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PS-00411-2017

1/14 Procedimiento Nº PS/00411/2017 RESOLUCIÓN: R/03526/2017 En el procedimiento sancionador PS/00411/2017, instruido por la Agencia Española de Protección de Datos a la entidad ALTAIA CAPITAL, S.A.R.L., vista la denuncia presentada por D. B.B.B., y en base a los siguientes ANTECEDENTES PRIMERO: Con fecha 25/08/2016, tuvo entrada en esta Agencia escrito de D. B.B.B. (en lo sucesivo el denunciante), en el que denuncia a ALTAIA CAPITAL, S.A.R.L. (en lo sucesivo ALTAIA), por los siguientes hechos: • Que con fecha 20/12/2013 la entidad denunciada le inscribió en el fichero de solvencia patrimonial y de crédito ASNEF. • Que nunca ha tenido relación contractual con la entidad denunciada. • Que no se le ha requerido el pago ni notificado la inclusión en ASNEF de dicha deuda. • Que con fecha 14/04/2016 interpuso reclamación ante la Dirección General de Consumo del Gobierno de Canarias. • Que con fecha 26/07/2016 la entidad denunciada se puso en contacto con él por correo electrónico al objeto de reclamarle la deuda. El denunciante aporta, entre otra, copia de la siguiente documentación: • Escrito fechado el 17/3/2016 en el que EQUIFAX IBERICA, S.L. (en lo sucesivo EQUIFAX), en respuesta al ejercicio del derecho de acceso/rectificación, informa al denunciante de que su solicitud no puede ser atendida dado que los datos han sido confirmados por la entidad denunciada. Asimismo, añade que los datos inscritos por la entidad denunciada a 11/03/2016. • Primera página de la reclamación presentada por el denunciante ante la Dirección General de Consumo del Gobierno de Canarias con fecha de registro de entrada 14/04/2016 frente a la entidad denunciada en la que relata los hechos acaecidos. • Notificación de resultado de reclamación interpuesta ante la Dirección General de Consumo del Gobierno de Canarias registrada de salida a fecha 07/07/2016 en la que se comunica al denunciante que de los hechos reclamados se desprende que pudiera haberse producido un incumplimiento de la normativa de protección de datos personales. Le informa asimismo del procedimiento para interponer denuncia ante la AEPD. • Correo electrónico de fecha 26/07/2016 dirigido por la entidad denunciada (***EMAIL.1) al denunciante ( ***EMAIL.2) en la que le reclama el pago de una deuda por importe de 60,50 euros contraída por el denunciante con “Orange” y C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 2/14 referenciada “***REF.1” que ha sido cedida a la entidad denunciada. • Correo electrónico de fecha 26/07/2016 dirigido por el denunciante ( ***EMAIL.2) a la entidad denunciada (***EMAIL.1) en respuesta al anterior en el que le comunica que no reconoce la deuda requerida. SEGUNDO: Tras la recepción de la denuncia la Subdirección General de Inspección de Datos procedió a la realización de actuaciones previas de investigación para el esclarecimiento de los hechos denunciados, teniendo conocimiento de los siguientes extremos: ALTAIA en su escrito de fecha de registro 16/12/2016 información pertinente a los efectos de la investigación: ha remitido la siguiente • Manifiesta que, con fecha 29/2/2016, suscribió contrato de cesión de créditos con ORANGE ESPANA, S.A.U. (en lo sucesivo ORANGE). Añade que, como parte de dicha cesión se incluían una serie de datos personales del denunciante sin que se incluyese entre los mismos el contrato suscrito entre el denunciante y la operadora. Adjunta contrato de cesión de créditos suscrito entre ALTAIA y ORANGE con fecha 29/2/2016. En la cláusula 1.2 de dicho contrato consta que ORANGE (Cedente) garantiza que los créditos “existen, son válidos, vencidos y exigibles en su integridad de acuerdo con la legislación aplicable”. Adjunta impresión de pantalla de sus sistemas en los que figuran los siguientes datos personales del denunciante: O Nombre y apellidos del denunciante O Número de identificación fiscal del denunciante. O Dirección O Un número de cuenta bancaria. • Adjunta copia de la carta, de número de referencia ***REF.2 y fechada a 18/4/2016, firmada en representación de la entidad denunciada y ORANGE dirigida al denunciante a la dirección ***DIRECCIÓN.1. (MADRID), en la que le comunican la cesión, a 29/02/2016, de una deuda por importe de 60,50 euros que el denunciante mantenía con ORANGE a la entidad denunciada. Incluye asimismo la siguiente advertencia: “Igualmente, le informamos de que su crédito está incluido en el fichero de solvencia patrimonial y crédito ASNEF-EQUIFAX. Adjuntamos a la presente, la información que sobre su persona consta actualmente en el citado fichero, informándole de que durante el plazo de 15 días, desde la fecha de esta carta, sus datos no estarán visibles en el citado fichero. Si transcurrido dicho plazo no regulariza su situación, sus datos serán visibles en el citado fichero, constando como acreedor Altaia Capital”. • Copia del certificado expedido por SERVINFORM, de la generación, impresión y puesta en el servicio de envíos postales con fecha 25/04/2016 de la carta de requerimiento de pago con número de referencia ***REF.2 dirigida al denunciante a la dirección ***DIRECCIÓN.1. Hace constar que dicha carta formaba parte de un paquete total de 98097 envíos que se pusieron a disposición del servicio de envíos postales para su distribución en los albaranes número ***ALBARÁN.1 y ***ALBARÁN.2. • Copia del documento acreditativo del gestor postal UNIPOST (número de entrega C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 3/14 ***ALBARÁN.1) en el que figura la remisión de 49048 cartas con fecha 25/4/2016 en nombre de EQUIFAX y validado por el gestor postal a 25/04/2016. • Copia del documento acreditativo del gestor postal CORREOS (número de referencia ***REF.3) en el que figura la remisión de 49049 cartas con fecha 23/03/2016 en nombre de EQUIFAX y validado por el gestor postal a 25/04/2016. • Copia del certificado expedido por EQUIFAX a fecha 12/12/2016 que acredita que no consta que el requerimiento previo de pago de referencia ***REF.2 dirigido al denunciante a la dirección ***DIRECCIÓN.1 haya sido devuelto. • En su escrito de respuesta a la solicitud de información manifiesta que la inclusión de los datos del denunciante en el fichero ASNEF por parte de ALTAIA se produjo con fecha 26/04/2016. Asimismo indica que la baja de los mismos en el citado fichero se produjo en fecha 06/12/2016, tras la recepción de la solicitud de información de la AEPD como medida cautelar. Aporta (documentos número 11 y 12) impresión de pantalla de sus sistemas en la que figura, asociado a la deuda, el valor 26/04/2016 para el campo “Fecha primera Foto” y 6/12/2016 en el campo “Fecha última foto”. • En su escrito de respuesta a la solicitud de información ALTAIA expone que “pese a los numerosos medios de contacto que pone a disposición de los titulares de los expedientes gestionados esta entidad (número de teléfono, email de contacto, página web con información), ninguno de ellos ha sido utilizado por la reclamante para poner en conocimiento de ALTAIA su posible disconformidad”. Hay que señalar, que en la respuesta al ejercicio del derecho de acceso, ante el responsable del fichero, se informaba al denunciante a 11/03/2016 que sus datos figuraban inscritos en el fichero ASNEF, informados por ALTAIA, por producto telecomunicaciones y por un importe impagado de 60,50 euros, siendo la fecha de alta del primer acreedor el 20/12/2013 y la fecha de visualización el 24/05/2016. TERCERO: Con fecha 04/08/2017, la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos acordó iniciar, procedimiento sancionador a ALTAIA CAPITAL, S.A.R.L., por presunta infracción del artículo 4.3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD), en relación con los artículos 38.1.c), 39 y 43 del Reglamento de Desarrollo de la LOPD, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre (en adelante RLOPD); infracción tipificada como grave en el artículo 44.3.

  1. c)de la citada Ley Orgánica. CUARTO: Notificado el acuerdo de inicio, ALTAIA CAPITAL, S.A.R.L. mediante escrito de fecha 22/08/2017 formuló alegaciones, solicitando el archivo de actuaciones por haber realizado un actuación conforme a la LOPD (acorde con la doctrina del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional respecto a este tema), pues el requerimiento previo de pago se realizó debidamente, extremo que quedaría acreditado con la documentación aportada; insistiendo en que en la carta en cuestión se informaba que los datos ya estaban incluidos en ASNEF (con información además de la propia cesión) y que durante 15 días no serían visibles, desde la fecha de dicha comunicación, y en caso de no regularizar la situación ellos serían visibles en ASNEF transcurridos esos 15 días. C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 4/14 QUINTO: Con fecha 01/09/2017 se inició el período de práctica de pruebas, según lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP); acordándose practicar las siguientes pruebas: Incorporar al expediente del procedimiento arriba indicado, y por tanto dar por reproducida a efectos probatorios, la documentación recabada en las actuaciones previas de inspección que forman parte del expediente E/05339/2016. En este sentido, en fecha 12/09/2017 EQUIFAX IBÉRICA, S.L., como encargada de la gestión del fichero ASNEF, informó a esta Agencia sobre la inclusión de los datos personales del denunciante y la inclusión objeto de la denuncia. SEXTO: En fecha 31/10/17 la Directora de la Agencia acordó el cambio de instructor del presente procedimiento sancionador. SÉPTIMO: Con fecha 06/11/2017 se formuló propuesta de resolución en el sentido de que por la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos se sancionase a ALTAIA CAPITAL, S.A.R.L. con multa de 50.000 € (cincuenta mil euros) por la infracción del artículo 4.3 de la LOPD, en relación con el 29.4 de la misma norma y en relación también con los artículos 38.1.c), 39 y 43 del RLOPD; infracción tipificada como grave en el artículo 44.3.
  2. c)de la LOPD y de conformidad con lo establecido en el artículo 45 de esa misma Ley Orgánica. En su virtud se le notificó cuanto antecede, y se le puso de manifiesto el procedimiento a fin de que en el plazo de quince días hábiles pudiera alegar cuanto considerare en su defensa y presentare los documentos e informaciones que considerase pertinentes, de acuerdo con el artículo 89.2 en relación con el art. 82.2 de la LPACAP. OCTAVO: Con fechas 19 y 21/12/2017 ALTAIA CAPITAL, S.A.R.L. presentó alegaciones a dicha propuesta de resolución, con trámite de audiencia con envío de copia del expediente en fecha 20/12/2017. En dichas alegaciones se reiteraban las alegaciones ya efectuadas, insistiendo en síntesis en que esta entidad no incluyó en ningún momento al denunciante en un fichero de morosos (fue ORANGE), por lo que no hay infracción alguna y que, en cualquier caso, ha actuado de buena fe y con la diligencia debida. Asimismo, se alegaba la vulneración de los principios de tipicidad y presunción de inocencia; así como el de non bis in ídem. HECHOS PROBADOS PRIMERO: Que con fecha 25/08/2016 D. B.B.B. manifestó a esta Agencia que ALTAIA CAPITAL, S.A.R.L. había incluido sus datos en el fichero de solvencia patrimonial y de crédito ASNEF sin requerimiento previo de pago (folios 1 y 2). SEGUNDO: Que en el fichero de solvencia patrimonial y crédito ASNEF fue registrada la siguiente incidencia: inclusión de datos personales de D. B.B.B. por un importe C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 5/14 impagado de 60,50 € por un producto de telecomunicaciones en calidad de titular, con fecha de alta inicial del primer acreedor el 20/12/2013 y fecha de visualización (entidad informante: ALTAIA CAPITAL, S.A.R.L.) el 24/05/2016, con el domicilio ***DIRECCIÓN.1 todo ello según informe de EQUIFAX de fecha 11/03/2016 (folio 3). TERCERO: Que EQUIFAX IBÉRICA, S.L., como encargada de la gestión del fichero ASNEF, informó a esta Agencia que los datos de D. B.B.B. que el alta del último acreedor tiene fecha de 05/03/2016, figurando como entidad informante ALTAIA CAPITAL, S.A.R.L., según informe de fecha 21/04/2016 (folio 173). CUARTO: Que ALTAIA CAPITAL, S.A.R.L. por otra parte no ha aportado a esta Agencia documentación que acredite que llevara a cabo requerimiento de pago a D. B.B.B. por esa deuda y con carácter previo a la inclusión de sus datos de carácter personal (en concreto nombre, apellidos, domicilio y núm. de DNI) en el fichero de solvencia patrimonial y crédito ASNEF, según se detalla en los puntos 2º y 3º anteriores. FUNDAMENTOS DE DERECHO I Es competente para resolver este procedimiento la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.
  3. g)en relación con el artículo 36 de la LOPD. II El artículo 4.3 de la LOPD, que dispone que: “Los datos de carácter personal serán exactos y puestos al día de forma que respondan con veracidad a la situación actual del afectado”. La Directiva 95/46 CE del Parlamento Europeo y del Consejo, que traspone la LOPD, por su parte, establece en su artículo 6. I.
  4. d)que “Los Estados miembros dispondrán que los datos personales sean….
  5. d)exactos, y cuando sea necesario, actualizados. Deberán tomarse todas las medidas razonables para que los datos inexactos o incompatibles, con respeto a los fines para los que fueron recogidos o para los que fueron tratados posteriormente, sean suprimidos o rectificados”, indicando el apartado 6.2 que: “Corresponderá a los responsables del tratamiento garantizar el cumplimiento de los dispuesto en el apartado I”. La obligación establecida en el artículo 4 transcrito impone la necesidad de que los datos personales que se recojan en cualquier fichero sean exactos y respondan, en todo momento, a la situación actual de los afectados, siendo los responsables de los ficheros quienes responden del cumplimiento de esta obligación. Por otra parte, el artículo 29 de la LOPD regula de forma específica los ficheros establecidos para prestar servicios de información sobre solvencia patrimonial y C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 6/14 crédito, y distingue dentro de ellos dos supuestos. En los ficheros en los que se tratan datos de carácter personal relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias los datos son facilitados por el acreedor o por quien actúe por su cuenta o interés. Así, dispone en este sentido, en su apartado 2 el citado artículo: “Podrán tratarse también datos de carácter personal relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias facilitados por el acreedor o por quien actúe por su cuenta o interés. En estos casos se notificará a los interesados respecto de los que hayan registrado datos de carácter personal en ficheros, en el plazo de treinta días desde dicho registro, una referencia de los que hubiesen sido incluidos y se les informará de su derecho a recabar información de la totalidad de ellos, en los términos establecidos por la presente Ley”. Y el punto 4 de este mismo artículo 29 de la LOPD dispone también que: ”Sólo se podrán registrar y ceder los datos de carácter personal que sean determinantes para enjuiciar la solvencia económica de los interesados y que no se refieran, cuando sean adversos, a más de seis años, siempre que respondan con veracidad a la situación actual de aquéllos”. Asimismo, el artículo 37.1 y 3 del RLOPD establece que: “1. El tratamiento de datos de carácter personal sobre solvencia patrimonial y crédito, previsto en el apartado 1 del artículo 29 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, se someterá a lo establecido, con carácter general, en dicha ley orgánica y en el presente reglamento. (…) 3. De conformidad con el apartado 2 del artículo 29 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, también podrán tratarse los datos de carácter personal relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias facilitados por el acreedor o por quien actúe por su cuenta o interés. Estos datos deberán conservarse en ficheros creados con la exclusiva finalidad de facilitar información crediticia del afectado y su tratamiento se regirá por lo dispuesto en el presente reglamento y, en particular, por las previsiones contenidas en la sección segunda de este capítulo”. De este modo, el artículo 38 del mismo Reglamento de Desarrollo de la LOPD determina que: “1. Sólo será posible la inclusión en estos ficheros de datos de carácter personal que sean determinantes para enjuiciar la solvencia económica del afectado, siempre que concurran los siguientes requisitos:
  6. a)Existencia previa de una deuda cierta, vencida, exigible, que haya resultado impagada (…).
  7. b)Que no hayan transcurrido seis años desde la fecha en que hubo de procederse al pago de la deuda o del vencimiento de la obligación o del plazo concreto si aquélla fuera de vencimiento periódico.
  8. c)Requerimiento previo de pago a quien corresponda el cumplimiento de la obligación. 2. (…). 3. El acreedor o quien actúe por su cuenta o interés estará obligado a conservar a disposición del responsable del fichero común y de la Agencia Española de Protección de Datos documentación suficiente que acredite el cumplimiento de los C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 7/14 requisitos establecidos en este artículo y del requerimiento previo al que se refiere el artículo siguiente”. Y el artículo 39 del RLOPD, sobre “Información previa a la inclusión”: “El acreedor deberá informar al deudor, en el momento en que se celebre el contrato y, en todo caso, al tiempo de efectuar el requerimiento al que se refiere la letra
  9. c)del apartado 1 del artículo anterior, que en caso de no producirse el pago en el término previsto para ello y cumplirse los requisitos previstos en el citado artículo, los datos relativos al impago podrán ser comunicados a ficheros relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias”. A lo que hay que añadir lo que determina el artículo 43 del RLOPD, en relación con la responsabilidad en la inclusión en ficheros de morosidad: “1. El acreedor o quien actúe por su cuenta o interés deberá asegurarse que concurren todos los requisitos exigidos en los artículos 38 y 39 en el momento de notificar los datos adversos al responsable del fichero común. 2. El acreedor o quien actúe por su cuenta o interés será responsable de la inexistencia o inexactitud de los datos que hubiera facilitado para su inclusión en el fichero, en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre”. En este caso concreto, ALTAIA CAPITAL, S.A.R.L. incorporó a su sistema de información los datos personales de la persona denunciante asociados a una deuda que había adquirido de ORANGE. Posteriormente, informó de la deuda generada al fichero de morosidad ASNEF sin requerimiento previo de pago con advertencia de que en caso de persistir en el impago podía producirse dicha inclusión, en este caso, como actualización de la inclusión como nuevo acreedor. En este sentido, con fecha 25/08/2016 D. B.B.B. manifestó a esta Agencia que ALTAIA CAPITAL, S.A.R.L. había incluido sus datos en el fichero de solvencia patrimonial y de crédito ASNEF sin requerimiento previo de pago (folios 1 y 2). En efecto, como consta acreditado en el expediente, en el fichero de solvencia patrimonial y crédito ASNEF fue registrada la siguiente incidencia: inclusión de datos personales de D. B.B.B. por un importe impagado de 60,50 € por un producto de telecomunicaciones en calidad de titular, con fecha de alta inicial del primer acreedor el 20/12/2013 y fecha de visualización (entidad informante: ALTAIA CAPITAL, S.A.R.L.) el 24/05/2016, con el domicilio ***DIRECCIÓN.1 todo ello según informe de EQUIFAX de fecha 11/03/2016 (folio 3). A esto añadir que EQUIFAX IBÉRICA, S.L., como encargada de la gestión del fichero ASNEF, informó al denunciante en fecha 17/03/2016, en respuesta a su ejercicio de acceso, que ALTAIA CAPITAL confirmaba la inclusión en dicho fichero de morosidad (folio 7) y comunicaba que la entidad informante a fecha 11/03/2016 era la propia ALTAIA CAPITAL (folio 3), es decir, la entidad responsable de esa inclusión, y ello con anterioridad a la fecha de visualización ya indicada el párrafo anterior de 24/05/2016. Además añadir que EQUIFAX IBÉRICA, S.L. informó a esta Agencia que los datos de D. B.B.B. estaban con fecha de alta del último acreedor el 05/03/2016, figurando como entidad informante ALTAIA CAPITAL, S.A.R.L., según informe de fecha 21/04/2016 (folio 173). Por otra parte, ALTAIA CAPITAL, S.A.R.L no ha aportado a esta Agencia documentación que acredite que llevara a cabo requerimiento de pago a D. B.B.B. C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 8/14 por esa deuda y con carácter previo a la inclusión de sus datos de carácter personal (en concreto nombre, apellidos, domicilio y núm. de DNI) en el fichero de solvencia patrimonial y crédito ASNEF, según se ha detallado más arriba. Los hechos anteriormente relatados son contrarios al principio de calidad del dato consagrado en el artículo 4.3 en relación con el 29.4 de la LOPD y en relación también con los artículos 38.1.c), 39 y 43 del RLOPD, toda vez que ALTAIA CAPITAL, S.A.R.L. mantuvo indebidamente los datos de la persona denunciante en sus propios ficheros en la manera indicada (inclusión en el fichero de solvencia ASNEF sin requerimiento previo de pago con advertencia de que dicha inclusión podría producirse en caso de impago); sin que dicha inscripción en consecuencia hubiese respondido a su situación de entonces (“actual”), al no cumplir con los requisitos establecidos en la normativa precitada sobre protección de datos de carácter personal. III Consta acreditado en esta Agencia que las entidades asociadas a ficheros de morosidad suministran periódicamente las relaciones de las altas, bajas y modificaciones de los datos de sus clientes para que tales actualizaciones queden registradas en el citado fichero, siendo las entidades informantes las que deciden sobre el alta o la cancelación de los datos de sus clientes del fichero de morosidad. Los datos personales de la persona denunciante son datos que figuran en sus propios ficheros automatizados. Adicionalmente son comunicados al responsable del fichero de solvencia a través de procedimientos que implican un tratamiento automatizado de los datos tratados, cedidos, e incorporados al fichero común de información sobre solvencia patrimonial. La vigente LOPD atribuye la condición de responsables de las infracciones a los responsables de los ficheros (art. 43), concepto que debe integrarse con la definición que de los mismos recoge el artículo 3.d). Este precepto, innovando respecto de la Ley Orgánica 5/1992, incluye en el concepto de responsable tanto al que lo es del fichero como al del tratamiento de datos personales. Conforme al artículo 3.
  10. d)de la LOPD, el responsable del fichero o del tratamiento es “la persona física o jurídica (...) que decida sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento”. El propio artículo 3 en su apartado
  11. c)delimita en qué consiste el tratamiento de datos, incluyendo en tal concepto las “operaciones o procedimientos técnicos de carácter automatizado o no, que permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo y cancelación, así como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias”. En este sentido se pronunciaba la Audiencia Nacional en su sentencia de 18 de enero de 2006: “Y que duda cabe que la LOPD comprende bajo su régimen sancionador, al que suministra los datos al responsable del fichero, que es quien en realidad sabe la situación en que se encuentra el crédito, si ha sido o no satisfecho, en que condiciones y en que momento ha tenido lugar. En definitiva es el conocedor de la situación de solvencia en que se encuentra el afectado. Y en caso de que se produzca una modificación de dicha situación, debe informar al responsable del fichero para que este refleje con veracidad la situación actual del afectado” Es preciso, por tanto, determinar si en el presente caso la actividad desarrollada por ALTAIA CAPITAL, S.A.R.L. puede subsumirse o no en tales definiciones legales. C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 9/14 Y ello tanto es así, puesto que la entidad imputada trató automatizadamente en sus propios ficheros los datos relativos a la persona denunciante y a la presunta deuda en el sentido descrito (de ausencia de requerimiento previo de pago); datos de los que es responsable conforme al artículo 3.
  12. d)citado. Adicionalmente, decidió sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento y resolvió autónomamente sobre su incorporación a unos ficheros comunes de solvencia patrimonial y crédito. Dicha comunicación se realizó, a mayor abundamiento, mediante un procedimiento que implicaba un tratamiento automatizado de datos cuyo destino era, a su vez, un tratamiento automatizado por parte de los responsables de los ficheros de solvencia, siendo dados de alta al culminar el proceso descrito. De lo expuesto se deduce que la entidad imputada ha sido responsable del tratamiento de datos de la persona denunciante en sus propios ficheros, de su comunicación a través de tratamientos automatizados al responsable del fichero común y de que el tratamiento automatizado de la información relativa a la denunciante no responda a los principios de calidad de datos recogidos en el artículo 4.3 de la LOPD (exigencia de que los datos sean exactos y respondan a la situación actual de los afectados). Conforme a lo expuesto, dicha entidad no se ha limitado a transmitir la información al responsable del fichero común sobre solvencia patrimonial, sino que ha tratado automatizadamente los datos de solvencia en sus propios ficheros, los ha comunicado a través de tratamientos automatizados al fichero común, y, particularmente, ha decidido sobre la finalidad del tratamiento (la calificación en sus ficheros como deudor), el contenido de la información (una supuesta deuda), y el uso del tratamiento (la incorporación a un fichero común de información sobre solvencia patrimonial y crédito, al que pueden acceder terceras entidades para realizar una evaluación o perfil económico de las personas incorporadas al mismo). Todo ello, sin que los datos mantenidos en el fichero de ALTAIA CAPITAL, S.A.R.L. respondiera a la situación actual de la persona denunciante, pues esta entidad incluyó sus datos personales en ASNEF sin requerimiento previo de pago con advertencia de que dicha inclusión (o mantenimiento, actualización como nuevo acreedor en este caso) podría hacerse en caso de persistir en el impago de la deuda imputada. Esto supone una vulneración del principio de calidad del dato de la que debe responder la entidad imputada por ser responsable de la veracidad y calidad de los datos existentes en sus ficheros y de los que suministra para que se incluyan y mantengan en el fichero de solvencia patrimonial y crédito. La conclusión, que se desprende de los hechos y fundamentos de derecho expuestos, es que ALTAIA CAPITAL, S.A.R.L. es responsable de la infracción del principio de calidad del dato, recogido en el artículo 4.3 de la LOPD, en relación con el 29.4 de la misma norma y en relación también con los artículos 38.1.a), 39 y 43 del RLOPD, y en los términos del artículo 43, en relación con el artículo 3, apartados
  13. c)y d), también de la citada Ley Orgánica. IV El artículo 44.3.
  14. c)de la LOPD establece como infracción grave: “Tratar datos de carácter personal o usarlos posteriormente con conculcación de los principios y garantías establecidos en el artículo 4 de la presente Ley y las C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 10/14 disposiciones que lo desarrollan, salvo cuando sea constitutivo de infracción muy grave”. La Agencia Española de Protección de Datos como ya se ha indicado más arriba ha resuelto numerosos procedimientos sancionadores por incumplimiento de calidad de datos en relación con ficheros de morosidad, tanto por alta improcedente por ser una deuda incierta o por mantener los mismos una vez abonada la deuda (requisito material: exactitud del dato) o por una deuda no requerida previamente de pago por el acreedor al deudor (requisito formal: requerimiento previo), como se trata en el presente caso. Por su parte, la Audiencia Nacional decía en su sentencia de fecha 16 de febrero de 2001: “Vista la conducta de la hoy actora, cabe apreciar que ha hecho uso de unos datos relativos a la insolvencia de una persona, conculcando los principios y garantías establecidas en la Ley (…) concretamente el de la certeza de los datos, que deben ser exactos, de forma que respondan con veracidad a la situación real del afectado, como exige su artículo 4.3 (…) ha de decirse que la inclusión equivocada o errónea de una persona en el registro de morosos, es un hecho de gran trascendencia de la que se pueden derivar consecuencias muy negativas para el afectado, en su vida profesional, comercial e incluso personal, que no es necesario detallar. En razón de ello, ha de extremarse la diligencia para que los posibles errores no se produzcan”. No olvidemos que se trata de algo muy importante: fichar a ciudadanos como morosos. Es criterio compartido que aquél que utiliza un medio extraordinario de cobro, como es el de inclusión en registros de morosos, debe garantizar el cumplimiento de todos los requisitos materiales y formales ya vistos, y así permitir el empleo de este modo accesorio para conseguir el cobro de la deuda. No aplicar estas exigencias supondría, por lo contrario, utilizar este medio de presión al ciudadano sin las suficientes garantías mínimas para los titulares de los datos personales objeto de anotación en los ficheros de solvencia patrimonial y crédito. Tanto es así que el Tribunal Supremo considera “intromisión ilegítima en el derecho al honor” acudir a este medio de presión, pues “la inclusión en los registros de morosos no puede ser utilizada por las grandes empresas para buscar el cobro de las cantidades que estimen pertinentes, amparándose en el temor al descrédito personal y menoscabo de su prestigio profesional y denegación a acceso al sistema crediticio” (SSTS. 176/2013 de 6 de marzo y 12/2014 de 22 de enero). El principio de calidad del dato, por lo tanto, se configura como principio básico en materia de protección de datos, y así se recoge en numerosas sentencias de la Audiencia Nacional, que excusa cita. No obstante, dadas las alegaciones realizadas y la documentación aportada, es obligado incidir en algunos aspectos concretos. Así, la sentencia de 23 de mayo de 2007, que ha venido a decir que el requerimiento debe expresar “el concepto y el importe de la deuda determinante de la remisión de los datos al fichero de solvencia patrimonial”. Asimismo, añadir que tal comunicación serviría para que el afectado “conozca la existencia de la deuda vencida y exigible y la posibilidad de ser incluido en un ficheros de morosos en el supuesto de no hacerla efectiva” (sentencia de fecha 31 de mayo de 2013, rec.392/2011). En cuanto al rigor de la inclusión, a su vez, esa sentencia de 23 de mayo de C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 11/14 2007, por todas, ha manifestado que “es esta falta de diligencia lo que configura el elemento culpabilístico de la infracción administrativa y resulta imputable a la recurrente. Debemos insistir que comprobar la exactitud del dato, es decir, de la insolvencia que se pretende registrar coincide con una cantidad debida es una circunstancia que ha de hacerse previamente y de modo riguroso antes de enviar los datos de una persona a un fichero de responsabilidad patrimonial”. La inclusión (o mantenimiento en este caso como nuevo acreedor) como moroso del denunciante en ASNEF en consecuencia debería de haberse realizado con todo rigor por la entidad imputada para salvaguardar la veracidad de la información a transmitir a los ficheros de solvencia económica que la Ley Orgánica y su Reglamento exigen. Es importante en este caso la determinación en consecuencia de si se realizó o no el preceptivo requerimiento previo de pago antes de la inclusión en el fichero de morosidad con los requisitos formales que exige la normativa sobre protección de datos de carácter personal. Recordemos lo que dice a este respecto la Audiencia Nacional: “la carga de acreditar la comunicación corre a cuenta del que comunica los datos al fichero (…) La solución contraria, presumiendo cumplida la exigencia del requerimiento previo con la mera alegación de que el mismo se envió, supondría vaciar de contenido dicha intimación legal y reglamentariamente impuesta, pues bastaría con la simple afirmación de su existencia para que hubiera de entenderse realizada. Con tal proceder se privaría a los interesados del conocimiento y, en su caso, de la posibilidad de formular reparos a la exactitud, o no, del dato personal que va a acceder al fichero de responsabilidad patrimonial, que es precisamente la finalidad del principio que se pretende salvaguardar” (sentencia de 19 de septiembre de 2007). Ello conlleva a analizar esa documentación aportada. Y en el presente caso concreto se ha aportado una carta fechada el 18/04/2016, firmada por la entidad denunciada y por ORANGE, por lo que, si bien se informaba de que el crédito en cuestión estaba incluido en ASNEF y sería visible en el plazo de 15 días de no regularizar la situación, la inclusión en ese fichero de morosidad se realizó por ALTAIA, como último acreedor, en fecha 05/03/2016 (folio 173), esto es, inclusión a favor de ALTAIA, como tal nuevo acreedor, anterior a la remisión de la citada carta de fecha 18/04/2016 (folio 57). En resumen, no existe documentación suficiente (a efectos de lo que previne ese apartado 3 del artículo 38 del RLOPD) en el expediente que acredite la realización del requerimiento previo de pago a la persona denunciante por parte de la entidad denunciada con anterioridad a la inclusión en ficheros de morosidad; ello en sintonía con la doctrina fijada por la propia Audiencia Nacional que se ha citado más arriba. De igual modo, en este contexto de la tipicidad, indicar que no es aplicable al presente caso concreto el alegado principio de non bis in ídem, pues, si bien los datos personales vienen enmarcados en un proceso de una única cesión global de créditos, incluida la deuda asociada a la persona denunciante, aquí se analiza una inclusión indebida de sus datos personales en un fichero de morosos por parte de ALTAIA CAPITAL sin cumplir con los requisitos legales exigidos ya expuestos; no se discute pues una eventual cesión ilegal (ex artículo 44.3.k de la LOPD), lo que vendría a suponer que ni hay identidad en el fundamento jurídico ni tampoco siquiera en los hechos o en la identidad de los sujetos intervinientes (pues el cedente es ORANGE). Por lo tanto, ALTAIA CAPITAL, S.A.R.L. ha incurrido en la infracción descrita, C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 12/14 ya que el principio de la calidad del dato es básico del derecho fundamental a la protección de datos. La entidad mencionada ha tratado los datos de la persona denunciante infringiendo tal principio, lo que supone una vulneración del artículo 4.3, en relación con el 29, ambos de la LOPD, y en relación también con su desarrollo reglamentario, conducta que encuentra su tipificación en el artículo 44.3.
  15. c)de la citada Ley Orgánica. V El artículo 45 de la LOPD, en sus aparatados 2 a 5, establece que: «2. Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 40.001 a 300.000 euros. 3. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 300.001 a 600.000 euros. 4. La cuantía de las sanciones se graduará atendiendo a los siguientes criterios:
  16. a)El carácter continuado de la infracción.
  17. b)El volumen de los tratamientos efectuados.
  18. c)La vinculación de la actividad del infractor con la realización de tratamientos de datos de carácter personal.
  19. d)El volumen de negocio o actividad del infractor.
  20. e)Los beneficios obtenidos como consecuencia de la comisión de la infracción.
  21. f)El grado de intencionalidad.
  22. g)La reincidencia por comisión de infracciones de la misma naturaleza.
  23. h)La naturaleza de los perjuicios causados a las personas interesadas o a terceras personas.
  24. i)La acreditación de que con anterioridad a los hechos constitutivos de infracción la entidad imputada tenía implantados procedimientos adecuados de actuación en la recogida y tratamiento de Ios datos de carácter personal, siendo la infracción consecuencia de una anomalía en el funcionamiento de dichos procedimientos no debida a una falta de diligencia exigible al infractor.
  25. j)Cualquier otra circunstancia que sea relevante para determinar el grado de antijuridicidad y de culpabilidad presentes en la concreta actuación infractora». 5. El órgano sancionador establecerá la cuantía de la sanción aplicando la escala relativa a la clase de infracciones que preceda inmediatamente en gravedad a aquella en que se integra la considerada en el caso de que se trate, en los siguientes supuestos:
  26. a)Cuando se aprecie una cualificada disminución de la culpabilidad del imputado o de la antijuridicidad del hecho como consecuencia de la concurrencia significativa de varios de los criterios enunciados en el apartado 4 de este artículo.
  27. b)Cuando la entidad infractora haya regularizado la situación irregular de forma diligente. C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 13/14
  28. c)Cuando pueda apreciarse que la conducta del afectado ha podido inducir a la comisión de la infracción.
  29. d)Cuando el infractor haya reconocido espontáneamente su culpabilidad.
  30. e)Cuando se haya producido un proceso de fusión por absorción y la infracción fuese anterior a dicho proceso, no siendo imputable a la entidad absorbente.» En el presente caso concreto, de las evidencias obtenidas en la fase de investigaciones previas y de acuerdo con la instrucción llevada a cabo, se considera que procede graduar la sanción a imponer de acuerdo con las siguientes circunstancias que establece el artículo 45.4 de la LOPD y que operan aquí como agravantes: - El apartado
  31. a)“El carácter continuado de la infracción” pues los datos personales del denunciante han figurado en el fichero ASNEF con anterioridad al requerimiento de pago y como ha declarado en numerosas sentencias la Audiencia Nacional, la infracción del artículo 4.3 de la LOPD que se imputa tiene naturaleza de infracción continuada o permanente. - El apartado
  32. c)“La vinculación de la actividad del infractor con la realización de tratamientos de datos de carácter personal” ya que la actividad empresarial de la denunciada exige un continuo tratamiento de datos de carácter personal tanto de clientes como de terceros. - El apartado
  33. d)“Volumen de negocio”, puesto que se trata de una gran empresa dentro de su sector de actividad. Por todo ello, procede imponer a ALTAIA CAPITAL, S.A.R.L. una sanción por vulneración del artículo 4.3 de la LOPD, en relación con el 29.4 de la misma norma y en relación también con los artículos 38.1.c), 39 y 43 del RLOPD, consistente en multa por importe de 50.000 €. Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación, La Directora de la Agencia Española de Protección de Datos RESUELVE: PRIMERO: IMPONER a la entidad ALTAIA CAPITAL, S.A.R.L. multa de 50.000 € (cincuenta mil euros) por la infracción del artículo 4.3 de la LOPD, en relación con el 29.4 de la misma norma y en relación también con los artículos 38.1.c), 39 y 43 del RLOPD; infracción tipificada como grave en el artículo 44.3.
  34. c)de la LOPD y de conformidad con lo establecido en el artículo 45 de esta misma Ley Orgánica. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a ALTAIA CAPITAL, S.A.R.L. TERCERO: Advertir al sancionado que la sanción impuesta deberá hacerla efectiva una vez sea ejecutiva la presente resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98.1.
  35. b)de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de pago voluntario que señala el artículo 68 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 14/14 939/2005, de 29 de julio, en relación con el art. 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, mediante su ingreso en la cuenta restringida nº ES00 0000 0000 0000 0000 0000, abierta a nombre de la Agencia Española de Protección de Datos en el Banco CAIXABANK, S.A. o en caso contrario, se procederá a su recaudación en período ejecutivo. Recibida la notificación y una vez ejecutiva, si la fecha de ejecutividad se encuentra entre los días 1 y 15 de cada mes, ambos inclusive, el plazo para efectuar el pago voluntario será hasta el día 20 del mes siguiente o inmediato hábil posterior, y si se encuentra entre los días 16 y último de cada mes, ambos inclusive, el plazo del pago será hasta el 5 del segundo mes siguiente o inmediato hábil posterior. De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 37 de la LOPD, en la redacción dada por el artículo 82 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, la presente Resolución se hará pública, una vez haya sido notificada a los interesados. La publicación se realizará conforme a lo previsto en la Instrucción 1/2004, de 22 de diciembre, de la Agencia Española de Protección de Datos sobre publicación de sus Resoluciones y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 116 del reglamento de desarrollo de la LOPD aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 diciembre. Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa (artículo 48.2 de la LOPD), y de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición ante la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de esta resolución o directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto, según lo previsto en el artículo 46.1 del referido texto legal. Mar España Martí Directora de la Agencia Española de Protección de Datos C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es

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