PS-00735-2013

1/15 Procedimiento Nº PS/00735/2013 RESOLUCIÓN: R/01138/2014 En el procedimiento sancionador PS/00735/2013, instruido por la Agencia Española de Protección de Datos a la entidad MINCHA SLU, vista la denuncia presentada por la DIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL y en virtud de los siguientes, ANTECEDENTES PRIMERO: Con fecha de 18 de febrero de 2013 tiene entrada en esta Agencia un escrito de la DIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL (en adelante la Guardia Civil) comunicando una posible infracción por la existencia de cámaras de videovigilancia en el establecimiento con denominación comercial Club ***NOMBRE.1, situado en el (C/.....................1), Cantabria. En su escrito la Guardia Civil manifiesta que el mencionado establecimiento carece de carteles informativos de zona videovigilada y de impresos informativos según el artículo 3.b de la Instrucción 1/2006 captando imágenes de espacios públicos y sin inscripción de fichero en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos. Igualmente la Guardia Civil comunica a esta Agencia que una de las cámaras capta imágenes de la calle que discurre por la parte trasera del club y que las imágenes se visionan desde un despacho anexo a la “sala de fiestas” y se almacenan en soporte digital. SEGUNDO: Tras la recepción de la denuncia la Subdirección General de Inspección de Datos procedió a la realización de actuaciones previas de investigación para el esclarecimiento de los hechos denunciados, teniendo conocimiento de los siguientes extremos: Con fecha 10 de mayo de 2013 se solicita información al responsable del establecimiento denunciado por la Guardia Civil teniendo entrada en esta Agencia escrito de respuesta en fecha 24 de mayo de 2013 en el que manifiestan: - El responsable del local es la entidad MINCHA SLU. - La finalidad de las cámaras es la seguridad del local. - El sistema de grabación es automático y las imágenes se eliminan a las 72 horas. - Las cámaras no se encuentran conectadas con central receptora de alarmas y a las imágenes accede únicamente el encargado del local. - Adjunta solicitud de inscripción de creación de fichero con finalidad de videovigilancia. C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 2/15 Con fecha 1 de agosto de 2013 se solicita nuevamente información al denunciado para que remita a esta Agencia la información anteriormente requerida y que no fue aportada con su escrito de fecha 24 de mayo de 2013 teniendo entrada en esta Agencia escrito de respuesta en fecha 6 de septiembre de 2013 en el que adjunta cd y manifiesta: - Las cámaras son fijas y sin zoom. - Aporta cláusula informativa según lo dispuesto en el artículo 3.b de la Instrucción 1/2006. Examinado el contenido del CD aportado por el denunciante se constata que contiene la siguiente información: o Fotografía del cartel de zona videovigilada en el que se informa en los términos previstos en el artículo 3.a de la Instrucción 1/2006. o Fotografía que muestra la ubicación de los monitores en los que se visualizan las imágenes captadas por 24 cámaras. o Plano de ubicación de las cámaras y fotografías captadas por las cámaras en las que se pone de manifiesto:  Planta sótano: cámaras números 14, 15 y 16.  Planta 0:  Cámaras interiores números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.  Ubicación de monitores en la zona de oficina.  Cámaras exteriores números: o 17: en el lateral posterior del inmueble capta imágenes de la vía pública que transcurre por la zona posterior del inmueble, la cámara se identifica en el monitor con el número 6. o 18: capta imágenes del acceso al local y zona de acceso al parking. o 19 y 20: captan imágenes del acceso al local desde la zona de aparcamiento. o 21: en la zona posterior del inmueble capta imágenes del acceso posterior al local y zona de tránsito de los vehículos que acceden al aparcamiento.  Planta 1: cámara 13 capta imágenes del pasillo.  Planta 2: cámara 12 capta imágenes del pasillo.  Planta 3: cámara 11 capta imágenes del pasillo. Según diligencia se constata la existencia de fichero con finalidad de videovigilancia en el Registro General de esta Agencia cuyo responsable es el denunciado. TERCERO: De todo lo anterior se desprende que en la sede de la entidad MINCHA C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 3/15 SLU, ubicada en el establecimiento con denominación comercial Club ***NOMBRE.1, situado en el (C/.....................1), Cantabria, se han instalado cámaras de videovigilancia en el interior y el exterior del local, que captan imágenes de las personas que se introducen dentro de su campo de visión, estas imágenes son datos personales que están sometidos al consentimiento de sus titulares, de conformidad con lo que determina la LOPD. Las cámaras de la entidad denunciada en las presentes actuaciones, captan imágenes de la vía pública. La entrada en vigor, el 27 de diciembre de 2009, de la Ley 25/2009, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (conocida como “Ley Ómnibus”), ha suprimido para la mayor parte de los casos las exigencias con respecto a la instalación de cámaras de videovigilancia, al liberalizar la comercialización, entrega, instalación y mantenimiento de estos dispositivos En todo caso, el tratamiento de las imágenes deberá cumplir los restantes requisitos exigibles en materia de protección de datos de Carácter Personal, recogidos en la Ley Orgánica y, en particular, en la instrucción 1/2006 de la Agencia Española de Protección de Datos, como son, entre otros, los relativos a que las imágenes que se capten sean las necesarias y no excesivas para la finalidad perseguida; el deber de informar a los interesados, tanto a través de la colocación de carteles informativos como mediante la puesta a disposición de aquéllos de impresos en que se detalle la información; o que el tratamiento de los datos recogidos en la vía pública esté acogido a lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, que regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos. CUARTO: Con fecha 11 de febrero de 2014, el Director de la Agencia Española de Protección de Datos acordó iniciar, procedimiento sancionador a la entidad MINCHA SLU, por presunta infracción del artículo 6.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13/12, de Protección de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD), tipificada como grave en el artículo 44.3.

1. b)de dicha norma, pudiendo ser sancionada con multa de 40.001 € a 300.000 €, de acuerdo con el artículo 45.2 de dicha Ley Orgánica. QUINTO: En fechas 19 y 20 de febrero de 2014, se intentó la notificación del citado acuerdo de inicio de procedimiento sancionador a la entidad denunciada, por medio del servicio de correos, con el resultado de “Ausente reparto se deja aviso de llegada en buzón”. Con fecha 13 de marzo de 2014, se envió para su notificación el citado acuerdo de inicio de procedimiento sancionador a la entidad denunciada, mediante su exposición en el Tablón de edictos del Ayuntamiento de Polanco, Cantabria. El edicto estuvo expuesto en el Tablón de edictos del Ayuntamiento de Polanco, Cantabria desde el 20 de marzo al 7 de abril de 2014. El 25 de marzo de 2014 se publicó en el Boletín Oficial del Estado, otorgándose al denunciado plazo para efectuar alegaciones a dicho acuerdo. SEXTO: El artículo 13.2 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 4/15 señala que: “El acuerdo de iniciación se comunicará al instructor, con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto, y se notificará al denunciante, en su caso, y a los interesados, entendiendo en todo caso por tal al inculpado. En la notificación se advertirá a los interesados que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en el plazo previsto en el artículo 16.1, la iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del Reglamento.” HECHOS PROBADOS PRIMERO: La Patrulla Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil de Polanco comunicó a esta Agencia la posible infracción del sistema de videovigilancia instalado en el establecimiento “Club ***NOMBRE.1”, situado en el (C/.....................1), Cantabria. La Guardia Civil manifiesta que carece de carteles e impresos informativos según el artículo 3.b de la Instrucción 1/2006, que capta imágenes de espacios públicos y que carece de inscripción de fichero en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos. También comunica que se captan imágenes de la calle que discurre por la parte trasera del club y que las imágenes se visionan desde un despacho anexo a la “sala de fiestas” y se almacenan en soporte digital. SEGUNDO: Por la Inspección de Datos de esta Agencia se solicitó información al responsable del sistema de videovigilancia denunciado, teniendo conocimiento de los siguientes extremos: El responsable del local es la entidad MINCHA SLU. La finalidad de las cámaras es la seguridad del local. El sistema graba imágenes que se eliminan a las 72 horas. Las cámaras no están conectadas con central receptora de alarmas y a las imágenes accede únicamente el encargado del local. Se adjunta solicitud de inscripción de creación de fichero con finalidad de videovigilancia. TERCERO: Se solicitó nuevamente al denunciado que remitiese la información requerida, manifestando lo siguiente: Que las cámaras son fijas y sin zoom. Se aporta cláusula informativa según lo dispuesto en el artículo 3.b de la Instrucción 1/2006. Se adjunta un CD y examinado su contenido se constata que contiene la siguiente información: Fotografía del cartel de zona videovigilada en el que se informa en los términos previstos en el artículo 3.a de la Instrucción 1/2006. Fotografía que muestra la ubicación de los monitores en los que se visualizan las imágenes captadas por 24 cámaras. Plano de ubicación de las cámaras y fotografías de lo captado en las que se pone de manifiesto: C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 5/15 En la planta sótano están instaladas 3 cámaras. En la planta 0 hay 10 cámaras en el interior y 5 en el exterior que captan imágenes de la vía pública en la zona posterior del inmueble. En las plantas 1, 2 y 3 está instalada 1 cámara en el pasillo en cada una de ellas. Según diligencia se constata la existencia de fichero con finalidad de videovigilancia en el Registro General de esta Agencia cuyo responsable es el denunciado. FUNDAMENTOS DE DERECHO I Es competente para resolver este procedimiento el Director de la Agencia Española de Protección de Datos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.
2. g)en relación con el artículo 36 de la LOPD. II Dispone el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre en cuanto a la práctica de las notificaciones: “ Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o el medio a que se refiere el punto 1 de este artículo, o bien, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento en su último domicilio, en el Boletín Oficial del Estado, de la Comunidad Autónoma o de la Provincia, según cuál sea la Administración de la que se proceda el acto a notificar, y el ámbito territorial del órgano que lo dictó.” En el presente caso se han observado las prescripciones legales, tal como se ha señalado en los Antecedentes Cuarto y Quinto de la presente Resolución. III El artículo 13.2 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora., dispone que “El acuerdo de iniciación se comunicará al instructor, con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto, y se notificará al denunciante, en su caso, y a los interesados, entendiendo en todo caso por tal al inculpado. En la notificación se advertirá a los interesados que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en el plazo previsto en el artículo 16.1, la iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 6/15 pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del Reglamento.” De conformidad con lo expuesto, el acuerdo de iniciación correctamente notificado podrá ser considerado directamente propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso a cerca de la responsabilidad imputada. Para ello son necesarios varios requisitos: • Que dicha posibilidad sea advertida expresamente al inculpado en el acuerdo de notificación. • Que el acuerdo de iniciación cumpla todas las exigencias que sobre el contenido se exigen en el apartado primero del citado artículo. • Que el inculpado no presente alegaciones en plazo sobre el contenido de la iniciación. • Que como consecuencia de la instrucción no resulte modificada la determinación inicial de los hechos, de su posible calificación, de las sanciones imponible o de las responsabilidades susceptibles de sanción. (Art. 16.3 del citado Real decreto. La STS de 19 de diciembre de 2000 (RJ 2001, 2617) recaída en recurso de casación en interés de ley, interpretando el artículo 13.2 del Real Decreto 320/1994 por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de Tráfico, circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, declara que basta que el interesado no haya formulado alegaciones sobre el contenido del boletín de denuncia que inicia el procedimiento, para que no sea preceptiva la notificación de la propuesta de resolución, ni necesario, en consecuencia, el trámite de audiencia, al servir el acuerdo de iniciación como propuesta de resolución. En el presente caso, se han observado las prescripciones citadas al respecto, por lo que es conforme a derecho considerar el citado acuerdo de iniciación como propuesta de resolución. IV Con carácter previo, debe señalarse que el artículo 1 de la LOPD dispone: “La presente Ley Orgánica tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar”. La LOPD, viene a regular el derecho fundamental a la protección de datos de las personas físicas, esto es, el derecho a disponer de sus propios datos sin que puedan ser utilizados, tratados o cedidos sin su consentimiento, con la salvedad de las excepciones legalmente previstas. En cuanto al ámbito de aplicación de la citada norma, el artículo 2.1 de la misma señala: “La presente Ley Orgánica será de aplicación a los datos de carácter personal registrados en soporte físico que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores público y privado”; C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 7/15 definiéndose el concepto de dato de carácter personal en el apartado
3. a)del artículo 3 de la LOPD, como “Cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables”. En lo que respecta al concepto de “fichero” el artículo 3.
4. b)de la LOPD lo define como “todo conjunto organizado de datos de carácter personal”, con independencia de la modalidad de acceso al mismo. Por su parte el artículo 3.
5. d)de la LOPD define al responsable del fichero o tratamiento como la “persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada, u órgano administrativo, que decida sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento.” El artículo 3 de la LOPD define en su letra
6. c)el tratamiento de datos como aquellas “operaciones y procedimientos técnicos de carácter automatizado o no, que permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo y cancelación, así como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias”. La garantía del derecho a la protección de datos, conferida por la normativa de referencia, requiere que exista una actuación que constituya un tratamiento de datos personales en el sentido expresado. En otro caso las mencionadas disposiciones no serán de aplicación. El artículo 5.1.
7. f)del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, define datos de carácter personal como: “Cualquier información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo, concerniente a personas físicas identificadas o identificables”. En este mismo sentido se pronuncia el artículo 2.
8. a)de la Directiva 95/46/CE del Parlamento y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la Protección de las Personas Físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, según el cual, a efectos de dicha Directiva, se entiende por dato personal “toda información sobre una persona física identificada o identificable; se considerará identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un número de identificación o uno o varios elementos específicos, característicos de su identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social”. De lo anteriormente expuesto se desprende que el concepto de dato personal, según la definición de la LOPD, requiere la concurrencia de un doble elemento: por una parte, la existencia de una información o dato y, por otra, que dicho dato pueda vincularse a una persona física identificada o identificable. Así, de conformidad con la normativa expuesta, el denunciado dispone de datos personales y los utiliza, lo que constituye un tratamiento de datos personales del que es responsable, toda vez que es quien decide sobre la finalidad, contenido y uso del citado tratamiento. V Se imputa a la entidad MINCHA SLU como responsable del sistema de C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 8/15 videovigilancia instalado en el establecimiento con denominación comercial Club ***NOMBRE.1, situado en el (C/.....................1), Cantabria, la comisión de una infracción del artículo 6.1 de la LOPD, que dispone lo siguiente: “1. El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa. 2. No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se recojan para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias; cuando se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento; cuando el tratamiento de los datos tenga por finalidad proteger un interés vital del interesado en los términos del artículo 7, apartado 6, de la presente Ley, o cuando los datos figuren en fuentes accesibles al público y su tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del fichero o por el del tercero a quien se comuniquen los datos, siempre que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado. 3. El consentimiento a que se refiere el artículo podrá ser revocado cuando exista causa justificada para ello y no se le atribuyan efectos retroactivos. 4. En los casos en los que no sea necesario el consentimiento del afectado para el tratamiento de los datos de carácter personal, y siempre que una Ley no disponga lo contrario, éste podrá oponerse a su tratamiento cuando existan motivos fundados y legítimos relativos a una concreta situación personal. En tal supuesto, el responsable del fichero excluirá del tratamiento los datos relativos al afectado”. Respecto a la legitimación en el tratamiento de las imágenes, la respuesta se encuentra en el artículo 2 de la Instrucción 1/2006, que establece que: “1. Sólo será posible el tratamiento de los datos objeto de la presente instrucción, cuando se encuentre amparado por lo dispuesto en el artículo 6.1 y 2 y el artículo 11.1 y 2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior la instalación de cámaras y videocámaras deberá respetar en todo caso los requisitos exigidos por la legislación vigente en la materia”. El tratamiento de datos sin consentimiento constituye un límite al derecho fundamental a la protección de datos. Este derecho, en palabras del Tribunal Constitucional en su Sentencia 292/2000, de 30 de noviembre, (F.J. 7 primer párrafo), “...consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta a la persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al individuo saber quién posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. Estos poderes de disposición y control sobre los datos personales, que constituyen parte del contenido del derecho fundamental a la protección de datos se concretan jurídicamente en la facultad de consentir la recogida, la obtención y el acceso a los datos personales, su posterior almacenamiento y tratamiento, así como su uso o usos posibles, por un tercero, sea el estado o un particular (...)”. Son pues elementos característicos del derecho fundamental a la protección de datos personales, los derechos del afectado a consentir sobre la recogida y tratamiento de sus datos personales y a saber de los mismos. C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 9/15 En el presente expediente, cabe apreciar que las cámaras instaladas captan imágenes de personas, de conformidad con lo anteriormente expuesto. Dichas imágenes, incorporan datos personales de las personas que se introducen dentro de su campo de visión y, por lo tanto, los datos personales captados están sometidos al consentimiento de sus titulares, de conformidad con lo que determina la LOPD. Dicho tratamiento, por tanto, ha de contar con el consentimiento de los afectados, circunstancia que no se ha acreditado. VI Por otro lado, en este caso concreto, con relación a las cámaras instaladas en el establecimiento objeto de denuncia, hay que señalar que para entender las especialidades derivadas del tratamiento de las imágenes en la vía pública que captan las cámaras situadas en el exterior, es preciso conocer la regulación que sobre esta materia se contempla en el artículo 1 de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos que establece: “La presente Ley regula la utilización por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de videocámaras para grabar imágenes y sonidos en lugares públicos abiertos o cerrados, y su posterior tratamiento, a fin de contribuir a asegurar la convivencia ciudadana, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, así como de prevenir la comisión de delitos, faltas e infracciones relacionados con la seguridad pública”. Este precepto es preciso ponerlo en relación con lo dispuesto en el artículo 3
9. e)de la Ley Orgánica 15/1999, donde se prevé que: “Se regirán por sus disposiciones específicas y por lo especialmente previsto, en su caso, por esta Ley Orgánica los siguientes tratamientos de datos personales:
10. e)Los procedentes de las imágenes y sonidos obtenidos mediante la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de conformidad con la legislación sobre la materia”. En virtud de todo lo expuesto, podemos destacar que la instalación de videocámaras en lugares públicos es competencia exclusiva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de ahí que la legitimación para el tratamiento de dichas imágenes se contemple en la Ley Orgánica 4/1997, y además en el mismo texto legal se regulan los criterios para instalar las cámaras y los derechos de los interesados. Asimismo, debe recordarse que el tratamiento de las imágenes deberá cumplir con el principio de proporcionalidad en el tratamiento, consagrado por el artículo 4.1 de la Ley Orgánica 15/1999, según el cual “los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido”. Así lo recuerda el artículo 4.1 de la Instrucción 1/2006, al señalar que “de conformidad con el artículo 4 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, las imágenes sólo serán tratadas cuando sean adecuadas, pertinentes y no excesivas en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, legítimas y explícitas, que hayan justificado la instalación de las cámaras o videocámaras”. C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 10/15 En el presente procedimiento no ha quedado acreditado que el sistema de videovigilancia del denunciado estuviera acogido a las disposiciones de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, que regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos, por lo que el tratamiento de los datos recogidos en la vía pública carece de habilitación legal. La instalación de videovigilancia denunciada ha sido objeto de denuncia por parte de la Patrulla Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil de Polanco quien comunicó a esta Agencia la posible infracción del sistema de videovigilancia instalado en el establecimiento denominado “Club ***NOMBRE.1”. La Guardia Civil observó que dicho establecimiento carecía de carteles e impresos informativos de zona videovigilada y que carece de inscripción de fichero en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos. También comunica que se captan imágenes de la calle que discurre por la parte trasera del club y que las imágenes se visionan desde un despacho anexo a la “sala de fiestas” y se almacenan en soporte digital. La entidad denunciada aportó constancia de la instalación de carteles e impresos informativos de zona videovigilada y aportó información de las 24 cámaras instaladas. Del examen de las imágenes captadas por las cámaras instaladas en el exterior, la inspección de esta Agencia comprueba que captan imágenes de la vía pública en la zona posterior del inmueble En este caso, las cámaras ubicadas en la sede del establecimiento de la entidad denunciada situada en el (C/.....................1), Cantabria, captan imágenes de la vía pública sin que tenga autorización administrativa al respecto, puesto que como ya se ha establecido “ut supra”, la instalación de cámaras en la vía pública es competencia exclusiva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. VII Por otra parte, la Directiva 95/46/CE en su Considerando 14 afirma: “