REPOSICION-TD-01237-2017

1/5 Procedimiento nº.: TD/01237/2017 ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00900/2017 Examinado el Recurso de Reposición interpuesto por Dña. A.A.A. contra la Resolución dictada por la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos, en el expediente TD/01237/2017, y en base a los siguientes, HECHOS PRIMERO: Con fecha 25 de octubre de 2017, se dictó resolución por la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos, en el expediente TD/01237/2017, en la que se acordó Inadmitir la reclamación de Tutela de Derechos formulada por Dña. A.A.A. contra la entidad GRAN MERCASIA, S.L.U. SEGUNDO: En el procedimiento que dio lugar a la Resolución impugnada se tuvieron por probados los siguientes hechos: PRIMERO: Con fecha 14 de febrero de 2017, Dña. A.A.A. ejercitó el derecho de acceso a sus datos personales ante la entidad GRAN MERCASIA, S.L.U., siendo devuelto por Correos, el 16 de febrero de 2017, como Desconocido. SEGUNDO: En fecha 21 de mayo de 2017, Dña. A.A.A. (en lo sucesivo, la reclamante) formuló reclamación de Tutela de Derechos, ante esta Agencia, contra la entidad GRAN MERCASIA, S.L.U., por no haber sido debidamente atendido su derecho de acceso. TERCERO: La Resolución ahora recurrida fue notificada fehacientemente a Dña. A.A.A. el 2 de noviembre de 2017, según consta en la Prueba de Entrega emitida por Correos. CUARTO: La reclamante ha presentado Recurso de Reposición en fecha 4 de diciembre de 2017, con entrada en esta Agencia en la misma fecha, en el que alega que: Dicho escrito está dirigido al domicilio social de la mercantil según los datos que de la misma figuran en el Registro Mercantil Central (que la Agencia puede perfectamente recabar a efectos de su comprobación) y, en consecuencia, la misma viene obligada a hacerse cargo de todo el correo que se le dirija, no pudiendo eludir sus responsabilidades en materia de Protección de Datos ni en ninguna otra materia, por el solo hecho de no recoger las comunicaciones, como, por otra parte, tienen por costumbre. En ningún ámbito de la Administración se admite que una entidad exima sus responsabilidades por el solo hecho de no atender a las comunicaciones. Si, tal y como resulta patente, el domicilio social de la mercantil coincide con el señalado en el requerimiento, la interpretación de la norma no puede resultar conforme a la realizada en C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 2/5 la Resolución pues daría pábulo a declinar toda responsabilidad en materia de acceso, rectificación, cancelación etc de datos, con el sólo burdo instrumento de no recoger las cartas, sin más, suponiendo ello el completo desamparo de los derechos del ciudadano y la dejación de la Administración en la tutela efectiva de sus derechos que proclama el artículo 24 de la Constitución Española. Conforme a lo anterior, solicita la rectificación en las actuaciones seguidas de modo que se requiera a la mercantil, por los medios de que la Administración pueda servirse, a la aportación de los datos de la recurrente de que disponga, y que en defecto de colaboración por parte de la misma dicte acuerdo de inicio de procedimiento sancionador. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO: Es competente para resolver el presente recurso la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en lo sucesivo, LPACAP). SEGUNDO: En la resolución ahora impugnada ya se advertía suficientemente sobre el alcance de las normas contenidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD), y en su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre. TERCERO: En base a estas normas y en consideración a los hechos tenidos por probados, se determinó que: “SEXTO: En el supuesto aquí analizado, examinada la documentación aportada con la reclamación, no ha quedado acreditado que la reclamante haya ejercitado el derecho de acceso ante la entidad demandada, ya que ha sido devuelto por Correos como Desconocido. Y como establece el artículo 24.5 del Reglamento de la LOPD, la reclamante debe acreditar no sólo el envío, sino también la recepción de la solicitud por el responsable del fichero. Por todo ello, no puede entenderse que se haya ejercido en la forma legalmente establecida el derecho del que se pretende la tutela de esta Agencia, al ser el ejercicio del derecho requisito previo necesario para poder iniciar dicho procedimiento.” CUARTO: La recurrente solicita se dicte acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador. En cuanto a la apertura de un procedimiento sancionador por supuestas infracciones a la LOPD, cabe señalar que el procedimiento de Tutela de Derechos al que hace referencia esta norma legal, se inicia siempre a instancia del afectado para garantizar sus derechos de acceso, rectificación cancelación y oposición. Por el contrario, el procedimiento sancionador en materia de protección de datos, que constituye una de las manifestaciones del “ius puniendi” del Estado, se inicia C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 3/5 siempre de oficio por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos, de conformidad con lo previsto en el artículo 122.2 del Reglamento de la LOPD, como así ha mantenido la Audiencia Nacional en sentencias como, entre otras, la dictada en marzo de 2006 (REC 319/2004). Por tanto, es competencia exclusiva de la Agencia Española de Protección de Datos valorar si existen responsabilidades administrativas que han de ser depuradas en un procedimiento sancionador y, en consecuencia, la decisión sobre su apertura, no existiendo obligación de iniciar procedimiento ante cualquier petición realizada por tercero, sino que la misma ha de basarse en la existencia de elementos que justifiquen dicho inicio de actividad sancionadora. Así lo establece el artículo 11.2 del Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, que es del tenor siguiente: “La formulación de una petición no vincula al órgano competente para iniciar procedimiento sancionador, si bien deberá comunicar al órgano que la hubiera formulado los motivos por los que, en su caso, no procede la iniciación del procedimiento. Cuando se haya presentado una denuncia, se deberá comunicar al denunciante la iniciación o no del procedimiento cuando la denuncia vaya acompañada de una solicitud de iniciación” Por otro lado, debe recordarse que para definir la condición de “interesado” para instar al ejercicio de la competencia sancionadora de esta Agencia, la STS de 6-102009 dispone que el denunciante no es interesado, y lo hace en los siguiente términos: "el denunciante de una infracción de la legislación de protección de datos carece de legitimación activa para impugnar la resolución de la Agencia en lo que concierne al resultado sancionador mismo (imposición de una sanción, cuantía de la misma, exculpación, etc.)." En el mismo sentido se ha manifestado la SAN 27/5/2010: "quien denuncia hechos que considera constitutivos de infracción de la legislación de protección de datos carece de legitimación activa para impugnar en vía jurisdiccional lo que resuelva la Agencia.(...) La razón es, en sustancia, que el denunciante carece de la condición de interesado en el procedimiento sancionador que se puede incoar a resultas de su denuncia. Ni la Ley Orgánica de Protección de Datos ni su Reglamento de desarrollo le reconocen esa condición (...). El argumento crucial en esta materia es que el denunciante, incluso cuando se considere a sí mismo "víctima" de la infracción denunciada, no tiene un derecho subjetivo ni un interés legítimo a que el denunciado sea sancionado". Aplicando la doctrina pacífica del Tribunal Supremo, conforme a la cual “la denuncia no convierte al denunciante en titular de un derecho subjetivo ni de un interés personal o legítimo que hubiera de traducirse en un beneficio o utilidad”. (STSS 23/06/1997, 22/12/1997, 14/07/1998, 02/03/1999, 26/10/2000, 30/01/2001, 15/07/2002, 28/02/2003 y 06/03/2003); la circunstancia de haber presentado el actual reclamante la denuncia no le otorga por sí mismo la condición de persona interesada. Junto a ello, debe tenerse en cuenta el criterio restrictivo mantenido por la Audiencia Nacional en Sentencia de 1 de abril de 2011, acerca de la puesta de la protección de datos al servicio de otros intereses por legítimos que sean: “La seriedad C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 4/5 que conlleva el ejercicio de la potestad sancionadora aconseja que se pongan en marcha los mecanismos administrativos y jurisdiccionales correspondientes solo cuando se suponga que se ha producido una verdadera violación del derecho fundamental a la protección de datos”. QUINTO: La reclamante formuló una reclamación de Tutela de Derechos, y el Procedimiento de tutela de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, que recoge el Capítulo II, del Título IX del Reglamento de la LOPD, regula la Instrucción del procedimiento en su artículo 117, que dispone: “1. El procedimiento se iniciará a instancia del afectado o afectados, expresando con claridad el contenido de su reclamación y de los preceptos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, que se consideran vulnerados. 2. Recibida la reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos, se dará traslado de la misma al responsable del fichero, para que, en el plazo de quince días, formule las alegaciones que estime pertinentes. 3. Recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior, la Agencia Española de Protección de Datos, previos los informes, pruebas y otros actos de instrucción pertinentes, incluida la audiencia del afectado y nuevamente del responsable del fichero, resolverá sobre la reclamación formulada.” Por otra parte, esta Agencia ha consultado el Registro Mercantil Central, y la única empresa con la Denominación Social de GRAN MERCASIA SL, siempre ha tenido su domicilio social en Madrid. Sin embargo, la recurrente ha dirigido su solicitud de acceso a un domicilio situado en Cáceres, lo que explicaría que haya sido devuelto como Desconocido por Correos. Examinados los restantes motivos del Recurso de Reposición presentado por la reclamante, no constan hechos ni argumentos jurídicos nuevos que permitan reconsiderar la validez de la resolución impugnada, por lo que procede acordar su desestimación. Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación, La Directora de la Agencia Española de Protección de Datos RESUELVE: PRIMERO: DESESTIMAR el Recurso de Reposición interpuesto por Dña. A.A.A. contra la Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos, dictada con fecha 25 de octubre de 2017, en el expediente TD/01237/2017, que Inadmite la reclamación de Tutela de Derechos formulada por ella misma contra la entidad GRAN MERCASIA, SL. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a Dña. A.A.A.. De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 37 de la LOPD, C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 5/5 en la redacción dada por el artículo 82 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, la presente Resolución se hará pública, una vez haya sido notificada a los interesados. La publicación se realizará conforme a lo previsto en la Instrucción 1/2004, de 22 de diciembre, de la Agencia Española de Protección de Datos sobre publicación de sus Resoluciones y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 116 del Real Decreto 1720/2007, de 21 diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la LOPD. Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto según lo previsto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta del referido texto legal. Mar España Martí Directora de la Agencia Española de Protección de Datos C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es