TD-00949-2018

1/11 Procedimiento Nº: TD/00949/2018 RESOLUCIÓN Nº.: R/01573/2018 Vista la reclamación formulada por Dª A.A.A. contra EOE 3 EQUIPO ORIENTACIÓN EDUCATIVA, con fecha de entrada en esta Agencia el 19 de abril de 2018, por no haber sido atendido debidamente su derecho de acceso a los datos de su hijo menor de edad. Realizadas las actuaciones procedimentales previstas en el artículo 117 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre (en lo sucesivo, RLOPD), se han constatado los siguientes HECHOS PRIMERO: Con fecha 26 de febrero de 2018 Dª A.A.A. (en lo sucesivo, la reclamante) remitió un escrito a EOE 3 EQUIPO ORIENTACIÓN EDUCATIVA (en lo sucesivo, el Equipo de Orientación) solicitando el acceso a los datos de su hijo menor de edad “(…) incluyendo el informe de la evaluación psicopedagógica elaborado y cuantos resultantes, (…)” Asimismo, solicita conocer el nombre de los profesionales que realizaron esa evaluación. SEGUNDO: Con fecha 19 de abril de 2018 tuvo entrada en esta Agencia reclamación contra el Equipo de Orientación por no haber sido debidamente atendido el derecho de acceso a los datos de su hijo menor de edad. TERCERO: Trasladadas sucesivamente la reclamación y los escritos de descargos que se produjeron en la tramitación del presente expediente, y por lo que a efectos de la resolución de la presente reclamación interesa, se realizaron, en síntesis, las siguientes alegaciones:  El Equipo de Orientación señaló que recibió la petición de la reclamante pero que no contestó a la misma dado que la persona a la que dirigía esa petición no es el responsable del fichero, sino director del Equipo de Orientación. Además, hacía referencia a la legislación sanitaria e incluso a profesionales de ese ámbito (con la especialidad de Psicología Clínica). Manifiesta que el Equipo de Orientación pertenece a la Administración Educativa de la Junta de Castilla y León, no a la Administración Sanitaria, por lo que no le es de aplicación la Ley 41/2002, de Autonomía del Paciente. En cuanto a la información a la que solicita el acceso, indica que los informes de exploración psicopedagógica fueron realizados con el consentimiento de C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 2/11 los padres del menor, y se les han facilitado en varias ocasiones los resultados de la valoración realizada y sobre la propuesta educativa derivada de la misma.  La reclamante se reitera en sus pretensiones. CUARTO: Son conocidos por las partes de forma completa todos los hechos, alegaciones y demás documentación aportada por los interesados para su defensa, al haberse dado traslado por la instrucción del expediente a cada uno de los interesados en este procedimiento y constando todo ello en el expediente que obra en esta Agencia Española de Protección de Datos. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO: Es competente para resolver la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos, conforme a lo establecido en el artículo 37.

1. d)en relación con el artículo 36, ambos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo, LOPD). SEGUNDO: El artículo 18.1 de la LOPD señala que: “Las actuaciones contrarias a lo dispuesto en la presente Ley pueden ser objeto de reclamación por los afectados ante la Agencia Española de Protección de Datos, en la forma que reglamentariamente se determine”. TERCERO: El artículo 15 de la LOPD dispone que: “1. El interesado tendrá derecho a solicitar y obtener gratuitamente información de sus datos de carácter personal sometidos a tratamiento, el origen de dichos datos, así como las comunicaciones realizadas o que se prevén hacer de los mismos. 2. La información podrá obtenerse mediante la mera consulta de los datos por medio de su visualización, o la indicación de los datos que son objeto de tratamiento mediante escrito, copia, telecopia o fotocopia, certificada o no, en forma legible e inteligible, sin utilizar claves o códigos que requieran el uso de dispositivos mecánicos específicos. 3. El derecho de acceso a que se refiere este artículo sólo podrá ser ejercitado a intervalos no inferiores a doce meses, salvo que el interesado acredite un interés legítimo al efecto, en cuyo caso podrán ejercitarlo antes.” CUARTO: El artículo 27 del RLOPD regula el derecho de acceso en los siguientes términos: “1. El derecho de acceso es el derecho del afectado a obtener información sobre si sus propios datos de carácter personal están siendo objeto de tratamiento, la finalidad del tratamiento que, en su caso, se está realizando, así como la información disponible sobre el origen de dichos datos y las comunicaciones realizadas o previstas de los mismos. C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 3/11 2. En virtud del derecho de acceso el afectado podrá obtener del responsable del tratamiento información relativa a datos concretos, a datos incluidos en un determinado fichero, o a la totalidad de sus datos sometidos a tratamiento. No obstante, cuando razones de especial complejidad lo justifiquen, el responsable del fichero podrá solicitar del afectado la especificación de los ficheros respecto de los cuales quiera ejercitar el derecho de acceso, a cuyo efecto deberá facilitarle una realización una relación de todos ellos. 3. El derecho de acceso es independiente del que otorgan a los afectados las leyes especiales y en particular la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.” QUINTO: El artículo 25 del RLOPD determina: “1. Salvo en el supuesto referido en el párrafo 4 del artículo anterior, el ejercicio de los derechos deberá llevarse a cabo mediante comunicación dirigida al responsable del fichero, que contendrá:
2. a)Nombre y apellidos del interesado; fotocopia de su documento nacional de identidad, o de su pasaporte u otro documento válido que lo identifique y, en su caso, de la persona que lo represente, o instrumentos electrónicos equivalentes; así como el documento o instrumento electrónico acreditativo de tal representación. La utilización de firma electrónica identificativa del afectado eximirá de la presentación de las fotocopias del DNI o documento equivalente. El párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de la normativa específica aplicable a la comprobación de datos de identidad por las Administraciones Públicas en los procedimientos administrativos.
3. b)Petición en que se concreta la solicitud.
4. c)Dirección a efectos de notificaciones, fecha y firma del solicitante.
5. d)Documentos acreditativos de la petición que formula, en su caso. 2. El responsable del tratamiento deberá contestar la solicitud que se le dirija en todo caso, con independencia de que figuren o no datos personales del afectado en sus ficheros. 3. En el caso de que la solicitud no reúna los requisitos especificados en el apartado primero, el responsable del fichero deberá solicitar la subsanación de los mismos. 4. La respuesta deberá ser conforme con los requisitos previstos para cada caso en el presente título. C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 4/11 5. Corresponderá al responsable del tratamiento la prueba del cumplimiento del deber de respuesta al que se refiere el apartado 2, debiendo conservar la acreditación del cumplimiento del mencionado deber…” SEXTO: El artículo 29 del RLOPD dispone lo siguiente: “1. El responsable del fichero resolverá sobre la solicitud de acceso en el plazo máximo de un mes a contar desde la recepción de la solicitud. Transcurrido el plazo sin que de forma expresa se responda a la petición de acceso, el interesado podrá interponer la reclamación prevista en el artículo 18 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. En el caso de que no disponga de datos de carácter personal de los afectados deberá igualmente comunicárselo en el mismo plazo 2. Si la solicitud fuera estimada y el responsable no acompañase a su comunicación la información a la que se refiere el artículo 27.1, el acceso se hará efectivo durante los diez días siguientes a dicha comunicación. 3. La información que se proporcione, cualquiera que sea el soporte en que fuere facilitada, se dará en forma legible e inteligible, sin utilizar claves o códigos que requieran el uso de dispositivos mecánicos específicos. Dicha información comprenderá todos los datos de base del afectado, los resultantes de cualquier elaboración o proceso informático, así como la información disponible sobre el origen de los datos, los cesionarios de los mismos y la especificación de los concretos usos y finalidades para los que se almacenaron los datos.” SÉPTIMO: El artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en lo sucesivo, LPACAP), Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas, establece que: “Quienes de conformidad con el artículo 3, tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, son titulares, en sus relaciones con ellas, de los siguientes derechos:
6. a)(…)
7. d)Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre (RCL 2013, 177), de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico.
8. e)(…) Estos derechos se entienden sin perjuicio de los reconocidos en el artículo 53 referidos a los interesados en el procedimiento administrativo.” C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 5/11 Y el artículo 53, Derechos del interesado en el procedimiento administrativo, de la misma Ley dispone que: 1. Además del resto de derechos previstos en esta Ley, los interesados en un procedimiento administrativo, tienen los siguientes derechos:
9. a)A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados; el sentido del silencio administrativo que corresponda, en caso de que la Administración no dicte ni notifique resolución expresa en plazo; el órgano competente para su instrucción, en su caso, y resolución; y los actos de trámite dictados. Asimismo, también tendrán derecho a acceder y a obtener copia de los documentos contenidos en los citados procedimientos. Quienes se relacionen con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos, tendrán derecho a consultar la información a la que se refiere el párrafo anterior, en el Punto de Acceso General electrónico de la Administración que funcionará como un portal de acceso. Se entenderá cumplida la obligación de la Administración de facilitar copias de los documentos contenidos en los procedimientos mediante la puesta a disposición de las mismas en el Punto de Acceso General electrónico de la Administración competente o en las sedes electrónicas que correspondan.
10. b)(…) 2. Además de los derechos previstos en el apartado anterior, en el caso de procedimientos administrativos de naturaleza sancionadora, los presuntos responsables tendrán los siguientes derechos:
11. a)A ser notificado de los hechos que se le imputen, de las infracciones que tales hechos puedan constituir y de las sanciones que, en su caso, se les pudieran imponer, así como de la identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción y de la norma que atribuya tal competencia.
12. b)(…).” OCTAVO: En el supuesto aquí analizado, ha quedado acreditado que la reclamante ejercitó el derecho de acceso a los datos de su hijo menor de edad ante la Entidad reclamada, y que, transcurrido el plazo establecido conforme a las normas antes señaladas, su solicitud no obtuvo la respuesta legalmente exigible. En primer lugar, se ha de señalar que la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica (en lo sucesivo, LAP) no le es de aplicación a la relación mantenida entre las partes del presente procedimiento, la realización de una evaluación psicopedagógica de un menor en el ámbito de la educación no otorga al hijo de la reclamante la condición de paciente ni obliga al responsable del fichero a la elaboración de una historia clínica. Así la LAP en su artículo 3, relativo a las definiciones legales, determina: C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 6/11 “Paciente: la persona que requiere asistencia sanitaria v está sometida a cuidados profesionales para el mantenimiento o recuperación de su salud.” “Historia clínica: el conjunto de documentos que contienen los datos, valoraciones e informaciones de cualquier índole sobre la situación y la evolución clínica de un paciente a lo largo del proceso asistencia”. En el caso que nos ocupa, el hijo de la reclamante no ha recibido asistencia sanitaria ni cuidados profesionales para el mantenimiento o recuperación de su salud, tampoco ha existido una asistencia sanitaria o tratamiento médico. Únicamente han tenido lugar unas evaluaciones psicopedagógicas para determinar cientos aspectos o aptitudes relativas al aprendizaje y se han realizado unas pruebas y/o test para la realización de dichas evaluaciones. Por tanto, no le es de aplicación a la relación mantenida entre las partes la LAP. A mayor abundamiento, conviene traer a colación la SAN de fecha 10 de febrero de 2015, cuto tenor literal es el siguiente: "...procede examinar también, dados los concretos términos en que se suscita la controversia entre las partes, si resulta aplicable al supuesto que nos ocupa la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica. La aplicación al caso de esta ley exigirla la integración del informe médico al que pretende acceder el reclamante en la “historia clínica" que define y regula. El objeto de la citada ley, descrito en el artículo 1, es “la regulación de los derechos y obligaciones de los pacientes, usuarios y profesionales, así como de los centros y servicios sanitarios, públicos y privados, en materia de autonomía del paciente y de información y documentación clínica". Por lo que respecta a este objeto, precisa el artículo 3 que por “centro sanitario" debe entenderse" el conjunto organizado de profesionales, instalaciones y medios técnicos que realiza actividades y presta servicios para cuidar la salud de los pacientes y usuarios", y por “servicio sanitario" ha de considerarse “la unidad asistencial con organización propia, dotada de los recursos técnicos y del personal cualificado para llevar a cabo actividades sanitarias". Asimismo, el precepto recoge la definición de “historia clínica", entendida como “el conjunto de documentos que contienen los datos, valoraciones e informaciones de cualquier índole sobre la situación y la evolución clínica de un paciente a lo largo del proceso asistencial", y el concepto de “información clínica", consistente en “todo dato, cualquiera que sea su forma, clase o tipo, que permite adquirir o ampliar conocimientos sobre el estado físico y la salud de una persona, o la forma de preservarla, cuidarla, mejorarla o recuperarla". De forma más concreta, señala el artículo 14.1 que la “historia clínica" comprende “el conjunto de los documentos relativos a los procesos asistenciales de cada paciente, con la identificación de los módicos y de los demás profesionales que han intervenido en ellos, con objeto de obtener la máxima integración posible de la documentación clínica de cada paciente, al menos, en el ámbito de cada centro". En C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 7/11 consonancia con tal previsión legal, establece el artículo 15 el contenido de la historia clínica en los siguientes términos: “1. La historia clínica incorporará la información que se considere trascendental para el conocimiento veraz y actualizado del estado de salud del paciente. Todo paciente o usuario tiene derecho a que quede constancia, por escrito o en el soporte técnico más adecuado, de la información obtenida en todos sus procesos asistenciales, realizados por el servicio de salud tanto en el ámbito de atención primaria como de atención especializada. 2. La historia clínica tendrá como fin principal facilitar la asistencia sanitaria, dejando constancia de todos aquellos datos que, bajo criterio médico, permitan el conocimiento veraz y actualizado del estado de salud. El contenido mínimo de la historia clínica será el siguiente:
13. a)La documentación relativa a la hoja clinicoestadística.
14. b)La autorización de ingreso.
15. c)El informe de urgencia.
16. d)La anamnesis y la exploración física.
17. e)La evolución.
18. f)Las órdenes médicas.
19. g)La hoja de interconsulta.
20. h)Los informes de exploraciones complementarias.
21. i)El consentimiento informado.
22. j)Ei informe de anestesia.
23. k)El informe de quirófano o de registro del parto. I) El informe de anatomía patológica.
24. m)La evolución y planificación de cuidados de enfermería.
25. n)La aplicación terapéutica de enfermería. ñ) El gráfico de constantes.
26. o)El informe clínico de alta. Los párrafos b), c), i), j), k), i), ñ) y
27. o)sólo serán exigibles en la cumplimentación de la historia clínica cuando se trate de procesos de hospitalización o así se disponga”. Por consiguiente, debe reconocerse que el objeto de la ley se sitúa en la relación existente entre los profesionales sanitarios y los pacientes o usuarios de los centros y servicios asistenciales sanitarios, a fin de establecer fundamentalmente un marco jurídico de derechos y obligaciones en el seno de tal relación, en materia de autonomía del paciente y de información y documentación clínica. De modo que en esta relación y fruto de la misma se conforma la historia clínica del paciente, condicionando su contenido. Igualmente, debe considerarse que por “paciente” se entiende “la persona que requiere asistencia sanitaria y está sometida a cuidados profesionales para el mantenimiento o recuperación de su salud”, según establece el artículo 3 de la LAP, lo que adquiere singular relevancia al ser considerado titular del derecho de acceso a la historia clínica en el artículo 18 de la LAP. Además, esta Sala ya se ha pronunciado sobre el concepto y contenido de la historia clínica, en los términos en que es C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 8/11 configurada por la LAP, en su sentencia de 30 de mayo de 2007, recurso contenciosoadministrativo 363/2005, confirmada por la STS de 11 de marzo de 2011, Rec. 3804/2007, poniendo el acento en que la regulación contenida en la citada ley se refiere exclusivamente a la relación entre el médico y el paciente, a los derechos y obligaciones de este y, particularmente, a los centros sanitarios que realizan labor asistencial, con especial referencia a la constancia de la documentación clínica y la información sobre la misma. Concluía esta Sala entonces que “no puede equipararse en modo alguno las historias clínicas que reflejan la imprescindible y específica relación entre el que padece una enfermedad y el profesional médico encargado de adoptar las medidas precisas para su curación o mejora con el soporte documental de un informe encargado por un tercero, la aseguradora recurrente, a un médico para que evalúe la situación de una lesionada que, a su vez es o ha sido paciente de otro profesional de la medicina”. Asimismo, a tal concepto de historia clínica atiende también la STS de 20 de octubre de 2009, Rec. 4946/2007, cuando al confirmar los razonamientos de la sentencia recurrida, afirma que tiene su razón de ser en la adecuada y eficaz gestión racional de la sanidad y la prestación de la asistencia sanitaria, que exige la creación y utilización de registros, en los que se recoja la información para dicha gestión y asistencia. Afirmación que se hace en consonancia con lo dispuesto en el artículo 16 de la LAP acerca del uso atribuido a la historia clínica y el derecho de los profesionales asistenciales que se ocupan del diagnóstico o el tratamiento del paciente a acceder a su historia clínica, como instrumento fundamental para su adecuada asistencia. El expresado criterio debe ser ahora corroborado, declarando que la "historia clínica” definida y regulada en la LAP, se integra en el proceso asistencial sanitario, y se conforma con motivo de su evolución en relación con el paciente objeto del mismo y sometido a cuidados profesionales para el mantenimiento o recuperación de su salud. Frente a las alegaciones del Abogado del Estado debe señalarse que, aun cuando el tenor literal del artículo 3 de la LAP pudiera conducir a un concepto de “historia clínica” de mayor amplitud que el descrito en los artículos 14 y 15 de la misma ley, antes transcritos, su interpretación sistemática, tomando en consideración lo expresado en estos y en atención al ámbito de aplicación de la indicada ley, sitúa la “historia clínica" en el marco de los procesos asistenciales propios del sistema sanitario. De ahí que el apartado segundo del artículo 15 recoja su contenido mínimo y le atribuya con carácter principal la función de facilitar la asistencia sanitaria, haciendo expresa referencia a la documentación propia de los procesos de asistencia sanitaria a los pacientes, con especial atención a los propios de centros hospitalarios. En este sentido, cuando el artículo tercero de la LAP define la “historia clínica” como “el conjunto de documentos que contienen los datos, valoraciones e informaciones de cualquier índole sobre la situación y la evolución clínica de un paciente a lo largo del proceso asistencial”, se refiere al proceso asistencial sanitario, y no a cualquier clase de proceso asistencial, tal y como se desprende tanto del ámbito de aplicación de la ley, expresado en su artículo primero, como de las diferentes definiciones legales que establece su artículo tercero, antes transcritos, formuladas con referencia a la prestación de servicios sanitarios o de salud o, lo que es lo mismo, a la actividad sanitaria, ya sea pública o privada. C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 9/11 Por ello, estima la Sala que el informe médico al que pretende acceder el reclamante, cuya finalidad era dictaminar acerca del grado o porcentaje de incapacidad del mismo, a fin de determinar sobre la concurrencia del riesgo de incapacidad permanente absoluta objeto de aseguramiento, aun cuando contiene datos personales de salud de aquel, no constituye parte integrante de su “historia clínica, pues resulta ajeno al proceso asistencial sanitario a que estuviera sometido aquel como paciente. No obstante lo expuesto, como dijimos en el anterior fundamento de derecho, el derecho del reclamante a obtener una copia del informe médico expresado, se encuentra amparada por el ejercicio legítimo de su derecho de acceso a los datos de carácter personal, reconocido por la normativa general sobre protección de datos, al contener datos relativos a su salud objeto de tratamiento, como pone de relieve el artículo 5.1.
28. g)RLOPD en relación con el articulo 15 LOPD” En segundo lugar, recalcar que los datos de carácter personal relacionados con la salud, en un supuesto como el presente, se encuentran sujetos a un estatuto jurídico especial, de conformidad con lo establecido en la LOPD y su reglamento, deduciendo que el derecho de acceso se extiende, por lo que aquí nos interesa, a la totalidad de los datos de salud, debiéndose tener en cuenta la definición que de datos relativos a la salud hace el reglamento de la LOPD en su artículo 5.1.g). El referido reglamento que desarrolla la LOPD, define datos de carácter personal relacionados con la salud como: “las informaciones concernientes a la salud pasada, presente y futura, física o mental, de un individuo. En particular, se consideran datos relacionados con la salud de las personas los referidos a su porcentaje de discapacidad y a su información genética." Así, se ha de señalar que el alcance objetivo del derecho de acceso relativo a los datos de salud se debe ceñir a todos aquellos datos relativos a la determinación y constatación del estado de salud de su titular, ya sea físico o psíquico, pasado, presente y futuro. Por otro lado, la consideración de los informes psicológicos, psicosociales, psicopedagógicos y pruebas correspondientes como de datos relativos a la salud, conviene traer a colación el Informe Jurídico 445/2009 de esta Agencia, que determina lo siguiente: “Según se describe en el contenido de la consulta, la actuación de la entidad consultante conlleva la evaluación psicotécnica de aptitudes, características de personalidad y preferencias profesionales de los alumnos. Por tanto se van a tratar datos psicológicos, el artículo 5.1
29. g)del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, define los datos de salud, como “las informaciones concernientes a la salud pasada, presente y futura, física o mental, de un individuo”, lo que nos permite concluir que nos encontramos en presencia de datos de salud. Además, este criterio de considerar los datos psicotécnicos y psicológicos como datos de salud se ha mantenido por la Agencia con anterioridad a la entrada en C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 10/11 vigor del mencionado Reglamento, pues así se observa en el Informe de 20 mayo de 2002 en el que se establecía que; “El apartado 45 de la Memoria Explicativa del Convenio 108 del Consejo de Europa viene a definirla noción de “datos de carácter personal relativos a la salud", considerando que su concepto abarca ‘las informaciones concernientes a la salud pasada, presente y futura, física o mental, de un individuo”, pudiendo tratarse de informaciones sobre un individuo de buena salud, enfermo o fallecido. Añade el citado apartado 45 que “debe entenderse que estos datos comprenden igualmente las informaciones relativas al abuso del alcohol o al consumo de drogas”. En este mismo sentido, la Recomendación n° R