PS-00175-2014

1/13 Procedimiento Nº PS/00175/2014 RESOLUCIÓN: R/01321/2014 En el procedimiento sancionador PS/00175/2014, instruido por la Agencia Española de Protección de Datos a Don A.A.A., vista la denuncia presentada por la POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID y en base a los siguientes, ANTECEDENTES PRIMERO: Con fechas 16 y 22 de mayo de 2013, tuvieron entrada en esta Agencia escritos remitidos por el ÁREA DE GOBIERNO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, en el que se remite informe del Cuerpo de Policía Municipal, Subinspección Central de Policía Judicial, Unidad de Medio Ambiente, comunicando posible infracción a la Ley Orgánica 15/1999 motivada por la existencia de cámaras de vídeovigilancia en el establecimiento con denominación comercial “PUB XXXX” sito en (C/............1) de Madrid y cuyo titular es D. A.A.A. (en adelante el denunciado) con NIE D.D.D.. En el mencionado informe, la Policía Municipal manifiesta que en el establecimiento denunciado existe un sistema de videovigilancia compuesto por una cámara que se encuentra camuflada en el interior de una carcasa de un foco halógeno, presuponiendo que se encuentra activa ya que el led del objetivo se encuentra encendido. Según manifiesta el encargado del local, la cámara no funciona. El establecimiento carece de formularios informativos a disposición de los clientes para el ejercicio de los derechos ARCO. Se adjunta a la denuncia copia del acta de inspección realizada con fecha 20 de abril de 2013 y reportaje fotográfico del sistema y de la notificación de cambio de titular de licencia vigente. Previamente, con fecha 14 de abril de 2007, tuvo entrada en esta Agencia escrito de la Policía Municipal de Madrid en el que manifiesta la existencia de “dos cámaras de videovigilancia en el exterior del local (tipo webcam) denominado PUB XXXX, sito en (C/............1), propiedad de D. A.A.A.. Las cámaras se encuentran camufladas en el interior de dos focos de luz, cuyo campo de visión alcanza de forma patente la vía pública. En el local no existe expuesto al público ningún cartel informativo de captación de imágenes. Según manifestaciones del propietario del establecimiento, las imágenes captadas se integran dentro de un circuito cerrado de televisión que no dispone de posibilidad de grabación”. Realizadas las actuaciones previas de investigación del expediente de referencia E/00599/2007, con fecha 6 de mayo de 2008 se acuerda iniciar procedimiento sancionador a la entidad PUB XXXX por presunta infracción del artículo 5 de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Sin posibilidad de notificar a la citada entidad el inicio de procedimiento sancionador y transcurrido el período establecido para la prescripción de la infracción imputada, se declara el archivo del procedimiento PS/00233/2008. C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 2/13 SEGUNDO: A la vista de los hechos denunciados, en fase de actuaciones previas, por los Servicios de Inspección de esta Agencia se tuvo conocimiento de lo siguiente: 1.1. Con fecha 4 de septiembre de 2013 se solicitó información al responsable del sistema, resultando la misma devuelta por el servicio de Correos con la indicación “AUSENTE REPARTO”. 1.2. Con fecha 4 de septiembre de 2013 se solicitó información a la OFICINA DE GESTIÓN DE LICENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, en relación a la titularidad de la actividad que se desarrolla bajo el nombre comercial de PUB XXXX. Teniendo entrada en esta Agencia escrito de fecha 27 de septiembre de 2013, en el que la Jefe de Servicio Jurídico informa:  “Consultado el sistema informático municipal se ha comprobado que en el LOCAL 10 sito en la C/ C.C.C., se desarrolla la actividad de “BAR ESPECIAL SIN ACTUACIONES MUSICALES EN DIRECTO”, con el nombre comercial de “PUB XXXX”. No obstante no se ha podido tener acceso a ninguno de los datos solicitados…”. 1.3. Con fecha 8 de octubre de 2013 se reiteró la solicitud de información al responsable del establecimiento, resultando la misma devuelta por el servicio de Correos con la indicación “AUSENTE REPARTO”. 1.4. Con fecha 28 de octubre de 2013 se reiteró la solicitud de información al titular del local dirigida al domicilio particular, resultando la misma devuelta por el servicio de Correos con la indicación “DESCONOCIDO”. 1.5. Con fecha 21 de enero de 2014 y no habiendo sido posible contactar con los representantes de esa entidad, se personan inspectores de esta Agencia en el establecimiento PUB XXXX con el objeto de realizar las actuaciones oportunas encaminadas a determinar los aspectos del sistema de videovigilancia investigado. Los inspectores constatan que el establecimiento carece de horario de apertura expuesto en su fachada y tienen conocimiento, por manifestaciones de los establecimientos vecinos, que el local abre en horario nocturno. Durante las reiteradas visitas de inspección el local permanece cerrado. Observan que el establecimiento presenta en su fachada dos focos luminosos, uno de los cuales tiene incorporado un sistema de cámara tipo webcam y dispone de unos cables con conexión y entrada al interior del local. El otro foco permanece orientado hacia la fachada. La orientación de la cámara descrita se dirige hacia la entrada del establecimiento y un área de acera pública. En documento de inspección se adjunta reportaje fotográfico. TERCERO: En el Acuerdo de inicio del presente procedimiento se informó que, de la información contenida en las actuaciones previas de investigación, y sin perjuicio de lo que se derivase de la instrucción del presente expediente sancionador, se desprende que Don A.A.A. dispone de un sistema de videovigilancia ubicado en el establecimiento con denominación comercial “PUB XXXX” sito en (C/............1) de Madrid, que captan imágenes de la vía pública, que es competencia exclusiva de los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad, por lo que no dispondría de habilitación legal para el tratamiento de C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 3/13 imágenes y precisando, por tanto, del consentimiento de los afectados, según se recoge en el artículo 6 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de los Datos de Carácter Personal . CUARTO: Con fecha 25 de marzo de 2014, el Director de la Agencia Española de Protección de Datos acordó iniciar, procedimiento sancionador a Don A.A.A., por presunta infracción del artículo 6.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13/12, de Protección de Datos de Carácter Personal ( en lo sucesivo LOPD), tipificada como grave en el artículo 44.3.

1. b)de dicha norma, pudiendo ser sancionado con multa de 40.001 € a 300.000, de acuerdo con el artículo 45.2 de dicha Ley Orgánica. QUINTO: Con fechas 31 de marzo y 1 de abril de 2014, se procedió al intento de notificación del acuerdo de inicio al denunciado en la dirección de la entidad que consta en las Actas de denuncia, que fue devuelto por el Servicio de Correos Con fecha 23 de abril de 2014, se remitió al Ayuntamiento de Madrid para su publicación en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y, finalmente, con fecha 2 de junio de 2014, se procedió a su publicación en el BOE. Notificado, pues, el acuerdo de inicio al denunciado, Don presentado alegaciones al respecto. A.A.A. no ha SEXTO: El artículo 13.2 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, señala que: “El acuerdo de iniciación se comunicará al instructor, con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto, y se notificará al denunciante, en su caso, y a los interesados, entendiendo en todo caso por tal al inculpado. En la notificación se advertirá a los interesados que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en el plazo previsto en el artículo 16.1, la iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del Reglamento.”. HECHOS PROBADOS PRIMERO: Consta acreditado, según Actas-Denuncia emitidas por la Policía Local del Ayuntamiento de Madrid en su Acta de Inspección de 20 de abril de 2013, que la cámara instalada en el establecimiento con denominación comercial PUB XXXX sito en (C/............1) de Madrid se encuentra camuflada y capta imágenes de la vía pública (folios 1-15). SEGUNDO: La Policía Local del Ayuntamiento de Madrid ha informado que el titular del establecimiento es D. A.A.A. con NIE D.D.D. (folios 3, 6 y 11 entre otros). TERCERO: Asimismo, la Policía Local ha informado que “el establecimiento presenta en su fachada dos focos luminosos, uno de los cuales tiene incorporado un sistema de cámara tipo webcam y dispone de unos cables con conexión y entrada al interior del local. El otro foco permanece orientado hacia la fachada. La orientación de la cámara descrita se dirige hacia la entrada del establecimiento y un área de acera pública”. Por otro lado se indica que los led del objetivo están encendidos de color rojo, por lo que se C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 4/13 supone que la cámara está activada. En el informe se indica que el establecimiento reúne las características de “bar especial” (folios 5-8 y 11, entre otros) CUARTO: Notificado el Acuerdo de Inicio del presente procedimiento sancionador, el denunciado no ha presentado alegaciones al respecto (folios 60-75) FUNDAMENTOS DE DERECHO I Es competente para resolver este procedimiento el Director de la Agencia Española de Protección de Datos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.
2. g)en relación con el artículo 36 de la LOPD. II El artículo 13.2 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, dispone que “El acuerdo de iniciación se comunicará al instructor, con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto, y se notificará al denunciante, en su caso, y a los interesados, entendiendo en todo caso por tal al inculpado. En la notificación se advertirá a los interesados que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en el plazo previsto en el artículo 16.1, la iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del Reglamento.” De conformidad con lo expuesto, el acuerdo de iniciación correctamente notificado podrá ser considerado directamente propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso a cerca de la responsabilidad imputada. Para ello son necesarios varios requisitos: • Que dicha posibilidad sea advertida expresamente al inculpado en la notificación del acuerdo de inicio del procedimiento. • Que el acuerdo de iniciación cumpla todas las exigencias que sobre el contenido se exigen en el apartado primero del citado artículo. • Que el inculpado no presente alegaciones en plazo sobre el contenido de la iniciación. • Que como consecuencia de la instrucción no resulte modificada la determinación inicial de los hechos, de su posible calificación, de las sanciones imponible o de las responsabilidades susceptibles de sanción (Art. 16.3 del citado Real decreto) La STS de 19 de diciembre de 2000 (RJ 2001, 2617) recaída en recurso de casación en interés de ley, interpretando el artículo 13.2 del Real Decreto 320/1994, declara que basta que el interesado no haya formulado alegaciones sobre el contenido del boletín de denuncia que inicia el procedimiento, para que no sea preceptiva la notificación de la propuesta de resolución, ni necesario, en consecuencia, el trámite de audiencia, al servir el acuerdo de iniciación como propuesta de resolución. En el presente caso, se han observado las prescripciones citadas al respecto, por C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 5/13 lo que es conforme a derecho considerar el citado acuerdo de iniciación como propuesta de resolución. III Con carácter previo, debe señalarse que el artículo 1 de la LOPD dispone: “La presente Ley Orgánica tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar”. La LOPD, viene a regular el derecho fundamental a la protección de datos de las personas físicas, esto es, el derecho a disponer de sus propios datos sin que puedan ser utilizados, tratados o cedidos sin su consentimiento, con la salvedad de las excepciones legalmente previstas. En cuanto al ámbito de aplicación de la citada norma, el artículo 2.1 de la misma señala: “La presente Ley Orgánica será de aplicación a los datos de carácter personal registrados en soporte físico que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores público y privado”; definiéndose el concepto de dato de carácter personal en el apartado
3. a)del artículo 3 de la LOPD, como “Cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables”. En lo que respecta al concepto de “fichero” el artículo 3.
4. b)de la LOPD lo define como “todo conjunto organizado de datos de carácter personal”, con independencia de la modalidad de acceso al mismo. Por su parte el artículo 3.
5. d)de la LOPD define al responsable del fichero o tratamiento como la “persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada, u órgano administrativo, que decida sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento.” El artículo 3 de la LOPD define en su letra
6. c)el tratamiento de datos como aquellas “operaciones y procedimientos técnicos de carácter automatizado o no, que permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo y cancelación, así como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias”. La garantía del derecho a la protección de datos, conferida por la normativa de referencia, requiere que exista una actuación que constituya un tratamiento de datos personales en el sentido expresado. En otro caso las mencionadas disposiciones no serán de aplicación. El artículo 5.1.
7. f)del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, define datos de carácter personal como: “Cualquier información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo, concerniente a personas físicas identificadas o identificables”. En este mismo sentido se pronuncia el artículo 2.
8. a)de la Directiva 95/46/CE del Parlamento y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la Protección de las Personas Físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, según el cual, a efectos de dicha Directiva, se entiende por dato personal “toda información sobre una persona física identificada o identificable; se considerará identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 6/13 indirectamente, en particular mediante un número de identificación o uno o varios elementos específicos, característicos de su identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social”. De lo anteriormente expuesto se desprende que el concepto de dato personal, según la definición de la LOPD, requiere la concurrencia de un doble elemento: por una parte, la existencia de una información o dato y, por otra, que dicho dato pueda vincularse a una persona física identificada o identificable. Así, de conformidad con la normativa expuesta, el denunciado dispone de datos personales y los utiliza, lo que constituye un tratamiento de datos personales del que es responsable, toda vez que es quien decide sobre la finalidad, contenido y uso del citado tratamiento. IV Se imputa a D. A.A.A. como titular del establecimiento con denominación comercial PUB XXXX sito en (C/............1) de Madrid, la comisión de una infracción del artículo 6.1 de la LOPD, que dispone lo siguiente: “1. El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa. 2. No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se recojan para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias; cuando se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento; cuando el tratamiento de los datos tenga por finalidad proteger un interés vital del interesado en los términos del artículo 7, apartado 6, de la presente Ley, o cuando los datos figuren en fuentes accesibles al público y su tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del fichero o por el del tercero a quien se comuniquen los datos, siempre que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado. 3. El consentimiento a que se refiere el artículo podrá ser revocado cuando exista causa justificada para ello y no se le atribuyan efectos retroactivos. 4. En los casos en los que no sea necesario el consentimiento del afectado para el tratamiento de los datos de carácter personal, y siempre que una Ley no disponga lo contrario, éste podrá oponerse a su tratamiento cuando existan motivos fundados y legítimos relativos a una concreta situación personal. En tal supuesto, el responsable del fichero excluirá del tratamiento los datos relativos al afectado”. Respecto a la legitimación en el tratamiento de las imágenes, la respuesta se encuentra en el artículo 2 de la Instrucción 1/2006, que establece que: “1. Sólo será posible el tratamiento de los datos objeto de la presente instrucción, cuando se encuentre amparado por lo dispuesto en el artículo 6.1 y 2 y el artículo 11.1 y 2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior la instalación de cámaras y videocámaras deberá respetar en todo caso los requisitos exigidos por la legislación vigente en la materia”. C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 7/13 El tratamiento de datos sin consentimiento constituye un límite al derecho fundamental a la protección de datos. Este derecho, en palabras del Tribunal Constitucional en su Sentencia 292/2000, de 30 de noviembre, (F.J. 7 primer párrafo), “...consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta a la persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al individuo saber quién posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. Estos poderes de disposición y control sobre los datos personales, que constituyen parte del contenido del derecho fundamental a la protección de datos se concretan jurídicamente en la facultad de consentir la recogida, la obtención y el acceso a los datos personales, su posterior almacenamiento y tratamiento, así como su uso o usos posibles, por un tercero, sea el estado o un particular (...)”. Son pues elementos característicos del derecho fundamental a la protección de datos personales, los derechos del afectado a consentir sobre la recogida y tratamiento de sus datos personales y a saber de los mismos. En el presente expediente, cabe apreciar que las cámaras instaladas captan imágenes de personas, de conformidad con lo anteriormente expuesto. Dichas imágenes, incorporan datos personales de las personas que se introducen dentro de su campo de visión y, por lo tanto, los datos personales captados están sometidos al consentimiento de sus titulares, de conformidad con lo que determina la LOPD. Dicho tratamiento, por tanto, ha de contar con el consentimiento de los afectados, circunstancia que no se ha acreditado. V Por otro lado, en este caso concreto, con relación a las cámaras instaladas en el exterior del establecimiento del denunciado, hay que señalar que para entender las especialidades derivadas del tratamiento de las imágenes en la vía pública que captan las cámaras situadas en el exterior, es preciso conocer la regulación que sobre esta materia se contempla en el artículo 1 de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos que establece: “La presente Ley regula la utilización por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de videocámaras para grabar imágenes y sonidos en lugares públicos abiertos o cerrados, y su posterior tratamiento, a fin de contribuir a asegurar la convivencia ciudadana, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, así como de prevenir la comisión de delitos, faltas e infracciones relacionados con la seguridad pública”. Este precepto es preciso ponerlo en relación con lo dispuesto en el artículo 3
9. e)de la Ley Orgánica 15/1999, donde se prevé que: “Se regirán por sus disposiciones específicas y por lo especialmente previsto, en su caso, por esta Ley Orgánica los siguientes tratamientos de datos personales:
10. e)Los procedentes de las imágenes y sonidos obtenidos mediante la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de conformidad con la legislación sobre la materia”. En virtud de todo lo expuesto, podemos destacar que la instalación de videocámaras en lugares públicos es competencia exclusiva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de ahí que la legitimación para el tratamiento de dichas imágenes se C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 8/13 contemple en la Ley Orgánica 4/1997, y además en el mismo texto legal se regulan los criterios para instalar las cámaras y los derechos de los interesados. Asimismo, debe recordarse que el tratamiento de las imágenes deberá cumplir con el principio de proporcionalidad en el tratamiento, consagrado por el artículo 4.1 de la Ley Orgánica 15/1999, según el cual “los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido”. Así lo recuerda el artículo 4.1 de la Instrucción 1/2006, al señalar que “de conformidad con el artículo 4 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, las imágenes sólo serán tratadas cuando sean adecuadas, pertinentes y no excesivas en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, legítimas y explícitas, que hayan justificado la instalación de las cámaras o videocámaras”. En el presente procedimiento no ha quedado acreditado que el sistema de videovigilancia del denunciado estuviera acogido a las disposiciones de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, que regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos, por lo que el tratamiento de los datos recogidos en la vía pública carece de habilitación legal. En este caso, las cámaras ubicadas en establecimiento del denunciado captan imágenes que superan la propiedad del denunciado sin que exista autorización administrativa al respecto, puesto que como ya se ha establecido “ut supra”, la instalación de cámaras en la vía pública es competencia exclusiva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. VI Por otra parte, la Directiva 95/46/CE en su Considerando 14 afirma: “