PS-00606-2013

1/15 Procedimiento Nº PS/00606/2013 RESOLUCIÓN: R/00008/2014 En el procedimiento sancionador PS/00606/2013, instruido por la Agencia Española de Protección de Datos a Don B.B.B. (como titular del CLUB XXXX, actualmente XXX), vista la denuncia presentada por la DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL y en base a los siguientes, ANTECEDENTES PRIMERO: Con fecha 17 de enero de 2013, tuvo entrada en esta Agencia escrito remitido por la DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA Y GUARDÍA CIVIL, en el que se remite informe de denuncia de la Comandancia de Cantabria de fecha 29 de diciembre de 2012, comunicando posible infracción a la Ley Orgánica 15/1999 motivada por la existencia de cámaras de vídeovigilancia en el establecimiento con denominación comercial CLUB XXXX sito en (C/...................1) (CANTABRIA) y cuyo titular es Don B.B.B., con NIF E.E.E.. En el mencionado informe, la Comandancia de la Guardia Civil manifiesta que durante inspección realizada al establecimiento propiedad de la empresa CLUB XXXX 2011 CANTABRIA S.L con CIF *********, se observa la instalación de cámaras de seguridad en el interior y exterior del local. Según manifiesta el gerente del local, el sistema de cámaras graba. El local no dispone de modelos informativos para el ejercicio de los derechos ARCO. Y existe un solo cartel informativo expuesto en el hall de entrada al club. SEGUNDO: A la vista de los hechos denunciados, en fase de actuaciones previas, por los Servicios de Inspección de esta Agencia se solicitó información a la entidad XXXX 2011 CANTABRIA S.L, teniendo conocimiento de lo siguiente: 1. Con fecha 19 de abril de 2013 se solicitó información al responsable del sistema, resultando la misma devuelta por el servicio de Correos con la indicación “AUSENTE REPARTO”. 2. Con fecha 9 de mayo de 2013 se reiteró la solicitud de información al titular del sistema, resultando la misma devuelta por el servicio de Correos con la indicación “AUSENTE REPARTO”. 3. Con fecha 4 de junio de 2013 se solicitó colaboración a la Jefatura de la Policía Local de “El Astillero”, con objeto de realizar las actuaciones oportunas encaminadas a determinar los aspectos relativos al sistema de videovigilancia denunciado. Con fecha 18 de junio de 2013 tuvo entrada en esta Agencia escrito de la Policía Local en el que comunica: C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 2/15  Actualmente y desde hace aproximadamente un mes, el CLUB XXXX ha cambiado su denominación comercial por “XXX” siendo la persona que actualmente lo regenta D. C.C.C.. En los expedientes municipales no figura el cambio de denominación comercial ni de titularidad de la actividad. El actual titular de la actividad del bar CLUB XXXX que figura en el expediente municipal F.F.F. es D. B.B.B., con NIF E.E.E. y con domicilio en C/ A.A.A. de la localidad de D.D.D.).  “XXX”, antiguo “CLUB XXXX”, se ubica en la planta inferior de un edificio de dos alturas. La planta superior está destinada a una actividad distinta a la del Bar. Ambas actividades se encuentran comunicadas por el interior del edificio, teniendo cada una de ellas accesos exteriores autónomos. Se incorpora al informe reportaje fotográfico.  Se comprueba la existencia de cuatro carteles interiores informativos de zona videovigilada en los que figura como responsable CLUB XXXX, ubicados según se indica en los planos de situación de videocámaras y carteles informativos adjuntos a este informe y cuyas fotografías se incorporan al mismo.  Existen un total de ocho videocámaras, dos de las cuales se encuentran localizadas en la parte superior de las fachadas lateral y frontal del edificio y seis cámaras interiores situadas respectivamente en la planta inferior de edificio en la que se desarrolla la actividad de bar (4 cámaras) y en la planta superior en la que se desarrolla la actividad de pensión (2 cámaras). El escrito anexa documento gráfico de los dispositivos.  El sistema de cámaras se encuentra conectado a un equipo de grabación ubicado en un armario interior de cocina, de la planta superior. La pantalla de visualización se encuentra en el mismo lugar pero fuera del citado armario.  El tiempo de grabación cubre las 24 horas del día, pasadas las mismas el equipo de grabación vuelve a grabar sobre lo hecho el día anterior. El encargado del local informa que es la única persona que accede al visionado de las imágenes y al manipulado de las cámaras, mediante clave de acceso. Asimismo comunica que carece de la documentación relativa a las videocámaras y que los dispositivos son fijos y carecen de zoom, hecho que se comprueba in situ en el lugar. El informe acompaña reportaje fotográfico del sistema de grabación y de la pantalla de visualización, en la que pueden observarse entre otras, las imágenes captadas por las cámaras exteriores y el área de vía pública que recogen. 4. Con fecha 18 de junio de 2013 y mediante diligencia de inspección, se constata con el Jefe de Policía Local de “El Astillero” que el edificio en el que se ubica el antiguo CLUB XXXX es colindante con otras industrias y que la vía que da acceso al mismo es pública. TERCERO: De la información obtenida en la Actuaciones Previas de Investigación se C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 3/15 desprende que Don B.B.B. (como titular del CLUB XXXX actualmente XXX) e), dispone en sus instalaciones ubicadas en El Astillero (Cantabria) de cámaras que captan imágenes de la vía pública, que es competencia exclusiva de los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad, por lo que no dispondría de habilitación legal para el tratamiento de imágenes. Este hecho podría suponer una infracción del artículo 6.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Asimismo, se desprende que el establecimiento carece de formularios informativos de zona videovigilada, según se recoge en el artículo 5.1 de la citada ley. Por último, no consta que haya inscrito el fichero de Videovigilancia en el Registro General de Protección de Datos. CUARTO: Con fecha 6 de noviembre de 2013, el Director de la Agencia Española de Protección de Datos acordó iniciar, procedimiento sancionador a Don B.B.B., por presunta infracción de los artículos 6.1, 5.1 y 26 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13/12, de Protección de Datos de Carácter Personal ( en lo sucesivo LOPD), tipificadas como grave y leves, respectivamente, en los artículos 44.3.b), 44.2.

1. c)y 44.2.
2. b)de dicha norma, pudiendo ser sancionada cada una, con multa de 40.001 € a 300.000 , para la infracción grave y de 900 a 40.000 euros, para cada una de las infracciones leves, de acuerdo con el artículo 45.2 y 45.1 de dicha Ley Orgánica. QUINTO: Con fecha 11 de noviembre de 2013, se procedió al intento de notificación del acuerdo de inicio al denunciado, que fue devuelto por el Servicio de Correos al constar como “Se ausentó”. Con fecha 18 de noviembre de 2013, se remitió al Ayuntamiento de Santander para su publicación en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y, finalmente, con fecha 28 de noviembre de 2013, se procedió a su publicación en el BOE. Notificado, pues, el acuerdo de inicio al denunciado, Don B.B.B. (como titular del CLUB XXXX, actualmente XXX) no ha presentado alegaciones al respecto. SEXTO: El artículo 13.2 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, señala que: “El acuerdo de iniciación se comunicará al instructor, con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto, y se notificará al denunciante, en su caso, y a los interesados, entendiendo en todo caso por tal al inculpado. En la notificación se advertirá a los interesados que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en el plazo previsto en el artículo 16.1, la iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del Reglamento.”. HECHOS PROBADOS PRIMERO: Consta acreditado, según Informe-Denuncia emitido por la Comandancia de C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 4/15 la Guardia Civil de Cantabria el 30 de diciembre de 2012 y por la Policía Local del Ayuntamiento de Astillero de 18 de junio de 2013, que las cámaras instaladas en el establecimiento con denominación comercial CLUB XXXX sito en (C/...................1) (CANTABRIA) captan y graban imágenes del interior del establecimiento y de la vía pública (folios 2 y 28-41). SEGUNDO: La Policía Local del Ayuntamiento de Astillero ha informado que en el mes del mayo de 2013, el CLUB XXXX ha cambiado su denominación comercial por “XXX”, no obstante, el actual titular de la actividad del bar CLUB XXXX que figura en el expediente municipal F.F.F. continúa siendo Don B.B.B. con NIF E.E.E. y con domicilio en C/ A.A.A. de la localidad de D.D.D.) (folio 28). TERCERO: Asimismo, la Policía Local ha informado que consta “un total de ocho videocámaras, dos de las cuales se encuentran localizadas en la parte superior de las fachadas lateral y frontal del edificio y seis cámaras interiores situadas respectivamente en la planta inferior de edificio en la que se desarrolla la actividad de bar (4 cámaras) y en la planta superior en la que se desarrolla la actividad de pensión (2 cámaras). El sistema de cámaras se encuentra conectado a un equipo de grabación ubicado en un armario interior de cocina, de la planta superior. La pantalla de visualización se encuentra en el mismo lugar pero fuera del citado armario. El tiempo de grabación cubre las 24 horas del día, pasadas las mismas el equipo de grabación vuelve a grabar sobre lo hecho el día anterior. El encargado del local informa que es la única persona que accede al visionado de las imágenes y al manipulado de las cámaras, mediante clave de acceso. Asimismo comunica que carece de la documentación relativa a las videocámaras y que los dispositivos son fijos y carecen de zoom, hecho que se comprueba in situ en el lugar”. (folios 30-40) CUARTO: Constan carteles informativos sobre la presencia de las cámaras (folios 3031) QUINTO: No consta que haya inscrito el fichero de Videovigilancia en el Registro General de Protección de Datos (42-43). SEXTO: Notificado el Acuerdo de Inicio del presente procedimiento sancionador, el denunciado no ha presentado alegaciones al respecto (folios 54-67) FUNDAMENTOS DE DERECHO I Es competente para resolver este procedimiento el Director de la Agencia Española de Protección de Datos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.
3. g)en relación con el artículo 36 de la LOPD. II El artículo 13.2 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, dispone que “El acuerdo de iniciación se comunicará al instructor, con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto, y se notificará al denunciante, en su caso, y a los interesados, entendiendo en todo caso por tal al inculpado. En la notificación se advertirá a los interesados que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en el plazo previsto en el artículo 16.1, la C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 5/15 iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del Reglamento.” De conformidad con lo expuesto, el acuerdo de iniciación correctamente notificado podrá ser considerado directamente propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso a cerca de la responsabilidad imputada. Para ello son necesarios varios requisitos: • Que dicha posibilidad sea advertida expresamente al inculpado en la notificación del acuerdo de inicio del procedimiento. • Que el acuerdo de iniciación cumpla todas las exigencias que sobre el contenido se exigen en el apartado primero del citado artículo. • Que el inculpado no presente alegaciones en plazo sobre el contenido de la iniciación. • Que como consecuencia de la instrucción no resulte modificada la determinación inicial de los hechos, de su posible calificación, de las sanciones imponible o de las responsabilidades susceptibles de sanción (Art. 16.3 del citado Real decreto) La STS de 19 de diciembre de 2000 ( RJ 2001, 2617) recaída en recurso de casación en interés de ley, interpretando el artículo 13.2 del Real Decreto 320/1994 por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de Tráfico, circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, declara que basta que el interesado no haya formulado alegaciones sobre el contenido del boletín de denuncia que inicia el procedimiento, para que no sea preceptiva la notificación de la propuesta de resolución, ni necesario, en consecuencia, el trámite de audiencia, al servir el acuerdo de iniciación como propuesta de resolución. En el presente caso, se han observado las prescripciones citadas al respecto, por lo que es conforme a derecho considerar el citado acuerdo de iniciación como propuesta de resolución. III Con carácter previo, debe señalarse que el artículo 1 de la LOPD dispone: “La presente Ley Orgánica tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar”. La LOPD, viene a regular el derecho fundamental a la protección de datos de las personas físicas, esto es, el derecho a disponer de sus propios datos sin que puedan ser utilizados, tratados o cedidos sin su consentimiento, con la salvedad de las excepciones legalmente previstas. En cuanto al ámbito de aplicación de la citada norma, el artículo 2.1 de la misma señala: “La presente Ley Orgánica será de aplicación a los datos de carácter personal registrados en soporte físico que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores público y privado”; definiéndose el concepto de dato de carácter personal en el apartado
4. a)del artículo 3 de C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 6/15 la LOPD, como “Cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables”. En lo que respecta al concepto de “fichero” el artículo 3.
5. b)de la LOPD lo define como “todo conjunto organizado de datos de carácter personal”, con independencia de la modalidad de acceso al mismo. Por su parte el artículo 3.
6. d)de la LOPD define al responsable del fichero o tratamiento como la “persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada, u órgano administrativo, que decida sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento.” El artículo 3 de la LOPD define en su letra
7. c)el tratamiento de datos como aquellas “operaciones y procedimientos técnicos de carácter automatizado o no, que permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo y cancelación, así como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias”. La garantía del derecho a la protección de datos, conferida por la normativa de referencia, requiere que exista una actuación que constituya un tratamiento de datos personales en el sentido expresado. En otro caso las mencionadas disposiciones no serán de aplicación. El artículo 5.1.
8. f)del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, define datos de carácter personal como: “Cualquier información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo, concerniente a personas físicas identificadas o identificables”. En este mismo sentido se pronuncia el artículo 2.
9. a)de la Directiva 95/46/CE del Parlamento y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la Protección de las Personas Físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, según el cual, a efectos de dicha Directiva, se entiende por dato personal “toda información sobre una persona física identificada o identificable; se considerará identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un número de identificación o uno o varios elementos específicos, característicos de su identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social”. De lo anteriormente expuesto se desprende que el concepto de dato personal, según la definición de la LOPD, requiere la concurrencia de un doble elemento: por una parte, la existencia de una información o dato y, por otra, que dicho dato pueda vincularse a una persona física identificada o identificable. Así, de conformidad con la normativa expuesta, el denunciado dispone de datos personales y los utiliza, lo que constituye un tratamiento de datos personales del que es responsable, toda vez que es quien decide sobre la finalidad, contenido y uso del citado tratamiento. IV Se imputa a Don B.B.B. como titular del CLUB XXXX (actualmente XXX) ubicado en (C/...................1) (Cantabria), la comisión de una infracción del artículo 6.1 de la LOPD, que dispone lo siguiente: C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 7/15 “1. El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa. 2. No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se recojan para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias; cuando se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento; cuando el tratamiento de los datos tenga por finalidad proteger un interés vital del interesado en los términos del artículo 7, apartado 6, de la presente Ley, o cuando los datos figuren en fuentes accesibles al público y su tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del fichero o por el del tercero a quien se comuniquen los datos, siempre que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado. 3. El consentimiento a que se refiere el artículo podrá ser revocado cuando exista causa justificada para ello y no se le atribuyan efectos retroactivos. 4. En los casos en los que no sea necesario el consentimiento del afectado para el tratamiento de los datos de carácter personal, y siempre que una Ley no disponga lo contrario, éste podrá oponerse a su tratamiento cuando existan motivos fundados y legítimos relativos a una concreta situación personal. En tal supuesto, el responsable del fichero excluirá del tratamiento los datos relativos al afectado”. Respecto a la legitimación en el tratamiento de las imágenes, la respuesta se encuentra en el artículo 2 de la Instrucción 1/2006, que establece que: “1. Sólo será posible el tratamiento de los datos objeto de la presente instrucción, cuando se encuentre amparado por lo dispuesto en el artículo 6.1 y 2 y el artículo 11.1 y 2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior la instalación de cámaras y videocámaras deberá respetar en todo caso los requisitos exigidos por la legislación vigente en la materia”. El tratamiento de datos sin consentimiento constituye un límite al derecho fundamental a la protección de datos. Este derecho, en palabras del Tribunal Constitucional en su Sentencia 292/2000, de 30 de noviembre, (F.J. 7 primer párrafo), “...consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta a la persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al individuo saber quién posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. Estos poderes de disposición y control sobre los datos personales, que constituyen parte del contenido del derecho fundamental a la protección de datos se concretan jurídicamente en la facultad de consentir la recogida, la obtención y el acceso a los datos personales, su posterior almacenamiento y tratamiento, así como su uso o usos posibles, por un tercero, sea el estado o un particular (...)”. Son pues elementos característicos del derecho fundamental a la protección de datos personales, los derechos del afectado a consentir sobre la recogida y tratamiento de sus datos personales y a saber de los mismos. En el presente expediente, cabe apreciar que las cámaras instaladas captan imágenes de personas, de conformidad con lo anteriormente expuesto. Dichas C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 8/15 imágenes, incorporan datos personales de las personas que se introducen dentro de su campo de visión y, por lo tanto, los datos personales captados están sometidos al consentimiento de sus titulares, de conformidad con lo que determina la LOPD. Dicho tratamiento, por tanto, ha de contar con el consentimiento de los afectados, circunstancia que no se ha acreditado. V Por otro lado, en este caso concreto, con relación a las cámaras instaladas en el exterior del establecimiento del denunciado, hay que señalar que para entender las especialidades derivadas del tratamiento de las imágenes en la vía pública que captan las cámaras situadas en el exterior, es preciso conocer la regulación que sobre esta materia se contempla en el artículo 1 de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos que establece: “La presente Ley regula la utilización por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de videocámaras para grabar imágenes y sonidos en lugares públicos abiertos o cerrados, y su posterior tratamiento, a fin de contribuir a asegurar la convivencia ciudadana, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, así como de prevenir la comisión de delitos, faltas e infracciones relacionados con la seguridad pública”. Este precepto es preciso ponerlo en relación con lo dispuesto en el artículo 3
10. e)de la Ley Orgánica 15/1999, donde se prevé que: “Se regirán por sus disposiciones específicas y por lo especialmente previsto, en su caso, por esta Ley Orgánica los siguientes tratamientos de datos personales:
11. e)Los procedentes de las imágenes y sonidos obtenidos mediante la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de conformidad con la legislación sobre la materia”. En virtud de todo lo expuesto, podemos destacar que la instalación de videocámaras en lugares públicos es competencia exclusiva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de ahí que la legitimación para el tratamiento de dichas imágenes se contemple en la Ley Orgánica 4/1997, y además en el mismo texto legal se regulan los criterios para instalar las cámaras y los derechos de los interesados. Asimismo, debe recordarse que el tratamiento de las imágenes deberá cumplir con el principio de proporcionalidad en el tratamiento, consagrado por el artículo 4.1 de la Ley Orgánica 15/1999, según el cual “los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido”. Así lo recuerda el artículo 4.1 de la Instrucción 1/2006, al señalar que “de conformidad con el artículo 4 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, las imágenes sólo serán tratadas cuando sean adecuadas, pertinentes y no excesivas en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, legítimas y explícitas, que hayan justificado la instalación de las cámaras o videocámaras”. En el presente procedimiento no ha quedado acreditado que el sistema de videovigilancia del denunciado estuviera acogido a las disposiciones de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, que regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos, por lo que el tratamiento de los datos recogidos en la vía pública carece de habilitación legal. C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 9/15 En este caso, las cámaras ubicadas en establecimiento del denunciado graban imágenes en las que se observa que las cámaras captan imágenes que superan la propiedad del denunciado sin que exista autorización administrativa al respecto, puesto que como ya se ha establecido “ut supra”, la instalación de cámaras en la vía pública es competencia exclusiva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. VI Por otra parte, la Directiva 95/46/CE en su Considerando 14 afirma: “