PS-00250-2023

1/13  Expediente N.º: EXP202306308 ANTECEDENTES.......................................................................................................... 1 PRIMERO: Acuerdo de inicio de actuaciones previas de investigación de la directora de la AEPD de 2/08/2022........................................................................................... 1 SEGUNDO: Actuaciones previas de investigación..................................................... 2 TERCERO: Con fecha 27/07/2023, la Directora de la AEPD, acordó:........................ 7 CUARTO: Alegaciones al acuerdo inicio.................................................................... 7 QUINTO: Con fecha 4/06/2024 se emitió propuesta de resolución del literal:..........10 FUNDAMENTOS DE DERECHO................................................................................. 11 I Competencia.............................................................................................................. 11 II Caducidad del procedimiento.................................................................................... 11 RESUELVE:................................................................................................................. 13 RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR Del procedimiento instruido por la Agencia Española de Protección de Datos y en base a los siguientes ANTECEDENTES PRIMERO: Acuerdo de inicio de actuaciones previas de investigación de la directora de la AEPD de 2/08/

1. Con fecha 2/08/2022, la Directora de la AEPD remite a la Subdirección General de Inspección un escrito en el que indica: “Con el número de registro en la sede de la AEPD: ***REFERENCIA.1, “se ha puesto en conocimiento una posible infracción en el tratamiento de datos personales” relativa a que varios medios de comunicación difundieron en sus sitios web el (...) de la declaración ante el juez de una víctima de una violación múltiple, para ilustrar la noticia relativa a la celebración del juicio, en un caso que fue muy mediático. El reclamante facilitó los enlaces a noticias difundidas en los sitios web de los medios. “Sin embargo, la aparición de nuevos contenidos y nuevos responsables hace necesaria la investigación de los hechos y su autoría.” C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeagpd.gob.es 2/13 Por ello, se insta “a la Subdirección General de Inspección de Datos a que inicie de oficio Actuaciones Previas de Investigación tendentes a acreditar estos hechos.” El registro ***REFERENCIA.1, revela la entrada de una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos de 8/04/2021, de A.A.A., al que siguió otro de 10/05/
2. La reclamación se interpuso “porque varios medios de comunicación publicaron en sus sitios web el (...) de la declaración ante el juez de una víctima de una violación múltiple, para ilustrar la noticia relativa a la celebración del juicio el mes pasado, en un caso que fue muy mediático.” SEGUNDO: Actuaciones previas de investigación La Subdirección General de Inspección de Datos procedió a la realización de actuaciones previas de investigación para el esclarecimiento de los hechos en cuestión, en virtud de las funciones asignadas a las autoridades de control en el artículo 57.1 y de los poderes otorgados en el artículo 58.1 del Reglamento (UE) 2016/679 (Reglamento General de Protección de Datos, en adelante RGPD), y de conformidad con lo establecido en el Título VII, Capítulo I, Sección segunda, de la LOPDGDD, teniendo conocimiento de los siguientes extremos: 1- “Con fecha 11/08/2022, se ha incorporado al expediente una prueba de publicación de un vídeo en la url ***URL.1, capturado a fecha 21/07/2022, y publicado por el perfil “B.B.B.” donde consta debajo del video el texto “***TEXTO.1”. Consta asimismo como fecha de publicación el ***FECHA.1.”, y “(...) visualizaciones”. 2-Con fecha 04/08/2022 se solicita a GOOGLE IRELAND LIMITED el borrado del contenido localizable en la url ***URL.
3. En el literal del escrito figura “acuerdo de adopción de medida provisional”, sobre la citada dirección que se refiere al tratamiento de datos personales de la víctima de una violación múltiple en ***LOCALIDAD.
4. En este caso se escucha la voz de la víctima y la voz es un dato de carácter personal” Con fecha 10/08/2022, se recibe escrito de respuesta de GOOGLE, en el que se informa que: “GOOGLE IRELAND, en aplicación de las Directrices de Privacidad y Normas de la Comunidad de YouTube y de conformidad con el acuerdo dictado, ha procedido a la retirada del vídeo titulado “***TEXTO.1” publicado en el canal “B.B.B.” el ***FECHA.1 y que era accesible a través de la siguiente URL: - ***URL.1”, El Servicio de Inspección comprueba el día 11/08/2022, que la citada URL se ha borrado, efectuando diligencia el 12/08/2022, en la que el citado enlace no figura. 3-Como consecuencia del requerimiento de información solicitado de B.B.B. (el reclamado) efectuado 08/11/2022 por la Inspección, la AEAT remite a esta Agencia información sobre su identificación. C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeagpd.gob.es 3/13 4-Con fecha 10/01/2023, se diligencia: a. Se accede a YOUTUBE, usuario “B.B.B.”, y figura la dirección ***URL.2, en la que consta una publicación del usuario, y entre los comentarios a la publicación consta por parte de otro usuario “(…)“. Que consta una contestación por parte del usuario “B.B.B.” con el texto “Muchas gracias […]” b. Que en la página web ***URL.3 consta un finalista llamado B.B.B., abogado (...). 5- El 10/02/2023, se solicita al reclamado, como requerimiento de información en las actuaciones previas de investigación, que informe sobre: “publicación, en su perfil de youtube de nombre “B.B.B.”, con fecha ***FECHA.1, de un vídeo ubicado en la url ***URL.1 donde consta, debajo del video, el texto “***TEXTO.1”; “
5. Justifique la base de legitimación para hacer la publicación reseñada” Se obtuvo respuesta con fecha 06/03/2023, en la que el reclamado remite a esta Agencia la siguiente información y manifestaciones: ”Que es un activista social” y desde el año 2019, participa en la Asociación de carácter nacional “***ASOCIACION.1, que, entre los fines estatutarios se encuentran; la lucha contra la corrupción y en pro de la participación ciudadana, la defensa de los denunciantes de corrupción, luchar contra la injusticia judicial y promover un nuevo concepto de justicia”. Manifiesta: “Que el vídeo en cuestión se encontraba publicado en mi perfil de YouTube hasta el día 23 de febrero, pero ha sido retirado de la plataforma debido al curso de una reclamación de un tercero”. ”Que el vídeo es un fragmento del vídeo, (…). “Que en dicho video podía verse la marca comercial de dicho periódico.” “Que el contenido del vídeo es idéntico al publicado por distintas plataformas: (…) “Que con su redifusión no se ha perseguido ningún fin de lucro y que nunca ha monetizado ninguno de sus vídeos. Que el interés superior es la defensa de los derechos de la víctima y exponer la poca sensibilidad y empatía que muestran algunos miembros del ministerio (…) con determinadas personas o colectivos.” “Es cierto, que con el título del vídeo realizó una crítica a la actuación de este (...), pero siempre amparada bajo el marco constitucional que consagra la libertad de expresión. Además, con su publicación no se lesiona ningún derecho, ni del (...) ni de las partes, pues nuestra legislación ampara la publicidad de los actos procesales, recogido en los artículos 24.2 y 120.1 de la Constitución Española. “El principio de la publicidad de los juicios, garantizados por la Constitución (art. 120.1), implica que estos sean conocidos más allá del círculo de los presentes, pudiendo tener una proyección general. Esta proyección no puede hacerse efectiva más que con la asistencia de los medios de comunicación social, en cuanto tal presencia les permite C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeagpd.gob.es 4/13 adquirir la información en su misma fuente y transmitirla a cuantos, por una serie de imperativos de espacio, de tiempo, de distancia, de quehacer, etc., están en la imposibilidad de hacerlo. Este papel de intermediario natural desempeñado por los medios de comunicación social entre la noticia y cuantos no están, así, en condiciones de conocerla directamente, se acrecienta con respecto a acontecimientos que por su entidad pueden afectar a todos y por ello alcanzan una especial resonancia en el cuerpo social". En el caso del vídeo en cuestión, corresponde con la fase del juicio y fue reproducido por los medios de comunicación. Esta colisión de derechos ha sido analizada de forma continuada y en reiteradas sentencias del Tribunal Constitucional. De hecho, ya en sentencia 6/1981 del TC, se destacaba la trascendencia del ejercicio a la libertad de expresión e información y que es uno de los pilares de la sociedad libre y democrática, de forma que se protege constitucionalmente la información veraz referida a asuntos de interés general o relevancia pública.” “Que dicha crítica forma parte de sus derechos constitucionalmente reconocidos” “en el artículo 20.1 a de la Constitución y la libertad de expresión en el artículo 10 del Convenio para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales”. “Es evidente que se tienen que garantizar los derechos a la intimidad y la imagen de todas las personas que acuden a la Administración de Justicia y que tengan un derecho tutelable, pero de una forma ponderada, como establece el Tribunal Constitucional y por supuesto confiando también en la ética y buenas prácticas del periodismo. En este particular caso, se hizo así, siguiendo la grabación aportada por el tribunal (...) de la Audiencia de ***LOCALIDAD.2 que permitió la publicidad del acto procesal en cuestión.” 2-En relación a la “legitimación para la publicación”, manifiesta: “Los activistas sociales, gozamos de una especial protección por parte del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH), que nos atribuye un papel «watchdog», vigilante de los actos de las Administraciones Públicas, equiparándonos a un medio de difusión de masas, consideración alcanzada en el caso Gra Stiftung Gegen Rassismus y Antisemitismus c. Suiza, 9 de enero de
6. La importancia de los medios de comunicación social en una democracia ha sido especialmente subrayada por el TEDH, que gráficamente les atribuye la cualidad de "perro guardián" de los derechos y libertades de los ciudadanos (vid. SSTEDH de 25 de junio de 1.992, caso Thorgeir Thorgeison contra Islandia, y de 29 de marzo de 2.001, caso Thoma contra Luxemburgo, entre otras). “Por lo que respecta al nivel de protección de la libertad de expresión, existe un ámbito mínimo con arreglo al artículo 10.2 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las libertades fundamentales, para restringir el debate sobre asuntos de interés público. Por tanto, se otorga un elevado nivel de protección a la libertad de expresión, con lo que en consecuencia las autoridades disponen de un margen de apreciación especialmente restringido, cuando los comentarios afecten a asuntos de interés público, como ocurre especialmente con las expresiones sobre el funcionamiento del poder judicial, incluso en el contexto de procedimientos todavía pendientes en relación con otros demandados. El grado de hostilidad y la potencial gravedad de ciertos C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeagpd.gob.es 5/13 comentarios no impiden el derecho a un elevado nivel de protección de la libertad de expresión, en vista de la existencia de un asunto de interés público (véase Paturel v. France, no 54968/00, S 42, de 22 de diciembre de 2005, y Morice [CG]. La excepción podría ser el supuesto de ataques gravemente perjudiciales que carezcan básicamente de fundamento, los jueces como tales pueden estar sujetos a la crítica personal dentro de los límites permitidos, y no solo de forma teórica y general. Cuando actúan en función de su cargo, pueden estar sujetos a límites más amplios de crítica aceptable que el resto de los ciudadanos. Pero en este caso, queda acreditado que la crítica entra dentro de los parámetros de la libertad de expresión. Además, y en la medida en que la difusión del vídeo perseguía los fines legítimos, se deben valorar los principios generales aplicables para equilibrar el derecho a la libertad de expresión frente a la "protección de la reputación o derechos de terceros", tal y como se resume en Perinçek, S 198, y Medilis Islamske Zajednice BrCko y otros c. Bosnia y Herzegovina ([GC], no 17224/11, S 77, de 27 de junio de 2017). Con el fin de que entre en juego el artículo 8, el ataque a la reputación personal debe alcanzar cierto nivel de gravedad (véase Axel Springer AG c. Alemania [GC], no 39954/08, S 83, de 7 de febrero de 2012; Bédat c. Suiza tGC], no 56925/08, S 72, de 29 de marzo de 2016; Reitera el reclamado que “La publicidad del proceso también se configura como derecho fundamental.“ Manifiesta el reclamado que “La jurisprudencia del Tribunal Supremo también subraya con vigor la conexión entre el principio de publicidad procesal y el derecho a recibir información. Así, la STS 1646/1994, de 16/09 declaraba que la justicia en la fase de plenario ha de administrarse de tal manera que los ciudadanos y los medios de comunicación, que son vehículos de unión indispensables y especialmente cualificados entre los centros de poder y la ciudadanía, puedan presenciarlos. Todo acto, por el hecho de ser público, alcanza una dimensión de control, de vigilancia y de supervisión de la que están carentes los que se realizan privadamente o sin publicidad. En el mismo sentido puede reseñarse la STS 168/1995, de 14/
7. “En esta misma línea, la Recomendación