REPOSICION-TD-00044-2013

1/12 Procedimiento nº.: TD/00044/2013 ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00565/2013 Examinado el recurso de reposición interpuesto por D. A.A.A. contra la resolución dictada por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos en el expediente TD/00044/2013, y en base a los siguientes, HECHOS PRIMERO: Con fecha 11 de junio de 2013, se dictó resolución por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos en el expediente TD/00044/2013, en la que se acordó C.C.C. la reclamación de Tutela de Derechos formulada por D. B.B.B. contra D. A.A.A.. SEGUNDO: En el procedimiento que dio lugar a la Resolución impugnada se recogen los siguientes hechos: PRIMERO: Con fecha 22 de octubre de 2012, D. B.B.B. (en lo sucesivo, el reclamante) ejerció el derecho de cancelación de sus datos personales ante D. A.A.A.. SEGUNDO: En fecha 23 de octubre de 2012, D. A.A.A. contestó a la solicitud del reclamante, denegando la cancelación de sus datos personales. TERCERO: Con fecha 19 de diciembre de 2012, D. B.B.B. formuló reclamación de Tutela de Derechos, ante esta Agencia, contra D. A.A.A., por no haber sido debidamente atendido su derecho de cancelación. CUARTO: Trasladadas sucesivamente la reclamación y los escritos de descargos que se produjeron en la tramitación del presente expediente, y por lo que a efectos de la resolución de la presente reclamación interesa, se realizaron, en síntesis, las siguientes alegaciones: • C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid Por parte de D. A.A.A. se pone de manifiesto que no puede existir sesgo de ningún tipo en las actuaciones judiciales publicadas, pues se trata de todos los documentos originales recibidos del Juzgado, y remitidos a este por el que suscribe, en relación con los procedimientos que se tratan. Que el artículo 120 de la Constitución indica: “Las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento”. Y que el DRAE define “publicar” como “Hacer patente y manifiesto al público algo. Publicar la sentencia.” Que el reclamante sólo fue citado a declarar en uno de los procedimientos www.agpd.es sedeagpd.gob.es 2/12 publicados en calidad de testigo, nunca siendo citado como imputado. • El reclamante alega que se oculta que es un procedimiento judicial sobreseído y en esos documentos judiciales aparece su DNI y su dirección postal. Que tiene publicitados decenas de documentos, entre otros, correos electrónicos suyos de carácter estrictamente personal y en los que se contienen datos personales suyos. Que no sólo hay documentos y comunicaciones emitidos en el transcurso de una relación laboral, sino también una denuncia de la Agencia Tributaria, documentos que contienen veladas acusaciones por supuestos cobros irregulares, una denuncia en la que se le acusa de la comisión de varios delitos y documentación de un procedimiento judicial sobreseído. Que la publicidad de las actuaciones judiciales no ampara que la documentación judicial – de contenido sensible – necesariamente sea publicada, difundida y empleada con otros fines. QUINTO: Son conocidos por las partes de forma completa todos los hechos, alegaciones y demás documentación aportada por los interesados para su defensa, al haberse dado traslado por la instrucción del expediente a cada uno de los interesados en este procedimiento y constado todo ello en el expediente que obra en esta Agencia Española de Protección de Datos. TERCERO: La resolución ahora recurrida fue notificada fehacientemente a D. A.A.A. el 14 de junio de 2013, según consta en el acuse de recibe emitido por el Servicio de Correos. Por la parte recurrente se ha presentado recurso de reposición en fecha 9 de julio de 2013, con entrada en esta Agencia el mismo día, en el que señala que: PRIMERO: El nombre y apellidos del reclamante como Director del proyecto (…), como la dirección de correo electrónico son datos de dominio público. SEGUNDO: Respecto a los documentos correspondientes a las Diligencias Previas del Procedimiento Abreviado (…) publicados en la web del que suscribe, (…). En dicho procedimiento el reclamante fue citado a declarar en calidad de testigo, y el documento que recoge su declaración se publicó, en su momento, debidamente anonimizado. TERCERO: La Resolución recurrida vulnera flagrantemente la ley 30/92, en concreto el artículo 35.

1. e)que textualmente reza: A formular alegaciones (…), que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución. (…) Se obvia totalmente la alegación fundamental formulada por el responsable de los datos objeto de la reclamación, donde se precisa que todo el contenido de la página se refiere al desarrollo de un proyecto de investigación financiado íntegramente con dinero público (…). Hechos alegados por el Responsable de los Datos, según la Resolución (primer párrafo del punto cuarto): (…). Hechos alegados por el Responsable de los Datos en su escrito de alegaciones, no recogidos en la resolución (extracto parcial): (…) jamás el reclamante ha demostrado (ni siquiera ha intentado hacerlo) que la información publicada por el autor de este escrito sea inveraz, o carezca de interés público, motivos que sí podrían justificar la validez de sus demandas. ¿Por qué molesta tanto al reclamante que se publique información veraz C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 3/12 que le concierne, relativa al 100% al funcionamiento de un proyecto sufragado íntegramente con fondos públicos del que él fue director científico?¿Qué tiene de “dañina” y de “lesiva” para él la publicación de la verdad? CUARTO: El autor de la reclamación falta descaradamente a la verdad en su reclamación, en la que, según recoge la Resolución recurrida, afirma lo siguiente: “Que tiene publicitados decenas de documentos, entre otros, correos electrónicos suyos de carácter estrictamente personal y en los que se contienen datos personales suyos. Que no sólo hay documentos y comunicaciones emitidos en el transcurso de una relación laboral, sino también una denuncia de la Agencia Tributaria, documentos que contienen veladas acusaciones por supuestos cobros irregulares, una denuncia en la que se le acusa de la comisión de varios delitos y documentación de un procedimiento judicial sobreseído”. QUINTO: La determinación del interés público de un determinado asunto no es potestativa del Director de la Agencia Española de Protección de Datos.(…) El interés público de un determinado asunto emana, en primer lugar de la propia naturaleza de tal asunto y, secundariamente, de la atención que la ciudadanía quiera prestarle. (…) Por otra parte, nos consta que la opinión de que los documentos objeto de la reclamación se refieren a un asunto de interés público es compartida por muchos ciudadanos a los que no conocemos personalmente, que así lo han hecho saber al Director de la AEPD durante los últimos días (Documento 1). SEXTO: Para que la Resolución estuviera motivada con un mínimo rigor, los funcionarios que la instruyeron y firmaron deberían haber indicado que documentos contienen algún texto ajeno al desarrollo del proyecto de investigación en el que colaboraron los sres. reclamante y recurrente, cosa que no hacen, ni pueden hacer, porque no existen tales textos, así como especificar qué datos de carácter personal, distintos del correo electrónico (…) y el nombre y apellidos del reclamante, en calidad de Director del proyecto (…). SÉPTIMO: Un día sí y otro también, los medios de comunicación españoles están haciendo públicos documentos judiciales sin anonimizar, relativos a temas de naturaleza similar al objeto de la reclamación, sin que la AEPD se haya pronunciado jamás en contra de la legalidad de tales prácticas, que nosotros sepamos. (…) FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO: Es competente para resolver el presente recurso el Director de la Agencia Española de Protección de Datos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en lo sucesivo LRJPAC). SEGUNDO: En la Resolución ahora impugnada ya se advertía suficientemente sobre el alcance de las normas contenidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD), y en el Reglamento de desarrollo de la LOPD aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre (en lo sucesivo, RLOPD). En base a estas normas y en consideración a los hechos tenidos por probados, se determinó: C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 4/12 “SÉPTIMO: En el supuesto aquí analizado, queda acreditado que el reclamante ejercitó el derecho de cancelación de sus datos personales ante el responsable del fichero, y que este contestó a la solicitud denegando dicha cancelación. En relación a las alegaciones del responsable de la página web donde se publican los datos personales del reclamante, es necesario precisar lo siguiente: De conformidad con los artículos 3 de la LOPD y 7 de su Reglamento, las sentencias judiciales no están consideradas fuentes de acceso público. No puede publicarse ningún dato de carácter personal recogido en ellas. Prueba de ello, es que el CENDOJ (Buscador de Jurisprudencia del Consejo General del Poder Judicial) publica todas sus resoluciones (autos, sentencias, acuerdos) anonimizadas. Por lo tanto, hay que indicar al responsable del fichero que las sentencias judiciales dictadas por los tribunales no son una fuente de acceso público, y que es preciso el consentimiento de los afectados para el tratamiento de los datos que en ellas aparecen. Si quiere publicar alguna sentencia, solo podrá hacerlo siempre y cuando esté anonimizada, es decir, que no figuren datos personales en la misma. Y lo mismo cabe decir del resto de documentos que puedan aparecer en la mencionada página web y que contengan datos personales del reclamante (DNI, dirección postal, correos electrónicos personales con más datos personales) cuando no hayan sido obtenidos de una fuente de acceso público, al no tener, en este caso, relevancia pública que permita amparar la libertad de expresión. Por todo ello, procede C.C.C. la presente reclamación de Tutela de Derechos.” TERCERO: El recurrente alega en su recurso los siete motivos citados anteriormente y sobre los que esta Agencia tiene que señalar lo siguiente: PRIMERO: El artículo 6.1 y 2 de la LOPD, dispone: “1. El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa. 2. No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se recojan para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias; cuando se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento; cuando el tratamiento de los datos tenga por finalidad proteger un interés vital del interesado en los términos del artículo 7, apartado 6, de la presente Ley, o cuando los datos figuren en fuentes accesibles al público y su tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del fichero o por el del tercero a quien se comuniquen los datos, siempre que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado”. Para que el tratamiento de los datos del reclamante realizado por el recurrente C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 5/12 resultara conforme con los preceptos de la LOPD, hubiera debido concurrir alguno de los supuestos contemplados en el artículo 6 de la LOPD. Sin embargo, no se ha acreditado que el reclamante hubiera prestado el consentimiento para el tratamiento de sus datos, y tampoco se ajusta el presente caso a ninguno de los supuestos exentos de tal consentimiento que recoge el apartado 2 del artículo 6 citado. El artículo 3 de la LOPD define en su apartado
2. h)como “Consentimiento del interesado” a “Toda manifestación de voluntad, libre, inequívoca, específica e informada, mediante la que el interesado consienta el tratamiento de datos personales que le conciernen.” La LOPD no requiere que el consentimiento se preste por escrito o con formalidades determinadas, pero sí exige que el consentimiento de los afectados sea “inequívoco”. El tratamiento de datos sin consentimiento de los afectados constituye un límite al derecho fundamental a la protección de datos. Este derecho, en palabras del Tribunal Constitucional en su Sentencia 292/2000, de 30 de noviembre, Fundamento Jurídico 7 primer párrafo, “(...) consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta a la persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al individuo saber quién posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. Estos poderes de disposición y control sobre los datos personales, que constituyen parte del contenido del derecho fundamental a la protección de datos se concretan jurídicamente en la facultad de consentir la recogida, la obtención y el acceso a los datos personales, su posterior almacenamiento y tratamiento, así como su uso o usos posibles, por un tercero, sea el estado o un particular (...)”. Son pues elementos característicos del derecho fundamental a la protección de datos personales los derechos del afectado a consentir sobre la recogida y uso de sus datos personales y a saber de los mismos. El tratamiento de datos de carácter personal tiene que contar con el consentimiento del afectado o, en su defecto, debe acreditarse que los datos provienen de fuentes accesibles al público, que existe una Ley que ampara ese tratamiento o una relación contractual o negocial entre el titular de los datos y el responsable del tratamiento que sea necesaria para el mantenimiento del contrato. SEGUNDO: Ninguno de los documentos judiciales que el recurrente tenía publicados en su web hasta dictarse la Resolución que originó el presente Recurso, estaba anonimizado. Una vez notificada la Resolución el recurrente procedió a anonimizar los datos del reclamante en los documentos judiciales. Sobre la publicidad de las sentencias judiciales, debe indicarse que el principio de publicidad de las actuaciones judiciales se encuentra consagrado, en cuanto a las sentencias, por los artículos 205.6, 232 y 266 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ello se funda en que la publicidad a la que se refieren dichos preceptos tiene por objeto asegurar el pleno desenvolvimiento del derecho de las partes a obtener la tutela efectiva de los jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos, sin que en ningún modo pueda producírseles indefensión, consagrado por el artículo 24.1 de la C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 6/12 Constitución. Por ello, no puede ampararse en un precepto cuyo fundamento es la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos, la realización de otras actividades que pueden producir una merma de otros derechos fundamentales, como en este caso, el derecho a la protección de datos personales. La colisión entre la publicidad de las sentencias y el derecho a la intimidad de las personas ya ha sido, por otra parte, analizado por el Consejo General del Poder Judicial, disponiendo en el Acuerdo de 18 de junio de 1997, por el que se modifica el Reglamento número 5/1995, de 7 de junio, regulador de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales, como apartado 3 del nuevo artículo 5 bis del Reglamento, que “En el tratamiento y difusión de las resoluciones judiciales se procurará la supresión de los datos de identificación para asegurar en todo momento la protección del honor e intimidad personal y familiar”. Esta cuestión ha sido también abordada en la STS (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 1º), de 3 de marzo de 1995, cuyo Fundamento de Derecho Quinto señala que: “La publicidad procesal, en su vertiente de derecho a la información y de acceso a las sentencias ya depositadas, requiere, como hemos anticipado, por parte de quien la invoca y ejercita, la concurrencia de la condición de «interesado», sin que, hemos también de apresurarnos a esta precisión, la expresión «cualquier interesado» empleada por el art. 266.1 respecto a las sentencias, añada matiz alguno ampliatorio al básico concepto de interesado, por tratarse de mera enunciación reduplicativa y quizás dirigida a no constreñirla a quienes han sido partes o intervenido de cualquier forma (testigos, peritos, etc.) en el proceso al que la sentencia o sentencias han puesto fin. Pues bien, el interés legítimo que es exigible en el caso, sólo puede reconocerse en quien, persona física o jurídica, manifiesta y acredita, al menos «prima facie», ante el órgano judicial, una conexión de carácter concreto y singular bien con el objeto mismo del proceso -y, por ende, de la sentencia que lo finalizó en la instancia-, bien con alguno de los actos procesales a través de los que aquél se ha desarrollado y que están documentados en autos, conexión que, por otra parte, se halla sujeta a dos condicionamientos:
3. a)que no afecte a derechos fundamentales de las partes procesales o de quienes de algún modo hayan intervenido en el proceso, para salvaguardar esencialmente el derecho a la privacidad e intimidad personal y familiar, el honor y el derecho a la propia imagen que eventualmente pudiera afectar a aquellas personas; y
4. b)que si la información es utilizada, como actividad mediadora, para satisfacer derechos o intereses de terceras personas, y en consecuencia adquiere, como es el caso, un aspecto de globalidad o generalidad por relación no a un concreto proceso, tal interés se mantenga en el propio ámbito del ordenamiento jurídico y de sus aplicadores, con carácter generalizado, pues otra cosa sería tanto como hacer partícipe o colaborador al órgano judicial en tareas o actividades que, por muy lícitas que sean, extravasan su función jurisdiccional...” Finalmente, la Recomendación nº R