PS-00338-2019

1/7  Procedimiento Nº: PS/00338/2019 938-051119 RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR Del procedimiento instruido por la Agencia Española de Protección de Datos y en base a los siguientes HECHOS PRIMERO: Doña A.A.A. (*en adelante, el reclamante) con fecha 22 de abril de 2019 interpuso reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. La reclamación se dirige contra la formación política CIUDADANOS PARTIDO DE LA CIUDADANÍA con NIF G64283310 (en adelante, el reclamado). Los motivos en que basa la reclamación son los siguientes: “Les remito esta queja porque habiendo solicitado al Instituto Nacional de Estadística (INE) la exclusión de mis datos personales para ser cedidos a los partidos políticos para no poder remitir propaganda electoral, he recibido dos envíos postales enviados por formaciones políticas. Adjunto copia del justificado emitido por el INE y fotografías de los envíos recibidos” (folio nº 1). Junto a la reclamación aporta prueba documental (Doc. 1 y 2) de sobre con el logotipo de la formación política y la información anexa. Asimismo, aporta copia del justificante electrónico presentado en el INE en fecha 06/04/19 confirmando la Estimación de la solicitud. SEGUNDO: A la vista de los hechos denunciados en la reclamación y de los documentos aportados por el reclamante, la Subdirección General de Inspección de Datos procedió a la realización de actuaciones previas de investigación para el esclarecimiento de los hechos en cuestión, en virtud de los poderes de investigación otorgados a las autoridades de control en el artículo 57.1 del Reglamento (UE) 2016/679 (Reglamento General de Protección de Datos, en adelante RGPD), y de conformidad con lo establecido en el Título VII, Capítulo I, Sección segunda, de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en lo sucesivo LOPDGDD). TERCERO: En fecha 24/04/19 se da traslado de la reclamación al INE (Instituto Nacional de Estadística) para que confirme el marcado de los datos de la reclamante, sin que alegación alguna se haya realizado a día de la fecha. CUARTO: En fecha 14/11/19 se recibe en esta Agencia escrito de alegaciones de la denunciada manifestando lo siguiente: “La reclamante presentó solicitud de exclusión del Censo electoral remitido a C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeagpd.gob.es 2/7 los partidos políticos para liberarse del envío de la propaganda electoral. A tal fin el INE confirmó estimación de la solicitud, lo que justifica la reclamante por justificante electrónico de fecha 06/04/19. En ningún momento, el INE informó con posterioridad a la remisión del Censo, de su modificación a los efectos de atender la exclusión solicitada por la reclamante. Es material y jurídicamente imposible que la reclamante pueda conocer había solicitado su exclusión del Censo, máxime cuando, como resulta evidente, no gestiona el Censo ni se le dirigen las solicitudes de exclusión. Ciudadanos-Partido de la ciudadanía sólo se sirve de esta información, la del Censo electoral, para llevar a cabo la distribución de su propaganda electoral ; ningún reproche legal se le puede exigir cuando ha gestionado unos datos facilitados exclusivamente por la Administración Pública y en virtud de la habilitación contenida en la Ley electoral Como le resulta conocedora a la AEPD a la que nos dirigimos, los representantes de las candidaturas tienen acceso al Censo porque le es facilitado en virtud de lo dispuesto en la Legislación electoral, por la Oficina del Censo electoral en ejecución de lo dispuesto en al LOREG y por instrucción de la Junta electoral. Si el Censo incurrió en algún error o ilegalidad, como hemos dicho, no cabría imputar ningún tipo de responsabilidad a esta parte. Las ilegalidades no se transmiten como las enfermedades, no es un virus que se pueda contagiar. Por todo lo expuesto: solicita que se admitan, conforme a Derecho, las presentes alegaciones. (…)”. A la vista de todo lo actuado, por parte de la Agencia Española de Protección de Datos en el presente procedimiento se consideran hechos probados los siguientes, HECHOS PROBADOS Primero. En fecha 22/04/19 se interpuso reclamación por la denunciante ante esta Agencia en los siguientes términos: “Les remito esta queja porque habiendo solicitado al Instituto Nacional de Estadística (INE) la exclusión de mis datos personales para ser cedidos a los partidos políticos para no poder remitir propaganda electoral, he recibido dos envíos postales enviados por formaciones políticas. Adjunto copia del justificado emitido por el INE y fotografías de los envíos recibidos” (folio nº 1). Segundo. La denunciante aporta prueba documental (Doc. nº 1) justificante presentado en el INE en fecha 06/04/19, mediante comparecencia electrónica, con la rúbrica “oposición a Partidos”. Tercero. Aporta prueba documental (Doc. nº 2) que acredita la recepción de carta con el logo Compromis, constando los datos personales de la misma y su dirección en C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeagpd.gob.es 3/7 ***DIRECCION.1. Cuarto. La convocatoria de las Elecciones Generales de 28 de abril de 2019 se produjo el 05 de marzo, por lo que el plazo para la presentación de las reclamaciones quedó fijado desde el día 11 al 18 de marzo de 2019. Esos mismos plazos resultan de aplicación para las solicitudes de exclusión. Ello es así porque no puede modificarse el censo electoral entregado a los partidos políticos para unas elecciones concretas, una vez que se ha cerrado el plazo de reclamación del censo para dichas elecciones. Consta acreditado que la presentación de la solicitud de no recepción de propaganda electoral se produce por la denunciante en fecha 06/04/2019 12:46:47 (Horario peninsular). FUNDAMENTOS DE DERECHO I En virtud de los poderes que el artículo 58.2 del RGPD reconoce a cada autoridad de control, y según lo establecido en los artículos 47 y 48 de la LOPDGDD, la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos es competente para iniciar y para resolver este procedimiento. II En el presente caso, se procede a examinar la reclamación de fecha 22/04/19 por medio de la cual la denunciante manifiesta haber recibido propaganda política, a pesar de haber ejercitado el derecho de oposición a la misma. Asimismo, aporta copia del justificante electrónico presentado en el INE en fecha 06/04/19 confirmando la Estimación de la solicitud. La herramienta legal que permite a los ciudadanos solicitar el derecho de exclusión que nos ocupa la encontramos en la reciente Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante LOPDPGDD), que introdujo en su Disposición final tercera dos modificaciones a la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (en adelante LOREG). El párrafo 5º de este artículo 58 bis garantiza que se facilite “al destinatario un modo sencillo y gratuito de ejercicio del derecho de oposición a este envío de propaganda electoral”. El artículo 39.3 LOREG (LO 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General) dispone lo siguiente: “Dentro del plazo anterior, cualquier persona podrá formular reclamación dirigida a la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral sobre sus datos censales, si C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeagpd.gob.es 4/7 bien solo podrán ser tenidas en cuenta las que se refieran a la rectificación de errores en los datos personales, a los cambios de domicilio dentro de una misma circunscripción o a la no inclusión del reclamante en ninguna Sección del Censo de la circunscripción pese a tener derecho a ello. También serán atendidas las solicitudes de los electores que se opongan a su inclusión en las copias del censo electoral que se faciliten a los representantes de las candidaturas para realizar envíos postales de propaganda electoral. No serán tenidas en cuenta para la elección convocada las que reflejen un cambio de residencia de una circunscripción a otra, realizado con posterioridad a la fecha de cierre del censo para cada elección, debiendo ejercer su derecho en la sección correspondiente a su domicilio anterior”. En el RGPD (así como en la LOPDGDD) se reconoce expresamente el derecho del interesado a oponerse -en cualquier momento- por motivos relacionados con su situación particular, a que los datos personales que le conciernan sean objeto de un tratamiento basado en lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, letras

1. e)o
2. f)del RGPD, incluida la elaboración de perfiles sobre la base de dichas disposiciones. Por su parte, la LOPDGDD en su artículo 18 regula el derecho de oposición en los siguientes términos: “El derecho de oposición, así como los derechos relacionados con las decisiones individuales automatizadas, incluida la realización de perfiles, se ejercerán de acuerdo con lo establecido, respectivamente, en los artículos 21 y 22 del Reglamento (UE) 2016/679”. El artículo 21 RGPD REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 dispone lo siguiente: “El interesado tendrá derecho a oponerse en cualquier momento, por motivos relacionados con su situación particular, a que datos personales que le conciernan sean objeto de un tratamiento basado en lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, letras
3. e)o f), incluida la elaboración de perfiles sobre la base de dichas disposiciones. El responsable del tratamiento dejará de tratar los datos personales, salvo que acredite motivos legítimos imperiosos para el tratamiento que prevalezcan sobre los intereses, los derechos y las libertades del interesado, o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamación”. El Acuerdo 2/2019, de 23 de enero de 2019, de la Junta Electoral Central establece lo siguiente sobre esta oposición: <<1º) Con objeto de facilitar la tramitación de las solicitudes de los electores que se opongan a su inclusión en las copias del censo electoral que la Oficina del Censo Electoral debe entregar a los representantes de las candidaturas para realizar envíos de propaganda electoral, dichas solicitudes podrán plantearse con anterioridad a la convocatoria de un proceso electoral, en Ayuntamientos, Consulados y Delegaciones Provinciales del Censo Electoral. Asimismo, podrán realizarse en la sede electrónica del Instituto Nacional de Estadística, una vez que la Oficina del Censo Electoral haya habilitado dicho trámite. 2º) Las referidas solicitudes de exclusión tendrán efecto permanente hasta que el elector se manifieste en sentido contrario. C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeagpd.gob.es 5/7 3º) La Oficina del Censo Electoral comunicará a los electores la exclusión solicitada. 4º) Esta exclusión deberá resultar compatible con que los representantes de las candidaturas puedan disponer de la lista completa de electores a efectos de votación y escrutinio, con los datos imprescindibles para la identificación del elector.>> En el presente caso, nos encontramos con dos leyes orgánicas (art. 81 CE) que regulan la materia que nos ocupa, entendiendo que en base al criterio de especialidad, que la materia que nos ocupa es la propia del Régimen electoral general, y es en este marco dónde la afectada ejercitó su derecho a no recibir propaganda electoral. Como ha quedado acreditado el derecho ejercitado, no lo fue dentro del plazo marcado en la LOREG, esto es, hasta el día 18/03/19 inclusive, motivo que originó la recepción de propaganda electoral de la formación política –Ciudadanos-- en su domicilio habitual. Ello no es óbice, para que el derecho ejercitado—negativa a recepción de nueva propaganda política—despliegue sus efectos en las siguientes campañas políticas, en tanto la afectada “no manifieste lo contrario”. Las listas del Censo electoral, fueron remitidas a las formaciones políticas, con los datos personales actualizados a la fecha de cierre de las mismas, sin que constase la oposición ejercitada por la denunciante, al haberla realizado fuera del plazo expuesto marcado por la normativa en vigor. III El artículo 25 de la Ley 40/2015 (1 octubre) dispone lo siguiente: ”Solo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas, así como, cuando una Ley les reconozca capacidad de obrar, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos, que resulten responsables de los mismos a título de dolo o culpa”. Este principio de culpabilidad rige también en materia de infracciones administrativas, pues en la medida en que la sanción de dicha infracción es una de las manifestaciones del ius puniendi del Estado resulta inadmisible en nuestro ordenamiento un régimen de responsabilidad objetiva o sin culpa (STC 76/1990 -EDJ 1990/4435-)...". Es más, esta misma sentencia exige la culpa en el caso de las infracciones administrativas cometidas por personas jurídicas, afirmando que ".... Incluso este Tribunal ha calificado de «correcto» el principio de la responsabilidad personal por hechos propios principio de la personalidad de la pena o sanción- (STC 219/1988 -EDJ 1988/535-). La jurisprudencia del Tribunal Supremo, en línea con la del Tribunal Constitucional, ha establecido que la potestad sancionadora de la Administración, en tanto que manifestación del “ius puniendi” del Estado, se rige por los principios del Derecho penal, siendo principio estructural básico el de culpabilidad, incompatible con un régimen de responsabilidad objetiva, sin culpa. C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeagpd.gob.es 6/7 Así, las SSTS de 12 (rec. 388/1994) y 19 de mayo de 1998, Sección Sexta, afirman que en el ámbito sancionador «está vedado cualquier intento de construir una responsabilidad objetiva» y que «en el ámbito de la responsabilidad administrativa no basta con que la conducta sea antijurídica y típica, sino que también es necesario que sea culpable, esto es, consecuencia de una acción u omisión imputable a su autor por malicia o imprudencia, negligencia o ignorancia inexcusable (...) es decir, como exigencia derivada del artículo 25.1 de la Constitución, nadie puede ser condenado o sancionado sino por hechos que le puedan ser imputados a título de dolo o culpa (principio de culpabilidad)». IV De acuerdo con lo expuesto, cabe señalar que la denunciante ejercitó su derecho a la no recepción de propaganda política de la formación citada, fuera del plazo marcado en la legislación específica reguladora de la materia, sin que se aprecie el elemento subjetivo de la culpabilidad, al haber procedido la formación política denunciada a tratar los datos de la misma, tal como le fueron remitidos por la Oficina del Censo electoral. De manera que procede ordenar el Archivo del presente procedimiento al no quedar acreditada la vulneración del derecho esgrimido por la denunciante. Por lo tanto, de acuerdo con la legislación aplicable, a tenor de lo expuesto la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos RESUELVE: PRIMERO: ORDENAR el ARCHIVO del presente procedimiento al no quedar acreditada la comisión de infracción administrativa alguna en el marco de la protección de datos de carácter personal. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la entidad denunciada CIUDADANOS PARTIDO DE LA CIUDADANÍA e INFORMAR DEL RESULTADO DE LAS ACTUACIONES a Doña A.A.A.. De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la LOPDGDD, la presente Resolución se hará pública una vez haya sido notificada a los interesados. Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa conforme al art. 48.6 de la LOPDGDD, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 123 de la LPACAP, los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición ante la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de esta resolución o directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto, según lo previsto en el artículo 46.1 de la referida Ley. C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeagpd.gob.es 7/7 Mar España Martí Directora de la Agencia Española de Protección de Datos C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeagpd.gob.es