REPOSICION-A-00251-2015

1/9 Procedimiento nº: A/00251/2015 ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00896/2015 Examinado el recurso de reposición interpuesto por Don A.A.A. contra la resolución dictada por la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos en el procedimiento de apercibimiento, A/00251/2015, y en base a los siguientes, HECHOS PRIMERO: Con fecha 3 de noviembre de 2015, se dictó resolución por la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos en el procedimiento A/00251/2015, en virtud de la cual se acordaba proceder al ARCHIVO del procedimiento al haber procedido la parte denunciada a la “retirada de todas las cámaras” que se encontraban instaladas en la fachada de la vivienda, de manera que no se produce tratamiento de datos de carácter personal. Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 10/11/2015, fue dictada previa la tramitación del correspondiente procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la LOPD. SEGUNDO. Como hechos probados del citado procedimiento A/00251/2015, quedó constancia de los siguientes: PRIMERO. En fecha 11/12/2013 se recibe en esta Agencia escrito de D. A.A.A. en el que denuncia de manera sucinta lo siguiente: “Soy heredero y propietario pro indiviso de una finca junto con mis primos y hermanos…han instalado hace casi un año cuatro cámaras de video-vigilancia sin nuestro consentimiento ya que graban la finca que igualmente es nuestra, lo que atenta a nuestro derecho a la intimidad y a nuestro derecho a la protección de datos (…)”—folio nº 1--. Aporta junto con su denuncia material fotográfico que acredita la existencia de las cámaras en cuestión (folio nº 5). SEGUNDO. Consta acreditado la existencia de un sistema de video-vigilancia en la finca sita en (C/.........1) (Madrid) estando instalada la cámara/s en la fachada de la vivienda propiedad de Dª. B.B.B.. De las dos cámaras una de ellas está orientada hacia la cancela de entrada de la finca y la otra hacia el jardín interior de la misma. TERCERO. No se ha procedido a aportar al presente procedimiento documento alguno (prueba documental) que acredite en derecho que se ha obtenido el consentimiento de todos los titulares de la finca para la instalación de un sistema de video-vigilancia. CUARTO. No consta acreditado que el denunciado disponga de formulario C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 2/9 informativo de los derechos reconocidos en la LOPD (art. 5) a disposición de cualquier interesado en el interior de la vivienda. QUINTO. Del material fotográfico aportado (prueba documental) por la parte denunciada en fecha 02/10/15 consta acreditado la inexistencia de cámara/s de videovigilancia en la fachada exterior de la vivienda. TERCERO. Don A.A.A. (en lo sucesivo el recurrente) ha presentado en fecha 13 de noviembre de 2015, en esta Agencia Española de Protección de Datos, recurso de reposición fundamentándolo, básicamente, en los siguientes extremos: “Es increíble que con los datos y pruebas la AEPD no tenga claro si las cámaras grababan o almacenaban imágenes, ya que los denunciados mienten en esta prueba fundamental y niegan la existencia inequívoca de las imágenes. …lo que verdaderamente tiene que dictaminar la AEPD y que aclara rotundamente mediante prueba admisible en derecho de las grabaciones y/o almacenamientos del sistema de cámaras, dado que los mismos denunciados lo declaran y aportan las pruebas que la AGPD debería haber constatado en el juzgado en el que están depositadas esas pruebas junto con las imágenes captadas ya aportadas. Me resulta inadmisible que el hecho de grabar y vigilar, no lo haya constatado la AEPD para dictar resolución, dado que es casi el único punto principal en este expediente y que claramente vulnera mis derechos y constituye una infracción grave según el art. 6 LOPD, cuya única finalidad es acosarme y vigilarme. Pongo a disposición (Documento. Nº 4) todos los e-mails para que no quede lugar a dudas, que el consentimiento que di fue el de vigilar y controlar el interior de la vivienda y un metro del perímetro solamente…pero nunca controlar y vigilar el exterior de la vivienda, que corresponde con el resto de la finca en copropiedad y en proindiviso. Igualmente, pongo de nuevo en conocimiento de la AEPD que los denunciados se han opuesto hasta la fecha a cumplir sentencias de entrega de llaves mi persona en tres sentencias que igualmente adjunto (documento nº 5). En lo referente a la acreditación que el denunciado ha comunicado a esta Agencia de medidas correctoras, decir que es mentira, ya que no ha retirado todas las cámaras de la fachada exterior. Adjunto video (documento nº 8) a día 30 de septiembre de 2015 dónde claramente se puede apreciar que dos cámaras no han sido retiradas. Echo que nuevamente y de mala fe debería ser tomado en cuenta en la siguiente resolución, puesto que la intención es la de tomarnos el pelo tanto a la AGPD como a mi persona, puesto que les he informado de que no pueden dejar ninguna ni cambiarlas de sitio, y si así lo hicieran volvería a denunciarlo a la AGPD. Todo lo expuesto en los puntos anteriores además de recordar que la parte demandada no ha colocado nunca cartel informativo del sistema de video-vigilancia como dicta la ley, ni tampoco lo ha registrado C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 3/9 Por todo lo expuesto pido y ruego al Director de la Agencia que se tengan en cuenta estos errores o descuidos de la AGPD que son fundamentales y rectifiquen la resolución ya que está sobradamente probado que las cámaras graban y captan imágenes, lo que debería conllevar una sanción. Dado que el 30 de septiembre no se habían retirado las cámaras pido a la AGPD que solicite a los denunciados la fecha de las imágenes de las medidas correctoras adoptadas ya que me parece ilógico quitar una cámara y dejar otras tan sólo tres días antes, ya que vengo sufriendo esta videovigilancia desde diciembre del año 2013, saltándose mis derechos con el único motivo de acosarme. Del resto de cuestiones legales se han y se siguen dirimiendo en los juzgados, como ya se han aportado documentos y sentencias”. CUARTO. En fecha 16/11/2015 se presentan por la parte recurrente “nuevos” documentos en orden a demostrar pruebas que evidencien grabaciones que en “nuestra resolución no tenéis pruebas de ello”, para que se proceda a modificar dicha resolución. FUNDAMENTOS DE DERECHO I Es competente para resolver el presente recurso la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en lo sucesivo LRJPAC). II Antes de entrar en el fondo del asunto, convine matizar que esta Agencia no va a entrar en la medida de lo posible a analizar cuestiones ajenas al marco competencial de la misma, como es la cuestión planteada del cumplimiento o no de “resoluciones judiciales”. Con carácter meramente informativo el art. 117.3 CE (Constitución española de 1978) dispone lo siguiente:”El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan” (*la negrita pertenece a esta Agencia). La cuestión principal trae causa de la denuncia presentada por el recurrente en esta Agencia en fecha 11/12/2013 en la que se manifiesta de manera sucinta lo siguiente: “Soy heredero y propietario pro indiviso de una finca junto con mis primos y hermanos…han instalado hace casi un año cuatro cámaras de video-vigilancia sin nuestro consentimiento ya que graban la finca que igualmente es nuestra, lo que atenta a nuestro derecho a la intimidad y a nuestro derecho a la protección de datos (…)”—folio nº 1--. De la documentación remitida pueden extraerse las siguientes circunstancias fácticas de C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 4/9 relevancia para la emisión de la presente resolución: La controversia principal se centra en la instalación de un sistema de videovigilancia (constituido por varia cámaras) en la fachada de la vivienda sita en la finca con dirección en (C/.........1) (Madrid) sin contar con el consentimiento de todos los titulares de la misma. Hay que tomar en consideración que se trata de una propiedad en régimen de proindiviso, lo que conlleva una pluralidad de propietarios en asignación de participaciones. Consta acreditado en el Registro de la Propiedad que dicha finca aparece inscrita a favor de Doña C.C.C., en cuanto a las tres dieciochoavas partes indivisas en usufructo vitalicio y a favor de D. A.A.A. (denunciante) en cuanto a una dieciochoava parte indivisa en nuda propiedad a título de herencia intestada, en escritura otorgada en Navalcarnero el 21 de mayo de 2009 ante el Notario Don D.D.D. (nº **** de su protocolo). La figura del proindiviso o comunidad de bienes está regulada por el Código Civil que en su art. 392 dispone “Hay comunidad cuando la propiedad de una cosa o de un derecho pertenece pro indiviso a varias personas. A falta de contratos, o de disposiciones especiales, se regirá la comunidad por las prescripciones de este título”. Con motivo de la interposición del presente recurso, la parte recurrente aporta nueva documentación, que no había sido aportada hasta la fecha y que permite entrar conocer en mayor profundidad el fondo del asunto planteado. En concreto la Diligencia de Inspección ocular asociada al Atestado nº ***NÚMERO.1 emitido por la Comandancia de la Guardia Civil (Puesto de Navalcarnero) en dónde se plasma lo siguiente: “Que personados en el lugar descrito anteriormente se observa una finca de unos 10000 metros cuadrados, vallada por todos sus perímetros, que dentro de esta se encuentra una vivienda habitual de la denunciante y en la parte de la puerta de acceso a la finca hay plantadas varias arizónicas, observándose que se encuentran seis de las plantas descritas cortadas a ras del tronco y con el follaje de estas tiradas en el suelo y que según manifiesta la denunciante lo ha realizado un primo suyo sin su consentimiento” (* el subrayado pertenece a esta Agencia). A mayor abundamiento en la ratificación de la denuncia realizada por Doña B.B.B. ante el puesto de la Guardia Civil de Navalcarnero en fecha 13/12/2013 declara en calidad de denunciante/perjudicado lo siguiente: “Que su sobrino político, A.A.A., entra en la finca dónde reside la dicente, cuando no está ella o sus convivientes y se dedica a podar la arizónica, que la está destrozando. También en estas dos ocasiones lo que corta lo deja esparcido por allí y un coche que metió él en su momento, entra y lo mueve, la dicente lo tienen que mover para poder entrar. Ahí veces que no lo ve en el área de las cámaras y no sabe lo que hace. Hoy todavía no ha entrado la dicente, si observa que hay algún otro daño ampliará la denuncia”. La cuestión que es objeto de denuncia se concreta en una presunta infracción C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 5/9 penal: Falta de daños (*actual delito de daños leves) en la finca objeto de discusión entre las partes. Conviene en este caso, recordar a la parte recurrente que cualquier persona que considere ser víctima de un presunto delito y/o falta puede valerse en orden a sostener su acusación particular de los medios de prueba admisibles en derecho, poniéndolo en conocimiento de la autoridad administrativa y/o judicial competente para entrar a conocer del fondo del asunto, que será al que le corresponda valorar libremente la pertinencia, adecuación y en su caso licitud de la misma. Ello es lo que ocurre en este caso, a pesar de la disconformidad de la parte recurrente, las pruebas (imágenes captadas) son aportadas en sede judicial por la parte denunciada, valiéndose en este caso sin que conste acreditado fehacientemente del sistema de video-vigilancia instalado en la finca. El art. 18.1 CE garantiza además del derecho al honor y a la intimidad personal y familiar, el derecho de toda persona a la propia imagen, y al ubicarlo en ese contexto, lo hace formar parte de la esencia de cada cual en lo que se conocen como los derechos de la personalidad, lo que hace suponer que su protección ha de estar muy reforzada. La jurisprudencia introduce, para una correcta valoración de la obtención de la prueba, el correctivo de la proporcionalidad, por el que la grabación de un investigado sin su conocimiento y consentimiento, supone una ingerencia en sus derechos de la personalidad a no ser que esté justificada por motivos de prevención y/o investigación del delito. La instalación de videocámaras no se justifica legalmente en todos los casos, sino sólo en aquellos supuestos en los que la finalidad de vigilancia no pueda satisfacerse mediante otros medios que, sin que exijan unos esfuerzos desproporcionados, resulten menos intrusivos para la intimidad de las personas. La instalación debe ajustarse a la Instrucción 1/2006 , de 8 de noviembre, de la Agencia Española de Protección de Datos (BOE número 296 de 12 de diciembre de 2006), sobre el tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras. Las imágenes como documento que son pueden utilizarse, tanto probar en el seno de un proceso (civil o penal): aspectos importantes que determinan y configuran la dinámica del delito, así como la identidad del autor de un delito y/o falta. Por tanto la aportación al proceso de las filmaciones (extensible de igual modo a las conversaciones en audio) incluso las subrepticias, hechas por uno de sus interlocutores sin saberlo los demás, son válidas, si no están viciadas de mala fe por previa provocación o están manipuladas ofreciendo una secuencia distorsionada, cosa que no concurre por el hecho de que al grabarlas ya se tenga la intención de hacerlas valer en juicio. A lo anterior cabe añadir que las constantes disputas entre las partes (civiles y penales), derivadas de una controversia hereditaria, reconocidas por ambas partes, permiten apreciar el juicio de idoneidad y proporcionalidad de la instalación de las C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 6/9 cámaras de seguridad, puesto que se trata de un mecanismo idóneo para poder evitar la reiteración de situaciones conflictivas entre ellas. Es necesario recordar a la parte recurrente, que la parte denunciada puede valerse como medio de prueba de grabaciones audio/video, realizadas a modo de ejemplo con el móvil particular o bien obtenidas del sistema de video-vigilancia reorientado (si así lo estima necesario atendiendo a la circunstancias del caso) para acreditar conductas penales, actos vandálicos, destrozos en la propiedad, amenazas o “molestias” del tipo que sean, cediendo en este caso el derecho a la intimidad del afectado y correspondiendo al órgano judicial proceder a valorar las mismas. Desde el punto de vista de la protección de datos entiende esta Agencia, que en la vivienda sita en terreno de propiedad privada de la denunciada se pueden instalar cámaras de video-vigilancia, siempre que las mismas estén orientadas hacia el lindero de su parcela (zona interior de la misma y principales accesos), que cuente con el preceptivo cartel informativo de zona video-vigilada (vgr. en la entrada de la parcela), que proceda en caso de grabar imágenes a realizar la inscripción del fichero en el Registro General de la AEPD y que disponga en su caso de formulario/s en el interior de la vivienda para poder ejercitar los derechos en el marco de la LOPD. III Considera el recurrente en el punto nº 3 de su argumentación que esta Agencia realiza una mala “interpretación” de sus alegaciones al considerar que “nunca dio consentimiento para vigilar y controlar el exterior de la vivienda”. Contrariamente a lo manifestado por el recurre en la resolución de esta Agencia de fecha 03/11/2015 se estimaba este punto de su pretensión en los siguientes términos que reproducimos del tenor literal de la misma. “En lo relativo al “consentimiento” otorgado por el denunciante, que justifica la parte denunciada en la aportación al presente procedimiento de un mail privado entre las partes; cabe indicar que de la lectura del mismo no se infiere un consentimiento admisible en el marco de la LOPD, sino en primer término se les advierte sobre la ilegalidad del sistema instalado, estando condicionada la voluntad permisiva del afectado al cumplimiento de los parámetros legales, cosa que no consta acreditada que se haya realizado. Por tanto se procede a rechazar la validez del mail mencionado como medio de acreditar la obtención del consentimiento informado del afectado”. Nótese incluso que se procedió al subrayado de un párrafo a efectos de destacar que esta Agencia no consideraba que el mail aportado por la parte denunciada justificaba per se el consentimiento inequívoco del afectado en el marco de la normativa vigente en materia de protección de datos, sino que el mencionado mail lo único que acreditaba era un consentimiento condicionado al cumplimiento en su caso de la normativa vigente mencionada ampliamente en la citada resolución de esta Agencia. Asimismo, el citado “consentimiento” se requiere para la captación de imágenes C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 7/9 exteriores (como puede ser el caso de la puerta de entrada a la finca que comparten ambas partes), pero no se requiere el mismo para la grabación de la parte correspondiente a la propiedad privada de la parte denunciada. No obstante, como se ha señalado en el Fundamento jurídico II el consentimiento del afectado puede ceder en el caso de transmisión de las imágenes obtenidas a través de un sistema de video-vigilancia al Juzgado de Instrucción correspondiente con motivo de la denuncia de un presunto ilícito penal (vgr. actos de vandalismo en propiedad privada, amenazas entre las partes, etc). El art. 11.2 LOPD (LO 15/99) dispone lo siguiente: “El consentimiento exigido en el apartado anterior no será preciso: d) Cuando la comunicación que deba efectuarse tenga por destinatario al Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal o los Jueces o Tribunales o el Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas. Tampoco será preciso el consentimiento cuando la comunicación tenga como destinatario a instituciones autonómicas con funciones análogas al Defensor del Pueblo o al Tribunal de Cuentas”. Igualmente, realiza una interpretación “torticera” el recurrente de la normativa vigente en la materia al manifestar en el punto nº 5 de su escrito lo siguiente: “…puesto que les he informado de que no pueden dejar ninguna ni cambiarlas de sitio, y si así lo hicieran volvería a denunciarlo a la AGPD”. Esta Agencia ha señalado de conformidad con la normativa vigente que las cámaras de video-vigilancia instaladas con motivo de seguridad deben estar orientadas hacia el interior de la vivienda (puerta, ventanas de acceso de la misma, etc) no pudiendo captar zonas exteriores o públicas, lo que no implica que se tengan como interpreta el recurrente que desmantelar de su ubicación actual, máxime si como alegó la parte denunciada “el sistema no está operativo” esto es: no capta, ni graba imagen alguna. Por tanto, la mera existencia de cámaras en la fachada de la vivienda, salvo que se acredite fehacientemente que las mismas no cumplen la legalidad vigente, no tiene por qué ser objeto de nueva denuncia ante esta Agencia, ni procede la “retirada” de las mismas. Cabe indicar que entra en contradicción el propio recurrente al denunciar en el punto nº 6 lo siguiente “…además de recordar que la parte demandada nunca ha colocado cartel informativo del sistema de vigilancia como dicta la ley, ni tampoco lo ha registrado”; sin embargo, aporta copia del Atestado nº ***NÚMERO.1 realizado por agentes de la Guardia Civil (Comandancia de Madrid Compañía de Getafe Puesto de Navalcarnero) de fecha 14/12/2013 en dónde se constata fehacientemente lo siguiente: “…que asimismo se informa que hay carteles informativos de que se están realizando grabaciones permanentes en el interior del recinto” (*la negrita pertenece a esta Agencia). El art. 137.3 de la Ley 30/92, 26 de noviembre dispone:”Los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad, y que se formalicen en documento público observando los requisitos legales pertinentes, tendrán valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 8/9 intereses puedan señalar o aportar los propios administrados”. Por lo que a tenor del atestado policial se ha de considerar que el recurrente conocía de la existencia del sistema de video-vigilancia, así como que contrariamente a lo expuesto podía ser grabado. En su escrito de recurso el recurrente considera que la parte denunciada “miente” en sus alegaciones ante esta Agencia, así como “que a fecha 30 de septiembre de 2015 dos cámaras no han sido retiradas”. Examinado el expediente con número de referencia A/00251/2015 la parte denunciada procedió a realizar alegaciones a esta Agencia en relación a los “hechos” en fecha 02/10/15, esto es, las fotografías aportadas como medio de prueba en las que manifiesta la retirada de la cámara/s de la fachada exterior de la vivienda son de una fecha posterior a las que aporta el denunciante; por lo que dicho medio de prueba ha de ser desestimado, dado que no acredita la existencia de la cámara/s en cuestión y por ende la presunta falsedad de las declaraciones de la parte denunciada. Finalmente, ante la insistencia de la parte recurrente en una sanción económica ejemplarizante para la parte denunciada, conviene precisar que la misma goza del derecho a la presunción de inocencia, así como a exponer las alegaciones en su descargo que estime precisas y necesarias en relación a los hechos denunciados; a lo que cabe añadir la modificación efectuada por el Legislador en la normativa vigente que permite a esta Agencia procede a apercibir con carácter previo a la imposición de una sanción administrativa (ver artículo 45.6 LOPD) atendiendo entre otras cosas a la circunstancias del caso en cuestión. Esta Agencia no es ajena a la situación de “conflicto” entre las partes, como lo acreditan las innumerables sentencias (civiles, penales e incluso resoluciones administrativas) que desde el año 2013 se han aportado a la causa, acreditando una actuación intencionada de ambas en desvirtuar la realidad de los “hechos” con la finalidad de continuar con el conflicto señalado, entorpeciendo igualmente la labor de esta Agencia a la hora de poder conocer con exactitud la veracidad o falsedad de los mismos. Dado, igualmente, que igualmente la cuestión está siendo objeto de enjuiciamiento en sede judicial (Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 6 Madrid PO derecho al honor 118/2015) entiende esta Agencia que es en sede judicial en dónde las partes han de dirimir sus controversias poniendo en conocimiento del titular del Juzgado todos los extremos que consideren convenientes en aras de la tutelas de sus respectivos derechos; siendo en este caso el titular del Juzgado de lo civil el que deberá acreditar si la cámara/s instalada ha supuesto una invasión del derecho a la intimidad del recurrente o si la misma debe permanecer en orden a “evitar” situaciones de conflicto entre las mismas, siendo las imágenes captadas necesarias para acreditar hipotéticos incumplimientos y/o irregularidades por la parte recurrente,. III Por lo tanto, en el presente recurso de reposición, Don A.A.A. no ha aportado C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 9/9 nuevos hechos o argumentos jurídicos que permitan reconsiderar la validez de la resolución impugnada; por lo que se ha de proceder a desestimar el presente recurso de reposición. Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación, La Directora de la Agencia Española de Protección de Datos RESUELVE: PRIMERO: DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto por A.A.A. contra la Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos dictada con fecha 3 de noviembre de 2015, en el procedimiento A/00251/2015. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la parte recurrente Don A.A.A.. De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 37 de la LOPD, en la redacción dada por el artículo 82 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, la presente Resolución se hará pública, una vez haya sido notificada a los interesados. La publicación se realizará conforme a lo previsto en la Instrucción 1/2004, de 22 de diciembre, de la Agencia Española de Protección de Datos sobre publicación de sus Resoluciones y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 116 del Real Decreto 1720/2007, de 21 diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la LOPD. Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto según lo previsto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta del referido texto legal. Mar España Martí Directora de la Agencia Española de Protección de Datos C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es