PS-00311-2015

1/12 Procedimiento Nº PS/00311/2015 RESOLUCIÓN: R/01725/2015 En el procedimiento sancionador PS/00311/2015, instruido por la Agencia Española de Protección de Datos a la entidad CATALUNYA BANC S.A., vista la denuncia presentada por A.A.A. y en base a los siguientes, ANTECEDENTES PRIMERO: Con fecha de 26 de junio de 2014 tiene entrada en esta Agencia un escrito de A.A.A. en el que se pone de manifiesto los siguientes hechos: CATALUNYA CAIXA mantiene los datos de la denunciante y su marido en ficheros de morosidad con posterioridad a la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona en la que se anula un préstamo que tenían con la mencionada entidad bancaria. Adjunto a la denuncia se ha aportado entre otra documentación: - Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona de fecha 20 de diciembre de 2012 en la que se desestima el recurso de apelación contra la Sentencia de fecha 3 de octubre de 2011 por la cual se declara nulo el contrato de transmisión de derechos de aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles turísticos suscrito con la entidad AONIA SL y que se tienen que devolver las cuotas abonadas. - Copia del escrito, de fecha 19 de mayo de 2014, remitido a CATALUNYA CAIXA por los denunciantes solicitando la exclusión de los datos de ficheros de morosidad en virtud de la sentencia mencionada. SEGUNDO: A la vista de los hechos denunciados, en fase de actuaciones previas, por los Servicios de Inspección de esta Agencia se solicita información a la entidad CATALUNYA CAIXA, EXPERIAN BUREAU DE CRÉDITO SA, teniendo conocimiento de que: En relación con la inclusión de datos en el fichero de morosidad Con fecha 19 de septiembre de 2014, se solicita a EXPERIAN BUREAU DE CREDITO SA información relativa a A.A.A. con DNI ***NIF.1 y de la respuesta recibida, en fecha de registro de entrada en esta Agencia 6 de octubre de 2014, se desprende: - Respecto del fichero BADEXCUG C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 2/12 Con fecha 24 de septiembre de 2014, fecha en que se realiza la consulta en el fichero BADEXCUG, no figura ninguna incidencia asociada al identificador ***NIF.1 informada por CAIXA CATALUNYA. - Respecto del fichero de NOTIFICACIONES Consta una notificación de inclusión, cuya entidad informante es CAIXA CATALUNYA con fecha de emisión 07/05/2013 e importe 5883,01 €. - Respecto del fichero de BAJAS Consta una baja asociada a la incidencia informada por CAIXA CATALUNYA de fecha de alta 05/05/2013 y en baja en fecha 10/08/2014 por el proceso automático semanal de actualización de datos. - Respecto de los derechos ARCO En el Servicio de Atención al Cliente de la entidad no constan expedientes asociados a los derechos del denunciante. Respecto de la entidad informante CATALUNYA CAIXA Con fecha 19 de septiembre de 2014 se remite escrito de solicitud de información a CATALUNYA CAIXA y en la contestación de fecha de registro de entrada a esta Agencia 9 de octubre de 2014, se desprende: 1. CATALUNYA CAIXA manifiesta que la denunciante y su marido, con fecha 20-032006, formalizaron una operación de préstamo para financiar la operación de transmisión de derechos de aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles de uso turístico suscrita con la mercantil AONIA, S.L., por importe de 16.000 euros. Posteriormente, los denunciantes interpusieron una demanda judicial contra la mercantil AONIA, S.L. y CATALUNYA BANC SA (como codemandada), solicitando la declaración de nulidad del contrato de transmisión de derechos de aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles de uso turístico y del contrato de préstamo que estaba vinculado al citado contrato. CATALUNYA BANC SA, como codemandada, llegó a un acuerdo con los demandantes, y suspendía los efectos del citado préstamo. Una vez la sentencia fue firme, en el sistema de CATALUNYA BANC SA se canceló administrativamente el préstamo y se procedió a dar de baja a los denunciantes de los ficheros de morosidad. A este respecto, CATALUNYA BANC SA ha aportado copia del acuerdo suscrito con los denunciantes de fecha 27 de julio de 2010 y certificado que acredita que a fecha 3 de octubre de 2014 no constan los datos de los denunciantes en ficheros de morosidad. C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 3/12 TERCERO: Con fecha 1 de junio de 2015, el Director de la Agencia Española de Protección de Datos acordó iniciar, procedimiento sancionador a CATALUNYA BANC SA por presunta infracción de los artículo 4.3 en relación con el 29.4 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD) tipificada como infracción grave en el artículo 44.3.

1. c)de dicha norma, pudiendo ser sancionada, con multa de 40.001€ a 300.000 €, según lo previsto en el artículo 45.2 de la citada Ley Orgánica. CUARTO: Notificado el citado acuerdo de inicio del procedimiento sancionador, se recibe escrito que tuvo entrada en el Registro de la AEPD el 23 de junio de 2015 de la entidad CATALUNYA BANC SA., en el que: - Reconoce la culpabilidad y solicita la aplicación del artículo 45.5.
2. d)“cuando el infractor haya reconocido espontáneamente la responsabilidad”. QUINTO: Con fecha 24 de junio de 2015 se inició el período de práctica de pruebas en el que: 1. Se dan por reproducidos a efectos probatorios la denuncia interpuesta por A.A.A. y su documentación, los documentos obtenidos y generados por los Servicios de Inspección ante CATALUNYA BANC S.A., EXPERIAN BUREAU DE CREDITO S.A. y el Informe de actuaciones previas de Inspección que forman parte del expediente E/04885/2014. 2. Asimismo, se da por reproducido a efectos probatorios, las alegaciones al acuerdo de inicio PS/00311/2015 presentadas por CATALUNYA BANC S.A., y la documentación que a ellas acompaña. SEXTO: Al haber reconocido la entidad denunciada los hechos que se le imputan y la responsabilidad que se deriva de los mismos, se procede a elevar al Director de la Agencia Española de Protección de Datos el expediente a los efectos de dictar resolución al respecto. SEPTIMO: De las actuaciones practicadas en el presente procedimiento, han quedado acreditados los siguientes HECHOS PROBADOS PRIMERO: La denunciante, Dª. A.A.A. con NIF: ***NIF.1 manifiesta que (CATALUNYA CAIXA) CATALUNYA BANC SA mantiene sus datos y los de su marido en ficheros de morosidad con posterioridad a la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona en la que se anula un contrato y se cancela un préstamo, derivado de dicho contrato, que tenían con la mencionada entidad bancaria. SEGUNDO: La entidad denunciada manifiesta que, la Sra. A.A.A. con NIF ***NIF.1 y el Sr. B.B.B. con NIF ***NIF.2, con fecha 20-03-2006, formalizaron una operación de préstamo con núm. administrativo ***NÚMERO.1 para financiar la operación de transmisión de derechos de aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles de uso turístico suscrita con la mercantil AONIA, S.L., por importe de 16.000 euros. (folio 30) C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 4/12 TERCERO: La entidad denunciada manifiesta que los Sres. A.A.A. y B.B.B. interpusieron una demanda judicial contra la mercantil AONIA, S.L. y Catalunya Banc, S.A. (como codemandada), solicitando la declaración de nulidad del contrato de transmisión de derechos de aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles de uso turístico y del contrato de préstamo que estaba vinculado al citado contrato. (folio 30) CUARTO: Queda acreditada copia de la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona de fecha 20 de diciembre de 2012 en la que se desestima el recurso de apelación interpuesto por AONIA, S.L. contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia de Barcelona número 31, de fecha 3 de octubre de 2011 (folios 5 al 12) QUINTO: La Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia de Barcelona número 31, de fecha 3 de octubre de 2011 y que fue apelada (hecho probado segundo) en su parte dispositiva estableció lo siguiente: “Estimo la demanda formulada por B.B.B. y a A.A.A. contra Caixa D’Estalvis de Catalunya Tarragona y Manresa, declaro la nulidad del contrato de transmisión de derechos de aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles de uso turístico n° AO 1170, suscrito entre ambos en fecha 3 de diciembre de 2005, con todos sus anexos, y a que se refiere la demanda, y condeno a la demandada a la devolución de las cantidades cobradas al actor por mor del contrato referido, que si fuere necesario se determinara en ejecución de sentencia, más los intereses legales desde la interposición de la demanda. Teniendo en cuenta, los acuerdos tomados entre los demandantes y la entidad bancaria demandada, y homologados por auto de fecha 27 de julio de 2010. Con condena en costas a Aonia S.L. “. (folio 6) SEXTO: Los datos personales de la denunciante estuvieron incluidos por la operación que consta en el hecho probado segundo nº ***NÚMERO.2 en BADEXCUG a instancia de Caixa Catalunya (Catalunya Banc S.A.) entre el 5/05/2013 y el 10/8/2014, por importe de 5.883,01 euros (folios 21, 22, 26, 27, 28) SEPTIMO: Queda acreditado escrito enviado por la representación de Dª A.A.A. y recibido por Caixa Catalunya el 20 de mayo de 2014 por el que solicitan la cancelación de los ficheros de solvencia patrimonial de las inscripciones derivadas del préstamo ***NÚMERO.1. (folios 2 y 3) FUNDAMENTOS DE DERECHO I Es competente para resolver este procedimiento el Director de la Agencia Española de Protección de Datos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.
3. g)en relación con el artículo 36 de la LOPD. II C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 5/12 El artículo 8.1 del Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, dispone: “Iniciado un procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento, con la imposición de la sanción que proceda.” En aplicación del anterior precepto y teniendo en cuenta que el denunciado ha reconocido los hechos imputados, procede resolver el procedimiento iniciado. III El artículo 4.3 de la LOPD, referente a la “calidad de los datos”, establece: “3. Los datos de carácter personal serán exactos y puestos al día de forma que responsan con veracidad a la situación actual del afectado”. El artículo 29 de la Ley Orgánica 15/1999 señala en sus apartados 2 y 4: “Podrán tratarse también datos de carácter personal relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias facilitados por el acreedor o por quien actúe por su cuenta o interés. En estos casos se notificará a los interesados respecto de los que hayan registrado datos de carácter personal en ficheros, en el plazo de treinta días desde dicho registro, una referencia de los que hubiesen sido incluidos y se les informará de su derecho a recabar información de la totalidad de ellos, en los términos establecidos en la presente Ley”. “Sólo se podrán registrar y ceder los datos de carácter personal que sean determinantes para enjuiciar la solvencia económica de los interesados y que no se refieran, cuando sean adversos, a más de seis años, siempre que respondan con veracidad a la situación actual de aquellos”. Estos preceptos deben integrarse con la definición legal de “tratamiento de datos” y “consentimiento del interesado” que ofrecen, respectivamente, los artículos 3,
4. c)y 3,
5. h)de la LOPD: “operaciones y procedimientos técnicos, de carácter automatizado o no, que permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo y cancelación, así como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias”; “toda manifestación de voluntad, libre, inequívoca, específica e informada, mediante la que el interesado consienta el tratamiento de datos personales que le conciernen”. Por su parte, el R.D. 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, (en lo sucesivo RLOPD), en su artículo 38 y bajo la rúbrica “Requisitos para la inclusión de los datos” dispone: “1. Solo será posible la inclusión en estos ficheros de datos de carácter personal que sean determinantes para enjuiciar la solvencia económica del afectado, siempre que concurran los siguientes requisitos:
6. a)Existencia previa de una deuda cierta, vencida, exigible, que haya resultado impagada (…).” C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 6/12 IV Por lo que respecta a la infracción del artículo 4.3 en relación al 29.4 de la LOPD que se imputa a CATALUNYA BANC deben hacerse las siguientes consideraciones: A) Los principios generales de protección de datos regulados en los artículos 4 a 12, que integran el Título II de la Ley Orgánica 15/1999, constituyen el contenido esencial de este derecho fundamental. La Audiencia Nacional en diversas sentencias (entre otras SAN de 24 de marzo de 2004 y 7 de julio de 2006) ha señalado que los principios generales contenidos en el Título II de la LOPD definen las pautas a las que debe atenerse la recogida, tratamiento y uso de los datos de carácter personal. En este sentido, la STAN de 25 de julio de 2006 manifiesta: “…dichos principios sirven para delimitar el marco en el que debe desenvolverse cualquier uso o cesión de los datos de carácter personal y para integrar la definición de los tipos de infracción definidos en el artículo 44 de la LOPD, pues este precepto aborda la tipificación de las distintas infracciones mediante una remisión a los principios definidos en la propia Ley”. Entre tales principios se recoge –artículo 4.3- el de exactitud o veracidad, a través del cual se trata de garantizar y proteger la calidad de la información sometida a tratamiento -exacta y puesta al día- por la que debe velar quien recoge y trata datos de carácter personal. La Directiva 95/46 CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, que traspone la LOPD, establece en su artículo 6. I.
7. d)que “Los Estados miembros dispondrán que los datos personales sean….
8. d)exactos, y cuando sea necesario, actualizados. Deberán tomarse todas las medidas razonables para que los datos inexactos o incompatibles, con respeto a los fines para los que fueron recogidos o para los que fueron tratados posteriormente, sean suprimidos o rectificados”, indicando el apartado 6.2 que “Corresponderá a los responsables del tratamiento garantizar el cumplimiento de los dispuesto en el apartado I” B) Las normas jurídicas reproducidas ponen de manifiesto que la comunicación de los datos de un tercero a un fichero de solvencia patrimonial exige, por una parte, que la deuda sea cierta, vencida, exigible y que haya resultado impagada, y por otra, que se haya requerido de pago al deudor antes de informar los datos a la entidad responsable de la gestión del fichero. Conviene recordar, además, que es el acreedor el responsable de comprobar que los datos que se comunican se ajustan a los requisitos establecidos en el artículo 4 de la LOPD y su normativa de desarrollo. Consta acreditado en esta Agencia que las entidades asociadas a los ficheros de solvencia patrimonial suministran periódicamente las relaciones de altas, bajas y modificaciones de los datos de sus clientes para que tales actualizaciones queden registradas en el fichero, siendo las entidades informantes las que deciden sobre el alta, el mantenimiento y la cancelación de los datos de los clientes de los referidos ficheros. C) En el asunto que nos ocupa resulta probado que (CATALUNYA CAIXA) CATALUNYA BANC SA comunicó al fichero de solvencia patrimonial BADEXCUG los datos personales de la denunciante por una supuesta deuda inexistente y que, por tanto, no se puede considerar cierta, vencida y exigible, ya que existía una Sentencia y un Recurso de Apelación que declararon la nulidad de un contrato de transmisión de derechos de aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles de uso turístico firmado por la denunciante con AONIA S.L. y que Catalunya Caixa, como codemandada y con un acuerdo previo transaccional con la denunciante debía cancelar el préstamo si la Sentencia era favorable a la denunciante. (hechos probados tercero, cuarto, sexto y folio C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 7/12 32) Hay que señalar, por tanto, que esa deuda incluida en un fichero de solvencia patrimonial derivada de un préstamo que tenía que haber sido cancelado en virtud de una Sentencia Judicial no era cierta, vencida y exigible. La entidad denunciada califica la incidencia como de un error involuntario, sin embargo no se deduce de la conducta de la denunciada la existencia de un error invencible. Cuando la actividad de la entidad denunciada es de constante y abundante manejo de datos de carácter personal ha de insistirse en el rigor y el exquisito cuidado por ajustarse a las prevenciones legales al respecto. Por tanto se aprecia una grave falta de diligencia de una entidad que por el volumen de datos tratados y su especialización debería actuar con un especial cuidado. Catalunya Banc debe tener una diligencia plena tanto a la hora de mantener la exactitud y veracidad de los datos de sus clientes, como a la hora de comunicar a los ficheros de solvencia patrimonial deudas que deben de ser efectivamente ciertas, vencidas y exigibles. Visto lo anterior la conducta anteriormente descrita, vulnera el principio de calidad del dato consagrado en el artículo 4.3 en relación con el 29.4 de la LOPD, infracción tipificada en el artículo 44.3.
9. c)de la citada norma, que dispone: “Son infracciones graves, (..)
10. c)Tratar datos de carácter personal sin recabar el consentimiento de las personas afectadas, cuando el mismo sea necesario conforme a lo dispuesto en esta Ley y sus disposiciones de desarrollo”. V El artículo 44.3.
11. c)de la LOPD tipifica como infracción grave “Tratar datos de carácter personal o usarlos posteriormente con conculcación de los principios y garantías establecidos en el artículo 4 de la presente Ley y las disposiciones que lo desarrollan, salvo cuando sea constitutivo de infracción muy grave”. Constatado que CATALUNYA BANC SA realizó la acción típica – infracción del principio de calidad del dato-, debemos analizar si está presente el elemento subjetivo de la culpabilidad, esencial para exigir en el ámbito del Derecho Administrativo Sancionador responsabilidad por el ilícito cometido, pues no cabe en este marco imponer sanciones basadas en la responsabilidad objetiva del presunto infractor. Así, en STC 76/1999 el Alto Tribunal afirma que las sanciones administrativas participan de la misma naturaleza que las penales, al ser una de las manifestaciones del ius puniendi del Estado, y que, como exigencia derivada de los principios de seguridad jurídica y legalidad penal consagrados en los artículos 9.3 y 25.1 de la CE, es imprescindible la presencia de este elemento para imponerlas. El artículo 130.1 de la LRJPAC recoge el principio de culpabilidad en el marco del procedimiento administrativo sancionador y dispone: “Sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los mismos aun a título de simple inobservancia”. Del tenor del artículo 130.1 de la LRJPAC se concluye que bastará la “simple C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 8/12 inobservancia” para apreciar la presencia de culpabilidad a título de negligencia, expresión que alude a la omisión del deber de cuidado que exige el respeto a la norma. Conviene traer a colación, en este caso, la Sentencia de la Audiencia Nacional de 17/10/2007 (Rec. 63/2006), en la que el Tribunal expone que “....el ilícito administrativo previsto en el artículo 44.3.
12. c)de la LOPD se consuma, como suele ser la norma general en las infracciones administrativas, por la concurrencia de culpa leve. En efecto, el principio de culpabilidad previsto en el artículo 130.1 de la Ley 30/1992 dispone que solo pueden ser sancionadas por hechos constitutivos de infracciones administrativas los responsables de los mismos, aún a título de simple inobservancia. Esta simple inobservancia no puede ser entendida como la admisión en Derecho administrativo sancionador de la responsabilidad objetiva ……..” La citada Sentencia exige a aquellas entidades en las que el desarrollo de su actividad conlleva un continuo tratamiento de datos de clientes y terceros que observen un adecuado nivel de diligencia, e indica a este respecto: “….el Tribunal Supremo viene entendiendo que existe imprudencia siempre que se desatiende un deber legal de cuidado, es decir, cuando el infractor no se comporta con la diligencia exigible. Y en la valoración del grado de diligencia ha de ponderarse especialmente la profesionalidad o no del sujeto, y no cabe duda de que, en el caso ahora examinado, cuando la actividad de la recurrente es de constante y abundante manejo de datos de carácter personal ha de insistirse en el rigor y el exquisito cuidado por ajustarse a las prevenciones legales al respecto”. En el supuesto que nos ocupa este elemento se concreta en la grave falta de diligencia demostrada por CATALUNYA BANC S.A. en el cumplimiento de las obligaciones que le impone la normativa de protección de datos, toda vez que la entidad denunciada incluyó en un fichero de solvencia patrimonial los datos personales de la denunciante por una deuda derivada de un préstamo, deuda que no era cierta, vencida y exigible al haber sido cancelado dicho préstamo en virtud de un acuerdo transaccional derivado de lo resuelto en una Sentencia Judicial. B) Respecto a la segunda de las cuestiones planteadas, la Ley Orgánica 15/1999 en su artículo 43.1 indica que “los responsables de los ficheros y los encargados de los tratamientos estarán sujetos al régimen sancionador establecido en la presente Ley”. Por su parte, el artículo 3
13. d)del citado texto legal considera “responsable del fichero o tratamiento” a la “persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada, u órgano administrativo, que decida sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento”. Consta acreditado en esta Agencia que las entidades asociadas a ficheros de morosidad suministran periódicamente las relaciones de las altas, bajas y modificaciones de los datos de sus clientes para que tales actualizaciones queden registradas en el citado fichero, siendo las entidades informantes las que deciden sobre el alta o la cancelación de los datos de sus clientes de los ficheros de morosidad. Los datos personales del denunciante figuran en los propios ficheros de la operadora y, adicionalmente, son comunicados a las entidades responsables de los ficheros de solvencia patrimonial. Por ello, la imputación de la infracción de la LOPD, (artículo 4.3) debe dirigirse contra Catalunya Banc S.A., toda vez que fue esta entidad quien decidió la C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 9/12 comunicación de los datos de la denunciante a un fichero de solvencia patrimonial. VI El artículo 45.1, 2, 4 y 5 LOPD, en su redacción vigente en el momento en que tuvieron lugar los hechos, dispone lo siguiente: “1. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de 900 a 40.000 euros. 2. Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 40.001 a 300.000 euros. 3. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 300.001 a 600.000 euros. 4. La cuantía de las sanciones se graduará atendiendo a los siguientes criterios:
14. a)El carácter continuado de la infracción.
15. b)El volumen de los tratamientos efectuados.
16. c)La vinculación de la actividad del infractor con la realización de tratamientos de datos de carácter personal.
17. d)El volumen de negocio o actividad del infractor.
18. e)Los beneficios obtenidos como consecuencia de la comisión de la infracción.
19. f)El grado de intencionalidad.
20. g)La reincidencia por comisión de infracciones de la misma naturaleza.
21. h)La naturaleza de los perjuicios causados a las personas interesadas o a terceras personas.
22. i)La acreditación de que con anterioridad a los hechos constitutivos de infracción la entidad imputada tenía implantados procedimientos adecuados de actuación en la recogida y tratamiento de Ios datos de carácter personal, siendo la infracción consecuencia de una anomalía en el funcionamiento de dichos procedimientos no debida a una falta de diligencia exigible al infractor.
23. j)Cualquier otra circunstancia que sea relevante para determinar el grado de antijuridicidad y de culpabilidad presentes en la concreta actuación infractora. “5. El órgano sancionador establecerá la cuantía de la sanción aplicando la escala relativa a la clase de infracciones que preceda inmediatamente en gravedad a aquella en que se integra la considerada en el caso de que se trate, en los siguientes supuestos:
24. a)Cuando se aprecie una cualificada disminución de la culpabilidad del imputado o de la antijuridicidad del hecho como consecuencia de la concurrencia significativa de varios de los criterios enunciados en el apartado 4 de este artículo.
25. b)Cuando la entidad infractora haya regularizado la situación irregular de forma diligente.
26. c)Cuando pueda apreciarse que la conducta del afectado ha podido inducir a la comisión de la infracción.
27. d)Cuando el infractor haya reconocido espontáneamente su culpabilidad.
28. e)Cuando se haya producido un proceso de fusión por absorción y la infracción fuese anterior a dicho proceso, no siendo imputable a la entidad absorbente”. La entidad Catalunya Banc, solicita la aplicación del artículo 45.5 d ) de la LOPD Respecto al apartado 45.5 de la LOPD hay que señalar que deriva del principio de proporcionalidad de la sanción y permite establecer " la cuantía de la sanción aplicando la escala relativa a la clase de infracciones que preceda inmediatamente en C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 10/12 gravedad a aquella en que se integra la considerada en el caso de que se trate", pero para ello es necesario la concurrencia de, o bien una cualificada disminución de la culpabilidad del imputado, o bien de la antijuridicidad del hecho, o bien de alguna otra de las circunstancias que el mismo precepto cita. Así, el citado artículo 45.5 de la LOPD debe aplicarse de forma excepcional y cuando se den suficientes circunstancias para ello. La consideración del reconocimiento voluntario de la responsabilidad para el establecimiento de la cuantía de la sanción ya se indica en el acuerdo de apertura del presente procedimiento sancionador, en el que expresamente se advierte lo siguiente: “… así como la posibilidad de reconocer voluntariamente su responsabilidad a los efectos previstos en el artículo 8 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora y del establecimiento de la cuantía de la sanción aplicando la escala relativa a la clase de infracciones que preceda inmediatamente en gravedad a aquella en que se integra la considerada en el presente caso de acuerdo con lo previsto en el artículo 45.5
29. d)de la ley 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal”. En el presente caso, se estima que concurren las circunstancias necesarias para que pueda establecerse la sanción aplicando la escala relativa a las infracciones leves porque la entidad ha reconocido voluntariamente su responsabilidad. No se puede apreciar, sin embargo, la circunstancia prevista en el artículo 45.5
30. b)“Cuando la entidad infractora haya regularizado la situación irregular de forma diligente.” Y esto es así porque los datos personales de la denunciante estuvieron incluidos por la operación del préstamo nº ***NÚMERO.2 en BADEXCUG a instancia de Caixa Catalunya (Catalunya Banc S.A.) entre el 5 de mayo de 2013 y el 10 de agosto de 2014, por importe de 5.883,01 euros (hecho probado sexto), es decir se incluyeron por un año y tres meses con posterioridad a la fecha de la resolución del recurso de apelación que fue dictada el 20 de diciembre de 2012. Así mismo consta acreditado un escrito enviado por la representación de Dª A.A.A. y recibido por Caixa Catalunya el 20 de mayo de 2014 por el que solicitan la cancelación de los ficheros de solvencia patrimonial de las inscripciones derivadas del préstamo ***NÚMERO.1, (hecho probado séptimo) sin embargo y a pesar de ello los datos personales de la denunciante se mantuvieron inscritos en el fichero de solvencia patrimonial hasta el 10 de agosto de 2014. Visto todo lo anterior y en aplicación del artículo 45.5.d), procede imponer, por la infracción cometida, una multa cuyo importe se encuentre entre 900 € y 40.000 €, en aplicación de lo previsto en el apartado 1 del citado artículo 45. Por lo que respecta a los criterios de graduación de las sanciones que contempla el artículo 45.4 de la LOPD, estimamos que en el presente caso concurren varias circunstancias que operan como agravantes. Nos referimos a las siguientes: El importante volumen de negocio de Catalunya Banc, (apartado d, del artículo 45.4), toda vez que estamos ante una de las grandes empresas de España por cuota de mercado y a la vinculación de la actividad del infractor con la realización de tratamientos de carácter personal, (apartado c,), pues la actividad empresarial de Catalunya Banc exige un continuo tratamiento de datos de carácter personal, tanto de sus clientes como C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 11/12 de terceros, que se traduce en un deber de extremar la diligencia a fin de garantizar una tutela efectiva del derecho fundamental que nos ocupa. En el presente caso, valorados los criterios de graduación de las sanciones previstos en el artículo 45.4 de la LOPD cuya presencia ha quedado acreditada, y habida cuenta de que concurre la circunstancia contemplada en el apartado
31. d)del artículo 45.5 de la LOPD, se sanciona a CATALUNYA BANC S.A..,con una multa de 20.000 € (veinte mil euros) por la infracción de la que esta entidad es responsable. Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación, El Director de la Agencia Española de Protección de Datos RESUELVE: PRIMERO: IMPONER a la entidad CATALUNYA BANC S.A..por una infracción del artículo 4.3, en relación con el 29.4 de la LOPD, tipificada como infracción grave en el artículo 44.3.
32. c)de dicha norma, una multa de 20.000 € ( veinte mil euros) de conformidad con lo establecido en el artículo 45.2 en relación con el 45.5 de la citada Ley Orgánica. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a CATALUNYA BANC S.A., y a A.A.A. . TERCERO: Advertir al sancionado que la sanción impuesta deberá hacerla efectiva en el plazo de pago voluntario que señala el artículo 68 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, en relación con el art. 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, mediante su ingreso en la cuenta restringida nº ES00-0000-0000-00-0000000000 abierta a nombre de la Agencia Española de Protección de Datos en el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. o en caso contrario, se procederá a su recaudación en período ejecutivo. Si recibe la notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, ambos inclusive, el plazo para efectuar el pago voluntario será hasta el día 20 del mes siguiente o inmediato hábil posterior, y si recibe la notificación entre los días 16 y último de cada mes, ambos inclusive, el plazo del pago será hasta el 5 del segundo mes siguiente o inmediato hábil posterior. De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 37 de la LOPD, en la redacción dada por el artículo 82 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, la presente Resolución se hará pública, una vez haya sido notificada a los interesados. La publicación se realizará conforme a lo previsto en la Instrucción 1/2004, de 22 de diciembre, de la Agencia Española de Protección de Datos sobre publicación de sus Resoluciones y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 116 del Real Decreto 1720/2007, de 21 diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la LOPD. Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa (artículo 48.2 de la LOPD), y de conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el Director de la Agencia Española de C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 12/12 Protección de Datos en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de esta resolución, o, directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto, según lo previsto en el artículo 46.1 del referido texto legal. José Luis Rodríguez Álvarez Director de la Agencia Española de Protección de Datos C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es