PS-00450-2015

1/14 Procedimiento Nº PS/00450/2015 RESOLUCIÓN: R/03218/2015 En el procedimiento sancionador PS/00450/2015, instruido por la Agencia Española de Protección de Datos a la entidad LOCAL DE OCIO DE MONTORO S.L, vista la denuncia presentada por D. B.B.B., y en virtud de los siguientes, ANTECEDENTES PRIMERO: Con fecha 27 de octubre de 2014 tiene entrada en esta Agencia escrito remitido por D. B.B.B. (en adelante el denunciante) comunicando, entre otros hechos denunciados, una posible infracción a la Ley Orgánica 15/1999 motivada por la existencia de cámaras de videovigilancia en el establecimiento con denominación comercial CLUB “XXXX” situado en el (C/......1), de JAÉN y cuyo titular es la sociedad LOCAL DE OCIO DE MONTORO S.L (en adelante el denunciado). En su escrito, el denunciante manifiesta la instalación de un sistema de videovigilancia en el local de copas “XXXX”. Las cámaras se ubican en el exterior del establecimiento y presuntamente captan la vía pública. Asimismo, personal del local graba imágenes interiores de los clientes sin su consentimiento, desconociendo el uso y tratamiento dado a las mismas. El establecimiento no dispone de carteles informativos de zona videovigilada en los que se identifique al responsable y no consta fichero de videovigilancia inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos. Adjunta a su denuncia: reportaje fotográfico de las cámaras y copia de otra denuncia presentada con fecha 10 de junio de 2014 ante la Agencia de Protección de Datos “por no disponer de ningún tipo de aviso ni distintivo homologado en el que se indique la existencia de cámaras de videovigilancia en el CLUB “XXXX”; sin que la misma presentara evidencias o indicios de los que se derivara la existencia de infracción, no procediendo por tanto a incoar actuaciones previas de investigación en el expediente E/03902/2014. SEGUNDO: Tras la recepción de la denuncia la Subdirección General de Inspección de Datos procedió a la realización de actuaciones previas de investigación para el esclarecimiento de los hechos denunciados, teniendo conocimiento de los siguientes extremos: 1.1 Con fecha 11 de febrero de 2015 se solicita información a la entidad TRUPRI S.L, en atención a los datos aportados en la denuncia y en calidad de empresa responsable del sistema instalado en el CLUB “XXXX”. Resultando la misma devuelta por el servicio de Correos, con la indicación de “AUSENTE REPARTO”. 1.2 Con fecha 4 de marzo de 2015 se solicita colaboración a la JEFATURA DE POLICÍA LOCAL DE JAÉN para realizar las actuaciones oportunas encaminadas a determinar los aspectos relativos al sistema de C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 2/14 videovigilancia denunciado. Teniendo entrada en esta Agencia escrito en el que el Intendente Jefe de esa Policía Local informa:  Con fecha 14 de abril de 2015 agentes de Policía se personan en el establecimiento “Club XXXX”, contactando con D. A.A.A. en calidad de responsable del local y representante de la entidad que explota la actividad, LOCAL DE OCIO DE MONTORO S.L.; el cual exhibe ante los policías la licencia Municipal del establecimiento para Bar con Música a nombre de TORRE DEL ÁLAMO S.L, de la que se adjunta copia.  El responsable manifiesta desconocer la persona o empresa que realizó la instalación del sistema de videovigilancia ya que las cámaras se encontraban en el local una vez que comenzó la explotación del mismo, por lo que no dispone de documentación referente a la misma. Añade que el objeto fundamental de las cámaras es garantizar la seguridad del local.  Respecto a los formularios informativos, el representante de la entidad manifiesta no disponer de los mismos y desconocer de su existencia y/o procedimiento para su distribución.  Los agentes comprueban la existencia de carteles informativos de zona videovigilada en los que se identifica a la mercantil LOCAL DE OCIO DE MONTORO S.L. como responsable del sistema, ubicados respectivamente en: el vestíbulo de entrada al local, sala principal y en el piso primero de acceso a las habitaciones. En la fachada exterior del edificio, junto al portero, se observa una pegatina en la cual se indica “CAMARAS DE VIGILANCIA, SISTEMA DE GRABACIÓN 24 H”. Adjunto al informe, se incorpora reportaje fotográfico de los carteles (Fotografías 1-6)  Los agentes de policía constatan la instalación de 16 cámaras, las cuales según manifiesta el responsable no disponen de capacidad de movimiento ni zoom. En el exterior se localizan 2 cámaras en la fachada del establecimiento, ubicadas respectivamente en la puerta de acceso al local y en la puerta de entrada de vehículos. Ambas cámaras captan espacios de la vía pública.  En el interior del local se distribuyen 14 cámaras entre la planta baja, primera y segunda del inmueble. Captan diversos espacios interiores del establecimiento.  Las imágenes son visualizadas en un monitor situado en el despacho del Responsable del establecimiento. Se graban en disco duro y según manifiesta éste, se conservan por un período máximo de 12-15 días, transcurrido el cual se sobreescriben. No existe inscripción del fichero en el Registro General de Protección de Datos. C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 3/14  El acceso al sistema está limitado al responsable del local.  El sistema no se encuentra conectado a central de alarmas. El informe policial incorpora un plano de situación con la ubicación de las cámaras y reportajes fotográficos del sistema y de las imágenes captadas por el mismo, de cuyo análisis se desprende:  Las cámaras 1 y 2 recogen una panorámica de la vía pública.  La cámara 14, localizada en la puerta de acceso al comedor, capta imágenes de dicho espacio reservado al personal empleado.  El resto de cámaras interiores, recogen imágenes de diversas dependencias y áreas del establecimiento. 1.3 Mediante diligencia de inspección, con fecha 22 de julio de 2015, se constata que no existe fichero inscrito en el Registro General de Protección de Datos cuyo responsable sea LOCAL DE OCIO DE MONTORO S.L. 1.4 Mediante diligencia de inspección, con fecha 22 de julio de 2015, se consulta la inscripción de la sociedad LOCAL DE OCIO DE MONTORO S.L. en el Registro Mercantil Central. TERCERO: Con fecha 19 de octubre de 2015, el Director de la Agencia Española de Protección de Datos acordó iniciar, procedimiento sancionador a la entidad LOCAL DE OCIO DE MONTORO S.L, por presunta infracción del artículo 6.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13/12, de Protección de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD), tipificada como grave en el artículo 44.3.

1. b)de dicha norma, pudiendo ser sancionada con multa de 40.001 € a 300.000 €, de acuerdo con el artículo 45.2 de la citada Ley Orgánica. CUARTO: En fecha 22 y 23 de octubre de 2015, se intentó la notificación del citado acuerdo de inicio de procedimiento sancionador al denunciado, por medio del servicio de correos, con el resultado de “Ausente” y “Caducado”. El 18 de noviembre de 2015 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el citado acuerdo de inicio de procedimiento sancionador al denunciado, otorgándose plazo para efectuar alegaciones a dicho acuerdo. QUINTO: El artículo 13.2 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, señala que: “El acuerdo de iniciación se comunicará al instructor, con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto, y se notificará al denunciante, en su caso, y a los interesados, entendiendo en todo caso por tal al inculpado. En la notificación se advertirá a los interesados que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en el plazo previsto en el artículo 16.1, la iniciación podrá C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 4/14 ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del Reglamento.” HECHOS PROBADOS PRIMERO: La entidad LOCAL DE OCIO DE MONTORO S.L dispone de un sistema de videovigilancia instalado en el CLUB “XXXX” en el (C/......1) de JAÉN. SEGUNDO: La Policía Local de Jaén, con fecha 14 de abril de 2015, se personó en el establecimiento “Club XXXX” y constató la instalación de 16 cámaras, dos de ellas situadas en la fachada, una en la puerta de acceso al local y otra en la puerta de entrada de vehículos. Ambas cámaras captan espacios de la vía pública. En el interior del local hay 14 cámaras que captan espacios interiores del establecimiento. El responsable del local manifestó que el objeto de las cámaras es garantizar la seguridad del local. El informe policial incorpora un plano con la situación de las cámaras, fotografías del sistema y de las imágenes captadas, de cuyo análisis se desprende que: Las cámaras 1 y 2 recogen una panorámica de la vía pública. La cámara 14, localizada en la puerta de acceso al comedor, capta imágenes de dicho espacio reservado al personal empleado. El resto de cámaras interiores, recogen imágenes de diversas dependencias y áreas del establecimiento. TERCERO: Los agentes comprueban la existencia de carteles informativos de zona videovigilada en los que se identifica a la mercantil LOCAL DE OCIO DE MONTORO S.L. como responsable del sistema, situados en el vestíbulo de entrada al local, en la sala principal y en el piso primero de acceso a las habitaciones. Las imágenes se visualizan en un monitor situado en el despacho del responsable del establecimiento que es el único que accede al mismo. Se graban en disco duro y, según manifiesta éste, se conservan por un período máximo de 12-15 días, transcurrido el cual se sobrescriben. FUNDAMENTOS DE DERECHO I Es competente para resolver este procedimiento la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.
2. g)en relación con el artículo 36 de la LOPD. II Dispone el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre en cuanto a la práctica de las notificaciones, según redacción dada por el artículo 25 de la Ley 15/2014, C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 5/14 de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa, que: “Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o el medio a que se refiere el punto 1 de este artículo, o bien intentada la notificación, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el “Boletín Oficial del Estado” En el presente caso se han observado las prescripciones legales, tal como se ha señalado en los Antecedentes Cuarto y Quinto de la presente Resolución. III El artículo 13.2 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora., dispone que “El acuerdo de iniciación se comunicará al instructor, con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto, y se notificará al denunciante, en su caso, y a los interesados, entendiendo en todo caso por tal al inculpado. En la notificación se advertirá a los interesados que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en el plazo previsto en el artículo 16.1, la iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del Reglamento.” De conformidad con lo expuesto, el acuerdo de iniciación correctamente notificado podrá ser considerado directamente propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso a cerca de la responsabilidad imputada. Para ello son necesarios varios requisitos: Que dicha posibilidad sea advertida expresamente al inculpado en el acuerdo de notificación. Que el acuerdo de iniciación cumpla todas las exigencias que sobre el contenido se exigen en el apartado primero del citado artículo. Que el inculpado no presente alegaciones en plazo sobre el contenido de la iniciación. Que como consecuencia de la instrucción no resulte modificada la determinación inicial de los hechos, de su posible calificación, de las sanciones imponible o de las responsabilidades susceptibles de sanción. (Art. 16.3 del citado Real decreto. La STS de 19 de diciembre de 2000 (RJ 2001, 2617) recaída en recurso de casación en interés de ley, interpretando el artículo 13.2 del Real Decreto 320/1994 por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de Tráfico, circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, declara que basta que el interesado no haya formulado alegaciones sobre el contenido del boletín de denuncia que inicia el procedimiento, para que no sea preceptiva la notificación de la propuesta de resolución, ni necesario, en consecuencia, el trámite de audiencia, al servir el acuerdo de iniciación como propuesta de resolución. En el presente caso, se han observado las prescripciones citadas al respecto, por lo que es conforme a derecho considerar el citado acuerdo de iniciación como propuesta de resolución. C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 6/14 IV Con carácter previo, debe señalarse que el artículo 1 de la LOPD dispone: “La presente Ley Orgánica tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar”. La LOPD, viene a regular el derecho fundamental a la protección de datos de las personas físicas, esto es, el derecho a disponer de sus propios datos sin que puedan ser utilizados, tratados o cedidos sin su consentimiento, con la salvedad de las excepciones legalmente previstas. En cuanto al ámbito de aplicación de la citada norma, el artículo 2.1 de la misma señala: “La presente Ley Orgánica será de aplicación a los datos de carácter personal registrados en soporte físico que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores público y privado”; definiéndose el concepto de dato de carácter personal en el apartado
3. a)del artículo 3 de la LOPD, como “Cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables”. En lo que respecta al concepto de “fichero” el artículo 3.
4. b)de la LOPD lo define como “todo conjunto organizado de datos de carácter personal”, con independencia de la modalidad de acceso al mismo. Por su parte el artículo 3.
5. d)de la LOPD define al responsable del fichero o tratamiento como la “persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada, u órgano administrativo, que decida sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento.” El artículo 3 de la LOPD define en su letra
6. c)el tratamiento de datos como aquellas “operaciones y procedimientos técnicos de carácter automatizado o no, que permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo y cancelación, así como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias”. La garantía del derecho a la protección de datos, conferida por la normativa de referencia, requiere que exista una actuación que constituya un tratamiento de datos personales en el sentido expresado. En otro caso las mencionadas disposiciones no serán de aplicación. El artículo 5.1.
7. f)del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, define datos de carácter personal como: “Cualquier información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo, concerniente a personas físicas identificadas o identificables”. En este mismo sentido se pronuncia el artículo 2.
8. a)de la Directiva 95/46/CE del Parlamento y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la Protección de las Personas Físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, según el cual, a efectos de dicha Directiva, se entiende por dato personal “toda información sobre una persona física identificada o identificable; se considerará identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un número de identificación o uno o varios C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 7/14 elementos específicos, característicos de su identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social”. De lo anteriormente expuesto se desprende que el concepto de dato personal, según la definición de la LOPD, requiere la concurrencia de un doble elemento: por una parte, la existencia de una información o dato y, por otra, que dicho dato pueda vincularse a una persona física identificada o identificable. Así, de conformidad con la normativa expuesta, el denunciado dispone de datos personales y los utiliza, lo que constituye un tratamiento de datos personales del que es responsable, toda vez que es quien decide sobre la finalidad, contenido y uso del citado tratamiento. V Se imputa a la entidad LOCAL DE OCIO DE MONTORO S.L como responsable del sistema de videovigilancia instalado en el CLUB “XXXX” situado en el (C/......1) de JAÉN, la comisión de una infracción del artículo 6.1 de la LOPD, que dispone lo siguiente: “1. El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa. 2. No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se recojan para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias; cuando se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento; cuando el tratamiento de los datos tenga por finalidad proteger un interés vital del interesado en los términos del artículo 7, apartado 6, de la presente Ley, o cuando los datos figuren en fuentes accesibles al público y su tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del fichero o por el del tercero a quien se comuniquen los datos, siempre que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado. 3. El consentimiento a que se refiere el artículo podrá ser revocado cuando exista causa justificada para ello y no se le atribuyan efectos retroactivos. 4. En los casos en los que no sea necesario el consentimiento del afectado para el tratamiento de los datos de carácter personal, y siempre que una Ley no disponga lo contrario, éste podrá oponerse a su tratamiento cuando existan motivos fundados y legítimos relativos a una concreta situación personal. En tal supuesto, el responsable del fichero excluirá del tratamiento los datos relativos al afectado”. Respecto a la legitimación en el tratamiento de las imágenes, la respuesta se encuentra en el artículo 2 de la Instrucción 1/2006, que establece que: “1. Sólo será posible el tratamiento de los datos objeto de la presente instrucción, cuando se encuentre amparado por lo dispuesto en el artículo 6.1 y 2 y el artículo 11.1 y 2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior la instalación de cámaras y videocámaras deberá respetar en todo caso los requisitos exigidos por la legislación vigente en la materia”. C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 8/14 El tratamiento de datos sin consentimiento constituye un límite al derecho fundamental a la protección de datos. Este derecho, en palabras del Tribunal Constitucional en su Sentencia 292/2000, de 30 de noviembre, (F.J. 7 primer párrafo), “...consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta a la persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al individuo saber quién posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. Estos poderes de disposición y control sobre los datos personales, que constituyen parte del contenido del derecho fundamental a la protección de datos se concretan jurídicamente en la facultad de consentir la recogida, la obtención y el acceso a los datos personales, su posterior almacenamiento y tratamiento, así como su uso o usos posibles, por un tercero, sea el estado o un particular (...)”. Son pues elementos característicos del derecho fundamental a la protección de datos personales, los derechos del afectado a consentir sobre la recogida y tratamiento de sus datos personales y a saber de los mismos. En el presente expediente, cabe apreciar que las cámaras instaladas captan imágenes de personas, de conformidad con lo anteriormente expuesto. Dichas imágenes, incorporan datos personales de las personas que se introducen dentro de su campo de visión y, por lo tanto, los datos personales captados están sometidos al consentimiento de sus titulares, de conformidad con lo que determina la LOPD. Dicho tratamiento, por tanto, ha de contar con el consentimiento de los afectados, circunstancia que no se ha acreditado. VI Por otro lado, en este caso concreto, con relación a las cámaras instaladas en el exterior del establecimiento denunciado, hay que señalar que para entender las especialidades derivadas del tratamiento de las imágenes en la vía pública que captan las cámaras situadas en el exterior, es preciso conocer la regulación que sobre esta materia se contempla en el artículo 1 de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos que establece: “La presente Ley regula la utilización por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de videocámaras para grabar imágenes y sonidos en lugares públicos abiertos o cerrados, y su posterior tratamiento, a fin de contribuir a asegurar la convivencia ciudadana, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, así como de prevenir la comisión de delitos, faltas e infracciones relacionados con la seguridad pública”. Este precepto es preciso ponerlo en relación con lo dispuesto en el artículo 3
9. e)de la Ley Orgánica 15/1999, donde se prevé que: “Se regirán por sus disposiciones específicas y por lo especialmente previsto, en su caso, por esta Ley Orgánica los siguientes tratamientos de datos personales:
10. e)Los procedentes de las imágenes y sonidos obtenidos mediante la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de conformidad con la legislación sobre la materia”. C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 9/14 En virtud de todo lo expuesto, podemos destacar que la instalación de videocámaras en lugares públicos es competencia exclusiva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de ahí que la legitimación para el tratamiento de dichas imágenes se contemple en la Ley Orgánica 4/1997, y además en el mismo texto legal se regulan los criterios para instalar las cámaras y los derechos de los interesados. Asimismo, debe recordarse que el tratamiento de las imágenes deberá cumplir con el principio de proporcionalidad en el tratamiento, consagrado por el artículo 4.1 de la Ley Orgánica 15/1999, según el cual “los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido”. Así lo recuerda el artículo 4.1 de la Instrucción 1/2006, al señalar que “de conformidad con el artículo 4 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, las imágenes sólo serán tratadas cuando sean adecuadas, pertinentes y no excesivas en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, legítimas y explícitas, que hayan justificado la instalación de las cámaras o videocámaras”. En el presente procedimiento no ha quedado acreditado que el sistema de videovigilancia del denunciado estuviera acogido a las disposiciones de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, que regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos, por lo que el tratamiento de los datos recogidos en la vía pública carece de habilitación legal. El 14 de abril de 2015, la Policía Local de Jaén constató la instalación de 16 cámaras en el CLUB “XXXX”, cuyo titular es la entidad LOCAL DE OCIO DE MONTORO S.L, situado en el (C/......1) de JAÉN, dos de las cámaras están situadas en la fachada, y constató que ambas cámaras captan espacios de la vía pública. Del análisis del informe policial y de lo captado por las cámaras se desprende que las cámaras instaladas en el exterior recogen una panorámica de la vía pública. En este caso, las cámaras ubicadas en el exterior del CLUB “XXXX” situado en el (C/......1) de JAÉN, graban imágenes de la vía pública sin que tengan autorización administrativa al respecto, puesto que como ya se ha establecido “ut supra”, la instalación de cámaras en la vía pública es competencia exclusiva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. VII Por otra parte, la Directiva 95/46/CE en su Considerando 14 afirma: “