PS-00238-2025

1/17  Expediente N.º: EXP202416664 RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR Del procedimiento instruido por la Agencia Española de Protección de Datos y en base a los siguientes ANTECEDENTES PRIMERO: Con fecha 28 de octubre de 2024 se interpuso reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos por una posible infracción imputable a A.A.A. con NIF ***NIF.1. Los hechos que se pone en conocimiento de esta autoridad quedan plasmados en la reclamación presentada del siguiente modo: La parte reclamante manifiesta que una propiedad privada objeto de alquiler turístico tiene instaladas 3 cámaras que graban en dirección a zona de jardín, porche e interior de la casa a través de ventanal y zona de jacuzzi. Que carecen de cartel anunciador, de advertencia, dispositivo informativo o anuncio. El titular de las cámaras fue advertido de que no grabasen, y se puede observar que se encontraban activadas en varios momentos (imágenes nocturnas). Aporta imágenes de las cámaras, su ubicación, orientación y espacio que podrían captar (Anexo documental I). SEGUNDO: De conformidad con el artículo 65.4 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante LOPDGDD), se dio traslado de dicha reclamación a F.J.P., para que procediese a su análisis e informase a esta Agencia en el plazo de un mes, de las acciones llevadas a cabo para adecuarse a los requisitos previstos en la normativa de protección de datos. La notificación del traslado de la reclamación, que se practicó conforme a las normas establecidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPACAP), fue realizada en fecha 09/12/2024 como consta en el acuse de recibo que obra en el expediente. Con fecha 08/01/2024 se recibe en esta Agencia escrito de respuesta indicando que el sistema de videovigilancia se compone de seis cámaras cuya finalidad es la de preservar la seguridad de la propiedad. La propiedad donde se encuentra instalado el sistema de videovigilancia objeto de esta reclamación es una casa de dos plantas, en la primera vive el responsable del tratamiento y la planta baja se alquila como alquiler vacacional. C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeaepd.gob.es 2/17 Aporta fotografía de las cámaras e imágenes de su campo de visión, en las mismas se observa que de las seis cámaras, sólo dos parecen estar captando la planta de arriba de la casa, una de estas cámaras además está captando vía pública (el mar y zona adyacente). El resto de cámaras están grabando tanto la entrada común a la propiedad, como el jardín de la parte de la vivienda que se alquila y un aparcamiento que la parte reclamada afirma que es de su uso privativo. La parte reclamada afirma que las imágenes sólo se ven en su teléfono móvil a través de usuario y contraseña. La parte reclamada manifiesta que tiene cartel informativo para que sus clientes conozcan de la existencia de las cámaras, aporta fotografía del mismo en el que se aprecia que no cumple con los requisitos de nuestra normativa, ya que hace referencia a la LOPD ya derogada. La parte reclamada afirma que todos sus clientes conocen de la existencia de las cámaras, que se desconectan cuando así se lo solicitan y que nunca ha tenido problemas con ellos. La parte reclamada, a pesar de que esta era una información que se solicitaba con el traslado de la reclamación, no ha acreditado, que cuenta con el consentimiento expreso de sus clientes para el tratamiento de sus datos a través de las cámaras. Hay que tener en cuenta además, que a pesar de que la finalidad declarada es la de seguridad, la mayoría de las cámaras están captando la planta baja de la vivienda, que es precisamente la que se alquila. TERCERO: Con fecha 28 de enero de 2025, de conformidad con el artículo 65 de la LOPDGDD, se admitió a trámite la reclamación. CUARTO: Con fecha 20 de agosto de 2025, la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos acordó iniciar procedimiento sancionador a la parte reclamada, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 63 y 64 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPACAP), por la presunta infracción del Artículo 6 y 13 del RGPD, tipificada en el Artículo 83.5 del RGPD. QUINTO: En fecha 09/09/25 se recibe en esta Agencia escrito de alegaciones de la reclamada en dónde manifiesta lo siguiente: “En relación a los hechos denunciados, esta parte desea reiterar y ampliar las siguientes consideraciones: Las cámaras instaladas tienen como finalidad la protección y seguridad de la propiedad y sus ocupantes, puesto que es el inmueble donde vivo. Las imágenes aportadas por esta parte acreditan que la finalidad del sistema de video-vigilancia no es captar el interior de la vivienda, sino garantizar la seguridad de la propiedad y de las personas que acceden a ella. Tal y como se ha acreditado mediante la documentación gráfica presentada en el primer escrito, las cámaras están orientadas hacia zonas comunes exteriores, como C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeaepd.gob.es 3/17 el jardín, los accesos y salidas de la vivienda, así como hacia la planta superior donde reside el interesado. Existencia de información previa a los inquilinos. Desde el inicio de la actividad turística de la vivienda (febrero de 2024), todos los inquilinos han sido informados de manera clara y accesible sobre la existencia del sistema de video-vigilancia instalado en zonas comunes exteriores. Además, se ofrece a los huéspedes la posibilidad de solicitar la desconexión temporal de las cámaras durante su estancia, opción que ha estado disponible en todo momento (…). Esta es la primera denuncia que se presenta contra esta parte en materia de protección de datos, lo que evidencia una trayectoria de buena fe y respeto hacia los derechos de los usuarios. Actualización de la cartelería y acciones para garantizar el cumplimiento. En el momento de la reclamación existía cartelería visible que indicaba la presencia de cámaras y el responsable del tratamiento. No obstante y con el objetivo de reforzar el cumplimiento normativo, se han adoptado las siguientes medidas: -Actualización de los carteles conforme al RGPD y la LOPDGDD. Se adjunta como Documento nº 5 Fotografía del nuevo cartel instalado (…). -Se facilita al cliente el documento relativo de protección de datos. Se adjunta como Documento nº 6 escrito relativo a la protección y tratamiento de datos para que los clientes firmen a su llegada. -Constancia documental relativa a la protección de datos en el tablón de la entrada del domicilio. Circunstancias a tener en cuenta. Debe destacarse que el alquiler turístico se inició recientemente en febrero de 2024, y la reclamación se refiere a un arrendamiento efectuado en agosto del mismo año. Este contexto evidencia que la instalación de las cámaras de video-vigilancia se encontraba en una fase inicial de implementación, lo que pudo dar lugar a ajustes necesarios para garantizar el pleno cumplimiento normativo. Por todo ello, solicita al órgano que se dirige; que tenga por presentado el presente escrito de alegaciones, junto con los documentos que lo acompañan, y en su virtud se acuerde el Archivo del Expediente sancionador, al no quedar acreditada la comisión de infracción administrativa (…). Se valore la aplicación del principio de proporcionalidad (artículo 29 Ley 40/2015) considerando las circunstancias atenuantes descritas, y se sustituya en su caso, la sanción pecuniaria por un apercibimiento acompañado de medidas correctoras conforme al artículo 58.2 RGPD. C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeaepd.gob.es 4/17 SEXTO: En fecha 23/02/26 se emite <Propuesta de Resolución> en la que se confirma la infracción de los artículos 6 y 13 RGPD, al disponer de un sistema de video-vigilancia no acorde a la normativa en vigor, proponiendo una sanción cifrada en la cuantía de 4000€ (3000€+1000€), sanción situada en la escala inferior para este tipo de conductas. SÉPTIMO: En fecha 12/03/26 se procede a aportar justificante de pago, acogiéndose a la reducción del 20% de la sanción propuesta, procediendo al ingreso de la cantidad de 3200€, solicitando una mayor concreción de las medidas a adoptar por el reclamado. De las actuaciones practicadas en el presente procedimiento y de la documentación obrante en el expediente, han quedado acreditados los siguientes: HECHOS PROBADOS Primero. Los hechos traen causa de la reclamación con fecha de entrada 28/10/24 por medio de la cual se traslada “propiedad privada objeto de alquiler turístico tiene instaladas 3 cámaras que graban en dirección a zona de jardín, porche e interior de la casa a través de ventanal y zona de jacuzzi. Que carecen de cartel anunciador, de advertencia, dispositivo informativo o anuncio”. Segundo. Consta acreditado como principal responsable A.A.A. con NIF ***NIF.1, quien no niega disponer de un sistema de video-vigilancia por motivos de seguridad personal y del inmueble. Tercero. Consta acreditado que la cartelería informativa se ha actualizado a raíz del traslado de la reclamación de este organismo, no acreditando el modo de informar de sus derechos al conjunto de usuarios (

1. as)de las instalaciones en el momento de los hechos. Cuarto. Consta acreditado que el sistema de video-vigilancia dispone de seis cámaras, instaladas con la finalidad de protección del inmueble, alguna de las cuales están orientadas hacia <zonas comunes> como es la zona de jardín, acceso y estacionamiento, estando las mismas activas en el momento de producirse los hechos. Se acredita que la cámara 1 afecta a espacio exterior a la propiedad privada, al disponer de una puerta de rejas, que permite un control más allá de los límites de la propiedad (Cámara 1 Escrito alegaciones doc. nº 4 Vista 1). Se acredita que la cámara 3 afecta a la zona de terraza inferior que es objeto de alquiler permitiendo la obtención de imágenes de la mesa y ventana de la planta baja (Documento nº 9 presentado Escrito alegaciones Vista 3). Se acredita que la cámara nº 4 está orientada hacia lo que parece una cama elástica sita en la parte inferior del inmueble destinado al alquiler turístico (Documento nº 10 Escrito de alegaciones Vista 4ª) C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeaepd.gob.es 5/17 Se acredita que la cámara 6 afecta a espacio exterior de la finca, permitiendo según zoom afectar al que transite en zona próxima a la vivienda (Doc. nº 15 Escrito alegaciones Vista 6ª). Quinto. No consta documento que acredite el consentimiento e información de la presencia de cámaras en el apartamento objeto de alquiler turístico. Sexto. Consta acreditado que el reclamado no dispone de formulario a disposición de los usuarios (
2. as)del inmueble en caso de poder requerirlo. FUNDAMENTOS DE DERECHO I Competencia De acuerdo con los poderes que el artículo 58.2 del Reglamento (UE) 2016/679 (Reglamento General de Protección de Datos, en adelante RGPD), otorga a cada autoridad de control y según lo establecido en los artículos 47, 48.1, 64.2 y 68.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante, LOPDGDD), es competente para iniciar y resolver este procedimiento la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos. II Procedimiento Asimismo, el artículo 63.2 de la LOPDGDD determina que: “Los procedimientos tramitados por la Agencia Española de Protección de Datos se regirán por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, en la presente ley orgánica, por las disposiciones reglamentarias dictadas en su desarrollo y, en cuanto no las contradigan, con carácter subsidiario, por las normas generales sobre los procedimientos administrativos”. De acuerdo con el artículo 64 de la LOPDGDD, y teniendo en cuenta las características de la(
3. s)presunta(
4. s)infracción(ones) cometida(s), se inicia un procedimiento sancionador. El procedimiento tendrá una duración máxima de doce meses a contar desde la fecha del acuerdo de inicio. Transcurrido ese plazo se producirá su caducidad y, en consecuencia, el archivo de actuaciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 64 de la LOPDGDD. Si en el plazo estipulado no efectuara alegaciones a este acuerdo de inicio, el mismo podrá ser considerado propuesta de resolución, según lo establecido en el artículo 64.2.
5. f)de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en lo sucesivo, LPACAP). III Cuestiones previas C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeaepd.gob.es 6/17 El artículo 4.1) del RGPD, define «dato personal» como: “toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona”. El artículo 4.2) del RGPD, define «tratamiento» como: “cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción.” El artículo 4.7) del RGPD, define al «responsable del tratamiento» o «responsable» como: “la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que, solo o junto con otros, determine los fines y medios del tratamiento; si el Derecho de la Unión o de los Estados miembros determina los fines y medios del tratamiento, el responsable del tratamiento o los criterios específicos para su nombramiento podrá establecerlos el Derecho de la Unión o de los Estados miembros”. A su vez el artículo 4.8) del RGPD determina al «encargado del tratamiento» o «encargado» como la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento. De acuerdo a los indicios aportados se considera que el reclamado tiene la condición de <responsable del tratamiento>, dado que es el principal responsable de la instalación del sistema de cámaras, por tanto, puede acceder al contenido de las mismas y determinar la finalidad en el uso de las imágenes obtenidas de acuerdo a lo expuesto anteriormente. IV En el presente caso, se procede a examinar la reclamación de fecha 28/10/24 por medio de la cual se traslada ciertas “irregularidades” en el sistema de cámaras instalado por el responsable del mismo. “presencia de tres cámaras en interior aparamento turístico que graban zona de jardín, zona de porche e interior de la Casa a través de ventanal y zona de jacuzzi …” (folio nº1). El artículo 10 apartado 1º CE dispone: “La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social” Para nuestro Tribunal Constitucional, el principio al libre desarrollo de la personalidad conlleva un principio general de libertad que consagra los artículos 1 .1 y 10 .1 CE que C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeaepd.gob.es 7/17 autoriza a los ciudadanos a llevar a cabo todas aquellas actividades que la Ley no prohíba o cuyo ejercicio no subordine a requisitos o condiciones determinadas. Sin duda ninguna, la protección de la autonomía y de la de vida privada, sin intromisiones, sin estar perseguido, observado o grabado, es una condición imprescindible para poder autodeterminarse y desarrollarse. Las eventuales restricciones e injerencias, cualquiera que sea su naturaleza y proveniencia, obstaculizan estos objetivos y cuando fueran ilegítimas, injustificadas o desproporcionadas no resultan aceptables. Por otra parte, el artículo 18 apartado 1º CE dispone: “Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar a la propia imagen” La protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos de carácter personal es un derecho fundamental reconocido en los artículos 18.4 de la Constitución, 8.1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y 16.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión. Según tiene reiteradamente declarado el TC (Tribunal Constitucional), el derecho a la intimidad personal implica la existencia de un ámbito propio y reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás, necesario, según nuestra cultura, para mantener una calidad mínima de la vida humana. Ello supone el poder jurídico de imponer a terceros, sean particulares o poderes públicos, el deber de abstenerse de toda intromisión en la esfera íntima y la prohibición de hacer uso de lo asíí́ conocido. Asíí́ pues, el derecho a la intimidad personal reconocido en el art.18.1 CE se configura como un derecho de la personalidad, derivado de la dignidad humana (art. 10.1 CE), que atribuye a su titular, como ya se ha señalado en el fundamento jurídico precedente, la facultad de reservarse un espacio resguardado de la curiosidad ajena, de una publicidad no querida, y, en consecuencia, el poder jurídico de imponer a terceros, sean particulares o poderes públicos, el deber de abstenerse de toda intromisión en la esfera íntima y la prohibición de hacer uso de lo asíí́ conocido, a fin de asegurar un ámbito privativo para el desarrollo de la propia personalidad ajeno a las injerencias externas. Para el Alto Tribunal, el domicilio es el espacio donde e individuo vive ejerciendo su libertad más íntima, al margen de convenciones sociales, así como todo espacio apto para que, eventualmente o de forma permanente, pueda ocurrir lo anterior. En concreto, se consideran domicilio a efectos constitucionales: las segundas viviendas, los vehículos o caravanas, las habitaciones de hotel (STC 10/2002, de 17 de enero o el domicilio empresarial de las personas jurídicas, aunque en algunos de estos casos con ciertas cortapisas derivadas de las propias características del alojamiento. En cambio, no tendrán la consideración de domicilio, las celdas de los reclusos en los centros penitenciarios (STC 11/2006). Para que se admita la vulneración del derecho no es necesaria la penetración física sino que se comprende también la que se efectúa mediante aparatos visuales o auditivos (STC 22/1984, de 17 de febrero). C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeaepd.gob.es 8/17 Conviene reflejar otros pronunciamientos-- Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 2923/2020, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sección 3, Rec 237/2019 de 02 de Julio de 2020--. "Como se afirmaba en la STC 10/2002, de 17 de enero (FFJJ 5 y 6), citada por el Fiscal y por el recurrente en amparo, y se ha recordado después en la STC 22/2003, de 10 de febrero, la norma constitucional que proclama la inviolabilidad del domicilio y la interdicción de la entrada y registro domiciliarios ( art. 18.2 CE), a pesar de la autonomía que la Constitución española reconoce a ambos derechos, constituye una manifestación de la norma precedente ( art. 18.1 CE) que garantiza el derecho fundamental a la intimidad personal y familiar. De modo que si el derecho proclamado en el art. 18.1 CE tiene por objeto la protección de un ámbito reservado de la vida de las personas excluido del conocimiento de terceros, sean éstos poderes públicos o particulares, en contra de su voluntad, el derecho a la inviolabilidad domiciliaria protege "un ámbito espacial determinado" dado que en él ejercen las personas su libertad más íntima, libres de toda sujeción a los usos y convenciones sociales, siendo objeto de protección de este derecho tanto el espacio físico en sí mismo considerado, como lo que en él hay de emanación de la persona y de su esfera privada. Por ello, hemos afirmado que la protección constitucional del domicilio es una protección de carácter instrumental, que defiende los ámbitos en que se desarrolla la vida privada de la persona. Entre otras consecuencias, tal carácter instrumental determina que el concepto constitucional de domicilio tiene mayor amplitud que el concepto jurídico privado o jurídico administrativo de domicilio y no admite "concepciones reduccionistas" (por todas SSTC 94/1999, de 31 de mayo, FJ 5, y 10/2002, de 17 de enero, FJ 6 in fine). Por ello, hemos afirmado en el fundamento jurídico 8 de la citada STC 10/2002 que "el rasgo esencial que define el domicilio a los efectos de la protección dispensada por el art. 18.2 CE reside en la aptitud para desarrollar en él vida privada y en su destino específico a tal desarrollo aunque sea eventual. Ello significa, en primer término, que su destino o uso constituye el elemento esencial para la delimitación de los espacios constitucionalmente protegidos, de modo que, en principio, son irrelevantes su ubicación, su configuración física, su carácter mueble o inmueble, la existencia o tipo de título jurídico que habilite su uso, o, finalmente, la intensidad y periodicidad con la que se desarrolle la vida privada en el mismo. En segundo lugar, si bien el efectivo desarrollo de vida privada es el factor determinante de la aptitud concreta para que el espacio en el que se desarrolla se considere domicilio, de aquí no se deriva necesariamente que dicha aptitud no pueda inferirse de algunas de estas notas, o de otras, en la medida en que representen características objetivas conforme a las cuales sea posible delimitar los espacios que, en general, pueden y suelen ser utilizados para desarrollar vida privada". Así como que "el propio carácter instrumental de la protección constitucional del domicilio respecto de la protección de la intimidad personal y familiar exige que, con independencia de la configuración física del espacio, sus signos externos revelen la clara voluntad de su titular de excluir dicho espacio y la actividad en él desarrollada del conocimiento e intromisiones de terceros". De ahí extrajimos la consecuencia, al declarar la inconstitucionalidad de lo dispuesto en el art. 557 de la Ley de enjuiciamiento criminal que "las habitaciones de los hoteles pueden constituir domicilio de sus huéspedes, ya que, en principio, son lugares idóneos, por sus propias características, para que en las mismas se desarrolle la vida C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeaepd.gob.es 9/17 privada de aquéllos habida cuenta de que el destino usual de las habitaciones de los hoteles es realizar actividades enmarcables genéricamente en la vida privada" (*la negrita y el subrayado pertenece a este organismo). V Infracción 6 RGPD El artículo 6.1 del RGPD establece los supuestos que permiten considerar lícito el tratamiento de datos personales. El RGPD mantiene el principio de que todo tratamiento de datos necesita apoyarse en una base que lo legitime. En cuanto al tratamiento con fines de videovigilancia, el artículo 22 de la LOPDGDD establece que las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, podrán llevar a cabo el tratamiento de imágenes a través de sistemas de cámaras o videocámaras con la finalidad de preservar la seguridad de las personas y bienes, así como de sus instalaciones. En materia de video-vigilancia debe tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 6 letra
6. e)RGPD, a la hora de acotar la base legitimadora. el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento; La presencia de cámaras supone una afectación a un espacio que deja de ser “privativo” del titular, para ser objeto de disfrute de un tercero cuyos derechos han de ser respetados, tanto el derecho a la intimidad como el derecho a la “protección de datos personales”. Asimismo, se debe tener en cuenta el considerando