200 ok Incluye la corrección de errores publicada en BOJA núm. 18, de 28 de enero de 2026. Ref. BOE-A-2026-2887 EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA A todos los que la presente vieren, sabed: Que el Parlamento de Andalucía ha aprobado y yo, en nombre del Rey y por la autoridad que me confieren la Constitución y el Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2026. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS I En el momento de la elaboración del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2026, la coyuntura internacional atraviesa un momento de transición caracterizado por tensiones comerciales y geopolíticas, pero también con algunas señales positivas. Así, pese a la incertidumbre, la desinflación global continúa gracias al abaratamiento de la energía, lo que favorece la recuperación de la confianza y la estabilidad de precios. En la Unión Europea se prevé que el PIB repunte un 1,1% en 2026, sostenido por el gasto en infraestructuras y defensa, mientras que la inflación convergería hacia tasas cercanas al 2%. Este contexto ofrece un marco de mayor certidumbre para las empresas y los hogares, favoreciendo decisiones de inversión y consumo que apuntalan una senda de crecimiento moderado, pero estable, en los próximos ejercicios. En España, conforme a las previsiones del Gobierno central, se proyecta un escenario estable con costes energéticos y financieros contenidos. El PIB atenuará en cuatro décimas su crecimiento en 2026, si bien se estima que la creación de empleo continuará. El déficit público se mantendrá por debajo del 3% del PIB mientras que el comportamiento de la inflación aliviará la presión sobre el poder adquisitivo de los hogares y permitirá que el consumo privado impulse la economía nacional. En Andalucía, la coyuntura presenta un tono particularmente positivo. El PIB regional creció un 3% en el segundo trimestre de 2025, por encima de la media nacional, con una notable aportación de la industria y la construcción. El mercado laboral registra máximos históricos de ocupación, con más de 3,5 millones de personas empleadas y la tasa de paro en mínimos desde 2007. Además, la región ha logrado un superávit comercial no energético, consolidando su posición como tercera comunidad exportadora. Con estas bases, las previsiones para 2026 son favorables: se anticipa que Andalucía mantendrá un crecimiento sólido, apoyado en la inversión, la fortaleza de los servicios y la dinamización de actividades de alto valor añadido, lo que permitirá seguir reduciendo el diferencial de renta y empleo respecto a la media española y europea. Más allá del contexto económico, el Presupuesto para 2026 se elabora de nuevo bajo un sistema de financiación de las comunidades autónomas sin reformar, acrecentándose con ello el perjuicio para Andalucía. Solo en el último año liquidado, 2023, la infrafinanciación del sistema para la Comunidad Autónoma de Andalucía en términos de financiación media por habitante ajustado ascendió a 1.528 millones de euros, teniendo en cuenta los cálculos realizados por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA). Si extendemos el cálculo al período 2009-2023, el déficit de recursos acumulado por Andalucía asciende a 15.070 millones de euros, una cantidad equivalente al 6,7% del PIB regional. El Gobierno andaluz ha reclamado la adopción de un fondo transitorio que palíe el perjuicio que está ocasionando a la ciudadanía andaluza hasta que se concrete su necesaria reforma. Por otra parte, la financiación europea continuará siendo una palanca decisiva en 2026, con el cierre del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y el despliegue de fondos estructurales correspondientes al marco 2021-2027, que apoyarán proyectos estratégicos en innovación, transición energética y modernización administrativa. Junto a lo anterior, la carencia de Presupuestos Generales del Estado afecta de forma muy importante a las cuentas de la Junta de Andalucía, al no encontrarse disponibles partidas esenciales como la actualización efectiva de las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica, la evolución de las retribuciones del empleo público o los programas de gasto financiados o cofinanciados con transferencias finalistas. Desde la perspectiva del gasto, las cuentas de la Junta de Andalucía para 2026, con las que se cerrará la legislatura, se conciben como un instrumento para consolidar el avance económico y social de Andalucía obtenido por la Comunidad Autónoma en los últimos cuatro años. Por ello, el Presupuesto pone el acento en los pilares que sostienen el bienestar colectivo –educación, salud y servicios sociales–, a la vez que se impulsa la innovación, la digitalización y la sostenibilidad como ejes de transformación, junto con el acceso a la vivienda. Con ello, el Gobierno andaluz busca afianzar la posición de la Comunidad como territorio competitivo y atractivo para la inversión, favoreciendo la cooperación público-privada y reforzando la capacidad institucional para aplicar políticas de forma eficaz. En el ámbito social, el Presupuesto de 2026 coloca en el centro de la acción pública la mejora del acceso equitativo a los servicios esenciales. No se trata únicamente de aumentar la financiación destinada a educación, sanidad o servicios sociales, sino de asegurar que cualquier ciudadano, con independencia de su lugar de residencia o de su situación socioeconómica, pueda disponer de una atención de calidad. La orientación es clara: reducir las desigualdades que todavía se manifiestan entre áreas urbanas y rurales y entre distintos grupos sociales, de manera que la cohesión territorial y social avance de forma paralela. La vertiente económica se articula en torno a la transición ecológica y digital, concebidas como motores de crecimiento inclusivo. El sector tecnológico, el científico y el de la innovación son pilares fundamentales en la transformación económica de Andalucía, claves para hacer una Comunidad cada vez más próspera, moderna y competitiva y que actúan como herramientas transversales al servicio de sectores emergentes, pero también de otros más tradicionales como la agricultura o el turismo, que son soportes esenciales de la economía andaluza. La movilidad sostenible es uno de los ámbitos prioritarios: se prevén actuaciones para mejorar las redes de transporte público, reducir la huella de carbono en los desplazamientos y reforzar la conectividad entre municipios y provincias, lo que permitirá tanto mejorar la calidad de vida de la ciudadanía como favorecer la competitividad de las empresas. En materia de energía, la apuesta por las infraestructuras renovables y por la eficiencia energética es estratégica. Se trata de inversiones con un efecto multiplicador, capaces de atraer capital privado y de situar a Andalucía en una posición de liderazgo en el mapa europeo de la economía verde. Precisamente, el Presupuesto de 2026 volverá a ser un presupuesto verde, integrando la lucha contra el cambio climático como eje transversal de todas las políticas públicas. En 2026 persiste la incertidumbre sobre la aplicación interna del nuevo marco europeo de reglas fiscales, ya que el Gobierno de España aún no ha definido cómo va a ser la relación entre la reformada gobernanza europea y el marco interno definido en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. A ello se añade la falta de aprobación de objetivos de estabilidad y deuda con consecuencias directas sobre las comunidades autónomas, que deben desenvolverse en la incertidumbre en lo que respecta a la aplicación de la mencionada ley orgánica. En esta situación, Andalucía mantiene una gestión prudente en aras del cumplimiento de los compromisos de estabilidad sin renunciar a la inversión en servicios esenciales y en políticas de desarrollo, tal y como se ha puesto de manifiesto en el ejercicio 2024, que terminó sin déficit y siendo una de las pocas comunidades autónomas que cumplieron con la regla de gasto. En conjunto, el Presupuesto para 2026 aspira a proyectar a Andalucía como una región dinámica y resiliente: capaz de sostener un crecimiento inclusivo, reducir desigualdades, modernizar su aparato productivo y aprovechar plenamente sus ventajas comparativas –su capital humano, su diversidad territorial y su posición estratégica en Europa y el Mediterráneo– para seguir avanzando hacia un futuro más próspero y sostenible. II El texto articulado consta de cuarenta y dos artículos, distribuidos en siete títulos, que se completan en su parte final con veinticinco disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y dieciocho disposiciones finales. El título I, «De los créditos iniciales y sus modificaciones», regula en su artículo 1 el ámbito del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En el artículo 2 se aprueban los créditos de los estados consolidados de gastos e ingresos, abarcando a la Junta de Andalucía y sus instituciones, las agencias y los consorcios. A partir del ejercicio 2026, el Consorcio para el Desarrollo de la Sociedad de la Información y del Conocimiento en Andalucía «Fernando de los Ríos» cambia su denominación por «Consorcio Puntos Vuela de Andalucía», de acuerdo con la modificación estatutaria operada en la citada entidad. En el artículo 3 se aprueban las cifras de los presupuestos de explotación y capital de las sociedades mercantiles del sector público andaluz, así como de los presupuestos de los fondos carentes de personalidad jurídica y de las fundaciones y demás entidades del sector público andaluz. Conforme a la última modificación de los estatutos de la Empresa Pública de Gestión de Activos, SA, EPGASA, se indica su condición de «Medio Propio». El artículo 4 regula las entidades que deben recibir transferencias de financiación de las previstas en el artículo 58 bis del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo. El artículo 5 establece la cifra en que se estiman los beneficios fiscales. Dentro de la regulación del artículo 6, «Vinculación de los créditos», se han modificado diversos apartados, tanto para su adaptación a la clasificación económica como para su adecuación a la normativa actual, por razones de seguimiento y control presupuestario, así como de técnica presupuestaria. En el artículo 7 se declaran los créditos ampliables para 2026, sin incluir modificaciones respecto al texto de la ley vigente. Los artículos 8, 9, 10 y 11, como en ejercicios anteriores, regulan de forma diferenciada el régimen presupuestario de la sanidad, de la educación, del sistema de atención social y de las entidades instrumentales del sector público andaluz con contabilidad no presupuestaria, respectivamente. En el título II, «De los créditos de personal», se incluyen las normas que regulan el régimen de las retribuciones del personal al servicio del sector público andaluz, ajustándose a la normativa estatal de carácter básico. Así, para 2026 se ha consignado una disposición adicional que prevé la aplicación a las retribuciones recogidas en la presente ley del incremento que pudiera aprobarse con carácter básico. El título III está dedicado a la gestión y control presupuestarios. Se introduce como novedad en el artículo 28 la excepción de no requerir autorización del Consejo de Gobierno para las transferencias con asignación nominativa a las sociedades mercantiles del sector público y entidades asimiladas, ni tampoco para los expedientes que se tramiten para la concesión de subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto y las consideradas de imposición legal. En el artículo 31, que regula el complemento a la financiación de los conciertos educativos y su justificación, como novedad se incrementan las cuantías del componente de otros gastos de los módulos de los conciertos educativos establecidos por la normativa estatal, para lograr la equiparación gradual al promedio de las comunidades autónomas, excluyendo País Vasco y Navarra. En el título IV se regulan las operaciones financieras. El artículo 32 está dedicado a la figura de los avales a prestar por la Junta de Andalucía, fijando el importe máximo que puede otorgar y la regulación para la aplicación de las autorizaciones pertinentes para su uso. El artículo 35 está dedicado a las operaciones de endeudamiento financiero a largo plazo de la Junta de Andalucía, fijando su límite cuantitativo para el ejercicio 2026. El artículo 36 regula las operaciones de endeudamiento de las entidades cuya deuda consolida con el sector Administración Junta de Andalucía, estableciendo el requisito de autorización previa de estas operaciones, así como la obligación de los entes de remitir información mensual de su endeudamiento a la Dirección General competente en materia de tesorería y deuda pública. El artículo 37 mantiene su redacción sobre las operaciones financieras de activo. Por otra parte, en el título V, relativo a las normas tributarias, el artículo 38 establece el importe de las tasas de cuantía fija de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2026 mediante la aplicación de un coeficiente 1,02 a las cantidades exigibles en 2025. Además, en este título, a los efectos previstos en el artículo 49 bis de la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía, se establecen en el artículo 39 los coeficientes correctores de las tasas portuarias para el ejercicio 2026. El título VI establece normas relativas a la transferencia y delegación de competencias entre la Comunidad Autónoma de Andalucía y las entidades locales de su territorio, mientras que el título VII hace referencia a la información y documentación que debe remitirse al Parlamento de Andalucía. Las disposiciones adicionales completan el marco jurídico presupuestario. En ellas se mantiene la disposición adicional primera, garante del cumplimiento de la disciplina presupuestaria hasta el cierre del ejercicio conforme a la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. De igual modo, continúa la disposición adicional segunda, referida a los complementos personales y transitorios. Como en anteriores leyes del presupuesto, la disposición adicional tercera prevé que los incrementos de las retribuciones del personal del sector público que se establezcan, en su caso, por la Administración General del Estado se aplicarán, en su porcentaje máximo, a las retribuciones contenidas en la presente ley. La disposición adicional cuarta recoge las medidas contempladas en la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía, cuya aplicación se sigue manteniendo en 2026. Por otro lado, resulta especialmente relevante destacar las novedades que las disposiciones adicionales aportan al texto articulado para 2026. Así, se introduce una nueva disposición adicional séptima relativa a puestos de trabajo con financiación afectada. La disposición presenta una solución más adecuada y estable para puestos que cuentan con financiación externa recurrente de fondos europeos u otros de naturaleza finalista, mediante su integración de forma ordenada y permanente en la relación de puestos de trabajo (RPT). Con ella se persigue aportar mayor seguridad jurídica al sistema, reforzar la planificación estratégica del empleo público y mejorar las estructuras organizativas. En la disposición adicional decimoséptima, relativa a los importes de cuantía mínima suficiente para cubrir el coste de exacción y recaudación de las deudas, a los efectos establecidos en el artículo 24 bis del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, se mantienen los importes establecidos en la Ley del Presupuesto para 2025, y se añade expresamente que las deudas que podrán anularse y darse de baja en contabilidad son aquellas que estén en periodo ejecutivo. En la disposición adicional decimoctava, con relación a la dotación del Fondo de Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se incrementa su importe con respecto a la dotación del ejercicio 2025, para, sin comprometer los objetivos de estabilidad presupuestaria, reforzar el compromiso con las entidades locales a través de una financiación de carácter incondicionado. En este sentido, el Gobierno andaluz, consciente de las necesidades de financiación de los municipios, impulsa desde 2019 y por primera vez desde 2013, el crecimiento anual de la dotación global del Fondo, y de esta forma, reactiva la senda de crecimiento del Fondo de Participación, poniendo de manifiesto la voluntad, por un lado, de mantener y reforzar el apoyo a las entidades locales a través de una financiación incondicionada y, por otro, de garantizar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. La disposición adicional vigésima prevé la inclusión y cotización a la Seguridad Social del alumnado de ciclos formativos con concierto educativo que realice prácticas formativas no remuneradas durante la vigencia del acuerdo adoptado al efecto en el seno de la Mesa Sectorial de la Enseñanza Concertada. En relación con los tributos propios, la disposición adicional vigesimosegunda mantiene hasta el 31 de diciembre de 2026 la bonificación temporal de la tasa por servicios administrativos y facultativos en materia de caza en Andalucía, establecida por primera vez en el Decreto-ley 2/2022, de 29 de marzo, para mitigar los efectos de la sequía y apoyar al sector agrario y pesquero, y posteriormente ampliada en las Leyes del Presupuesto para los años 2023, 2024 y 2025. Esta medida, basada en el Decreto 232/2023, de 19 de septiembre, que aprueba el Plan Andaluz de Caza 2023-2033, busca fomentar el acceso a la caza, necesaria para el equilibrio poblacional de especies cinegéticas y la conservación de hábitats. La disposición adicional vigesimotercera, referida a las subvenciones de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad y de sus entidades instrumentales adscritas, trata de homogeneizar y sistematizar la gestión de las subvenciones en el ámbito de la Consejería. En este sentido, se establece como límite para los gastos de personal subvencionables las retribuciones establecidas en el VI Convenio Colectivo del personal laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, en vigor en cada momento, o en el convenio colectivo que le sea de aplicación a la entidad subvencionada si este resultara menor. Por otro lado, mediante la disposición adicional vigesimocuarta se establece que cualquier propuesta de inicio de negociación que afecte a retribuciones o a condiciones de trabajo contenidas en disposiciones normativas de carácter general, que se refiera al personal incluido en el artículo 2 de la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía, requerirá informe de la Consejería competente en materia de Hacienda. Por último, indicar que la documentación que acompaña a esta ley se ha adaptado a lo dispuesto en el Decreto del Presidente 5/2025, de 15 de octubre, por el que se modifica el Decreto del Presidente 6/2024, de 29 de julio, sobre reestructuración de Consejerías, a expensas de su desarrollo normativo mediante modificación de la estructura de las Consejerías afectadas y de las relaciones de puestos de trabajo. Las adaptaciones realizadas se refieren a la estructura de clasificaciones orgánica de secciones y funcional por programas, y a los regímenes de financiación de las entidades adscritas a las Consejerías afectadas en la reestructuración. Por ello, tras el desarrollo normativo previsto, y para la finalización de dicho proceso, se habilita en la disposición adicional vigesimoquinta a la Consejería competente en materia presupuestaria a disponer cuanto sea necesario para que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 45.10 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, se lleven a cabo las adaptaciones técnicas necesarias, tanto en la estructura del Presupuesto como en la distribución de sus créditos. Respecto a las disposiciones transitorias, la primera regula el régimen transitorio de las retribuciones del personal funcionario, y la transitoria segunda garantiza el percibo de retribuciones y los incrementos que correspondan, de acuerdo con la normativa básica estatal, al personal al servicio de la Administración de Justicia pendiente de incluir en la relación de puestos de trabajo. La disposición transitoria tercera regula el régimen para las entidades integradas en el Instituto de Salud de Andalucía, si a la entrada en vigor de la Ley del Presupuesto para 2026 no se hubiera producido la efectiva puesta en funcionamiento de dicho Instituto. Mediante la disposición derogatoria única se derogan cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan o contradigan a lo dispuesto en esta ley. En cuanto a las disposiciones finales, la disposición final primera modifica el texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo. Dentro del título I, «Del régimen de la Hacienda de la Junta de Andalucía», en relación con los recursos, se modifica la redacción del artículo 22, relativo a la recaudación de los ingresos de Derecho Público, con la finalidad de aportar mayor claridad a la norma. Por un lado, en el apartado 1 se diferencia entre los períodos de recaudación voluntario y ejecutivo, además de especificarse las distintas posibilidades de pago en cada uno de ellos. Asimismo, cuando se relacionan las normas que resultan aplicables en la recaudación de los ingresos de Derecho Público de la Comunidad Autónoma de Andalucía, además de citar el Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, se realiza una remisión a otras normas de desarrollo de la Ley General Tributaria. Por otro lado, se modifica el apartado 2 en su párrafo

1. d)para homogeneizar los plazos de pago de las sanciones no tributarias pecuniarias en el ámbito de la Junta de Andalucía. Asimismo, se modifica el artículo 24 bis a los efectos de dotar de mayor seguridad jurídica a los procedimientos de liquidación y de baja de las deudas inferiores a la cuantía que se fije en la Ley del Presupuesto de cada año como mínima para la cobertura del coste que su exacción y recaudación representen. En primer lugar, en el apartado 1 se recoge de forma expresa que estas disposiciones son de aplicación exclusivamente a los ingresos de Derecho Público. En segundo lugar, en el apartado 2 se establece como novedad que solo se anularán y darán de baja en contabilidad las deudas que se encuentren en periodo ejecutivo y que tengan más de seis meses de antigüedad desde el vencimiento del periodo voluntario de pago. Con esta modificación se persigue dotar al procedimiento de mayores garantías, ya que se determina un plazo concreto a partir del cual se puede tramitar la anulación y baja de las deudas. Dentro del título II «Del Presupuesto», en relación con el capítulo II donde se regulan los créditos y sus modificaciones, se modifican las reglas especiales segunda y tercera del artículo 39.4, relativo a la especialidad cualitativa y cuantitativa de los créditos, precisando estos apartados; de modo que quede claro que los gastos de personal financiados con transferencias y otros ingresos de carácter finalista o financiados con los servicios Fondos Europeos y FEAGA vinculan con la misma regla establecida para los financiados con recursos propios, pero teniendo en cuenta que es financiación afectada. Asimismo, se modifica el artículo 40.8 al objeto de mejorar los traspasos de anualidades futuras, permitiendo la ampliación automática de los límites de crédito correspondientes a los ejercicios futuros a los documentos contables de autorización de gasto. Además, en el capítulo III sobre ejecución y liquidación, se modifica en el artículo 53 bis, relativo al cumplimiento de obligaciones tributarias y otras de Derecho Público, su apartado 4 con el fin de tramitar de forma unificada la cuota patronal de los seguros sociales del personal incluido en la nómina general de la Administración de la Junta de Andalucía. Por otra parte, dentro de su capítulo IV, «Normas especiales para las agencias públicas empresariales, sociedades mercantiles del sector público andaluz y otras entidades» se introduce una importante modificación de su artículo 58 bis, relativo a las transferencias de financiación a entidades del sector público andaluz, que pretende incorporar a la norma de cabecera de la Junta de Andalucía en materia de Hacienda Pública, de manera indefinida, los artículos 32 y 33 de la Ley del Presupuesto para 2025, reguladores del régimen de financiación de la actividad de las entidades que componen el sector público andaluz dependiente de la Administración de la Junta de Andalucía con cargo a aportaciones del presupuesto. Tales preceptos, que han formado parte, con vigencia anual, de anteriores Leyes del Presupuesto de la Comunidad Autónoma, afectan al régimen jurídico de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, conformando el sistema básico de financiación de las entidades que integran el sector público autonómico, por lo que resulta necesario su supresión de la norma sobre el presupuesto anual, y simultánea incorporación al texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública para completar, de esta manera, las normas ya existentes en este cuerpo legal sobre financiación de las mencionadas entidades. Tal incorporación se ha efectuado integrando el contenido de los dos citados preceptos en el artículo 58 bis, que por tanto debe modificar su título para que mantenga la necesaria coherencia con el contenido completo del nuevo precepto resultante. Por las mismas razones expuestas anteriormente respecto a la modificación del artículo 58 bis de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, se añade el artículo 58 quater en dicho texto legal para, en este caso, incorporar al mismo el artículo 34 de la Ley del Presupuesto para 2025, «Transferencias a entidades del sector público de otras Administraciones públicas participadas por la Administración de la Junta de Andalucía, sus agencias y consorcios adscritos». En este caso, se ha incluido como novedad en la redacción del nuevo precepto la financiación de las sociedades mercantiles integradas en algún sector público diferente al andaluz, y de aquellas que, sin estar integradas en un sector público, sean clasificadas dentro de cualquier subsector del sector Administraciones Públicas, de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea, y en las que la Administración de la Junta de Andalucía tenga la condición de socio, lo que ha hecho necesario modificar, tanto el título de tal precepto como el del propio capítulo IV de este título de la Ley General de la Hacienda Pública. Por lo que se refiere al título V, «Del control interno y de la contabilidad pública», y, dentro del mismo, a su capítulo IV, «De la contabilidad», se modifica el artículo 107, en sus apartados 2 y 3, con el objetivo de ampliar los plazos actualmente establecidos para la formación de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como para su remisión a los órganos de control externo. Esta ampliación, que ha sido necesaria para afrontar los trabajos requeridos a fin de rendir la Cuenta General consolidada, permite asimismo la ampliación del plazo establecido en la presentación de las cuentas debidamente aprobadas por los órganos competentes de las entidades cuyos estados contables deben integrarse en la citada Cuenta General. La disposición final segunda modifica la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, con objeto de adaptarla a la modificación efectuada en el artículo 107 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, relativa al plazo de presentación de la Cuenta General de la Junta de Andalucía. La disposición final tercera modifica el artículo 15 de la Ley 1/2003, de 10 de abril, de creación del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, adaptándose a la normativa básica vigente (Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación) las contrataciones específicas de personal laboral que se realizan en el citado Instituto. La disposición final cuarta introduce varias modificaciones en la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía, con el fin de reforzar la claridad y la seguridad jurídica del régimen de tasas portuarias y garantizar la adecuada correspondencia entre las cuotas y la realidad económica de las actividades gravadas. En particular, se aclara la determinación, actualización y revisión de las tasas portuarias, se elimina el listado quinquenal de concesiones y se suprime la absorción de incrementos por los titulares; se aclara que la tasa sobre embarcaciones deportivas y de recreo se devenga con la entrada en instalaciones portuarias de gestión directa; respecto de la tasa de suministros, se faculta a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía para instalar contadores individuales al objeto de verificar los suministros de agua y electricidad, reforzando así el principio de equivalencia; en cuanto a la tasa por ocupación privativa, se introduce un coeficiente corrector para la ocupación del subsuelo, con líneas eléctricas, suministro de agua, evacuación de residuos u otras instalaciones inherentes a la urbanización, que no impida el uso de la superficie, atendiendo al carácter esencial de las instalaciones afectadas; y, finalmente, en la tasa por aprovechamiento especial para la prestación de servicios públicos portuarios o el ejercicio de actividades comerciales o industriales en los puertos, se refuerza el método de estimación directa de la base imponible, constituida por el volumen de facturación, de manera que el sujeto pasivo declarará anualmente dicho volumen, permitiendo a la Agencia determinar la cuota de la tasa conforme a la actividad económica efectivamente realizada. La disposición final quinta modifica la Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para reforzar la homogeneidad y seguridad jurídica en el cálculo de la población a efectos de la participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma. Se establece que, cuando los datos del Padrón municipal no permitan la desagregación necesaria, se empleará el Censo Anual de Población y, en su defecto, la estadística oficial del Instituto Nacional de Estadística que la ofrezca, garantizando una única fuente oficial y pública. Asimismo, se elimina la exigencia de solicitud anual por parte de las entidades locales autónomas para participar en el Fondo, medida que simplifica la gestión, da respuesta a una demanda reiterada y homogeneiza el procedimiento de reparto de los fondos de la participación en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Mediante la disposición final sexta se modifica la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía. En particular, se modifican el artículo 67 y la disposición adicional decimoctava, con el fin de clarificar el régimen de reclamaciones frente a los cánones autonómicos sobre el agua y de adaptarlo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que considera los actos de aprobación de los cánones como disposiciones de carácter general, impugnables únicamente por la vía contencioso-administrativa. En consecuencia, se suprime la posibilidad de recurso económico-administrativo frente a dichos actos, limitando esta vía a los actos de aplicación tributaria. La disposición final séptima modifica la redacción del artículo 25 de la Ley 5/2012, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013, con la finalidad de actualizar la redacción del citado precepto para adecuarlo a las disposiciones normativas vigentes. Asimismo, para mayor seguridad jurídica, se relacionan todos los contratos y supuestos en los que procede informar por la Oficina Andaluza de Evaluación Financiera. Además, con el fin, por un lado, de precisar el término inversión y, por otro, de especificar los supuestos que puedan considerarse inversiones de colaboración público-privada, se establece un importe mínimo de la cifra de la inversión real, que se establece en un millón de euros, y se define el término «inversiones reales». La disposición final octava modifica el artículo 32 de la Ley 2/2021, de 18 de junio, de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante, para clarificar el régimen jurídico de las sanciones impuestas por la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, así como el resto de sus ingresos de Derecho Público, a fin de hacer posible la colaboración de la Agencia Tributaria de Andalucía para el caso de que fuese necesaria su ejecución forzosa. La disposición final novena introduce diversas modificaciones en la Ley 5/2021, de 20 de octubre, de Tributos Cedidos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que afectan al impuesto sobre la renta de las personas físicas, al impuesto sobre sucesiones y donaciones, al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, y a la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar. En el impuesto sobre la renta de las personas físicas se mejora la deducción autonómica por cantidades invertidas en el alquiler de vivienda habitual, ampliando los límites de deducción para jóvenes menores de 35 años, mayores de 65 años, personas con discapacidad, víctimas de violencia doméstica y del terrorismo. Esta medida refuerza la ampliación aprobada en la Ley del Presupuesto para 2025 y responde al aumento continuado de los precios del alquiler y del coste de la vida, con el objetivo de mantener la eficacia real de la deducción, aliviar financieramente a los colectivos más vulnerables, facilitar la emancipación juvenil, promover el alquiler formal y favorecer el acceso a la vivienda. Además, se modifica la deducción autonómica actualmente en vigor por nacimiento, adopción de hijos o acogimiento familiar de menores, con el objeto de ampliar el ámbito subjetivo de aplicación de la misma mediante la eliminación del requisito relativo al límite de renta del contribuyente. La supresión de dicho límite responde a la necesidad de seguir avanzando en el apoyo económico a las familias andaluzas, en el actual contexto demográfico y social, una necesidad que se concreta en dos razones principales. En primer lugar, Andalucía comparte con el conjunto del Estado español un escenario de baja natalidad y progresivo envejecimiento poblacional, lo que exige políticas activas que favorezcan la natalidad, la conciliación y reduzcan el coste económico asociado a la crianza. La deducción fiscal constituye un instrumento ágil y eficaz de apoyo directo a las familias. En segundo lugar, la universalización de la medida elimina los requisitos de renta previamente existentes, garantizando que todas las familias puedan beneficiarse de un apoyo económico que contribuya a paliar los gastos iniciales vinculados al nacimiento, adopción o acogimiento de menores. En suma, la medida persigue impulsar la natalidad, proteger la infancia y favorecer la conciliación familiar en Andalucía, en coherencia con la línea de política social de la Comunidad Autónoma. Asimismo, se establece una nueva deducción autonómica por los gastos asociados al ejercicio físico o a la práctica del deporte. La deducción cubre gastos del contribuyente, su cónyuge o pareja de hecho inscrita, y familiares con derecho a mínimos por descendientes y ascendientes. Podrán beneficiarse todos los contribuyentes sin límite de renta. Serán deducibles las cuotas de pertenencia o adhesión a gimnasios, centros deportivos, clubes deportivos, federaciones deportivas y secciones deportivas o de recreación deportiva de otras entidades no deportivas. La medida pretende incentivar la práctica regular de actividad física, prevenir enfermedades de alto coste sanitario y fomentar hábitos de vida saludables, al tiempo que se impulsa la economía vinculada al deporte, en línea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Se crea, además, una deducción autonómica por gastos veterinarios derivados de la adquisición de animales de compañía o de la tenencia de perros de asistencia. La deducción será aplicable durante el primer año desde la adquisición, con carácter general, o durante los tres años siguientes cuando la adquisición se realice mediante adopción. En el caso de los perros de asistencia, la deducción podrá aplicarse durante todo el período de tenencia del animal por el contribuyente. Esta medida busca promover el bienestar animal y proteger la salud pública, pues muchas enfermedades derivadas de los animales pueden prevenirse mediante vacunas, desparasitaciones y demás tratamientos obligatorios, así como a través de la esterilización. Fomentar el acceso a dichos servicios veterinarios mediante incentivos fiscales ayuda a cumplir con los controles que se establecen legalmente. La medida adquiere un valor añadido cuando la adquisición se realiza mediante adopción, al contribuir directamente a reducir el abandono y promover la integración responsable de los animales en los hogares. De igual modo, en el caso de los perros de asistencia, se reconoce el papel fundamental que desempeñan en la inclusión social y en la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad. En particular, se pretende apoyar a quienes, por sus circunstancias personales, encuentran en los perros de asistencia un apoyo imprescindible para el desarrollo de una vida independiente y en condiciones de igualdad. Entre ellos se encuentran las personas con discapacidad visual, auditiva, física o con determinadas condiciones del espectro autista, así como aquellas con enfermedades específicas que requieren asistencia permanente. Además, se incorpora expresamente a los perros de aviso destinados a la protección y acompañamiento de víctimas de violencia de género, reconociendo que, para estas personas, la asistencia que prestan dichos animales constituye una medida complementaria de protección personal y seguridad. Garantizar el acceso a los cuidados veterinarios de estos animales supone, por tanto, proteger no solo su salud y bienestar, sino también la calidad de vida y seguridad de las personas a las que acompañan. Por último, se establece una nueva deducción aplicable por cada miembro del núcleo familiar del contribuyente con diagnóstico de enfermedad celíaca, entendiéndose a estos efectos por núcleo familiar al propio contribuyente, su cónyuge o pareja inscrita en el registro correspondiente, así como a los ascendientes o descendientes que le den derecho a la aplicación de los mínimos por ascendientes o descendientes según la normativa estatal del impuesto. Podrán beneficiarse todos los contribuyentes sin límite de renta. La deducción tiene como finalidad aliviar la carga económica de las familias andaluzas que requieren una dieta estricta sin gluten debido a la enfermedad celíaca, cuya incidencia ha aumentado progresivamente en los últimos años. El coste económico de esta alimentación es considerablemente superior al habitual. Los pacientes deben realizar un control y seguimiento exhaustivo de los alimentos, priorizando productos naturales y de calidad extra, dado que calidades inferiores pueden contener trazas de gluten. Además, algunos alimentos básicos deben ser sustituidos por otros disponibles únicamente en establecimientos especializados –como tiendas de nutrición, herbolarios, farmacias o secciones dietéticas de grandes almacenes–, con precios sensiblemente superiores. Esta carga se intensifica cuando existen varios miembros afectados en la misma familia. Por ello, la medida busca compensar económicamente a los ciudadanos, garantizando la igualdad de oportunidades y contribuyendo a reducir las desigualdades que afrontan las familias andaluzas en las que algún miembro padece la enfermedad celíaca. Todas las medidas anteriormente descritas, relativas al impuesto sobre la renta de las personas físicas, surtirán efectos desde el día 1 de enero de 2025. En relación con el impuesto sobre sucesiones y donaciones, en la modalidad de donaciones, se introduce una modificación en la regulación de la bonificación de la cuota tributaria aplicable a los Grupos I y II, con el fin de simplificar los requisitos formales. Por un lado, solo será exigible la formalización en documento público cuando la base imponible de la donación supere los 5.000 euros, sin perjuicio de la obligación de presentar la correspondiente autoliquidación. Por otro, se clarifican las circunstancias en las que se entenderá cumplido el requisito de la formalización en documento público con entrega simultánea del bien en los supuestos de donaciones en metálico por una cuantía total determinada con entregas aplazadas en el tiempo. Con ello se reducen los costes de formalización tanto en las donaciones de importe reducido como en aquellas en metálico con entregas aplazadas, facilitando así el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales. Por lo que se refiere al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, se modifica la regulación del tipo reducido en la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas para la adquisición de viviendas para su reventa por profesionales inmobiliarios, con el objetivo de consolidar su finalidad de dinamizar el mercado y facilitar el acceso a la vivienda. Para ello, se reduce el plazo máximo para la transmisión y se establece un límite máximo para el valor del inmueble. Asimismo, se aclara expresamente en la norma la posibilidad, ya admitida doctrinalmente, de incluir los anejos que se adquieran conjuntamente con la vivienda. En relación con los tipos reducidos en las modalidades de transmisiones patrimoniales onerosas y de actos jurídicos documentados para promover una política social de vivienda, se amplía su aplicación para los casos en los que la persona con discapacidad es integrante del núcleo familiar del adquirente del inmueble. Estas modificaciones refuerzan la seguridad jurídica de la norma, previenen su uso con fines especulativos, simplifican la gestión del beneficio fiscal y garantizan que el incentivo cumpla eficazmente su función económica y social. Por último, como norma común de gestión del impuesto sobre sucesiones y donaciones y del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, se adapta la obligación de colaboración de los notarios al protocolo notarial electrónico previsto en la Ley 11/2023, de 8 de mayo, de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de accesibilidad de determinados productos y servicios, migración de personas altamente cualificadas, tributaria y digitalización de actuaciones notariales y registrales; y por la que se modifica la Ley 12/2011, de 27 de mayo, sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos, estableciendo que deberán remitir copia autorizada en soporte electrónico de las escrituras con código seguro de verificación (CSV) y la correspondiente ficha informativa, que presente la información en un formato y estructura determinados que faciliten el cruce de datos, reforzando así las funciones de gestión, inspección y recaudación tributaria. Asimismo, se amplía de dos a seis meses el plazo de autoliquidación en los casos de consolidación del pleno dominio por fallecimiento del usufructuario cuando la desmembración del dominio se realizó mediante una operación sujeta al concepto de donaciones del impuesto sobre sucesiones y donaciones o a las modalidades de transmisiones patrimoniales onerosas o actos jurídicos documentados del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. En relación con la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar, se eliminan las limitaciones administrativas para el cambio de local de determinados tipos de máquinas y se simplifica la regulación de la cuota trimestral reducida aplicable a las máquinas de tipo B.1 de un solo jugador con apuesta limitada a 10 céntimos de euro. Asimismo, se introduce el concepto de censo tributario, basado en las autorizaciones formalizadas, diferenciando la regulación administrativa de la gestión tributaria y permitiendo calcular la cuota de forma más precisa, con un procedimiento de alegaciones electrónicas previo a su aprobación definitiva por la Agencia Tributaria de Andalucía. Finalmente, se refuerza la seguridad jurídica y la eficacia de la gestión al establecer que las liquidaciones trimestrales se practiquen de oficio a partir de dicho censo, simplificando el cumplimiento de las obligaciones. La disposición final décima introduce modificaciones en la Ley 10/2021, de 28 de diciembre, de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En particular, se clarifica el régimen jurídico de los recursos frente a los actos derivados de la aplicación de los precios públicos. Al no tener naturaleza tributaria se rigen, entre otras normas, por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que se incorpora expresamente como fuente normativa. Asimismo, se precisa la regulación de la interposición de recursos, permitiendo presentar aquellos que procedan conforme a lo previsto en dicha Ley. Asimismo, se modifica la tasa por servicios administrativos y facultativos en materia de caza en Andalucía para suprimir la tarifa correspondiente a la homologación de trofeos. La medida busca incentivar estas homologaciones, que desde 2010 han registrado un descenso continuado, fomentando así la gestión sostenible del medio natural, la conservación de los montes y el desarrollo económico rural, en línea con el Plan Andaluz de Caza 2023-2033. Por último, se modifica la tasa por inscripción en las convocatorias que realicen la Administración de la Junta de Andalucía, sus agencias y consorcios para la selección de personal, con el fin de establecer una tarifa específica aplicable a las convocatorias de acceso a la categoría de Policía, Grupo C, Subgrupo C1, de los cuerpos de la Policía Local de Andalucía, realizadas en el marco de la convocatoria unificada prevista en el artículo 43.4 de la Ley 6/2023, de 7 de julio, de Policías Locales de Andalucía. Según dicho precepto, los ayuntamientos, mediante acuerdo plenario y convenio de colaboración, pueden atribuir a la Consejería con competencias sobre las policías locales la convocatoria y realización de los procesos selectivos. Esta medida garantiza la financiación de los costes derivados del funcionamiento del órgano de selección y de la realización de las pruebas, asegurando así la sostenibilidad económica de los procesos. Finalmente, debe indicarse que las citadas medidas fiscales responden a circunstancias de carácter económico y social propias de la Comunidad Autónoma y, por tanto, se adoptan dentro del ámbito de las competencias normativas de la Comunidad Autónoma sobre tributos propios y cedidos, conforme a lo establecido en el artículo 180 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, en la Ley 18/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, en las condiciones previstas en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, así como con lo dispuesto en el artículo octavo de la Ley 11/2010, de 3 de diciembre, de medidas fiscales para la reducción del déficit público y para la sostenibilidad. La presente ley se aprueba de acuerdo con los principios de buena regulación, según los cuales, en el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las Administraciones públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. La necesidad de la aprobación de esta ley viene establecida por el artículo 190 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y por el artículo 21.1 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, conforme a los cuales la Ley del Presupuesto debe incluir la totalidad de ingresos y gastos de la Junta de Andalucía y de los entes e instituciones de ella dependientes. De acuerdo con el principio de eficacia, la presente ley se basa en una identificación clara de los fines perseguidos y es el instrumento apropiado para garantizar su consecución. Por otra parte, se cumple el principio de proporcionalidad, por ser su contenido adecuado a la finalidad perseguida. A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, esta norma se dicta en coherencia con el ordenamiento jurídico nacional y de la Unión Europea, así como con el resto de la normativa autonómica. En su elaboración y aprobación se ha dado cumplimiento al principio de transparencia. Finalmente, esta ley se aprueba de acuerdo con el principio de eficiencia, a fin de realizar una asignación equitativa de los recursos disponibles para satisfacer las necesidades a cubrir, como establece el artículo 189 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, cumpliendo a su vez con los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Además de la previsión de ingresos y la habilitación de gastos, se aprueban las normas que directamente desarrollan o aclaran las partidas presupuestarias. Se aprueban asimismo aquellas normas que, conforme a lo justificado anteriormente, resultan necesarias para implementar la política económica del Gobierno. Los preceptos de esta ley se integran de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico y contribuyen a generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilita su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las personas y empresas. En concreto, tiene presente el actual marco normativo de ámbito europeo, nacional y autonómico. TÍTULO I De los créditos iniciales y sus modificaciones Artículo 1. Ámbito del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2026 está integrado por:
2. a)Los estados de gastos e ingresos de la Junta de Andalucía y sus instituciones.
3. b)Los estados de gastos e ingresos de las agencias administrativas.
4. c)Los estados de gastos e ingresos de las agencias de régimen especial.
5. d)Los estados de gastos e ingresos de los consorcios adscritos a la Administración de la Junta de Andalucía.
6. e)Los estados de gastos e ingresos de las agencias públicas empresariales que, conforme a sus Estatutos, sean de las previstas en el artículo 68.1.
7. b)de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
8. f)Los presupuestos de explotación y de capital de las sociedades mercantiles del sector público andaluz, participadas mayoritariamente de forma directa o indirecta por la Administración de la Junta de Andalucía, sus agencias y demás entidades de Derecho Público.
9. g)Los presupuestos de explotación y de capital de las fundaciones y demás entidades referidas en el artículo 5.3 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.
10. h)Los presupuestos de los fondos a que se refiere el artículo 5.5 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. Artículo 2. Aprobación de los estados de gastos e ingresos de los entes referidos en los párrafos a), b), c),
11. d)y
12. e)del artículo 1. 1. Para la ejecución de los programas integrados en los estados de gastos mencionados en los párrafos a), b), c),
13. d)y
14. e)del artículo 1 se aprueban créditos por importe de cincuenta y un mil quinientos noventa y siete millones novecientos cuarenta y cuatro mil setecientos cuarenta y seis euros (51.597.944.746 euros). La agrupación por funciones de los créditos de estos programas es la siguiente: Funciones Euros 0.1 Deuda Pública. 4.415.861.223 1.1 Alta Dirección de la Junta de Andalucía. 181.101.748 1.2 Administración General. 1.450.223.812 1.4 Justicia. 751.463.157 2.2 Seguridad y Protección Civil. 83.337.796 3.1 Seguridad y Protección Social. 3.743.682.948 3.2 Promoción Social. 1.131.334.574 4.1 Sanidad. 15.989.267.896 4.2 Educación. 10.619.344.810 4.3 Vivienda y Urbanismo. 763.303.177 4.4 Bienestar Comunitario. 751.777.562 4.5 Cultura. 251.013.435 4.6 Deporte. 65.991.464 5.1 Infraestructuras Básicas y Transportes. 1.875.109.420 5.2 Comunicaciones. 216.183.406 5.4 Investigación, Innovación y Sociedad del Conocimiento. 398.621.992 6.1 Regulación Económica. 465.635.589 6.3 Regulación Financiera. 438.150.000 7.1 Agricultura, Ganadería y Pesca. 2.631.855.022 7.2 Fomento Empresarial. 358.215.329 7.3 Industria, Energía y Minas. 622.486.098 7.5 Turismo. 160.831.101 7.6 Comercio. 22.826.703 8.1 Relaciones con las Corporaciones Locales. 4.184.851.111 8.2 Relaciones con la Unión Europea y Ayudas al Desarrollo. 25.475.373 Total. 51.597.944.746 2. En los estados de ingresos referidos en los párrafos a), b), c),
15. d)y
16. e)del artículo 1 se recogen las estimaciones de los derechos económicos que se prevé liquidar durante el ejercicio presupuestario. La distribución de su importe consolidado se detalla a continuación: Junta de Andalucía – Euros Agencias y Consorcios – Euros Total – Euros Capítulos I a VII. Ingresos no Financieros. 45.531.466.640 467.761.865 45.999.228.505 Capítulo VIII. Activos Financieros. 1.673.193.491 9.824.167 1.683.017.658 Capítulo IX. Pasivos Financieros. 3.915.698.583 3.915.698.583 Total. 51.120.358.714 477.586.032 51.597.944.746 3. En los estados de gastos referidos en los párrafos a), b), c),
17. d)y
18. e)del artículo 1 se incluyen créditos con un importe consolidado que tiene el siguiente desglose: Junta de Andalucía – Euros Agencias y Consorcios – Euros Total – Euros Capítulos I a VII. Gastos no Financieros. 25.543.363.711 22.373.667.100 47.917.030.811 Capítulo VIII. Activos Financieros. 7.253.741 260.000 7.513.741 Capítulo IX. Pasivos Financieros. 3.645.113.435 28.286.759 3.673.400.194 Total. 29.195.730.887 22.402.213.859 51.597.944.746 4. Los estados de ingresos y gastos de las agencias administrativas tienen el siguiente detalle: Agencias Administrativas Ingresos – Euros Gastos – Euros Servicio Andaluz de Salud. 15.760.667.073 15.760.667.073 Instituto de Salud de Andalucía. 56.356.937 56.356.937 Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 25.295.101 25.295.101 Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica. 57.268.453 57.268.453 Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. 6.891.499 6.891.499 Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA). 3.901.802 3.901.802 Instituto Andaluz de la Mujer. 52.873.994 52.873.994 Instituto Andaluz de la Juventud. 19.053.536 19.053.536 Patronato de la Alhambra y Generalife. 48.287.672 48.287.672 Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. 7.716.199 7.716.199 Agencia Digital de Andalucía. 492.887.081 492.887.081 Instituto Andaluz de Administración Pública. 16.764.694 16.764.694 Total. 16.547.964.041 16.547.964.041 5. Los estados de ingresos y gastos de las agencias de régimen especial tienen el siguiente detalle: Agencias de Régimen Especial Ingresos – Euros Gastos – Euros Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía. 271.626.000 271.626.000 Agencia Tributaria de Andalucía. 74.120.154 74.120.154 Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía. 151.636.754 151.636.754 Servicio Andaluz de Empleo. 400.680.280 400.680.280 Total. 898.063.188 898.063.188 6. Los estados de gastos e ingresos de los consorcios adscritos tienen el siguiente detalle: Consorcios del Sector Público Andaluz Ingresos – Euros Gastos – Euros Consorcio Sanitario Público del Aljarafe. 89.138.506 89.138.506 Consorcio Parque de las Ciencias de Granada. 11.344.759 11.344.759 Consorcio de Transporte Metropolitano de la Costa de Huelva. 6.527.166 6.527.166 Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Almería. 7.983.732 7.983.732 Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Córdoba. 7.158.356 7.158.356 Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Granada. 34.378.597 34.378.597 Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén. 6.097.933 6.097.933 Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga. 32.439.679 32.439.679 Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla. 61.452.146 61.452.146 Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar. 4.970.212 4.970.212 Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz. 21.065.075 21.065.075 Consorcio Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada. 2.227.153 2.227.153 Consorcio Puntos Vuela de Andalucía. 3.422.543 3.422.543 Total. 288.205.857 288.205.857 Consorcios en proceso de liquidación sin actividad: Consorcio Centro de Formación en Comunicaciones y Tecnologías de la Información de Málaga (Forman). Consorcio Centro de Formación Medioambiental y Desarrollo Sostenible (Formades). 7. Los estados de gastos e ingresos de las agencias públicas empresariales presentan el siguiente detalle: Agencias Públicas Empresariales Ingresos – Euros Gastos – Euros Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA). 31.100.460 31.100.460 Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico (TRADE). 123.015.591 123.015.591 Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA). 30.978.211 30.978.211 Agencia Pública Andaluza de Educación. 753.974.438 753.974.438 Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA). 119.794.290 119.794.290 Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía. 308.773.221 308.773.221 Agencia Pública de Puertos de Andalucía. 53.062.746 53.062.746 Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía. 2.610.624.192 2.610.624.192 Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID). 20.513.203 20.513.203 Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. 39.470.613 39.470.613 Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. 12.675.146 12.675.146 Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, M.P. 126.194.498 126.194.498 Agencia Andaluza de la Energía. 437.851.305 437.851.305 Total. 4.668.027.914 4.668.027.914 Artículo 3. Aprobación de los presupuestos de las entidades referidas en los párrafos f),
19. g)y
20. h)del artículo 1. Se aprueban los presupuestos de las entidades referidas en los párrafos f),
21. g)y
22. h)del artículo 1 en los importes que se indican: Sociedades Mercantiles de Participación Mayoritaria Presupuestos de explotación – Euros Presupuestos de capital – Euros Total – Euros Canal Sur Radio y Televisión, SA. 180.230.188 3.450.000 183.680.188 Empresa Pública de Gestión de Activos, SA, M.P. (EPGASA). 19.074.848 7.185.961 26.260.809 Parque Científico y Tecnológico Cartuja, SA. 9.680.184 9.680.184 Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, SA. 116.065.087 1.603.000 117.668.087 Red de Villas Turísticas de Andalucía, SA. 4.855.945 150.000 5.005.945 Apartahotel Trevenque SA. 157.500 157.500 Cetursa Sierra Nevada, SA. 51.025.000 22.512.500 73.537.500 Red Logística de Andalucía, SA. 7.614.919 4.050.318 11.665.237 Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, SA. (Inturjoven). 23.466.551 550.000 24.016.551 Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, SA. (Sandetel). 175.728.406 4.281.138 180.009.544 Verificaciones Industriales de Andalucía, SA (Veiasa). 123.070.041 6.450.000 129.520.041 Total. 710.968.669 50.232.917 761.201.586 De conformidad con el artículo 97 bis del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, el periodo que comprenden los presupuestos de explotación y capital y el programa de actuación, inversión y financiación de Cetursa Sierra Nevada, SA, es de 1 de julio de 2025 a 30 de junio de 2026. Fundaciones del Sector Público Andaluz Presupuestos de explotación – Euros Presupuestos de capital – Euros Total – Euros Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces, M.P. 3.666.908 159.150 3.826.058 Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM), M.P. 59.393.793 200.000 59.593.793 Fundación Pública Andaluza Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pública de Andalucía, M.P. (IEHPA). 2.110.699 2.110.699 Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, M.P. 42.286.777 437.000 42.723.777 Fundación Pública Andaluza Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada. 3.457.142 205.594 3.662.736 Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Fundación Pública Andaluza. 7.973.000 7.973.000 Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba. 3.726.875 3.726.875 Fundación Andalucía Olímpica, Fundación Pública Andaluza. 651.143 651.143 Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said. 1.219.499 16.000 1.235.499 Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí, Medio Propio Personificado. 1.318.551 1.318.551 Fundación Pública Andaluza Rodríguez-Acosta. 646.178 160.000 806.178 Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su Entorno-Doñana 21, Fundación Pública Andaluza. 348.683 348.683 Total. 126.799.248 1.177.744 127.976.992 Entidades en proceso de disolución, liquidación, extinción o reestructuración Presupuestos de explotación – Euros Presupuestos de capital – Euros Total – Euros Innova Venture SGEIC, SA. 49.225 49.225 Inversión y Gestión de Capital Semilla de Andalucía S.I.C.C., SA. (INVERSEED) 192.136 192.136 Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, SL. (Aerópolis) 1.471.353 516.381 1.987.734 Total. 1.712.714 516.381 2.229.095 Fondos carentes de personalidad jurídica Presupuestos de Explotación – Euros Presupuestos de Capital – Euros Total – Euros Fondo Jeremie Pymes Industriales 150 150 Fondo Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises (Jeremie) 77.998 77.998 Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico 18.226.250 38.000.000 56.226.250 Total. 18.304.398 38.000.000 56.304.398 Artículo 4. Entidades que perciben transferencias de financiación en el Presupuesto para 2026. Conforme al régimen de financiación de la actividad de las sociedades mercantiles del sector público andaluz y de las entidades asimiladas, en el ejercicio 2026 percibirán transferencias de financiación las siguientes entidades, a las cuales les será de aplicación lo establecido en los artículos 58 a 60 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y en sus normas de desarrollo: Sociedades Mercantiles de Participación Mayoritaria Canal Sur Radio y Televisión, SA. Parque Científico y Tecnológico Cartuja, SA. Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, SL (Aerópolis). Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, SA. Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, SA (Inturjoven). Fundaciones del Sector Público Andaluz Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces, M.P. Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM), M.P. Fundación Pública Andaluza Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pública de Andalucía, M.P. (IEHPA). Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, M.P. Fundación Pública Andaluza Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de Granada. Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Fundación Pública Andaluza. Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba. Fundación Andalucía Olímpica, Fundación Pública Andaluza. Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said. Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí, Medio Propio Personificado. Fundación Pública Andaluza Rodríguez-Acosta. Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su Entorno-Doñana 21, Fundación Pública Andaluza. Artículo 5. Beneficios fiscales. Los beneficios fiscales en la Comunidad Autónoma de Andalucía se estiman en 11.014,7 millones de euros. Artículo 6. Vinculación de los créditos. En el ejercicio 2026, además de las reglas de vinculación señaladas en el artículo 39 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, regirán las siguientes: 1. Para el capítulo I, de la clasificación económica del estado de gastos, y en relación con los créditos financiados con recursos propios, los créditos que se enumeran a continuación vincularán con el siguiente nivel de desagregación:
23. a)El grupo de créditos correspondientes a las retribuciones de altos cargos y asimilados y personal eventual, que comprenden, a nivel de sección y servicio, los artículos 10, Altos cargos y asimilados, y 11, Personal eventual, de la clasificación económica.
24. b)El grupo formado por las dotaciones de la plantilla presupuestaria, que comprende, a nivel de sección y servicio, los conceptos 120, Retribuciones básicas del personal funcionario y estatutario de sanidad; 121, Retribuciones complementarias del personal funcionario y estatutario de sanidad; 124, Retribuciones del personal sanitario de cupo y sanitario local (SDH); 130, Retribuciones básicas del personal laboral, y 131, Otras remuneraciones.
25. c)El grupo formado, a nivel de sección y servicio, por los conceptos 125 y 135 para sustituciones del personal.
26. d)Personal estatutario de sanidad eventual a nivel de sección, servicio y concepto 127.
27. e)Atención continuada (personal sanidad) a nivel de sección, servicio y concepto 126.
28. f)El grupo formado, a nivel de sección y servicio, por los conceptos 128, Personal funcionario interino y estatutario interino por exceso o acumulación de tareas o para la ejecución de programas de carácter temporal; 138, Personal laboral para programas específicos y necesidades estacionales; así como los subconceptos 149.70, Personal temporal no incluido en puestos de estructura y 149.72, Retribuciones contrato actividades científico-técnicas (artículo 23 bis).
29. g)El grupo formado por los créditos destinados a otro personal, prestaciones sociales y retribuciones en especie, que se compone, a nivel de sección y servicio, de los artículos 14 (excepto el subconcepto 149.70, Personal temporal no incluido en puestos de estructura); 16 (excepto el concepto 160, Cuotas sociales, y los subconceptos recogidos en el párrafo j), y los conceptos 122, Retribuciones en especie, y 139, Otro personal laboral.
30. h)El grupo formado por los créditos destinados a atender los gastos por productividad del personal estatutario de sanidad en concepto de rendimiento profesional, a nivel de sección y servicio de los subconceptos 150.60, CRP-Complemento rendimiento profesional (personal sanidad), y 150.68, CRP-Complemento rendimiento profesional del personal estatutario interino, eventual y sustituto.
31. i)El grupo formado por los créditos destinados a atender los otros gastos por productividad del personal estatutario de sanidad, a nivel de sección y servicio de los subconceptos 150.61, Participación en programas especiales; 150.62, Productividad personal directivo sanidad; 150.63, Productividad trasplantes (personal sanidad); 150.64, Desplazamientos por razón del servicio (personal sanidad); 150.65, Productividad, factor exclusividad, personal plantilla; 150.66, Productividad, factor exclusividad, personal estatutario interino, eventual y sustituto; 150.67, Otras productividades del personal estatutario interino, eventual y sustituto, y 150.69, Otras productividades (personal sanidad), y cualquier otra productividad del personal estatutario que no se incluya en el párrafo anterior.
32. j)A nivel de sección y servicio, el grupo formado por los subconceptos 162.04 y 163.05, Seguros de vida y accidente; 162.11, Seguro de diputados y diputadas, y 165.01, Seguro de responsabilidad civil.
33. k)El grupo formado por los créditos para gastos por modificaciones retributivas y revisiones salariales, a nivel de sección, servicio y concepto 170.
34. l)El grupo formado por los créditos para gastos por provisión de plazas, nuevos devengos y obligaciones no previstas, que incluye los conceptos 171 y 172, a nivel de sección, servicio y programa.
35. m)El grupo formado por los créditos destinados a las variaciones de la plantilla presupuestaria, a nivel de sección, servicio y concepto 190, Incremento de la plantilla presupuestaria. 2. Para el capítulo II de la clasificación económica del estado de gastos, y en relación con los créditos financiados con recursos propios, tendrán carácter específicamente vinculante los siguientes créditos:
36. a)A nivel de sección, servicio y programa, el grupo formado por los subconceptos 226.02, Información, divulgación y publicidad; 226.12, Publicidad institucional, y 226.16, Contratos de patrocinio institucional.
37. b)Asistencia sanitaria con medios ajenos, a nivel de sección, servicio, programa y artículo 25.
38. c)El grupo formado por los créditos destinados a financiar el gasto de farmacia, a nivel de sección, servicio y subconceptos 221.06, Productos farmacéuticos; 221.18, Vacunas, y 221.20, Productos radiofármacos.
39. d)Energía eléctrica, contratación centralizada, a nivel de sección, servicio, programa y subconcepto 221.16.
40. e)Comunicaciones telefónicas, contratación centralizada, a nivel de sección, servicio, programa y subconcepto 222.16.
41. f)El grupo formado por los créditos destinados a financiar estudios y trabajos técnicos, a nivel de sección, servicio, programa y subconceptos 227.06, Estudios y trabajos técnicos, y 227.08, Estudios y trabajos técnicos del área TIC.
42. g)El grupo formado por los créditos destinados a financiar el transporte sanitario, a nivel de sección, servicio, programa y subconceptos 227.23, Transporte sanitario urgente; 227.24, Transporte sanitario programado; 227.25, Transporte sanitario en ambulancias asistidas (UVI móvil), y 227.26, Otros transportes sanitarios. 3. Para el capítulo IV, de la clasificación económica del estado de gastos, y en relación con los créditos financiados con recursos propios, tendrán carácter específicamente vinculante los siguientes créditos:
43. a)Los destinados a financiar la renta mínima de inserción social, regulada mediante Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre, a nivel de sección, servicio y subconcepto 484.00, Renta mínima de inserción social.
44. b)Los destinados a financiar los gastos de farmacia, a nivel de sección, servicio y concepto 489, A familias e instituciones sin fines de lucro.
45. c)Los destinados a financiar los gastos de la enseñanza concertada, a nivel de sección, servicio, programa y concepto 488, A familias e instituciones sin fines de lucro.
46. d)Los destinados a financiar las retribuciones básicas y complementarias del personal funcionario que ocupe puestos de efectivos reales en la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma, según lo acordado en el convenio de 13 de febrero de 2025, entre el Ministerio del Interior y la Comunidad Autónoma de Andalucía, por el que se adscribe una Unidad de la Policía Nacional a la Comunidad Autónoma de Andalucía, a nivel de sección, servicio, programa y subconcepto 400.00 Convenio Junta de Andalucía-Ministerio del Interior. 4. Asimismo, tendrán carácter específicamente vinculante, a nivel de sección, servicio, programa, subconcepto y fondo o fuente de financiación, las transferencias para la financiación, las transferencias de financiación previstas en el artículo 58 bis del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, las transferencias contempladas en el artículo 58 quater del citado texto refundido, las transferencias con asignación nominativa, tanto corrientes como de capital, y los créditos para gastos e inversiones a ejecutar por entidades que tengan la consideración de medio propio. 5. Para el capítulo VII de la clasificación económica de los estados de gastos, y en relación con los créditos financiados con recursos propios, tendrán carácter específicamente vinculante los créditos destinados a satisfacer los costes de adquisición de los materiales de los proyectos de obras y servicios afectos al Programa de Fomento de Empleo Agrario, a nivel de sección, servicio, programa y subconcepto 768.00. 6. En relación con las transferencias y otros ingresos provenientes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), tendrán carácter específicamente vinculante los gastos e inversiones procedentes de recursos propios que los cofinancien, en cada una de las actuaciones, a nivel de sección presupuestaria, servicio, programa, capítulo y fondo de financiación. Artículo 7. Créditos ampliables. Se declaran ampliables, durante el ejercicio 2026, los créditos para satisfacer:
47. a)Las cuotas de la Seguridad Social y las aportaciones de la Junta de Andalucía, de sus agencias y consorcios adscritos al régimen de previsión social de su personal.
48. b)Los trienios o antigüedad derivados del cómputo del tiempo de servicios realmente prestados a la Administración.
49. c)Los sexenios del personal docente.
50. d)Los haberes del personal laboral, en cuanto precisen ser incrementados como consecuencia de aumentos salariales impuestos por normas legales, de la aplicación del convenio colectivo laboral o de resolución administrativa o judicial firme.
51. e)Los intereses, amortizaciones del principal y gastos derivados de deuda emitida u operaciones de crédito concertadas por la Junta de Andalucía, las entidades del sector público andaluz y aquellas otras unidades que se encuentren integradas en el subsector Administración Regional del sector Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo con los criterios del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea. Los pagos indicados se imputarán, cualquiera que sea el vencimiento al que correspondan, a los respectivos créditos del ejercicio económico corriente.
52. f)Las obligaciones derivadas de quebrantos de operaciones de crédito avaladas por la Junta de Andalucía.
53. g)Los que tengan este carácter, de acuerdo con la legislación procesal del Estado.
54. h)Los gastos financiados con cargo a transferencias del FEAGA.
55. i)Los gastos de gratuidad de los libros de texto.
56. j)Los gastos para atención a la dependencia, derivados del concierto de plazas residenciales, de unidades de estancia diurna, del servicio de ayuda a domicilio y de las prestaciones económicas. Artículo 8. Régimen presupuestario de la sanidad. 1. La Consejería competente en materia de salud formulará un contrato programa con el Servicio Andaluz de Salud, en el que se fijarán las directrices de actuación, los objetivos a alcanzar y los recursos que para ello se asignen. Una vez formulado el contrato programa, el Servicio Andaluz de Salud desarrollará en consonancia los contratos programa con sus centros o unidades de gestión, de acuerdo con su organización respectiva, mediante los que se establecerán sus propios objetivos internos, así como la asignación de recursos. En dichos contratos programa se establecerán, a su vez, los indicadores necesarios que posibiliten el seguimiento del grado de realización de los objetivos definidos. Igualmente, deberá señalarse el carácter limitativo de los créditos asignados. Todos los contratos programa se someterán a informe favorable de la Consejería competente en materia de Hacienda, previamente a su suscripción o modificación. En el expediente se acompañará una memoria económica donde conste la evolución de las repercusiones presupuestarias de las diferentes magnitudes y objetivos incluidos en los mismos, en relación con el ejercicio anterior, así como las dotaciones y recursos a emplear. En dicha propuesta, a los centros dependientes del Servicio Andaluz de Salud que cuenten con gestión desconcentrada les serán asignados los créditos iniciales de los distintos programas que sean necesarios para el desarrollo de su actividad, conforme a la propuesta de distribución formulada por la Consejería competente en materia de salud a la Consejería competente en materia de Hacienda. 2. A fin de garantizar las previsiones de cumplimiento del Presupuesto, la cobertura de las plantillas presupuestarias, el límite mensual del gasto variable de personal, el límite mensual para el nombramiento de sustitutos y eventuales y el resto de gasto de personal requerirán para su aprobación el previo informe favorable de la Consejería competente en materia de Hacienda sobre la distribución mensual de los importes del Presupuesto, de acuerdo con las magnitudes propuestas por la Consejería competente en materia de salud para el Servicio Andaluz de Salud. Para la emisión del citado informe, la Consejería competente en materia de Hacienda comprobará el establecimiento por parte del Servicio Andaluz de Salud de dichos límites en el propio Sistema de Gestión de Recursos Humanos. 3. La Consejería competente en materia de salud informará a la Consejería competente en materia de Hacienda, con carácter mensual, del nivel de ejecución de los créditos distribuidos, así como del grado de cumplimiento de los objetivos señalados y, en su caso, de las desviaciones producidas. Asimismo, se deberá dar cuenta mensual de la ejecución del presupuesto de ingresos del Servicio Andaluz de Salud, con detalle de cada uno de los centros gestores de ingresos. En el caso de que se produzcan desviaciones, en el informe mensual se deberán concretar las medidas que vayan a adoptarse, dentro de los treinta días siguientes, para su corrección, dando cuenta de su implantación a la Consejería competente en materia de Hacienda en el siguiente informe mensual. 4. Los fondos destinados a compensar los gastos por la asistencia a residentes extranjeros, accidentes y enfermedades profesionales, no cubiertos por mutuas, financiarán créditos de gastos de los centros del sistema sanitario público andaluz, en la medida en que efectivamente vayan recepcionándose, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 34.1. Artículo 9. Régimen presupuestario de la educación. La Consejería competente en materia de educación deberá dar cuenta a la Consejería competente en materia de Hacienda, con carácter mensual, de la programación de la oferta educativa y de la implantación de los servicios, programas y actividades de acuerdo con la planificación, sus efectos en la plantilla de funcionamiento y presupuestaria, y en los presupuestos de sus entidades dependientes. En el caso de que de dicha planificación y programación resultaran desviaciones en relación con los créditos disponibles, en el informe mensual se deberán concretar las medidas que vayan a adoptarse, dentro de los treinta días siguientes, para su corrección, dando cuenta de su implantación a la Consejería competente en materia de Hacienda en el siguiente informe mensual. A fin de garantizar las previsiones de cumplimiento del Presupuesto, la cobertura de las plantillas presupuestarias, el límite mensual del gasto variable de personal, el límite mensual para el nombramiento de sustitutos y eventuales y el resto de gasto de personal requerirán para su aprobación el previo informe favorable de la Consejería competente en materia de Hacienda sobre la distribución mensual de los importes del Presupuesto, de acuerdo con las magnitudes propuestas por la Consejería competente en materia de educación. Con el objeto de agilizar el procedimiento para la emisión del presente informe, este habrá de realizarse directamente mediante la validación de la propuesta de dichos límites en el propio Sistema de Gestión de Recursos Humanos, emitiéndose en el plazo de cinco días y entendiéndose validada la propuesta si transcurriera dicho plazo sin su emisión. La distribución que se realice de las cantidades necesarias para el desarrollo de su actividad, relativas a gastos de funcionamiento y, en su caso, de inversión, a los centros docentes y de Formación Profesional dependientes de la Consejería competente en materia de educación que cuenten con autonomía de gestión económica, a lo largo del curso escolar 2026-2027, se someterá, en cualquier caso, a los importes globales consignados en el Presupuesto en la presente ley. Artículo 10. Régimen presupuestario del sistema de atención social. La Consejería competente en materia de políticas sociales deberá dar cuenta a la Consejería competente en materia de Hacienda, con carácter mensual, del nivel de ejecución de los créditos destinados a la atención social a la dependencia de su presupuesto y de los presupuestos de sus entidades dependientes, así como del grado de cumplimiento de los objetivos a alcanzar y, en su caso, de las desviaciones producidas. En el caso de que se produzcan desviaciones, en el informe mensual se deberán concretar las medidas a adoptar, dentro de los treinta días siguientes, para su corrección, dando cuenta de su implantación a la Consejería competente en materia de Hacienda en el siguiente informe mensual. Las nuevas altas de beneficiarios en el sistema de gestión relacionado con la atención social a la dependencia se someterán, de forma previa, a los límites mensuales fijados por la Consejería competente en materia de políticas sociales, previo informe vinculante de la Consejería competente en materia de Hacienda. El citado informe deberá emitirse en el plazo de cinco días, de conformidad con el procedimiento que se establezca por ambas Consejerías. La propuesta se entenderá validada si transcurriera dicho plazo sin la emisión de informe. Se entenderán por desviaciones las existentes entre la valoración del coste de los beneficiarios y los límites antes citados. Todo ello, sin perjuicio de cuanto establece el artículo siguiente. Artículo 11. Régimen presupuestario en las entidades instrumentales con contabilidad no presupuestaria del sector público andaluz. 1. A fin de garantizar la eficiencia del sector público andaluz y la sostenibilidad financiera de la Administración de la Comunidad Autónoma, conforme a la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía, en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de la presente ley, cada Consejería elaborará un plan de ajuste individualizado para cada una de las entidades instrumentales adscritas a la misma que se encontrasen en situación de desequilibrio económico-financiero en cuanto a los resultados anuales y a la situación patrimonial de fondos propios, en términos de liquidación del ejercicio anterior y de previsión del ejercicio actual, con el objeto de asegurar que no adquieran compromisos que superen los importes globales previstos en sus presupuestos y programas. Aquellas entidades que en el ejercicio anterior y en las proyecciones del actual se encontrasen en situación de equilibrio económico-financiero llevarán un seguimiento mensual de previsiones de ingresos y gastos de la entidad. 2. El plan de ajuste individualizado responderá de forma específica a las características de cada entidad, su objeto y su situación actual en relación con las medidas de reequilibrio económico-financiero que le afecten, y en él se determinarán las actuaciones concretas a adoptar por cada entidad instrumental, su calendario de aplicación y el impacto previsto de las mismas, bajo la tutela de la Consejería a la que se encuentre adscrita. El citado plan será aprobado por la Consejería competente en materia de Hacienda. 3. Con carácter trimestral, las Consejerías darán cuenta a la Consejería competente en materia de Hacienda del grado de cumplimiento de los objetivos señalados en el plan de ajuste, conforme a los criterios y modelos homogéneos establecidos por la misma y a partir de los datos recogidos en el registro auxiliar de compromisos con terceros establecido por el artículo 58 ter del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y cuantas otras fuentes de información sean precisas para el cumplimiento de los fines previstos. En el caso de que se produzcan desviaciones sobre el plan de ajuste, en el informe trimestral se deberán concretar las medidas adicionales que vayan a adoptarse, dentro de los treinta días siguientes, para su corrección, dando cuenta de su implantación a la Consejería competente en materia de Hacienda en el siguiente informe trimestral. 4. Con el objeto de promover el conocimiento compartido, la identificación de buenas prácticas y la búsqueda de soluciones conjuntas, incluyendo el uso compartido de recursos, se impulsará, por la Consejería competente en materia de Hacienda y por las Consejerías con entes instrumentales adscritos, la realización de reuniones conjuntas y propuestas específicas de colaboración en este sentido. 5. Se autoriza a la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda a adoptar, en caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en este artículo, el establecimiento de sistemas de control adicionales o de fiscalización previa de todas las actuaciones de la entidad en materia de gastos de personal, la retención de las aportaciones o contraprestaciones financieras de cualquier naturaleza hasta tanto se regularice la situación, o se propongan por parte de la entidad otras medidas que garanticen el cumplimiento del objetivo aprobado. De dichas medidas, la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda dará cuenta al Consejo de Gobierno. TÍTULO II De los créditos de personal Artículo 12. Retribuciones del personal. 1. A efectos de lo establecido en este título, constituyen el sector público andaluz:
57. a)Las instituciones y la Administración de la Junta de Andalucía y las agencias administrativas.
58. b)Las agencias de régimen especial.
59. c)Las agencias públicas empresariales, consorcios del artículo 12.3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, sociedades mercantiles y fundaciones del sector público andaluz, así como las demás entidades a que se refiere el artículo 5 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.
60. d)Las universidades de titularidad pública competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 2. En el año 2026, las retribuciones del personal del sector público andaluz, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional tercera, no experimentarán incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2025, en términos de homogeneidad para los dos periodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo. Para el personal laboral, esta previsión se aplicará a la masa salarial en los términos que se establecen en el artículo 18. Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación a las retribuciones fijadas en los contratos de cualquier naturaleza jurídica del personal del sector público. 3. Lo dispuesto en el apartado 2 debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de especial dificultad técnica, dedicación, incompatibilidad, responsabilidad, peligrosidad o penosidad de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo. Artículo 13. Oferta de empleo público para 2026 y otros instrumentos similares de gestión de la provisión de necesidades de personal. 1. Durante el año 2026 se podrá proceder a la incorporación de nuevo personal en el sector público andaluz hasta el máximo que se establezca por la legislación básica estatal. En las agencias, sociedades mercantiles, consorcios, fundaciones y demás entidades a que se refiere el artículo 5 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, la tasa de reposición del personal laboral no incluido en el VI Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía será la establecida con carácter máximo por la legislación básica del Estado. Lo dispuesto en los párrafos anteriores no será de aplicación a la incorporación de nuevo personal que pueda derivarse de la ejecución de procesos selectivos correspondientes a ofertas de empleo público de ejercicios anteriores ni al Parlamento de Andalucía ni a las instituciones de él dependientes. La acumulación de la tasa de reposición corresponderá a los órganos administrativos competentes para la aprobación de los expedientes de modificación de plantilla presupuestaria relacionados con dicha acumulación, en aquellos sectores, cuerpos, especialidades, escalas o categorías profesionales cuya cobertura se considere prioritaria o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales, conforme a lo previsto en el artículo 26, previo informe de la Consejería competente en materia de administración pública y de la Consejería competente en materia de plantilla presupuestaria. 2. En el año 2026 no se procederá, en el sector público andaluz, a la contratación de personal laboral temporal ni al nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionario interino, salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, en los supuestos y de acuerdo con las modalidades previstas por el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía, así como en el resto de normativa aplicable. 3. Durante el año 2026, la contratación de personal laboral no sujeto al VI Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía con carácter fijo o indefinido o temporal en las agencias de régimen especial, agencias públicas empresariales, sociedades mercantiles del sector público andaluz, consorcios, fundaciones y demás entidades a que se refiere el artículo 5 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía requerirá autorización de la Consejería competente en materia de sector público instrumental. También requerirán autorización de la Consejería competente en materia de sector público instrumental los contratos de puesta a disposición con empresas de trabajo temporal. Asimismo, y con la finalidad de mantener la necesaria coordinación en todos los ámbitos del sector público andaluz, en cuanto al control y seguimiento de los gastos de personal y evolución de sus plantillas, las agencias y entidades determinadas en este apartado deberán solicitar autorización de la Consejería competente en materia de sector público instrumental con carácter previo a la aplicación del porcentaje correspondiente de la tasa de reposición a que se refiere el apartado 1 de este artículo. 4. La contratación con carácter fijo o indefinido, o de duración determinada, de personal laboral investigador no sujeto al VI Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, que se formalice en el año 2026 al amparo de lo dispuesto en la sección 2.ª del capítulo I del título II de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, estará también sujeta a la autorización previa contemplada en el anterior apartado 3, si bien podrán articularse para ello autorizaciones tipo de carácter anual por la Consejería competente en materia de sector público instrumental, que se pronunciará en el plazo de un mes desde la recepción del expediente completo, sobre la propuesta general de contratos que se efectúe para el conjunto de la anualidad. Lo dispuesto anteriormente no será de aplicación a las contrataciones de investigador distinguido, que se someterán, en todo caso, al correspondiente procedimiento de autorización. No requerirán del trámite de autorización previa aquellos contratos que tengan por objeto actividades científico-técnicas, formalizados en el marco del artículo 23 bis de la citada Ley 14/2011, de 1 de junio, cuando los mismos estén vinculados a financiación externa o financiación procedente de convocatorias de ayudas públicas en concurrencia competitiva en su totalidad. 5. Las autorizaciones a que se refieren los apartados 3 y 4 anteriores se emitirán en el plazo de un mes desde la recepción del expediente completo o de quince días cuando se trate de contrataciones temporales financiadas íntegramente con recursos ajenos al Presupuesto de la Junta de Andalucía, y requerirán informe previo favorable de la Consejería competente en materia de Hacienda. Artículo 14. Contratación de personal laboral temporal del VI Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía para programas específicos o necesidades estacionales. 1. Solo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes que no puedan ser atendidas por el personal laboral fijo podrá contratarse personal laboral durante el ejercicio 2026 para programas específicos o relativos a necesidades estacionales. La duración del contrato estará sujeta a la finalización del caso excepcional o de la necesidad urgente que motivó su contratación y tendrá como límite el plazo máximo que permita la normativa laboral en función de la causalidad de las contrataciones temporales, de conformidad con las disponibilidades presupuestarias. 2. Las contrataciones y, en su caso, las prórrogas se efectuarán con cargo a los créditos del capítulo I del presupuesto de gastos de la Junta de Andalucía y requerirán autorización de la Consejería competente en materia de administración pública, que será emitida en el plazo de un mes a contar desde la recepción del expediente completo, previo informe favorable de la Consejería competente en materia de Hacienda. 3. La Consejería competente en materia de administración pública dará cuenta, a petición de la Comisión de Justicia, Administración Local y Función Pública, de las contrataciones de personal laboral temporal para programas específicos y necesidades excepcionales de las Consejerías, agencias administrativas, agencias de régimen especial, agencias públicas empresariales, sociedades mercantiles del sector público andaluz, consorcios, fundaciones y demás entidades a que se refiere el artículo 5 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. Entre esta información se incluirá el número de contrataciones, los motivos de excepcionalidad o urgencia por los que se expiden dichos contratos y la duración de los mismos. Artículo 15. Nombramiento de personal funcionario interino por exceso o acumulación de tareas o para la ejecución de programas de carácter temporal. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1.
61. d)del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, podrá efectuarse el nombramiento de personal funcionario interino por exceso o acumulación de tareas con las siguientes condiciones:
62. a)La duración del nombramiento no podrá ser superior a nueve meses, dentro de un periodo de dieciocho meses.
63. b)Los nombramientos, que se efectuarán con cargo al capítulo I del Presupuesto, requerirán autorización de la Consejería competente en materia de administración pública, que será emitida en el plazo de un mes a contar desde la recepción del expediente completo, previo informe favorable de la Consejería competente en materia de Hacienda.
64. c)El personal funcionario interino nombrado por este motivo no ocupará plazas de la relación de puestos de trabajo. 2. La Consejería competente en materia de administración pública dará cuenta, a petición de la Comisión de Justicia, Administración Local y Función Pública, de los nombramientos de personal funcionario interino por exceso o acumulación de tareas en las Consejerías, agencias administrativas y agencias de régimen especial. Entre esta información se incluirá el número de nombramientos, los motivos de excepcionalidad o urgencia, del exceso o acumulación de tareas por los que se expiden dichos nombramientos y la duración de los mismos. 3. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.1.
65. c)del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, podrá efectuarse el nombramiento de personal funcionario interino para la ejecución de programas de carácter temporal cuya financiación provenga de fondos de la Unión Europea o de otros fondos de carácter finalista, así como los que tengan por objeto la prevención y lucha contra el fraude fiscal o el control, verificación y justificación de fondos de la Unión Europea con las siguientes condiciones:
66. a)La duración del nombramiento no podrá exceder la de la ejecución de los programas a los que se adscriba y no superará el plazo que se establece en el artículo 14.1.
67. c)de la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía.
68. b)Los nombramientos, que se efectuarán con cargo a la aplicación presupuestaria que financie el programa afectado, requerirán autorización de la Consejería competente en materia de administración pública, previo informe favorable de la Consejería competente en materia de fondos europeos estructurales para la ejecución de programas cuya financiación provenga de fondos de la Unión Europea o informe favorable de la Consejería competente en materia presupuestaria para el resto de programas o fuentes finalistas citadas en este apartado, incluida la financiación a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. La autorización se emitirá en el plazo de un mes desde la recepción del expediente completo.
69. c)El personal funcionario interino nombrado por este motivo no ocupará plazas de la relación de puestos de trabajo. 4. La Consejería competente en materia de administración pública dará cuenta, a petición de la Comisión de Justicia, Administración Local y Función Pública, de los nombramientos de personal funcionario interino para la ejecución de programas de carácter temporal, cuya financiación provenga de fondos de la Unión Europea, así como los que tengan por objeto la prevención y lucha contra el fraude fiscal o el control, verificación y justificación de fondos de la Unión Europea, de las Consejerías, agencias administrativas y agencias de régimen especial. Entre esta información se incluirá el número de nombramientos, los motivos de excepcionalidad o urgencia, del exceso o acumulación de tareas por los que se expiden dichos nombramientos y la duración de los mismos. 5. Las retribuciones básicas y las complementarias asignadas al personal al que se refieren los apartados anteriores de este artículo serán equivalentes a las de un puesto base, con factor de responsabilidad, correspondiente a su grupo o subgrupo, conforme a lo previsto en el artículo 17. Artículo 16. Retribuciones de los altos cargos. En el año 2026, las retribuciones del personal alto cargo y asimilado de la Junta de Andalucía, de sus agencias, instituciones, sociedades mercantiles y fundaciones del sector público andaluz, consorcios y demás entidades del sector público andaluz, se regirán por lo dispuesto en el capítulo II bis de la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades y Retribuciones del personal alto cargo de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones del personal alto cargo y otros cargos públicos. Artículo 17. Retribuciones del personal funcionario. 1. Las cuantías del sueldo y trienios del personal funcionario, referidas a doce mensualidades, serán las siguientes, en euros: Grupo/Subgrupo Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público Sueldo Trienios A1 16.000,80 615,84 A2 13.835,64 502,20 B 12.094,20 440,64 C1 10.388,16 380,16 C2 8.645,88 258,84 E y Agrupaciones Profesionales 7.913,28 194,88 2. Las pagas extraordinarias serán dos al año y se devengarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 67.2 de la Ley 5/2023, de 7 de junio. El importe de cada paga extraordinaria incluirá, además de la cuantía de una mensualidad del complemento de destino que corresponda y una mensualidad del complemento específico que corresponda, las siguientes cuantías, en euros, en concepto de sueldo y, en su caso, trienios: Grupo/SubgrupoTexto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público Sueldo Trienios A1 822,83 31,68 A2 840,88 30,51 B 871,09 31,75 C1 748,21 27,35 C2 713,92 21,34 E y Agrupaciones Profesionales 659,44 16,24 3. Las cuantías del complemento de destino correspondiente a los distintos niveles de puestos de trabajo serán las siguientes, en euros, referidas a doce mensualidades: Nivel Importe 30 13.976,88 29 12.536,52 28 12.009,72 27 11.482,08 26 10.073,76 25 8.937,48 24 8.410,08 23 7.883,52 22 7.355,88 21 6.829,56 20 6.343,92 19 6.020,28 18 5.696,28 17 5.372,16 16 5.048,88 15 4.724,40 14 4.401,12 13 4.076,76 12 3.752,64 4. El complemento específico que, en su caso, esté asignado al puesto que se desempeñe no experimentará incremento con respecto a su cuantía a 31 de diciembre de 2025. El complemento específico anual se percibirá en doce pagas iguales de percibo mensual. 5. El complemento de productividad, regulado en el artículo 46.3.
70. c)de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, se concederá por la persona titular de la Consejería u órgano al que se hayan asignado créditos globales para su atención, de acuerdo con los criterios objetivos técnicos aprobados por el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería competente en materia de administración pública. Este complemento se asignará, con iguales criterios, al personal funcionario interino. En ningún caso, las cuantías asignadas por complemento de productividad durante un periodo de tiempo originarán ningún tipo de derecho individual respecto de las valoraciones o apreciaciones de periodos sucesivos. Las cantidades percibidas en concepto de complemento de productividad serán de conocimiento público por el resto del personal del departamento interesado. El complemento de productividad previsto en este apartado tendrá carácter transitorio, en tanto no tengan efecto los procedimientos de evaluación del desempeño de la forma establecida en la disposición transitoria decimoprimera de la Ley 5/2023, de 7 de junio. 6. Cuando el personal funcionario hubiera prestado una jornada de trabajo reducida durante los seis meses inmediatos anteriores a los meses de junio o diciembre, el importe de la paga extraordinaria experimentará la correspondiente reducción proporcional. 7. A las retribuciones reguladas en este artículo les será de aplicación lo establecido en el artículo 12.2. Artículo 18. Retribuciones del personal laboral. 1. Con efectos de 1 de enero de 2026, la masa salarial del personal laboral al servicio del sector público andaluz no experimentará crecimiento respecto de su cuantía a 31 de diciembre de 2025, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 12.2. Lo previsto en el párrafo anterior representa el límite máximo de la masa salarial, determinada en cuanto a su distribución y aplicación individual, en su caso, a través de la negociación colectiva. 2. A los efectos de esta ley, la masa salarial, en términos de homogeneidad para los dos periodos objeto de comparación, está integrada por el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales devengadas durante el año 2025, exceptuándose en todo caso:
71. a)Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social.
72. b)Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador o empleadora.
73. c)Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos.
74. d)Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el trabajador o trabajadora.
75. e)Las retribuciones del personal directivo. Las variaciones de la masa salarial bruta se calcularán en términos de homogeneidad para los dos periodos objeto de comparación, tanto en lo que respecta a efectivos de personal y antigüedad del mismo como al régimen privativo de trabajo, jornada, horas extraordinarias efectuadas y otras condiciones laborales, computándose por separado las cantidades que correspondan a las variaciones en tales conceptos. Con cargo a la masa salarial así obtenida para el año 2026 deberán satisfacerse la totalidad de las retribuciones del personal laboral y todas las que se devenguen a lo largo del citado año. Las indemnizaciones o suplidos de este personal no podrán experimentar crecimientos superiores a los que se establezcan con carácter general para el personal no laboral. 3. Los contratos del personal laboral común excluido de negociación colectiva o no sujeto a convenio colectivo no podrán determinar una retribución íntegra anual por todos los conceptos dinerarios o en especie, incluida la productividad y cualquier otro incentivo o concepto, superior a la establecida en el artículo 25 para el personal que ejerza funciones de alta dirección en cada entidad, excepto circunstancias especiales por motivos de interés público que concurran en sectores prioritarios, en cuyo caso será necesario informe favorable, emitido por la Consejería competente en materia de sector público instrumental, previo informe vinculante de la Consejería competente en materia de Hacienda. A estos efectos, se excluyen del cómputo la antigüedad, los complementos personales regulados en una norma con rango de ley y las retribuciones en especie percibidas por el seguro colectivo de accidentes para el personal al servicio de la Junta de Andalucía. Estos informes se emitirán en el plazo máximo de un mes a contar desde la recepción del expediente completo. Transcurrido dicho plazo sin haberse emitido, se entenderá que el sentido de los mismos es desfavorable. Serán nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados o los contratos suscritos en esta materia en contra de un informe desfavorable o con omisión de la solicitud del mismo. Son también nulos de pleno derecho los pactos que impliquen crecimientos salariales para ejercicios sucesivos contrarios a los que determinen las futuras leyes del presupuesto. Dichos supuestos darán lugar, en su caso, a la práctica de las diligencias y apertura de los expedientes para la determinación y exigencia de las responsabilidades que procedan y a la devolución de las cantidades indebidamente percibidas en los términos previstos en la legislación vigente. Artículo 19. Retribuciones del personal eventual. Con efectos de 1 de enero de 2026, las retribuciones del personal eventual a que se refieren los artículos 8 y 12 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y el artículo 73 de la Ley 5/2023, de 7 de junio, no experimentarán incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2025, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 12.2 de la presente ley. Al personal eventual le será de aplicación lo dispuesto en el artículo 17.4 y 5 de esta ley en relación con el complemento específico y con el complemento de productividad respectivamente. Artículo 20. Retribuciones del personal del Servicio Andaluz de Salud. 1. En el año 2026, el personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, y del Real Decreto-ley 3/1987, de 11 de septiembre, sobre retribuciones del personal estatutario del Instituto Nacional de la Salud, percibirá las retribuciones básicas y el complemento de destino en las cuantías señaladas para dichos conceptos retributivos en el artículo 17.1, 2 y 3 de esta ley, sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria segunda, apartado dos, de dicho Real Decreto-ley y de que la cuantía anual del complemento de destino fijado en el artículo 17.3 se satisfaga en catorce mensualidades. Para el citado personal estatutario, la cuantía del complemento de destino correspondiente a cada una de las pagas extraordinarias se hará efectiva de conformidad con lo establecido en el artículo 17.2 y 3 de la presente ley. El importe de las retribuciones correspondientes a los complementos específicos y de atención continuada que, en su caso, estén fijados al referido personal no experimentará incremento respecto del vigente a 31 de diciembre de 2025, sin perjuicio de los incrementos que pudieran autorizarse de acuerdo con la normativa de aplicación. Las restantes retribuciones complementarias que, en su caso, pudiera percibir el personal a que se refiere el presente artículo tampoco experimentarán incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2025. Los complementos de productividad se percibirán por el personal a que se refiere el presente artículo de acuerdo con las dotaciones presupuestarias que se prevean anualmente. 2. Las retribuciones del restante personal que presta servicio en el Servicio Andaluz de Salud no experimentarán, asimismo, incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2025. 3. Al personal a que se hace referencia en este artículo le será de aplicación lo dispuesto en el artículo 12.3 y en el artículo 17.4. 4. A las retribuciones reguladas en este artículo les será de aplicación lo dispuesto en el artículo 12.2. Artículo 21. Retribuciones del personal al servicio de la Administración de Justicia competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 1. El personal funcionario de carrera e interino al servicio de la Administración de Justicia, perteneciente a los cuerpos y escalas de Médicos Forenses, de Secretarios de Justicia de Paz, de Gestión Procesal y Administrativa, de Tramitación Procesal y Administrativa, y de Auxilio Judicial, correspondiente al ámbito competencial de la Comunidad Autónoma, percibirá, durante el año 2026, las retribuciones básicas y complementarias contempladas en la normativa estatal de aplicación, por los importes que en la misma se dispongan para dicho ejercicio. 2. La cuantía del complemento específico se fijará a través de las correspondientes relaciones de puestos de trabajo. 3. Corresponde a la Consejería competente en materia de justicia, en los términos establecidos en el artículo 519.5 y 6 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, fijar la distribución y determinación del complemento de productividad y de las gratificaciones. Artículo 22. Autorización de los costes de personal de las universidades de titularidad pública, competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 57.6 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, se autorizan los costes de personal de las universidades de titularidad pública, competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por los siguientes importes, en euros: Universidad Cuerpo Docente Universitario Personal Docente e Investigador Laboral Ptgas. Funcionario Ptgas. Laboral Personal Laboral Eventual Total costes Almería. 42.504.720 12.743.195 26.555.174 411.071 82.214.160 Cádiz. 59.582.463 33.564.464 25.741.064 15.231.399 4.347.872 138.467.262 Córdoba. 56.596.991 25.610.929 25.294.744 17.073.953 1.897.106 126.473.723 Granada. 184.579.805 67.348.252 130.021.152 4.443.517 386.392.726 Huelva. 33.884.189 16.088.349 15.086.622 9.728.898 1.100.383 75.888.441 Jaén. 48.990.920 14.973.568 17.022.583 9.762.952 1.965.571 92.715.594 Málaga. 75.871.942 67.900.700 45.103.391 34.363.425 44.657 223.284.115 Pablo de Olavide. 34.030.522 18.505.143 15.794.941 4.313.010 211.279 72.854.895 Sevilla. 184.046.927 78.377.553 73.171.364 52.997.381 18.140.316 406.733.541 Internacional de Andalucía. 61.298 6.218.481 1.600.997 184.699 8.065.475 Total costes personal. 720.149.777 335.112.153 380.009.516 149.926.603 27.891.883 1.613.089.932 Dichos importes se incrementarán, en su caso, en la misma medida en que lo hagan las retribuciones como consecuencia de lo previsto en aplicación de la disposición adicional tercera de la presente ley. 2. Con carácter previo al comienzo de las negociaciones de convenios, acuerdos colectivos o modificaciones parciales de los mismos, relativos a retribuciones y demás condiciones de trabajo, que se refieran al personal de las universidades públicas de Andalucía, y que puedan afectar al Presupuesto de la Junta de Andalucía o a la financiación por esta de las universidades, deberá solicitarse por el órgano competente de la Comunidad Autónoma en materia de universidades informe favorable de la Consejería competente en materia de Hacienda sobre los parámetros que permitan valorar la incidencia económico-financiera de las actuaciones en las que debe enmarcarse la negociación. Este informe se emitirá en un plazo de quince días a contar desde la recepción de la solicitud, la cual deberá incluir una memoria en donde se hagan constar los aspectos objeto de negociación y una estimación de la incidencia económico-financiera que, en su caso, pudiera derivarse. 3. Para la firma de los convenios colectivos, acuerdos o instrumentos similares, así como sus revisiones y las adhesiones o extensiones a los mismos o cualquier otra vía de modificación de lo pactado, que puedan afectar al Presupuesto de la Junta de Andalucía o a la financiación de las universidades por la Comunidad Autónoma, será preciso informe previo favorable de la Consejería competente en materia de Hacienda. 4. De manera excepcional y previa justificación de las nuevas necesidades, que en todo caso deberán financiarse con recursos ajenos al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, las universidades de titularidad pública competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía podrán solicitar el aumento de los costes de personal, que podrán ser autorizados por la Consejería competente en materia de Hacienda, previo informe favorable de su Dirección General de Presupuestos. La solicitud vendrá necesariamente acompañada de una memoria económica que permita verificar la existencia de recursos extraordinarios no presupuestados en el ejercicio, y la justificación de las previsiones de gastos de personal anuales en comparación con los límites aplicables, debiéndose garantizar que no se supere el objetivo de déficit inicial, así como el cumplimiento de la normativa básica estatal en materia retributiva y de empleo público y autonómica sobre los costes de personal de las universidades de titularidad pública. Artículo 23. Otras disposiciones en materia de personal. 1. El personal al servicio de la Junta de Andalucía y los altos cargos de la misma percibirán las indemnizaciones por razón del servicio en las cuantías que se fijen de conformidad con lo establecido en su normativa específica. El personal directivo asimilado a alto cargo o con funciones ejecutivas de máximo nivel de las agencias, consorcios y demás entidades del sector público andaluz percibirá, en su caso, las indemnizaciones por razón del servicio con sujeción a las normas que rigen para los altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias administrativas y de régimen especial. El resto del personal directivo percibirá por los mismos conceptos las indemnizaciones por razón del servicio, de conformidad con la normativa de aplicación. 2. Con objeto de facilitar una adecuada utilización de los recursos sanitarios y educativos en materia de personal, la Consejería competente en materia de salud y la Consejería competente en materia de educación, en los nombramientos de personal interino y sustituto, podrán fijar horarios de trabajo inferiores a los establecidos con carácter general en los casos en los que organizativamente sea necesario. En estos supuestos, las retribuciones, tanto básicas como complementarias, se reducirán proporcionalmente. 3. Cuando, con sujeción a la normativa vigente, el personal funcionario y el personal estatutario realicen jornadas inferiores a las fijadas para los puestos de trabajo que ocupen se reducirán sus retribuciones en la proporción correspondiente. 4. Las referencias a retribuciones contenidas en los artículos y apartados anteriores se entenderán siempre hechas a retribuciones íntegras. En el ámbito de la Administración General de la Junta de Andalucía, las retribuciones de cualquier clase que hayan de abonarse con carácter retroactivo al personal deberán hacerse efectivas por el organismo o centro bajo cuya dependencia orgánica y económica se encuentre adscrito cada puesto de trabajo al que hayan de imputarse los atrasos en el momento de hacer efectivo el abono. La Consejería competente en materia de administración pública podrá determinar los supuestos que, por su especial naturaleza, deban ser excluidos del criterio expuesto en el párrafo anterior. Artículo 24. Requisitos para la determinación o modificación de retribuciones y demás condiciones de trabajo. 1. La determinación o modificación de las retribuciones y demás condiciones de trabajo del personal del sector público andaluz a que se refieren los siguientes párrafos estará sometida a los informes previos favorables que se indican:
76. a)Cuando se refiera al personal funcionario o laboral sujeto al VI Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía se requerirá informe de la Consejería con competencia en materia de Hacienda.
77. b)En el caso del personal docente no universitario, personal estatutario sanitario, personal de la Administración de Justicia, personal investigador y primera experiencia profesional, así como cualquier otro personal que preste su servicio en la Junta de Andalucía, y no esté incluido en los párrafos
78. a)y
79. c)de este apartado, se requerirá informe de las Consejerías con competencia en materia de administración pública y en materia de Hacienda. Queda excepcionado el caso del personal de la Administración de Justicia cuando se refiera al desarrollo de la aplicación de la normativa estatal y no tenga incidencia económica.
80. c)Cuando se refiera al personal laboral no sujeto al VI Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía se requerirá informe de las Consejerías con competencia en materia de sector público instrumental y en materia de Hacienda. 2. A efectos de la emisión de dichos informes favorables, se entenderán por determinación o modificación de las retribuciones y demás condiciones de trabajo las siguientes actuaciones:
81. a)El inicio de la negociación de convenios, acue