← España

REPOSICION-PS-00093-2013

1/11 Procedimiento nº.: PS/00093/2013 ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00666/2013 Examinado el recurso de reposición interpuesto por la entidad VODAFONE ESPAÑA, S.A. contra la resolución dictada por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos en el procedimiento sancionador, PS/00093/2013, y en base a los siguientes, HECHOS PRIMERO: Con fecha 8 de julio de 2013, se dictó resolución por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos en el procedimiento sancionador, PS/00093/2013 , en virtud de la cual se imponía a la entidad VODAFONE ESPAÑA, S.A., una sanción de 50.000€, por la vulneración de lo dispuesto en el artículo 4.3 en relación con el 29.4 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD), infracción tipificada como grave en el artículo 44.3.c), de conformidad con lo establecido en el artículo 45.2 de la citada Ley Orgánica. Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 9 de julio de 2013, fue dictada previa la tramitación del correspondiente procedimiento sancionador, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la LOPD. SEGUNDO: Como hechos probados del citado PS/00093/2013, quedó constancia de los siguientes: procedimiento sancionador, <<PRIMERO: Con fechas 28 de marzo y 20 de junio de 2012, Don A.A.A. denunció ante la Agencia que VODAFONE ESPAÑA S.A., ha solicitado la inclusión de sus datos en ficheros de solvencia patrimonial y crédito, pese al Laudo Arbitral dictado por la Junta Arbitral de Consumo de Castilla La Mancha en Albacete, y la reclamación presentada ante la SETSI, el 7 de diciembre de 2011 (folios 1-87). SEGUNDO: En los sistemas de la entidad consta el denunciante, Don A.A.A., como titular de una cuenta de cliente Vodafone con los siguientes servicios: - La cuenta ***CTA.1 (folio 97), con el servicio: o ***TEL.1 correspondiente al servicio Vodafone ADSL y por tanto tiene asociado el número fijo ***TEL.2, con fecha de alta el 8 de junio de 2011 y baja definitiva el 22 de marzo de 2012 (folio 146). TERCERO: Consta acreditada la admisión a trámite con fecha 13 de septiembre de 2011 por parte del Servicio de Consumo de Albacete de una solicitud de arbitraje del denunciante (folio 35) C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 2/11 CUARTO: Con fecha 5 de octubre de 2011, Vodafone comunicó a la Junta Arbitral de Consumo de Albacete, respecto del servicio ***TEL.2, que la cuenta cliente del denunciante no presenta cantidad pendiente de pago (folio 34) QUINTO: Con fecha 21 de octubre de 2011, Vodafone comunicó al denunciante la suspensión cautelar de los servicios ocasionada por una deuda de 215,75€ (folio 33). Con fecha 8 de noviembre de 2011, Vodafone requirió al denunciante, a través de Intrum Justicia la deuda de 215,75€ (folio 32). SEXTO: Con fecha 14 de noviembre de 2011, el Servicio de Consumo de Castilla la Mancha solicitó explicaciones a Vodafone sobre dicho requerimiento de deuda (folio 29) SÉPTIMO: Con fecha 14 de noviembre de 2011, el denunciante interpuso reclamación ante la SETSI porque, tras la denuncia presentada en el Servicio de Consumo de Albacete, con fecha 5 de octubre de 2011 recibió un requerimiento de pago de 130,30€, sin servicios prestados efectivos y el 21 de octubre de 2011, la operadora le requirió el pago de 215,75€ (folios 20- 21) OCTAVO: Con fecha 15 de noviembre de 2011, Vodafone comunicó al denunciante que, tras verificar que no ha habido consumo, ha procedido a realizar un abono en su cuenta de 215,75€ (folio 30), aportando una factura rectificativa (folio 31). NOVENO: Con fecha 23 de diciembre de 2011, Vodafone comunicó al denunciante una deuda de 73,44€ (folio 17). Y con fecha 18 de enero de 2012, le comunica la inclusión en ficheros de morosos por esa cantidad (folio 14). DÉCIMO: Con fecha 4 de febrero de 2012, Vodafone comunicó al Servicio de Consumo de Albacete que, tras verificar los hechos, la cuenta del denunciante queda al día de pagos con Vodafone (folio 11). UNDÉCIMO: En relación con la información anterior, el Servicio de Consumo de Albacete comunicó al denunciante, con fecha 15 de febrero de 2012, el archivo del expediente (folio 10). DUODÉCIMO: Con fecha 8 de febrero de 2012 Vodafone comunicó al denunciante una deuda de 73,44€ (folio 9). DÉCIMO TERCERO: Consta acreditado que Vodafone informó al fichero Asnef los datos personales del denunciante por un saldo deudor de 73,44€. La incidencia se dio de alta el 19 de febrero de 2012 (folios 7-8) y de baja el 13 de julio de 2012 (folio 116-121). DÉCIMO CUARTO: Consta acreditado que Vodafone informó al fichero Badexcug los datos personales del denunciante por un saldo deudor de 73,44€. La incidencia se dio de alta el 20 de mayo de 2012 (folio 40) sin que conste fecha de baja, aunque Vodafone manifiesta que le dio de baja el 13 de julio de 2012. C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 3/11 DÉCIMO QUINTO: Vodafone ha manifestado que todo ello ha sido debido a un error interno en la gestión del abono, a pesar de que Vodafone sí había tenido conocimiento de dicho abono. Asimismo, ha manifestado que procedió a cancelar la deuda y a excluir los datos del denunciante de los ficheros de solvencia el 13 de julio de 2012, con motivo de la entrada del escrito de solicitud de información de la Agencia E/4244/2012 (folio 147).>> TERCERO: VODAFONE ESPAÑA, S.A. ha presentado en fecha 9 de agosto de 2013, en esta Agencia Española de Protección de Datos, recurso de reposición fundamentándolo, básicamente, en las alegaciones ya formuladas en el procedimiento sancionador cuya resolución es objeto del presente recurso. FUNDAMENTOS DE DERECHO I Es competente para resolver el presente recurso el Director de la Agencia Española de Protección de Datos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en lo sucesivo LRJPAC). II En relación con las manifestaciones efectuadas por VODAFONE ESPAÑA, S.A., reiterándose básicamente, en las alegaciones ya presentadas a lo largo del procedimiento sancionador, debe señalarse que todas ellas ya fueron analizadas y desestimadas en los Fundamentos de Derecho del II al V ambos inclusive, de la Resolución recurrida, tal como se transcribe a continuación: <<II El artículo 4.3 de la LOPD, referente a la “calidad de los datos”, establece lo siguiente: “3. Los datos de carácter personal serán exactos y puestos al día de forma que responsan con veracidad a la situación actual del afectado”. El artículo 29 de la Ley Orgánica 15/1999 señala en sus apartados 2 y 4: “Podrán tratarse también datos de carácter personal relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias facilitados por el acreedor o por quien actúe por su cuenta o interés. En estos casos se notificará a los interesados respecto de los que hayan registrado datos de carácter personal en ficheros, en el plazo de treinta días desde dicho registro, una referencia de los que hubiesen sido incluidos y se les informará de su derecho a recabar información de la totalidad de ellos, en los términos establecidos en la presente Ley”. C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 4/11 “Sólo se podrán registrar y ceder los datos de carácter personal que sean determinantes para enjuiciar la solvencia económica de los interesados y que no se refieran, cuando sean adversos, a más de seis años, siempre que respondan con veracidad a la situación actual de aquellos”. Estos preceptos deben integrarse con la definición legal de “tratamiento de datos” y “consentimiento del interesado” que ofrecen, respectivamente, los artículos 3,

  1. c)y 3,
  2. h)de la LOPD: “operaciones y procedimientos técnicos, de carácter automatizado o no, que permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo y cancelación, así como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias”; “toda manifestación de voluntad, libre, inequívoca, específica e informada, mediante la que el interesado consienta el tratamiento de datos personales que le conciernen”. Por su parte, el R.D. 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, (en lo sucesivo RLOPD), en su artículo 38 y bajo la rúbrica “Requisitos para la inclusión de los datos” dispone: “1. Solo será posible la inclusión en estos ficheros de datos de carácter personal que sean determinantes para enjuiciar la solvencia económica del afectado, siempre que concurran los siguientes requisitos:
  3. a)Existencia previa de una deuda cierta, vencida, exigible, que haya resultado impagada (…).” III Por lo que respecta a la infracción del artículo 4.3 de la LOPD que se imputa a Vodafone deben hacerse las siguientes consideraciones: A) Los principios generales de protección de datos regulados en los artículos 4 a 12, que integran el Título II de la Ley Orgánica 15/1999, constituyen el contenido esencial de este derecho fundamental. La Audiencia Nacional en diversas sentencias (entre otras SAN de 24 de marzo de 2004 y 7 de julio de 2006) ha señalado que los principios generales contenidos en el Título II de la LOPD definen las pautas a las que debe atenerse la recogida, tratamiento y uso de los datos de carácter personal. En este sentido, la STAN de 25 de julio de 2006 manifiesta: “…dichos principios sirven para delimitar el marco en el que debe desenvolverse cualquier uso o cesión de los datos de carácter personal y para integrar la definición de los tipos de infracción definidos en el artículo 44 de la LOPD, pues este precepto aborda la tipificación de las distintas infracciones mediante una remisión a los principios definidos en la propia Ley”. Entre tales principios se recoge –artículo 4.3- el de exactitud o veracidad, a través del cual se trata de garantizar y proteger la calidad de la información sometida a tratamiento -exacta y puesta al día- por la que debe velar quien recoge y trata datos de carácter personal. La Directiva 95/46 CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, que traspone la LOPD, establece en su artículo 6. I.
  4. d)que “Los Estados miembros dispondrán C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 5/11 que los datos personales sean….
  5. d)exactos, y cuando sea necesario, actualizados. Deberán tomarse todas las medidas razonables para que los datos inexactos o incompatibles, con respeto a los fines para los que fueron recogidos o para los que fueron tratados posteriormente, sean suprimidos o rectificados”, indicando el apartado 6.2 que “Corresponderá a los responsables del tratamiento garantizar el cumplimiento de los dispuesto en el apartado I” B) Las normas jurídicas reproducidas ponen de manifiesto que la comunicación de los datos de un tercero a un fichero de solvencia patrimonial exige, por una parte, que la deuda sea cierta, vencida, exigible y que haya resultado impagada, y por otra, que se haya requerido de pago al deudor antes de informar los datos a la entidad responsable de la gestión del fichero. Conviene recordar, además, que es el acreedor el responsable de comprobar que los datos que se comunican se ajustan a los requisitos establecidos en el artículo 4 de la LOPD y su normativa de desarrollo. Consta acreditado en esta Agencia que las entidades asociadas a los ficheros de solvencia patrimonial suministran periódicamente las relaciones de altas, bajas y modificaciones de los datos de sus clientes para que tales actualizaciones queden registradas en el fichero, siendo las entidades informantes las que deciden sobre el alta, el mantenimiento y la cancelación de los datos de los clientes de los referidos ficheros. C) Resulta acreditado que Vodafone comunicó al fichero Asnef los datos personales del denunciante por un saldo deudor de 73,44€. La incidencia se dio de alta el 19 de febrero de 2012 y no se informó su baja hasta el 13 de julio de 2012. Asimismo, dio de alta los datos personales del denunciante en el fichero Badexcug por un saldo deudor de 73,44€, el 20 de mayo de 2012 y no se informó su baja hasta el 13 de julio de 2012. Todo ello, a pesar de que el denunciante había presentado reclamación ante la Junta Arbitral de Albacete el 13 de septiembre de 2011 y ante la SETSI el 14 de noviembre de 2011 y después de que con fecha 5 de octubre de 2011 Vodafone comunicase al Servicio de Consumo de Albacete que la cuenta cliente del denunciante no presenta cantidad pendiente de pago. Consta acreditado que Vodafone reclamó al denunciante una deuda de 215,75€ el 21 de octubre de 2011; de 130,30€ el 14 de noviembre de 2011; de 73,44€ el 23 de diciembre de 2011, y de 73,44€ el 8 de febrero de 2012. Todo ello a pesar de que el 5 de octubre de 2011 Vodafone comunicase al Servicio de Consumo de Albacete que la cuenta cliente del denunciante no presenta cantidad pendiente de pago; de que el 15 de noviembre de 2011 comunicase al denunciante que, al verificar que no había habido consumo, había procedido a realizar un abono justificativo en su cuenta de 215,75€; y de que con fecha 4 de febrero de 2012, comunicase al Servicio de Consumo que, tras verificar los hechos, la cuenta del denunciante quedaba al día de pagos con Vodafone. Es decir, que después de reconociendo las manifestaciones del denunciante, con fecha 5 de octubre de 2011 Vodafone comunicase al Servicio de Consumo de Albacete que la cuenta cliente del denunciante no C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 6/11 presenta cantidad pendiente de pago, se incluyó al denunciante en los ficheros de solvencia patrimonial Asnef y Badexcug hasta el 13 de julio de 2012 (según ha manifestado Vodafone). D) La exigencia de que la deuda sea cierta responde al principio de calidad de datos recogido en el artículo 4.3. de la LOPD, al expresar que “ los datos de carácter personal serán exactos y puestos al día de forma que respondan con veracidad a la situación actual del afectado”. El acreedor o quien actúe por su cuenta o interés, por tanto, podrá facilitar datos de carácter personal, relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias, a ficheros comunes de solvencia patrimonial y crédito, siempre que la información registrada en este tipo de ficheros respete los principios de veracidad y exactitud. Al hilo de esta cuestión resulta conveniente hacer una referencia a la STS de 15 de julio de 2010 que declara la nulidad, por ser disconforme a Derecho, del inciso último del artículo 38.1.
  6. a)del R.D. 1720/2007. El Fundamento de Derecho decimocuarto, en el que se examina y valora la impugnación del precepto, precisa cuáles son los términos de la controversia planteada en relación a éste. Manifiesta la STS que “procede indicar que la exigencia al inicio del apartado 1
  7. a)del artículo 38 de que la deuda sea “cierta” responde al principio de veracidad y exactitud recogido en el artículo 4.3 de la Ley 15/199 (…). Siendo el adjetivo <cierto> sinónimo de irrefutable, incontestable, indiscutible, etc, … el tema de debate se circunscribe a si es posible sostener con éxito que, en aquellos casos en que se hubiera entablado con respecto a la deuda un procedimiento de los expresados en el artículo 1 a), puede hablarse de una deuda cierta antes de que recaiga resolución firme o se emita, en los supuestos previstos en el Reglamento de los Comisionados, el informe correspondiente”. La Sala Tercera del T.S. contesta a esta pregunta indicando que lo relevante es “decidir si el apartado 1
  8. a)del artículo responde a la previsión legal del artículo 4.3., y la respuesta debe ser negativa en atención a la defectuosa redacción del precepto reglamentario por una inconcreción en su texto no solo de aquellos procedimientos que justifican la no inclusión en los ficheros de la deuda a que aquellos se refieren, sino también porque esa vaguedad permite considerar que incluso cuando la reclamación se formule por el acreedor exista la imposibilidad de inclusión de los datos en el fichero”. Termina manifestando que el conflicto de intereses debe resolverse “exigiendo una mayor concreción en el precepto reglamentario que pondere los intereses en presencia en atención a la circunstancias concretas”. Del tenor literal de los fragmentos de la STS de 15 de julio de 2010 que se reproducen, se evidencia, por una parte, que es la inconcreción de que adolece la redacción del último inciso del artículo 38.1.
  9. a)del R.D. 1720/2007 lo que justifica su anulación y por otra, que el Tribunal estima ajustada a Derecho la exigencia, como requisito previo para incluir los datos personales en un fichero de morosidad, de que la deuda anotada sea “cierta”, adjetivo que según el Tribunal es sinónimo de irrefutable e indiscutible. Exigencia prevista en el artículo 38.1.
  10. a)del Reglamento de la LOPD, y que es manifestación del principio de C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 7/11 veracidad y exactitud que consagra el artículo 4.3 de la Ley Orgánica 15/1999. A tenor de las consideraciones precedentes cabe concluir que la impugnación de la deuda, cuestionando su existencia o certeza, ante los órganos administrativos, arbitrales o judiciales competentes para declarar la existencia o inexistencia de la misma, a través de resoluciones de obligado cumplimiento para las partes, impide que pueda hablarse de una deuda cierta hasta que recaiga resolución firme, y por tanto impide la inclusión de la misma en los ficheros de solvencia patrimonial y crédito. E) En el supuesto que nos ocupa resulta acreditado que tras la interposición de reclamación ante el Servicio de Consumo de Castilla la Mancha, el 5 de octubre de 2011, y ante la SETSI el 14 de noviembre de 2011, y tras múltiples comunicaciones de Vodafone al denunciante reconociendo la baja cautelar en el servicio y la inexistencia de la deuda Sin embargo, Vodafone tramitó el alta de los datos personales del denunciante en los ficheros de solvencia patrimonial Asnef (el 19 de febrero de 2012) y Badexcug (el 20 de mayo de 2012) de las incidencias asociadas a los datos del denunciante, hasta el 13 de julio de 2012, por lo que la deuda anotada no era cierta y que no se cumplían los requisitos exigidos por la normativa específica que regula el derecho fundamental a la protección de datos personales. Se desprende del relato fáctico expuesto en este Fundamento de Derecho y de las consideraciones realizadas, que la conducta de Vodafone es contraria al principio de calidad de los datos consagrado en el artículo 4.3 de la Ley Orgánica 15/1999 en relación con el 29.4 de la referida norma. IV El artículo 44.3.
  11. c)de la LOPD, con la redacción de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, considera infracción grave:
  12. c)Tratar datos de carácter personal o usarlos posteriormente con conculcación de los principios y garantías establecidos en el artículo 4 de la presente Ley y las disposiciones que lo desarrollan, salvo cuando sea constitutivo de infracción muy grave.” V El artículo 45 de la LOPD, apartados 1 a 5, según redacción introducida por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, dispone: “1. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de 900 a 40.000 euros. 2. Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 40.001 a 300.000 euros. 3. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 300.001 a 600.000 euros. 4. La cuantía de las sanciones se graduará atendiendo a los siguientes criterios: C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 8/11
  13. a)El carácter continuado de la infracción.
  14. b)El volumen de los tratamientos efectuados.
  15. c)La vinculación de la actividad del infractor con la realización de tratamientos de datos de carácter personal.
  16. d)El volumen de negocio o actividad del infractor.
  17. e)Los beneficios obtenidos como consecuencia de la comisión de la infracción.
  18. f)El grado de intencionalidad.
  19. g)La reincidencia por comisión de infracciones de la misma naturaleza.
  20. h)La naturaleza de los perjuicios causados a las personas interesadas o a terceras personas.
  21. i)La acreditación de que con anterioridad a los hechos constitutivos de infracción la entidad imputada tenía implantados procedimientos adecuados de actuación en la recogida y tratamiento de Ios datos de carácter personal, siendo la infracción consecuencia de una anomalía en el funcionamiento de dichos procedimientos no debida a una falta de diligencia exigible al infractor.
  22. j)Cualquier otra circunstancia que sea relevante para determinar el grado de antijuridicidad y de culpabilidad presentes en la concreta actuación infractora. 5. El órgano sancionador establecerá la cuantía de la sanción aplicando la escala relativa a la clase de infracciones que preceda inmediatamente en gravedad a aquella en que se integra la considerada en el caso de que se trate, en los siguientes supuestos:
  23. a)Cuando se aprecie una cualificada disminución de la culpabilidad del imputado o de la antijuridicidad del hecho como consecuencia de la concurrencia significativa de varios de los criterios enunciados en el apartado 4 de este artículo.
  24. b)Cuando la entidad infractora haya regularizado la situación irregular de forma diligente.
  25. c)Cuando pueda apreciarse que la conducta del afectado ha podido inducir a la comisión de la infracción.
  26. d)Cuando el infractor haya reconocido espontáneamente su culpabilidad.
  27. e)Cuando se haya producido un proceso de fusión por absorción y la infracción fuese anterior a dicho proceso, no siendo imputable a la entidad absorbente.» El apartado 45.5 de la LOPD deriva del principio de proporcionalidad de la sanción y permite fijar "la cuantía de la sanción aplicando la escala relativa a la clase de infracciones que preceda inmediatamente en gravedad a aquella en que se integra la considerada en el caso de que se trate"; pero para ello es necesario la concurrencia de, o bien una cualificada disminución de la culpabilidad del imputado, o bien de la antijuridicidad del hecho, o bien de alguna otra de las circunstancias que el mismo precepto cita. Las circunstancias mencionadas no se dan en el presente caso, lo que impide apreciar la existencia de motivos para la aplicación de la facultad contemplada en el artículo 45.5, debido, por un lado, a que no obra en el C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 9/11 expediente ningún elemento que lleve a estimar la concurrencia de las circunstancias previstas en los apartados c),
  28. d)y
  29. e)del referido artículo y, por otro, a la especial diligencia y conocimiento de la normativa de protección de datos que se ha de exigir a las entidades profesionales cuando, como ocurre con la entidad imputada, el tratamiento de datos personales constituye parte habitual y esencial de su actividad. Las empresas que por su actividad están habituadas al tratamiento de datos personales deben ser especialmente diligentes y cuidadosas al realizar operaciones con ellos y deben optar, siempre, por la interpretación más favorable a la salvaguarda del derecho fundamental a la protección de datos, como de forma reiterada sostiene la Audiencia Nacional, entre otras, en Sentencia de 26 de noviembre de 2008. VODAFONE ha solicitado la aplicación del artículo 45.5 de la LOPD y alega que concurren circunstancias que ponen de manifiesto una cualificada disminución de la culpabilidad y antijuridicidad de la conducta, ya que procedió a la exclusión de los datos personales del denunciante con fecha 13 de julio 2012, con motivo de la entrada del escrito de solicitud de información de la Agencia E/4244/2012 (folio 147). Respecto a este argumento estimamos que queda contrarrestado por otras actuaciones con significado claramente opuesto, ya que, que Vodafone no procedió a cursar la baja de la línea del denunciante a pesar de que éste había presentado reclamación ante la Junta Arbitral de Albacete el 13 de septiembre de 2011 y ante la SETSI el 14 de noviembre de 2011 y después de que con fecha 5 de octubre de 2011 Vodafone comunicase al Servicio de Consumo de Albacete que la cuenta cliente del denunciante no presenta cantidad pendiente de pago. Vodafone continuó reclamando una deuda e incluyendo los datos del denunciante en Asnef y Badexcug con posterioridad a la interposición de reclamación ante el Servicio de Consumo de Castilla la Mancha, el 5 de octubre de 2011, y ante la SETSI el 14 de noviembre de 2011, y tras múltiples comunicaciones de Vodafone al denunciante reconociendo la baja cautelar en el servicio y la inexistencia de la deuda. Sin embargo, Vodafone tramitó el alta de los datos personales del denunciante en los ficheros de solvencia patrimonial Asnef (el 19 de febrero de 2012) y Badexcug (el 20 de mayo de 2012) de las incidencias asociadas a los datos del denunciante, hasta el 13 de julio de 2012, por lo que la deuda anotada no era cierta y que no se cumplían los requisitos exigidos por la normativa específica que regula el derecho fundamental a la protección de datos personales. Por lo tanto, la entidad infractora no procedió a regularizar la situación de forma diligente. Junto a ello, no cabe deducir la existencia de un reconocimiento espontáneo de la culpabilidad por cuanto, notificado el acuerdo de inicio, Vodafone formuló alegaciones significando que no ha incumplido lo dispuesto en el artículo 4.3 de la LOPD. En cuanto a los criterios de graduación de las sanciones contemplados en el artículo 45.4 de la LOPD, consideramos que concurren diversas circunstancias que operan como agravantes de la conducta que ahora se enjuicia. Entre ellas cabe citar el carácter continuado de la infracción (apartado a, del artículo C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 10/11 45.4) habiendo tratado los datos de la denunciante durante varios meses, el importante volumen de negocio de VODAFONE (apartado d, del artículo 45.4), dado que estamos ante uno de los tres operadores más potentes del país por cuota de mercado, hecho notorio sobre el que no es necesaria prueba. Están presentes también las circunstancias recogidas en los apartados siguientes del artículo 45.4 ya citado: apartado c), que versa sobre la vinculación de la actividad de VODAFONE con la realización de tratamientos de datos de carácter personal, pues el desarrollo de su actividad empresarial exige un constante tratamiento de datos personales tanto de clientes como de terceros. Respecto del incumplimiento del artículo 4.3 valorados los criterios de graduación de las sanciones previstos en el artículo 45.4 de la LOPD, cuya presencia ha quedado acreditada, y habida cuenta de que no concurre ninguna de las circunstancias que se mencionan en el artículo 45.5 de esta norma, se acuerda sancionar a Vodafone España, S.A. con una multa de 50.000 € (cincuenta mil euros) de la que esa entidad es responsable. Por tanto, no se considera que concurran las circunstancias necesarias para que pueda aplicarse, en el presente supuesto, lo dispuesto en el artículo 45.5. de la LOPD.>> III Por lo tanto, en el presente recurso de reposición, VODAFONE ESPAÑA, S.A. no ha aportado nuevos hechos o argumentos jurídicos que permitan reconsiderar la validez de la resolución impugnada. Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación, El Director de la Agencia Española de Protección de Datos RESUELVE: PRIMERO: DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto por VODAFONE ESPAÑA, S.A. contra la Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos dictada con fecha 8 de julio de 2013, en el procedimiento sancionador PS/00093/2013. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la entidad VODAFONE ESPAÑA, S.A. De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 37 de la LOPD, en la redacción dada por el artículo 82 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, la presente Resolución se hará pública, una vez haya sido notificada a los interesados. La publicación se realizará conforme a lo previsto en la Instrucción 1/2004, de 22 de diciembre, de la Agencia Española de Protección de Datos sobre publicación de sus Resoluciones y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 116 del Real Decreto 1720/2007, de 21 diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la LOPD. C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 11/11 Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto según lo previsto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta del referido texto legal. José Luis Rodríguez Álvarez Director de la Agencia Española de Protección de Datos C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es

🔗 A la fuente oficial

Explicación por IA a partir del texto oficial de la ley. Orientativa, no sustituye asesoramiento legal.