderes Públicos para su determinación como ha hecho con otros derechos fundamentales, no cabe duda de que han de encontrarlos en los restantes derechos fundamentales y bienes jurídicos constitucionalmente protegidos, pues así lo exige el principio de unidad de la Constitución.” El legislador ha creado un sistema en que la protección del derecho a la protección de datos de carácter personal cede en aquellos supuestos en que el propio legislador (constitucional u ordinario) haya considerado la existencia de motivos razonados y fundados que justifiquen la necesidad del tratamiento de los datos, incorporando dichos supuestos a normas de, al menos, el mismo rango que la que regula la materia protegida. Siguiendo dicho criterio, debe interpretarse que la utilización de los documentos a que se refiere la consulta como prueba en juicio podría fundamentarse en la propia Constitución Española donde se regula el derecho fundamental de las partes a obtener la tutela judicial efectiva en el ejercicio de sus derechos e intereses (artículo 24.1 de la Constitución), y, en concreto del derecho fundamental de las partes “a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa” (artículo 24.2 de la Constitución)”. Y concluye este informe, y que se redacta para resolver el alcance de la protección de datos de carácter personal en un proceso judicial que, en última instancia, será el Juzgado que esté conociendo del proceso, el que determine el Auto de Admisión de las pruebas. Y en el presente caso que nos ocupa no nos consta, hasta el momento, ninguna resolución al respecto en contra de esta utilización.  Informe 2021-0026 define la confidencialidad en la utilización de los datos de carácter personal para los responsables encargados del tratamiento de datos, así como todas las personas que intervengan en cualquier fase, estando todos ellos sometidos al deber de confidencialidad que es complementaria de los deberes de secreto profesional. Igualmente, este informe define el concepto de “responsabilidad actividad” que contempla la Ley Orgánica de Protección de Datos 3/2018, al referir: En conclusión, el alcance de la información que se proporcione… estará condicionada por múltiples factores que serán de aplicación al caso concreto y cuya valoración corresponde al responsable del tratamiento, como una manifestación más del principio de responsabilidad activa (artículo 5.2 RGPD). Quinto. Por otro lado y a mayor abundamiento, hay que ahondar en los hechos que traen causa de este recurso y que son relevantes para aclarar y concluir la situación que ahora se plantea. Recordemos que, en los procedimientos judiciales mencionados por el recurrente, el propio Sr.***PUESTO.2 aporta, como prueba a su favor, (…), y ello con la finalidad de mostrar y demostrar (…). Introduce en el contexto del pleito, un elemento de prueba que era, hasta ese momento, desconocido para los responsables municipales, ya que C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeagpd.gob.es 10/30 nunca, en ningún momento con anterioridad a ese, el Sr.***PUESTO.2 había dado a conocer (ni tenía por qué hacerlo) (…). Ahora bien, una vez conocida (…), y en el seno del ámbito laboral en el que él afirmaba sentirse acosado, introduce un elemento del que ahora no puede desdecirse, pretendiendo oscurecer una prueba que sirvió como arma arrojadiza contra los encausados pero sin que ellos ahora puedan, según su criterio, utilizarlo en el mismo contexto. Así pues, se debe acudir a la doctrina de los actos propios, reiterada y consolidada por la jurisprudencia, y de acuerdo a la cual no es posible la invocación de hechos o derechos, para luego desdecirse de lo alegado. Si en el contexto de un procedimiento, cualquiera que sea la jurisdicción, se pretendió beneficiarse de una situación, no puede ahora, sino asumir, la parte de dicha situación que le puede perjudicar, especialmente teniendo en cuenta que ni el Ayuntamiento ni sus responsables, han divulgado información alguna referente (…), (dado que (…) se ha mantenido en el seno de procedimientos judiciales o administrativos con acceso restringido), sino que por el contrario, habiendo sido invocada por él mismo, el Ayuntamiento, en el seno de pleitos judiciales asume para sí dicha alegación y la valora en su justa medida, al ser relevante y fundamental dada la labor que desempeña en el Ayuntamiento. Dice el Tribunal Constitucional en sentencia de fecha 30 de enero de 1995: “Conforme la doctrina de los actos propios que impide a la parte adoptar un comportamiento contradictorio, y al principio general de la buena fe en el ejercicio de los derechos, que preside las actuaciones procesales, expresamente exigible en el ámbito procesal (arts. 7.7 CC y 11.1 LOPJ), (SSTC 67/1984, 73/1988 y 3/1991)”. Y así también se pronuncia el Tribunal Supremo, Sala tercera, en sentencia de 22 de enero de 2007: "El principio de protección de la confianza legítima ha sido acogido igualmente por la jurisprudencia de esta Sala del Tribunal Supremo (entre otras, en las Sentencias de 1 de febrero de 1990, 13 de febrero de 1992, 17 de febrero, 5 de junio y 28 de julio de 1997), y se consagra en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, tras su modificación por la Ley 4/1999, que en su artículo 3, cuyo número 1, párrafo 2º, contiene la siguiente redacción: 'Igualmente, deberán (las Administraciones Públicas) respetar en su actuación los principios de buena fe y de confianza legítima'. El contexto interpretativo de estos principios jurídicos se advierte en la Exposición de Motivos de la citada Ley procedimental administrativa, cuando afirma lo siguiente: 'En el título preliminar se introducen dos principios de actuación de las Administraciones Públicas, derivados del de seguridad jurídica. Por una parte, el principio de buena fe, aplicado por la jurisprudencia contencioso-administrativa incluso antes de su recepción por el título preliminar del Código Civil. Por otra, el principio, bien conocido en el derecho procedimental administrativo europeo y también recogido por la jurisprudencia contencioso-administrativa, de la confianza legítima de los ciudadanos en que la actuación de las Administraciones Públicas no puede ser alterada arbitrariamente' (reiterado en STS –Sala 3ª–, de 18/10/2012). El mismo Tribunal, perfilando su doctrina, afirma más adelante: “la doctrina de los actos propios, con fundamento en la protección de la confianza y la regla de la buena fe, se formula en el sentido de que quien crea en una persona una C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeagpd.gob.es 11/30 confianza en una determinada situación aparente y la induce por ello a obrar en un determinado sentido, sobre la base en la que ha confiado, no puede además pretender que aquella situación era ficticia y que lo que debe prevalecer es la situación real" (SSTS 12-3-08 y 21-4-06), exigiéndose que tales actos sean expresión inequívoca del consentimiento (SSTS 7-6-10, 20-10-05 y 22-1-97) o que resulten inequívocos, no procediendo su alegación cuando los actos están viciados por error o conocimiento equivocado (SSTS 8-5-06 y 21-1-95), de modo que debe constatarse la incompatibilidad o contradicción entre la conducta precedente y la actual (SSTS 25-307 y 30-1-99) y no ha de existir ningún margen de error por haber actuado el sujeto con plena conciencia para producir o modificar un derecho (SSTS 12-7- 97 y 27-1-96)” (STS 21/06/2011). Así pues, la situación creada por el propio Sr.***PUESTO.2, no puede ahora devenir en inexistente, dada, como se ha expresado, la relevancia para su diaria labor. Si el hecho alegado, cual es (…), le resultó relevante al Sr.***PUESTO.2 para acusar, no puede ahora desdecirse (…), cuando es veraz e imprescindible la parte del informe aportada y esencial y fundamental para resolver el conflicto en todas las variantes expuestas que proteja el interés legítimo del Ayuntamiento, los derechos del Sr.***PUESTO.2 y los derechos del resto de los funcionarios. En resumen, como conclusión final, a juicio de ***DEPARTAMENTO.1 la Autoridad del Alcalde mediante el acto administrativo descrito y la utilización de los datos personales que han quedado expuestos en este informe, así como la utilización de los mismos, en su parte imprescindible, como ha quedado expuesto, a nuestro entender, están justificados en el ámbito de la licitud ponderada y transparente para la consecución del objetivo expuesto, por ser imprescindible para la ejecución de la sentencia judicial y la solución del conflicto en su integridad, respetando todos los derechos de las partes. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN (art. 175 del ROF) Primero.- Considerar la utilización de los datos personales que refiere el Sr.***PUESTO.2 lícitos, ponderamos, leales y transparentes no conculcando el derecho al consentimiento del Sr.***PUESTO.2 sino desplazando el mismo para la satisfacción del interés legítimo reconocido en la Ley 7/85, Ley 39/2015, Ley 29/98 y Ley 31/95, 8 noviembre, de Prevención de Riesgo Laborales, así como el art. 24.2 CE. Segundo.- No poder suprimir del sistema de administración electrónica “Gestiona” los informes que refiere en base al principio de transparencia, en cuanto que nos encontraos en una nueva Administración electrónica que manera clara refiere tanto la Ley 39 como la Ley 40/2015 y así lo desarrolla el Decreto 203/2021, 30 marzo, que regula la actuación y funcionamiento del Sector Público por medios electrónicos y por estar estos expedientes relacionados en la ejecución de Sentencia que ponga fin al conflicto garantizando todos los derechos tanto del Ayuntamiento como del resto de los servidores públicos. Tercero.- Para dar la extensión mínima e imprescindible de los datos de carácter personal referidos por el Sr.***PUESTO.2, en los expedientes (…) solicitar del Sr. Encargado de la UTIC que en estos expedientes se restrinja el acceso permitiendo el C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeagpd.gob.es 12/30 mismo solamente a la Secretaría del Ayuntamiento en un caso (…) y, en el otro al Delegado de Riesgos Laborales (…), debiendo este último funcionario incorporar a este expediente el informe al que se refiere el Sr.***PUESTO.2 en el solicito segundo. Cuarto.- Dando cumplimiento al solicito tercero, remitir al Sr.***PUESTO.2 al Boletín Oficial de la Provincia núm.14, de 20XX “Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de la Administración Electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Zamora”.” Y en base a las facultadas que me otorga el Derecho, RESUELVO: Primero.- Considerar la utilización de los datos personales que refiere el Sr.***PUESTO.2 lícitos, ponderados, leales y transparentes no conculcando el derecho al consentimiento del Sr.***PUESTO.2 sino desplazando el mismo para la satisfacción del interés legítimo reconocido en la Ley 7/85, Ley 39/2015, Ley 29/98 y Ley 31/95, 8 noviembre, de Prevención de Riesgo Laborales, así como el art. 24.2 CE. Segundo.- No poder suprimir del sistema de administración electrónica “Gestiona” los informes que refiere en base al principio de transparencia, en cuanto que nos encontraos en una nueva Administración electrónica que manera clara refiere tanto la Ley 39 como la Ley 40/2015 y así lo desarrolla el Decreto 203/2021, 30 marzo, que regula la actuación y funcionamiento del Sector Público por medios electrónicos y por estar estos expedientes relacionados en la ejecución de Sentencia que ponga fin al conflicto garantizando todos los derechos tanto del Ayuntamiento como del resto de los servidores públicos. Tercero.- Para dar la extensión mínima e imprescindible de los datos de carácter personal referidos por el Sr.***PUESTO.2, en los expedientes (…) solicitar del Sr. Encargado de la UTIC que en estos expedientes se restrinja el acceso permitiendo el mismo solamente a la Secretaría del Ayuntamiento en un caso (…) y, en el otro al Delegado de Riesgos Laborales (…) debiendo este último funcionario incorporar a este expediente el informe al que se refiere el ***PUESTO.2 en el solicito segundo. Cuarto.- Dando cumplimiento al solicito tercero, remitir al Sr.***PUESTO.2 al Boletín Oficial de la Provincia núm.14, de 2016 <<Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de la Administración Electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Zamora>>” TERCERO: Con fecha 1 de diciembre de 2021, de conformidad con el artículo 65 de la LOPDGDD, se admitió a trámite la reclamación presentada por la parte reclamante. CUARTO: Con fecha 10 de agosto de 2022, la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos acordó iniciar procedimiento sancionador a la parte reclamada, por la presunta infracción del Artículo 5.1.
10. c)del RGPD, tipificada en el Artículo 83.5 del RGPD. Notificado el Acuerdo de Inicio, el AYUNTAMIENTO presentó escrito de alegaciones en el que en síntesis manifestaba: -Que discrepan con el Acuerdo de Inicio de Procedimiento Sancionador recibido, ya que cumplen escrupulosamente con la interpretación de la Ley de Protección de Datos, que previamente ya considera el Decreto de esa autoridad de 26 de agosto de C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeagpd.gob.es 13/30 2021, que visibiliza el de 7 de octubre de 2021, y a su vez hace una interpretación acorde con el Tribunal Constitucional, de la innecesariedad de obtener consentimiento del afectado en materia de comunicación de aspectos referidos a su salud, cuando previamente se ha efectuado desde el principio de responsabilidad activa, valorando el riesgo que pudiera generar el tratamiento, como es el caso. A este respecto, esta agencia desconoce a que sentencia del Tribunal Constitucional está haciendo referencia el AYUNTAMIENTO, ya que no la citan en su escrito de alegaciones, según la cual podrían comunicarse datos de salud de una persona sin necesidad de recabar su consentimiento. Cabe, no obstante, citar por nuestra parte la Sentencia 76/2019, de 22 de mayo de 2019, del Tribunal Constitucional, en cuyo fundamento jurídico 4 se hace la siguiente referencia: “ De acuerdo con el apartado 1 del artículo 9 RGPD, está prohibido el tratamiento de datos personales…datos relativos a la salud…” Y asimismo citar la Sentencia 70/2009, de 23 de marzo, también del Tribunal Constitucional, en la que se expone: “Dentro de ese ámbito propio y reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás que preserva el derecho a la intimidad contenido en el art. 18.1 CE, se comprende, sin duda, la información relativa a la salud física o psíquica de una persona, en la medida en que los datos que a la salud se refieren constituyen un elemento importante de su vida privada (en este sentido STEDH de 10 de octubre de 2006, caso L.L. c. Francia, § 32). A esta afirmación se añade la monición del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que establece que, teniendo en cuenta que el respeto al carácter confidencial de la información sobre la salud constituye un principio esencial del sistema jurídico de todos los Estados parte en la Convención, la legislación interna debe prever las garantías apropiadas para impedir toda comunicación o divulgación de datos de carácter personal relativos a la salud contraria a las garantías previstas en el art. 8 del Convenio europeo de derechos humanos (SSTEDH caso Z. c. Finlandia de 25 de febrero de 1997, § 95, y caso L.L. c. Francia, de 10 de octubre de 2006, § 44)”. -Que cumple con la Ley 30/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de cómo se notifica, y cómo se comunican los actos administrativos dictados por el Alcalde. A este respecto, esta agencia señala que no se ha imputado ningún incumplimiento en dicho sentido, por lo que no tiene nada que añadir. -Que, con la comunicación a los Servicios, ****DEPARTAMENTO.1 no incumple el ***DECRETO.1, antes al contrario, lo tramita reforzando su aplicabilidad. Que, mediante ***DECRETO.2, se distribuyen las funciones entre ***PUESTO.2 y ***PUESTO.3. Que los conflictos judiciales que ***PUESTO.2 plantea al Ayuntamiento son porque considera que puede delegar y retirar la delegación libremente, circunstancia que el ***DECRETO.1, a la vista de la Sentencia del TSJ del 7 de mayo de 2021, le aclara C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeagpd.gob.es 14/30 que (…) está sometido a la organización municipal que no depende del propio ***PUESTO.2. A este respecto, esta Agencia señala nuevamente que en el presente Procedimiento Sancionador no se ha imputado incumplimiento alguno de ningún Decreto dictado por el Alcalde, ni se ha entrado a valorar la forma de organizar el trabajo del AYUNTAMIENTO. -Que para la ejecución de la Sentencia se precisa un informe médico para que el Ayuntamiento pueda ejecutarla, de tal modo que se preserve de la mejor forma posible el servicio público y los derechos también de la salud del propio ***PUESTO.2 y ***PUESTO.3. Que consideran imprescindible trasladar el documento base sobre el que se incoa expediente por la Agencia de Protección de Datos, tal como lo dicta la autoridad del Alcalde, pues es necesario este conocimiento por los distintos Jefes de Servicio, y que esta comunicación, que no publicación, ya aparece minimizada en los términos que refiere la Ley de Protección de Datos, obviando todos aquellos otros datos que en el propio informe forense aparecen, que se consideran innecesarios para la función del denunciante en su proyección pública (…). Y despeja las dudas de la tendencia del Sr.***PUESTO.2 de recuperar todas las funciones, como se infiere de la amonestación que le efectúa el TSJ en el Auto de 11 de junio de 2021, circunstancia ésta de volver a asumir todas las funciones de contacto directo con los Jefes de Servicio, que este hecho atemorizaba a los mismos. Y que ante estos temores que los titulares de los Servicios, exponen ante ***DEPARTAMENTO.1 del Ayuntamiento, esta comunica el ***DECRETO.1, que desde el respeto a la protección de datos, de los seis folios del informe forense, solamente recoge exclusivamente lo que ya refería el Auto (…). En definitiva, que el párrafo sobre el que versa la denuncia y sobre el que se inicia el procedimiento sancionador, no es producto de la falta de prudencia, sino que es producto de una reflexión lícita, leal, transparente y prudente, después de haber ponderado la protección con el fin a perseguir, de protección del servicio público y el derecho de todas las partes en liza. Y no se proceda a su anonimización precisamente para el fin perseguido, es decir, la protección de todos los empleados y para garantizar el servicio público, al considerar que los datos trasladados son esenciales, trasladando exclusivamente aquella parte del informe imprescindible al fin descrito. Es decir, aparece ya minimizado, no incorporando más en el Decreto que se comunica que lo estrictamente atinente a lo que interesa en la vertiente pública como ***PUESTO.2 del Ayuntamiento, y que los Jefes de Servicio deben conocer. A este respecto, esta Agencia considera, como ya se ha manifestado en el Acuerdo de Inicio, que los datos personales deben ser “adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados”. En el presente caso, la comunicación que ***DEPARTAMENTO.1 efectúa a los Jefes de Servicio, tiene como fin aclarar las dudas de cómo deben tramitar sus expedientes a (…), pues parece que tras varios procesos judiciales y bajas laborales, no tenían claro los Jefes de Servicio el reparto de funciones vigente entre ***PUESTO.2 y ***PUESTO.3, y para este fin, resulta excesivo, y por tanto vulnera la normativa de protección de datos, transcribir una serie de datos C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeagpd.gob.es 15/30 personales relativos a la salud de la parte reclamante, obrantes en sentencia judicial. Según entiende esta Agencia, para aclarar tales dudas, es suficiente la notificación inicial (cuya copia obra en este expediente) según la cual: “trasladamos el Decreto del Sr. Alcalde, ***DECRETO.1 (expediente (…)), por el que, hasta tanto no se den las correspondientes instrucciones, se aplica en todos sus puntos el ***DECRETO.2, es decir, el mismo criterio que se venía aplicando antes del 3 de mayo de 2021” Dando por supuesto que los Jefes de Servicio conocen el contenido del Decreto ***DECRETO.2, no se puede sostener la necesidad de añadir el contenido de un (…) de la parte reclamante, considerando que es indispensable su conocimiento por los Jefes de Servicio para llevar a efecto tal Decreto de la Alcaldía. -Que según el informe del Gabinete Jurídico 26/2021 de la propia AEPD sobre si resulta estrictamente indispensable la comunicación a los Delegados de Prevención que conozcan datos sometidos a la protección de datos, concluye: “… es al responsable del tratamiento, asesorado, en su caso, por el Delegado de Protección de Datos, al que corresponde realizar el juicio de ponderación y la aplicación del principio de minimización, atendiendo a las circunstancias del caso concreto, derivadas… de la aplicación del principio de responsabilidad proactiva, dispone de aquella información que esta Agencia desconoce, sobre la estructura, organización, plantilla, etc. de la entidad, que pueden ser tenidos en cuenta a la hora de realizar la citada valoración. Por tanto, el responsable del tratamiento deberá tener en cuenta si la comunicación de los datos personales a los Delegados de Prevención, supera el juicio de proporcionalidad en relación con la aplicación del principio de minimización, teniendo en cuenta que es aquel quien conoce las características de la estructura y organización del centro de trabajo y puede establecer si determinada información es o no necesaria para que los Delegados de Prevención desarrollen sus funciones.” Y todos estos juicios ponderados, son los que el Ayuntamiento, en el tema que nos ocupa, ha aplicado. A este respecto, esta Agencia señala que el citado informe hace referencia a comunicación de los datos personales a los Delegados de Prevención, y no a los Jefes de Servicio o personal en general de cualquier organización. QUINTO: Con fecha 24 de agosto de 2022 se formuló propuesta de resolución, proponiendo que por la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos se imponga a AYUNTAMIENTO DE ZAMORA, con NIF P4930500F, por una infracción del Artículo 5.1.
11. c)del RGPD, tipificada en el Artículo 83.5 del RGPD una sanción de apercibimiento. SEXTO: Notificada la propuesta de resolución, el AYUNTAMIENTO presenta un nuevo escrito de alegaciones en el que se ratifica en las ya presentadas, y manifiesta: C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeagpd.gob.es 16/30 “La Sra. Instructora en la propuesta de resolución, considera probado que la única función de la comunicación del ***DECRETO.1, era la de aclarar dudas de cómo deben tramitar los jefes de servicios sus expedientes respectivos a ***DEPARTAMENTO.2. Y con todo respeto, esta prueba que fija la Sra. Instructora, no se corresponde con la realidad, y así lo dejamos patente en el escrito de alegaciones de 17 de agosto de 2022, especialmente en el último párrafo del apartado I.III. y apartado
12. a)del I.IV. La prudencia y el sigilo de ***DEPARTAMENTO.1 en su nota interna, se ha utilizado por la Sra. Instructora en perjuicio de la Institución Municipal, ya que la razón fundamental de esta comunicación a los Servicios se encuentra en la alarma que se provoca en los mismos, ante el hecho que el Sr.***PUESTO.2 volviera a las andadas, al recuperar las funciones (…). Y esos son los hechos reales, y no los que con todo respeto considera aprobados la Sra. Instructora, simplificando el grave problema que tiene el Ayuntamiento al simple recordatorio del Decreto ***DECRETO.2. Se aporta como prueba nº 1 y complementaria de las anteriores que reforzaremos en el presento escrito, de las ya efectuadas, las siguientes: -Diligencia de ***DEPARTAMENTO.1 firmada (…), y referida a uno de los Jefes de Servicio, con motivo del tratamiento en la Junta de Gobierno Local de la ocupación de los puestos de la marquesina de Hosteleros del Mercado de Abastos de Zamora durante el año XXXX,… se produjo un incidente con el Sr.***PUESTO.2, llegando éste con tono exaltado a tildar (…) de sinvergüenza, provocando cierto desasosiego etc. … Se aporta prueba nº2, en el que se hace constar por ***DEPARTAMENTO.1 y que firma el 28 de noviembre de 2018, expresiones similares a la prueba nº1, vertidas por el Sr.***PUESTO.2 a (…), que como otros obviamos para su protección: (…) Este ***PUESTO.1 quiere igualmente hacer constar que expresiones similares se han venido vertiendo a distintas personas por el citado Sr. ***PUESTO.2 fuera de la sede municipal, trasladándole a este ***PUESTO.1 la impresión de estos interlocutores, además de advertir un comportamiento irregular, una cierta obsesión con ciertos miembros del Ayuntamiento, tanto responsables políticos como funcionarios, además de su primera impresión de no incorporarse al Ayuntamiento hasta después de las próximas elecciones, que de manera reiterada se ha venido manifestando a las referidas personas. I.II. Respecto a la no siempre necesidad del consentimiento en los datos como los que nos trae, es un hecho incuestionado de la propia legislación de Protección de Datos, cuando existan razones de idoneidad, moderación y cuando se deriven de esta medida adoptada más beneficios y ventajas para el interés general, que perjuicios sobre los bienes o valores en conflicto, como es el caso. Como prueba de lo señalado, nos referimos al Reglamento (UE)2016/679 del Parlamento y del Consejo, considerando