REPOSICION-PS-00044-2022

1/9  Expediente nº.: EXP202103904 RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN Examinado el recurso de reposición interpuesto por AYUNTAMIENTO DE ZAMORA (en lo sucesivo, la parte recurrente) contra la resolución dictada por la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos de fecha 28 de septiembre de 2022, y en base a los siguientes HECHOS PRIMERO: Con fecha 28 de septiembre de 2022, se dictó resolución por la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos en el expediente EXP202103904, en virtud de la cual se imponía a AYUNTAMIENTO DE ZAMORA, con NIF P4930500F, por una infracción del Artículo 5.1.

1. c)del RGPD, tipificada en el Artículo 83.5 del RGPD, una sanción de apercibimiento. Dicha resolución, que fue notificada a la parte recurrente en fecha, fue dictada previa la tramitación del correspondiente procedimiento sancionador, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), y supletoriamente en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en lo sucesivo, LPACAP), en materia de tramitación de procedimientos sancionadores. SEGUNDO: Como hechos probados del citado PS/00044/2022, quedó constancia de los siguientes: procedimiento sancionador, PRIMERO: Consta acreditado que desde la Secretaria General del AYUNTAMIENTO se envió a todos los Jefes de Servicio una comunicación que incluía el texto completo del Decreto de Alcaldía de 26 de Agosto de 2021, en el que consta informe de la Secretaria General sobre ejecución de sentencia número XXX/XXXX del TSJ de Castilla y León, de 7 de mayo, y auto de aclaración de la misma de 11/06/2021. SEGUNDO: Consta acreditado que en dicho Decreto de la Alcaldía se hace referencia expresa a datos de salud relativos a la parte reclamante especialmente protegidos. TERCERO. Consta acreditado que la comunicación interna efectuada por la Secretaria General a los Jefes de Servicio, en la que se da traslado del Decreto del Sr. Alcalde, de fecha 26 agosto 2021 (expediente 16674/2019), se realiza con la única función de aclarar las dudas de cómo deben tramitar sus expedientes (...), tal y como se expone en el documento de traslado: (el subrayado corresponde a la AEPD) “se le ha planteado a esta Secretaría General las dudas de cómo deben tramitar sus expedientes (...). Y sobre este particular le trasladamos el Decreto del Sr. Alcalde, de fecha 26 agosto 2021 (expediente 16674/2019), por el que, hasta tanto no se den las correspondientes instrucciones, se aplica en todos C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeagpd.gob.es 2/9 sus puntos el Decreto de 5 de junio de 2019, es decir, el mismo criterio que se venía aplicando antes del 3 de mayo de 2021, (…)” TERCERO: La parte recurrente ha presentado en fecha 27 de octubre de 2022, en esta Agencia Española de Protección de Datos, recurso de reposición, fundamentándolo, básicamente, en las mismas cuestiones debatidas a lo largo de la instrucción del expediente: “Uno.- Como queda acreditado en las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento el 17 de agosto de 2022, que reproducimos el 6 de septiembre de 2022, reforzando las primeras, es irrelevante la comunicación a los Jefes de Servicio para que conozcan la vigencia del Decreto de 5 de junio de 2019. El documento, que la Agencia lo constituye prueba única y fundamental, no es más que un oficio proforma de los elaborados en las oficinas municipales, sin otro fin más que para trasladar los documentos donde aquí sí constituyen los motivos fundados y razonados del objeto de la comunicación. Y como consecuencia de un proceso intelectivo con el correspondiente juicio electivo, después de valorar el carácter sensible de la información a comunicar, junto con el fin público perseguido. Y este segundo aspecto es lo que la propuesta de 28 de septiembre de 2022 de la Agencia Española de Protección de Datos no lo ha considerado. De ahí el presente recurso. Dos.- 1.- Efectivamente, el objetivo de esta comunicación, básico y fundamental, ha sido y es, que “en el presente caso el Ayuntamiento, a través de la Secretaría General, como responsable de estos datos, juzga necesario, después de un proceso intelectivo con un juicio lectivo, que trasladar minimizada la situación neurológica (...), como persona con dimensión pública, era y es necesario conocer por los responsables de los Servicios por derivarse en esta comunicación más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios ocasionados; Y no sólo para el interés general, sino también para preservar y velar por la seguridad e higiene en el trabajo de los Jefes de Servicio a los que se efectúa esta comunicación, pues constituye mandato imperativo, como principio rector basado en el artículo 40.2 de la CE, impuesto por la Ley 31/95, de Prevención de Riesgos Laborales, especialmente desarrollado en el artículo 14 y 15. Y este deber de la Administración, debe venir acompañado de la obligación de los trabajadores, en el presente caso (...) de: Informar inmediatamente sobre cualquier situación que, a su juicio, entrañe un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores, pero también cooperar con la Administración para que, en este caso el Ayuntamiento, pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y salud, en este caso, para los servidores públicos. Y este es el escenario, sobre el que opera el proceso intelectivo con el juicio electivo de comunicar el Decreto de 26 de agosto de 2021, sin ocultar los estrictos párrafos que describe la situación neurológica (...), situación considerada idónea y eficaz para garantizar el interés general y el interés particular de los Servicios atormentados con la posibilidad de ser sometidos a los atropellos (...), que además utiliza el informe forense completo en los múltiples conflictos, recursos, contenciosos y denuncias en vía penal, no con el fin de cooperar, sino como arma arrojadiza contra todos aquellos servidores públicos que no se aquietan a su forma de entender el derecho, con las consiguientes invectivas atemorizándoles, haciéndoles de menos, ridiculizándoles y amenazándoles”. C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeagpd.gob.es 3/9 2.- Creemos, como señalábamos en la página 1 de las Alegaciones, que la prudencia y el sigilo de la Secretaría General en la comunicación de este Decreto de 26 de agosto de 2021, mediante la referida nota de mera formalidad, se ha interpretado en perjuicio de la institución municipal, cuando la única función era comunicar, una vez minimizada a la expresión necesaria, la situación neurológica (...). Tres. esta institución se afianza en el planteamiento jurídico siguiente:
2. a)Esta institución no discute que nos encontramos ante el tratamiento de categorías especiales de datos personales atinentes a la salud (...).
3. b)Pero, tras esta valoración responsable en el tratamiento, encuentra una relación clara, evidente y palmaria entre el fin para el que se han recogido estos datos personales de la salud, tanto en el Juzgado de lo Penal como en el propio Decreto del Alcalde, minimizados a la mínima expresión, con los fines de este tratamiento ulterior a los Jefes de Servicio. Cuatro.- Por todo lo expuesto, formulamos el presente recurso de reposición, pues queremos dejar constancia, no sólo de la obligación que esta Administración Pública tiene de cumplir con las normas de protección de datos, tanto de la Unión Europea como el producido mediante el desarrollo del derecho interno, sino del especial interés y voluntad en esta aplicación. Prueba de lo dicho es la organización de unos cursos de formación que ha impartido la Agencia de Protección de Datos a través de sus servidores públicos al Ayuntamiento de Zamora, y a petición de esta institución. Y somos conscientes que también la propia Agencia, y así ha quedado constancia en las distintas Ponencias descritas, la necesidad de ir profundizando en estas materias que, por su complejidad, requieren de un permanente estudio y de una permanente actualización.” FUNDAMENTOS DE DERECHO I Competencia Es competente para resolver el presente recurso la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en lo sucesivo LPACAP) y el artículo 48.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante, LOPDGDD). II Contestación a las alegaciones presentadas En relación con las manifestaciones efectuadas por la parte recurrente, reiterándose básicamente en las alegaciones ya presentadas a lo largo del procedimiento sancionador, debe señalarse que todas ellas ya fueron analizadas y desestimadas en los Fundamentos de Derecho II y III, de la Resolución recurrida, tal como se transcribe a continuación: II C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.aepd.es sedeagpd.gob.es 4/9 <<Con respecto a las alegaciones presentadas a la propuesta de resolución, se procede a dar respuesta a las mismas. PRIMERA: Alega el AYUNTAMIENTO que la función de la comunicación el Decreto del 26 de agosto de 2021, no era únicamente la de aclarar dudas de cómo deben tramitar los jefes de servicios sus expedientes respectivos (…), como ha considerado esta Agencia en la propuesta de resolución, ya que la razón fundamental de esta comunicación a los Servicios se encuentra en la alarma que se provoca en los mismos, ante el hecho que (...) volviera a las andadas, al recuperar las funciones fiscalizadoras, y vuelva a “atemorizarles, haciéndoles de menos, ridiculizándoles”. -A este respecto, esta Agencia vuelve a indicar, como ya se hizo en la propuesta de resolución, que la comunicación interna dirigida por la Secretaria General a los Jefes de Servicio, cuya copia obra en el expediente aportado por la parte reclamante, hace referencia, exclusivamente, a la indicación de cómo deben tramitar sus expedientes (...). No se indica en ningún momento en dicha comunicación, que tenga, además, como finalidad, informar (…) a la parte reclamante, y que sea necesario conocer para saber cómo tramitar los expedientes (...). En dicha comunicación, se indica a los Jefes de Servicio que para resolver las dudas, se les da traslado del Decreto del Sr. Alcalde, de fecha 26 agosto 2021 (expediente 16674/2019), por el que, “hasta tanto no se den las correspondientes instrucciones, se aplica en todos sus puntos el Decreto de 5 de junio de 2019, es decir, el mismo criterio que se venía aplicando antes del 3 de mayo de 2021” Toda la problemática que plantea el AYUNTAMIENTO en lo que respecta a la actuación de la parte reclamante no es objeto del presente procedimiento, que se limita a valorar si se ha incumplido lo establecido en el articulo 5.1.
4. c)del RGPD, considerando que no era necesaria alusión alguna a (…) de la parte reclamante en la comunicación efectuada. SEGUNDA: Alega el AYUNTAMIENTO que no siempre es necesario el consentimiento. Como prueba de lo señalado se referimos al Reglamento (UE)2016/679 del Parlamento y del Consejo, considerando