PS-00222-2023

1/21  Expediente N.º: EXP202209157 RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR Del procedimiento instruido por la Agencia Española de Protección de Datos y en base a los siguientes ANTECEDENTES PRIMERO: D. A.A.A. (en adelante, la parte reclamante) con fecha 19 de julio de 2022 interpuso reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. La reclamación se dirige contra TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A. con NIF A78923125 (en adelante, la parte reclamada o “TME”). Los motivos en que basa la reclamación son los siguientes: La parte reclamante manifiesta que tras recibir un mensaje de texto en su móvil por parte de la entidad reclamada, se le informa del cambio de su tarifa, sin su consentimiento. Así las cosas, tras personarse en una tienda física de “TME”, le confirman la modificación de la tarifa de su línea móvil, estando asociada a su DNI, excepto que aparecen dos letras al inicio de la numeración de este. Junto a su reclamación aporta denuncia policial por estos hechos de fecha 14 de julio de 2022, copia de su contrato y correos electrónicos intercambiados con la reclamada. SEGUNDO: De conformidad con el artículo 65.4 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante LOPDGDD), se dio traslado de dicha reclamación a la parte reclamada, para que procediese a su análisis e informase a esta Agencia en el plazo de un mes, de las acciones llevadas a cabo para adecuarse a los requisitos previstos en la normativa de protección de datos. El traslado, que se practicó conforme a las normas establecidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPACAP), fue recogido en fecha 7 de septiembre de 2022 como consta en el acuse de recibo que obra en el expediente. No se ha recibido respuesta a este escrito de traslado. TERCERO: De conformidad con el artículo 65 de la LOPDGDD, cuando se presentase ante la Agencia Española de Protección de Datos (en adelante, AEPD) una reclamación, ésta deberá evaluar su admisibilidad a trámite, debiendo notificar a la parte reclamante la decisión sobre la admisión o inadmisión a trámite, en el plazo de tres meses desde que la reclamación tuvo entrada en esta Agencia. Si, transcurrido este plazo, no se produjera dicha notificación, se entenderá que prosigue la tramitación de la reclamación con arreglo a lo dispuesto en el Título VIII de la Ley. Dicha disposición también resulta de aplicación a los procedimientos que la AEPD hubiera de tramitar en ejercicio de las competencias que le fueran atribuidas por otras C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeagpd.gob.es 2/21 leyes. En este caso, teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y que la reclamación se presentó en esta Agencia, en fecha 19 de julio de 2022, se comunica que su reclamación ha sido admitida a trámite, el día 19 de octubre de 2022, al haber transcurrido tres meses desde que la misma tuvo entrada en la AEPD. CUARTO: La Subdirección General de Inspección de Datos procedió a la realización de actuaciones previas de investigación para el esclarecimiento de los hechos en cuestión, en virtud de las funciones asignadas a las autoridades de control en el artículo 57.1 y de los poderes otorgados en el artículo 58.1 del Reglamento (UE) 2016/679 (Reglamento General de Protección de Datos, en adelante RGPD), y de conformidad con lo establecido en el Título VII, Capítulo I, Sección segunda, de la LOPDGDD, teniendo conocimiento de los siguientes extremos: Realizado requerimiento a la parte reclamada en fecha 28 de febrero de 2023, con fecha de 17 de marzo de 2023 se recibe en esta Agencia escrito remitido por “TME” manifestando que: “La parte reclamante contrató el servicio convergente “Movistar Conecta Max”, que incluye teléfono fijo, móvil y acceso a internet, en fecha de 19 de marzo de 2021, e indicando como líneas asociadas la ***TELEFONO.1 y ***TELEFONO.2. A los efectos oportunos, se adjunta como documento Anexo 2 copia del citado contrato. En fecha 23 de marzo de 2021, a la hora de solicitar la portabilidad de la línea móvil indicada para el servicio “Movistar Conecta Max”, y suscribir el correspondiente contrato con la solicitud de la portabilidad, la parte reclamante indica como nombre, y vinculado a su DNI, el de “B.B.B.”. A los efectos oportunos, se adjunta como documento Anexo 3 copia del citado contrato. “ Se comprueba que la firma del contrato del Anexo 2 y las cuatro firmas en el contrato del Anexo 3, aparentemente, es la misma y que en el contrato del Anexo 3 figuran los datos del cliente con nombre B.B.B., dirección, mismo NIF que la parte reclamante y el operador donante (***EMPRESA.1) del nº de teléfono móvil de la parte reclamante, junto con los datos de la domiciliación bancaria. Se comprueba que la copia del contrato de solicitud de portabilidad aportada por la parte reclamante de 19/3/2021 incluye su nombre y apellidos, NIF, dirección, email, e indica que el servicio contratado es Portabilidad para Movistar Conecta Max Fibra, respecto de un nº de teléfono fijo, del operador donante ***EMPRESA.2 (marca de ***EMPRESA.1 desde XXXX) junto con los datos ocultos de la domiciliación bancaria, mientras que en la copia del contrato del Anexo 2 aportada por la parte reclamada solo figura nombre y apellidos, NIF, email e indica que el servicio contratado es Movistar Conecta Max con el mismo nº de teléfono fijo y además el nº de teléfono móvil de la parte reclamante. “En fecha de 7 de junio de 2022, la línea móvil migra a un contrato sólo móvil, fruto de la baja del Movistar Conecta Max que la parte reclamante tenía suscrito. En este sentido, al desligarse la línea móvil del fijo, la línea móvil recupera los datos del contrato original suscrito con la solicitud de portabilidad que habían sido indicados por el Reclamante, quedando pues con su DNI y el nombre de “B.B.B.”, hasta el momento de la presente reclamación.” C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeagpd.gob.es 3/21 Se comprueba que la parte reclamada no ha aportado copia del contrato de fecha 7 de junio de 2022 de migración a solo móvil. “Sobre ésta, la parte reclamada desconoce la información que le hayan podido transmitir en una tienda física por parte de nuestros agentes comerciales, pero sí podemos confirmar que no consta a esta parte, pese a lo indicado en el escrito de reclamación, que el cliente se haya puesto en contacto con Telefónica o con la Oficina del Delegado de Protección de Datos para ejercer un derecho de rectificación de datos. No obstante lo anterior, una vez tenido conocimiento de la presente reclamación a través de la AEPD, se ha procedido a hacer efectivo el derecho de rectificación del dato del nombre, quedando solventada la presente controversia. Pese a que no consta a esta parte reclamada que desde la tienda física se haya indicado a la parte reclamante que no es posible realizar una rectificación de datos personales, se han cursado las instrucciones internas necesarias desde la Oficina del Delegado de Protección de Datos para recordar a los agentes comerciales que las solicitudes de ejercicios de rectificación de datos deben encaminarse a través de los canales habilitados a tales efectos.” 48 QUINTO: De acuerdo con el informe recogido de la herramienta AXESOR, la entidad TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A. es una gran empresa constituida en el año 1988, y con un volumen de negocios de 4.406.624.000 euros en el año 2021. SEXTO: Con fecha 21 de julio de 2023, la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos acordó iniciar procedimiento sancionador a la parte reclamada, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 63 y 64 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPACAP), por la presunta infracción del Artículo 6.1 del RGPD, tipificada en el Artículo 83.5 del RGPD. SÉPTIMO: Notificado el citado acuerdo de inicio conforme a las normas establecidas en la LPACAP, la parte reclamada solicitó ampliación del plazo para formular alegaciones, siéndole concedido, y con fecha 14 de agosto de 2023 presentó escrito de alegaciones en el que, en síntesis, manifestaba que: << en concreto, esta parte no está de acuerdo con lo dispuesto en el Hecho Segundo relativo a que se dio traslado a esta parte de la reclamación inicial de fecha 14 de julio de 2022 junto con la denuncia policial de fecha 14 de julio de 2022, la copia de su contrato y correos electrónicos intercambiados con esta parte, sin que se procediese a dar contestación al requerimiento de información por parte de Telefónica. Sobre este punto, revisados nuestros sistemas, no se ha encontrado ningún tipo de notificación al respecto pese a que la AEPD indica que fue recogido por esta parte en fecha de 7 de septiembre de 2022, por lo que se solicita a la AEPD que revise el caso, pues en caso contrario se podría haber producido una indefensión a esta parte. Sobre la supuesta falta de licitud del tratamiento con respecto a una supuesta modificación de la titularidad de la línea. A este respecto, cabe señalar que las firmas son las mismas en todos los contratos aportados que es el propio cliente el que, en fecha 23 de marzo de 2021, a la hora de solicitar la portabilidad de la línea móvil C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeagpd.gob.es 4/21 indicada para el servicio “Movistar Conecta Max”, y suscribir el correspondiente contrato con la solicitud de la portabilidad, indica como nombre, y vinculado a su DNI, el de “B.B.B.”. Debido a este hecho, cuando en fecha de 7 de junio de 2022, la línea móvil migra a un contrato sólo móvil, fruto de la baja del Movistar Conecta Max que el Reclamante tenía suscrito, la línea móvil recuperó los datos del contrato original suscrito en la solicitud de portabilidad, quedando pues la línea asociada a su DNI y el nombre de “B.B.B.”, que es por error el que el cliente había indicado en la solicitud de portabilidad original. Por tanto, en ningún caso se ha producido un cambio de titularidad de línea, sino un mero error en el nombre derivado del dato indicado en la solicitud de portabilidad inicial. Es decir, en este caso no se habría producido un tratamiento ilícito de datos modificando la titularidad de la línea, sino que por el propio error cometido por el cliente a la hora de suscribir el contrato, el nombre que se recuperó de sistema fue el indicado por el reclamante en la solicitud de portabilidad pero con el DNI correcto, hecho que fue inmediatamente rectificado una vez tenido conocimiento de la reclamación ante la AEPD. En conclusión y por lo anterior, ni se ha producido en el presente caso una modificación de tarifa ni un cambio de titularidad de la línea sin consentimiento del titular. Más al contrario, Telefónica ha actuado en todo momento conforme a las Condiciones suscritas por el Cliente y conforme a los datos aportados por éste, tratando sus datos en base a la ejecución del contrato del que el cliente es parte, y por tanto, no se ha producido la acción típica de falta de licitud del tratamiento. En el ámbito sancionador, para que una conducta pueda ser reprochada se exige que esta sea típica, antijurídica y culpable. Por ello, una vez analizados los hechos, esta parte considera que el principio de tipicidad se está vulnerando dado que la conducta realizada por Telefónica no es subsumible en ninguno de los preceptos cuya infracción se imputa. Recordamos que, en este caso, la Agencia considera vulnerado el artículo 6.1 del RGPD (condiciones en las que el tratamiento será considerado como lícito) y la infracción la tipifica conforme al artículo 83.5 RGPD. Sin embargo, tal como se ha expuesto en el apartado de Hechos del presente escrito, la acción no puede ser considerada típica. Esta parte confirma que la base legal que legitima el tratamiento de los datos personales del reclamante no es otra que la de la ejecución del contrato, esto es, la base legitimadora que contempla el apartado

1. b)del citado artículo 6.1: “el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales”. Es decir, en este caso concreto el tratamiento de datos personales se realiza con la finalidad de gestionar el cambio de tarifa de la línea móvil conforme a las Condiciones Particulares de Contratación del Servicio Conecta Max suscrito por el cliente y conforme a los datos personales aportados por éste en el momento de la contratación. Por tanto, el tratamiento es en cualquier caso lícito. Por lo expuesto, entendemos que no ha lugar la imputación a mi representada de una infracción del artículo 6.1 del RGPD, ya que el tratamiento de esos datos por parte de Telefónica resulta necesario C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeagpd.gob.es 5/21 para gestionar la relación contractual con el Reclamante y, por lo tanto, Telefónica contaba con base legitimadora suficiente, no resultando por tanto la acción típica, debiendo procederse al archivo del presente expediente sancionador. Todo lo anterior no hace más que evidenciar que la conducta seguida por Telefónica en ningún caso puede ser considerada típica, dado que la conducta realizada por Telefónica no es subsumible en el precepto cuya infracción se imputa. Pero es que además, tampoco puede ser considerada antijurídica. Telefónica considera que ha actuado en todo momento con buena fe y fundada creencia excluyente de toda culpabilidad. Cabe recordar que la antijuricidad de la conducta, elemento configurador de cualquier ilícito administrativo, exige en su vertiente o aspecto formal que exista una oposición entre el comportamiento y la norma infringida. Sin perjuicio de las alegaciones precedentes, sobre ausencia de tipicidad y antijuricidad, y por si la Agencia no acordase el archivo del presente expediente sancionador pese a los argumentos esgrimidos, de forma subsidiaria, esta parte quiere manifestar su disconformidad con el Acuerdo, cuando dispone como circunstancia para agravar la sanción la siguiente: “La evidente vinculación entre la actividad empresarial de la reclamada y el tratamiento de datos personales de clientes o de terceros (artículo 83.2.k, del RGPD en relación con el artículo 76.2.b, de la LOPDGDD)”. En cualquier caso y en conclusión, esta parte considera que teniendo en cuenta el caso concreto y que en ningún caso se han tratado de forma ilícita los datos del cliente, no concurriendo por tanto el principio de tipicidad, debería procederse con el archivo del presente expediente sancionador. Se declare la inexistencia de responsabilidad por parte de Telefónica por la presunta infracción que se le imputan en este procedimiento, ordenando el archivo del presente expediente sancionador. Subsidiariamente y para el caso de que no se proceda al archivo del presente expediente sancionador, que se minore la sanción inicialmente propuesta en virtud de las atenuantes estipuladas en el art. 83 del RGPD>>. OCTAVO: Con fecha 12 de septiembre de 2023, el instructor del procedimiento acordó practicar las siguientes pruebas: <<1.Se dan por reproducidos a efectos probatorios la reclamación interpuesta por A.A.A. y su documentación, los documentos obtenidos y generados durante la fase de admisión a trámite de la reclamación, y el informe de actuaciones previas de investigación que forman parte del procedimiento AI/00050/2023.2.Asimismo, se da por reproducido a efectos probatorios, las alegaciones al acuerdo de inicio del procedimiento sancionador referenciado, presentadas por TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U., y la documentación que a ellas acompaña>>. NOVENO: Con fecha 16 de octubre de 2023 se formuló propuesta de resolución, proponiendo que por la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos se sancione a TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A. con NIF A78923125, por una infracción del Artículo 6.1 del RGPD, tipificada en el Artículo 83.5 del RGPD, una multa de 70.000 euros (setenta mil euros). C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeagpd.gob.es 6/21 DÉCIMO: Notificada la propuesta de resolución conforme a las normas establecidas en la LPACAP, la parte reclamada presentó escrito de alegaciones el día 30 de octubre de 2023 en el que, ratificándose en las realizadas al Acuerdo de Inicio, manifiesta: “Se vuelven a aportar los contratos íntegros y un extracto de las primeras hojas donde figuran los datos personales. Pues bien, es el propio cliente el que, en fecha 23 de marzo de 2021, a la hora de solicitar la portabilidad de la línea móvil indicada para el servicio “Movistar Conecta Max”, y suscribir el correspondiente contrato con la solicitud de la portabilidad, indica como nombre, y vinculado a su DNI, el de “B.B.B.”. Teniendo en cuenta lo anterior, la portabilidad fue concedida conforme a los datos aportados por el cliente. Debido a este hecho, cuando en fecha de 7 de junio de 2022, la línea móvil migra a un contrato sólo móvil, fruto de la baja del Movistar Conecta Max que el Reclamante había suscrito, ésta recuperó los datos que se mostraban en dicho contrato, quedando pues la línea asociada a su DNI y el nombre de “B.B.B.”, que es el que el cliente había indicado en la solicitud de portabilidad original. Por tanto, en ningún caso se ha producido un cambio de titularidad de línea ni que su línea figurase asociada a otro DNI o pasaporte, sino un mero error en el nombre derivado del dato indicado en la solicitud de portabilidad inicial -a este respecto hay que remarcar que el DNI figura de forma correcta-. Es decir, en este caso no se habría producido un tratamiento ilícito de datos modificando la titularidad de la línea, sino que el nombre que se recuperó del sistema una vez desparejado el servicio móvil del servicio convergente, fue el indicado por el reclamante en la solicitud de portabilidad, dato que por otro lado fue inmediatamente rectificado una vez tenido conocimiento de la reclamación del cliente. No hay una falta de licitud del tratamiento con respecto a la modificación de la tarifa móvil puesto que ésta está contemplada en el contrato del que el reclamante es parte: El servicio convergente “Movistar Conecta Max” contratado por el Reclamante, incluye los servicios de teléfono fijo, móvil y acceso a internet de forma paquetizada. Este servicio, tiene por objeto, tal y como se describe en la cláusula dos del contrato aportado como Anexo 1: “2. CONTRATACIÓN DE MOVISTAR CONECTA MAX. El Cliente, al contratar Movistar Conecta Max, dispondrá de una línea telefónica fija con banda ancha (ADSL, Fibra, o Servicio Movistar Internet Radio -en adelante Acceso Fijo Radio-, si no tiene cobertura de las anteriores y es posible instalarlo como alternativa) con Movistar, y una línea móvil de contrato operada por Telefónica Móviles España, S.A.U., cuya gestión asumirá Movistar (en adelante, “Línea móvil Conecta Max”). Por tanto, es requisito indispensable para poder disfrutar del paquete, el tener siempre una línea fija con acceso a internet y una línea móvil asociadas al servicio. De no ser así no puede disfrutarse de este servicio y en aquellos casos en los que se solicite la baja de uno de los servicios que están paquetizados, el paquete se rompería, entrando en vigor la cláusula 6.2 del contrato, que estipula, aplicado al caso concreto, que en aquellos casos en los que se solicite la baja de los componentes fijos, pero no C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeagpd.gob.es 7/21 del móvil -algo que ocurrió en este caso en el cual el cliente solicitó la baja de los servicios fijos-, sucederá lo siguiente: “6.2. Variaciones debidas a la baja. Cuando se produzca la baja del Cliente en Movistar Conecta Max, pero no de los distintos servicios que lo componen (línea telefónica fija, ADSL/Fibra/ Acceso Fijo Radio, TV y/o líneas móviles), o tras contratarse Movistar Conecta Max, no llegase a producirse el alta efectiva, continuarán prestándose los servicios que permanezcan de alta, de conformidad con sus condiciones contractuales y los precios de Catálogo que se indican a continuación, o los que pudieran haberlos sustituido, cuya consulta será posible en www.movistar.es o a través del Número de Atención Personal 1004 o Respuesta Profesional 1489. Por lo anterior, y dado que el propio contrato suscrito por el Reclamante contempla el reposicionamiento automático de tarifa -contrato que el cliente aceptó y suscribió expresamente, prestando por tanto su consentimiento-, no existe ningún tipo de contrato adicional sobre el cambio de tarifa que esta parte deba aportar, por lo que el comentario que hace la Agencia referente a “se comprueba que la parte reclamada no ha aportado copia del contrato de fecha 7 de junio de 2022 a migración a sólo móvil” no es correcta, puesto que el contrato suscrito inicialmente ya fija dicha posibilidad, no siendo necesaria la firma de un contrato adicional. En conclusión, esta parte ha tratado lícitamente los datos del reclamante, siendo la base legitimadora el contrato del que el reclamante era parte y que suscribió con su firma, aceptando la modificación de la tarifa en caso de baja de los servicios fijos. En conclusión y por lo anterior, ni se ha producido en el presente caso una modificación de tarifa ni un cambio de titularidad de la línea sin consentimiento del titular. Por lo expuesto, entendemos que no ha lugar la imputación a mi representada de una infracción del artículo 6.1 del RGPD, ya que el tratamiento de esos datos por parte de Telefónica resulta necesario para gestionar la relación contractual con el Reclamante y, por lo tanto, Telefónica contaba con base legitimadora suficiente, no resultando por tanto la acción típica, debiendo procederse al archivo del presente expediente sancionador. Todo lo anterior no hace más que evidenciar que la conducta seguida por Telefónica en ningún caso puede ser considerada típica, dado que la conducta realizada por Telefónica no es subsumible en el precepto cuya infracción se imputa. Pero es que además, tampoco puede ser considerada antijurídica. Telefónica considera que ha actuado en todo momento con buena fe y fundada creencia excluyente de toda culpabilidad. Pues bien, se rechaza la antijuridicidad de la conducta en base a los argumentos que el tratamiento de datos personales para la modificación de la tarifa móvil se realiza conforme a las Condiciones Particulares suscritas por el Reclamante y conforme a los datos aportados por éste, siendo la base legitimadora del tratamiento la ejecución del contrato del que el Reclamante es parte. Y, en cualquier caso, una vez fue puesto en conocimiento de Telefónica el posible error cometido por el Reclamante en su solicitud C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeagpd.gob.es 8/21 de portabilidad, el dato fue inmediatamente corregido. Por tanto y en la medida que esto es así, tampoco puede hablarse de una falta de diligencia debida en ningún caso. Por ello, el presente expediente sancionador debe ser archivado. Ni Se ha efectuado una modificación de tarifa ni un cambio de titularidad de línea sin consentimiento del titular. Es una facultad de Telefónica específicamente contemplada en el contrato que ha suscrito el Reclamante. En cualquier caso, si la Agencia no acordase el archivo del presente expediente sancionador, esta parte quiere manifestar su disconformidad con que no se tengan en cuenta ni el caso concreto del que estamos hablando, ni ninguna de las circunstancias atenuantes mencionadas en las alegaciones al Acuerdo de inicio, y que por el contrario, sí se apliquen dos supuestas agravantes. Por ello, esta parte considera que la Propuesta de resolución vulnera el principio de proporcionalidad en la imposición de sanciones. Empezando por las agravantes, en cuanto a “la evidente vinculación entre la actividad empresarial de la reclamada y el tratamiento de datos personales de clientes o de terceros (artículo 83.2.k, del RGPD en relación con el artículo 76.2.b, de la LOPDGDD)”, en primer lugar, en la medida en que esta parte no considera que se haya producido una falta de atención o la obstaculización de las facultades de investigación de la Agencia, no podemos considerar así mismo que concurra esta agravante. De otro lado y con respecto a que se tenga también en cuenta como agravante “la gravedad de la infracción teniendo en cuenta el alcance de la operación de tratamiento, circunstancia prevista en el artículo 83.2.
2. a)RGPD”, tampoco se estaría individualizando la sanción al caso concreto. Todo lo referenciado aporta motivos más que fundados para que por parte de la Agencia se proceda con la minoración de la sanción. Por todo lo expuesto, se solicita que se declare la inexistencia de responsabilidad por parte de Telefónica por la presunta infracción que se le imputa en este procedimiento, ordenando el archivo del presente expediente sancionador, y que, subsidiariamente y para el caso de que no se proceda a la declaración de nulidad de pleno derecho de la resolución sancionadora, o con el archivo del presente expediente sancionador, se minore la sanción inicialmente propuesta en virtud de las atenuantes estipuladas en el art. 83 del RGPD>>. De las actuaciones practicadas en el presente procedimiento y de la documentación obrante en el expediente, han quedado acreditados los siguientes: HECHOS PROBADOS C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeagpd.gob.es 9/21 PRIMERO. - La parte reclamante formuló reclamación ante esta Agencia el día 19 de julio de 2022 en la que se hace constar que TME ha modificado tanto su tarifa telefónica como la titularidad de su línea telefónica sin su consentimiento. SEGUNDO. - Obra en el expediente que la parte reclamada no acredita las alegaciones efectuadas a esta Agencia, en fecha 17 de marzo de 2023, que: <<en fecha 23 de marzo de 2021, a la hora de solicitar la portabilidad de la línea móvil indicada para el servicio “Movistar Conecta Max”, y suscribir el correspondiente contrato con la solicitud de la portabilidad, el Reclamante indica como nombre, y vinculado a su DNI, el de “B.B.B.”. A los efectos oportunos, se adjunta como documento Anexo 3 copia del citado contrato. Posteriormente, ya en fecha de 7 de junio de 2022, la línea móvil migra a un contrato sólo móvil, fruto de la baja del Movistar Conecta Max que el Reclamante tenía suscrito. En este sentido, al desligarse la línea móvil del fijo, la línea móvil recupera los datos del contrato original suscrito con la solicitud de portabilidad que habían sido indicados por el Reclamante, quedando pues con su DNI y el nombre de “B.B.B.”, hasta el momento de la presente reclamación>>. TERCERO. - Obra en el expediente que la reclamada aporta un contrato de fecha 19 de marzo de 2021, en el que constan los datos personales del contratante (nombre, apellidos, domicilio etc.) y dos líneas contratadas, una fija y otra móvil. CUARTO. – Obra en el expediente que la reclamada aporta un contrato de fecha 23 de marzo de 2021, en el que figura un tercero como titular de la línea móvil del reclamante y un domicilio distinto. QUINTO. - Se constata, que TME ha procedido a hacer efectivo el derecho de rectificación del dato del nombre. FUNDAMENTOS DE DERECHO I Competencia De acuerdo con los poderes que el artículo 58.2 del Reglamento (UE) 2016/679 (Reglamento General de Protección de Datos, en adelante RGPD), otorga a cada autoridad de control y según lo establecido en los artículos 47, 48.1, 64.2 y 68.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante, LOPDGDD), es competente para iniciar y resolver este procedimiento la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos. Asimismo, el artículo 63.2 de la LOPDGDD determina que: “Los procedimientos tramitados por la Agencia Española de Protección de Datos se regirán por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, en la presente ley orgánica, por las disposiciones reglamentarias dictadas en su desarrollo y, en cuanto no las contradigan, con carácter subsidiario, por las normas generales sobre los procedimientos administrativos.” II C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeagpd.gob.es 10/21 Obligación Incumplida El artículo 6 del RGPD, “Licitud del tratamiento”, señala en su apartado 1 los supuestos en los que el tratamiento de datos de terceros es considerado lícito: “1. El tratamiento sólo será lícito si se cumple al menos una de las siguientes condiciones:
3. a)el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos;
4. b)el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales;
5. c)el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento;
6. d)el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona física;
7. e)el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento;
8. f)el tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran la protección de datos personales, en particular cuando el interesado sea un niño. Lo dispuesto en la letra
9. f)del párrafo primero no será de aplicación al tratamiento realizado por las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones”. En el presente caso, la parte reclamante manifiesta que TME modificó tanto su tarifa telefónica como la titularidad de su línea sin su consentimiento. TME en su contestación a esta Agencia, en fecha 17 de marzo de 2023, expone que: <<en fecha 23 de marzo de 2021, a la hora de solicitar la portabilidad de la línea móvil indicada para el servicio “Movistar Conecta Max”, y suscribir el correspondiente contrato con la solicitud de la portabilidad, el Reclamante indica como nombre, y vinculado a su DNI, el de “B.B.B.”. A los efectos oportunos, se adjunta como documento Anexo 3 copia del citado contrato. Posteriormente, ya en fecha de 7 de junio de 2022, la línea móvil migra a un contrato sólo móvil, fruto de la baja del Movistar Conecta Max que el Reclamante tenía suscrito. En este sentido, al desligarse la línea móvil del fijo, la línea móvil recupera los datos del contrato original suscrito con la solicitud de portabilidad que habían sido indicados por el Reclamante, quedando pues con su DNI y el nombre de “B.B.B.”, hasta el momento de la presente reclamación>>. Pues bien, en el caso analizado, queda en entredicho la diligencia empleada por parte de la reclamada, dado que en el contrato aportado por TME de fecha 19 de marzo de 2021, figura en el mismo como titular la parte reclamante asociado a dos líneas de teléfono el ***TELEFONO.2 y el ***TELEFONO.1, con domicilio en ***LOCALIDAD.1, pero con fecha 23 de marzo de 2021, se produjo sin consentimiento por la parte C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeagpd.gob.es 11/21 reclamante un cambio en la titularidad del número ***TELEFONO.2 por TME, celebrándose un nuevo contrato a nombre de un tercero, pero con el DNI del reclamante, y con domicilio en Madrid lo que produjo un cambio de tarifa. En ese sentido el Considerando 40 del RGPD señala: “