ENTIDAD GESTION DERECHOS PRODUCTORES AUDIOVISUALES EGEDA

Id. Cendoj: 28079230062013100050 Órgano: Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso Sede: Madrid Sección: 6 Nº de Resolución: Fecha de Resolución: 13/02/2013 Nº de Recurso: 2/2012 Jurisdicción: Contencioso Ponente: ANA ISABEL RESA GOMEZ Procedimiento: CONTENCIOSO Tipo de Resolución: Sentencia Idioma: Español SENTENCIA Madrid, a trece de febrero de dos mil trece. Vistas las actuaciones seguidas en el Recurso que ante esta Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en su Sección Sexta , constituida por los señores al margen anotados, frente a la Administración del Estado interpuesto por la representación de la ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE LOS PRODUCTORES AUDIOVISUALES contra la resolución de 2 de marzo de 2012 de la Comisión Nacional de la Competencia sobre imposición de sanción por los trámites de la Ley 62/78, de 26 de diciembre, sobre Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona, y en la que han sido partes además de la demandante, el Ministerio Fiscal y el Sr. Abogado del Estado. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- Se interpone el presente recurso jurisdiccional por el procedimiento de protección Jurisdiccional de los Derechos y Libertades Fundamentales (Ley 62/78, de 26 de diciembre) contra la resolución de 2 de marzo de 2012 de la CNC. En la misma se considera acreditada la comisión de una infracción del artículo 2 de la LDC y del artículo 102 del TFUE de la que es responsable EGEDA por el establecimiento de unas tarifas abusivas imponiéndole una sanción pecuniaria por importe de 478.515€. SEGUNDO.- Incoado ante esta Sala recurso contencioso-administrativo, reclamaba a la Administración el envío del expediente administrativo. se TERCERO.- Continuando el trámite, la parte demandante formalizó escrito de demanda en el que, tras alegar los Antecedente de Hecho y Fundamentos de Derecho, suplicó se dicte sentencia por la que se estime el presente recurso especial para la protección de los derechos fundamentales y, en consecuencia, declare nula de pleno derecho la citada resolución de 2 de marzo de 2012. CUARTO.- El Abogado del Estado y el Ministerio Fiscal tras señalar cual es el ámbito de la Ley 62/78, alegan que la discrepancia en la apreciación del modo en que el órgano administrativo valora la prueba de cargo existente, la denegación de un medio de prueba propuesto y la dimensión constitucional del derecho de propiedad intelectual son cuestiones todas ellas de legalidad ordinaria. QUINTO- Declaradas conclusas las actuaciones, se señaló el día 12 de febrero de 2013 para deliberación, votación y fallo de esta causa habiéndose observado en la tramitación de la misma los preceptos legales. SEXTO.- Que en la tramitación de la presente causa se ha observado las prescripciones legales previstas en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LRJCA) y en las demás disposiciones concordantes y supletorias de la misma. Siendo Ponente la Iltma. Sra. Dª. ANA ISABEL RESA GOMEZ, Magistrada de esta Sala, que expresa su parecer conforme a los siguientes FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- El objeto de este procedimiento especial y sumario, regulado en la Ley 62/78, consiste en el enjuiciamiento de aquellos actos o disposiciones que, sometidos a Derecho Administrativo, afectan a aquellos derechos y libertades fundamentales reconocidos en la Constitución de 1.978, especialmente protegidos (en concreto artículo 14 a 30,2º de la CE ). Partiendo de ese elemental esquema la parte demandante impugna el acto referido en el Antecedente de Hecho Primero de esta Sentencia por entender que es contrario al artículo 24 de la Constitución en lo que afecta a la presunción de inocencia y derecho a la tutela judicial efectiva, artículo 24.2 en lo atinente a la denegación del derecho a utilizar los medos de prueba pertinentes para la defensa causando indefensión y 20.1.

1. b)en cuanto este artículo protege la propiedad intelectual que incluye la defensa y tutela jurídicas del resultado creativo. SEGUNDO.- Para la mejor comprensión de la cuestión planteada procede hacer referencia en primer lugar a los antecedentes obrantes en el expediente administrativo: EGEDA estableció para el año 2005, con vigencia desde 2004, una tarifa general de carácter mensual para la comunicación pública en las habitaciones de los hoteles, en función de la categoría del hotel. La cantidad mensual a pagar por un hotel determinado se obtendría de multiplicar la tarifa que le corresponde según categoría por el número de plazas disponibles. Además de esta tarifa general, actualizable cada año con el IPC, EGEDA firmó acuerdos generales con distintas asociaciones o contratos con hoteleros individuales, en los que las tarifas de aplicación acordadas, siempre que se cumpliera el contrato que cada hotelero debía firmar de forma individual eran inferiores al 50% de la tarifa general. Además existían descuentos adicionales, en estos casos relacionados con la tasa de ocupación del hotel, medida ésta según los datos provinciales del INE que situaban las tarifas por debajo del 40% de la tarifa general. También tienen especial transcendencia la comparación que se hace con las tarifas de otros miembros de la UE y entre las tarifas aplicadas por EGEDA a los cableoperadores y las de los hoteles, o el de que no se exija el pago de los derechos a los hoteles de dos o menos estrellas. Los derechos que gestiona EGEDA en cuanto a la comunicación pública de las letras f ),
2. g)del artículo 20 LPI son de gestión colectiva obligatoria, por lo que no se precisa la existencia de un mandato específico por parte de los titulares a EGEDA. Todos estos hechos pormenorizadamente reflejados en la resolución impugnada, correctos o no, son los hechos a los que la Administración ha llegado como consecuencia de la valoración de la prueba practicada y que le han llevado, en el ejercicio de sus competencias, a la aplicación de una norma sancionadora. TERCERO.- Debe recordar la Sala, en primer término, la especial naturaleza de este procedimiento, destinado, por imperativo legal, a determinar si la resolución recurrida ha infringido alguno de los derechos fundamentales amparados en los arts. 14 a 30 de la Constitución , no siendo posible, desde esta perspectiva, examinar la legalidad ordinaria subyacente el acto impugnado. Hecha esta advertencia, puede comprobarse como las alegaciones de la recurrente se centran, en síntesis, en la infracción del artículo 24 de la Constitución , tanto en su vertiente de la presunción de inocencia y tutela judicial efectiva como de la denegación del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa causando indefensión. Respecto de las diversas alegaciones realizadas con fundamento en dicho precepto, requiere, para su adecuada comprensión, una advertencia previa: en la doctrina del Tribunal Constitucional la indefensión -en este caso ante un procedimiento sancionador- tiene un carácter esencialmente material y no formal. Ha de acreditarse en qué medida y de qué manera la actora ha sufrido una indefensión, real y efectiva. La indefensión para el Tribunal Constitucional, sentencias 48/1984 , 93/87 , 43/89 , 181/94 y 39/95 , se caracteriza por suponer una privación o una limitación del derecho de defensa, no encontrándose en esta situación de indefensión la persona a quien se le ha dado a conocer la existencia de un proceso y ha podido intervenir en él. En este sentido, no pueden admitirse sus alegaciones, pues como acertadamente razonan el Ministerio Fiscal y el Abogado del Estado que lo que el artículo 24 de la Constitución garantiza es el derecho a obtener una respuesta judicial razonada en derecho y no a una de contenido concreto y favorable a quien acciona, así como la utilización de los medios de defensa que las leyes ofrecen a los accionantes ante los jueces. Desde esta perspectiva no puede prosperar la tesis de la actora, por cuanto que el acto impugnado no constituye decisión judicial sino acuerdo de un órgano administrativo en el ejercicio de sus competencias, siendo el recurso contencioso-administrativo ordinario donde la recurrente obtendrá la tutela judicial efectiva que impetra. Tampoco hay vulneración del principio de presunción de inocencia ante lo que la actora denomina insuficiencia o inadecuación del mecanismo de acreditación empleado por la CNC en la utilización de la prueba indirecta o de indicios, ya que la practica y valoración de la prueba propuesta y admitida no es más que una cuestión de legalidad ordinaria, que habrá de dilucidarse en el recurso contencioso-administrativo ordinario, que nos consta que la actora ha formulado. La Administración durante el procedimiento ha razonado la no admisión de la prueba que la recurrente propuso, consistente en la testifical destinada a obtener una declaración sobre la intención de las palabras contenidas en un fax remitido por HOTREC a CEHAT. Dicha prueba se denegó, en la medida en que el resultado de tal prueba, cualquiera que fuese, no influía en los datos objetivos que soporta el documento (origen, destino y contenido). Tampoco la prueba solicitada por la actora tendente a demostrar la ilicitud de dicho fax, pues el carácter o no confidencial de la comunicación referida no priva de su aprehensión por la DI y de su toma en consideración como prueba de cargo, ni convierte a dicha prueba en ilícita o ilegal. Es preciso advertir que en la instrucción y desarrollo de todo el procedimiento sancionador EGEDA ha propuesto numerosas pruebas, algunas de las cuales han sido practicadas, otras denegadas de forma motivada y conviene recordar que, el respeto al derecho constitucional de la prueba es compatible con la facultad, en este caso del órgano administrativo de valorar la oportunidad y pertinencia de cada una de las pruebas. Este juicio de apreciación, siempre que sea razonable y razonado no constituye una infracción del derecho, siempre que no incurra en arbitrariedad, como ha recordado el Tribunal Constitucional, entre otras, en las sentencias de 23 de enero de 1989 y 14 de diciembre de 1992 . Por tanto y en cuanto a la denunciada infracción del derecho a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva basta un examen del procedimiento administrativo para comprobar que la resolución impugnada deriva de la tramitación de un procedimiento y del resultado de una prueba válida habiendo tenido acceso la recurrente a la documentación obrante en el mismo. La recurrente denuncia la inexistencia de prueba de cargo capaz de enervar la presunción de inocencia. Es reiterada la jurisprudencia ( STC 14/97 , 169/98 , entre otras y STS 12 de febrero 2003 , y 23 de abril de 2001 entre otras) que considera que la existencia de elementos probatorios, con el alcance que le otorga la jurisprudencia, puede ser eficaz para enervar el derecho a la presunción de inocencia, y que no debe confundirse la presunción de validez de los actos administrativos con aquélla, siempre que la actuación administrativa pueda ser revisada por los órganos jurisdiccionales. La traslación de la presunción de inocencia al ámbito administrativo sancionador perfila su alcance, y sólo cobra sentido cuando la Administración fundamenta su resolución en una presunción de culpabilidad del sancionado carente de elemento probatorio alguno. Lo que exige el respeto a los derechos que declara el artículo 24 de la Constitución no es negar todo valor probatorio a la prueba practicada, sino modular y matizar su eficacia probatoria. En vía judicial, los documentos y demás pruebas incorporadas al expediente sancionador no gozan de mayor relevancia que los demás medios de prueba admitidos en derecho y, por ello, ni han de prevalecer necesariamente frente a otras pruebas que conduzcan a conclusiones distintas, ni pueden impedir que el órgano jurisdiccional contencioso administrativo forme su convicción sobre la base de una valoración o apreciación razonada de las pruebas practicadas y sobre todo sobre la base del procedimiento probatorio que en el propio proceso jurisdiccional se desarrolle. De esta forma en un procedimiento de la Ley 62/78 no cabe identificar la quiebra de ese derecho con el desacuerdo con la valoración de las pruebas practicadas, cuestión que es de legalidad ordinaria. Así las cosas, en el caso de autos la Administración ha llegado al resultado sancionador a la vista de las pruebas del expediente, todo lo cual significa que ha habido una actividad probatoria al menos mínima capaz de enervar ese principio del que se parte, siendo cosa diferente, ajena a este pleito, revisar el juicio de valoración que se haya hecho. CUARTO.- Finalmente y en cuanto a la vulneración del derecho de propiedad intelectual la actora sostiene que la resolución de la CNC afecta directamente al derecho consagrado en el artículo 20.1.
3. b)de la CE sobre libre creación literaria o artística. Difícilmente puede entenderse vulnerado tal precepto cuando la actora no es el titular del derecho fundamental supuestamente vulnerado sino la entidad de gestión que representa y defiende los intereses de los productores de obras y grabaciones audiovisuales, es decir, no existe afectación directa a la libre creación literaria y artística e EGEDA sino a su finalidad u objeto, centrado en la gestión de los derechos o intereses de algunos de estos titulares. Ni siquiera puede ser objeto de protección como una de las variedades o modalidades del derecho de propiedad consagrado en el artículo 33 de la CE , ya que éste no es un derecho fundamental a los efectos del procedimiento especial que aquí se ventila, siendo materia de legalidad ordinaria. QUINTO: Los anteriores razonamientos nos llevan a desestimar el recurso interpuesto al amparo del procedimiento especial de la Ley 62/78 y por imperativo del artículo 10.3 de la referida Ley , procede imponer las costas del presente procedimiento a la parte actora. Vistos: los preceptos citados y demás normas de procedente aplicación FALLAMOS Que debemos DESESTIMAR y DESESTIMAMOS el recurso contencioso administrativo interpuesto, al amparo de la Ley 62/78, por la Procuradora Dª. Mª Eva Guinez Ruenes, en nombre y representación de la ENTIDAD DE GESTION DE DERECHOS DE LOS PRODUCTORES AUDIOVISUALES contra la Resolución de la CNC de fecha 2 de marzo de 2012, debemos declarar y declaramos la conformidad de la resolución recurrida con los arts. 24 y 20 de la Constitución . Imponiéndose las costas a la actora. Así por esta nuestra sentencia, testimonio de la cual será remitido en su momento a la oficina de origen, junto con el expediente en su caso, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Contra esta sentencia cabe recurso de casación en el plazo de diez días ante esta Sala y para el Tribunal Supremo. PUBLICACION.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Sra. Magistrada Ponente en la misma, Ilma. Sra. Dª. ANA ISABEL RESA GOMEZ, estando celebrando audiencia pública la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el mismo día de su fecha. Doy fé. Resolución (Expte.S/0157/09 EGEDA) Consejo: D. Joaquín García Bernaldo de Quirós, Presidente Dª. Pilar Sánchez Núñez, Vicepresidenta Dª. María Jesús González López, Consejera Dª. Inmaculada Gutiérrez Carrizo, Consejera Dª Paloma Ávila de Grado, Consejera D. Luis Díez Martín, Consejero En Madrid, a 2 de marzo de 2012. El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), con la composición arriba expresada, y siendo Ponente la Consejera Dª María Jesús González López, ha dictado la siguiente Resolución en el expediente S/0157/09 EGEDA, incoado contra la ENTIDAD DE GESTIÓN DE DERECHOS DE LOS PRODUCTORES AUDIOVISUALES (“EGEDA”), por prácticas de abuso de posición de dominio contrarias a los artículos 2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC) y el 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). ANTECEDENTES DE HECHO 1. El 10 de junio de 2009 tuvo entrada en la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) denuncia formulada por la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (”CEHAT”), contra la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (“EGEDA”), por prácticas de abuso de posición de dominio contrarias a los artículos 2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC) y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Según la denuncia, dichas prácticas consistirían en la imposición por parte de EGEDA de unas tarifas abusivas en concepto de remuneración por el derecho de comunicación pública, correspondiente a las retransmisiones efectuadas en las habitaciones de los huéspedes de hoteles (folios 1 a 225). Esta denuncia fue ampliada y complementada mediante escritos de CEHAT de 30 de junio de 2009 (folios 226 a 258) y 21 de junio de 2010 (folios 2.079 a 2.101). 1 2. Conforme a lo establecido en el artículo 49.2 LDC, la Dirección de Investigación abrió una información reservada. El 1 de julio de 2009 requirió información a EGEDA sobre las reuniones mantenidas entre ésta y CEHAT en el seno de la Comisión Mediadora de la Propiedad Intelectual, sobre el contrato firmado con la cadena de hoteles NH y sobre el repertorio administrado por la entidad de gestión (folios 259 a 261). 3. Lo escritos de EGEDA respondiendo al requerimiento de la DI y aportando información sobre su Registro de Obras y Grabaciones Audiovisuales y la metodología de reparto, sobre los contratos firmados y sobre el uso del “choice modelling”, como método para determinar tarifas, tuvieron entrada en la CNC los días 21 de julio de 2009, (folios 282 a 1.564); 22 de septiembre de 2009, (folios 1.609 a 1.675), y 27 de octubre de 2009 (folios 1.676 a 1.801). 4. La DI requirió a EGEDA información adicional el 5 de noviembre de 2009 (folios 1.802 a 1.804) y el 1 de febrero de 2010 (folios 1.819 a 1.821). EGEDA respondió a estos requerimientos por escritos de 1 de diciembre de 2009 (folios 1.812 a 1.818); 22 de febrero de 2010 (folios 1.829-1.965), y 16 de marzo de 2010 (folios 1.966-2.041). 5. El 7 de junio de 2010, de conformidad con lo establecido en el artículo 49.1 de la LDC, la Dirección de Investigación acordó la incoación de expediente sancionador por prácticas restrictivas de la competencia en el mercado de autorización de comunicación pública, correspondiente a las retransmisiones efectuadas por los titulares de los establecimientos hoteleros que estarían prohibidas en los artículos 2 de la LDC y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Este expediente quedó registrado con el número S/0157/09, al que se incorporó lo actuado en la información reservada (folios 2.055 y 2.066). En el mismo acuerdo se declara como interesada en el expediente a la denunciante, CEHAT. 6. El 11 de junio de 2010 tuvo entrada escrito de Antena 3 Televisión, S.A. en el que solicita el reconocimiento de la condición de interesado en el expediente de referencia (folio 2.071). Con fecha 2 de agosto de 2010, la Directora de Investigación acordó denegarle la condición de interesada en el expediente (folios 2.535 a 2.538). 7. El 5 de julio de 2010 tuvo entrada en la Dirección de Investigación escrito de NH Hoteles, S.A. (NH), en el que solicita el reconocimiento de la condición de interesado en el expediente de referencia (folios 2.504 a 2.519). El 16 de agosto de 2010, la Directora de Investigación acordó conceder a NH la condición de interesada en el expediente (folios 2.576 a 2.579). 8. Con fecha 2 de diciembre de 2010, la Dirección de Investigación solicitó a EGEDA información sobre los procesos judiciales emprendidos por EGEDA contra los titulares de establecimientos hoteleros, así como los contratos firmados entre EGEDA y titulares de establecimientos hoteleros y las condiciones tarifarias ofertadas por EGEDA (folios 2.615 y 2.616). La contestación a esta solicitud de información tuvo entrada en la CNC el 29 de diciembre de 2010 (folios 2.632 a 6.074), aportando EGEDA posteriormente una versión no confidencial, (folios 6.085 a 6.111). 2 9. El 12 de enero de 2011, la Dirección de Investigación solicitó a EGEDA información sobre las condiciones de reparto de la remuneración entre EGEDA y otras entidades de gestión en el caso de los contratos otorgados conjuntamente por EGEDA y otras entidades de gestión (folios 6.080 a 6.081). El 28 de enero de 2011 se recibe la respuesta de EGEDA 6.118 a 6.157). Y en la misma fecha EGEDA aportó información adicional que se incorpora al expediente relativa al proceso de negociación del nuevo contrato con la Federación Española de Hostelería, FEHR, (folios 6.158 a 6.172). 10. Con fecha 11 de febrero de 2011, se incorporó al expediente nota de prensa obtenida de la página web del Instituto Nacional de Estadística, “Encuesta de Ocupación de Alojamientos Turísticos” de 2009 (folio 6.178). 11. De acuerdo con lo previsto en el artículo 50.3 de la LDC, el 14 de febrero de 2011, la DI formuló el Pliego de Concreción de Hechos (PCH), que fue notificado a las partes el 15 de febrero de 2011, (folios 6.179 a 6.236). 12. Las alegaciones al PCH de las partes tuvieron entrada en la CNC en las siguientes fechas: CEHAT el 14 de marzo de 2011 (folios 6.322 a 6.326); NH el 15 de marzo de 2011 (folios 6.329 a 6.342), y EGEDA el 16 de marzo de 2011 (folios 6.688 a 6.747), proponiendo la práctica de determinadas pruebas. EGEDA remitió dos nuevos escritos de fecha 30 de marzo de 2011 complementando las anteriores alegaciones (folios 6.972 a 7.046). 13. Con fecha 16 de mayo de 2011 la DI solicitó a EGEDA información sobre el importe de la recaudación de todos los derechos que gestiona en el año 2010 y del importe de la recaudación total en España en relación con el mercado de gestión de autorizaciones y de remuneración por comunicación pública de los productores audiovisuales a los establecimientos hoteleros por actos de comunicación pública en las habitaciones de los huéspedes para cada uno de los años comprendidos entre 2005 y 2010, (folio 7.059 bis). EGEDA dio respuesta a esta petición en su escrito de fecha 27 de mayo de 2011 (folios 7.379 a 7.383 confidencial). 14. Con fecha 16 de mayo de 2011 la DI procedió al cierre de la instrucción a que se refiere el artículo 33 del Reglamento de Defensa de la Competencia (RDC), RD 261/2008 de 23 de febrero de 2008, (folio 7.063 bis), notificándolo a las partes al día siguiente. 15. El 17 de mayo de 2011 se recibió nuevo escrito de EGEDA comunicando la adopción de determinadas medidas de forma unilateral sobre la tarifa general comunicada al Ministerio de Cultura (folios 7.064 a 7.078). 16. Con fecha 18 de mayo de 2011 y de acuerdo con lo previsto en el artículo 50.4 de la LDC, la DI remitió a las partes la Propuesta de Resolución, (folios 7.094 a 7.183, confidencial). 17. El 3 de junio de 2011 se recibieron en la CNC las alegaciones a la Propuesta de Resolución de CEHAT (folios 7.390 a 7.396) y el 7 de junio de 2011 las alegaciones de EGEDA, en las que solicita la práctica de pruebas y la celebración de vista (folios 7.397 y ss.). 3 18. Con fecha 7 de junio de 2011 la DI elevó al Consejo el Informe y Propuesta de Resolución a que se refiere el artículo 50.5 de la LDC, acompañado de las alegaciones a la Propuesta de Resolución y del expediente completo. La DI propone al Consejo: PRIMERO: Que se declare que EGEDA ha infringido el artículo 2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, y el artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, incurriendo en un abuso de posición de dominio en el mercado de otorgamiento de autorizaciones y de remuneración por comunicación pública de los productores audiovisuales a los establecimientos hoteleros por actos de comunicación pública en las habitaciones de los huéspedes, como consecuencia de las siguientes conductas: a. vincular la cuantía de la tarifa a la categoría de los hoteles, cuando dicha categoría carece de relación razonable con la prestación de EGEDA, b. vincular la tarifa general al número de plazas hoteleras disponibles, sin introducir en la misma otros mecanismos que permitan tener en cuenta la utilización real de la prestación de EGEDA, existiendo alternativas capaces de medir de una forma más precisa dicha utilización sin dar lugar a un incremento injustificado de los costes, c. establecer tarifas excesivas a los hoteles, en comparación con las vigentes en países de nuestro entorno y con las exigidas por la propia EGEDA a otros usuarios como los operadores de televisión de pago, d. desarrollar una estrategia consistente en aprobar unas tarifas generales elevadas y desproporcionadas con la finalidad de inducir a los hoteles a suscribir los correspondientes contratos con EGEDA y utilizarlas como mecanismo de retorsión en caso de incumplimiento contractual, y e. la falta de transparencia en los criterios de fijación y aplicación efectiva de las tarifas, que lleva a la discriminación injustificada entre hoteles. SEGUNDO: Que se declare responsable de dicha infracción a EGEDA. TERCERO: Que esas conductas prohibidas se tipifiquen, a los efectos de determinación de la sanción a imponer, como una infracción muy grave del artículo 62.4.
4. b)de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. CUARTO: Que se imponga a EGEDA la sanción económica correspondiente conforme a las previsiones legales aplicables. QUINTO: Que se intime a EGEDA para que en el futuro se abstenga de realizar las prácticas sancionadas y cualesquiera otras de efecto equivalente. SEXTO: Que se obligue a EGEDA a que mantenga publicada la Resolución que se adopte, en su caso, en la página principal de su página web, así como que recoja la parte dispositiva de la Resolución en los boletines que EGEDA edite. 4 SÉPTIMO: Que se adopten los demás pronunciamientos a los que se refiere el artículo 53 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, en la medida que resulten pertinentes. 19. En escritos de fechas 29 de junio (folios 8.172 a 8.180); 6 de julio (folios 8.181 a 8.185); 19 de julio (folios 8.186 a 8.265), y 24 de noviembre de 2011 (folios 8.281 a 8.289), EGEDA aporta documentación variada que pide se incorpore al expediente y reitera la solicitud de pruebas y la celebración de vista (folios 8.172 a 8.299). 20. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 11.4 del Reglamento (CE) n° 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia, se remitió a la Comisión Europea la propuesta de resolución, lo que suspende el plazo de resolución, que fue reanudado con fecha 5 de diciembre de 2011. 21. Por Acuerdo de 20 de diciembre de 2012 el Consejo admitió parcialmente las pruebas propuestas por EGEDA, suspendiendo con la misma fecha el plazo para resolver. Asimismo acuerda el levantamiento de la confidencialidad de determinados folios relacionados. 22. Con fecha 18 de enero tuvo entrada en la CNC el escrito de EGEDA aportando los anexos estadísticos que sobre la base de las pruebas que había propuesto le habían sido solicitados, así como otros documentos ajenos a la práctica de la prueba acordada por el Consejo en Acuerdo de 20 de diciembre de 2011. El Consejo, considerando irregular la aportación de dicha documentación, por Acuerdo de 27 de enero de 2012 procedió a su devolución. 23. Con fecha 23 de enero se abrió el plazo de 10 días de valoración de prueba que, a petición de EGEDA, fue prorrogado en 5 días hábiles con fecha 30 de enero de 2012. 24. Recibida la valoración de prueba de EGEDA el 14 de febrero de 2012, con la misma fecha se levanta la suspensión de plazo. 25. El 23 de febrero de 2012 se solicitó a EGEDA información necesaria para la resolución del expediente, suspendiendo el plazo de resolución por tres días. La respuesta entro en la CNC el 28 de febrero, reanudándose el cómputo del plazo con la misma fecha. 26. El Consejo deliberó y terminó de resolver este expediente en su reunión del día 1 de marzo de 2012. 27. Son interesadas en este expediente las siguientes empresas: • ENTIDAD DE GESTIÓN DE DERECHOS DE LOS PRODUCTORES AUDIOVISUALES, (EGEDA). • CEHAT. • EMPRESA HOTELERA NH HOTELES, S.A. 5 HECHOS PROBADOS La Dirección de Investigación y este Consejo consideran que los Hechos Probados relevantes para la Resolución de este expediente son los siguientes: A) LAS PARTES A continuación se realiza una breve descripción de la parte imputada y de las consideradas interesadas en el presente expediente sancionador: • ENTIDAD DE GESTIÓN AUDIOVISUALES (EGEDA) DE DERECHOS DE LOS PRODUCTORES EGEDA es una entidad de gestión de las previstas en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, BOE de 22-04-1996 (en adelante, LPI). EGEDA fue autorizada como entidad de gestión el 18 de septiembre de 1990, mediante Orden Ministerial de 29 de octubre. De acuerdo con los estatutos de dicha entidad (artículo 2), “constituye objeto y fin primordial de la Entidad, la gestión, representación, protección y defensa de los intereses y derechos de los productores de obras y grabaciones audiovisuales, así como de sus derechohabientes, ante personas, sociedades y organizaciones públicas y privadas, tanto españolas, como de la Unión Europea o de terceros países”. El párrafo 2º del citado artículo enumera los actos que constituyen el objeto de EGEDA, señalando que, en especial, es objeto de dicha entidad la gestión y protección de los derechos de propiedad intelectual que a los productores de obras y grabaciones audiovisuales corresponden como consecuencia de: a. La comunicación pública de obras y grabaciones audiovisuales en las formas previstas en las letras
5. g)y
6. j)del número 2 del artículo 20 LPI. b. La retransmisión íntegra, inalterada y simultánea de obras y grabaciones audiovisuales emitidas o transmitidas por terceros emisores o transmisores, con posterior distribución a receptores individuales o colectivos bien mediante señal difundida de forma inalámbrica o bien cuando dicha señal es transmitida por hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo, incluidas la redes telefónicas o de comunicaciones, abiertas o cerradas, y ya sea por procedimientos analógicos, digitales o por cualquier otro procedimiento. c. La compensación prevista en el artículo 25 LPI. d. La remuneración reconocida en el número 2 del artículo 122 LPI. e. La reproducción de grabaciones audiovisuales, o de fragmentos o secuencias de las mismas, o de las partes o capítulos de que consten, en programas emitidos por las entidades de radiodifusión y en otros como los soportes multimedia, es decir, aquellos soportes digitales que integran la palabra escrita y/o hablada, la imagen, con sonorización o sin ella, y que 6 permiten o no la interacción, es decir, el diálogo bidireccional en un marco de opciones más o menos limitado. f. La reproducción y puesta a disposición del público de las obras y grabaciones audiovisuales, de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y en el momento que elija. g. La reproducción y puesta a disposición del público de las obras y grabaciones audiovisuales a través de redes de comunicaciones con empleo de medios, sistemas o procedimientos de intercambio de archivos. EGEDA recauda los derechos mencionados de los usuarios que realizan algún acto de comunicación pública de obras audiovisuales: establecimientos hoteleros, gimnasios, establecimientos penitenciarios, establecimientos de hostelería, operadores de cable, etc. Ademas de su sede en España, EGEDA cuenta con delegaciones en otros países, a saber: Estados Unidos, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay. EGEDA está integrada en EUROCOPYA (asociación internacional que engloba a varias entidades de gestión de derechos de productores audiovisuales) y mantiene relaciones de colaboración con AGICOA, entidad que recauda y distribuye los derechos de transmisión por cable que corresponden a los productores audiovisuales en 30 países europeos. • CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA TURÍSTICOS (CEHAT) DE HOTELES Y ALOJAMIENTOS CEHAT se constituyó el 1 de enero de 2004, fruto de la fusión entre la Federación Española de Hoteles (F.E.H) y la Agrupación Hotelera de las Zonas Turísticas de España (ZONTUR). CEHAT está compuesta por asociaciones hoteleras de ámbito local o provincial. Son miembros de CEHAT una serie de establecimientos hoteleros independientes, que suman más de 10.000 establecimientos. La denuncia se realiza en nombre de CEHAT y en representación de todas las asociaciones y establecimientos hoteleros que integran la Confederación. El objeto de CEHAT es la representación, defensa y promoción de los intereses comunes de sus miembros en todo lo relacionado tanto con el ámbito asociativo, como con el de los establecimientos asociados. • NH HOTELES, S.A. (NH) NH es una sociedad domiciliada en España que opera en tres áreas de actividad: (
7. i)explotación y gestión de hoteles, (
8. ii)restauración y (iii) sector inmobiliario. En lo que respecta al sector hotelero, NH explota 340 establecimientos hoteleros, de los cuales 175 se encuentran en España. NH es socia de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid, entidad que participa en la CEHAT. 7 B) MARCO NORMATIVO. El Informe y Propuesta de Resolución que la DI elevó al Consejo hace la siguiente descripción del marco jurídico en el que se desarrolla la actividad de EGEDA, y más concretamente su gestión del derecho de comunicación pública de los productores audiovisuales en las habitaciones de los huéspedes de los hoteles, analizada en este expediente.
9. a)El derecho de comunicación pública. La legislación en materia de propiedad intelectual confiere, entre otros, el derecho de comunicación pública, que está definido en el artículo 20.1 LPI, a cuyo tenor: se entenderá por comunicación pública, todo acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas. A continuación, el inciso segundo del artículo 20, añade que no se considerará pública la comunicación cuando se celebre dentro de un ámbito estrictamente doméstico que no esté integrado o conectado a una red de difusión de cualquier tipo. Sobre las obras audiovisuales, la legislación en materia de propiedad intelectual atribuye derechos a diferentes categorías de titulares. Además de los autores, poseen derechos sobre la obra audiovisual los intérpretes y ejecutantes, y los productores, tanto de obras musicales, (incorporadas a las obras audiovisuales), como los productores audiovisuales. De las diferentes categorías de titulares que poseen derechos sobre la obra audiovisual, en la practica sólo los productores tienen el derecho de autorizar la comunicación pública, ya que la LPI (artículo 88), presume cedidos en exclusiva al productor de la obra audiovisual, los derechos de comunicación pública de la misma. La dificultad de refutar esta presunción legal implica que, en la práctica, sólo los productores retengan el derecho de autorizar la comunicación pública (articulo 122.1 LPI). En cuanto al derecho de remuneración por comunicación publica, en virtud del artículo 122. 2 y 3 de la LPI, éste es un derecho de gestión colectiva obligatoria, lo que implica que solo puede ejercerse a través de una entidad de gestión. En virtud del régimen jurídico aplicable, los usuarios comerciales que realicen actos de comunicación pública de obras audiovisuales protegidas están sujetos a la doble obligación de obtener la autorización de los productores, así como de pagar la remuneración que proceda.
10. b)Existencia de acto de comunicación pública en las habitaciones de los hoteles. La puesta a disposición de aparatos de televisión y radio en las habitaciones de los hoteles y sus posibles implicaciones a efectos de considerar dicho uso como actos de comunicación pública, ha sido objeto de amplios debates doctrinales y jurisprudenciales. La cuestión ha quedado resuelta tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de 7 de diciembre de 2006, en la que el TJUE consideró que, “la distribución de una señal por un establecimiento hotelero a los clientes alojados en sus habitaciones, efectuada por medio de televisores, constituye un acto de comunicación al público en el sentido del artículo 3º apartado 1º de la Directiva 2001/29 CE (Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados 8 aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la sociedad de la información) sea cual fuera la técnica empleada para la transmisión de la señal”. El TJUE considera que el concepto de “público” ha de entenderse en sentido amplio como sinónimo de un número indeterminado de espectadores potenciales, circunstancia que concurre en el caso de las habitaciones de los hoteles. Para el TJUE, los huéspedes alojados en los hoteles constituyen un “público nuevo” distinto del público inicial al que se destinó la emisión primaria. Concluye el TJUE añadiendo que “el carácter privado de las habitaciones de los hoteles no impide que se considere que la comunicación de una obra en tales habitaciones, efectuada por medio de televisores, constituya un acto de comunicación pública en el sentido del artículo 3, apartado 1º de la Directiva”. Por tanto, entre los actos de comunicación pública sujetos a la obligación de pago y autorización, se halla la comunicación pública de obras audiovisuales realizada por el titular del establecimiento hotelero como consecuencia de la emisión de televisión en las habitaciones de los huéspedes.
11. c)Las tarifas generales y las tarifas negociadas. El artículo 157 de la LPI fija una serie de obligaciones para las entidades de gestión: entre ellas la prevista en la letra
12. b)del apartado 1, según el cual las entidades de gestión están obligadas a “establecer tarifas generales que determinen la remuneración exigida por la utilización de su repertorio, que deberán prever reducciones para las entidades culturales que carezcan de finalidad lucrativa”. A continuación, la letra
13. c)del mismo artículo 157.1, señala que las entidades de gestión también están obligadas a “celebrar contratos generales con asociaciones de usuarios de su repertorio, siempre que aquéllas lo soliciten y sean representativas del sector correspondiente”. La LPI no define, ni en qué términos ha de llevarse a cabo esta negociación, ni las consecuencias de la falta de acuerdo. Por esta razón, la ausencia de acuerdo con las asociaciones de usuarios no determina que la entidad haya incumplido ninguna obligación, sino que implica únicamente, que no ha sido posible pactar con el usuario. En consecuencia, puede decirse que la obligación que pesa sobre las entidades de gestión frente a las categorías de usuarios es únicamente de negociar y no de contratar. Aunque la LPI no haga referencia a esta posibilidad, es frecuente que las entidades de gestión firmen contratos individuales con las empresas que utilizan el repertorio administrado por la correspondiente entidad. En ocasiones, estos contratos serán la trasposición individualizada del contrato general de que se trate. Asimismo, no es infrecuente que las entidades de gestión pacten contratos individualizados con usuarios concretos, sin que dichos contratos estén amparados en algún contrato general con las asociaciones representativas del sector. La relación que se establece entre las tarifas generales y negociadas es de supletoriedad. A falta de acuerdo particular, serán de aplicación las tarifas generales, de manera que, frente a un impago por parte del usuario, las entidades de gestión pueden exigir coactivamente el pago de las mismas ante los tribunales de justicia. En el caso de que el usuario haya firmado el correspondiente contrato, serán de aplicación las condiciones fijadas en el mismo. 9 De hecho, el artículo 157.2 LPI 2., señala que “en tanto las partes no lleguen a un acuerdo, la autorización correspondiente se entenderá concedida si el solicitante hace efectiva bajo reserva o consigna judicialmente la cantidad exigida por la entidad de gestión de acuerdo con las tarifas generales”. Hasta fechas relativamente recientes, las entidades de gestión, cuando ejercitaban acciones judiciales para el cobro de las deudas con los usuarios conforme a las tarifas generales, prácticamente veían reconocidos por los tribunales el derecho a percibir la cuantía económica determinada en las correspondientes tarifas generales. Este criterio jurisprudencial se mantuvo hasta las sentencias del Tribunal Supremo, de 18 de febrero de 2009, la de 7 de abril de 2009 y la más reciente de 15 de septiembre de 2010. La nueva jurisprudencia ya no considera que las tarifas generales sean de aplicación automática, de manera que el propio órgano judicial se reserva la posibilidad de no aplicarlas en el cálculo de la indemnización en el caso de que considere que no son equitativas. Tal fue el caso, en las sentencias citadas, de las tarifas fijadas por AIE (sentencia de 18 de febrero de 2009) frente a Telecinco y conjuntamente por AIE y AISGE frente a Sogecable (sentencia de 7 de abril de 2009).
14. d)Sobre la naturaleza de derecho de gestión colectiva obligatoria gestionado por EGEDA. Este expediente tiene por objeto las condiciones bajo las que EGEDA contrata con los hoteles el derecho de los productores audiovisuales de autorizar la comunicación pública de sus obras audiovisuales y obtener remuneración por dichos actos de comunicación pública. Conforme a lo previsto en la LPI, artículo 122, el derecho de obtener remuneración por esta modalidad de comunicación pública, es un derecho de gestión colectiva obligatoria, lo cual implica que EGEDA gestiona estos derechos por mandato legal con independencia de la existencia de un mandato por parte del titular. Con carácter general, las entidades de gestión tienen como misión la obligación de administrar los derechos confiados a su gestión, lo que presupone la existencia de un mandato previo, por el cual el titular del derecho confía su administración a una entidad de gestión. Por tanto, en principio, el titular de los derechos objeto de protección es libre para decidir, si opta por la gestión colectiva, o si prefiere gestionar individualmente su derecho. Sin embargo, esta libertad se exceptúa en ciertos casos en los que la LPI establece la gestión colectiva obligatoria de determinados derechos de propiedad intelectual. Tal es el caso de los derechos de remuneración por actos de comunicación pública y distribución, del derecho de autorizar la retransmisión por cable y del derecho de compensación equitativa por copia privada. El derecho que corresponde a los productores audiovisuales de autorizar la comunicación pública de sus obras audiovisuales es un derecho de gestión colectiva obligatoria. Esto implica que EGEDA gestiona los derechos de obtener remuneración por actos de comunicación pública en nombre de los productores audiovisuales, con independencia de que éstos pertenezcan o no a EGEDA. 10 C) FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO • Mercado de producto
15. a)Mercado de otorgamiento de autorizaciones y de remuneración por comunicación pública de los productores audiovisuales a los establecimientos hoteleros por actos de comunicación pública en las habitaciones de los huéspedes. Las prácticas objeto del presente expediente se desarrollan en el mercado del otorgamiento de autorizaciones y de remuneración por comunicación pública de los productores audiovisuales a los establecimientos hoteleros por actos de comunicación pública en las habitaciones de los huéspedes. La demanda en este mercado la constituyen los titulares de establecimientos hoteleros. Cuando un establecimiento hotelero ofrece televisión en las habitaciones de los huéspedes y tales emisiones incluyen obras audiovisuales, precisa obtener una autorización de los productores audiovisuales, a quienes por Ley (artículo 122.1 LPI) corresponde el derecho exclusivo de autorizar la comunicación pública de obras audiovisuales. Además de obtener la necesaria autorización, el titular del establecimiento hotelero está obligado a pagar una remuneración a la entidad de gestión que represente a los productores audiovisuales. Por mandato legal, esta remuneración necesariamente se hará efectiva a través de la entidad de gestión correspondiente, porque así lo dispone la Ley (artículo 122.2 LPI), en este caso, EGEDA. Los hoteles abonan tarifas a cinco entidades de gestión por el uso de los derechos de propiedad intelectual, a saber, la Sociedad General de Autores y Editores (“SGAE”), Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión (“AISGE”), Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes de España (“AIE”), Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (“AGEDI”) y a EGEDA. Sin embargo, no existe sustituibilidad recíproca entre las tarifas gestionadas por las diferentes entidades de gestión, dado que cada una de ellas gestiona una categoría diferente de derechos. Desde el punto de vista de la oferta, este mercado está caracterizado por la existencia de una única entidad de gestión: EGEDA. En el mercado objeto del expediente, EGEDA es el único operador en España que, (por cuenta de los productores), realiza los actos necesarios para que los hoteles puedan ofrecer televisión en las habitaciones de los huéspedes: autorizar la comunicación pública (en nombre de los productores audiovisuales a quienes representa) y recaudar la correspondiente remuneración (por disposición legal). Por tanto, el titular del establecimiento hotelero que desea ofrecer televisión en las habitaciones de los huéspedes, deberá contratar necesariamente con la entidad que gestiona los derechos de los productores audiovisuales. Por estos motivos, a los efectos del presente expediente, se considera que existe un mercado de producto relevante de otorgamiento de autorizaciones y de remuneración por comunicación pública de los productores audiovisuales a los establecimientos hoteleros por actos de comunicación pública en las habitaciones de los huéspedes.
16. b)Mercado de alojamientos hoteleros. Las conductas analizadas en este expediente también tienen efectos en el sector de establecimientos hoteleros, en la 11 medida en que las políticas de precios de EGEDA afectan a la capacidad competitiva de los distintos hoteles. Dicho sector ha sido objeto de análisis por el Consejo de la CNC en la concentración C/0178/09, de 21 de octubre de 2009, en el que resolvió la operación de concentración NH Hoteles Hesperia. En dicha resolución, el Consejo consideró que el mercado de alojamientos hoteleros, según precedentes comunitarios y nacionales existentes, se podría segmentar en función de: (
17. i)la categoría de los hoteles, (
18. ii)la localización por tipo de destino, o (iii) la pertenencia o no a una cadena hotelera. En lo que se refiere a la categoría de los hoteles, dado que el nivel de precios se identifica con las estrellas concedidas a cada establecimiento, de acuerdo con los precedentes ya señalados, se podrían definir los segmentos de hoteles de 1 y 2 estrellas, de 2 y 3 estrellas, de 4 y 5 estrellas; o bien, un primer segmento que agruparía a hoteles de 1, 2 y 3 estrellas y un segundo en el que se incluirían hoteles de 4 o más estrellas. En todo caso, a los efectos del presente expediente, no es necesario delimitar el perímetro exacto del mercado o mercados de alojamientos hoteleros, en la medida que esta cuestión no afecta a las conclusiones del análisis. • Mercado Geográfico Al igual que el resto de las entidades de gestión, EGEDA opera únicamente en el territorio español, por lo que la conducta objeto del presente expediente se limita al territorio nacional. Asimismo, no hay ninguna otra entidad de gestión extranjera que gestione los mismos derechos que EGEDA. A las consideraciones anteriores habría que sumar el hecho de que, debido a la existencia de diferencias en los regímenes jurídicos aplicables, el derecho que gestiona EGEDA no tiene equivalente en algunos de los demás países europeos. En lo que se refiere al mercado de alojamiento en establecimientos hoteleros, tanto la Comisión Europea como el extinto Servicio de Defensa de la Competencia (SDC), en distintos precedentes, han definido el mercado hotelero como de dimensión nacional, teniendo en cuenta la existencia de grandes grupos que gestionan establecimientos hoteleros con presencia en toda España. Por este motivo, a los efectos del presente expediente, el ámbito geográfico relevante de los mercados de producto anteriormente definidos se considera nacional, sin perjuicio de que según EGEDA, su repertorio esté formado por obras audiovisuales generadas tanto dentro como fuera de España. D) HECHOS ACREDITADOS EN EL EXPEDIENTE. Para valorar las conductas objeto de este expediente, el Consejo ha tenido en cuenta los hechos que se recogen a continuación y que han sido acreditados tanto en la fase de instrucción por la DI, como en la prueba practicada ante este Consejo. I. Requerimientos judiciales por parte de EGEDA contra propietarios de hoteles, en relación con los derechos de remuneración que gestiona. 12 1. Entre 1996 y 2002 EGEDA inició un total de 81 demandas judiciales contra distintos propietarios de hoteles, (en los folios 2.648-2.655 conf. consta una relación de todas las sentencias). 2. Las demandas presentadas estaban dirigidas a la obtención por parte del Óórgano judicial de pronunciamientos sobre: la suspensión de las actividades de retransmisión de las obras y grabaciones audiovisuales contenidas en las emisiones de televisión de terceras entidades de radiodifusión; la prohibición de reanudar tales actividades, en tanto no sea autorizada al menos por la actora EGEDA; y la declaración del derecho de las demandantes a ser indemnizadas por la demandada de acuerdo con las tarifas generales de las mismas. 3. Estos procedimientos judiciales se saldaron con 53 pronunciamientos favorables a EGEDA y 28 desfavorables. La mayoría de los pronunciamientos desfavorables fueron previos a la Sentencia del Pleno de la Sala del Tribunal Supremo de fecha 16 de abril de 2007, que unificó la interpretación jurisprudencial del artículo 20.1 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, reconociendo el carácter “público” de la comunicación de obras audiovisuales realizadas en las habitaciones de los huéspedes. 4. Todos los pronunciamientos favorables a EGEDA ordenaban al hotel a suspender la transmisión de TV en las habitaciones, en tanto en cuanto el hotel no obtuviese la autorización de EGEDA a través del correspondiente contrato. En cuanto a las indemnizaciones acordadas, en todos los casos el Óórgano judicial que dicta la sentencia favorable, ordena al hotel a indemnizar a EGEDA por las emisiones efectuadas durante el período anterior a la sentencia. Con respecto a la cuantía, salvo en las más recientes, se toma como referencia el importe de las tarifas generales aprobadas por EGEDA. 5. En la mayoría de los casos, los hoteles condenados suscribieron contratos con EGEDA. Ahora bien, en 10 casos EGEDA obtuvo un auto de ejecución instando el corte de la señal. De entre estos 10 autos, 5 de ellos finalizaron con contratos con los hoteles y sobre otros 5 pesan órdenes de ejecución que, según alega EGEDA aún no han sido ejecutadas. 6. De esas demandas, 33 concluyeron con acuerdos transaccionales según figura en el expediente en la relación de contratos aportada por EGEDA (folios 2.6572.678 conf.). II. Las tarifas generales de EGEDA 7. El 11 de octubre de 2005, EGEDA comunicó al Ministerio de Cultura el documento denominado “Manual de tarifas de los derechos exclusivos y derechos de remuneración administrados por EGEDA”, con las tarifas, aplicables desde 2004, que cubren los derechos de productores de obras y grabaciones audiovisuales (folios 54 a 73). 8. Para los establecimientos hoteleros y asimilados, en las tarifas generales, aplicables desde enero de 2004, EGEDA establece un modelo de tarifa variable en función de la categoría del establecimiento hotelero de que se trate, de acuerdo con el siguiente esquema, que se cobra por plaza hotelera disponible y mes (Manual de tarifas, anexo 1.B, folio 59): 13 Tarifas generales de EGEDA