REPOSICION-PS-00154-2013

1/14 Procedimiento nº.: PS/00154/2013 ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00833/2013 Examinado el recurso de reposición interpuesto por la entidad EL CORTE INGLÉS contra la resolución dictada por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos en el procedimiento sancionador, PS/00154/2013, y en virtud de los siguientes, HECHOS PRIMERO: Con fecha 19 de septiembre de 2013, se dictó resolución por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos en el procedimiento sancionador, PS/00154/2013 , en virtud de la cual se imponía a la entidad EL CORTE INGLÉS, una sanción de 40.001 €, por la vulneración de lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD), infracción tipificada como grave en el artículo 44.3.b), de conformidad con lo establecido en el artículo 45 .2 y .4 de la citada Ley Orgánica. Dicha resolución, que fue notificada al recurrente en fecha 25 de septiembre de 2013, fue dictada previa la tramitación del correspondiente procedimiento sancionador, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la LOPD. SEGUNDO: Como hechos probados del citado PS/00154/2013, quedó constancia de los siguientes: procedimiento sancionador, <<PRIMERO: Se ha denunciado en esta Agencia que en la Calle Salvador Dalí 15-19 de Cornellá de Llobregat, Barcelona, lugar donde se ubica el Centro Comercial “HIPERCOR”, existen cámaras instaladas que pueden estar captando imágenes de todas las personas que circulan por la vía pública. Adjunta fotografías de las cámaras denunciadas. SEGUNDO: La entidad denunciada informó, con fecha 27 de septiembre de 2012, respecto del sistema de videovigilancia instalado en el establecimiento denunciado, que existen 18 cámaras instaladas dentro de los terrenos de su propiedad, que no están conectadas con central de alarmas, que disponen de carteles de zona videovigilada a la vista del público en todos los accesos al establecimiento. TERCERO: Se aporta relación de cada una de las cámaras con fotografías de cada dispositivo y de lo captado por cada uno de ellos en fecha 25 de septiembre de 2012 y con evidencia de que los domos disponen de máscara de privacidad. Del análisis de lo captado por las cámaras se observa que la cámara 47 está ubicada en la calle Salvador Dalí/Portal Diagonal y en la imagen captada por esta cámara puede verse uno de los C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 2/14 accesos al establecimiento y el espacio público que se encuentra entre la cámara y el acceso al establecimiento, y que la cámara 52, ubicada en la puerta de clientes de la calle Mariano Fortuni/Portal Diagonal, en la imagen captada por esta cámara puede verse uno de los accesos al establecimiento y el espacio público que se encuentra entre la cámara y el acceso al establecimiento. CUARTO: Las imágenes de las cámaras se visualizan en el cuarto de control en el que se encuentran los monitores que permiten visualizar las imágenes captadas al empleado de seguridad en tiempo real en cada momento. Las cámaras graban imágenes a las que acceden el Delegado de Seguridad y Segundo Jefe Delegado de Seguridad en el monitor que tienen instalado en su despacho. Las imágenes se conservan durante el período establecido en un sistema de grabación digital y el código de inscripción del fichero con finalidad de videovigilancia en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos es A.A.A..>> TERCERO: La entidad EL CORTE INGLÉS ha presentado en fecha 24 de octubre de 2013, en esta Agencia Española de Protección de Datos, recurso de reposición fundamentándolo básicamente en los mismos argumentos ya formulados durante el procedimiento, insistiendo en que las imágenes que se recogen en el sistema de videovigilancia no se introducen en un fichero estructurado, es decir, no se trata de un fichero en el sentido estricto de la Directiva Comunitaria ni de la Ley española por lo que no puede ser incardinado en el régimen de protección de datos de la Ley 15/1992 y por otro lado expone la entidad recurrente que no entiende la distinción que hace la Agencia entre lo captado por unas cámaras y otras porque considerar que es desproporcionada la vía pública captada por las cámaras es un criterio subjetivo. FUNDAMENTOS DE DERECHO I Es competente para resolver el presente recurso el Director de la Agencia Española de Protección de Datos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en lo sucesivo LRJPAC). II En relación con las manifestaciones efectuadas por EL CORTE INGLÉS, reiterándose básicamente, en las alegaciones ya presentadas a lo largo del procedimiento sancionador, debe señalarse que todas ellas ya fueron analizadas y desestimadas en los Fundamentos de Derecho del IV al IX ambos inclusive, de la Resolución recurrida, tal como se transcribe a continuación: <<IV C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 3/14 Se imputa a El Corte Inglés S.A. como responsable del sistema de videovigilancia instalado en el establecimiento con denominación comercial Hipercor situado en la calle Salvador Dalí 15-19 de Cornellá de Llobregat de Barcelona, la comisión de una infracción del artículo 6.1 de la LOPD, que dispone lo siguiente: “1. El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa. 2. No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se recojan para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias; cuando se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento; cuando el tratamiento de los datos tenga por finalidad proteger un interés vital del interesado en los términos del artículo 7, apartado 6, de la presente Ley, o cuando los datos figuren en fuentes accesibles al público y su tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del fichero o por el del tercero a quien se comuniquen los datos, siempre que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado. 3. El consentimiento a que se refiere el artículo podrá ser revocado cuando exista causa justificada para ello y no se le atribuyan efectos retroactivos. 4. En los casos en los que no sea necesario el consentimiento del afectado para el tratamiento de los datos de carácter personal, y siempre que una Ley no disponga lo contrario, éste podrá oponerse a su tratamiento cuando existan motivos fundados y legítimos relativos a una concreta situación personal. En tal supuesto, el responsable del fichero excluirá del tratamiento los datos relativos al afectado”. Respecto a la legitimación en el tratamiento de las imágenes, la respuesta se encuentra en el artículo 2 de la Instrucción 1/2006, que establece que: “1. Sólo será posible el tratamiento de los datos objeto de la presente instrucción, cuando se encuentre amparado por lo dispuesto en el artículo 6.1 y 2 y el artículo 11.1 y 2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior la instalación de cámaras y videocámaras deberá respetar en todo caso los requisitos exigidos por la legislación vigente en la materia”. El tratamiento de datos sin consentimiento constituye un límite al derecho fundamental a la protección de datos. Este derecho, en palabras del Tribunal Constitucional en su Sentencia 292/2000, de 30 de noviembre, (F.J. 7 primer párrafo), “...consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta a la persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al individuo saber quién posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. Estos poderes de disposición y control sobre los datos personales, que constituyen parte del contenido del derecho fundamental a la protección de datos se concretan jurídicamente en la facultad de consentir la recogida, la obtención y el acceso a los datos personales, su posterior almacenamiento y tratamiento, así como su uso o usos posibles, por un tercero, sea el estado o un particular (...)”. Son pues elementos característicos del derecho fundamental a la protección de datos personales, los derechos del afectado a consentir sobre la recogida y tratamiento C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 4/14 de sus datos personales y a saber de los mismos. En el presente expediente, cabe apreciar que las cámaras instaladas en el Supermercado Hipercor situado en la calle Salvador Dalí 15-19 de Cornellá de Llobregat de Barcelona captan imágenes de personas, de conformidad con lo anteriormente expuesto. Dichas imágenes, incorporan datos personales de las personas que se introducen dentro de su campo de visión y, por lo tanto, los datos personales captados están sometidos al consentimiento de sus titulares, de conformidad con lo que determina la LOPD. Dicho tratamiento, por tanto, ha de contar con el consentimiento de los afectados. V Por otro lado, en este caso concreto, con relación a las cámaras instaladas en el exterior del establecimiento denunciado, hay que señalar que para entender las especialidades derivadas del tratamiento de las imágenes en vía pública, es preciso conocer la regulación que sobre esta materia se contempla en el artículo 1 de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos que establece: “La presente Ley regula la utilización por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de videocámaras para grabar imágenes y sonidos en lugares públicos abiertos o cerrados, y su posterior tratamiento, a fin de contribuir a asegurar la convivencia ciudadana, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, así como de prevenir la comisión de delitos, faltas e infracciones relacionados con la seguridad pública”. Este precepto es preciso ponerlo en relación con lo dispuesto en el artículo 2.3

1. e)de la Ley Orgánica 15/1999, donde se prevé que: “Se regirán por sus disposiciones específicas y por lo especialmente previsto, en su caso, por esta Ley Orgánica los siguientes tratamientos de datos personales:
2. e)Los procedentes de las imágenes y sonidos obtenidos mediante la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de conformidad con la legislación sobre la materia”. En virtud de todo lo expuesto, podemos destacar que la instalación de videocámaras en lugares públicos es competencia exclusiva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de ahí que la legitimación para el tratamiento de dichas imágenes se contemple en la Ley Orgánica 4/1997, y además en el mismo texto legal se regulan los criterios para instalar las cámaras y los derechos de los interesados. El Corte Inglés S.A. manifiesta que las cámaras que tiene instaladas se pusieron con finalidad de seguridad. Si bien dicha finalidad es lícita, cabe añadir que en este caso abarcan parte de los espacios públicos en algunas cámaras, excediendo en este caso la habilitación legal de que se podría disponer, y ello con independencia de que se sitúen en un espacio de propiedad privada, sea de su titularidad o de un tercero, el sistema por ella instalada no puede abarcar espacios de tránsito público, Debe tenerse en cuenta que los motivos de seguridad alegados por El Corte Inglés S.A. para justificar el tratamiento de imágenes procedentes de la vía pública que C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 5/14 contienen datos personales, se encuadran dentro de las funciones de seguridad pública que la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, atribuye como competencia exclusiva del Estado. Así el artículo 1 de dicha Ley Orgánica establece que: “1. La seguridad pública es competencia exclusiva del Estado. Su mantenimiento corresponde al Gobierno de la Nación. 2. Comunidades Autónomas participarán en el mantenimiento de la Las seguridad pública en los términos que establezcan los respectivos Estatutos y en el marco de esta Ley. 3. Corporaciones Locales participarán en el mantenimiento de la Las seguridad pública en los términos establecidos en la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local y en el marco de esta Ley. 4. mantenimiento de la seguridad pública se ejercerá por las El distintas Administraciones Públicas a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.” Por su parte el artículo 2 de la reseñada Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, dispone que “Son Fuerzas y Cuerpos de Seguridad:
3. a)Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dependientes del Las Gobierno de la Nación.
4. b)Cuerpos de Policía dependientes de las Comunidades Autónomas. Los
5. c)Cuerpos de Policía dependientes de las Corporaciones Locales.” Los Respecto también de la legislación relativa a la seguridad ciudadana hay que valorar que la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de La Seguridad Ciudadana, establece en su artículo 13 como medidas de seguridad en establecimientos e instalaciones lo siguiente: “1. El Ministerio del Interior podrá ordenar, conforme a lo que se disponga reglamentariamente, la adopción de las medidas de seguridad necesarias en establecimientos e instalaciones industriales, comerciales y de servicios, para prevenir la comisión de los actos delictivos que se puedan cometer contra ellos, cuando generen riesgos directos para terceros o sean especialmente vulnerables. 2. No obstante, las autoridades competentes podrán eximir de la implantación o el mantenimiento de medidas de seguridad obligatorias a los establecimientos, cuando las circunstancias que concurran en el caso concreto las hicieren innecesarias o improcedentes. 3. La apertura de los establecimientos que estén obligados a la adopción de medidas de seguridad, estará condicionada a la comprobación, por las autoridades competentes, de la idoneidad y suficiencia de las mismas. 4. Los titulares de los establecimientos e instalaciones serán responsables de la adopción o instalación de las medidas de seguridad obligatorias, de acuerdo con las normas que respectivamente las regulen, así como de su efectivo funcionamiento y de la consecución de la finalidad protectora y preventiva propia de cada medida, sin perjuicio de la responsabilidad en que al respecto puedan incurrir sus empleados.” Por su parte, el Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada, en cuanto a medidas de seguridad en general, establece en sus artículos 111.1, y 112.1.
6. c)lo siguiente: “111.1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 y en la disposición C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 6/14 adicional de la Ley Orgánica 1/1992, sobre protección de la seguridad ciudadana, y con la finalidad de prevenir la comisión de actos delictivos, la Secretaría de Estado de Interior, para supuestos supraprovinciales, o los Gobernadores Civiles podrán ordenar que las empresas industriales, comerciales o de servicios adopten las medidas de seguridad que, con carácter general o para supuestos específicos, se establecen en el presente Reglamento”. “112.1. Cuando la naturaleza o importancia de la actividad económica que desarrollan las empresas y entidades privadas, la localización de sus instalaciones, la concentración de sus clientes, el volumen de los fondos o valores que manejen, el valor de los bienes muebles u objetos valiosos que posean, o cualquier otra causa lo hicieran necesario, el Secretario de Estado de Interior para supuestos supraprovinciales, o los Gobernadores Civiles, podrán exigir a la empresa o entidad que adopte, conjunta o separadamente, los servicios o sistemas de seguridad siguientes: “
7. c)Instalación de dispositivos y sistemas de seguridad y protección.” Por lo tanto, el Ministerio del Interior puede ordenar medidas en los establecimientos e instalaciones industriales, comerciales y de servicios para prevenir la comisión de delitos que generen riesgos para terceros o sean especialmente vulnerables, sin embargo no consta en el presente expediente que se hayan ordenado tales medidas en relación con el establecimiento objeto de la presente denuncia. En el presente procedimiento no ha quedado acreditado que el sistema de videovigilancia instalado en el Supermercado Hipercor aquí cuestionado, esté acogido a las disposiciones de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, que regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos, por lo que el tratamiento de los datos recogidos en la vía pública carece de habilitación legal. La instalación de cámaras en la vía pública es competencia exclusiva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En las actuaciones previas de la Inspección de esta Agencia se solicitó información a la entidad imputada quien aportó un informe del sistema instalado en el centro comercial objeto de denuncia, comprobándose que, entre las imágenes captadas por las cámaras, hay dos de las instaladas en el exterior que captan una porción de vía pública que resulta desproporcionada en relación con el fin para el que fueron instaladas. En concreto y a modo de ejemplo, las cámaras fijas exteriores denominadas, en el informe facilitado por la entidad denunciada, como números 47 y 52. En este caso, las cámaras ubicadas en el exterior del Supermercado Hipercor situado en la calle Salvador Dalí 15-19 de Cornellá de Llobregat de Barcelona, graban imágenes de los viandantes sin que tengan autorización administrativa al respecto, puesto que como ya se ha establecido “ut supra”, la instalación de cámaras en la vía pública es competencia exclusiva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. VI Por otra parte, la Directiva 95/46/CE en su Considerando 14 afirma: “