1/7 Procedimiento Nº: TD/01696/2017 RESOLUCIÓN Nº: R/03253/2017 Vista la reclamación formulada el 17 de julio de 2017 ante esta Agencia por D. A.A.A. y B.B.B., contra la entidad ONEY SERVICIOS FINANCIEROS E.F.C., S.A.U., por no haber sido debidamente atendido su derecho de cancelación. Realizadas las actuaciones procedimentales previstas en el artículo 117 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, se han constatado los siguientes, HECHOS PRIMERO: Con fecha 6 de junio de 2017, D. A.A.A. y B.B.B. (en lo sucesivo, los reclamantes) ejercieron derecho de cancelación frente a la entidad ONEY SERVICIOS FINANCIEROS E.F.C., S.A.U. (en adelante, ONEY), sin que su solicitud haya recibido la contestación legalmente establecida. Concretamente solicitan la cancelación de la inclusión de sus datos personales en los ficheros de solvencia patrimonial y crédito. SEGUNDO: Trasladadas sucesivamente la reclamación y los escritos de descargos que se produjeron en la tramitación del presente expediente, y por lo que a efectos de la resolución de la presente reclamación interesa, se realizaron, en síntesis, las siguientes alegaciones: ONEY alega los siguientes extremos: • Que el reclamante es titular de un contrato de tarjeta Alcampo suscrito en fecha 8 de agosto de 2008, del que se solicitó una tarjeta adicional a nombre de la reclamante. • Que respondió al único derecho de cancelación recibido a través de la aplicación que EXPERIAN pone a disposición de sus clientes en fecha 20 de abril de 2017, donde confirmó la inclusión de los datos en el fichero de solvencia patrimonial y crédito al considerar la deuda cierta, vencida y exigible. Habiendo dado respuesta EXPERIAN en tiempo y forma a la solicitud de cancelación del reclamante. • Que actualmente el expediente de los reclamantes no consta entre su cartera de recobro al haber sido cedida la deuda a INVESTCAPITAL MALTA LTD. En consecuencia sus datos han sido bloqueados de conformidad con lo establecido en el artículo 16.3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo, C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 2/7 LOPD) y que no constan informados por ONEY a ningún fichero de solvencia patrimonial y crédito. El reclamante alega los siguientes extremos: • Cuestiona la validez del contrato aportado por la parte contraria y aporta un informe del Banco de España en relación a una reclamación interpuesta. • Que ONEY no ha dado respuesta a su solicitud de cancelación. Que ONEY y EXPERIAN BUREAU DE CRÉDITO, S.A. son distintas entidades con distinto CIF. • Que ONEY se contradice pues afirma que ha bloqueado los datos pero constan informados por ONEY a ficheros de solvencia patrimonial y crédito y la reclamada ha afirmado que dio respuesta negativa a través de EXPERIAN. ONEY alega los siguientes extremos: • Que ACORDIFIN ESPAÑA E.F.C., S.A.U. modificó su denominación social en mayo de 2013 pasándose a llamar ONEY SERVICIOS FINANCIEROS E.F.C., S.A.U., por tanto se trata de la misma empresa con el mismo CIF. • Que la empresa la INVESTCAPITAL MALTA LTD ha comprado determinados créditos de ONEY entre los que se encuentra el del reclamante. • Que el informe del Banco de España que menciona el reclamante no es vinculante, no indica que la deuda sea inexistente, por lo que la deuda es cierta, vencida y exigible. • Que no ha recibido el ejercicio del derecho de cancelación de fecha de imposición 29 de mayo de 2017, puesto que aunque la solicitud iba dirigida a la dirección de ONEY, el operador postal cometió un error y entregó la carta a Generali Seguros, como se desprende de la documentación aportada por el reclamante. Por tanto, no ha respondido al derecho de cancelación ya que no ha recibido la solicitud. • Que dado que la deuda ha sido cedida a otra empresa, ha procedido a la cancelación de los datos del cliente mediante el bloqueo de los mismos, no obstante se encuentran bloqueados a disposición de las Administraciones Públicas, Juzgados y Tribunales, de ahí que se pueda responder a la Agencia de Protección de Datos con toda la información disponible. • Que la respuesta negativa a la solicitud de cancelación recibida a través de EXPERIAN se produjo en abril de 2017 y la cesión de su deuda, y por consiguiente, el bloqueo de los datos, tuvo lugar en fecha posterior, no existiendo contradicción en lo afirmado. TERCERO: Son conocidos por las partes de forma completa todos los hechos, alegaciones y demás documentación aportada por los interesados para su defensa, al haberse dado traslado por la instrucción del expediente a cada uno de los interesados C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 3/7 en este procedimiento y constado todo ello en el expediente que obra en esta Agencia Española de Protección de Datos. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO: Es competente para resolver la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos, conforme a lo establecido en el artículo 37.
- d)en relación con el artículo 36, ambos de la LOPD. SEGUNDO: El artículo 18.1 de la LOPD señala que: “Las actuaciones contrarias a lo dispuesto en la presente Ley pueden ser objeto de reclamación por los afectados ante la Agencia Española de Protección de Datos, en la forma que reglamentariamente se determine.” TERCERO: El artículo 16 de la LOPD dispone que: “1. El responsable del tratamiento tendrá la obligación de hacer efectivo el derecho de rectificación o cancelación del interesado en el plazo de diez días. 2. Serán rectificados o cancelados, en su caso, los datos de carácter personal cuyo tratamiento no se ajuste a lo dispuesto en la presente Ley y, en particular, cuando tales datos resulten inexactos o incompletos. 3. La cancelación dará lugar al bloqueo de los datos, conservándose únicamente a disposición de las Administraciones públicas, Jueces y Tribunales, para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de éstas. Cumplido el citado plazo deberá procederse a la supresión. 4. Si los datos rectificados o cancelados hubieran sido comunicados previamente, el responsable del tratamiento deberá notificar la rectificación o cancelación efectuada a quien se hayan comunicado, en el caso de que se mantenga el tratamiento por este último, que deberá también proceder a la cancelación. 5. Los datos de carácter personal deberán ser conservados durante los plazos previstos en las disposiciones aplicables o, en su caso, en las relaciones contractuales entre la persona o entidad responsable del tratamiento y el interesado.” CUARTO: El artículo 32, apartados 2 y 3, del Reglamento de desarrollo de la LOPD, aprobado por el Real Decreto 1720/2007(en lo sucesivo Reglamento LOPD), determina: “2. El responsable del fichero resolverá sobre la solicitud de rectificación o cancelación en el plazo máximo de diez días a contar desde la recepción de la solicitud. Transcurrido el plazo sin que de forma expresa se responda a la C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 4/7 petición, el interesado podrá interponer la reclamación prevista en el artículo 18 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. En el caso de que no disponga de datos de carácter personal del afectado deberá igualmente comunicárselo en el mismo plazo. 3. Si los datos rectificados o cancelados hubieran sido cedidos previamente, el responsable del fichero deberá comunicar la rectificación o cancelación efectuada al cesionario, en idéntico plazo, para que éste, también en el plazo de diez días contados desde la recepción de dicha comunicación, proceda, asimismo, a rectificar o cancelar los datos. La rectificación o cancelación efectuada por el cesionario no requerirá comunicación alguna al interesado, sin perjuicio del ejercicio de los derechos por parte de los interesados reconocidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.” QUINTO: El artículo 25 del Reglamento LOPD determina: “1. Salvo en el supuesto referido en el párrafo 4 del artículo anterior, el ejercicio de los derechos deberá llevarse a cabo mediante comunicación dirigida al responsable del fichero, que contendrá:
- a)Nombre y apellidos del interesado; fotocopia de su documento nacional de identidad, o de su pasaporte u otro documento válido que lo identifique y, en su caso, de la persona que lo represente, o instrumentos electrónicos equivalentes; así como el documento o instrumento electrónico acreditativo de tal representación. La utilización de firma electrónica identificativa del afectado eximirá de la presentación de las fotocopias del DNI o documento equivalente. El párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de la normativa específica aplicable a la comprobación de datos de identidad por las Administraciones Públicas en los procedimientos administrativos.
- b)Petición en que se concreta la solicitud.
- c)Dirección a efectos de notificaciones, fecha y firma del solicitante.
- d)Documentos acreditativos de la petición que formula, en su caso. 2. El responsable del tratamiento deberá contestar la solicitud que se le dirija en todo caso, con independencia de que figuren o no datos personales del afectado en sus ficheros. 3. En el caso de que la solicitud no reúna los requisitos especificados en el apartado primero, el responsable del fichero deberá solicitar la subsanación de los mismos. 4. La respuesta deberá ser conforme con los requisitos previstos para cada caso en el presente título. C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 5/7 5. Corresponderá al responsable del tratamiento la prueba del cumplimiento del deber de respuesta al que se refiere el apartado 2, debiendo conservar la acreditación del cumplimiento del mencionado deber…” SEXTO: En cuanto a la apertura de un procedimiento sancionador por supuestas infracciones a la LOPD, cabe señalar que el procedimiento de Tutela de Derechos al que hace referencia el artículo 18 de dicha norma y que encuentra su desarrollo en el artículo 117 del citado Real Decreto 1720/2007, se establece para garantizar el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que la citada Ley Orgánica consagra. Por otra parte, el procedimiento sancionador desarrollado en los artículos 120 y ss del mismo Real Decreto, como su propio nombre indica, tiene naturaleza sancionadora y como tal constituye una de las manifestaciones del “ius puniendi” del Estado. De modo que, si bien en cualquier caso la función constitucional de esta Agencia es la garantía del derecho fundamental a la protección de datos personales, debe señalarse que con el procedimiento sancionador se persigue determinar la comisión de las infracciones que se hayan podido cometer y, en su caso, la imposición de las sanciones correspondientes, no existiendo subordinación de uno a otro, ni prelación en su tramitación. El procedimiento de Tutela de Derechos se inicia a instancia del afectado, en tanto el procedimiento sancionador se inicia siempre de oficio por la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos y es competencia exclusiva de la Agencia Española de Protección de Datos valorar si existen responsabilidades administrativas que han de ser depuradas en un procedimiento sancionador y, en consecuencia, la decisión sobre su apertura. SÉPTIMO: En cuanto a la determinación de la veracidad de la deuda, se ha de señalar que esta Agencia no es competente para dirimir cuestiones civiles, tales como las relativas a la validez civil o mercantil del contrato, la exactitud de la cuantía de la deuda, la correcta prestación de servicios contratados o la interpretación de cláusulas contractuales, pues su competencia se limita a determinar si se han cumplido los requisitos legales y reglamentarios establecidos para el tratamiento de los datos, pero sin realizar indagaciones propias de la esfera civil. La determinación de la legitimidad de una deuda basada en una interpretación del contrato suscrito entre las partes y de su correcta cuantía deberá instarse ante los órganos administrativos o judiciales competentes, al exceder del ámbito competencial de esta Agencia. Asimismo, el artículo 38 del Reglamento de desarrollo de la LOPD, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre (RLOPD), prevé una segunda vía reparadora, confirmada por la Sentencia de la Audiencia Nacional de 30 de mayo de 2012. Por la misma, se puede interponer reclamación ante órgano habilitado para dictar resolución vinculante (entre ellos Junta Arbitral u organismo judicial) y poner tal hecho en conocimiento del acreedor para que proceda a la exclusión cautelar del fichero de solvencia patrimonial y crédito, al no resultar una deuda cierta, según recoge la Audiencia Nacional, desde el momento en que acepte a trámite la reclamación. Para comprobar la exclusión, podrá ejercer posteriormente el derecho de acceso, pudiendo poner en conocimiento de la Agencia la permanencia, a pesar de la reclamación y comunicación de la misma al acreedor. C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 6/7 Añadir que la reclamación interpuesta ante esta Agencia no puede alegarse para solicitar la cancelación cautelar, pues su competencia se limita a determinar si se han cumplido los requisitos legales y reglamentarios establecidos para el tratamiento de los datos, pero sin realizar indagaciones propias de la esfera civil. En el presente caso, los reclamantes no han aportado resolución vinculante que permita determinar que la deuda haya sido cuestionada. El informe emitido por el Banco de España como respuesta a la reclamación presentada por el reclamante no tiene carácter vinculante. Cuestión que deberá plantearse ante las instancias correspondientes, competentes por razón de la materia: órganos administrativos, arbitrales o judiciales competentes para declarar la existencia o inexistencia de la deuda. Por último, es importante señalar que el procedimiento Tutela de Derechos se tramita por denegación o no atención de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, regulados en la normativa vigente en materia de protección de datos y tiene por objeto analizar la procedencia o improcedencia de su denegación, no siendo objeto de este procedimiento otras cuestiones distintas de las señaladas como es la falta del requerimiento de pago o la notificación de la inclusión en un fichero de solvencia. OCTAVO: En el supuesto aquí analizado, no queda acreditado que los reclamantes ejercitarán el derecho de cancelación ante la ONEY, ya que, como alega la entidad reclamada y acredita la documentación aportada, en el acuse de recibo emitido por el operador postal figura que la entidad receptora de la comunicación es Generali Seguros. A este respecto, conviene traer a colación el artículo 24.5 del RLOPD, relativo a las condiciones generales para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, determina que: “5. El responsable del fichero o tratamiento deberá atender la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición ejercida por el afectado aún cuando el mismo no hubiese utilizado el procedimiento establecido específicamente al efecto por aquél, siempre que el interesado haya utilizado un medio que permita acreditar el envío y la recepción de la solicitud, y que ésta contenga los elementos referidos en el párrafo 1 del artículo siguiente. Por todo ello, procede desestimar la reclamación que originó el presente procedimiento de tutela de derechos al no haber quedado acreditado que los reclamantes ejercitaran el derecho de cancelación ante la entidad reclamada. El resto de las cuestiones planteadas por las partes, entre otras, reclamaciones presentadas ante otros organismos, cumplimiento o incumplimiento de normativas distintas a la relativa a la protección de datos, no resultan de la competencia de esta Agencia, debiéndose dirimir y resolver por las instancias correspondientes, o bien, quedan fuera del objeto del procedimiento de tutela de derechos. C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es 7/7 Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación, la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos RESUELVE: PRIMERO: DESESTIMAR la reclamación formulada por D. A.A.A. frente a la entidad ONEY SERVICIOS FINANCIEROS E.F.C., S.A.U. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a D. A.A.A. y a Dª. B.B.B. y a la entidad ONEY SERVICIOS FINANCIEROS E.F.C., S.A.U. De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 37 de la LOPD, en la redacción dada por el artículo 82 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, la presente Resolución se hará pública, una vez haya sido notificada a los interesados. La publicación se realizará conforme a lo previsto en la Instrucción 1/2004, de 22 de diciembre, de la Agencia Española de Protección de Datos sobre publicación de sus Resoluciones y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 116 del reglamento de desarrollo de la LOPD aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 diciembre. Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa (artículo 18.4 de la LOPD), y de conformidad con lo establecido en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de esta resolución, o directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto, según lo previsto en el artículo 46.1 del referido texto legal. Mar España Martí. Directora de la Agencia Española de Protección de Datos. C/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid www.agpd.es sedeagpd.gob.es