PS-00246-2023

1/24  Expediente N.º: EXP202303020 RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR Del procedimiento instruido por la Agencia Española de Protección de Datos y en base a los siguientes ANTECEDENTES PRIMERO: Dña. A.A.A. (en adelante, la parte reclamante) con fecha 25 de enero de 2023 interpuso reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. La reclamación se dirige contra VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. con NIF A80907397 (en adelante, la parte reclamada o Vodafone). Los motivos en que basa la reclamación son los siguientes: La parte reclamante manifiesta que, en fecha 5 de enero de 2023 recibe un mensaje de texto de Vodafone, relativo a un cambio en la tarjeta SIM, cambio que no solicitó. Tras presentar reclamación ante la parte reclamada, le informan que la solicitud de duplicado se realizó a través del servicio de atención al cliente, no disponiendo de la grabación de la llamada. Y, aporta la siguiente documentación relevante: Reclamación dirigida a Vodafone por los hechos acaecidos, y respuesta de la misma de fecha 13 de enero de 2023 en la que indican no disponen de la llamada efectuada el 5 de enero de 2023, catalogando la solicitud como un fraude. SEGUNDO: De conformidad con el artículo 65.4 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante LOPDGDD), se dio traslado de dicha reclamación a la parte reclamada, para que procediese a su análisis e informase a esta Agencia en el plazo de un mes, de las acciones llevadas a cabo para adecuarse a los requisitos previstos en la normativa de protección de datos. El traslado, que se practicó conforme a las normas establecidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPACAP), fue recogido en fecha 13 de marzo de 2023 como consta en el acuse de recibo que obra en el expediente. Con fecha 11 de mayo de 2023 se recibe en esta Agencia escrito de respuesta indicando: <<Se ha procedido a enviar una carta a la reclamante mediante la cual se ha procedido a informarle sobre las gestiones que fueron llevadas a cabo por Vodafone para solucionar la incidencia y que esta se encuentra resuelta en la actualidad. La reclamación tiene su origen en que la reclamante, titular de la línea de telefonía móvil ***TELÉFONO.1, alega en su reclamación haber sido víctima de acciones C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeagpd.gob.es 2/24 maliciosas por parte de un tercero desconocido mediante las que se habría solicitado el duplicado de su tarjeta SIM sin su consentimiento para, finalmente, lograr realizar cargos no autorizados en su cuenta bancaria. Tras analizar la reclamación e investigar lo sucedido, Vodafone ha podido comprobar que se tramitó un duplicado de SIM, en fecha 5 de enero de 2023, mediante canal telefónico a través de un colaborador de esta entidad en relación con los servicios de Atención al Cliente. Una vez que la reclamante se percató de estos hechos, el día 5 de enero de 2023 se puso en contacto con mi representada indicando que la gestión anterior se había realizado sin su consentimiento, siendo este el primer momento en que Vodafone tuvo conocimiento de los hechos objeto de reclamación. Al respecto, tras verificar Vodafone que estaba ante gestiones que, pese a tener la apariencia de veraces, eran de carácter fraudulento; Vodafone procedió de inmediato a desactivar la operación realizada de forma fraudulenta y restituir el uso del servicio de la línea telefónica de la reclamante, el mismo día que se realizó el duplicado de SIM fraudulento, asignando a la reclamante una nueva SIM. Por tanto, mi representada logró solventar las incidencias objeto de reclamación de forma efectiva el 5 de enero de 2023, es decir, el mismo día en el que se tuvo constancia de los hechos y con anterioridad a la recepción del presente requerimiento por parte de la Agencia. A fin de evitar que se produzcan incidencias similares, Vodafone trabaja de forma continua en mejorar las Políticas de Seguridad. En este sentido, desde la fecha 14 de marzo de 2012, Vodafone actúa bajo la Política de Seguridad para la Contratación de Particulares, la cual se ha ido actualizando progresivamente, y cuya última versión se ha implementado en fecha 8 marzo de 2022. En fecha 5 de enero de 2023, el mismo día en el que mi representada tuvo conocimiento de los hechos que originaron la incidencia, el Departamento de Fraude de Vodafone revertió el duplicado de SIM de la línea de teléfono de la reclamante devolviendo a la reclamante el control sobre su línea móvil. Asimismo, se activó el check de víctima de fraude en el ID de cliente de la reclamante. En este sentido, como consecuencia de la aplicación del check de víctima de fraude, se insertó un aviso de seguridad en la cuenta de cliente de la reclamante con la leyenda: “No facilitar información, realizar modificaciones, activación de productos, pedidos etc., si el cliente llama desde líneas distintas a las que tiene contratadas en Vodafone, ocultación de llamada y origen internacional. Se debe consultar y seguir siempre la política de seguridad”. En todo caso, se están revisando los procesos internos para asegurar que se cumplen las Políticas de Seguridad definidas o introducir los cambios necesarios cuando se considere pertinente.>> TERCERO: De conformidad con el artículo 65 de la LOPDGDD, cuando se presentase ante la Agencia Española de Protección de Datos (en adelante, AEPD) una reclamación, ésta deberá evaluar su admisibilidad a trámite, debiendo notificar a la parte reclamante la decisión sobre la admisión o inadmisión a trámite, en el plazo de tres meses desde que la reclamación tuvo entrada en esta Agencia. Si, transcurrido este plazo, no se produjera dicha notificación, se entenderá que prosigue la tramitación de la reclamación con arreglo a lo dispuesto en el Título VIII de la Ley. C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeagpd.gob.es 3/24 Dicha disposición también resulta de aplicación a los procedimientos que la AEPD hubiera de tramitar en ejercicio de las competencias que le fueran atribuidas por otras leyes. En este caso, teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y que la reclamación se presentó en esta Agencia, en fecha 25 de enero de 2023, se comunica que su reclamación ha sido admitida a trámite, el día 25 de abril de 2023, al haber transcurrido tres meses desde que la misma tuvo entrada en la AEPD. CUARTO: De acuerdo con el informe recogido de la herramienta AXESOR, la entidad VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. es una gran empresa constituida en el año 1994, y con un volumen de negocios de 2.928.817.000 euros en el año 2022. QUINTO: Con fecha 26 de julio de 2023, la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos acordó iniciar procedimiento sancionador a la parte reclamada, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 63 y 64 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPACAP), por la presunta infracción del Artículo 6.1 del RGPD, tipificada en el Artículo 83.5 del RGPD. SEXTO: Notificado el citado acuerdo de inicio conforme a las normas establecidas en la LPACAP la parte reclamada, con fecha 16 de agosto de 2023, presentó escrito de alegaciones en el que, en síntesis, manifestaba que: <<la obligación de adoptar medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo "no es una obligación absoluta". Así pues, el responsable del tratamiento está sujeto a una obligación de medios, no a una obligación de resultados en el sentido de entender que todo incidente es un incumplimiento del deber de garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo. Por tanto, el hecho de que un tercero, mediante la comisión de delitos, haya superado las medidas de seguridad de Vodafone no puede automáticamente inferirse que Vodafone no ha sido diligente en la verificación de la identidad del cliente y, por tanto, no ha tratado los datos personales de la reclamante conforme al artículo 6.1 del RGPD. En el presente caso de duplicado de tarjeta SIM realizado a distancia (por vía telefónica), supone la previa obtención por parte de los estafadores o ciberdelincuentes mediante fraude o argucia de determinados datos personales de los interesados exigidos por Vodafone para verificar la identidad del titular de la línea. Estas labores de ingeniería social realizadas sobre la futura víctima también caen fuera de la esfera de control de Vodafone. A Vodafone podrán achacársele infracciones sólo respecto de aquellos tratamientos de datos y medidas de seguridad de las que sea responsable, esto es, aquellas dirigidas a garantizar que el solicitante del duplicado de la tarjeta SIM es el titular de la línea; no están (ni pueden estar) dirigidas a evitar el acceso a las cuentas bancarias a través de la aplicación de la entidad de crédito en cuestión. Vodafone trabaja en una continua mejora de sus políticas y procesos para evitar suplantaciones de identidad que afectan tanto a los clientes como a la propia entidad. En el presente caso, número de documento de identidad, número de teléfono, y además se debe verificar que hay orden de envío de la SIM, es decir, que la SIM ha C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeagpd.gob.es 4/24 sido enviada a la dirección que figura en sistemas. De no darse alguno de los requisitos anteriores, hay que redirigir al cliente a tiendas. Adicionalmente se establecen instrucciones para que sólo se atiendan llamadas entrantes que pertenezcan al titular de la línea, debiendo realizar las comprobaciones expuestas cuando la llamada proceda desde un número oculto o internacional. Asimismo, y como consecuencia de la continua revisión y mejora de sus protocolos y políticas internas para garantizar la seguridad de la información personal, Vodafone actualiza recurrentemente su Política de Seguridad a fin de garantizar que todo trámite realizado por nuestros clientes es legal y consentido, habiéndose implementado la última modificación de la Política de Seguridad data de 26 de junio de 2023. El cambio de SIM no consentido se produce el 5 de enero de 2023 a las 16:32 horas y se cancela y detecta por los sistemas internos de fraude ese mismo día, 5 de enero de 2023, a las 16:41 horas. En esos 9 minutos (ente las 16:32 y las 16:41 horas del día 5 de enero de 2023), la reclamante alega que se realizaron operaciones bancarias fraudulentas. Finalmente, a las 19:08 del 5 de enero de 2023, la reclamante solicita en tienda un nuevo duplicado SIM para restaurar el servicio de la línea. Estamos ante un tercero cuyo propósito es, mediante una actividad delictiva, superar dichas medidas de seguridad. Asimismo, el acceso a los datos personales de los interesados (tarjeta SIM) se produce mediante una actividad delictiva debidamente organizada y planeada. No estamos ante un fallo o error del sistema implementado por Vodafone, o ante una infracción consecuencia de un comportamiento de un tercero realizado en el marco normal de las relaciones jurídicas, sino ante un acceso ilícito que se produce como consecuencia de que un tercero (en muchas ocasiones en el seno de una organización criminal), actuando de forma dolosa, lleva a cabo actividades tendentes a superar el sistema de seguridad de mi mandante mediante la suplantación de la identidad del afectado. En la mayoría de las ocasiones, se trata de organizaciones criminales especializadas en la comisión de estafas (y otros delitos), con presencia en distintos países y con complejas estructuras societarias dedicadas al blanqueo de capitales. Otro elemento a tener en cuenta es la capacidad de estas organizaciones criminales para adaptarse a las nuevas realidades e ir mejorando sus métodos para cometer los fraudes en cuestión. En este sentido, si bien se ha visto que Vodafone va modificando su política de seguridad para tratar de anticiparse a nuevos métodos criminales, dichas organizaciones van evolucionando e implementando nuevas formas de actuación con el fin de superar la seguridad de las operadoras, lo que hace que sea imposible una anticipación a la actividad criminal en todos los casos. En el presente caso, el defraudador aportó toda la información relativa a la reclamante para superar la política de seguridad de Vodafone y conseguir los duplicados SIM. Vodafone actuó en todo momento conforme a sus políticas de seguridad y realizó una correcta verificación de los datos del cliente sobre el cual se solicitó la operación, por lo que, sí se llevó a cabo la verificación de la identidad correctamente no siendo posible constatar en el momento de la solicitud del duplicado SIM que dicha información estuviese siendo utilizada de manera fraudulenta. C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeagpd.gob.es 5/24 En efecto, Vodafone no ha probado la identidad del estafador y ciberdelincuente porque precisamente este sujeto ha ocultado su verdadera identidad y se ha hecho pasar por el cliente de Vodafone, superando mediante técnicas ilícitas las políticas de seguridad establecidas por mi mandante. Así pues, no creemos que sea reprochable el hecho de que Vodafone no haya podido identificar a los criminales, tratándose esta una tarea más propia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con los que Vodafone sí colabora. Así, Vodafone ha realizado el cambio de tarjeta SIM porque el solicitante ha acreditado (de forma fraudulenta) ser el titular de la línea telefónica mediante la aportación de todos los datos personales necesarios para superar la política de seguridad, habiendo obtenido los datos personales de las víctimas a través de técnicas de ingeniería social. Pretender que Vodafone pruebe la identidad de los solicitantes supone una suerte de prueba diabólica que no se puede exigir a Vodafone. Respecto a la prueba de la superación de la política de privacidad, se aporta en este procedimiento, un informe interno con interacciones del 5 de enero de 2023, con el reclamante o la persona que actuó en su nombre. En este informe, se indica la interacción del día 5 de enero de 2023 en la que el agente de atención al cliente que atiende la misma deja constancia de la identificación y paso de la política de privacidad, no pudiendo sospechar que se pueda tratar de una petición fraudulenta. Asimismo, y en relación con la diligencia debida por parte de los agentes colaboradores de Vodafone en los servicios de atención al cliente, cabe destacar que las entidades a las que estos pertenecen actúan en calidad de encargadas del tratamiento de Vodafone, quedando sujetas a la obligación, de acuerdo con el artículo 28.3.

1. a)del RGPD, de tratar los datos personales únicamente siguiendo las instrucciones del responsable del tratamiento. Subsidiariamente, y para el caso de que la Agencia entendiera que Vodafone ha infringido el artículo 6.1 del RGPD, no puede apreciarse la existencia de culpabilidad en las infracciones imputadas a Vodafone y, en consecuencia, no puede imponerse a la misma sanción alguna. Con carácter subsidiario, en el caso de que esta Agencia entendiera que Vodafone sí ha infringido el artículo 6.1 del RGPD, no procede la imposición de sanción alguna a mi mandante. Mi mandante discrepa respetuosamente de los agravantes indicados en el Acuerdo de Inicio. En virtud de todo lo anterior, acuerde: 1) El sobreseimiento del expediente con el consiguiente archivo de las actuaciones, por no haberse cometido ninguna de las infracciones imputadas. 2) Subsidiariamente, que en caso de imponerse alguna sanción se imponga en cuantía mínima>>. C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeagpd.gob.es 6/24 SÉPTIMO: Con fecha 12 de septiembre de 2023, el instructor del procedimiento acordó practicar las siguientes pruebas: <<1.Se dan por reproducidos a efectos probatorios la reclamación interpuesta por Dña. A.A.A. y su documentación, los documentos obtenidos y generados durante la fase de admisión a trámite de la reclamación, y el informe de actuaciones previas de investigación que forman parte del procedimiento AT/01147/2023. 2.Asimismo, se da por reproducido a efectos probatorios, las alegaciones al acuerdo de inicio del procedimiento sancionador referenciado, presentadas por VODAFONE ESPAÑA, S.A.U., y la documentación que a ellas acompaña>>. OCTAVO: Notificada la propuesta de resolución y concedida la solicitud de ampliación de plazo para formular alegaciones, con fecha 29 de noviembre de 2023, Vodafone presentó escrito de alegaciones en el que, en síntesis, manifestaba que: << el expediente sancionador tiene su origen en una reclamación presentada por la reclamante, clienta de Vodafone, cuya identidad habría sido suplantada por estafadores y ciberdelincuentes a fin de obtener un duplicado de su tarjeta SIM para así tomar el control de sus líneas telefónicas, acceder a los mensajes SMS que las entidades bancarias habrían enviado a la reclamante durante la posesión de la línea y efectuar operaciones bancarias en su nombre. Como causa de ello, la Agencia entiende que mi mandante podría haber vulnerado la licitud del tratamiento de datos personales (artículo 6.1 del RGPD) al facilitar un duplicado de la tarjeta SIM a una persona que no es la titular de las líneas móviles, tras la superación por este tercero de las políticas de seguridad implementadas por Vodafone. A la vista de lo anterior, y sin perjuicio de que Vodafone se remite en su integridad a las Alegaciones al Acuerdo de Inicio. Vodafone ha actuado de forma diligente en la medida en la que tiene implementados los procesos necesarios para identificar correctamente a sus clientes, siendo la adopción de medidas técnicas y organizativas una obligación que no es absoluta. Vodafone tiene implementadas las medidas técnicas y organizativas adecuadas para identificar correctamente a sus clientes. No obstante, si terceros, mediante técnicas ilícitas y fraudulentas, obtienen los datos confidenciales de los clientes y, a través de ellos, les usurpan la identidad y superan las medidas implementadas, eso no significa que la política sea insuficiente, sino que se han obtenido los datos necesarios, por medios ajenos a mi representada, para superar sus medidas. Por lo tanto, siempre va a existir un riesgo “residual” en el tratamiento de los datos, el cual prevalece pese a las medidas implementadas por el responsable, “Por lo tanto, el concepto de “riesgo cero” no existe cuando hablamos de gestión del riesgo, en particular, cuando hablamos de los riesgos que pueden suponer los tratamientos de datos personales. Siempre existirá un riesgo inherente o inicial implícito en cualquier tratamiento y, una vez que se hayan aplicado medidas y garantías que lo minimicen, seguirá existiendo un riesgo residual”. En consecuencia, lo que se puede solicitar a mi representada es que implemente un proceso de verificación de la identidad que sea acorde y que, en circunstancias normales, garantice un correcto tratamiento de los datos. Estas medidas estaban implementadas por parte de mi representada cuando se ejecutó el duplicado SIM. C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeagpd.gob.es 7/24 Teniendo en cuenta este hecho, las medidas implementadas por Vodafone cumplen con la diligencia media exigible dentro del sector de las comunicaciones, ejecutando el duplicado de la tarjeta SIM sólo en el caso del solicitante acreditara su identidad mediante la aportación correcta de los datos exigidos por la Política de Seguridad, por lo que mi representada tomó las cautelas necesarias para que estos hechos no se produjeran. Vodafone no pudo comprobar que la solicitud se estaba realizando por un tercero en la medida en la que la identidad del estafador estaba oculta y se hacía pasar por el cliente de Vodafone, superando mediante técnicas ilícitas las políticas de seguridad establecidas por mi mandante. Por lo que, no creemos que sea reprochable el hecho de que Vodafone no haya podido identificar a los criminales, tratándose esta una tarea más propia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con los que Vodafone sí colabora. Con todo ello, Vodafone acredita la implementación de un procedimiento robusto a la hora de verificar la identidad de sus clientes, que en circunstancias normales bloquea de manera inmediata cualquier intento fraudulento que pueda tener lugar. Aun así, y siendo consciente de que no existe un riesgo cero, desde Vodafone, como se indicó en las alegaciones presentadas el 16 de agosto de 2023, se encuentra en un proceso constante de actualización y revisión de sus Política de Seguridad, implementando nuevas medidas y controles que traten de reducir al máximo posible el riesgo inherente al tratamiento de datos que realiza. Asimismo, refiriéndonos de nuevo a las alegaciones presentadas ante el Acuerdo de Inicio del Procedimiento Sancionador, Vodafone lanza comunicados periódicos donde se refuerza, por ejemplo, la obligación de verificar la identidad del solicitante. Por todo ello, Vodafone ha implementado las medidas técnicas y organizativas necesarias y adecuadas al riesgo del tratamiento de datos que realiza, minimizando al máximo posible el riesgo prevalente asociado a la propia actividad. La realización de un duplicado SIM no conlleva el acceso a información bancaria, contraseñas, dirección de correo electrónico, etc., de los clientes de Vodafone, sino a los servicios de móvil e internet que pudieran tener contratados, resulta necesario aclarar el funcionamiento de las tarjetas SIM, que nunca conlleva el acceso a información bancaria, contraseñas, dirección de correo electrónico, etc. Como se ha venido defendiendo en múltiples procedimientos ante esta Agencia por parte de mi representada, a través de un duplicado SIM se puede llegar a obtener el servicio que tuviese contratado el titular de dicha tarjeta. Es decir, el solicitante podrá acceder a la tarifa que se tiene contratada a través de la SIM, pudiendo recibir mensajes y llamadas, así como enviarlos, y tener servicio de internet, en el caso de que estuviese contratado. En consecuencia, si el duplicado SIM se realiza por un delincuente, como es el caso, tenemos que diferenciar dos fases del proceso (
2. i)Previo al duplicado: el defraudador debería tener la información necesaria del cliente de Vodafone para superar las políticas de seguridad. Esta información se habría obtenido de fuentes ajenas a mi representada, habilitando al delincuente a superar las medidas de seguridad implementadas al suplantar la identidad del cliente. (
3. ii)Posterior al duplicado: el defraudador tendría únicamente acceso al servicio contratado por el cliente de C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeagpd.gob.es 8/24 Vodafone para dicha SIM, no teniendo acceso, como mera consecuencia del duplicado, a información bancaria, contraseñas, dirección de correo electrónico, etc. A Vodafone podrán achacársele infracciones sólo respecto de aquellos tratamientos de datos y medidas de seguridad de las que sea responsable, esto es, aquellas dirigidas a garantizar que el solicitante del duplicado de la tarjeta SIM es el titular de la línea; no están (ni pueden estar) dirigidas a evitar la suplantación de identidad (falsificación del DNI, por ejemplo) ni a evitar el acceso a las cuentas bancarias a través de la aplicación de la entidad de crédito en cuestión. No puede apreciarse la existencia de culpabilidad en las infracciones imputadas a Vodafone y, en consecuencia, no puede imponerse a la misma sanción alguna. La Agencia entiende que, en la medida en la que mi representada ha inobservado su deber de cuidado, existe dolo o culpa y, por ende, existe una responsabilidad sancionadora. No obstante, la AEPD no toma en consideración para su análisis todas las medidas que existían en el momento en el que ocurrieron los hechos objeto de sanción y las medidas de mejora que ha ido implementando Vodafone, obrando con la máxima diligencia que le es exigible. Por otro lado, la AEPD entiende que el principio de proactividad transfiere a mi representada la obligación no solo de cumplir con la normativa, sino también la de poder demostrar dicho cumplimiento. Este aspecto ha sido cubierto ampliamente por Vodafone, no solo aportando los procesos que tiene implementados, sino las interacciones en sus sistemas que evidencian que se siguieron los procesos pertinentes. Por lo tanto, mi representada sí que actuó con la diligencia debida, implementando las medidas técnicas y organizativas necesarias, y ha podido evidenciar la superación de sus políticas. No obstante, la Agencia defiende que existe dolo o culpa de mi representada únicamente observando el resultado de los hechos, la emisión fraudulenta de dos duplicados SIM, sin considerar todas las medidas de seguridad implementadas para evitar el fraude. En consecuencia, a través de esta lógica argumental se impone a Vodafone la obligación de evitar todos los fraudes, siendo una obligación absoluta, no una de medios, lo que iría en contra de lo dispuesto por la Audiencia Nacional. Subsidiariamente, y para el caso de que la Agencia entienda que ha existido infracción y deba imponerse una sanción a Vodafone, deberán tenerse en cuenta las siguientes circunstancias agravantes y atenuantes. Sobre el agravante aplicado por la Agencia a la hora de evaluar la sanción, nos reiteramos en lo dispuesto en las Alegaciones al Acuerdo de Inicio: I. La vinculación de la actividad de Vodafone con la realización de tratamientos de datos de carácter personal. Efectivamente, existe una vinculación entre la actividad de Vodafone y el tratamiento de datos personales de sus clientes que realiza para llevar a cabo la correcta prestación de los servicios contratados y atender las solicitudes y peticiones que éstos realicen. La Agencia hace referencia a la existencia de imprudencia cuando un responsable del tratamiento no se comporta con la diligencia C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeagpd.gob.es 9/24 exigible debiendo insistirse en el rigor y el exquisito cuidado para ajustarse a las prevenciones legales al respecto. Prueba del especial cuidado y cautela aplicada en el tratamiento de datos personales que lleva a cabo mi representada, son todas las medidas de seguridad implementadas, además de la continua revisión de sus políticas y cumplimiento de las mismas. Por lo que este factor, no debe ser tenido en cuenta como agravante a la hora de graduar la sanción. Sobre los atenuantes no aplicados por la Agencia a la hora de evaluar la sanción: II. El grado de responsabilidad del responsable del tratamiento, habida cuenta de las medidas técnicas u organizativas que hayan aplicado en virtud de los artículos 25 y 32 del RGPD. La Agencia, en su Propuesta de Resolución, desestima este atenuante en la medida en la que entiende que “La reclamada se ha limitado a declarar que el solicitante del duplicado superó la política de seguridad de la compañía sin aportar ninguna prueba que demuestre que recabó de la persona que intervino en la contratación algún documento que acreditara que era efectivamente el titular de los datos que había facilitado como propios o que articuló algún mecanismo que permitiera contrastar la veracidad de los datos de identidad proporcionados”. En efecto, Vodafone no ha probado la identidad del estafador y ciberdelincuente porque precisamente este sujeto ha ocultado su verdadera identidad y se ha hecho pasar por el cliente de Vodafone, superando mediante técnicas ilícitas las políticas de seguridad establecidas por mi mandante. Así pues, no creemos que sea reprochable el hecho de que Vodafone no haya podido identificar a los criminales, tratándose esta una tarea más propia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con los que Vodafone sí colabora. Así, Vodafone ha realizado el cambio de tarjeta SIM porque el solicitante ha acreditado (de forma fraudulenta) mediante la aportación correcta de todos los datos personales necesarios para superar la política de seguridad, habiendo obtenido los datos personales de las víctimas a través de técnicas de ingeniería social. Pretender que Vodafone pruebe la identidad de los solicitantes supone una suerte de prueba diabólica que no se puede exigir a Vodafone. Asimismo, se debe resaltar, tal y como reflejan las interacciones aportadas por mi representada en las alegaciones al Acuerdo de Inicio del Procedimiento Sancionador, dicha política fue seguida por el Agente y superada por el tercero defraudador. III. El grado de cooperación con la autoridad de control con el fin de poner remedio a la infracción y mitigar los posibles efectos adversos de la infracción. La Agencia, en su Propuesta de Resolución, desestima este atenuante en la medida en la que entiende que el RGPD “se refiere al grado de cooperación con la autoridad de control con el fin de poner remedio a la infracción y mitigar los posibles efectos adversos de la infracción. La respuesta de la reclamada al requerimiento informativo de la Subdirección de Inspección no cumplía esas finalidades, por lo que no es encuadrable en esa circunstancia atenuante”. En este sentido, informar a la Agencia de que Vodafone sí que ha puesto medios para remediar y mitigar los posibles efectos adversos de la practica fraudulenta de los duplicados SIM. Indicar lo contrario sería no tomar en consideración que Vodafone, tal y como se ha venido indicando, se encuentra en un proceso constante de actualización y revisión de sus Política de Seguridad, implementando nuevas medidas y controles que traten de reducir al C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeagpd.gob.es 10/24 máximo posible el riesgo inherente al tratamiento de datos que realiza, tal y como se ha evidenciado en la manifestación primera de las presentes alegaciones. Asimismo, en aquellos casos en los que la actividad criminal del estafador o ciberdelincuente ha logrado defraudar el sistema implementado por Vodafone, mi mandante ha reaccionado dirigiendo sus acciones hacia cuatro frentes distintos: I. Acciones dirigidas hacia el cliente afectado, tales como bloqueo de la tarjeta SIM en cuestión y restricción en la recepción de SMS, contacto con el cliente, abono de las llamadas realizadas por el estafador o ciberdelincuente etcétera. II. Acciones dirigidas hacia los agentes y empleados que aplican las medidas de seguridad para evitar la suplantación de identidad al solicitar el duplicado de la tarjeta SIM, tales como envío de comunicaciones periódicas con alertas, información sobre el modus operandi de las bandas criminales para detectar con mayor facilidad futuros casos, aplicación de penalizaciones a aquellos agentes que no han seguido las medidas de seguridad establecidas por Vodafone etcétera. III. Acciones realizadas en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como interposición de denuncias y colaboración con la Policía en la lucha contra este tipo de fraude. IV. Acciones dirigidas hacia terceros, como entidades de crédito; por ejemplo, el desarrollo e implementación de la herramienta "Vodafone Identity Hub (VIH)", que permite verificar por dichos terceros si el interesado ha realizado un cambio o duplicado de su tarjeta SIM de forma reciente. En virtud de todo lo anterior, solicito a la agencia española de protección de datos que tenga por presentado este escrito y todos los documentos que lo acompañan y, en su virtud, tenga por efectuadas las manifestaciones en él contenidas y, tras los trámites oportunos, acuerde: 1) El sobreseimiento del expediente con el consiguiente archivo de las actuaciones, por no haberse cometido ninguna de las infracciones imputadas y no poder apreciarse la existencia de culpabilidad. 2) Subsidiariamente, que en caso de imponerse alguna sanción se imponga en cuantía mínima, a la luz de las circunstancias atenuantes indicadas en el presente escrito.>> De las actuaciones practicadas en el presente procedimiento y de la documentación obrante en el expediente, han quedado acreditados los siguientes: HECHOS PROBADOS PRIMERO. - La parte reclamante formuló reclamación ante esta Agencia el día 25 de enero de 2023 en la que se hace constar que el día 5 de enero de 2023 recibió un SMS de Vodafone en el cual se le notifica que se ha tramitado un cambio de su tarjeta SIM no solicitado por él, lo que conllevó una suplantación de su identidad produciéndose cargos fraudulentos en su cuenta bancaria. SEGUNDO. - Vodafone, reconoce en su escrito de fecha 11 de mayo de 2023 y en sus alegaciones de fecha 16 de agosto de 2023 que se tramitó un duplicado de SIM, en fecha 5 de enero de 2023, mediante el canal telefónico a través de un colaborador de esa entidad en relación con los servicios de Atención al Cliente. TERCERO. – Vodafone, reconoce que tras verificar que estaba ante gestiones que, pese a tener la apariencia de veraces, eran de carácter fraudulento, procedió a desactivar la operación realizada de forma fraudulenta y restituir el uso del servicio de C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeagpd.gob.es 11/24 la línea telefónica de la reclamante, el mismo día que se realizó el duplicado de SIM fraudulento, asignando a la reclamante una nueva SIM. CUARTO. - Vodafone no ha acreditado la grabación de la llamada. FUNDAMENTOS DE DERECHO I Competencia De acuerdo con los poderes que el artículo 58.2 del Reglamento (UE) 2016/679 (Reglamento General de Protección de Datos, en adelante RGPD), otorga a cada autoridad de control y según lo establecido en los artículos 47, 48.1, 64.2 y 68.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante, LOPDGDD), es competente para iniciar y resolver este procedimiento la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos. Asimismo, el artículo 63.2 de la LOPDGDD determina que: “Los procedimientos tramitados por la Agencia Española de Protección de Datos se regirán por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, en la presente ley orgánica, por las disposiciones reglamentarias dictadas en su desarrollo y, en cuanto no las contradigan, con carácter subsidiario, por las normas generales sobre los procedimientos administrativos.” II Contestación a las alegaciones presentadas La parte reclamada manifiesta que la emisión de los duplicados de la tarjeta SIM no es suficiente para realizar operaciones bancarias en nombre de los titulares, ciertamente, para completar la estafa, es necesario que un tercero “suplante la identidad” del titular de los datos ante la entidad financiera. Lo que conlleva a priori, un tratamiento al margen del principio de licitud pues un tercero está tratando datos, ya que tiene acceso a ellos, sin base legal alguna, además de la vulneración de otros principios como el de confidencialidad. Por dicha razón, este es un proceso en donde la diligencia prestada por las operadoras es fundamental para evitar este tipo de estafas y vulneraciones del RGPD. Diligencia que se traduce en el establecimiento de medidas adecuadas para garantizar que el tratamiento de datos sea conforme al RGPD. Idénticas consideraciones merece la actuación de las entidades bancarias que proporcionan servicios de pago, en cuyo ámbito se inicia este tipo de estafas, ya que el tercero tiene acceso a las credenciales del usuario afectado y se hace pasar por este. En tanto que estas entidades son responsables del tratamiento de los datos de sus clientes, les competen idénticas obligaciones que las señaladas hasta ahora para las operadoras referidas al cumplimiento del RGPD y la LOPDGDD, y además las derivadas del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeagpd.gob.es 12/24 otras medidas urgentes en materia financiera. A este respecto, conviene aclarar que, dentro del terminal móvil, va insertada la tarjeta SIM. Es una tarjeta inteligente, en formato físico y de reducidas dimensiones, que contiene un chip en el que se almacena la clave de servicio del suscriptor o abonado usada para identificarse ante la red, esto es, el número de línea telefónica móvil del cliente MSISDN (Mobile Station Integrated Services Digital Network -Estación Móvil de la Red Digital de Servicios Integrados-), así como el número de identificación personal del abonado IMSI (International Mobile Subscriber Identity -Identidad Internacional del Abonado móvil-) pero también puede proporcionar otro tipo de datos como la información sobre el listado telefónico o el de llamadas y mensajes. Por otro lado, la emisión de un duplicado de tarjeta SIM supone el tratamiento de los datos personales de su titular ya que se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador (artículo 4.1) del RGPD). Por lo tanto, la tarjeta SIM identifica un número de teléfono y este número a su vez, identifica a su titular. En este sentido la Sentencia del TJUE en el asunto C -101/2001(Lindqvist) de 6.11.2003, apartado 24, Rec. 2003 p. I-12971: «El concepto de "datos personales" que emplea el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 95/46 comprende, con arreglo a la definición que figura en el artículo 2, letra a), de dicha Directiva "toda información sobre una persona física identificada o identificable". Este concepto incluye, sin duda, el nombre de una persona junto a su número de teléfono o a otra información relativa a sus condiciones de trabajo o a sus aficiones». En suma, tanto los datos que se tratan para emitir un duplicado de tarjeta SIM como la tarjeta SIM (Subscriber Identity Module) que identifica de forma inequívoca y unívoca al abonado en la red, son datos de carácter personal, debiendo su tratamiento estar sujeto a la normativa de protección de datos. En cuanto a la responsabilidad de Vodafone, debe indicarse que, con carácter general Vodafone trata los datos de sus clientes al amparo de lo previsto en el artículo 6.1
4. b)del RGPD, por considerarse un tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales. En otros casos, fundamenta la licitud del tratamiento en las bases previstas en el artículo 6.1.a), c),
5. e)y
6. f)del RGPD. Por otra parte, para completar la estafa, es necesario que un tercero “suplante la identidad” del titular de los datos, para la contratación de la línea móvil. Lo que conlleva a priori, un tratamiento al margen del principio de licitud pues un tercero está tratando datos, ya que tiene acceso a ellos, sin base legal alguna, además de la vulneración de otros principios como el de confidencialidad. Por dicha razón, este es un proceso en donde la diligencia prestada por las operadoras es fundamental para evitar este tipo de estafas y vulneraciones del RGPD. Diligencia que se traduce en el establecimiento de medidas adecuadas para garantizar que se implantan y mantienen medidas de seguridad apropiadas para proteger eficazmente la confidencialidad, integridad y disponibilidad de todos los datos personales de los cuales son responsables, o de aquellos que tengan por encargo de C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeagpd.gob.es 13/24 otro responsable. El Tribunal Constitucional señaló en su Sentencia 94/1998, de 4 de mayo, que nos encontramos ante un derecho fundamental a la protección de datos por el que se garantiza a la persona el control sobre sus datos, cualesquiera datos personales, y sobre su uso y destino, para evitar el tráfico ilícito de los mismos o lesivo para la dignidad y los derechos de los afectados; de esta forma, el derecho a la protección de datos se configura como una facultad del ciudadano para oponerse a que determinados datos personales sean usados para fines distintos a aquel que justificó su obtención. Por su parte, en la Sentencia 292/2000, de 30 de noviembre, lo considera como un derecho autónomo e independiente que consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta a la persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al individuo saber quién posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. En cuanto a la conducta de Vodafone se considera que responde al título de culpa. Como depositaria de datos de carácter personal a gran escala, por lo tanto, habituada o dedicada específicamente a la gestión de los datos de carácter personal de los clientes, debe ser especialmente diligente y cuidadosa en su tratamiento. Es decir, desde la óptica de la culpabilidad, estamos ante un error vencible ya que, con la aplicación de las medidas técnicas y organizativas adecuadas, estas suplantaciones de identidad se hubieran podido evitar. Es el considerando 74 del RGPD el que dice: Debe quedar establecida la responsabilidad del responsable del tratamiento por cualquier tratamiento de datos personales realizado por él mismo o por su cuenta. En particular, el responsable debe estar obligado a aplicar medidas oportunas y eficaces y ha de poder demostrar la conformidad de las actividades de tratamiento con el presente Reglamento, incluida la eficacia de las medidas. Dichas medidas deben tener en cuenta la naturaleza, el ámbito, el contexto y los fines del tratamiento, así como el riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas. Asimismo, el considerando 79 dice: La protección de los derechos y libertades de los interesados, así como la responsabilidad de los responsables y encargados del tratamiento, también en lo que respecta a la supervisión por parte de las autoridades de control y a las medidas adoptadas por ellas, requieren una atribución clara de las responsabilidades en virtud del presente Reglamento, incluidos los casos en los que un responsable determine los fines y medios del tratamiento de forma conjunta con otros responsables, o en los que el tratamiento se lleve a cabo por cuenta de un responsable. Asimismo, solicita Vodafone con carácter subsidiario que esta Agencia acuerde el archivo del procedimiento por inexistencia de culpabilidad. Rige en el Derecho Administrativo sancionador el principio de culpabilidad (artículo 28 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, LRJSP), por lo que el elemento subjetivo o culpabilístico es una condición indispensable para que surja la responsabilidad sancionadora. El artículo 28 de la LRJSP, “Responsabilidad”, dice: C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeagpd.gob.es 14/24 “1. Sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas, así como, cuando una Ley les reconozca capacidad de obrar, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos, que resulten responsables de los mismos a título de dolo o culpa.” A la luz de este precepto la responsabilidad sancionadora puede exigirse a título de dolo o de culpa, siendo suficiente en el último caso la mera inobservancia del deber de cuidado. El Tribunal Constitucional, entre otras, en su STC 76/1999, ha declarado que las sanciones administrativas participan de la misma naturaleza que las penales, al ser una de las manifestaciones del ius puniendi del Estado, y que, como exigencia derivada de los principios de seguridad jurídica y legalidad penal consagrados en los artículos 9.3 y 25.1 de la CE, es imprescindible su existencia para imponerlas. A propósito de la culpabilidad de la persona jurídica procede citar la STC 246/1991, 19 de diciembre de 1991 (F.J. 2), conforme a la cual, respecto a las personas jurídicas, el elemento subjetivo de la culpa se ha de aplicar necesariamente de forma distinta a como se hace respecto de las personas físicas y añade que “Esta construcción distinta de la imputabilidad de la autoría de la infracción a la persona jurídica nace de la propia naturaleza de ficción jurídica a la que responden estos sujetos. Falta en ellos el elemento volitivo en sentido estricto, pero no la capacidad de infringir las normas a las que están sometidos. Capacidad de infracción y, por ende, reprochabilidad directa que deriva del bien jurídico protegido por la norma que se infringe y la necesidad de que dicha protección sea realmente eficaz [...]”. La decisión de archivar un expediente sancionador podrá fundarse en la ausencia del elemento de la culpabilidad cuando el responsable de la conducta antijurídica hubiera obrado con toda la diligencia que las circunstancias del caso exigen. En cumplimiento del principio de culpabilidad la AEPD ha acordado en numerosas ocasiones el archivo de procedimientos sancionadores en los que no concurría el elemento de la culpabilidad del sujeto infractor. Supuestos en los que, pese a existir un comportamiento antijurídico, había quedado acreditado que el responsable había obrado con toda la diligencia que resultaba exigible, por lo que no se apreciaba culpa alguna en su conducta. Ese ha sido el criterio mantenido por la Sala de lo Contencioso Administrativo, sección 1ª, de la Audiencia Nacional. Pueden citarse, por ser muy esclarecedoras, las siguientes sentencias: - SAN de 26 de abril de 2002 (Rec. 895/2009) que dice: “En efecto, no cabe afirmar la existencia de culpabilidad desde el resultado y esto es lo que hace la Agencia al sostener que al no haber impedido las medidas de seguridad el resultado existe culpa. Lejos de ello lo que debe hacerse y se echa de menos en la Resolución es analizar la suficiencia de las medidas desde los parámetros de diligencia media exigible en el mercado de tráfico de datos. Pues si se obra con plena diligencia, cumpliendo escrupulosamente los deberes derivados de una actuar diligente, no cabe afirmar ni presumir la existencia de culpa alguna.” C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeagpd.gob.es 15/24 - SAN de 29 de abril de 2010, Fundamento Jurídico sexto, que, a propósito de una contratación fraudulenta, indica que “La cuestión no es dilucidar si la recurrente trató los datos de carácter personal de la denunciante sin su consentimiento, como si empleó o no una diligencia razonable a la hora de tratar de identificar a la persona con la que suscribió el contrato”. Llegados a este punto, conviene recordar nuevamente lo que la STC 246/1991 ha dicho a propósito de la culpabilidad de la persona jurídica: que no falta en ella la “capacidad de infringir las normas a las que están sometidos”. “Capacidad de infracción [...] que deriva del bien jurídico protegido por la norma que se infringe y la necesidad de que dicha protección sea realmente eficaz [...]”. En conexión con lo expuesto hay que referirse al artículo 5.2. del RGPD (principio de responsabilidad proactiva), conforme al cual el responsable del tratamiento será responsable del cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1- por lo que aquí interesa, del principio de licitud en relación con el artículo 6.1 del RGPD- y capaz de demostrar su cumplimiento. El principio de proactividad transfiere al responsable del tratamiento la obligación no solo de cumplir con la normativa, sino también la de poder demostrar dicho cumplimiento. El Dictamen 3/2010, del Grupo de Trabajo del artículo 29 (GT29) -WP 173- emitido durante la vigencia de la derogada Directiva 95/46/CEE, pero cuyas reflexiones son aplicables en la actualidad, afirma que la “esencia” de la responsabilidad proactiva es la obligación del responsable del tratamiento de aplicar medidas que, en circunstancias normales, garanticen que en el contexto de las operaciones de tratamiento se cumplen las normas en materia de protección de datos y en tener disponibles documentos que demuestren a los interesados y a las Autoridades de control qué medidas se han adoptado para alcanzar el cumplimiento de las normas en materia de protección de datos. El artículo 5.2 se desarrolla en el artículo 24 del RGPD que obliga al responsable a adoptar las medidas técnicas y organizativas apropiadas “para garantizar y poder demostrar” que el tratamiento es conforme con el RGPD. El precepto establece: “Responsabilidad del responsable del tratamiento” “1. Teniendo en cuenta la naturaleza, el ámbito, el contexto y los fines del tratamiento, así como los riesgos de diversa probabilidad y gravedad para los derechos y libertades de las personas físicas, el responsable del tratamiento aplicará medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar y poder demostrar que el tratamiento es conforme con el presente Reglamento. Dichas medidas se revisarán y actualizarán cuando sea necesario. 2.Cuando sean proporcionadas en relación con las actividades de tratamiento, entre las medidas mencionadas en el apartado 1 se incluirá la aplicación, por parte del responsable del tratamiento, de las oportunas políticas de protección de datos. 3.La adhesión a códigos de conducta aprobados a tenor del artículo 40 o a un mecanismo de certificación aprobado a tenor del artículo 42 podrán ser utilizados como elementos para demostrar el cumplimiento de las obligaciones por parte del responsable del tratamiento.” C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeagpd.gob.es 16/24 El artículo 25 del RGPD, “Protección de datos desde el diseño y por defecto”, establece: “1.Teniendo en cuenta el estado de la técnica, el coste de la aplicación y la naturaleza, ámbito, contexto y fines del tratamiento, así como los riesgos de diversa probabilidad y gravedad que entraña el tratamiento para los derechos y libertades de las personas físicas, el responsable del tratamiento aplicará, tanto en el momento de determinar los medios de tratamiento como en el momento del propio tratamiento, medidas técnicas y organizativas apropiadas, como la seudonimización, concebidas para aplicar de forma efectiva los principios de protección de datos, como la minimización de datos, e integrar las garantías necesarias en el tratamiento, a fin de cumplir los requisitos del presente Reglamento y proteger los derechos de los interesados. 2.[...]”. Es plenamente aplicable al caso la SAN de 17 de octubre de 2007 (rec. 63/2006), que, después de referirse a que las entidades en las que el desarrollo de su actividad conlleva un continuo tratamiento de datos de clientes y terceros han de observar un adecuado nivel de diligencia, dice: “[...] el Tribunal Supremo viene entendiendo que existe imprudencia siempre que se desatiende un deber legal de cuidado, es decir, cuando el infractor no se comporta con la diligencia exigible. Y en la valoración del grado de diligencia ha de ponderarse especialmente la profesionalidad o no del sujeto, y no cabe duda de que, en el caso ahora examinado, cuando la actividad de la recurrente es de constante y abundante manejo de datos de carácter personal ha de insistirse en el rigor y el exquisito cuidado por ajustarse a las prevenciones legales al respecto”. III Obligación incumplida Se imputa a la parte reclamada la comisión de una infracción por vulneración del artículo 6 del RGPD, “Licitud del tratamiento”, que señala en su apartado 1 los supuestos en los que el tratamiento de datos de terceros es considerado lícito: “1. El tratamiento sólo será lícito si se cumple al menos una de las siguientes condiciones:
7. a)el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos;
8. b)el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales;
9. c)el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento;
10. d)el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona física;
11. e)el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento; C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeagpd.gob.es 17/24
12. f)el tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran la protección de datos personales, en particular cuando el interesado sea un niño. Lo dispuesto en la letra
13. f)del párrafo primero no será de aplicación al tratamiento realizado por las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones”. En el presente caso, resulta acreditado que un tercero el día 5 de enero de 2023 a través de los servicios telefónicos de Atención al Cliente solicitó un duplicado de la tarjeta SIM de la parte reclamante, duplicado que le fue facilitado. Para que el tratamiento de datos efectuado por la reclamada pudiera estar fundado en alguna de las circunstancias legitimadoras del tratamiento sería preciso que, en su condición de responsable del tratamiento, pudiera acreditar que la titular de los datos tratados fue efectivamente quien los facilitó. Sin embargo, la reclamada no aportó con su respuesta a la petición informativa previa a la admisión a trámite de esta reclamación ningún documento o elemento probatorio que acredite cuál es el fundamento jurídico del tratamiento efectuado. Así, en la respuesta a la solicitud informativa de la AEPD de fecha 11 de mayo de 2023, y de las alegaciones efectuadas el día 16 de agosto de 2023 la reclamada adujo << En particular, se le informa de que las actuaciones denunciadas por la reclamante han sido calificadas como fraudulentas, en particular el duplicado de su tarjeta SIM. Asimismo, se informa a la reclamante de que lo sucedido fue declarado como fraudulento por el Departamento de Fraude de Vodafone y se han implementado medidas de seguridad adicionales sobre la cuenta de cliente de la reclamante para que no se produzcan incidencias similares en el futuro >>. En este sentido, la SAN, de fecha 19 de septiembre de 2023 (REC 403/2021), que dice: “contrató un tercero sin control ni supervisión suficiente en cuanto no fue capaz de detectar que realmente, la persona que estaba manifestando su voluntad de contratar, no era quien decía ser. De haberse tomado las necesarias precauciones, a fin de asegurar la identidad de la persona contratante (por lo que hubiera sido bastante atender a la incorrecta contestación de las preguntas de identificación y verificación del cliente) se hubiera evitado la infracción del artículo 6.1 de la LOPD imputada por la AEP” En definitiva, en el caso analizado, queda en entredicho la diligencia empleada por parte de la reclamada para identificar a la persona que solicitó el duplicado de la tarjeta SIM. En todo caso, no se siguió el procedimiento implantado por la parte reclamada, ya que, de haberlo hecho, se debió haber producido la denegación del mismo. A la vista de lo anterior, Vodafone no logra acreditar que se haya seguido ese procedimiento y por consiguiente hubo un tratamiento ilícito de los datos personales de la parte reclamante, contraviniendo con ello el artículo 6 del RGPD. En ese sentido el Considerando 40 del RGPD señala: C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeagpd.gob.es 18/24 “