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PS-00598-2025

1/24  Expediente N.º: EXP202506061 RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD Y PAGO VOLUNTARIO Del procedimiento instruido por la Agencia Española de Protección de Datos y en base a los siguientes ANTECEDENTES PRIMERO: Con fecha 11 de marzo de 2026, la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos acordó iniciar procedimiento sancionador a POSADA DEL LEÓN DE ORO, C.B. (en adelante, P.L.O.), mediante el acuerdo que se transcribe: << Expediente N.º: EXP202506061 ACUERDO DE INICIO DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos y en base a los siguientes HECHOS PRIMERO: Con fecha 18 de marzo de 2025 se interpuso reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos por una posible infracción imputable a POSADA DEL LEÓN DE ORO, C.B., con NIF E85854164 (en adelante, P.L.O.). Los hechos que se pone en conocimiento de esta autoridad se refieren a un sistema de videovigilancia ubicado en el establecimiento POSADA DEL LEÓN DE ORO, localizado en C/ Cava Baja, 12 y 14, en Madrid. La parte reclamante manifiesta que la empresa en la que trabaja ha instalado una nueva videocámara con grabación de imagen y audio y que “cualquier empleado de recepción tiene acceso a estas imágenes y audio en tiempo real. Además de las grabaciones que son con audio. Es por esto que considero que se está vulnerando mi intimidad durante mi horario laboral. Tanto dirección, como jefe de recepción y empleados tienen acceso a estas cámaras, y no sólo pueden ser usadas con la excusa de seguridad, sino que puedan ser usadas en contra de los trabajadores”. Señala que la aplicación utilizada para gestionar el dispositivo es ‘(…). Junto al escrito, se aportan: - Imágenes de la cámara, su ubicación, orientación y el espacio que captaría. C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeaepd.gob.es 2/24 - Imágenes que reflejan pantallas de la aplicación instalada en el terminal móvil desde el que se accede a las imágenes y el audio captado por la cámara. En particular, se muestran imágenes captadas por la cámara y el menú de configuración. La imagen captada parece corresponderse con la entrada del establecimiento y puede distinguirse la imagen de trabajadores del mismo. - Vídeo que refleja la pantalla del terminal móvil desde el que se accede a las imágenes y el audio captado por la cámara, mientras se reproducen varios segundos de imágenes y audio. SEGUNDO: De conformidad con el artículo 65.4 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante LOPDGDD), se dio traslado de dicha reclamación a P.L.O., para que procediese a su análisis e informase a esta Agencia, en el plazo de un mes, de las acciones llevadas a cabo para adecuarse a los requisitos previstos en la normativa de protección de datos. La notificación del traslado de la reclamación, que se practicó conforme a las normas establecidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPACAP), fue realizada en fecha 15/04/2025 como consta en el acuse de recibo que obra en el expediente. Con fecha 15/05/2025 se recibe en esta Agencia escrito de respuesta remitido por P.L.O. en el que se pone de manifiesto lo siguiente: - Con carácter previo, se menciona la existencia de dos establecimientos distintos, La Posada del León de Oro (Posada León de Oro C.B.) y La Posada del Dragón de Oro (Hotel Posada Cava Baja, S.L.), situados en dos locales contiguos (Cava Baja 12 y 14, en Madrid) y que son gestionados de manera conjunta. Se señala que “en ningún momento ningún empleado nos ha solicitado información sobre la instalación de cámaras, ni ha instado ninguna queja o reclamación a ninguno de los responsables de los hoteles con referencia a las cámaras de video vigilancia instaladas”. - Que hace 14 años, aproximadamente, se instaló “un sistema de video vigilancia interno que constaba de varias cámaras (todas con un ángulo de visión a los accesos de entrada, a los accesos en plantas y a las cajas de los departamentos de restauración que es donde los ladrones cuando vienen es el lugar al que suelen ir a robar) y un video grabador”. Asegura que aproximadamente en 20XX el grabador se estropeó y las cámaras ya no se visualizaban correctamente. Al respecto señala que aporta una declaración responsable de que el sistema está en desuso y que las cámaras ni visualizan ni graban. Dicha declaración responsable no es aportada. - Que, a raíz de haber sufrido una serie de robos, se instaló en cada uno de los hoteles una cámara de seguridad “(...)”, señalando las siguientes particularidades: C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeaepd.gob.es 3/24 - o “Durante el turno de noche tenemos un solo ***PUESTO.1 que da servicio a ambos locales que están pared con pared, es decir en edificios contiguos, pero no tienen conexión física por el interior. El ***PUESTO.1 del turno de noche mientras está en uno de los locales visiona el movimiento que hay en el otro local, además le da tranquilidad. Mediante la cámara si hay algún movimiento tanto de cliente como extraño, como por los ruidos captados por el micrófono que le permite saber si hay alguien que sin estar en la zona de visionado está dentro de local”. o La cámara, que “visiona la entrada del local (…) tienen las funcionalidades de grabación que traían de serie y las mantuvimos sin darle ningún tipo de importancia a la grabación del sonido junto con las imágenes. Hemos verificado en las funcionalidades y visto que existe la posibilidad de anular la grabación del sonido y hemos procedido a cancelar la grabación del sonido en ambos dispositivos, dejando únicamente la escucha en directo que es lo que realmente necesitan los ***PUESTO.1 del turno de noche. Durante el resto de día las cámaras no se visualizan ni por los ***PUESTO.1 ni por los gerentes. Es más los gerentes solo han accedido a las grabaciones cuando ha habido algún altercado o robo para enviar a la policía las imágenes y archivos que han solicitado. (…)”. o “Hemos contratado a través de (...) el servicio (…) que guarda la grabación 10 días de historial de video continuo y 60 días de historial de eventos”. o “La reproducción de las imágenes emitidas y/o grabadas por las cámaras solo se puede ver en un teléfono móvil de trabajo del ***PUESTO.1 (tiene código para identificarse y entrar y el uso está restringido al ***PUESTO.1), el teléfono móvil de ***PUESTO.2 (tiene código para identificarse y entrar al contenido) y el teléfono móvil de A.A.A. (tiene código para identificarse y entrar al contenido) Ningún empleado que no pertenezca a este departamento tiene acceso al contenido de las cámaras, ni a su visualización”. Se asegura que “No hay control laboral de ningún empleado a través de las cámaras” ni “interés en la grabación de sonido ni encontramos ninguna razón para mantenerlo, como ya he comentado arriba se dejaron las funcionalidades de serie. Si hemos dejado que el visionado de imágenes en directo emita sonido, indispensable para el turno de noche como herramienta de control y seguridad”. Se aporta: - Fotografía del cartel localizado en la puerta del establecimiento, que mantiene la referencia a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos (LOPD), identificando a P.L.O. como responsable de tratamiento e C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeaepd.gob.es 4/24 indicando su domicilio social en Majadahonda como cauce para el ejercicio de derechos. - Fotografía de la ubicación de la cámara. Enfoca el mostrador de recepción de lo que parece ser un establecimiento diferente al reflejado en las imágenes que se aportan junto con la reclamación. - Captura de pantalla con la imagen mostrada a través del terminal móvil que tiene instalada la aplicación. - Capturas de pantalla de la configuración de la aplicación, que muestra el micrófono activo y la opción de grabación de audio desactivada. TERCERO: Con fecha 18 de junio de 2025, de conformidad con el artículo 65 de la LOPDGDD, se admitió a trámite la reclamación. CUARTO: Con fecha 2 de noviembre de 2025 la parte reclamante presentó un nuevo escrito en el que manifiesta: “Tras la denuncia, la empresa ha comunicado que el sistema de videovigilancia utilizado corresponde a un modelo (...), que incorpora micrófono y capacidad de grabar audio. Como supuesta medida correctora, el director ha remitido una fotografía en la que afirma que el audio se encuentra desactivado. No obstante, dicha prueba no acredita de forma técnica ni verificable que la función de grabación de sonido se haya inhabilitado de manera permanente, ya que varios usuarios (…) mantienen acceso remoto al dispositivo, pudiendo en cualquier momento activar el audio o escuchar conversaciones desde la aplicación de control. Por tanto, la cámara continúa teniendo capacidad técnica para grabar sonido, lo cual supone una vulneración del derecho a la intimidad de los trabajadores, al no existir garantías efectivas de desactivación del micrófono”. Junto al escrito no se acompaña ninguna documentación adicional. CUARTO: De acuerdo con el informe recogido de la herramienta AXESOR, la entidad P.L.O. es una empresa no mercantil constituida en el año 2010, cuya forma jurídica es la de comunidad de bienes. Según este informe, los ingresos de explotación estimados para el ejercicio 2023 fueron de 83.688 euros. FUNDAMENTOS DE DERECHO I Competencia De acuerdo con los poderes que el artículo 58.2 del Reglamento (UE) 2016/679 (Reglamento General de Protección de Datos, en adelante RGPD), otorga a cada autoridad de control y según lo establecido en los artículos 47, 48.1, 64.2 y 68.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante, LOPDGDD), es competente para C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeaepd.gob.es 5/24 iniciar y resolver este procedimiento la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos. II Procedimiento Asimismo, el artículo 63.2 de la LOPDGDD determina que: “Los procedimientos tramitados por la Agencia Española de Protección de Datos se regirán por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, en la presente ley orgánica, por las disposiciones reglamentarias dictadas en su desarrollo y, en cuanto no las contradigan, con carácter subsidiario, por las normas generales sobre los procedimientos administrativos”. De acuerdo con el artículo 64 de la LOPDGDD, y teniendo en cuenta las características de las presuntas infracciones cometidas, se inicia un procedimiento sancionador. El procedimiento tendrá una duración máxima de doce meses a contar desde la fecha del acuerdo de inicio. Transcurrido ese plazo se producirá su caducidad y, en consecuencia, el archivo de actuaciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 64 de la LOPDGDD. Si en el plazo estipulado no efectuara alegaciones a este acuerdo de inicio, el mismo podrá ser considerado propuesta de resolución, según lo establecido en el artículo 64.2.

  1. f)de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en lo sucesivo, LPACAP). III Cuestiones previas El artículo 4.1) del RGPD define «dato personal» como: “toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona”. El artículo 4.2) del RGPD define «tratamiento» como: “cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción.” El artículo 4.7) del RGPD define al «responsable del tratamiento» o «responsable» como: “la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que, solo o junto con otros, determine los fines y medios del tratamiento; si el Derecho de la Unión o de los Estados miembros determina los fines y medios del tratamiento, el responsable del tratamiento o los criterios específicos para su nombramiento podrá establecerlos el Derecho de la Unión o de los Estados miembros”. C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeaepd.gob.es 6/24 La imagen física de una persona y su voz, a tenor del artículo 4.1 del RGPD, son datos personales y su protección, por tanto, es objeto de dicho Reglamento. Las imágenes y la voz de personas captadas por un sistema de cámaras o videocámaras son datos de carácter personal, por lo que su tratamiento está sujeto a la normativa de protección de datos. En el presente caso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4.1 y 4.2 del RGPD, consta la realización de un tratamiento de datos personales, toda vez que P.L.O. realiza, entre otros tratamientos, la recogida y conservación de datos personales de personas físicas ya que capta imágenes de dichas personas y su voz, a través de un sistema de videovigilancia. P.L.O. realiza esta actividad en su condición de responsable del tratamiento, dado que es quien determina los fines y medios de tal actividad, en virtud de lo previsto en el artículo 4.7 del RGPD. Es por tanto pertinente analizar si el tratamiento de datos personales llevado a cabo a través del sistema de videovigilancia de P.L.O. es acorde con lo establecido en el RGPD. IV Obligaciones en materia de videovigilancia De conformidad con lo expuesto, el tratamiento de imágenes a través de un sistema de videovigilancia, para ser conforme con la normativa vigente, debe cumplir los requisitos siguientes: 1.- La personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, pueden establecer un sistema de videovigilancia con la finalidad de preservar la seguridad de las personas y bienes, así como de sus instalaciones de acuerdo con el artículo 22 de la LOPDGDD. Se ha de valorar si la finalidad pretendida puede lograrse de otra forma menos intrusiva para los derechos y libertades de los ciudadanos. Los datos personales solo deben tratarse si la finalidad del tratamiento no pudiera lograrse razonablemente por otros medios (considerando 39 del RGPD). 2.- Las imágenes obtenidas no puedan utilizarse para una finalidad ulterior incompatible con la que motivó la instalación del sistema de videovigilancia. 3.- Se deberá cumplir con el deber de informar a los afectados previsto en los artículos 12 y 13 del RGPD, y 22 de la LOPDGDD. En tal sentido, el artículo 22 de la LOPDGDD prevé en relación con la videovigilancia un sistema de “información por capas”. La primera capa ha de referirse, al menos, a la existencia del tratamiento (videovigilancia), la identidad del responsable, la posibilidad de ejercitar los derechos C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeaepd.gob.es 7/24 previstos en los artículos 15 a 22 del RGPD y dónde obtener más información sobre el tratamiento de los datos personales. Esta información se contendrá en un dispositivo colocado en un lugar suficientemente visible y debe suministrarse por adelantado. La información de la segunda capa debe estar disponible en un lugar fácilmente accesible al afectado, ya sea una hoja informativa en una recepción, cajero, etc…, colocada en un espacio público visible o en una dirección web, y ha de referirse al resto de elementos del artículo 13 del RGPD. 4.- El tratamiento de las imágenes mediante la instalación de sistemas de cámaras o videocámaras deberá ser lícito y ajustarse al principio de proporcionalidad y al de minimización de datos previsto en el artículo 5.1.
  2. c)del RGPD. En particular, la aplicación del principio de minimización de datos en materia de videovigilancia comporta que no puedan captarse imágenes de la vía pública, puesto que el tratamiento de imágenes en lugares públicos sólo puede ser realizado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad previa autorización gubernativa. En algunas ocasiones, para la protección de espacios privados, donde se hayan instalado cámaras en fachadas o en el interior, la grabación de una porción de la vía pública puede ser necesaria para garantizar la finalidad de seguridad. En tal caso extraordinario, las cámaras sólo podrán captar la porción mínima necesaria para preservar la seguridad de las personas y bienes, así como de sus instalaciones. En ningún caso es admisible el uso de prácticas de vigilancia más allá del entorno objeto de la instalación y, en particular, no pudiendo afectar a los espacios públicos circundantes, edificios contiguos, vehículos distintos de los que accedan al espacio vigilado, afectando también a las servidumbres de paso. Tampoco pueden captarse ni grabarse imágenes en espacios propiedad de terceros sin el consentimiento de sus titulares, o, en su caso, de las personas que en ellos se encuentren. 5.- Las imágenes podrán conservarse por un plazo máximo de un mes, salvo en aquellos supuestos en que se deban conservar para acreditar la comisión de actos que atenten contra la integridad de personas, bienes o instalaciones. En este segundo supuesto, deberán ser puestas a disposición de la autoridad competente en un plazo máximo de 72 horas desde que se tuviera conocimiento de la existencia de la grabación. 6.- El responsable deberá llevar un registro de actividades de los tratamientos efectuados bajo su responsabilidad en el que se incluya la información a la que hace referencia el artículo 30.1 del RGPD. 7.- El responsable deberá realizar un análisis de riesgos o, en su caso, una evaluación de impacto en la protección de datos, para detectar los derivados de la implantación C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeaepd.gob.es 8/24 del sistema de videovigilancia, valorarlos y, en su caso, adoptar las medidas de seguridad apropiadas. 8.- Cuando se produzca una brecha de seguridad que afecte a los tratamientos de cámaras con fines de seguridad, siempre que exista riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas, deberá notificarlo a la AEPD en un plazo máximo de 72 horas. Se entiende por brecha de seguridad la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la comunicación o acceso no autorizado a dichos datos. 9.- Cuando el sistema esté conectado a una central de alarma, únicamente podrá ser instalado por una empresa de seguridad privada que reúna los requisitos contemplados en el artículo 5 de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada, de 4 de abril. La Agencia Española de Protección de Datos ofrece a través de su página web [https://www.aepd.es] acceso a: • la legislación en materia de protección de datos personales, incluyendo el RGPD y la LOPDGDD (apartado “Informes y resoluciones” / “normativa”), • la Guía sobre el uso de videocámaras para seguridad y otras finalidades, • la Guía para el cumplimiento del deber de informar (ambas disponibles en el apartado “Guías y herramientas”). También resulta de interés, en caso de realizar tratamientos de datos de bajo riesgo, la herramienta gratuita Facilita (en el apartado “Guías y herramientas”), que, mediante unas preguntas concretas, permite valorar la situación del responsable respecto del tratamiento de datos personales que lleva a cabo, y en su caso, generar diversos documentos, cláusulas informativas y contractuales, así como un anexo con medidas de seguridad orientativas consideradas mínimas. Lo anterior, esto es, las obligaciones en materia de videovigilancia con fines de seguridad, no puede confundirse con las previsiones establecidas en el artículo 89 de la LOPDGDD cuando la finalidad del tratamiento realizado por los sistemas de videovigilancia sea la del control de los trabajadores. En tal caso, el mencionado artículo 89 LOPDGDD señala: “1. Los empleadores podrán tratar las imágenes obtenidas a través de sistemas de cámaras o videocámaras para el ejercicio de las funciones de control de los trabajadores o los empleados públicos previstas, respectivamente, en el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores y en la legislación de función pública, siempre que estas funciones se ejerzan dentro de su marco legal y con los límites inherentes al mismo. Los empleadores habrán de informar con carácter previo, y de forma expresa, clara y concisa, a los trabajadores o los empleados públicos y, en su caso, a sus representantes, acerca de esta medida. C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeaepd.gob.es 9/24 En el supuesto de que se haya captado la comisión flagrante de un acto ilícito por los trabajadores o los empleados públicos se entenderá cumplido el deber de informar cuando existiese al menos el dispositivo al que se refiere el artículo 22.4 de esta ley orgánica. 2. En ningún caso se admitirá la instalación de sistemas de grabación de sonidos ni de videovigilancia en lugares destinados al descanso o esparcimiento de los trabajadores o los empleados públicos, tales como vestuarios, aseos, comedores y análogos. 3. La utilización de sistemas similares a los referidos en los apartados anteriores para la grabación de sonidos en el lugar de trabajo se admitirá únicamente cuando resulten relevantes los riesgos para la seguridad de las instalaciones, bienes y personas derivados de la actividad que se desarrolle en el centro de trabajo y siempre respetando el principio de proporcionalidad, el de intervención mínima y las garantías previstas en los apartados anteriores. La supresión de los sonidos conservados por estos sistemas de grabación se realizará atendiendo a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 22 de esta ley.” En conexión con lo expuesto, y de conformidad con el principio de limitación de finalidad previsto en el artículo 5.1.
  3. b)del RGPD, y teniendo en cuenta que el artículo 89 de la LOPDGDD establece requisitos específicos cuando el tratamiento tenga por finalidad el control laboral, cabe subrayar que las imágenes recabadas por un sistema de videovigilancia con exclusivos fines de seguridad, no podrán ser utilizadas por el responsable del tratamiento para fines de control laboral a menos que se cumplieran los requisitos específicos anteriormente señalados. En el presente caso, la parte reclamada asegura que las cámaras instaladas en su centro se utilizan exclusivamente con fines de seguridad, siendo de aplicación, por tanto, lo previsto en el artículo 22 de la LOPDGDD y no lo previsto en el artículo 89 de la LOPDGG. V Obligación incumplida. Minimización de datos La letra
  4. c)del artículo 5.1 del RGPD establece: "1. Los datos personales serán: (…)
  5. c)adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados («minimización de datos»);" En relación con lo anterior, las Directrices 4/2019 relativas al artículo 25 - Protección de datos desde el diseño y por defecto del Comité Europeo de Protección de Datos (en adelante, Directrices 4/2019) desarrollan el mencionado principio en los siguientes términos: “73. Solo se tratarán datos personales que sean adecuados, pertinentes y limitados a lo que sea necesario para los fines previstos. En consecuencia, el responsable del tratamiento debe determinar previamente qué características y parámetros de los sistemas de tratamiento y sus funciones complementarias son admisibles. La minimización de los datos justifica y pone en práctica el principio de necesidad”. C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeaepd.gob.es 10/24 74. En primer lugar, los responsables del tratamiento deben determinar si tienen siquiera necesidad de tratar datos personales para sus fines pertinentes. El responsable debe verificar si se pueden alcanzar los fines pertinentes tratando menos datos personales, o utilizando datos personales menos detallados o agregados, o sin tener que tratar datos personales en modo alguno. Dicha verificación debe tener lugar antes de cualquier tratamiento, pero también puede llevarse a cabo en cualquier momento durante el ciclo de tratamiento. Esto también es coherente con el artículo 11. En definitiva, el principio de minimización prohíbe el tratamiento de datos excesivos, prescindibles o irrelevantes en relación con los fines objeto del tratamiento. Asimismo, el principio de minimización debe aplicarse durante todo el ciclo de vida de los datos personales, adaptándose, en su caso, los datos objeto de tratamiento en función de la necesidad de estos para alcanzar el fin previsto. Por tanto, ha de evitarse todo tratamiento de datos personales cuando no fueran necesarios, adecuados o pertinentes para la finalidad que pretende alcanzarse debiéndose, incluso, proceder a la anonimización de estos o a su supresión tan pronto como la identificación deje de ser necesaria. En el ámbito de los tratamientos con fines de videovigilancia, el artículo 22 de la LOPDGDD establece, como ya se ha indicado anteriormente, que las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, podrán llevar a cabo el tratamiento de imágenes a través de sistemas de cámaras o videocámaras con la finalidad de preservar la seguridad de las personas y bienes, así como de sus instalaciones. Este tratamiento de datos personales, como cualquier otro, está sometido al resto de los principios generales de tratamiento contenidos en el artículo 5 del RGPD, incluido el principio de minimización. Cabe recordar que el principio de minimización está íntimamente ligado al principio de proporcionalidad que, según la consolidada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, implica “una exigencia común y constante para la constitucionalidad de cualquier medida restrictiva de derechos fundamentales, entre ellas las que supongan una injerencia en los derechos a la integridad física y a la intimidad, y más en derechos a la integridad física y a la intimidad, y más en particular de las medidas restrictivas de derechos fundamentales adoptadas en el curso de un proceso penal viene determinada por la estricta observancia del principio de proporcionalidad” (STC 207/1996, de 16 de diciembre). De este modo, el respeto al principio de proporcionalidad implica valorar la posibilidad de adoptar otros medios menos intrusivos para la intimidad de las personas, con el fin de prevenir interferencias injustificadas en los derechos y libertades fundamentales. Y así, debe restringirse el tratamiento de los datos excesivos o bien procederse a la supresión de estos. Cuando se analiza la proporcionalidad, debe atenderse especialmente a si la medida es susceptible de conseguir el objetivo propuesto y si se pueden adoptar otros medios menos intrusivos en relación con el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal, a fin de preservar el poder de disposición y control de los datos personales por parte del interesado, así como para prevenir interferencias con otros derechos y libertades fundamentales, tales como la intimidad de las personas o el libre desarrollo de su personalidad. C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeaepd.gob.es 11/24 De conformidad con lo expuesto, por tanto, la instalación de cámaras de videovigilancia será considerada una medida proporcional y justificada siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: 1. Que se trate de una medida susceptible de conseguir el objetivo propuesto. 2. Que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia. 3. Que la misma sea ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto. Por ello, el responsable de un establecimiento que lleve a cabo un tratamiento con fines de videovigilancia en los términos anteriormente señalados podrá instalar cámaras de videovigilancia con la finalidad de preservar la seguridad dentro del propio establecimiento solo en los lugares y en las circunstancias adecuadas. A mayor abundamiento, y respecto a los sistemas de grabación de voz (no solo imagen) a través de las cámaras de videovigilancia, la doctrina constitucional es más restrictiva. En este sentido, debe hacerse referencia a la Sentencia del Tribunal Constitucional 98/2000, de 10 de abril de 2000: “(…) La cuestión a resolver es, pues, si la instalación de micrófonos que permiten grabar las conversaciones de trabajadores y clientes en determinadas zonas (…) se ajusta en el supuesto a las exigencias indispensables del respeto del derecho a la intimidad. Al respecto, resulta indiscutible que la instalación de aparatos de captación y grabación del sonido en dos zonas concretas… no carece de utilidad para la organización empresarial, sobre todo si se tiene en cuenta que se trata de dos zonas en las que se producen transacciones económicas de cierta importancia. Ahora bien, la mera utilidad o conveniencia para la empresa no legitima sin más la instalación de los aparatos de audición y grabación, habida cuenta de que la empresa ya disponía de otros sistemas de seguridad que el sistema de audición pretende complementar (…) En resumen, la implantación deviene por requerimientos propios del interés de la organización empresarial, pues la finalidad que se persigue (dar un plus de seguridad, especialmente ante eventuales reclamaciones de los clientes) resulta desproporcionada para el sacrificio que implica del derecho a la intimidad de los trabajadores (e incluso de los clientes). Este sistema permite captar comentarios privados, tanto de los clientes como de los trabajadores (…), comentarios ajenos por completo al interés empresarial y por tanto irrelevantes desde la perspectiva de control de las obligaciones laborales, pudiendo, sin embargo, tener consecuencias negativas para los trabajadores que, en todo caso, se van a sentir constreñidos de realizar cualquier tipo de comentario personal ante el convencimiento de que van a ser escuchados y grabados por la empresa. Se trata, en suma, de una intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad consagrado en el art. 18.1 CE (…) No habiéndose considerado conforme con los principios de proporcionalidad e intervención mínima que rigen la modulación de tales derechos fundamentales” (el subrayado es de la AEPD). C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeaepd.gob.es 12/24 La afectación del derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal sólo puede derivarse de la consecución de la finalidad pretendida por el tratamiento y con sujeción al principio de minimización, sin que sea suficiente su mera invocación para sacrificar el derecho fundamental, pues dada la posición preeminente de los derechos fundamentales en nuestro ordenamiento, esa modulación sólo se producirá en la medida estrictamente imprescindible para la consecución de los fines del tratamiento conforme a las reglas antedichas, lo que entraña la necesidad de proceder a una ponderación adecuada que respete la correcta definición y valoración constitucional del derecho fundamental en juego y del interés que se persiga con el tratamiento. Por ello, una vez que se determine que un tratamiento con fines de videovigilancia con la finalidad de procurar la seguridad de personas, bienes e instalaciones es una medida susceptible de conseguir el objetivo propuesto, y no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia, habrá que valorar que la misma sea ponderada o equilibrada. En el supuesto examinado, P.L.O. ha instalado un sistema de videovigilancia con la finalidad prevista en el artículo 22 de la LOPDGDD. En concreto, el sistema de videovigilancia, según lo indicado por P.L.O., se compone de una cámara que se encuentra instalada en la entrada del establecimiento de hostelería, en la zona de recepción. Entre las funcionalidades del dispositivo, además de la captación y visionado de imágenes en tiempo real y la grabación y conservación de éstas, se ha puesto de manifiesto que incluye la captación y grabación de audio, como se acredita por la documentación aportada por la propia reclamada. Este tratamiento de audio potencialmente puede alcanzar a las conversaciones de índole privado que tanto empleados como clientes pueden estar manteniendo en el interior del establecimiento, sin ser conscientes de que dichas conversaciones pueden ser objeto de captación y reproducción en tiempo real y grabación. No obstante, la parte reclamante manifestó que la opción de grabación de sonido ha sido desactivada, manteniéndose exclusivamente la escucha en directo. Sin embargo, de acuerdo con la información aportada por P.L.O., no se ha acreditado que las opciones de captación y grabación permanezcan configuradas de la manera descrita. En este sentido, la captación permanente de audio y, en su caso, su grabación, no cumpliría con los requisitos del principio de minimización, de realizar un tratamiento de datos personales “adecuado, pertinente y limitado a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados”. Atendiendo a lo anterior, la afectación al derecho fundamental a la protección de datos personales, entendido como el poder de disposición y control del que es titular el interesado, es muy superior al presunto interés que pretende conseguir la parte reclamada, cual es la preservación de la seguridad de las personas y bienes. En consecuencia, se considera que los tratamientos de datos personales (captación y grabación de audio) de la cámara situada en el interior del establecimiento de la parte reclamada resultaría desproporcionado para los fines que se persiguen. Por tanto, de conformidad con las evidencias de las que se dispone en este momento de acuerdo de inicio de procedimiento sancionador, se considera que los hechos C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeaepd.gob.es 13/24 conocidos podrían ser constitutivos de una infracción, imputable a P.L.O., por vulneración del artículo 5.1.
  6. c)del RGPD transcrito anteriormente. VI Tipificación de la infracción del artículo 5.1.
  7. c)del RGPD y calificación a efectos de prescripción El artículo 83.5 del RGPD tipifica como infracción administrativa la vulneración del artículo siguiente, que se sancionará, de acuerdo con el apartado 2, con multas administrativas de 20.000.000 EUR como máximo o, tratándose de una empresa, de una cuantía equivalente al 4 % como máximo del volumen de negocio total anual global del ejercicio financiero anterior, optándose por la de mayor cuantía: "
  8. a)los principios básicos para el tratamiento, incluidas las condiciones para el consentimiento a tenor de los artículos 5, 6, 7 y 9;" Por su parte, la LOPDGDD en su artículo 71, Infracciones, señala que: “Constituyen infracciones los actos y conductas a las que se refieren los apartados 4, 5 y 6 del artículo 83 del Reglamento (UE) 2016/679, así como las que resulten contrarias a la presente ley orgánica”. A los solos efectos del plazo de prescripción, el artículo 72.1 de la LOPDGDD establece lo siguiente: "En función de lo que establece el artículo 83.5 del Reglamento (UE) 2016/679 se consideran muy graves y prescribirán a los tres años las infracciones que supongan una vulneración sustancial de los artículos mencionados en aquel y, en particular, las siguientes:
  9. a)El tratamiento de datos personales vulnerando los principios y garantías establecidos en el artículo 5 del Reglamento (UE) 2016/679." VII Propuesta de sanción A fin de determinar la multa administrativa a imponer se han de observar las previsiones de los artículos 83.1 y 83.2 del RGPD, preceptos que señalan: “1. Cada autoridad de control garantizará que la imposición de las multas administrativas con arreglo al presente artículo por las infracciones del presente Reglamento indicadas en los apartados 4, 9 y 6 sean en cada caso individual efectivas, proporcionadas y disuasorias. 2. Las multas administrativas se impondrán, en función de las circunstancias de cada caso individual, a título adicional o sustitutivo de las medidas contempladas en el artículo 58, apartado 2, letras
  10. a)a
  11. h)y j). Al decidir la imposición de una multa administrativa y su cuantía en cada caso individual se tendrá debidamente en cuenta: C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeaepd.gob.es 14/24
  12. a)la naturaleza, gravedad y duración de la infracción, teniendo en cuenta la naturaleza, alcance o propósito de la operación de tratamiento de que se trate así como el número de interesados afectados y el nivel de los daños y perjuicios que hayan sufrido;
  13. b)la intencionalidad o negligencia en la infracción;
  14. c)cualquier medida tomada por el responsable o encargado del tratamiento para paliar los daños y perjuicios sufridos por los interesados;
  15. d)el grado de responsabilidad del responsable o del encargado del tratamiento, habida cuenta de las medidas técnicas u organizativas que hayan aplicado en virtud de los artículos 25 y 32;
  16. e)toda infracción anterior cometida por el responsable o el encargado del tratamiento;
  17. f)el grado de cooperación con la autoridad de control con el fin de poner remedio a la infracción y mitigar los posibles efectos adversos de la infracción;
  18. g)las categorías de los datos de carácter personal afectados por la infracción;
  19. h)la forma en que la autoridad de control tuvo conocimiento de la infracción, en particular si el responsable o el encargado notificó la infracción y, en tal caso, en qué medida;
  20. i)cuando las medidas indicadas en el artículo 58, apartado 2, hayan sido ordenadas previamente contra el responsable o el encargado de que se trate en relación con el mismo asunto, el cumplimiento de dichas medidas;
  21. j)la adhesión a códigos de conducta en virtud del artículo 40 o a mecanismos de certificación aprobados con arreglo al artículo 42, y
  22. k)cualquier otro factor agravante o atenuante aplicable a las circunstancias del caso, como los beneficios financieros obtenidos o las pérdidas evitadas, directa o indirectamente, a través de la infracción”. Por su parte, el artículo 76 “Sanciones y medidas correctivas” de la LOPDGDD dispone: “1. Las sanciones previstas en los apartados 4, 5 y 6 del artículo 83 del Reglamento (UE) 2016/679 se aplicarán teniendo en cuenta los criterios de graduación establecidos en el apartado 2 del citado artículo. 2. De acuerdo a lo previsto en el artículo 83.2.
  23. k)del Reglamento (UE) 2016/679 también podrán tenerse en cuenta:
  24. a)El carácter continuado de la infracción.
  25. b)La vinculación de la actividad del infractor con la realización de tratamientos de datos personales.
  26. c)Los beneficios obtenidos como consecuencia de la comisión de la infracción.
  27. d)La posibilidad de que la conducta del afectado hubiera podido inducir a la comisión de la infracción.
  28. e)La existencia de un proceso de fusión por absorción posterior a la comisión de la infracción, que no puede imputarse a la entidad absorbente.
  29. f)La afectación a los derechos de los menores.
  30. g)Disponer, cuando no fuere obligatorio, de un delegado de protección de datos.
  31. h)El sometimiento por parte del responsable o encargado, con carácter voluntario, a mecanismos de resolución alternativa de conflictos, en aquellos supuestos en los que existan controversias entre aquellos y cualquier interesado”. C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeaepd.gob.es 15/24 En el presente caso, considerando la gravedad de la posible infracción, atendiendo especialmente a las consecuencias que su comisión provoca en los afectados, correspondería la imposición de una multa, además de la adopción de medidas, si procede. La multa que se imponga deberá ser en cada caso individual, efectiva, proporcionada y disuasoria, conforme a lo establecido en el artículo 83.1 del RGPD. A efectos de decidir sobre la imposición de la multa administrativa y su cuantía, de conformidad con las evidencias de que se dispone en el presente momento de acuerdo de inicio de procedimiento sancionador, y sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción, se considera que el balance de las circunstancias contempladas en el artículo 83.2 del RGPD y 76.2 de la LOPDGDD, al vulnerar lo establecido en el artículo 5.1.
  32. c)del RGPD, permite fijar inicialmente una sanción de multa administrativa de 300,00 euros. VIII Obligación incumplida. Información que deberá facilitarse cuando los datos personales se obtengan del interesado El artículo 13 del RGPD establece la información que deberá facilitarse cuando los datos personales se obtengan del interesado, en virtud del cual: "1. Cuando se obtengan de un interesado datos personales relativos a él, el responsable del tratamiento, en el momento en que estos se obtengan, le facilitará toda la información indicada a continuación:
  33. a)la identidad y los datos de contacto del responsable y, en su caso, de su representante;
  34. b)los datos de contacto del delegado de protección de datos, en su caso;
  35. c)los fines del tratamiento a que se destinan los datos personales y la base jurídica del tratamiento;
  36. d)cuando el tratamiento se base en el artículo 6, apartado 1, letra f), los intereses legítimos del responsable o de un tercero;
  37. e)los destinatarios o las categorías de destinatarios de los datos personales, en su caso;
  38. f)en su caso, la intención del responsable de transferir datos personales a un tercer país u organización internacional y la existencia o ausencia de una decisión de adecuación de la Comisión, o, en el caso de las transferencias indicadas en los artículos 46 o 47 o el artículo 49, apartado 1, párrafo segundo, referencia a las garantías adecuadas o apropiadas y a los medios para obtener una copia de estas o al lugar en que se hayan puesto a disposición. 2. Además de la información mencionada en el apartado 1, el responsable del tratamiento facilitará al interesado, en el momento en que se obtengan los datos personales, la siguiente información necesaria para garantizar un tratamiento de datos leal y transparente:
  39. a)el plazo durante el cual se conservarán los datos personales o, cuando no sea posible, los criterios utilizados para determinar este plazo;
  40. b)la existencia del derecho a solicitar al responsable del tratamiento el acceso a los datos personales relativos al interesado, y su rectificación o supresión, o la limitación C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeaepd.gob.es 16/24 de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos;
  41. c)cuando el tratamiento esté basado en el artículo 6, apartado 1, letra a), o el artículo 9, apartado 2, letra a), la existencia del derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada;
  42. d)el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control;
  43. e)si la comunicación de datos personales es un requisito legal o contractual, o un requisito necesario para suscribir un contrato, y si el interesado está obligado a facilitar los datos personales y está informado de las posibles consecuencias de no facilitar tales datos;
  44. f)la existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, a que se refiere el artículo 22, apartados 1 y 4, y, al menos en tales casos, información significativa sobre la lógica aplicada, así como la importancia y las consecuencias previstas de dicho tratamiento para el interesado. 3. Cuando el responsable del tratamiento proyecte el tratamiento ulterior de datos personales para un fin que no sea aquel para el que se recogieron, proporcionará al interesado, con anterioridad a dicho tratamiento ulterior, información sobre ese otro fin y cualquier información adicional pertinente a tenor del apartado 2. Las disposiciones de los apartados 1, 2 y 3 no serán aplicables cuando y en la medida en que el interesado ya disponga de la información." Esta obligación del responsable de suministrar a los afectados información sobre el tratamiento de sus datos en el momento de la recogida aparece expresamente prevista en el artículo 22 de la LOPDGDD, a través de un sistema de información “por capas”. En este sentido, cabe recordar que en la “Guía sobre el uso de videocámaras para seguridad y otras finalidades”, editada por la AEPD, se expone que, en este ámbito, el cumplimiento de la obligación de informar implica que el responsable debe exhibir un distintivo de zona videovigilada que contenga la siguiente información: - La existencia del tratamiento (videovigilancia). La identidad del responsable del tratamiento o del sistema de videovigilancia, y la dirección de este. La posibilidad de ejercitar los derechos reconocidos en los artículos 15 a 22 del RGPD. Dónde obtener más información sobre el tratamiento de los datos personales. Asimismo, también se pondrá a disposición de los interesados el resto de la información que debe facilitarse a los afectados en cumplimiento del derecho de información regulado en el RGPD. En el presente caso, el sistema de videovigilancia que representa la cámara instalada en la zona de recepción del establecimiento ‘La Posada del León de Oro’ aparece anunciado con un cartel informativo que no se ajusta a lo previsto en el artículo 13 del RGPD. No solo porque hace referencia a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos (LOPD), una normativa ya derogada (en los términos de lo previsto en la Disposición Derogatoria Única de la LOPDGDD), también C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeaepd.gob.es 17/24 porque no cumple con la obligación de identificar esa “segunda capa” que permitiría a los interesados acceder al detalle completo de la información que el responsable de tratamiento debe facilitar por mor de los previsto en los artículos 13 del RGPD y 22 de la LOPDGDD. Por tanto, de conformidad con las evidencias de las que se dispone en este momento de acuerdo de inicio de procedimiento sancionador, se considera que los hechos conocidos podrían ser constitutivos de una infracción, imputable a P.L.O., por vulneración del artículo 13 del RGPD, transcrito anteriormente. IX Tipificación de la infracción del artículo 13 del RGPD y calificación a efectos de prescripción El artículo 83.5 del RGPD tipifica como infracción administrativa la vulneración del artículo siguiente, que se sancionará, de acuerdo con el apartado 2, con multas administrativas de 20.000.000 EUR como máximo o, tratándose de una empresa, de una cuantía equivalente al 4 % como máximo del volumen de negocio total anual global del ejercicio financiero anterior, optándose por la de mayor cuantía: "
  45. b)los derechos de los interesados a tenor de los artículos 12 a 22;" Por su parte, la LOPDGDD en su artículo 71, Infracciones, señala que: “Constituyen infracciones los actos y conductas a las que se refieren los apartados 4, 5 y 6 del artículo 83 del Reglamento (UE) 2016/679, así como las que resulten contrarias a la presente ley orgánica”. A los solos efectos del plazo de prescripción, el artículo 72.1 de la LOPDGDD establece lo siguiente: "En función de lo que establece el artículo 83.5 del Reglamento (UE) 2016/679 se consideran muy graves y prescribirán a los tres años las infracciones que supongan una vulneración sustancial de los artículos mencionados en aquel y, en particular, las siguientes: (…)
  46. h)La omisión del deber de informar al afectado acerca del tratamiento de sus datos personales conforme a lo dispuesto en los artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679 y 12 de esta ley orgánica." X Propuesta de sanción por el incumplimiento del artículo 13 del RGPD A fin de determinar la multa administrativa a imponer por la presunta infracción se han de observar las previsiones de los artículos 83.1 y 83.2 del RGPD y 76.2 de la LOPDGDGG, que ya han sido reproducidos anteriormente. En el presente caso, considerando la gravedad de la posible infracción, atendiendo especialmente a las consecuencias que su comisión provoca en los afectados, correspondería la imposición de una multa, además de la adopción de medidas, si C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeaepd.gob.es 18/24 procede. La multa que se imponga deberá ser en cada caso individual, efectiva, proporcionada y disuasoria, conforme a lo establecido en el artículo 83.1 del RGPD. A efectos de decidir sobre la imposición de la multa administrativa y su cuantía, de conformidad con las evidencias de que se dispone en el presente momento de acuerdo de inicio de procedimiento sancionador, y sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción, se considera que el balance de las circunstancias contempladas en el artículo 83.2 del RGPD y 76.2 de la LOPDGDD, al vulnerar lo establecido en el artículo 13 del RGPD, permite fijar inicialmente una sanción de multa administrativa de 100,00 euros. XI Medidas correctivas De confirmarse las infracciones, podría acordarse imponer al responsable la adopción de medidas adecuadas para ajustar su actuación a la normativa mencionada en este acto, de acuerdo con lo establecido en el citado artículo 58.2
  47. d)del RGPD, según el cual cada autoridad de control podrá “ordenar al responsable o encargado del tratamiento que las operaciones de tratamiento se ajusten a las disposiciones del presente Reglamento, cuando proceda, de una determinada manera y dentro de un plazo especificado…”. Así, se podrá requerir a la entidad responsable para que adecúe su actuación a la normativa de protección de datos personales, con el alcance expresado en los anteriores Fundamentos de Derecho. En el presente acto se establece cuáles son las presuntas infracciones cometidas y los hechos que podrían dar lugar a esa posible vulneración de la normativa de protección de datos, de lo que se infiere con claridad cuáles son las medidas a adoptar, sin perjuicio de que el tipo de procedimientos, mecanismos o instrumentos concretos para implementarlas corresponda a la parte sancionada, pues es el responsable del tratamiento quien conoce plenamente su organización y ha de decidir, en base a la responsabilidad proactiva y en enfoque de riesgos, cómo cumplir con el RGPD y la LOPDGDD. No obstante, en este caso, con independencia de lo anterior, de conformidad con las evidencias de que se dispone en el presente momento de acuerdo de inicio de procedimiento sancionador, en la resolución que se adopte se podrá requerir a P.L.O. para que, en el plazo máximo de 3 meses, a contar desde la fecha de ejecutividad de la resolución finalizadora de este procedimiento, adopte las medidas siguientes: - Acredite haber procedido a la inhabilitación por defecto de la captación y grabación de audio o, en su caso, a la retirada de la cámara. - Acredite haber incluido, al menos, la siguiente información en el cartel de videovigilancia de la entrada al establecimiento: la identificación de la existencia de un tratamiento, la identidad del responsable, la posibilidad de ejercitar los derechos previstos en la normativa vigente de protección de datos y el lugar dónde se pone a disposición de los afectados la restante información C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeaepd.gob.es 19/24 prevista en el artículo 13 del RGPD, en conexión con lo previsto en el artículo 22.4 de la LOPDGDD. La imposición de estas medidas es compatible con la sanción consistente en multa administrativa, según lo dispuesto en el art. 83.2 del RGPD. Se advierte que no atender a los requerimientos de este organismo puede ser considerado como una infracción administrativa conforme a lo dispuesto en el RGPD, tipificada como infracción en su artículo 83.5 y 83.6, pudiendo motivar tal conducta la apertura de un ulterior procedimiento administrativo sancionador. Asimismo, se recuerda que ni el reconocimiento de la infracción cometida ni, en su caso, el pago voluntario de las cuantías propuestas, eximen de la obligación de adoptar las medidas pertinentes para que cese la conducta o se corrijan los efectos de la infracción cometida y la de acreditar ante esta AEPD el cumplimiento de esa obligación. Por lo tanto, a tenor de lo anteriormente expuesto, por la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos, SE ACUERDA: PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO SANCIONADOR a POSADA DEL LEÓN DE ORO, C.B., con NIF E85854164, por: - la presunta infracción del artículo 5.1.
  48. c)del RGPD, tipificada en el artículo 83.5.
  49. a)de dicha norma. - la presunta infracción del artículo 13 del RGPD, tipificada en el artículo 83.5.
  50. b)de dicha norma. SEGUNDO: NOMBRAR instructor a B.B.B. y secretaria a C.C.C., indicando que podrán ser recusados, en su caso, conforme a lo establecido en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP). TERCERO: INCORPORAR al expediente, a efectos probatorios, la reclamación interpuesta por la parte reclamante y su documentación, así como, así como los documentos obtenidos y generados por la Subdirección General de Inspección de Datos en las actuaciones previas al inicio del presente procedimiento sancionador. CUARTO: QUE a los efectos previstos en el art. 64.2
  51. b)de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la sanción que pudiera corresponder sería: - por la presunta infracción del artículo 5.1.
  52. c)del RGPD, tipificada en el artículo 83.5.
  53. a)de dicha norma, multa administrativa de cuantía 300,00 euros (TRESCIENTOS EUROS). - por la presunta infracción del artículo 13 del RGPD, tipificada en el artículo 83.5 de dicha norma, multa administrativa de cuantía 100,00 euros (CIEN EUROS) C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeaepd.gob.es 20/24 En consecuencia, la sanción total que pudiera corresponder sería de 400,00 euros (CUATROCIENTOS EUROS), sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción. QUINTO: NOTIFICAR el presente acuerdo a POSADA DEL LEÓN DE ORO, C.B., con NIF E85854164, otorgándole un plazo de audiencia de diez días hábiles para que formule las alegaciones y presente las pruebas que considere convenientes. En su escrito de alegaciones deberá facilitar su NIF y el número de procedimiento que figura en el encabezamiento de este documento. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 de la LPACAP, podrá reconocer su responsabilidad dentro del plazo otorgado para la formulación de alegaciones al presente acuerdo de inicio; lo que llevará aparejada una reducción de un 20% de la sanción que proceda imponer en el presente procedimiento. Con la aplicación de esta reducción, la sanción quedaría establecida en 320,00 euros (TRESCIENTOS VEINTE EUROS), resolviéndose el procedimiento con la imposición de esta sanción. Del mismo modo podrá, en cualquier momento anterior a la resolución del presente procedimiento, llevar a cabo el pago voluntario de la sanción propuesta, lo que supondrá la reducción de un 20% de su importe. Con la aplicación de esta reducción, la sanción quedaría establecida en 300,00 euros (TRESCIENTOS VEINTE EUROS) y su pago implicará la terminación del procedimiento, sin perjuicio de la imposición de las medidas correspondientes. La reducción por el pago voluntario de la sanción es acumulable a la que corresponde aplicar por el reconocimiento de la responsabilidad, siempre que este reconocimiento de la responsabilidad se ponga de manifiesto dentro del plazo concedido para formular alegaciones a la apertura del procedimiento. El pago voluntario de la cantidad referida en el párrafo anterior podrá hacerse en cualquier momento anterior a la resolución. En este caso, si procediera aplicar ambas reducciones, el importe de la sanción quedaría establecido en 240,00 euros (DOSCIENTOS CUARENTA EUROS). En todo caso, la efectividad de cualquiera de las dos reducciones mencionadas estará condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción. En caso de que optara por proceder al pago voluntario de cualquiera de las cantidades señaladas anteriormente (1.600,00 euros o 1.200,00 euros), deberá hacerlo efectivo mediante su ingreso en la cuenta nº IBAN: ES00-0000-0000-0000-0000-0000 (BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX) abierta a nombre de la Agencia Española de Protección de Datos en la entidad bancaria CAIXABANK, S.A., indicando en el concepto el número de referencia del procedimiento que figura en el encabezamiento de este documento y la causa de reducción del importe a la que se acoge. Asimismo, deberá enviar el justificante del ingreso a la Subdirección General de Inspección para continuar con el procedimiento en concordancia con la cantidad ingresada. C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeaepd.gob.es 21/24 Por último, se señala que conforme a lo establecido en el artículo 112.1 de la LPACAP, contra el presente acto no cabe recurso administrativo alguno. 1479-200126 Lorenzo Cotino Hueso Presidente de la Agencia Española de Protección de Datos >> SEGUNDO: En fecha 31 de marzo de 2026, P.L.O. ha procedido al pago de la sanción en la cuantía de 240,00 euros haciendo uso de las dos reducciones previstas en el acuerdo de inicio transcrito anteriormente, lo que implica el reconocimiento de la responsabilidad en relación con los hechos a los que se refiere el acuerdo de inicio y su calificación jurídica. TERCERO: En el acuerdo de inicio transcrito anteriormente se señalaba que, de confirmarse la infracción, podría acordarse imponer al responsable la adopción de medidas adecuadas para ajustar su actuación a la normativa mencionada en este acto, de acuerdo con lo establecido en el citado artículo 58.2
  54. d)del RGPD, según el cual cada autoridad de control podrá “ordenar al responsable o encargado del tratamiento que las operaciones de tratamiento se ajusten a las disposiciones del presente Reglamento, cuando proceda, de una determinada manera y dentro de un plazo especificado…”. Habiéndose reconocido la responsabilidad de la infracción, procede la imposición de las medidas incluidas en el acuerdo de inicio. FUNDAMENTOS DE DERECHO I Competencia De acuerdo con los poderes que el artículo 58.2 del Reglamento (UE) 2016/679 (Reglamento General de Protección de Datos, en adelante RGPD), otorga a cada autoridad de control y según lo establecido en los artículos 47, 48.1, 64.2 y 68.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante, LOPDGDD), es competente para resolver este procedimiento la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos. Asimismo, el artículo 63.2 de la LOPDGDD determina que: "Los procedimientos tramitados por la Agencia Española de Protección de Datos se regirán por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, en la presente ley orgánica, por las disposiciones reglamentarias dictadas en su desarrollo y, en cuanto no las contradigan, con carácter subsidiario, por las normas generales sobre los procedimientos administrativos." C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeaepd.gob.es 22/24 II Terminación del procedimiento El artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en lo sucesivo, LPACAP), bajo la rúbrica “Terminación en los procedimientos sancionadores” dispone lo siguiente: “1. Iniciado un procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda. 2. Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario o bien quepa imponer una sanción pecuniaria y otra de carácter no pecuniario pero se ha justificado la improcedencia de la segunda, el pago voluntario por el presunto responsable, en cualquier momento anterior a la resolución, implicará la terminación del procedimiento, salvo en lo relativo a la reposición de la situación alterada o a la determinación de la indemnización por los daños y perjuicios causados por la comisión de la infracción. 3. En ambos casos, cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, el órgano competente para resolver el procedimiento aplicará reducciones de, al menos, el 20 % sobre el importe de la sanción propuesta, siendo éstos acumulables entre sí. Las citadas reducciones, deberán estar determinadas en la notificación de iniciación del procedimiento y su efectividad estará condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción. El porcentaje de reducción previsto en este apartado podrá ser incrementado reglamentariamente.” III Pago voluntario y reconocimiento de responsabilidad De conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 85 de la LPACAP, en el acuerdo de inicio notificado se informaba sobre la posibilidad de reconocer la responsabilidad y de realizar el pago voluntario de la sanción propuesta, lo que supondría dos reducciones acumulables de un 20% cada una. Con la aplicación de estas dos reducciones, la sanción quedaría establecida en 240,00 euros y su pago implicaría la terminación del procedimiento, sin perjuicio de la imposición de las medidas correspondientes. Tras la notificación del citado acuerdo de inicio, P.L.O. ha procedido al reconocimiento de la responsabilidad y al pago voluntario de la sanción, acogiéndose a las dos reducciones previstas. De conformidad con el apartado 3 del artículo 85 LPACAP, la efectividad de las citadas reducciones estará condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción. Debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con los preceptos de la LPACAP, así como de la jurisprudencia del Tribunal Supremo en esta materia, el ejercicio del pago voluntario por el presunto responsable no exime a la administración de la obligación de resolver y notificar todos los procedimientos, cualquiera que sea su forma de iniciación. De igual forma, el artículo 88 de la citada norma establece que la resolución C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeaepd.gob.es 23/24 que ponga fin al procedimiento decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo. Por lo tanto, de acuerdo con la legislación aplicable y valorados los criterios de graduación de las sanciones, la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR la comisión de las infracciones y CONFIRMAR las sanciones determinadas en la parte dispositiva del acuerdo de inicio transcrito en la presente resolución. La suma de las citadas cuantías arroja una cantidad total de 400,00 euros. Tras haber procedido POSADA DEL LEÓN DE ORO, C.B. al pronto pago y reconocimiento de responsabilidad, se procede, en virtud del artículo 85 de la LPACAP, a la reducción de un 40% del total mencionado, lo cual supone la cantidad definitiva de 240,00 euros. La efectividad de las citadas reducciones está condicionada, en todo caso, al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa. SEGUNDO: DECLARAR la terminación del procedimiento EXP202506061, de conformidad con lo establecido en el artículo 85 de la LPACAP. TERCERO: ORDENAR a POSADA DEL LEÓN DE ORO, C.B. para que en el plazo de 3 meses desde que la presente resolución sea firme y ejecutiva, notifique a la Agencia la adopción de las medidas que se describen en los fundamentos de derecho del acuerdo de inicio transcrito en la presente resolución. CUARTO: NOTIFICAR la presente resolución a POSADA DEL LEÓN DE ORO, C.B.. QUINTO: De acuerdo con lo previsto en el artículo 85 de la LPACAP que condiciona la reducción por pago voluntario y reconocimiento de la responsabilidad al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa, la presente resolución será firme en vía administrativa y plenamente ejecutiva a partir de su notificación. De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la LOPDGDD, la presente Resolución se hará pública. La publicación se realizará una vez la resolución haya sido notificada a los interesados. Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa según lo preceptuado por el art. 114.1.
  55. c)de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados podrán interponer recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto, según lo previsto en el artículo 46.1 de la referida Ley. C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeaepd.gob.es 24/24 No obstante, conforme a lo previsto en el artículo 90.3.
  56. a)de la LPACAP, se podrá suspender cautelarmente la resolución firme en vía administrativa si el interesado manifiesta su intención de interponer recurso contencioso-administrativo. De ser éste el caso, el interesado deberá comunicar formalmente este hecho mediante escrito dirigido a la Agencia Española de Protección de Datos, presentándolo a través del Registro Electrónico de la Agencia [https://sedeaepd.gob.es/sede-electronica-web/], o a través de alguno de los restantes registros previstos en el art. 16.4 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre. También deberá trasladar a la Agencia la documentación que acredite la interposición efectiva del recurso contencioso-administrativo. Si la Agencia no tuviese conocimiento de la interposición del recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la notificación de la presente resolución, daría por finalizada la suspensión cautelar. 1259-101025 Lorenzo Cotino Hueso Presidente de la Agencia Española de Protección de Datos C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeaepd.gob.es

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