TD-00664-2015

1/7 Expediente Nº: TD/00664/2015 RESOLUCIÓN Nº.: R/02212/2015 Vista la reclamación formulada el 31 de marzo de 2015 ante esta Agencia por D. A.A.A. contra DIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL por no haber sido debidamente atendido su derecho de cancelación. Realizadas las actuaciones procedimentales previstas en el artículo 117 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre (en lo sucesivo, RLOPD), se han constatado los siguientes HECHOS PRIMERO: D. A.A.A. (en lo sucesivo, el reclamante) solicitó ante DIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL (en lo sucesivo, DG Guardia Civil) la cancelación de varios de los antecedentes policiales que constan en el fichero INTPOL. La DG Guardia Civil le remitió un escrito en el que le indican que deniegan el derecho solicitado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23.1 de la Ley Orgánica 15/1999. SEGUNDO: Con fecha 31 de marzo de 2015 tuvo entrada en esta Agencia reclamación contra la DG Guardia Civil por no haber sido debidamente atendido su derecho de cancelación. TERCERO: Trasladadas sucesivamente la reclamación y los escritos de descargos que se produjeron en la tramitación del presente expediente, y por lo que a efectos de la resolución de la presente reclamación interesa, se realizaron, en síntesis, las siguientes alegaciones:  La DG Guardia Civil señaló que denegó la petición del reclamante en base a los artículos 22 y 23 de la Ley Orgánica 15/1999. “(…) El Sr. A.A.A. a la vista de los datos que le constan en el fichero INTPOL, cuya finalidad es el mantenimiento de la Seguridad Ciudadana mediante el control de personas y hechos de interés policial, presenta una actividad delictiva activa desde el año 2007, figurando en dicho fichero como autor de delitos de distinta tipificación penal (contra las personas, contra la salud pública y contra el orden público).” En cuanto a las manifestaciones del reclamante sobre la inadecuada e inmotivada aplicación del art. 23.1 indicando que los delitos que le constan son de carácter común y no son catalogables en figuras delictivas como el terrorismo o el narcotráfico, la DG Guardia Civil señala que también le consta un delito contra la salud pública con medicamentos, del cual no solicita la C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 2/7 cancelación y del que no aporta documentación que el proceso penal y por tanto la investigación esté concluida. Asimismo, tanto en el delito de asesinato como en el de tenencia ilícita de armas la resolución que dictan los juzgados que conocieron del asunto es la de Sobreseimiento Provisional.  El reclamante manifiesta su disconformidad con la denegación de la DG Guardia Civil indicando que, en uno de los delitos de lesiones, no se encontraba en calidad de acusado, sino de coadyuvante del Ministerio Público, y, en otra de las faltas, fue absuelto. Indica que no es necesario hacer mención al delito contra la salud pública con medicamentos porque no es objeto del presente procedimiento.  La DG Guardia Civil señala, en relación con las alegaciones presentadas por el reclamante: - “Por un lado, en cuanto al delito de lesiones, de fecha (…), que consta en fichero INTPOL de Guardia Civil, en el que aparece como AUTOR, el interesado alega que según Diligencias Previas XXX/2007 del Juzgado de Instrucción n°3 de Salamanca, el mismo se halla en calidad de COADYUVANTE del Ministerio Fiscal, por lo que no tendría que aparecer como AUTOR. En este caso, cuando se instruyen diligencias policiales, se tipifica penalmente según las investigaciones llevadas a cabo por parte de Unidad policial investigadora y es esa misma catalogación que se da de alta en el fichero INTPOL de Guardia Civil, si bien, se desconoce la catalogación que posteriormente pueda sufrir durante la fase de instrucción por parte del Juzgado que entienda de la causa. - Por otro lado, en cuanto al presunto delito de asesinato en grado de tentativa, en el que el Juzgado dicta resolución de sobreseimiento provisional, el interesado alega que dicho Juzgado acordó la destrucción de la pieza de convicción que sustentaban el procedimiento y que por tanto ha de ser tenido como inocente a todos los efectos. Asimismo, en cuanto al presunto delito de tenencia ilícita de armas, el Juzgado dictó sobreseimiento provisional y archivo, el interesado alega que tal delito no es el que aparece tipificado, sino un supuesto depósito de cartuchería metálica, que en palabras del Fiscal en su petición de sobreseimiento de la causa, resultaba del todo insuficiente para poder constituir dicho ilícito penal (…) el sobreseimiento provisional de la causa no es una situación procesal que ponga fin al procedimiento penal, sino que da lugar a una suspensión temporal con posibilidad de reapertura, sin efecto de cosa juzgada material (art. 634 y ss. L.E.Cr.), manteniéndose por tanto la supuesta situación que dio origen a la actuación policial, hasta que la Autoridad judicial disponga el sobreseimiento libre, o en todo caso hasta la prescripción del delito enjuiciado. C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 3/7 Asimismo, a la vista de esta multiactividad delictiva que presenta el interesado y de su posible reincidencia, se hace imprescindible cara a posibles futuras investigaciones policiales el mantenimiento de éstos antecedentes en el fichero INTPOL, todo ello con la finalidad principal de salvaguardar la seguridad ciudadana. Las personas relacionadas con este tipo de actividad delincuencial son sometidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a investigación permanente en evitación de posibles graves peligros para la seguridad pública. Por último señalar, que la finalidad del fichero de datos INTPOL de la Guardia Civil es el mantenimiento de la seguridad ciudadana mediante el control de personas y hechos de interés policial, conforme dispone la Orden del Ministerio del Interior, 1NT*********, de 4 de mayo de 2011, siendo esta una de las herramientas policiales básicas para salvaguardar la seguridad ciudadana.” FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO: La competencia para resolver la presente reclamación corresponde a la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos, de acuerdo con el artículo 37.d), en relación con el artículo 36, ambos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (en lo sucesivo LOPD). SEGUNDO: El artículo 18.1 de la LOPD señala que “Las actuaciones contrarias a lo dispuesto en la presente Ley pueden ser objeto de reclamación por los afectados ante la Agencia Española de Protección de Datos, en la forma que reglamentariamente se determine”. TERCERO: El artículo 16 de la LOPD dispone que “1. El responsable del tratamiento tendrá la obligación de hacer efectivo el derecho de rectificación o cancelación del interesado en el plazo de diez días. 2. Serán rectificados o cancelados, en su caso, los datos de carácter personal cuyo tratamiento no se ajuste a lo dispuesto en la presente Ley y, en particular, cuando tales datos resulten inexactos o incompletos. 3. La cancelación dará lugar al bloqueo de los datos, conservándose únicamente a disposición de las Administraciones públicas, Jueces y Tribunales, para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de éstas. Cumplido el citado plazo deberá procederse a la supresión. 4. Si los datos rectificados o cancelados hubieran sido comunicados previamente, el responsable del tratamiento deberá notificar la rectificación o cancelación efectuada a quien se hayan comunicado, en el caso de que se mantenga el tratamiento por este último, que deberá también proceder a la cancelación. C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 4/7 5. Los datos de carácter personal deberán ser conservados durante los plazos previstos en las disposiciones aplicables o, en su caso, en las relaciones contractuales entre la persona o entidad responsable del tratamiento y el interesado.” CUARTO: El artículo 32.2 y 3 del RLOPD determina: “2. El responsable del fichero resolverá sobre la solicitud de rectificación o cancelación en el plazo máximo de diez días a contar desde la recepción de la solicitud. Transcurrido el plazo sin que de forma expresa se responda a la petición, el interesado podrá interponer la reclamación prevista en el artículo 18 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. En el caso de que no disponga de datos de carácter personal del afectado deberá igualmente comunicárselo en el mismo plazo. 3. Si los datos rectificados o cancelados hubieran sido cedidos previamente, el responsable del fichero deberá comunicar la rectificación o cancelación efectuada al cesionario, en idéntico plazo, para que éste, también en el plazo de diez días contados desde la recepción de dicha comunicación, proceda, asimismo, a rectificar o cancelar los datos. La rectificación o cancelación efectuada por el cesionario no requerirá comunicación alguna al interesado, sin perjuicio del ejercicio de los derechos por parte de los interesados reconocidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.” QUINTO: El artículo 25 del RLOPD determina: “1. Salvo en el supuesto referido en el párrafo 4 del artículo anterior, el ejercicio de los derechos deberá llevarse a cabo mediante comunicación dirigida al responsable del fichero, que contendrá:

1. a)Nombre y apellidos del interesado; fotocopia de su documento nacional de identidad, o de su pasaporte u otro documento válido que lo identifique y, en su caso, de la persona que lo represente, o instrumentos electrónicos equivalentes; así como el documento o instrumento electrónico acreditativo de tal representación. La utilización de firma electrónica identificativa del afectado eximirá de la presentación de las fotocopias del DNI o documento equivalente. El párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de la normativa específica aplicable a la comprobación de datos de identidad por las Administraciones Públicas en los procedimientos administrativos.
2. b)Petición en que se concreta la solicitud.
3. c)Dirección a efectos de notificaciones, fecha y firma del solicitante.
4. d)Documentos acreditativos de la petición que formula, en su caso. 2. El responsable del tratamiento deberá contestar la solicitud que se le dirija en todo caso, con independencia de que figuren o no datos personales del afectado en sus C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 5/7 ficheros. 3. En el caso de que la solicitud no reúna los requisitos especificados en el apartado primero, el responsable del fichero deberá solicitar la subsanación de los mismos. 4. La respuesta deberá ser conforme con los requisitos previstos para cada caso en el presente título. 5. Corresponderá al responsable del tratamiento la prueba del cumplimiento del deber de respuesta al que se refiere el apartado 2, debiendo conservar la acreditación del cumplimiento del mencionado deber…” SEXTO: El artículo 23.1 de la LOPD establece que “1. Los responsables de los ficheros que contengan los datos a que se refieren los apartados 2, 3 y 4 del artículo anterior podrán denegar el acceso, la rectificación o cancelación en función de los peligros que pudieran derivarse para la defensa del Estado o la seguridad pública, la protección de los derechos y libertades de terceros o las necesidades de las investigaciones que se estén realizando.” SÉPTIMO: El artículo 22.4 de la LOPD dispone: “4. Los datos personales registrados con fines policiales se cancelarán cuando no sean necesarios para las averiguaciones que motivaron su almacenamiento. A estos efectos, se considerará especialmente la edad del afectado y el carácter de los datos almacenados, la necesidad de mantener los datos hasta la conclusión de una investigación o procedimiento concreto, la resolución judicial firme, en especial la absolutoria, el indulto, la rehabilitación y la prescripción de responsabilidad.” OCTAVO: El procedimiento de Tutela de Derechos se instruye como consecuencia de la denegación de alguno de los derechos regulados por la normativa de protección de datos (acceso, rectificación, cancelación y oposición). Por ello, en el presente expediente sólo se analizará las cuestiones relativas a la petición de cancelación de antecedentes policiales. En el presente caso, ha quedado acreditado que el reclamante solicitó ante la DG Guardia Civil la cancelación de varios de sus antecedentes penales, y que esta entidad le contestó denegando dicha cancelación de forma genérica, sin justificar ni motivar las razones para ello, basándose en los ya citados artículos 22 y 23 de la LOPD. En este sentido, la Sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 28/03/2011 establece: “Ha de concluirse, por tanto, que si bien los derechos de acceso y cancelación de los datos personales obrantes en los ficheros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado relacionados con la investigación de hechos presuntamente delictivos puede limitarse por razones de seguridad, para no perjudicar el fin de la investigación o para preservar la seguridad o los datos de terceros afectados, estas restricciones habrán de C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 6/7 concretarse y motivarse, sin que baste la simple negativa a facilitar su información o la genérica afirmación de que su contenido ha sido remitido a la “autoridad judicial” sin especificarla. El encargado de este fichero, ante el ejercicio del derecho de acceso instado por el interesado en conocer los datos personales contenidos en los archivos policiales, en concreto los referidos a determinados atestados policiales en los que aparecía como denunciado, debe justificar y motivar las razones que le impiden dar a conocer estos datos o por las que se debe limitar el contenido de dicha información.” Durante la tramitación del presente procedimiento, la DG Guardia Civil en las alegaciones presentadas ante esta Agencia ha especificado los motivos para la denegación de la cancelación solicitada. Por ello, procede estimar, por motivos formales, la presente reclamación de Tutela de Derechos al haberse especificado extemporáneamente las razones por las que no cabe cumplimentar la cancelación solicitada sin que se requiera la realización de actuaciones adicionales por parte del responsable del fichero. Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación, la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos RESUELVE: PRIMERO: ESTIMAR, por motivos formales, la reclamación formulada por D. A.A.A. contra DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL. No obstante, no procede la emisión de nueva certificación por parte de dicha entidad, al haber denegado motivadamente la cancelación solicitada durante la tramitación del presente procedimiento de Tutela de Derechos. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a D. GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL. A.A.A. y a DIRECCIÓN De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 37 de la LOPD, en la redacción dada por el artículo 82 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, la presente Resolución se hará pública, una vez haya sido notificada a los interesados. La publicación se realizará conforme a lo previsto en la Instrucción 1/2004, de 22 de diciembre, de la Agencia Española de Protección de Datos sobre publicación de sus Resoluciones y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 116 del RLOPD. Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa (artículo 18.4 de la LOPD), y de conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición ante la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de esta resolución, o, directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (en lo sucesivo LJCA), en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto, según lo previsto en el artículo 46.1 del referido texto legal. C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 7/7 Sin embargo, el responsable del fichero de titularidad pública, de acuerdo con el artículo 44.1 de la LJCA, sólo podrá interponer directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta de la LJCA, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto, según lo previsto en el artículo 46.1 del referido texto legal. Mar España Martí Directora de la Agencia Española de Protección de Datos C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es