PS-00121-2015

1/15 Procedimiento Nº PS/00121/2015 RESOLUCIÓN: R/00779/2015 En el procedimiento sancionador PS/00121/2015, instruido por la Agencia Española de Protección de Datos a la entidad LA FARGA SHOPPING CENTRE SL, vista la denuncia presentada por D. A.A.A. y en virtud de los siguientes, ANTECEDENTES PRIMERO: Con fecha 17 de marzo de 2014 tienen entrada en esta Agencia escrito remitido por D. A.A.A. (en adelante el denunciante) comunicando la posible infracción a la Ley Orgánica 15/1999 motivada por la existencia de cámaras de videovigilancia en el perímetro del Centro Comercial La Farga situado en la (C/.........1), (C/.........3), cuyo titular es la entidad La Farga Shopping Centre S.L (en adelante el denunciado). En su escrito el denunciante manifiesta que en el perímetro del citado Centro Comercial está instalado un sistema de videovigilancia susceptible de captar la vía pública y que no tiene constancia de la inscripción de fichero de videovigilancia en el Registro General de Protección de Datos. Se adjunta a la denuncia un reportaje fotográfico. SEGUNDO: Tras la recepción de la denuncia la Subdirección General de Inspección de Datos procedió a la realización de actuaciones previas de investigación para el esclarecimiento de los hechos denunciados, teniendo conocimiento de los siguientes extremos: Con fecha 05 de agosto de 2014 se solicita información al responsable del sistema, resultando la misma devuelta por el servicio de Correos con la indicación de “DESCONOCIDO”. Con fecha 19 de septiembre de 2014 se reitera la solicitud de información al titular del sistema, resultando la misma devuelta por el servicio de Correos con la indicación de “DIRECCIÓN INCORRECTA”. Mediante diligencia telefónica de inspección, con fecha 13 de octubre de 2014 se constata con la Subgerente del Centro Comercial La Farga el domicilio de notificación. Con fecha 13 de octubre de 2014 se reitera la solicitud de información, la cual fue devuelta por el servicio de Correos con la indicación “NADIE SE HACE CARGO”. Con fecha 7 de noviembre de 2014 se reitera la solicitud de información dirigida al domicilio social de la entidad responsable, teniendo entrada en esta Agencia escrito de fecha 25 de noviembre de 2014 en el que manifiesta: C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 2/15 Que la entidad responsable del sistema de videovigilancia instalado en el Centro Comercial La Farga situado en la (C/.........1), (C/.........3), es la entidad La Farga Shopping Centre S.L. Se aportan los datos de contacto. La instalación del sistema se realizó en el año 2005, no disponiendo de información escrita en este sentido. No obstante, el control y mantenimiento actual del sistema de videovigilancia lo efectúa PROSEGUR ESPAÑA S.L. El sistema se utiliza con la finalidad de garantizar la seguridad de los bienes y personas que acceden al Centro Comercial. Las instalaciones disponen de carteles informativos ubicados en cada uno de los accesos a las zonas vigiladas. Asimismo y a disposición de los interesados que lo soliciten, el Centro Comercial en el Departamento de Gerencia cuenta con formularios informativos del artículo 5 de la LOPD. Se adjunta modelo del cartel informativo (Doc.1) y modelo de formulario informativo debidamente cumplimentado (Doc.2). No se aporta fotografía de cartel informativo. Existen un total de 62 videocámaras, fijas y móviles, de las cuales 23 permiten realizar zoom. Se encuentran instaladas en los accesos al Centro Comercial así como en su interior. Ninguna de las videocámaras instaladas en el exterior capta más allá del ángulo mínimo imprescindible para conseguir el objetivo de controlar la seguridad en el acceso al Centro Comercial. En tal sentido se acompaña relación de las videocámaras instaladas, con indicación de sus características específicas (Doc.3.

1. a)y planos de situación (Doc.3.b). De la documentación presentada cabe destacar: La existencia de cinco cámaras exteriores, tipo domo y con capacidad de zoom, ubicadas según se indica: Cámara 84, localizada en el “exterior porche XXXX”. Cámara 85, localizada en el “exterior área Rampa/P. XXXX”. Cámara 86, localizada en el “exterior área (C/.........2). Cámara 87, localizada en el “exterior área (C/.........3)”. Cámara 88, localizada en el “exterior porche YYYY”. La existencia de la Cámara 83, fija y sin posibilidad de zoom, ubicada en el “exterior rampa muelle”. En documento Doc.3.c se acompaña reportaje fotográfico de las cámaras tipo domo exteriores (Cam: 84, 85, 86, 87 y 88) y de las cámaras localizadas en la zona de galería, parking, muelle y gerencia. En documento Doc.3.d se aportan fotografías de las imágenes captadas por las cinco cámaras exteriores (tipo domo y capacidad de zoom) visualizadas en el monitor del sistema, de cuyo análisis se desprende: La Cámara 84 (Porche XXXX) recoge la imagen (en dos de sus posiciones) de C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 3/15 espacios exteriores dentro del recinto del Centro Comercial. La Cámara 85 (Área Rampa Porche XXXX) recoge la imagen en dos posiciones, captando respectivamente dos ángulos del acceso “rampa porche XXXX” desde la vía Tarradellas. La Cámara 86 (Área Isabel Católica) recoge la imagen de un ángulo de la fachada del edificio y de la vía Isabel la Católica. La Cámara 87 (Área YYYY) reproduce la imagen de un ángulo de fachada del edificio y de la vía adyacente, la calle (C/.........3). La Cámara 88 (Porche YYYY) recoge la imagen de un acceso al Centro Comercial, denominado Porche YYYY. Los monitores de visualización se ubican en el sótano del Centro Comercial, a los cuales sólo accede el personal de la empresa de seguridad PROSEGUR ESPAÑA S.L, como encargada en la prestación del servicio de grabación y mantenimiento. Se aporta fotografía en la que se observan seis monitores de visualización en funcionamiento (Doc.4). Existe contrato de encargo del tratamiento con la empresa PROSEGUR ESPAÑA S.L. Se acompaña copia del contrato suscrito entre las partes con fecha 1 de enero de 2014 (Doc.5). El sistema de videovigilancia permite la grabación de imágenes, las cuales se cancelan en el plazo de 15 días. Su acceso está permitido al personal de PROSEGUR ESPAÑA S.L (en calidad de encargado para la prestación de los servicios de grabación y mantenimiento) y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (cuando así lo solicitan en el marco de una investigación). LA FARGA tiene declarado el fichero de “VIDEOVIGILANCIA” en el Registro General de Protección de Datos. El sistema de videovigilancia no se encuentra conectado a ninguna central de alarmas. Mediante diligencia de inspección, con fecha 13 de octubre de 2014 se constata la inscripción del fichero denominado VIDEOVIGILANCIA, en el que figura como responsable la entidad denunciada. TERCERO: Con fecha 26 de febrero de 2015, el Director de la Agencia Española de Protección de Datos acordó iniciar, procedimiento sancionador a la entidad LA FARGA SHOPPING CENTRE SL, por presunta infracción del artículo 6.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13/12, de Protección de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD), tipificada como grave en el artículo 44.3.
2. b)de dicha norma, pudiendo ser sancionada con multa de 40.001 a 300.000 euros, de acuerdo con el artículo 45.2 de dicha Ley Orgánica. CUARTO: En fecha 6 de marzo de 2015, se intentó la notificación del citado acuerdo de C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 4/15 inicio de procedimiento sancionador a la entidad denunciada, por medio del servicio de correos, con el resultado de “Desconocido”. Con fecha 12 de marzo de 2015, se envió para su notificación el citado acuerdo de inicio de procedimiento sancionador a la entidad denunciada, mediante su exposición en el Tablón de edictos del Ayuntamiento de Madrid. El edicto estuvo expuesto en el Tablón de edictos del Ayuntamiento de Madrid desde el día 24 de marzo al 11 abril de 2015. El día 10 de abril de 2015 se publicó en el Boletín Oficial del Estado, otorgándose a la entidad denunciada plazo para efectuar alegaciones a dicho acuerdo. QUINTO: El artículo 13.2 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, señala que: “El acuerdo de iniciación se comunicará al instructor, con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto, y se notificará al denunciante, en su caso, y a los interesados, entendiendo en todo caso por tal al inculpado. En la notificación se advertirá a los interesados que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en el plazo previsto en el artículo 16.1, la iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del Reglamento.” HECHOS PROBADOS PRIMERO: La entidad LA FARGA SHOPPING CENTRE SL es la responsable del sistema de videovigilancia instalado en el Centro Comercial La Farga situado en la (C/.........1), (C/.........3). El sistema se utiliza con la finalidad de garantizar la seguridad de los bienes y personas que acceden al Centro Comercial. SEGUNDO: La entidad imputada ha informado de que existen un total de 62 videocámaras, fijas y móviles, de las que 23 permiten realizar zoom. Se encuentran instaladas en los accesos al Centro Comercial y en su interior. Manifiesta la entidad responsable que ninguna de las videocámaras instaladas en el exterior capta más allá del ángulo mínimo imprescindible para conseguir el objetivo de controlar la seguridad en el acceso al Centro Comercial. Se aporta relación de las videocámaras instaladas, con indicación de sus características específicas y planos de situación. Se aportan fotografías de las imágenes captadas por las cinco cámaras exteriores, de tipo domo y con capacidad de zoom, visualizadas en el monitor del sistema, de cuyo análisis se desprende: La Cámara 84 (Porche XXXX) recoge la imagen (en dos de sus posiciones) de C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 5/15 espacios exteriores dentro del recinto del Centro Comercial. La Cámara 85 (Área Rampa Porche XXXX) recoge la imagen en dos posiciones, captando respectivamente dos ángulos del acceso “rampa porche XXXX” desde la vía Tarradellas. La Cámara 86 (Área Isabel Católica) recoge la imagen de un ángulo de la fachada del edificio y de la vía Isabel la Católica. La Cámara 87 (Área YYYY) reproduce la imagen de un ángulo de fachada del edificio y de la vía adyacente, la calle (C/.........3). La Cámara 88 (Porche YYYY) recoge la imagen de un acceso al Centro Comercial, denominado Porche YYYY. TERCERO: La entidad responsable del sistema de videovigilancia ha manifestado que las instalaciones disponen de carteles informativos situados en cada uno de los accesos a las zonas vigiladas. A disposición de los interesados que lo soliciten, el Centro Comercial en el Departamento de Gerencia cuenta con formularios informativos del artículo 5 de la LOPD. Se aporta modelo del cartel informativo y modelo de formulario informativo debidamente cumplimentado. No se aporta fotografía de cartel informativo. CUARTO: Respecto de la visualización y grabación de imágenes, se aporta una fotografía en la que se observan seis monitores de visualización en funcionamiento. Expone la entidad responsable que existe contrato de encargo del tratamiento con la empresa PROSEGUR ESPAÑA S.L. y acompaña copia del mismo. El sistema de videovigilancia permite la grabación de imágenes, que se cancelan en el plazo de 15 días. Su acceso está permitido al personal de PROSEGUR ESPAÑA S.L y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El sistema de videovigilancia no se encuentra conectado a ninguna central de alarmas. Mediante diligencia de inspección, con fecha 13 de octubre de 2014 se constata la inscripción del fichero denominado VIDEOVIGILANCIA, en el que figura como responsable la entidad denunciada. FUNDAMENTOS DE DERECHO I Es competente para resolver este procedimiento el Director de la Agencia Española de Protección de Datos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.
3. g)en relación con el artículo 36 de la LOPD. II C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 6/15 Dispone el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre en cuanto a la práctica de las notificaciones: “ Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o el medio a que se refiere el punto 1 de este artículo, o bien, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento en su último domicilio, en el Boletín Oficial del Estado, de la Comunidad Autónoma o de la Provincia, según cuál sea la Administración de la que se proceda el acto a notificar, y el ámbito territorial del órgano que lo dictó.” En el presente caso se han observado las prescripciones legales, tal como se ha señalado en los Antecedentes Cuarto y Quinto de la presente Resolución. III El artículo 13.2 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora., dispone que “El acuerdo de iniciación se comunicará al instructor, con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto, y se notificará al denunciante, en su caso, y a los interesados, entendiendo en todo caso por tal al inculpado. En la notificación se advertirá a los interesados que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en el plazo previsto en el artículo 16.1, la iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del Reglamento.” De conformidad con lo expuesto, el acuerdo de iniciación correctamente notificado podrá ser considerado directamente propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso a cerca de la responsabilidad imputada. Para ello son necesarios varios requisitos: Que dicha posibilidad sea advertida expresamente al inculpado en el acuerdo de notificación. Que el acuerdo de iniciación cumpla todas las exigencias que sobre el contenido se exigen en el apartado primero del citado artículo. Que el inculpado no presente alegaciones en plazo sobre el contenido de la iniciación. Que como consecuencia de la instrucción no resulte modificada la determinación inicial de los hechos, de su posible calificación, de las sanciones imponible o de las responsabilidades susceptibles de sanción. (Art. 16.3 del citado Real decreto. La STS de 19 de diciembre de 2000 (RJ 2001, 2617) recaída en recurso de casación en interés de ley, interpretando el artículo 13.2 del Real Decreto 320/1994 por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de Tráfico, circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, declara que basta que el interesado no haya formulado alegaciones sobre el contenido del boletín de denuncia que inicia el procedimiento, para que no sea preceptiva la notificación de la propuesta de resolución, ni necesario, en consecuencia, el trámite de audiencia, al servir el acuerdo de iniciación como propuesta de resolución. En el presente caso, se han observado las prescripciones citadas al respecto, por lo que es conforme a derecho considerar el citado acuerdo de iniciación como C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 7/15 propuesta de resolución. IV Con carácter previo, debe señalarse que el artículo 1 de la LOPD dispone: “La presente Ley Orgánica tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar”. La LOPD, viene a regular el derecho fundamental a la protección de datos de las personas físicas, esto es, el derecho a disponer de sus propios datos sin que puedan ser utilizados, tratados o cedidos sin su consentimiento, con la salvedad de las excepciones legalmente previstas. En cuanto al ámbito de aplicación de la citada norma, el artículo 2.1 de la misma señala: “La presente Ley Orgánica será de aplicación a los datos de carácter personal registrados en soporte físico que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores público y privado”; definiéndose el concepto de dato de carácter personal en el apartado
4. a)del artículo 3 de la LOPD, como “Cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables”. En lo que respecta al concepto de “fichero” el artículo 3.
5. b)de la LOPD lo define como “todo conjunto organizado de datos de carácter personal”, con independencia de la modalidad de acceso al mismo. Por su parte el artículo 3.
6. d)de la LOPD define al responsable del fichero o tratamiento como la “persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada, u órgano administrativo, que decida sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento.” El artículo 3 de la LOPD define en su letra
7. c)el tratamiento de datos como aquellas “operaciones y procedimientos técnicos de carácter automatizado o no, que permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo y cancelación, así como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias”. La garantía del derecho a la protección de datos, conferida por la normativa de referencia, requiere que exista una actuación que constituya un tratamiento de datos personales en el sentido expresado. En otro caso las mencionadas disposiciones no serán de aplicación. El artículo 5.1.
8. f)del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, define datos de carácter personal como: “Cualquier información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo, concerniente a personas físicas identificadas o identificables”. En este mismo sentido se pronuncia el artículo 2.
9. a)de la Directiva 95/46/CE del Parlamento y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la Protección de las Personas Físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, según el cual, a efectos de dicha Directiva, se entiende por C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 8/15 dato personal “toda información sobre una persona física identificada o identificable; se considerará identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un número de identificación o uno o varios elementos específicos, característicos de su identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social”. De lo anteriormente expuesto se desprende que el concepto de dato personal, según la definición de la LOPD, requiere la concurrencia de un doble elemento: por una parte, la existencia de una información o dato y, por otra, que dicho dato pueda vincularse a una persona física identificada o identificable. Así, de conformidad con la normativa expuesta, el denunciado dispone de datos personales y los utiliza, lo que constituye un tratamiento de datos personales del que es responsable, toda vez que es quien decide sobre la finalidad, contenido y uso del citado tratamiento. V Se imputa a la entidad LA FARGA SHOPPING CENTRE SL como responsable del sistema de videovigilancia instalado en el Centro Comercial La Farga situado en la (C/.........1), (C/.........3), la comisión de una infracción del artículo 6.1 de la LOPD, que dispone lo siguiente: “1. El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa. 2. No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se recojan para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias; cuando se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento; cuando el tratamiento de los datos tenga por finalidad proteger un interés vital del interesado en los términos del artículo 7, apartado 6, de la presente Ley, o cuando los datos figuren en fuentes accesibles al público y su tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del fichero o por el del tercero a quien se comuniquen los datos, siempre que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado. 3. El consentimiento a que se refiere el artículo podrá ser revocado cuando exista causa justificada para ello y no se le atribuyan efectos retroactivos. 4. En los casos en los que no sea necesario el consentimiento del afectado para el tratamiento de los datos de carácter personal, y siempre que una Ley no disponga lo contrario, éste podrá oponerse a su tratamiento cuando existan motivos fundados y legítimos relativos a una concreta situación personal. En tal supuesto, el responsable del fichero excluirá del tratamiento los datos relativos al afectado”. Respecto a la legitimación en el tratamiento de las imágenes, la respuesta se encuentra en el artículo 2 de la Instrucción 1/2006, que establece que: “1. Sólo será posible el tratamiento de los datos objeto de la presente instrucción, cuando se encuentre amparado por lo dispuesto en el artículo 6.1 y 2 y el artículo 11.1 y 2 de la C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 9/15 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior la instalación de cámaras y videocámaras deberá respetar en todo caso los requisitos exigidos por la legislación vigente en la materia”. El tratamiento de datos sin consentimiento constituye un límite al derecho fundamental a la protección de datos. Este derecho, en palabras del Tribunal Constitucional en su Sentencia 292/2000, de 30 de noviembre, (F.J. 7 primer párrafo), “...consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta a la persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al individuo saber quién posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. Estos poderes de disposición y control sobre los datos personales, que constituyen parte del contenido del derecho fundamental a la protección de datos se concretan jurídicamente en la facultad de consentir la recogida, la obtención y el acceso a los datos personales, su posterior almacenamiento y tratamiento, así como su uso o usos posibles, por un tercero, sea el estado o un particular (...)”. Son pues elementos característicos del derecho fundamental a la protección de datos personales, los derechos del afectado a consentir sobre la recogida y tratamiento de sus datos personales y a saber de los mismos. En el presente expediente, cabe apreciar que las cámaras instaladas captan imágenes de personas, de conformidad con lo anteriormente expuesto. Dichas imágenes, incorporan datos personales de las personas que se introducen dentro de su campo de visión y, por lo tanto, los datos personales captados están sometidos al consentimiento de sus titulares, de conformidad con lo que determina la LOPD. Dicho tratamiento, por tanto, ha de contar con el consentimiento de los afectados, circunstancia que no se ha acreditado. VI Por otro lado, en este caso concreto, con relación a las cámaras instaladas en el exterior del establecimiento denunciado, hay que señalar que para entender las especialidades derivadas del tratamiento de las imágenes en la vía pública que captan las cámaras situadas en el exterior, es preciso conocer la regulación que sobre esta materia se contempla en el artículo 1 de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos que establece: “La presente Ley regula la utilización por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de videocámaras para grabar imágenes y sonidos en lugares públicos abiertos o cerrados, y su posterior tratamiento, a fin de contribuir a asegurar la convivencia ciudadana, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, así como de prevenir la comisión de delitos, faltas e infracciones relacionados con la seguridad pública”. Este precepto es preciso ponerlo en relación con lo dispuesto en el artículo 3
10. e)de la Ley Orgánica 15/1999, donde se prevé que: “Se regirán por sus disposiciones específicas y por lo especialmente previsto, en su caso, por esta Ley Orgánica los C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 10/15 siguientes tratamientos de datos personales:
11. e)Los procedentes de las imágenes y sonidos obtenidos mediante la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de conformidad con la legislación sobre la materia”. En virtud de todo lo expuesto, podemos destacar que la instalación de videocámaras en lugares públicos es competencia exclusiva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de ahí que la legitimación para el tratamiento de dichas imágenes se contemple en la Ley Orgánica 4/1997, y además en el mismo texto legal se regulan los criterios para instalar las cámaras y los derechos de los interesados. Asimismo, debe recordarse que el tratamiento de las imágenes deberá cumplir con el principio de proporcionalidad en el tratamiento, consagrado por el artículo 4.1 de la Ley Orgánica 15/1999, según el cual “los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido”. Así lo recuerda el artículo 4.1 de la Instrucción 1/2006, al señalar que “de conformidad con el artículo 4 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, las imágenes sólo serán tratadas cuando sean adecuadas, pertinentes y no excesivas en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, legítimas y explícitas, que hayan justificado la instalación de las cámaras o videocámaras”. En el presente procedimiento no ha quedado acreditado que el sistema de videovigilancia del denunciado estuviera acogido a las disposiciones de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, que regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos, por lo que el tratamiento de los datos recogidos en la vía pública carece de habilitación legal. La Inspección de Datos de esta Agencia ha comprobado que, en la información enviada por la entidad denunciada en noviembre de 2014, las cámaras exteriores, que son domos con capacidad de zoom, captan imágenes de la vía pública. En concreto en las imágenes puede verse como la cámara denominada 84 capta la zona de una de las entradas en la confluencia de las avenidas de Josep Tarradellas i Joan e Isabel la Católica observándose un espacio público. Los domos denominados 85 y 86 están situados en la terraza del edificio del centro comercial, a gran altura sobre el acceso de la avenida Josep Tarradellas i Joan, por lo que tienen una gran capacidad para captar espacios públicos. En las imágenes que se aportan de estos dos domos puede verse, en la 85, la terraza del edificio y la entrada por la rampa de vehículos que capta vía pública y en el caso de la 86 se aporta una sola fotografía donde se ve la terraza y la avenida Isabel la Católica que capta vía pública, pero no se aportan más imágenes de unas cámaras domo con zoom situadas en la terraza del centro comercial sobre un acceso muy amplio situado en una confluencia de vías. De la cámara 87, situada en la terraza igual que las anteriores, en la confluencia de la avenida Isabel la Católica y la calle (C/.........3) sobre el otro acceso del centro comercial, tiene también una gran capacidad de captación de vía pública, y de ella se aporta una imagen dirigida hacia la calle (C/.........3) donde se capta vía pública. De la cámara 88, otra domo con zoom situado en un porche del otro acceso al centro comercial en la calle (C/.........3), se aporta tan solo una imagen de lo captado donde puede verse el acceso. En este caso, las cámaras ubicadas en el exterior del Centro Comercial La Farga situado en la (C/.........1), (C/.........3), graban imágenes de los viandantes sin que tengan C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 11/15 autorización administrativa al respecto, puesto que como ya se ha establecido “ut supra”, la instalación de cámaras en la vía pública es competencia exclusiva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. VII Por otra parte, la Directiva 95/46/CE en su Considerando 14 afirma: “