PS-00230-2022

1/16  Expediente N.º: RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR PAGO VOLUNTARIO Del procedimiento instruido por la Agencia Española de Protección de Datos y en base a los siguientes ANTECEDENTES PRIMERO: Con fecha 8 de agosto de 2022, la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos acordó iniciar procedimiento sancionador a ENDESA ENERGÍA, S.A.U. (en adelante la parte reclamada). Notificado el acuerdo de inicio y tras analizar las alegaciones presentadas, con fecha 14 de noviembre de 2022, se emitió la propuesta de resolución que a continuación se transcribe: << Expediente N.º: EXP202200455 PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR Del procedimiento instruido por la Agencia Española de Protección de Datos y en base a los siguientes: ANTECEDENTES PRIMERO: D. A.A.A. (en adelante, la parte reclamante), en fecha 21 de diciembre de 2021, interpuso reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. La reclamación se dirige contra ENDESA ENERGÍA, S.A.U. con NIF A81948077 (en adelante, la parte reclamada). Los motivos en que basa la reclamación son los siguientes: El reclamante manifiesta que, en fecha 16 de diciembre de 2021, recibió en su domicilio la factura del contrato que mantiene desde hace años con la entidad reclamada, a nombre de una tercera persona (su sobrina) y que, tras contactar con la reclamada, se le informó que un tercero había cambiado la titularidad del contrato, sin su consentimiento. Junto a la reclamación aporta factura de diciembre de 2021 dirigida a su sobrina y extracto bancario, de noviembre de 2021, con el cargo en su cuenta bancaria. SEGUNDO: De conformidad con el artículo 65.4 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante LOPDGDD), se dio traslado de dicha reclamación a la parte reclamada, para que procediese a su análisis e informase a esta Agencia en el plazo de un mes, de las acciones llevadas a cabo para adecuarse a los requisitos previstos en la normativa de protección de datos. C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeagpd.gob.es 2/16 El traslado, que se practicó conforme a las normas establecidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPACAP), mediante notificación electrónica, fue recibido en fecha 18 de enero de 2022, como consta en el certificado que obra en el expediente. En respuesta a la solicitud de ampliación del plazo de un mes que le fue otorgado para que procediera al análisis de la reclamación presentada, en fecha 3 de febrero de 2022, se acordó su ampliación hasta un máximo de 10 días hábiles. En fecha 4 de marzo de 2022, se recibe en esta Agencia escrito de respuesta en el que se indica que en fecha 16 de diciembre de 2021, el reclamante recibió en su domicilio la factura de un contrato con Endesa Energía, a nombre de una tercera persona, asociado al punto de suministro en el que su padre, B.B.B. y en cuyo nombre actúa A.A.A., era titular de un contrato con la sociedad Energía XXI Comercializadora de referencia S.L.U. (en adelante, “Energía XXI”), de cuyo pago era titular el propio A.A.A.. Manifiesta que tal y como aparece reflejado en los sistemas internos de Endesa Energía, con fecha 21 de octubre de 2021, el canal de venta de Endesa Energía “Agentes Comerciales” contactó telefónicamente con C.C.C., a través del proveedor Energía Andalucía Oriental, S.L.U. (en adelante, “EAO”), quien, bajo un contrato de prestación de servicios de telemarketing y actuando en calidad de encargado del tratamiento, realiza llamadas de captación a potenciales clientes que previamente han prestado su consentimiento expreso para ello, mediante la oferta de productos y servicios de Endesa Energía y Endesa X. Expone que Endesa Energía ha detectado un comportamiento anómalo por parte de su empleada ya que, según ha podido averiguarse, la operadora no aportó el SMS correcto con la confirmación de contratación de C.C.C., puesto que no se correspondía con el número de teléfono confirmado en la llamada por C.C.C.. En el presente caso, la operadora llevó a cabo un cambio de titularidad y de compañía comercializadora, en un punto de suministro del que no era titular la persona en cuyo nombre se dio de alta el contrato y, además, aportó un SMS certificado no válido, como aceptación de la contratación. Por último, se indica que, si bien la incidencia fue ocasionada por el proceder individual de una operadora que se apartó del procedimiento, desde la Oficina del Delegado de Protección de Datos de Endesa se ha instado a Endesa Energía a que, sin perjuicio de las auditorías ordinarias que lleva a cabo, refuerce, aún más, los controles respecto a las acciones llevadas a cabo por el proveedor EAO. Asimismo, se ha recomendado a Endesa Energía que envíe una amonestación a EAO indicando la gravedad de los hechos ocurridos y el perjuicio ocasionado al interesado. TERCERO: En fecha 21 de marzo de 2022, de conformidad con el artículo 65 de la LOPDGDD, se admitió a trámite la reclamación presentada por la parte reclamante. CUARTO: En fecha 8 de agosto de 2022, la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos acordó iniciar procedimiento sancionador a la parte reclamada, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 63 y 64 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeagpd.gob.es 3/16 adelante, LPACAP), por la presunta infracción del artículo 32 del RGPD, tipificada en el artículo 83.4 del RGPD. El acuerdo de inicio fue enviado, conforme a las normas establecidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPACAP), mediante notificación electrónica, siendo recibido en fecha 10 de agosto de 2022, como consta en el certificado que obra en el expediente. QUINTO: En respuesta a la solicitud de ampliación del plazo para presentar alegaciones, en fecha 11 de agosto de 2022, se acordó su ampliación hasta un máximo de 5 días. En respuesta al escrito solicitando copia del expediente referenciado, en fecha 19 de agosto de 2022, se dio acceso al mismo. SEXTO: Notificado el citado acuerdo de inicio conforme a las normas establecidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPACAP), la parte reclamada presentó escrito de alegaciones en el que, en síntesis, manifestaba que no cabe apreciar antijuricidad en la conducta de Endesa Energía por cuanto se limitó a atender las distintas solicitudes de contratación de C.C.C., entre la que se encontraba la correspondiente a la vivienda sita en ***DIRECCION.1, y a facilitar los trámites correspondientes para permitir el cambio de titularidad del contrato de acceso, siguiendo con los protocolos establecidos, sin que ello conllevara permitir el acceso a los datos personales del titular original del contrato de acceso. Señala que las medidas de seguridad que Endesa Energía desplegó para garantizar la protección de los datos personales de los interesados, funcionaron correctamente puesto que ningún dato personal de ningún tercero fue revelado, y el hecho de que se produjera una incidencia en la tramitación de la contratación al aportarse un SMS certificado de confirmación no válido y la venta siguiera su curso, no implica que Endesa Energía carezca de protocolos o procedimientos de actuación y que las medidas de seguridad no hayan sido adecuadas para garantizar la protección de los datos de carácter personal de sus clientes, significa, simple y llanamente, que una operadora se apartó del procedimiento establecido, aportando un SMS certificado correspondiente a un número de teléfono de otra venta, sin que ello, en cualquier caso, haya ocasionado que ningún dato personal de los clientes se hayan visto desprotegidos. Subsidiariamente, para el supuesto de que no se atienda la petición principal, solicita, una reducción de la sanción inicialmente fijada, teniendo en cuenta las circunstancias atenuantes, concretamente, las medidas adoptadas para paliar cualquier posible perjuicio en el reclamante o en la persona en cuyo nombre actúa, así como para evitar que se produzcan sucesos similares en el futuro; y la gravedad y carácter episódico de la presunta infracción, toda vez que se iniciaron los trámites necesarios para facilitar la reposición del contrato de suministro de electricidad de la vivienda en cuestión con la anterior compañía comercializadora, así como la anulación de las tres facturas emitidas por el consumo de energía durante el tiempo en que el contrato objeto de reclamación estuvo activo. C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeagpd.gob.es 4/16 Por último, señala que se han reforzado los protocolos de actuación del canal de venta “Agentes Comerciales” y que los hechos reclamados responden a un acontecimiento aislado y puntual, en el que sólo se ha visto afectada una persona que además mantuvo el suministro de electricidad, sin tener que abonar factura alguna por la energía consumida y que se ha producido un fallo en el trámite de la contratación, al aportar un SMS certificado de confirmación no válido. Se aporta grabación de la llamada telefónica realizada por el proveedor Energía Andalucía Oriental, S.L.U. SÉPTIMO: En consecuencia, no habiendo solicitado práctica de pruebas, se tiene por incorporada a efectos probatorios la documentación facilitada por el reclamante, así como las alegaciones al acuerdo de inicio, documentación toda ella de la que ya dispone el reclamado. De las actuaciones practicadas en el presente procedimiento y de la documentación obrante en el expediente, han quedado acreditados los siguientes: HECHOS PROBADOS PRIMERO: Consta que la parte reclamante fue titular de un contrato de suministro de electricidad con la compañía Energía XXI asociado al punto de suministro sito en ***DIRECCION.1. SEGUNDO: Se constata que la operadora llevó a cabo un cambio de titularidad y de compañía comercializadora, en un punto de suministro del que no era titular la persona en cuyo nombre se dio de alta el contrato, aportando un SMS certificado no válido, como aceptación de la contratación. FUNDAMENTOS DE DERECHO I De acuerdo con los poderes que el artículo 58.2 del Reglamento (UE) 2016/679 (Reglamento General de Protección de Datos, en adelante RGPD), otorga a cada autoridad de control y según lo establecido en los artículos 47, 48.1, 64.2 y 68.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (en adelante, LOPDGDD), es competente para iniciar y resolver este procedimiento, la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos. Asimismo, el artículo 63.2 de la LOPDGDD determina que: "Los procedimientos tramitados por la Agencia Española de Protección de Datos se regirán por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, en la presente ley orgánica, por las disposiciones reglamentarias dictadas en su desarrollo y, en cuanto no las contradigan, con carácter subsidiario, por las normas generales sobre los procedimientos administrativos." II En respuesta a las alegaciones presentadas por la entidad reclamada se debe señalar lo siguiente: C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeagpd.gob.es 5/16 En el presente caso, en fecha 21 de octubre de 2021, el canal de venta de Endesa Energía “Agentes Comerciales” contactó telefónicamente con C.C.C., con la finalidad de ofrecerle una bonificación en la contratación de la tarifa eléctrica. De esta forma, se solicitó a través del canal telefónico, el alta en el suministro eléctrico para la vivienda de la parte reclamante, que fue tramitada bajo la modalidad “C2- Cambio de comercializador con modificaciones en el contrato de acceso”, de conformidad con lo contenido en la Resolución de la CNMV, de 17 de diciembre de 2019. Respecto a las obligaciones que la parte reclamada aduce para el cumplimiento de la normativa específica del sector eléctrico, esta instrucción nada tiene que decir más allá de que las mismas no pueden suponer en ningún caso una vulneración del resto de la normativa aplicable. El protocolo para la gestión de cambio de comercializadora con cambio de titular atribuye a la comercializadora entrante la condición de único interlocutor del cliente y la responsabilidad de ejecutar todas las actuaciones que fueran necesarias para la gestión del cambio. En este sentido, no se puede aceptar que, aun con el fin de cumplir con lo allí establecido, se proceda a obviar el necesario cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos personales. A estos efectos, la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector eléctrico (en adelante, “Ley del Sector Eléctrico”), establece el derecho del consumidor a cambiar de empresa comercializadora conforme a lo establecido en las directivas europeas del mercado interior de electricidad. Para ello, la normativa establece el proceso general que debe llevarse a cabo entre la nueva comercializadora o comercializadora entrante, la distribuidora y comercializadora existente o comercializadora saliente. Dicho cambio implica el alta de un nuevo contrato de suministro energético con la comercializadora entrante y la baja del contrato existente con la comercializadora saliente, mediante un agente que ejecuta el cambio, que es la distribuidora. El artículo 46 de la Ley del Sector Eléctrico establece entre las obligaciones de los comercializadores, en su apartado 1 letra

1. g)la de “Formalizar los contratos de suministro con los consumidores de acuerdo con la normativa reglamentaria que resulte de aplicación”. La mención por la Ley de la obligación de formalizar el contrato entre las obligaciones de los comercializadores pone de manifiesto que corresponde a la comercializadora y, en un caso de cambio de comercializadora, a la comercializadora entrante, comprobar la identidad y la voluntaria, correcta e informada prestación del consentimiento por parte del consumidor, que es su contraparte en el contrato de suministro. En este sentido, la nueva comercializadora (la parte reclamada) tendrá que gestionar la baja del contrato del reclamante con su comercializadora saliente, que se efectúa tratando sus datos personales. Trasladando estas consideraciones al caso presente, y habiendo quedado acreditado que la reclamada trató los datos personales del reclamante, tal y como consta en el expediente, la parte reclamada no cumplió sus obligaciones con la diligencia debida, C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeagpd.gob.es 6/16 por cuanto, antes de activar el procedimiento de cambio de comercializadora, debería haber recabado un SMS certificado de confirmación válido. Y es que, tal y como consta en el expediente, la conducta de la parte reclamada conllevó la vulneración del artículo 32 del RGPD, al llevar a cabo un cambio de titularidad y de compañía comercializadora, en un punto de suministro del que no era titular la persona en cuyo nombre se dio de alta el contrato aportando un SMS certificado no válido, como aceptación de la contratación. Con ello, no se comprobó adecuadamente la identidad de la persona que solicitó la modificación del contrato. El propio reclamado en escrito de fecha 4 de marzo de 2022 ha manifestado que: “(…) EAO ha trasladado a Endesa Energía que ha detectado un comportamiento anómalo por parte de su empleada ya que, según ha podido averiguarse, la operadora no aportó el SMS correcto con la confirmación de contratación de la Sra. C.C.C., puesto que no se correspondía con el número de teléfono confirmado en la llamada por la Sra. C.C.C., (…)” Por tanto, pese a las medidas de seguridad existentes, los datos personales de la parte reclamante fueron tratados por la entidad reclamada al emitir y enviar a su domicilio la factura de un contrato, a nombre de una tercera persona. Es decir, se ha producido una falta de medidas de seguridad en la comprobación de los datos de la persona que solicitó la modificación del contrato, por lo que la teleoperadora en ese momento en el que se estaban verificando los datos para proceder a la contratación del suministro eléctrico con el contratante, debió ser diligente adoptando las cautelas necesarias y pertinentes. Erra la reclamada al afirmar que, simple y llanamente, una operadora se apartó del procedimiento establecido, aportando un SMS certificado correspondiente a un número de teléfono de otra venta ya que las medidas de seguridad deben adoptarse en atención a todos y cada uno de los riesgos presentes en un tratamiento de datos de carácter personal, incluyendo entre los mismos, el factor humano. El Tribunal Supremo (Sentencias de 16 y 22/04/1991) considera que del elemento culpabilista se desprende “... que la acción u omisión, calificada de infracción sancionable administrativamente, ha de ser, en todo caso, imputable a su autor, por dolo o imprudencia, negligencia o ignorancia inexcusable.” Por su parte, la Audiencia Nacional, en Sentencia de 29/06/2001, en materia de protección de datos de carácter personal, ha declarado que “... basta la simple negligencia o incumplimiento de los deberes que la Ley impone a las personas responsables de ficheros o del tratamiento de datos de extremar la diligencia...”. El Tribunal Supremo viene entendiendo que existe imprudencia siempre que se desatiende un deber legal de cuidado, es decir, cuando el sujeto infractor no se comporta con la diligencia exigible. Diligencia cuyo grado de exigencia se determinará en atención a las circunstancias concurrentes, tales como el especial valor del bien jurídico protegido y la profesionalidad exigible al infractor. En este sentido la Sentencia de 05/06/1998 exige a los profesionales del sector “...un deber de conocer especialmente las normas aplicables”. En similares términos se pronuncian las Sentencias de 17/12/1997, 11/03/1998, 02/03 y 17/09/1999. Aplicando la anterior doctrina, la Audiencia Nacional, en varias sentencias, entre otras las de fechas 14/02/ y 20/09/2002 y 13/04/2005, exige a las entidades que operan en C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeagpd.gob.es 7/16 el mercado de datos una especial diligencia a la hora de llevar a cabo el uso o tratamiento de los mismos, visto que se trata de la protección de un derecho fundamental de las personas a las que se refieren estos, por lo que sus depositarios deben ser especialmente diligentes y cuidadosos a la hora de realizar operaciones con los mismos y deben optar siempre por la interpretación más favorable a la protección de los bienes jurídicos protegidos por la norma. A este respecto, la parte reclamada incumplió el mandato legal establecido en el artículo 32 del RGPD ya que las medidas de seguridad no fueron las adecuadas para garantizar la protección de los datos de carácter personal de sus clientes y deben ser mejoradas tras haber quedado constatado que no han sido suficientes para evitar los hechos denunciados. También invoca el reclamado la minoración de la cuantía de la sanción reduciendo la misma. A este respecto hay que reseñar que teniendo en cuenta que se trata de una infracción calificada como grave y que de conformidad con el artículo 83.4 del RGPD puede ser sancionada “con multas administrativas de 10 000 000 EUR como máximo o, tratándose de una empresa, de una cuantía equivalente al 2 % como máximo del volumen de negocio total anual global del ejercicio financiero anterior, optándose por la de mayor cuantía,” ya se aplica una importante minoración de esta. La STS, Sala 3ª, de 16 de diciembre de 2003 (Rec. 4996/98) ya señalaba que el principio de proporcionalidad de las sanciones exige que "la discrecionalidad que se otorga a la Administración para la aplicación de la sanción se desarrolle ponderando en todo caso las circunstancias concurrentes, al objeto de alcanzar la debida proporcionalidad entre los hechos imputados y la responsabilidad exigida". Principio de proporcionalidad que no se entiende vulnerado, considerándose proporcionada la sanción propuesta a la entidad, por los hechos probados y ponderadas las circunstancias concurrentes, que se detallan más adelante. En consecuencia, las alegaciones deben ser desestimadas, significándose que las argumentaciones presentadas no desvirtúan el contenido esencial de la infracción que se declara cometida ni suponen causa de justificación o exculpación suficiente. III Cuestiones previas En el presente caso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4.1 del RGPD, consta la realización de un tratamiento de datos personales, toda vez que ENDESA ENERGÍA, S.A.U. es una empresa del sector del comercio de energía eléctrica que, para el desarrollo de su actividad de producción y servicios eléctricos, realiza tratamientos de datos personales. Realiza esta actividad en su condición de responsable del tratamiento, dado que es quien determina los fines y medios de tal actividad, en virtud del artículo 4.7 del RGPD: «responsable del tratamiento» o «responsable»: la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que, solo o junto con otros, determine los fines y medios del tratamiento; si el Derecho de la Unión o de los Estados miembros determina los fines y medios del tratamiento, el responsable del tratamiento o los criterios esC/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeagpd.gob.es 8/16 pecíficos para su nombramiento podrá establecerlos el Derecho de la Unión o de los Estados miembros. El artículo 4 apartado 12 del RGPD define, de un modo amplio, las “violaciones de seguridad de los datos personales” (en adelante brecha de seguridad) como “todas aquellas violaciones de la seguridad que ocasionen la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la comunicación o acceso no autorizados a dichos datos.” En el presente caso, consta una brecha de seguridad de datos personales en las circunstancias arriba indicadas, categorizada como una brecha de confidencialidad, toda vez que la entidad reclamada ha permitido el acceso a los datos personales de un cliente sin su consentimiento al llevar a cabo un cambio de titularidad y de compañía comercializadora, en un punto de suministro del que no era titular la persona en cuyo nombre se dio de alta el contrato, aportando además un SMS certificado no válido, como aceptación de la contratación. Hay que señalar que la identificación de una brecha de seguridad no implica la imposición de una sanción de forma directa por esta Agencia, ya que es necesario analizar la diligencia de responsables y encargados y las medidas de seguridad aplicadas. La seguridad de los datos personales viene regulada en el artículo 32 del RGPD, que reglamenta la seguridad del tratamiento. IV Artículo 32 del RGPD Establece el artículo 32 del RGPD, seguridad del tratamiento, lo siguiente: “1. Teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación, y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como riesgos de probabilidad y gravedad variables para los derechos y libertades de las personas físicas, el responsable y el encargado del tratamiento aplicarán medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo, que en su caso incluya, entre otros:
2. a)la seudonimización y el cifrado de datos personales;
3. b)la capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento;
4. c)la capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida en caso de incidente físico o técnico;
5. d)un proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento. 2. Al evaluar la adecuación del nivel de seguridad se tendrán particularmente en cuenta los riesgos que presente el tratamiento de datos, en particular como consecuencia de la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la comunicación o acceso no autorizados a dichos datos. C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeagpd.gob.es 9/16 3. La adhesión a un código de conducta aprobado a tenor del artículo 40 o a un mecanismo de certificación aprobado a tenor del artículo 42 podrá servir de elemento para demostrar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 1 del presente artículo. 4. El responsable y el encargado del tratamiento tomarán medidas para garantizar que cualquier persona que actúe bajo la autoridad del responsable o del encargado y tenga acceso a datos personales solo pueda tratar dichos datos siguiendo instrucciones del responsable, salvo que esté obligada a ello en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros”. El Considerando 74 del RGPD establece: “Debe quedar establecida la responsabilidad del responsable del tratamiento por cualquier tratamiento de datos personales realizado por él mismo o por su cuenta. En particular, el responsable debe estar obligado a aplicar medidas oportunas y eficaces y ha de poder demostrar la conformidad de las actividades de tratamiento con el presente Reglamento, incluida la eficacia de las medidas. Dichas medidas deben tener en cuenta la naturaleza, el ámbito, el contexto y los fines del tratamiento, así como el riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas.” Hay que señalar que el RGPD en el citado precepto no establece un listado de las medidas de seguridad que sean de aplicación de acuerdo con los datos que son objeto de tratamiento, sino que establece que el responsable y el encargado del tratamiento aplicarán medidas técnicas y organizativas que sean adecuadas al riesgo que conlleve el tratamiento, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación, la naturaleza, alcance, contexto y finalidades del tratamiento, los riesgos de probabilidad y gravedad para los derechos y libertades de las personas interesadas. Asimismo, las medidas de seguridad deben resultar adecuadas y proporcionadas al riesgo detectado, señalando que la determinación de las medidas técnicas y organizativas deberá realizarse teniendo en cuenta: la seudonimización y el cifrado, la capacidad para garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia, la capacidad para restaurar la disponibilidad y acceso a datos tras un incidente, proceso de verificación (que no auditoría), evaluación y valoración de la eficacia de las medidas. En todo caso, al evaluar la adecuación del nivel de seguridad se tendrán particularmente en cuenta los riesgos que presente el tratamiento de datos, como consecuencia de la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la comunicación o acceso no autorizados a dichos datos y que pudieran ocasionar daños y perjuicios físicos, materiales o inmateriales. En este mismo sentido el considerando 83 del RGPD señala que: “